Lula da Silva chicaneó a Alberto Fernández: “Vas a volver sin una moneda”
El presidente de Brasil se burló del Jefe de Estado argentino e incluso protagonizó un blooper al llamarlo equívocamente "Roberto Fernando".
10 Years Experiences
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El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se reunió con el presidente Alberto Fernández -quién fue ridiculizado públicamente- e ironizó sobre la deplorable situación económica en Argentina. Durante el encuentro que mantuvieron en Brasilia, el jefe de Estado del territorio vecino se burló: “Es un compañero que llegó bastante aprensivo y creo que va a volver más tranquilo. Es verdad, sin dinero, pero con mucha disposición política para encontrar una salida”.
La reunión estuvo agendada a los apuros, en un momento de máxima crisis en Argentina. El objetivo de Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, era viajar a Brasil para reunirse en persona y apurar el acuerdo comercial que empezaron a planificar en enero para sacar al dólar como moneda de intercambio entre los exportadores de ambos países.
Presidente Lula recebe o Presidente da Argentina, AlbertoFernández https://t.co/aqqxkJAXYz
El plan de Massa perjudicaría fuertemente a los brasileños, pero Lula está tan desesperado por un aliado en la región que por ahí acepta. El ministro argentino quiere que los exportadores brasileños acepten pesos argentinos en vez de dólares cuando le venden al país.
De la misma manera, los exportadores argentinos deberían aceptar reales cuando le venden a Brasil. Pero tras 4 años de un prolífico Gobierno de Jair Messías Bolsonaro, donde eliminó completamente la inflación en el país, y tras 4 años de despilfarros de Alberto Fernández, la moneda brasileña vale muchísimo más que el peso argentino, por lo que este tipo de cambio beneficiaría inmensamente al país.
Hemos culminado una importante reunión con @LulaOficial y representantes del Gobierno de Brasil. Estamos poniendo soluciones en marcha.Valoro mucho el apoyo y la posición explícita que han tomado respecto de la situación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. pic.twitter.com/4fXimwQ7WQ
Además, beneficiaría a la posición de absoluta falta de reservas del Banco Central Argentino, que desde 2003 se colocó en la imposible posición de encauzar todos los dólares que entran al país y repartirlos internamente, generando un balance muy negativo para las reservas centrales en tiempos de crisis.
Tras el viaje relámpago por Brasilia, tanto Alberto como Massa se volvieron con las manos vacías, “sin una moneda”, como se burló Lula, quien sabe que el kirchnerismo se va en diciembre y ya está pensando en qué tipos de acuerdos va a hacer con el nuevo Gobierno. El “superministro” se reunió con su par brasileño Fernando Haddad, y con el vicepresidente Geraldo Alckmin, para tratar de concretar un anuncio para hacer ese mismo día, pero sin suerte para la gestión nacional.
Estamos convencidos de la necesidad de fortalecer el @mercosur y toda América Latina. Hoy dimos un paso muy importante en ese camino.Es una gran alegría verte y contar con tu apoyo, querido @LulaOficial. pic.twitter.com/HuetMkeyNh
Lo único que logró fue el compromiso de seguir debatiendo el tema. La semana que viene Massa y su equipo negociador, integrado por Lisandro Cleri y Leonardo Madcur, se volverán a reunir con Haddad, Alckmin, y Gabriel Galipolo, secretario de Hacienda de Brasil, en una reunión con empresarios de los 2 países que podría concretarse en San Pablo en la poderosa federación industrial paulista Fiesp.
Massa está preparando esto como un plan de contingencia, en caso que el FMI no acepte el pedido de anticiparle los desembolsos a la Argentina. Esto dejaría al Banco Central virtualmente quebrado y más temprano que tarde, no le quedará otra opción a la entidad monetaria que empezar a usar los depósitos de la gente para no quebrar.
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La Franja de Gaza atraviesa un prolongado conflicto bélico desencadenado tras los atentados terroristas perpetrados por Hamás contra territorio israelí. En medio de las operaciones militares y la creciente tensión humanitaria en el enclave palestino, las posturas de los sectores más radicalizados del espectro político israelí intensifican la presión sobre el gabinete de gobierno.
Dentro de este escenario, las declaraciones de figuras de peso en el Ejecutivo suelen generar ondas expansivas tanto en la política interna de Israel como en el tablero diplomático internacional, donde los aliados occidentales vigilan de cerca el estricto cumplimiento de las normas del derecho humanitario.
Escena cotidiana en Gaza.
Llamado a la matanza
Itamar Ben Gvir, el ultra-sionista ministro de Seguridad Nacional de Israel, desató una fuerte controversia tras asegurar en el podcast “8 de octubre” que las fuerzas de seguridad deberían ejecutar a entre 30 y 40 personas cada noche en la Franja de Gaza. En su intervención, el funcionario no se limitó a quienes representan una amenaza inmediata, sino que profundizó en una postura extrema al afirmar: “Hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas”.
Tras la difusión de estos dichos, la Comisión Europea evitó comentar la declaración específica, pero la portavoz comunitaria de Exteriores, Anitta Hipper, recordó que la Unión Europea mantiene pendiente una propuesta para sancionar al ministro. Hipper reiteró que el bloque espera que Israel cumpla con el derecho internacional humanitario y garantice la protección de los civiles, recordando que las deliberaciones sobre medidas restrictivas contra individuos son confidenciales y requieren la unanimidad de los 27 Estados miembros.
Mientras el debate interno en el Consejo de la UE sobre estas sanciones continúa, la retórica del ministro vuelve a poner en tensión la relación entre las posturas del Ejecutivo israelí y la exigencia de cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La gravedad de las declaraciones ha reavivado la presión diplomática sobre el gabinete, exponiendo la distancia entre el discurso de Ben Gvir y el marco de actuación que los organismos internacionales demandan a Israelen medio del conflicto contra el terrorismo de Hamás.
Itamar Ben Gvir.
El historial del funcionario
Itamar Ben Gvir ha construido su trayectoria política sobre posturas ultra-sionistas y discursos de confrontación en Cisjordania y Gaza. Su carrera incluye antecedentes de inhabilitación porincitación al racismo en su juventud y su constante reivindicación del papel de colono, marcando una línea de acción pública caracterizada por la radicalización.
La reiteración de este tipo de declaraciones expone una brecha persistente entre la retórica del titular de Seguridad Nacional y las directrices que el derecho internacional exige al Estado de Israel, alimentando la presión de los aliados occidentales y de los organismos multilaterales sobre el gobierno israelí.
Javier Negre dejó atrás el periodismo convencional en España tras una condena judicial por vulnerar la intimidad de una víctima, episodio que derivó en su despido del diario El Mundo. Lejos de retirarse, reconvirtió su perfil hacia un modelo de negocio que prioriza la monetización de la polarización extrema por sobre cualquier estándar de verificación o ética profesional.
Su desembarco en Argentina se consolidó al adquirir La Derecha Diario, portal fundado por el consultor político Fernando Cerimedo, recientemente noticia a nivel regional por su detención en Bolivia. Negre compró las acciones del portal de noticias para hacerse del control de este aparato de agitación. Así, Negre tomó el relevo de una estructura que funciona con una lógica corporativa propia: el uso de cuentas falsas en las redes sociales, el hostigamiento sistemático a opositores y la venta de acceso a círculos de poder, consolidándose como un operador que busca expandir su influencia mediante agendas que nada tienen que ver con el ejercicio informativo.
Javier Negre junto a Javier Milei.
Quién es Camila Rojas
La denunciante se consolidó en la escena pública como una activista conservadora en Colombia, desde donde ha impulsado causas alineadas con los sectores tradicionales de la derecha regional. Su perfil cobró notoriedad al posicionarse como una voz crítica frente a los equilibrios de poder actuales en su país.
Lejos de sumarse a las estrategias de alianzas incondicionales con actores extranjeros, Rojas adoptó una postura de rechazo frontal ante la injerencia de figuras internacionales en la política local. A través de sus intervenciones públicas, ha cuestionado duramente a quienes pretenden instrumentalizar las banderas ideológicas con fines meramente transaccionales, advirtiendo sobre los riesgos de subordinar la soberanía nacional a intereses ajenos.
Foto de perfil de Camila Rojas.
La denuncia y la moneda de cambio
El conflicto escaló cuando Camila Rojas decidió exponer públicamente las maniobras del operador español. A través de sus redes sociales, la activista publicó un video y tuiteó duras advertencias sobre las verdaderas intenciones detrás de la llegada del entorno de Negre a la región, sintetizando su postura con una frase contundente: “la política exige principios, no mercenarios”.
Lejos de tratarse de un respaldo ideológico genuino, la denuncia puso de relieve que el objetivo de estas redes es fracturar a la oposición local y negociar intereses económicos y políticos ajenos a las necesidades de Colombia. En esa línea, Rojas cuestionó abiertamente la legitimidad de sus interlocutores al señalar que “nadie va a instrumentalizar las banderas de la familia, los niños y la fe, mucho menos personas que jamás han tomado una Biblia en sus manos”.
El video de Rojas revelando la propuesta de Negre.
El punto más álgido de la revelación radica en la contraprestación exigida para estructurar una plataforma electoral con aspiraciones presidenciales. Según lo expuesto, Negre no sólo le garantizaba convertirla en candidata a la presidencia, sino también elevarla como un referente intelectual de peso, equiparable a la figura del politólogo argentino Agustín Laje, presidente de Fundación Faro. Sin embargo, todo este despliegue venía supeditado a una condición geopolítica inflexible: blindar diplomáticamente y cesar toda crítica hacia el Estado de Israel, subordinando cualquier soberanía discursiva a los intereses de la red internacional.
Lo que ante la comunidad educativa de la ORT formalmente se anunció como una disertación institucional sobre “Ética e inteligencia artificial”, mutó de manera vertiginosa en una bajada de línea doctrinaria e ideológica. Durante más de cuarenta minutos frente a alumnos de cuarto y quinto año, el Presidente desplazó cualquier debate sobre tecnología o innovación pedagógica para volcarse de lleno a presentar el epílogo de su libro, bajo la tesis de que el libre-mercado está inscripto en la estructura bíblica y en los Diez Mandamientos.
En un auditorio con presencia restringida de adultos y sin acceso a la prensa, la alocución asumió un tono teológico e intransigente. “El capitalismo es el sistema que Dios preparó a través de la ley para que después de la caída el trabajo continuara. No lo inventó el hombre, el hombre lo descubrió al obedecer”, aseveró el mandatario ante los estudiantes. El encuadre no admitió matices ni matices analíticos: la prosperidad material fue presentada como la consecuencia directa de la obediencia espiritual, mientras que toda alternativa o disidencia fue calificada bajo términos de estigmatización religiosa.
El punto más álgido del discurso se alcanzó al abordar las corrientes del pensamiento económico y político opuestas al programa de gobierno. Lejos de ofrecer una crítica técnica, el Presidente acudió a escritos juveniles de Karl Marx y a las tesis del pastor Richard Wurmbrand para lanzar una acusación dogmática en un ámbito laico: “Marx era satanista”. A partir de esa premisa, concluyó que el marxismo representa un “programa satánico” cuyo resultado inexorable es “el infierno en la Tierra”, planteando a los adolescentes un dilema binario donde la elección no es política ni democrática, sino un alineamiento absoluto entre el bien y el mal.
La charla era anunciada con temática exclusivamente sobre “ética e inteligencia artificial”.
Ataques a la prensa y clima en el auditorio
La tensión en la sede de Almagro no sólo se vivió en el plano conceptual, sino en la propia dinámica desplegada dentro del colegio. Ante las muestras de rechazo y abucheos que surgieron en el recinto hacia los medios de comunicación presentes, el Presidente alentó a los estudiantes a intensificar las arengas contra el periodismoen un espacio educativo, celebrando la reacción. Este clima convivió con un inédito operativo de seguridad y hermetismo que incluyó calles cortadas, perros antibombas y restricciones de circulación dentro del propio edificio escolar.
La respuesta del estudiantado expuso una profunda polarización interna. Mientras en el exterior y los pasillos varios alumnos realizaron intervenciones con consignas en defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas para marcar distancia de la línea oficial, otros sectores optaron por amontonarse en los pasillos para saludarlo y fotografiarse con Milei.
— El Presidente en el estrado de la ORT.
Esa última escena fue rápidamente festejada por voceros del periodismo alineado con el Poder Ejecutivo. Comunicadores como Eduardo Feinmann justificaron el episodio compartiendo imágenes de los adolescentes e indicando que estaban “con sus celulares libremente usados en el colegio junto a la Presidente”, rebajando la discusión sobre el adoctrinamiento y la bajada de línea a la mera fascinación juvenil por una figura pública, una benevolencia que dista de las duras críticas que ese mismo sector suele ensayar cuando los actos políticos en escuelas pertenecen a otros signos ideológicos.
El padre de un alumno de ORT me manda imágenes de los chicos con sus celulares libremente usados en el colegio junto a la Presidente. pic.twitter.com/XUsuBlM3wf
Feinmann justificando que los alumnos “libremente” deciden sacarse fotos con la celebridad.
La grieta en la colectividad
La exposición en el colegio desencadenó una fuerte ola de pronunciamientos críticos dentro de la comunidad judía, donde diversos referentes y organizaciones cuestionaron el rol de la dirigencia institucional.
Desde Meretz Argentina —una corriente judía de izquierda— emitieron un duro comunicado en el que denunciaron que los alumnos fueron expuestos a un discurso “surreal, violento, fuertemente partidario y totalmente inapropiado ante una escuela”, remarcando que la introducción de referencias al judaísmo ortodoxo atenta directamente contra el carácter laico e integral de la ORT. Asimismo, la agrupación apuntó a la conducción comunitaria al señalar que “la DAIA incumple su misión de representar el pluralismo de la comunidad judía y de velar por la defensa de los derechos humanos si se convierte en una agencia de prensa de la Casa Rosada”.
Condenamos el discurso de Javier Milei en la Escuela ORT (1/2) pic.twitter.com/Khs9ov3CgZ
El comunicado de Meretz.
En esa misma línea de rechazo, las críticas hacia la complacencia de las autoridades institucionales se extendieron a voces de fuerte repercusión pública. El científico y divulgador Ernesto Resnik fue contundente al calificar lo sucedido como una “vergüenza”, dirigiendo sus cuestionamientos tanto a la gestión del establecimiento como a la conducción de la entidad representativa: “Lo de la ORT hoy es una vergüenza y lo de la DAIA es una vergüenza que ya lleva décadas. Instituciones cobardes y genuflexas al servicio de dirigentes corruptos y alianzas políticas corruptas que no representan a los judíos argentinos”. Estas reacciones dejaron en evidencia una profunda ruptura entre las cúpulas dirigentes y amplios sectores de la colectividad que rechazan la instrumentalización de la fe.
Lo de la ORT hoy es una vergüenza y lo de la DAIA es una vergüenza que ya lleva décadas. Instituciones cobardes y genuflexas al servicio de dirigentes corruptos y alianzas políticas corruptas que no representan a los judíos argentinos.
La crítica del científico Ernesto Resnik
Exalumno denuncia la doble vara
El testimonio del economista, investigador y exalumno Nicolás Dvoskin expuso de manera cruda la histórica doble vara de las autoridades del colegio respecto a la política.
Dvoskin, quien fue abanderado y representó a la institución en certámenes nacionales e internacionales de física, ajedrez y modelos ONU, rememoró los episodios de censura que vivió durante su paso por la secundaria: “Corría el año 2002, yo estaba en 5to año de ORT, y con un grupo de compañeros/as pedimos que nos den un espacio para juntarnos a conversar sobre lo que estaba pasando en Argentina. En mi división el 20% del curso se había ido del país. Muchos de nuestros padres estaban sin trabajo. Pedíamos que nos habiliten un aula un mediodía a la semana y un pedacito de cartelera. Nos sacaron cagando diciendo que no querían meter a la política en la escuela”.
Javier Milei entre los adolescentes. Sin tropiezos, Santiago Oría capta el momento con su videocámara
El exalumno detalló cómo esa supuesta vocación de neutralidad era utilizada para silenciar las voces críticas de los estudiantes mientras la conducción se beneficiaba de sus logros académicos: “Llegaron a llamarme de rectorado para pedirme que baje el tono porque decía cosas que a la escuela no le gustaban.Se colgaban de mis premios en nombre de la escuela pero me pedían que me calle”. La situación llegó a su punto límite en la entrega de diplomas de su promoción, el 10 de diciembre de 2003, al cumplirse 20 años del retorno de la democracia en Argentina. Luego de pedir autorización para hablar en el acto, la dirección le exigió presentar el texto con anticipación: “Hablaba de la importancia de la educación y de la democracia. Me respondieron que igual no querían que hablaran alumnos y no querían meter cuestiones políticas”.
Esa rigidez para clausurar el debate plural entre los propios estudiantes contrasta frontalmente con la alfombra roja desplegada para la visita del Poder Ejecutivo. “Hoy ORT recibe a un presidente que en un auditorio lleno de estudiantes a los que no se les preguntó si querían escucharlo afirmar que hay que abuchear a los periodistas, que el capitalismo responde al plan de Dios y es maravilloso”, cuestionó Dvoskin, rematando con una definición certera sobre la hipocresía institucional: “Si te preocupa que un alumno de 17 años hable de democracia pero no que un presidente de 55 baje línea religiosa, macartista y promotora de la violencia, tu problema no es con la política. Tu problema es político. Con todo respeto y como ex alumno, ex abanderado, ex representante de la escuela en diversos ámbitos, váyanse a cagar”.
Corría el año 2002, yo estaba en 5to año de ORT, y con un grupo de compañeros/as pedimos que nos den un espacio para juntarnos a conversar sobre lo que estaba pasando en Argentina. En mi división el 20% del curso se había ido del país. Muchos de nuestros padres estaban sin…
El descargo del exalumno y exabanderado de la ORT.
Antisemitismo y paradoja populista
La estrategia de utilizar símbolos y preceptos religiosos para sacralizar las medidas de gobierno genera una seria preocupación en diversos análisis sociales e instituciones comunitarias. Al vincular de manera directa la fe judía con las políticas de ajuste y la desregulación económica, la retórica oficial desplaza la discusión secular hacia el plano del dogma. Esta apropiación constante no fomenta la tolerancia ni la integración; por el contrario, arriesga encender prejuicios y canalizar el malestar social a través de un peligroso antisemitismo reactivo, responsabilizando a toda la colectividad por las decisiones del Poder Ejecutivo.
A esta instrumentalización se suma una notable paradoja conceptual en el corazón del relato oficial. Pese a que el Presidente insiste en rechazar el populismo argumentando que no se le gana “haciendo más populismo”, la praxis de su discurso apela a las herramientas clásicas del populismo de derecha.La división binaria entre el bien y el mal, la estigmatización de la prensa desde un estrado escolar y la descalificación del adversario negándole entidad moral revelan una narrativa maniquea que dista de la deliberación democrática, transformando un espacio educativo en un escenario de polarización.
“Si quieren ABUCHEAR más fuerte a los periodistas, se los voy a festejar”Milei alentando a chicos de SECUNDARIA a abuchear a los periodistas kjjj y dónde están los caraduras que decían “CON LOS CHICOS NO” y “adoctrinamiento” pic.twitter.com/G9meDP1UFZ
El paso de Javier Milei por la escuela ORT no sólo dejó al descubierto la fragilidad de las proclamas de neutralidad institucional, sino que expuso la fractura abierta en una comunidad que se debate entre la complacencia dirigencial y el repudio al adoctrinamiento. Al convertir un aula en un estrado teológico para legitimar su programa político y estigmatizar el disenso, el mandatario terminó tensionando los propios cimientos laicos y plurales de la institución.
El episodio queda así registrado como un claro indicador de época: la paradoja de un discurso que combate al colectivismo recurriendo a los dogmas del fanatismo, en un escenario donde la educación y la fe corren el riesgo de quedar reducidas a simples herramientas de propaganda.
Expertos en ciberseguridad dudan sobre el uso de distintos organismos del Estado argentino, que estarían ampliando el uso de nubes de Amazon, Google, Microsoft y Oracle para guardar, procesar y respaldar información.
La tendencia comenzó a agravarse en 2024 y se profundizó con el tiempo, sin una política pública clara sobre qué datos estratégicos deben quedar bajo control estatal. Distintos especialistas consultados advirtieron que el problema no es la tecnología, sino la falta de reglas sobre qué información puede salir del Estado y bajo qué condiciones.
— El presidente Javier Milei, durante la reunión con el CEO de Google Sundar Pichai
El vínculo entre el Estado argentino y los hiperescaladores de nube no es nuevo. Ya con anterioridad, en 2017 el gobierno del expresidente Mauricio Macri firmó un memorándum de entendimiento con Amazon Web Services (AWS) para probar durante un año el alojamiento de bases de datos estatales en sus servidores, a cambio de capacitación para startups y docentes.
Ese acuerdo marcó el inicio de una relación que se fue institucionalizando. En 2019 se emitió un “Nuevo lineamiento para la contratación de servicios en Nube IaaS y PaaS” que buscaba ordenar cómo el Estado nacional debía contratar estos servicios a través de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT). Con los años, licitaciones de organismos como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y provincias como Santa Fe fueron adjudicando contratos de “nube pública Amazon” o “bolsas de crédito” intercambiables entre AWS, Azure y Google Cloud según la necesidad operativa.
— Estación Terrena Benavídez y oficinas de ARSAT
Para 2024, ya en la presidencia del actual mandatario Javier Milei, se sumó un capítulo más polémico. Las negociaciones con Google para adoptar su sistema de inteligencia artificial aplicado a la “reforma del Estado”, inspirado explícitamente en el modelo implementado en El Salvador, donde Google terminó gestionando información sensible y procesos críticos de gobierno.
Más recientemente, en el marco de un acuerdo comercial con Estados Unidos, se incorporó la llamada “transferencia transfronteriza de datos”, que habilitaría la circulación de bases de datos comerciales y personales sin las trabas regulatorias actuales, beneficiando a Amazon, Google, Meta y Microsoft.
Según Mariano Goñi, presidente de Integracom y secretario de Tecnología de Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), no hay pruebas de que las bases centrales de organismos clave como ARCA (exAFIP), RENAPER o ANSES estén íntegramente alojadas en una nube extranjera. No obstante, sí confirma que distintas dependencias utilizan proveedores privados para infraestructura, software, almacenamiento, biometría, respaldo, conectividad y soporte técnico.
— Milei junto al CEO de Meta, Mark Zuckerberg el 30 de mayo de 2024 en Palo Alto, California
“El problema principal no parece ser la falta de capacidad estatal, sino la ausencia de una política clara y obligatoria que defina qué datos deben permanecer bajo control estatal y en qué condiciones puede contratarse una nube extranjera”, subrayó Goñi, agregando que “sabemos que distintos organismos utilizan proveedores privados para infraestructura, software, almacenamiento, biometría, respaldo, conectividad y soporte”.
Eso abre la puerta a que información sensible circule, en algún tramo, por servidores privados. Entre esos datos figuran registros tributarios y patrimoniales de contribuyentes, información de identidad, fotografías y datos biométricos, domicilios y movimientos migratorios, prestaciones sociales y registros sanitarios, además de datos vinculados con la producción agropecuaria y el comercio exterior del país.
Goñi identifica el núcleo del problema, siendo que hasta el momento no existe un mapa público que indique con precisión qué organismos usan estos servicios, qué información almacenan, en qué país reside físicamente y qué pasa con esos datos frente a un conflicto judicial, una filtración de seguridad o el fin de un contrato.
— Mariano Goñi
Su propuesta alternativa es aprovechar más el datacenter estatal de ARSAT, que ya ofrece servidores, nube privada, redes seguras y centros de contingencia, para que buena parte de los sistemas —portales públicos, expedientes electrónicos, registros administrativos— quede bajo órbita estatal, reservando la migración gradual solo para los sistemas más complejos como las grandes bases tributarias o la biometría de RENAPER.
El marco legal argentino
Margarita Trovato de la Fundación Vía Libre, pone el acento en un punto técnico-legal crucial, ya que cuando los datos se alojan en servidores fuera del país, dejan de regirse exclusivamente por la ley argentina y quedan sujetos a otras jurisdicciones. Esto tiene consecuencias concretas, porque el Estado pierde capacidad de controlar quién accede a esa información, cómo se auditan sus usos y qué mecanismos existen para exigir responsabilidades ante un incidente.
— Margarita Trovato
La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales —vigente desde el año 2000, previa a la masificación de internet— establece criterios para las transferencias internacionales de datos, pero contiene excepciones que debilitan esas garantías, y hoy no existen controles activos ni robustos sobre su cumplimiento.
El problema se agrava porque Estados Unidos, donde residen la mayoría de estos proveedores, carece de una ley federal integral de protección de datos personales, lo que suma incertidumbre jurídica cuando la información argentina queda alcanzada por normativa estadounidense. Proyectos de ley presentados en 2017 y 2019 para declarar los datos del Estado como inalienables, inembargables e imprescriptibles nunca lograron aprobarse.
Trovato también señala el riesgo del “vendor lock-in”, que es cuando un organismo concentra buena parte de sus sistemas en un único proveedor, y después resulta muy costoso migrar por razones de precio, compatibilidad técnica y dependencia acumulada. Denuncia además que no toda la información pública tiene el mismo nivel de sensibilidad, con datos biométricos, por ejemplo, no deberían alojarse en jurisdicciones que no ofrezcan garantías de protección equivalentes a las argentinas.
— Milei y su comitiva junto al CEO de Apple, Tim Cook, en las oficinas centrales de la empresa en Cupertino
Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Publicas de Derechos Digitales, aportó una mirada geopolítica sobre la infraestructura digital global que está altamente concentrada en un puñado de corporaciones transnacionales, lo que genera pérdida de control estatal sobre la información y expone datos sensibles al posible acceso de terceros, en un contexto donde esas plataformas responden a legislaciones y decisiones políticas de otros países.
“La infraestructura tecnológica necesita una colaboración equilibrada entre actores públicos y privados, pero en nuestra región existe una concentración muy alta en un puñado de empresas transnacionales”, sostuvo Camacho.
Este debate no es exclusivo de Argentina. Informes recientes sobre “nube soberana” en la región muestran que el control real ya no depende solo de dónde están físicamente los servidores, sino de quién administra las llaves de cifrado, quién puede auditar los sistemas y qué capacidad conserva el Estado para migrar o recuperar su información si decide cambiar de proveedor. Empresas como AWS sostienen, en cambio, que “la nube es soberana por diseño” porque el cliente —en este caso el Estado— es quien decide dónde alojar sus datos y cómo gestionar sus claves de seguridad.
El canal de streamingCarajo nació a mediados de 2024, tras la llegada de Javier Milei al Poder Ejecutivo. Hasta ese momento, Daniel Parisini (“Gordo Dan”) conducía un espacio poco visto y de presupuesto ínfimo en Radio Madero —propiedad de Fernando Cerimedo, más tarde desplazado del espacio oficialista—. Sin embargo, con el desembarco del nuevo gobierno, el medio experimentó un salto desmedido en infraestructura, montando un megaestudio en Palermo Soho equipado con tecnología de punta y una amplia nómina de producción.
Este despliegue millonario generó inmediatas denuncias por el uso de recursos públicos para sostener la señal. Distintas investigaciones y declaraciones públicas —entre ellas las del periodista Tomás Díaz Cueto— expusieron que diversos empleados del canal perciben salarios abonados directamente por la administración nacional en áreas de Comunicación y Prensa, sumado a recurrentes seccionamientos que señalan el desvío de fondos reservados de la SIDE para financiar la estructura propagandística.
“La misa del Gordo Dan” justo antes de que Milei llegara al gobierno. En la foto Mariano Pérez (“Break Point”) y Daniel Parisini (“Gordo Dan”) junto a Juan Pablo Carreira (“Juan Doe”), actual Director Nacional de Comunicación Digital.
Es precisamente en este dispositivo financiado por las arcas públicas donde se desencadenó un grave escándalo por proclamas eugenésicas y racistas emitidas en vivo, protagonizado por figuras que responden directamente a la estructura orgánica y legal del oficialismo.
Entre los voceros estables de la señal destaca Alejandro Sarubbi Benítez, representante legal de Parisini y habitual panelista. Este sujeto —una de las voces principales de las recientes agresiones al conurbano— cuenta con antecedentes de sanción disciplinaria por parte del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), organismo que le aplicó una advertencia tras constatar que insultó a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, difundió datos personales privados (doxxeo) e incurrió en reiterados agravios discriminatorios desde sus redes sociales.
Alejandro Sarubbi Benítez junto a Karina Milei.
A su lado se ubica Isabella Mariana Compiano Machado, conocida en el entorno digital como “Kalina”, coautora del cuestionado episodio. La joven panelista milita activamente en La Libertad Avanza y responde de forma directa a Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes, dirigente que hasta 2023 era concejal y militaba en las filas del kirchnerismo y saltó al oficialismo para acceder a su banca nacional.
La inserción de Kalina en el armado de Almirón no es aislada. Su pareja, Ángel Manuel Niveyro Lozano —identificado en redes como “Azaelthus”—, también forma parte del esquema de militancia y prensa que orbita alrededor del legislador correntino, exponiendo el entramado político tradicional que nutre de contenidos al canal de streaming y da sustento a las polémicas que hoy acorralan al medio.
“Kalina” junto a Lisandro Almirón; y Almirón junto a Malena Galmarini (esposa de Sergio Massa), en su “época kirchnerista”.
Apología al exterminio y al racismo
Durante una emisión del programa La Trinchera, las agresiones alcanzaron un límite inédito cuando Alejandro Sarubbi Benítez afirmó en vivo que “la provincia de Buenos Aires, sobre todo con lo que tiene que ver con el Conurbano Bonaerense, la inmensa porción de gente, desde mi punto de vista ya no tiene salvación”. Tras sentenciar que “para mí no tiene vuelta la provincia de Buenos Aires”, el abogado detalló sus propuestas: esterilización masiva, expulsión del mapa nacional, levantar un muro perimetral con francotiradores y “todas las mañanas tirar napalm desde los aviones”. Para definir a quiénes perdonar, anticipó un criterio de “total arbitrariedad” guiado por la “portación de cara”, planteando dar aviso previo únicamente “a las personas que uno considera que hay que salvar”.
Lejos de moderar o repudiar el discurso de odio, la panelista “Kalina” intervino activamente en la escena exhibiendo ante las cámaras una cartulina que contenía una paleta de tonalidades de piel (una referencia a la serie “Family Guy“). Utilizando este muestrario cromático, la militante oficialista simuló establecer un criterio de selección eugenésica para determinar, según el grado de pigmentación del rostro, qué personas poseían derechos ciudadanos o podían “salvarse” de la ejecución arbitraria, señalando el cuadro de color más claro.
El discurso exhibido en el programa contrasta de forma severa con la propia realidad de sus protagonistas. Un relevamiento en las redes sociales personales de Alejandro Sarubbi Benítez (como su perfil de Facebook) deja al descubierto que la mitad de sus familiares y contactos directos de apellido compuesto “Sarubbi Benítez” provienen de Paraguay, país con una marcada impronta e identidad mestiza e indígena.
Visitando el Facebook de Alejandro, varios de los “Sarubbi” y los “Sarubbi Benítez” de sus contactos efectivamente son paraguayos.
La incongruencia resulta absoluta: un vocero de tez morena y raíces latinoamericanas promueve abiertamente postulados racistas, xenófobos y eugenésicos que, bajo los propios parámetros de la paleta de colores exhibida en su programa, lo ubicarían a él mismo y a su propio entorno familiar del lado de los discriminados y segregados.
Alejado de su actualidad: Sarubbi Benítez con su familia, cenando en la vereda.
Boicot, retiro de pauta y antecedentes
La paradoja del discurso alcanzó su punto máximo con la presencia publicitaria en el estudio de Sao Medialunas, una tradicional marca nacida en Mar del Plata. Mientras Sarubbi Benítez y “Kalina” proponían bombardeos y segregación para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, los productos de la firma bonaerense lucían exhibidos en la mesa como auspiciantes del espacio, financiando de forma directa la emisión.
La reacción del público no tardó en llegar: las plataformas digitales de la empresa se inundaron con cientos de mensajes de repudio que denunciaban el patrocinio a proclamas de exterminio, cuestionaban a la firma por financiar el odio hacia sus propios clientes y convocaban a un boicot masivo bajo el lema de no consumir productos que sostengan la violencia verbal del canal.
Ante la ola de indignación, la empresa emitió un comunicado oficial anunciando el cese del auspicio: “En relación con los comentarios realizados durante una transmisión en la que nuestra marca tuvo presencia publicitaria, queremos expresar que SAO Medialunas no comparte ni avala ningún mensaje discriminatorio, violento o que promueva el odio hacia cualquier persona o comunidad […] Lamentamos profundamente que esta situación haya generado malestar y por eso hemos decidido retirar nuestra publicidad”.
A pesar del retiro de la pauta, persistieron las críticas hacia la dirección de la marca por su tardía reacción. Sectores de la audiencia remarcaron que el canal Carajo estructuró su línea editorial sobre la agresión sistemática desde sus inicios, por lo que el auspicio comercial no podía considerarse un hecho ingenuo o ajeno al perfil del medio.
Las proclamas eugenésicas emitidas en La Trinchera no constituyen un hecho aislado, sino que forman parte del estilo editorial y la metodología habitual que despliega el canal. Entre sus antecedentes más graves figura el ataque homofóbico dirigido contra el diputado nacional Esteban Paulón en el programa La Misa, donde los conductores de la señal lo agredieron verbalmente y llegaron a imputarle al aire acusaciones de pedofilia y le atribuyeron “tener SIDA”.
A esta dinámica de descalificación personal se suma el uso sistemático de la exposición de datos privados (doxxeo) en transmisiones en vivo. A través de este recurso, los integrantes de la señal difunden números telefónicos, direcciones e información personal de usuarios opositores y periodistas críticos, incentivando el acoso masivo y coordinado por parte de sus seguidores en redes sociales.
Alejandro Sarubbi Benítez junto a Santiago Caputo.
El negacionismo frente al archivo
Tras la masiva repercusión mediática y el cimbronazo comercial, la respuesta de Sarubbi Benítez expuso la fragilidad de su propia narrativa. En lugar de argumentar que se trataba de una provocación humorística o de un recurso satírico, el abogado hizo un descargo en el que negó categóricamente haber hablado de la provincia de Buenos Aires o de sus habitantes.
Sin embargo, la estrategia de intentar desmentirse a sí mismo chocó de frente con el archivo audiovisual del programa, donde había explicitado de forma literal que la provincia de Buenos Aires “ya no tiene salvación”, antes de proponer los bombardeos, la segregación y la selección por pigmentación de piel.
Este episodio expone los límites y los riesgos de un modelo mediático montado sobre la provocación sistemática y el financiamiento estatal. Cuando el discurso traspasa la barrera del espectáculo digital para incitar al exterminio y a la eugenesia, la reacción de la audiencia y la fuga de marcas evidencian que ni la caja pública ni la protección política alcanzan para blindar un espacio frente al repudio social.
Desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023, la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur quedó bajo la órbita de Paola Iris Di Chiaro, militante mileísta.
Mediante el decreto 43/2024, Javier Milei oficializó el cargo de Paola Di Chiaro.
Sin embargo, en paralelo a su responsabilidad central en la defensa de los intereses nacionales sobre las islas australes, la funcionaria sostiene una participación activa en el sector privado a través de la Fundación Argentina Global, una entidad dedicada a la articulación de agendas internacionales, principalmente con Reino Unido.
Sitio web oficial de Cancillería Argentina: Di Chiaro continúa en su cargo.
La coexistencia de estos dos roles abre un debate ineludible sobre la ética pública y la coherencia en la conducción de la política exterior argentina.
Cuenta de LinkedIn de Di Chiaro, admitiendo abiertamente ser fundadora de Fundación Argentina Global y mantener un cargo dentro de la organización.
La red de vínculos con el Foreign Office
La Fundación Argentina Global, entidad cofundada por Di Chiaro, concentra gran parte de su actividad pública en la promoción de agendas internacionales y el establecimiento de vínculos con potencias extranjeras. Entre sus iniciativas más destacadas figura la organización y difusión conjunta de programas de liderazgo y becas de especialización junto a la Embajada del Reino Unido y el programa Chevening, orientado a la formación de personas en territorio británico.
Sitio web oficial de Fundación Argentina Global donde, junto a otros dos hombres, exponen a Di Chiaro como fundadora.
A pesar de la sensibilidad de la cartera que encabeza Di Chiaro —vinculada de forma directa con la defensa de los derechos soberanos en el Atlántico Sur—, los registros institucionales, perfiles profesionales vigentes y memorias de fin de año de la propia organización confirman que la secretaria mantiene un rol directivo ininterrumpido en la estructura de esta ONG, entrelazando la gestión de intereses diplomáticos extranjeros con el ejercicio de la función pública en el Estado argentino.
Página principal de la web de Fundación Argentina Global exponiendo visiblemente la conexión con la embajada británica y el sistema de becas.
Repercusión política
En el ámbito legislativo, esta superposición de roles motivó la presentación de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación impulsado por la diputada Agustina Propato (Unión por la Patria) —esposa de Sergio Berni— para exigir explicaciones formales sobre el alcance de estas actividades en paralelo a la función pública.
Tuit reciente de Fundación Argentina Global publicitando las becas y el acuerdo con la embajada de Reino Unido.
El texto solicita un detallado pedido de informes al Poder Ejecutivo —a través de la Cancillería— para que precise la vinculación actual de Paola Di Chiaro con la Fundación Argentina Global y el programa Chevening, evalúe posibles conflictos de intereses bajo la Ley de Ética Pública, informe si existe intervención o influencia del Foreign Office en su secretaría, detalle si hay personal formado por dicho organismo prestando servicios, y precise si la fundación o la funcionaria han recibido financiamiento o vínculos laborales con la diplomacia británica.
No se trata de webs “desactualizadas”, aquí publicaciones de Fundación Argentina Global en diciembre de 2025 en Instagram: Di Chiaro de negro, en el centro en ambas fotos.
Los aranceles que paga el PAMI subieron 130% desde diciembre de 2023, contra una inflación de más del 300%. El atraso derivó en siete meses de recortes escalonados que afectaron a casi 300.000 jubilados de la región patagónica.
Acorralados tras la detención de Fernando Cerimedo en Bolivia por tentativa de homicidio, La Derecha Diario y Javier Negre montaron una operación a contrarreloj. Borraron rastros, cambiaron titularidades y emitieron un comunicado que choca de frente con los archivos que lo proclamaban como dueño, socio y fundador.
Presentada como una exposición sobre ética e IA, la irrupción de Javier Milei en la escuela ORT derivó en ataques a la prensa y alusiones al misticismo. La bajada de línea encendió el repudio de exalumnos y agrupaciones comunitarias que cruzaron a la dirigencia de la DAIA por avalar el acto.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
