Macri desaprueba la decisión de Larreta: “Qué profunda desilusión”
El ex presidente criticó la decisión del jefe de Gobierno porteño de realizar elecciones concurrentes en CABA con boleta única electrónica. La medida profundiza la interna dentro de JxC.
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Recientemente, Rodríguez Larreta anunció que las elecciones en la ciudad se llevarán a cabo el mismo día que las elecciones nacionales, pero con sistemas de votación diferentes para presidente y alcalde.
Macri, quien había pedido que se continuara con la misma línea electoral, se sumó a las objeciones que había lanzado María Eugenia Vidal sobre el cambio del sistema de votación y escribió en sus redes sociales: “Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión”.
En la mañana, Vidal había denostado la decisión del líder local, antes de su comunicado oficial, diciendo: “El PRO y JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”.
El anuncio de Larreta, publicado en su cuenta de Twitter
Rodríguez Larreta explicó que la boleta única electrónica es “un sistema más ágil, más sencillo y más transparente” y que su implementación en la ciudad es una iniciativa del PRO que se inició con Macri en 2015 y que también promovieron junto a todos Juntos por el Cambio a nivel nacional.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afirmó que apoyará a un único candidato a jefe de Gobierno dentro del PRO y que están trabajando para definir cuál es el mejor candidato para seguir con todas las transformaciones que comenzaron con Macri.
Además de Macri y Vidal, la decisión de Rodríguez Larreta de realizar elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires ha enfurecido a otros dirigentes del mismo espacio político, como el ministro de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, y el dirigente del PRO, Hernán Lombardi, cercano a Patricia Bullrich, quienes han cuestionado la medida. Jorge Macri señaló que es un experimento caro y complejo y que se va a tardar más y hacer más largo el proceso de votación, lo que podría generar complicaciones para la ciudadanía.
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El golpe fue sorpresivo pero calculado: esta semana, Hugo Moyano removió sin aviso al secretario administrativo Claudio Balazic y al secretario tesorero Paulo Villegas. Más tarde sumó al prosecretario administrativo Alejandro Vanati y a otro dirigente aún no identificado públicamente.
Las versiones que circulan en Mar del Plata hablan de una denuncia penal por presunto fraude vinculado al Hotel 15 de Diciembre, propiedad del sindicato. Se investigan cheques firmados por los desplazados, y los denunciantes acusan que habrían fondos malversados.
El expediente judicial habría sido iniciado el 12 de septiembre en la Fiscalía N.º 10 de Mar del Plata, a cargo de Carlos David Bruna. En ese marco, se denunció al administrador del hotel, quien fue expulsado del gremio, aunque su defensa sostiene que no tenía poder de decisión.
– Claudio Balazic
Mientras tanto, el gremio anunció el cierre temporal del hotel para realizar “reformas”. La coincidencia entre el cierre y las purgas internas alimenta especulaciones de que todo forma parte de una limpieza interna dirigida por Moyano o su entorno más cercano.
Desde medios sindicales apuntan a la ascendente figura de Octavio Argüello como beneficiario del vaciado: la idea sería abrir espacio para nuevos allegados y debilitar redes de poder ligadas a Pablo Moyano.
También se menciona la influencia de Liliana Zulet, esposa de Moyano, como cerebro silencioso de la operación.
El escándalo no se limita a lo gremial. Si los cheques y balances sometidos a investigación revelan irregularidades mayores, podrían salpicar al propio Hugo Moyano como máximo responsable del sindicato. Algunos ya hablan de que puede ser el inicio de una crisis institucional dentro de Camioneros.
A sus 81 años, Moyano no cede terreno. En paralelo a estas movidas internas, presiona para mantener su influencia en la CGT. Su hijo Pablo celebra triunfos ajenos —como el ascenso de su club Deportivo Camioneros— mientras el padre ajusta el poder detrás del telón.
En los últimos tiempos ya habían emergido fisuras: Moyano enfrenta conflictos con Jorge Taboada, su segundo al mando, y rumores de deslealtades internas se filtraron en vísperas de la renovación de autoridades del gremio.
La comisión investigadora del caso $LIBRA volvió a chocar con la ausencia de testigos clave. Este martes, ni Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, ni María Florencia Zicavo, responsable de la Unidad de Investigación de Criptoactivos, se presentaron a la citación del Congreso. Es la segunda vez consecutiva que ambos faltan, lo que encendió la reacción inmediata de la oposición.
Los diputados aprobaron una moción para pedir a la Justicia que intervenga. La resolución, leída por el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, estableció que, “constatándose dos inasistencias consecutivas, resuélvase solicitar al juez de turno arbitrar los medios para que Melik y Zicavo comparezcan, recurriendo al auxilio de la fuerza pública”.
– María Florencia Zicavo, responsable de la Unidad de Investigación de Criptoactivos
El planteo abre un escenario inédito: la comisión parlamentaria carece de facultades coercitivas para obligar a los citados a asistir, pero ahora busca trasladar esa presión al Poder Judicial. Si un juez acepta el pedido, podría ordenar la comparecencia forzada de los funcionarios, un hecho de fuerte impacto institucional.
Melik y Zicavo justificaron sus inasistencias con un argumento que tensiona aún más la relación entre poderes. Ambos sostienen que la Cámara de Diputados duplica el objeto de una investigación penal ya en curso y que se está metiendo en las facultades exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
– Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción
La polémica creció porque tampoco se presentó Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, que había sido convocada para la misma jornada. Su ausencia se explicó por su viaje oficial a Estados Unidos, donde participa de reuniones junto al presidente Javier Milei con Donald Trump y el secretario del Tesoro, Wally Adeyemo.
La comisión fijó una nueva fecha para citar a los ausentes: el martes 30 de septiembre. No hay, sin embargo, certezas de que las convocatorias sean respondidas, lo que amenaza con profundizar el enfrentamiento entre oficialismo y oposición en torno al caso.
– Eduardo Taiano
En paralelo, el fiscal federal Eduardo Taiano volvió a marcar la cancha. Negó a la comisión el acceso directo al expediente judicial de $LIBRA, lo que obligó a derivar el reclamo al procurador general de la Nación, Eduardo Casal. La jugada sumó otro punto de fricción, porque deja a los legisladores sin documentación clave para el avance de la investigación parlamentaria.
La causa $LIBRA investiga el proyecto cripto impulsado públicamente por Javier Milei, que tras un repunte explosivo de cotización terminó desplomándose y dejó a miles de inversores con pérdidas millonarias. La denuncia de estafa se extiende por todo el país, con más de un centenar de presentaciones judiciales ya radicadas en diferentes fueros.
La oposición insiste en que la comisión debe tener acceso pleno a la información y a los testimonios de funcionarios, mientras que el oficialismo denuncia una maniobra política para desgastar al Gobierno. En ese marco, la Justicia se transforma en árbitro obligado de un conflicto que combina la investigación penal con la pulseada política.
El desenlace dependerá de la respuesta de los jueces. Si aceptan el pedido de la comisión, podrían ordenar la conducción forzada de Melik y Zicavo, un hecho que marcaría un choque directo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Si lo rechazan, la oposición quedará debilitada y la investigación legislativa podría perder peso frente al avance de la causa judicial.
La Universidad deBuenos Aires aparece en la última actualización de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con compromisos crediticios por más de 230 millones de pesos. Según los registros, la casa de estudios mantiene líneas activas con el Banco Galicia y el Banco Patagonia, todas en “situación 1”, es decir, normal y sin atrasos.
El dato más llamativo de la casa de estudios que conducen que conducen Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, rector y vicerrector respectivamente, surge en agosto de 2025, cuando la deuda declarada con el Galicia pasó de apenas 50 mil a más de 225 millones en un solo mes, lo que evidencia la toma de una nueva y significativa línea de financiamiento. Con el Patagonia, en tanto, la UBA sostiene un endeudamiento mucho más acotado de 4,6 millones, aunque también con un repunte marcado respecto de períodos anteriores.
A pesar de esta aceleración en su nivel de endeudamiento, según el informe del BCRA, la UBA muestra una estabilidad financiera general, sin cheques rechazados ni atrasos en pagos, lo que refleja una administración ordenada de sus compromisos en un contexto económico adverso.
El contraste, sin embargo, llega desde el frente político. La semana pasada, la propia universidad advirtió que el proyecto de presupuesto 2026 del presidente Javier Milei profundiza la crisis del sistema universitario argentino. En un duro comunicado, sostuvo que las partidas previstas consolidan el deterioro salarial docente, no contemplan recomposiciones para gastos esenciales ni prevén la reactivación de obras de infraestructura paralizadas desde hace años.
“Los profesores seguirán con salarios bajo la línea de pobreza, las becas estudiantiles se mantienen congeladas y no existe previsión alguna para la recuperación del poder adquisitivo”, alertó la institución, que también remarcó que la inversión proyectada para 2026 se ubica por debajo del 0,5 por ciento del PBI, el piso histórico de las últimas dos décadas.
– Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, rector y vicerrector
La paradoja es evidente: mientras en los papeles financieros la UBA aparece como un actor confiable y solvente, capaz de acceder a crédito bancario en condiciones normales, en la arena pública se presenta ahogada y amenazada en su funcionamiento.
Con esta doble fotografía, la universidad pública más importante del país queda atrapada entre la estabilidad y las denuncias de ajuste estructural contra el gobierno nacional, una tensión que anticipa nuevos capítulos en la disputa por el financiamiento educativo en 2026.
La oposición en la Cámara de Diputados unificó este martes los proyectos de la peronista Sabrina Selva, el pichettista Oscar Agost Carreño y el trotskista Christian Castillopara citar a Karina Milei y Mario Lugones para que den explicaciones sobre las coimas de la Andis y logró dictamen de mayoría.
Los bloques de UP, Miguel Pichetto, Facundo Manes, la izquierda y Marcela Pagano juntaron 41 firmas a favor, los libertarios sumaron 12 en rechazo, la Coalición Cívica aportó dos para su propio proyecto y la tucumana Paula Omodeo presentó otro por su cuenta.
El “lilito” Juan Manuel López se negó a apoyar la citación de Karina para que “brinde informes verbales” sobre las coimas de la Andis ante la Cámara Baja, para no convertir la escena en “un show de una persona que con mucha dificultad se comunica verbalmente”.
Su preocupación era que la hermana de Javier Milei podría “autoincriminarse” con lo que diga. “Vamos a interpelar a alguien que le cuesta bastante comunicarse y que, como está siendo investigada y ya está imputada, va a hacer uso del artículo 18 de la Constitución nacional“, argumentó en referencia a que no puede ser obligada a declarar contra sí misma.
El tratamiento de los proyectos se realizó durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud y Acción Social, presididas por Nicolás Mayoraz y Pablo Yedlin. La reunión se concretó porque el miércoles pasado, durante la sesión en que le voltearon a Milei los vetos a las universidades y el Garrahan, los legisladores aprobaron el emplazamiento a Mayoraz, que venía eludiendo el llamado para trabar el expediente.
De hecho, Martín Menem había puesto Asuntos Constitucionales como comisión cabecera con el objetivo de que el proyecto no caminara.
Cuando se abrió el debate, Yedlin justificó el proyecto en que “los pedidos de informe por escrito han quedado siempre sin respuesta”. “No encontramos, en el marco de lo que el reglamento de la cámara tiene, otra herramienta más idónea que la citación a un informe verbal”, sostuvo.
La massista Selva leyó fragmentos de la transcripción de los audios de Diego Spagnuolo, cuya divulgación desató el escándalo, y enfatizó que “nadie niega la veracidad” de su contenido.
Luego, defendió la citación de Karina frente a los diputados libertarios que contestan que la secretaria general de la Presidencia no tiene rango de ministro, en los términos del artículo 71 de la Constitución. “El artículo 204 del Reglamento habilita a que, en uso del artículo 71, cuando esta cámara de diputados cita a un ministro pueda también citar a los secretarios que consideremos que tengan la responsabilidad de venir a dar explicaciones”, fundamentó.
A su turno, Margarita Stolbizer alertó sobre el riesgo de que se ponga la atención en los audios cuando adelantó su respaldo al dictamen unificado. “No me gustaría que el foco estuviera puesto en los audios, eso es un error conceptual”, dijo, y agregó:“No debemos equivocar el objetivo de nuestra convocatoria porque no vamos a analizar los audios sino la gravedad de los hechos”.
Al final, hasta Pagano anunció el apoyo del dictamen de mayoría para citar a Karina. “Vamos a apoyar, vamos a acompañar y queremos que en el recinto se puedan acelerar los procesos porque las fechas urgen para dar una respuesta”, remarcó.
El Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), encabezado por Romina Analía Barrios, publicó la resolución 409-DEOPISU-2025, mediante la cual se aprueba la licitación pública 13/2025. El objetivo: llevar adelante las obras de alumbrado público y red de baja tensión en los barrios Evita, Tierras Argentinas, Más Barrios y Caracol II, todos en la ciudad de Bahía Blanca. El monto total presupuestado asciende a 1.440.891.750,97 pesos, que serán financiados íntegramente con fondos provinciales.
Lo que podría parecer una iniciativa social más, en realidad esconde una profunda contradicción: varios de los barrios beneficiados se levantaron sobre tierras usurpadas, muchas de ellas con procesos judiciales aún abiertos.
Mientras cientos de desarrolladores y particulares intentan, año tras año, cumplir con los requisitos legales y técnicos para acceder a los servicios eléctricos —pagando cifras en dólares y atravesando un laberinto burocrático que puede demorar más de un año—, quienes ocuparon terrenos de forma ilegal reciben la red eléctrica en cuestión de meses, financiada con el dinero de todos los bonaerenses.
Para ponerlo en contexto: cualquier empresa o desarrollador privado que busque extender el servicio eléctrico a un nuevo barrio debe presentar un proyecto técnico ante la distribuidora (EDELAP, EDENOR, EDESUR, etcétera), contratar a una empresa especializada para diseñar el tendido, realizar las correcciones que demande el ente regulador, comprar materiales, ejecutar la obra civil y eléctrica, e incluso adquirir un transformador propio.
El costo promedio de ese proceso, en algunos casos, supera los 100 mil dólares, y puede demorar entre doce y dieciocho meses. En contraste, en los barrios levantados sobre tierras usurpadas, los ocupantes se “cuelgan” de las líneas vecinas, y luego el estado provincial termina regularizando y financiando esas mismas conexiones ilegales.
BAHÍA BLANCA: Cuando la usurpación se vuelve política pública
El fenómeno no es nuevo, pero en Bahía Blanca ha alcanzado niveles alarmantes. El barrio Tierras Argentinas, por ejemplo, pasó en apenas dos años de trescientas a ochocientas familias, muchas de las cuales obtuvieron sus lotes mediante la fuerza o las armas, según vecinos del lugar.
“Los pocos terrenos que quedan se disputan literalmente a los tiros”, reconoció un vecino en declaraciones del barrio Tierras Argentinas.
– Axel Kicillof y Federico Susbielles
En tanto, el barrio Villa Caracol fue objeto de un estudio etnográfico de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que lo describe como una zona marcada por la pobreza estructural, el trabajo informal —especialmente el reciclado de basura— y la ausencia de servicios básicos.
Más allá del diagnóstico académico, lo cierto es que las usurpaciones en estos barrios no sólo implican la ocupación ilegal de tierras, sino también la proliferación de hechos de violencia, robos y abusos, que afectan directamente a los barrios vecinos. “Es habitual que, tras un robo en zonas aledañas, los delincuentes se refugien en estos asentamientos”, denuncian los frentistas.
Una provincia que castiga al que cumple y premia al infractor
La situación genera una sensación de injusticia generalizada. Quien actúa dentro de la ley es castigado con burocracia e impuestos, mientras quien actúa al margen es premiado con infraestructura gratuita.
El caso de Bahía Blanca no es aislado. Durante los últimos años, el gobierno provincial ha multiplicado las obras de integración urbana en terrenos tomados, sin resolver de fondo el problema de la propiedad y la legalidad. En muchos casos, se trata de una vieja estrategia para garantizar la acumulación de votos.
Un ejemplo paradigmático ocurre en la ciudad de La Plata. La llamada Megatoma de Los Hornos es la más grande de la región y actualmente viven en ella unas 60 mil personas. A pesar de la ilegalidad con la que se asentaron y de los recurrentes hechos de violencia, robos y abusos sexuales que se han denunciado en la zona, el gobernador Kicillof ha optado no sólo por mirar hacia otro lado, sino por premiarlos con los servicios y hasta el trazado de la calle. Todo a costa de los bonaerenses. La maniobra se vendió como una política pública para darle vivienda a quien no tiene. La realidad es otra: la ciudad de La Plata era gobernada por la oposición y, gracias a la llegada de esas 60 mil familias y la regularización, en tiempo récord, de sus nuevos domicilios, el peronismo obtuvo un vendaval de votos que colaboró con el triunfo en las elecciones del 2023 y 2025.
La paradoja es evidente: mientras los bonaerenses que cumplen las normas deben invertir fortunas para acceder a los servicios básicos, los usurpadores obtienen luz, agua y cloacas a costo cero, financiados por el resto.
El gasto coincide con los magros resultados obtenidos en las elecciones de medio término por el intendente de la municipalidad de Bahía Blanca, Federico Susbielles, quien sufrió una derrota contundente: la lista libertaria, aliada con el Pro, se impuso por más de 22 mil votos (46,1 contra 31,1).
En este escenario, la resolución 409-DEOPISU-2025 expone un modelo de gestión que incentiva la informalidad y el desorden territorial, bajo el discurso de la “inclusión social”. Pero detrás de ese discurso se esconde un mensaje peligroso: en la provincia de Buenos Aires, cumplir la ley sale caro; violarla, en cambio, es rentable.
“En el año 2021, le exigimos a Javier Milei y a Karina Milei que lo echara a Espert del espacio por sus vínculos con el narcotráfico” admitió el legislador, además agregó que no compartió más espacio con Espert y que no eran los “valores” que pregonaba el espacio liberal. También sostuvo su desprecio hacia Espert y lo tildó de “idiota”.
Esta declaración apunta a la relación de Espert con el narco empresario Fred Machado, una conexión que, según Casielles, fue informada a la cúpula de LLA mucho antes de que se hiciera pública. En una pregunta sobre el diputado libertario Jose Luis Espert, Casielles
A su vez, frente a la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional, el legislador sostuvo que no es suficiente,“Es difícil que el presidente ahora nos diga que Espert es honesto, porque ya sabían de esto. Hasta la misma Patricia Bullrich lo advirtió”.
En medio de la campaña y de los escándalos adjudicados a este gobierno, Eugenio insistió con la necesidad de que los funcionarios den explicaciones. “No puede ser que todo sea una opereta. Esto, lo de libra, lo de las coimas de Karina, están tomando del pelo a los argentinos”.
El sacerdote y astrofísico Manuel María Carreira, miembro del Observatorio Vaticano y colaborador de la NASA, advirtió hace casi una década sobre el vacío espiritual de Europa y el avance del islam como amenaza cultural.
El premio destaca su rol en las primarias de octubre de 2023 y su lucha por una transición pacífica desde la dictadura. Es la primera venezolana en recibir el premio en esta categoría.
Buscan influir en la designación del candidato del Frente de Todos para las elecciones presidenciales. Por ahora no hay consenso en un único nombre y eso genera disputas.
TWEET DEL DÍA
El Kirchnerismo corriendo a LLA / Espert de narcos es una cosa de locos!
Es gravísimo indecente y asqueroso si esto es verdad.
La verosimilitud surge porque el vínculo está comprobado por el uso de un avión y una camioneta en la campaña del 2021.
