14 enero, 2025

Luis Petri pidió prisión preventiva para Alberto Fernández: “Existe posibilidad de fuga”

El ministro de Defensa solicitó a la Justicia la prisión preventiva del expresidente Alberto Fernández, tras la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez por violencia de género, bajo el argumento de que existe peligro de fuga y entorpecimiento del proceso judicial.
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El ministro de Defensa, Luis Petri, solicitó la prisión preventiva del expresidente Alberto Fernández, luego de que Fabiola Yañez, ex primera dama, lo denunciara por violencia de género. En declaraciones realizadas este domingo a Radio Rivadavia, Petri fundamentó su pedido señalando que, dado el poder y la influencia de Fernández, existe un alto riesgo de fuga y de entorpecimiento del proceso judicial.

El ministro destacó que la prisión preventiva es una medida comúnmente aplicada en casos similares, y se mostró sorprendido por la inacción de la Justicia en este caso específico: “En la mayoría de los casos donde se presentan pruebas tan contundentes y donde se cumplen los supuestos de peligro de fuga o entorpecimiento, la respuesta inmediata suele ser la prisión preventiva, expresó.

La denuncia de Yañez, que incluye supuestas pruebas fotográficas y mensajes de texto que conforman el maltrato físico por parte de Fernández, desencadenaron una serie de reacciones en el ámbito político. Petri no sólo se refirió a la gravedad de las acusaciones, sino que también apuntó contra el Poder Judicial por no actuar con la celeridad necesaria, considerando la capacidad del expresidente para “encubrir y manipular”.

En sus declaraciones, también repasó algunos de los escándalos que marcaron la gestión de Fernández, como la fiesta en la Quinta de Olivos durante la pandemia y el Vacunatorio VIP. Según el titular de la cartera de Defensa, estos hechos reflejan una actitud de impunidad y falta de responsabilidad que, en su opinión, debería ser tenida en cuenta por la Justicia.

Además de exigir la prisión preventiva para Fernández, Petri dirigió duras críticas al Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género, denunciando la falta de respuesta y apoyo a Yañez cuando ella buscó ayuda. “Es inaceptable que un ministerio creado para proteger a las mujeres haya ignorado la situación de Fabiola Yañez. Esto confirma lo que muchos hemos dicho: ese ministerio no servía para nada”, afirmó el funcionario.

El ministro también hizo hincapié en la importancia de investigar a los funcionarios que pudieron haber encubierto o desestimado las denuncias de Yañez. Según sus palabras, “la Justicia no sólo debe enfocarse en Fernández, sino también en quienes miraron hacia otro lado cuando la ex primera dama pidió ayuda”.

Mientras tanto, se espera que en los próximos días Yañez amplíe su testimonio ante el juez federal Julián Ercolini, quien lleva adelante la causa. Hasta ahora, la exprimera dama ha manifestado sentirse presionada y agobiada por la situación, lo que ha retrasado su declaración formal.

Por su parte, Petri finalizó la entrevista reiterando su pedido a la Justicia para que actúe con la misma rigurosidad que en otros casos similares, advirtiendo sobre las posibles consecuencias de no tomar medidas preventivas. “Es hora de que el Poder Judicial demuestre que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente”, concluyó.

Redacción

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Afirman que ante la crisis en Bolivia, al menos medio millón de BOLIVIANOS van a ingresar a la Argentina

La crisis económica y social que atraviesa Bolivia generó una situación de extrema tensión, que podría desencadenar una ola migratoria hacia la Argentina. En particular, Salta, por su cercanía geográfica, se perfila como una de las principales puertas de entrada para los ciudadanos bolivianos. 

Según las estimaciones, entre 2025 y 2026, la Argentina podría recibir más de un millón y medio de inmigrantes bolivianos. De este total, al menos medio millón podrían cruzar las fronteras en los próximos meses, agravando una situación migratoria que ya es compleja.

Durante el Censo Nacional 2022, se detectó que residían en el país 1.933.463 inmigrantes, siendo Bolivia uno de los principales países de origen, junto con Paraguay y Venezuela.

Estos movimientos migratorios responden a las condiciones que enfrentan los ciudadanos bolivianos en su país: falta de combustible, escasez de dólares, inflación descontrolada y bloqueos en las principales rutas generaron un escenario insostenible.

La crisis boliviana se intensifica día a día. Las largas filas en las estaciones de servicio, la falta de alimentos básicos y el colapso del comercio son solo algunos de los síntomas de un país al borde del colapso. Desde El Alto hasta Santa Cruz, las protestas y bloqueos se convirtieron en parte del paisaje cotidiano.

El colapso económico se origina en la caída de la producción de gas natural, que alguna vez fue el motor económico del país. En la última década, Bolivia pasó de producir 21.766 millones de litros cúbicos de gas en 2012 a solo 13.122 millones en 2023.

Por si fuera poco, la escasez de dólares obstaculizó las transacciones bancarias y encarecido los giros internacionales. El tipo de cambio en el mercado paralelo supera en un 70% al oficial. El comercio boliviano también fue duramente golpeado. Un informe de empresarios privados de Cochabamba reveló que en 2024 hubo 79 días de bloqueos en rutas troncales, lo que resultó en una caída del 40% de las exportaciones y el 30% de las importaciones.

Redacción

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El Gobierno calificó de “ridículo” el informe de Amnistía sobre el protocolo antipiquetes

“Es un informe absolutamente desconectado de lo que vive la sociedad argentina. Están del lado de los delincuentes, mientras nosotros trabajamos para proteger a los 46 millones de argentinos que fueron víctimas de los piqueteros y la extorsión durante décadas”, afirmó Bullrich en declaraciones a El Observador FM. La ministra también aseguró que el protocolo busca resolver de manera pacífica y profesional una problemática histórica, permitiendo reducir los bloqueos y garantizando el derecho al libre tránsito. Según sus palabras, esta medida representa un cambio estructural en la gestión del espacio público.

El informe de Amnistía Internacional, titulado “Uso excesivo de la fuerza”, documenta más de mil heridos en al menos 15 protestas ocurridas durante 2024. Además, denuncia el uso desproporcionado de balas de goma, gases lacrimógenos y bastones contra manifestantes que, según el organismo, ejercían su derecho a protestar pacíficamente. El documento también destaca que 50 trabajadores de prensa resultaron heridos mientras cubrían las manifestaciones, lo que, según Amnistía, evidencia un patrón de represión que afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.

“Amnistía Internacional no entiende nada” – Patricia Bullrich

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Entre los episodios destacados, se menciona la movilización frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases, que derivó en 33 detenidos y numerosos focos de incendio, incluyendo un móvil de Cadena 3 incendiado por manifestantes. Este evento fue utilizado por el Gobierno para enfatizar la necesidad del protocolo, destacando que no solo busca regular las protestas, sino también garantizar la seguridad de bienes y personas en contextos de manifestaciones masivas.

El Gobierno, sin embargo, rechazó categóricamente estas acusaciones. Bullrich defendió la implementación del protocolo como una medida necesaria para poner fin a años de caos en las calles. “Durante 25 años, los piqueteros se adueñaron de las calles y extorsionaron a millones de argentinos. Ahora, con este protocolo, hemos logrado establecer el orden y proteger a la ciudadanía”, declaró. La ministra también cuestionó la falta de atención del informe a los desmanes ocurridos en algunas protestas, como el incendio de un móvil de Cadena 3 frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases.

Amnistía también alertó sobre la “criminalización de la protesta”, destacando que 73 manifestantes fueron detenidos en distintos episodios, acusados de delitos como resistencia a la autoridad, aunque la mayoría recuperó la libertad pocas horas después. Por otro lado, el informe señala que 33 personas sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, resultando en daños severos a la visión. Asimismo, destaca que entre las víctimas se encuentran niños y niñas que estuvieron expuestos a situaciones de violencia represiva.

En respuesta, Bullrich aseguró que las fuerzas de seguridad actuaron con profesionalismo y respetando los principios de proporcionalidad. “No avalamos para nada ese informe. Este es un año en el que la Argentina logró ley y orden, y lo hizo con el uso mínimo de la fuerza. Es fácil criticar desde un escritorio, pero estas medidas están pensadas para defender a la ciudadanía y poner fin a años de caos”, sostuvo. Además, la ministra remarcó que el protocolo incluye instancias de negociación previas a cualquier acción policial, buscando siempre una resolución pacífica de los conflictos.

Por su parte, Amnistía Internacional recomendó la derogación del protocolo y la adopción de regulaciones que garanticen el respeto por los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. También instó a limitar el uso de armas no letales y a investigar las denuncias de violencia policial. Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, destacó la importancia de proteger el derecho a la protesta como un pilar fundamental de la democracia. “Las imágenes de violencia y represión evidencian la necesidad urgente de revisar las políticas de seguridad pública y garantizar el respeto por los derechos humanos fundamentales”, concluyó.

El informe también incluye recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional, instando a organismos como la ONU y la CIDH a monitorear la situación en Argentina y a exigir medidas concretas que promuevan el respeto por los derechos humanos en el país. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad continúa defendiendo su gestión y subrayando los resultados positivos en materia de orden público y seguridad ciudadana, destacando una disminución significativa en los bloqueos y cortes de calle en todo el territorio nacional.

Redacción

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Luis Caputo confirmó la primera inversión a través del RIGI por 211 millones de dólares

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que se aprobó la primera inversión bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), sancionado recientemente. El proyecto corresponde a un parque solar de YPF Luz en la localidad de El Quemado, Mendoza, con una inversión de USD 211 millones. “El Comité Evaluador aprobó el primer proyecto RIGI que se presentó hace menos de dos meses”, expresó Caputo en sus redes sociales, destacando que hay otros seis proyectos en evaluación.

El parque fotovoltaico, desarrollado por YPF Luz en conjunto con la Empresa Mendocina de Energía (Emesa), tendrá una capacidad instalada de 305 MW, suficiente para abastecer a más de 233.000 hogares. Se prevé que la primera etapa comience en el primer trimestre de 2026 y esté lista en 18 meses. Además, se estima que evitará la emisión de más de 385.000 toneladas de dióxido de carbono por año, contribuyendo a la transición energética en Argentina.

Este anuncio se suma al reciente lanzamiento de otro gran proyecto energético: el oleoducto que conectará Vaca Muerta, en Neuquén, con Punta Colorada, Río Negro. Esta infraestructura permitirá exportar más de 500.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2027, generando ingresos cercanos a USD 13.000 millones anuales. Empresas como Vista, Pampa Energía, Chevron y Shell participarán en su construcción, que comenzará en enero de 2024.

En paralelo, la multinacional Rio Tinto confirmó una inversión de USD 2.500 millones para ampliar su proyecto de litio en el Salar del Rincón, Salta. Este desarrollo, que prevé producir 60.000 toneladas de litio carbonato de alta calidad anualmente, será clave para la industria de baterías y tendrá una vida útil estimada de 40 años. La construcción de la planta ampliada comenzará en 2025, fortaleciendo a Argentina como un actor relevante en el mercado global de litio.

El RIGI, que entró en vigencia hace unos meses, ofrece beneficios fiscales como exenciones en IVA y Ganancias, además de ventajas en derechos de importación y exportación para proyectos de inversión superiores a USD 200 millones. Estos incentivos buscan atraer grandes capitales para reactivar la economía y consolidar al país como un polo estratégico en energías renovables y recursos naturales.


*Fuente: Agencias

Redacción

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Caso Jorge D’Onofrio: Federico Achával inició una caza de brujas en Pilar

A medida que el escándalo por el caso de corrupción y lavado de dinero que involucra al ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y a su entorno más cercano sigue escalando, el intendente de la municipalidad de Pilar, Federico Achával, tomó cartas en el asunto para intentar sofocar las repercusiones en el distrito que gobierna. En ese marco, fuentes locales confirmaron al medio REALPOLITIK que el jefe comunal convocó a una reunión de urgencia con figuras clave de su gobierno para delinear una estrategia de contención.

El encuentro tuvo lugar en el restaurante “Tinto y Soda”, propiedad de César Mansilla, un conocido operador de la región que controla medios de comunicación, bingos y casinos.

A la reunión asistieron, además de Achával, la cuestionada Claudia Pombo -expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar y figura implicada en las causas que afectan a D’Onofrio- y otros referentes del municipio. Los testigos aseguran que el tono de la discusión fue tenso y que los participantes estaban visiblemente nerviosos.

Silencio forzado y caza de filtraciones

Según los detalles recogidos por el citado medio, una de las principales preocupaciones de Achával durante la reunión fue identificar cómo la información sobre las irregularidades de D’Onofrio y Pombo había llegado a los medios nacionales. En ese marco, el intendente habría interrogado a periodistas locales sobre posibles “filtradores” y ordenado una estricta línea editorial en los medios de Pilar. “De esto no se habla, a lo sumo solo pueden referirse a la defensa de D’Onofrio”, fue una de las máximas escuchadas durante la reunión.

La maniobra también incluyó una renovada presión sobre los medios locales, que se vieron obligados a guardar silencio para no perder la pauta publicitaria oficial en un contexto de crisis económica. Este cierre de filas generó un manto de opacidad en torno al escándalo, dejando a la opinión pública sin respuestas claras sobre los avances judiciales que involucran a figuras relevantes del oficialismo provincial y municipal.

El entramado judicial y los nexos locales

El caso que compromete a D’Onofrio ya ha expuesto un presunto esquema de corrupción y lavado de dinero a través de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que incluye empresas offshore, contratos direccionados y una recaudación millonaria. Entre los principales acusados están Claudia Pombo, Mario Quattrochi -juez de Faltas bonaerense- y otros funcionarios de la cartera de Transporte.

Las conexiones entre los implicados no se limitan al ámbito provincial. En Pilar, la relación entre D’Onofrio y Pombo es un secreto a voces. La vinculación entre sus círculos íntimos también pone en la mira al intendente Achával, quien ha compartido ámbitos políticos con los ahora acusados y tiene en su gobierno funcionarios implicados en varias líneas de investigación. Esta situación complica aún más la gestión local, que enfrenta crecientes cuestionamientos.

Antecedentes oscuros y maniobras sospechosas

El avance judicial en la causa ha revelado detalles que rozan lo cinematográfico. Claudia Pombo y Mario Quattrochi, por ejemplo, crearon empresas en España, adquirieron propiedades y ostentan lujos que no condicen con sus ingresos declarados. También comparten un exclusivo bar en Málaga, “Tardeo Soho”, que ahora está bajo investigación por lavado de dinero.

Mientras las autoridades judiciales continúan realizando allanamientos y analizando movimientos migratorios y transacciones financieras de los implicados, REALPOLITIK pudo saber que la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se encuentra reuniendo pruebas adicionales que podrían profundizar el impacto del caso, involucrando aún más actores de las gestiones Kicillof y Achával.

Para Federico Achával, el escándalo representa una amenaza directa a su liderazgo en Pilar y sus aspiraciones de competir por la gobernación bonaerense. Su estrategia de caza de brujas y control mediático busca minimizar el impacto local del caso D’Onofrio, pero también podría evidenciar cómo la corrupción en niveles provinciales tiene eco en la gestión municipal. En un contexto de crisis política y económica, las maniobras para acallar voces críticas podrían terminar siendo un boomerang para el intendente.

Fuente: REALPOLITIK – Santiago Sautel

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Las prepagas aumentaron un 215% por encima de lo que reciben los prestadores de salud ambulatorios

La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) informó que las empresas de medicina prepaga aumentaron el precio de las cuotas muy por encima de lo que pagan a los prestadores de servicios de salud. Alertaron que esta diferencia es crítica para el sostenimiento del sistema de salud de la Argentina.

Según lo informado por CADIME, los aumentos arancelarios a empresas y profesionales que prestan estos servicios de forma tercerizada son insuficientes para compensar el efecto de la inflación y de los costos operativos en el sector. Una situación que genera tensiones que afectan a la totalidad de este universo y su funcionamiento, en especial a las pymes de salud y los usuarios, y desembocan en medidas tales como la limitación de coberturas de las prepagas, lo cual se traduce en perdida de trabajo por parte de prestadores.

Este desbarajuste tiene lugar desde 2022, pero creció en 2023 y 2024. En los usuarios impacta por medio de cuotas del seguro de salud cada vez más caras y en la aparición de copagos que antes no abonaban, mientras que los prestadores de salud reciben cada vez menos, lo que repercute en la sostenibilidad de la red prestacional a nivel nacional.

Las cuotas de las empresas de medicina prepaga tuvieron un incremento en los últimos dos años del 435%, mientras que los aranceles que perciben los prestadores de salud solo crecieron entre 160% y 224%, números que están por debajo de la inflación del sector, que fue entre 544% y 583%. A la mencionada disparidad se le suma el hecho de que el pago por las prestaciones realizadas se concreta entre 60 y 90 días después de su facturación.

*Fuente: Agencias

Redacción

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“Cada vez son menos”: Bullrich menosprecia al PRO y presiona a Macri para que cierre con Milei

En paralelo a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo secundó al expresar su deseo de que el PRO se fusione con La Libertad Avanza en una nueva gran formación liderada por el partido libertario de cara a las próximas elecciones legislativas, en lo que pareció traducir el “juntos o separados” esgrimido por el mandatario frente a la posibilidad de una alianza con la agrupación política de Mauricio Macri.

Las palabras de Bullrich, al igual que las de Milei, también estuvieron acompañadas de un tono de ultimátum: “Estamos convencidos de que esta elección va a ser entre el apoyo a profundizar la transformación o ‘soy del club del helicóptero’” afirmó.

La lógica es que todos los que apoyamos el cambio vayamos juntos. Y que el partido de Gobierno tenga la prioridad, hay que adaptarse” dijo la ministra, quien ejemplifico el tipo de relación de fuerzas que propone para esta eventual “fusión” con la alianza Cambiemos que llevó a Macri a la presidencia en 2015, y cuyo gabinete se compuso por una mayoría de integrantes del PRO y una minoría del radicalismo.

Patricia Bullrich se refirió al partido del expresidente como una formación dividida en forma desigual entre quienes apoyan irrestrictamente al presidente y quienes mantienen sus reparos: “Hay miles de dirigentes, algunos vienen del PRO, otros del radicalismo. En nuestra campaña nuestras verdades eran muy similares a las que decía Milei. Yo recuerdo una frase de mi campaña que era ‘es todo o nada’. Todo ese PRO se siente oficialista y se siente parte del Gobierno“.

Acerca de los que mantienen sus reticencias respecto al Ejecutivo libertario y se limitan a un apoyo “crítico”, la ministra se refirió a ellos como un espacio aislado y en el que “cada vez son menos”. En ese sentido, sobre Mauricio Macri expresó que “habla de algunas virtudes, pero ya ponerte en la oposición es un lugar en el que el PRO no tiene que estar”.

La alta funcionaria del Gobierno de Milei aseveró que las bases del PRO están de acuerdo con lo que se hace desde el Ejecutivo y eso puede marcar una distancia con el bureau político de dicha formación, en el que aún ejerce una influencia considerable el expresidente.

Redacción

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