Los kirchneristas que van como candidatos en la lista de Milei en Mar del Plata
El armado de La Libertad Avanza en Mar del Plata incluye a miembros del kirchnerismo, del Frente Renovador y hasta de Cambiemos. Así se compone la lista.
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El caso libertario en General Pueyrredón es sumamente particular, en donde el candidato es Rolando Demaio, un economista que pasó por Republicanos Unidos, junto a su ex pareja Juliana Santillán (aspirante multifacética de espacios que ahora integra la nómina nacional de Milei).
Como primeros dos concejales lleva a Emiliano Recalt, ex funcionario municipal, y a Cecilia Martínez, ambos gracias al sello vecinalista de Crear Mar del Plata. El cual aún mantiene sociedad con el ex senador bonaerense y actual figura de La Cámpora de Fernanda Raverta: Lucas Fiorini.
Por otro lado, es sumamente complejo comprender cómo el actual concejal de Crear Mar del Plata, Alejandro Carrancio, es el primer diputado provincial de La Libertad Avanza en la Quinta Sección. Un hombre que tiene en su trayectoria años como “casta”, habiendo pasado por Frente para la Victoria de Cristina Fernández de Kirchner, Frente Renovador de Sergio Massa, Cambiemos de Mauricio Macri, Frente de Todos, Unidad Ciudadana y ahora el espacio de Javier Milei.
Desde el espacio de Unión por la Patria, afirmaron en “off the record” que se mantienen charlas privadas entre Carrancio y Fiorini, en dónde el posible futuro legislador bonaerense le aseguró a su amigo que los ediles responderán a la estructura K, en caso de ingresar. “Tenemos asegurados votos en el Concejo Deliberante”, sentenciaron a Data24.
Vale rememorar que Alejandro Carrancio estuvo involucrado en el escándalo por la venta de lugares en el territorio bonaerense. Se especula que así logró posicionarse como primero en la nómina de diputados provinciales.
Juliana Santillán aspira a ocupar el cargo de diputada nacional por La Libertad Avanza. En su pasado, la armadora de la Quinta sección electoral se codeó con importantes dirigentes del peronismo (fue pareja de Facundo, el hijo de Hugo Moyano), pasó por el massismo, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica ARI y por el PRO. Conformó también su propio partido en Mar del Plata, “Integrar” y también se paseó fugazmente por NOS, la fuerza política de Juan José Gómez Centurión.
Durante la gestión de María Eugenia Vidal, Santillán se desempeñó en el área de Diseño y Gestión en Políticas Públicas y, anteriormente, integró la Oficina para la Reforma Municipal del Senado bonaerense, que presidió el vicegobernador radical Daniel Salvador.
Durante ese último año de gobierno del PRO en provincia de Buenos Aires, en 2019, la ahora candidata de La Libertad Avanza intentó criticar al economista por haber ido a Mar del Plata a realizar uno de sus shows teatrales en el Roxy.
En enero de 2022, protagonizó otro escándalo al ser denunciada por “usurpación de títulos y honores”, ya que se presenta como abogada sin serlo: Aprobó apenas 14 materias en la Universidad Atlántida Argentina de Mar del Plata. Lo preocupante es que, por aquel momento, también prestaba servicios de asesoría legal.
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Al justificar su veto al financiamiento a las universidades, el presidente alegó que “el aumento a las universidades sería ceder a la vieja forma de hacer política, de ignorar la restricción del presupuesto, volver a las andadas y a los niveles de Riesgo País que teníamos con el kirchnerismo”, en ese sentido remarcó: “lo único que pedimos es auditarlos, parece que eso es poner en riesgo la educación pública, pero, al contrario, es defender la educación pública”.
Frente al reclamo y a las protestas de parte de la oposición, el presidente fue determinante “es un mero eufemismo para defender los curros de tres o cuatro delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselo a los alumnos y a los profesores”. Es decir, si no hubiera problema en la administración de los fondos, la UBA no tendría problema en permitir que se la audite, sin embargo, esto no se hace desde 2015. Milei dio a entender que el hecho de que no dejen auditar la universidad quiere decir que hay “curros” que no quieren que salgan a la luz.
Frente a los empresarios, el mandatario realizó un balance de estos 10 meses de gestión, manifestando un cambio de paradigma en el rumbo económico, donde se pudo estabilizar la inflación y la política monetaria, se redujo la carga estructural de la economía achicando el gasto público, y esto se ve reflejado en el aumento de confianza. Con un riesgo país que perforó los 1200 puntos y que con el kirchnerismo estaba alrededor de 3000 puntos.
En relación a la política económica, Milei se manifestó en contra de una devaluación, ya que esta medida rompería con la señal de precios y no lograría resolver el problema de fondo. En cambio, se expresó a favor de los empresarios, calificándolos de benefactores sociales: “Si Argentina va a empezar a generar un proceso de fuerte crecimiento económico, en la medida que ustedes empiecen a generar ese proceso, se van a generar ganancias extraordinarias. No les demos lugar a los zurdos de mierda que vengan a decir que eso está mal” manifestó frente al aplauso del público presente.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires volvió a detener a un adolescente de 16 años, esta vez tras robar un celular y una cadena de oro a dos mujeres en el barrio porteño de Recoleta. Se trata de la detención número 72 del joven en los últimos tres años, un claro ejemplo del fenómeno de la “puerta giratoria” que afecta al sistema penal cuando se trata de menores. En promedio, delinquió una vez cada quince días durante los últimos tres años.
El adolescente fue arrestado el pasado martes por personal de la Comisaría Vecinal 3A, luego de que las víctimas alertaran a las autoridades. Según el informe del Ministerio de Seguridad, el primer asalto ocurrió en la intersección de las calles Santa Fe y Coronel Díaz, mientras que el segundo tuvo lugar en Avenida Córdoba al 2600. Tras ser aprehendido, el menor fue trasladado al Instituto Inchausti por orden del Juzgado de Menores N°5, a cargo del juez Gonzalo Matías Oliver de Tezanos. Los agentes recuperaron los bienes robados, y el caso reabrió la discusión sobre la necesidad de modificar la legislación penal juvenil.
El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, reaccionó enérgicamente tras esta nueva detención. En su cuenta de Twitter expresó: “71 veces detenido. Entra y sale. Una vez cada 15 días. La Policía de la Ciudad hace muy bien su trabajo, pero así no se puede seguir”.
Wolff, al igual que el jefe de gobierno Jorge Macri, insiste en la urgencia de discutir un nuevo régimen penal juvenil, que permita castigar a los adolescentes reincidentes en delitos graves.
El menor acumula detenciones desde los 13 años y fue arrestado en diversas comunas de CABA, mayormente por robos y hurtos. Según datos del Ministerio de Seguridad, en los últimos ocho días la policía detuvo a 78 menores involucrados en hechos delictivos. Wolff destacó la eficiencia del trabajo policial, pero subrayó que sin una reforma legislativa, estos jóvenes seguirán siendo liberados tras cada detención.
Entrevistado por Radio La Red, el titular de la cartera explicó que la frecuencia con la que el joven es arrestado —una vez cada 15 días en promedio— evidencia la necesidad de modificar la ley para reducir la edad de imputabilidad. También señaló que muchos de estos menores provienen de familias disfuncionales, algunas de las cuales los educan para delinquir. En talsentido, planteó la posibilidad de retirar la “patria potestad” a quienes utilizan a sus hijos para actividades delictivas.
El 90% de los delincuentes viene del conurbano de Kicillof y la FURIA de la izquierda por la detención del delincuente
Además, el ministro dio otro dato alarmante: “Cerca del 90% de los delincuentes vienen del conurbano, de un conurbano que está con una enorme problemática también de control de este tipo de cosas”.
El arresto de este joven generó controversias políticas cuando la legisladora porteña de ultraizquierda, Alejandrina Barry, cuestionó el accionar policial. En redes sociales, Barry criticó duramente la detención de un “niño”, vinculándola a la campaña del gobierno porteño para bajar la edad de punibilidad. “Terrible. La policía de la ciudad detiene a un NIÑO en Corrientes y Esmeralda. La campaña constante de Wolff y Jorge Macri para bajar la edad de punibilidad de los adolescentes propicia esta brutal violencia contra nuestros pibes”, tipeó la burócrata.
En respuesta, Wolff defendió a la Policía de la Ciudad, argumentando que los oficiales actuaron conforme a los protocolos establecidos, y cuestionó la postura de Barry. “Felicito a nuestra policía que cumplió con su deber. El detenido lo fue en ocasión de tentativa de robo a un automovilista junto a dos cómplices. Intentó fugarse dos veces, razón por la cual fue esposado“, explicó el ministro, quien también lamentó que Barry compartiera públicamente el rostro del menor, lo que está prohibido por ley.
El accionar de los efectivos desató la ira del progresismo de las redes. Barry se apoyó en el tuit de Wolff y contestó: “Mostramos el accionar de su policía porque nos preocupa la integridad del niño, más cuando usted felicita que 3 policías actúen con esa violencia contra un chico asustado y llorando. A él y a todos los niños hay que garantizarles sus derechos, no llevarlos a la cárcel”.
Al enojo de la legisladora del Frente de Izquierda se le sumaron las declaraciones de, por ejemplo, Claudia Cesaroni, una abogada tuitera reconocida en esa red social por su férrea defensa a delincuentes: “Un niño, a lo sumo un adolescente. 13 años tiene este nene. Debería estar en su casa, en un club, en lo de un amigo. Pero estas basuras lo quieren meter preso, para reeducarlo”.
“Una escena que jamás de los jamases verían en Cuba”, remató.
La UCR, Pro y la Coalición Cívica impulsan iniciativas para restringir la “cuota solidaria” y limitar las reelecciones sindicales pero en el oficialismo dicen que “no es el momento” y en línea con el kirchnerismo, anunció que no acompañaría por el momento el dictamen para reformar la ley de Asociaciones Sindicales que buscaba limitar el poder de los gremios.
La firma del dictamen en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se esperaba avanzar con un proyecto común entre la UCR, Pro y la Coalición Cívica (CC) que buscaba modificar el modelo sindical, sobre todo en lo relativo a la recaudación y a la democracia interna de las organizaciones, se postergó a raíz de ese acuerdo.
“Lamentablemente, el Gobierno cachetea a [Pablo] Biró -secretario general del gremio de pilotos de Aerolíneas Argentinas (APLA)- para la foto, pero después se da vuelta y se abraza a los Gordos de la Confederación General del Trabajo (CGT)”, consideró Martín Tetaz, diputado de la UCR y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo.
“Es lamentable porque este es el cambio que necesita la Argentina: frenar la reelección de los sindicalistas, más libertad en las obras sociales, transparencia en los fondos de los sindicatos. No sé cuál es el cambio que venían a hacer”.
Las iniciativas apuntan a determinar las condiciones para integrar los órganos directivos de los sindicatos, limitar los mandatos de los delegados, definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, incorporar el criterio de paridad de género y eliminar las “contribuciones solidarias” para los no afiliados, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad que es pactada en los convenios colectivos y que es hoy uno de los principales sostenes económicos de los gremios.
Estas reformas son fuertemente resistidas por la CGT y las dos vertientes de la CTA, que ven amenazado como nunca antes su poder de caja y representación.
Sin el acompañamiento de los cinco libertarios que conforman la Comisión de Legislación del Trabajo –Pablo Ansaloni, Manuel Quintar, Marcela Pagano, Alida Ferreyra y Lorena Villavede-, se obstruyó la firma de un dictamen. Con 12 representantes, la CC, el Pro y la UCR necesitaban del aval del oficialismo para obtener la mayoría de los 31 miembros.
Los diputados del bloque de Unión por la Patria (UxP), que también ofician como dirigentes sindicales, ya habían anticipado su rechazo a los proyectos que apuestan a limitar y transparentar el poder de los gremios. En tándem con los referentes de la CGT, aceleraron las conversaciones con todos los miembros de la comisión para frenar la avanzada.
“[Héctor] Daer también jugó fuerte hablando con los diputados que él conocía y supongo que con [Guillermo] Francos en el gobierno”, confirmó uno de los legisladores kirchneristas. En el oficialismo niegan rotundamente cualquier acuerdo con la bancada liderada por el santafecino Germán Martínez.
Miguel Ángel Pichetto ofició a favor de los gremios y evitó que avance la reforma sindical. El líder de Encuentro Federal fue el principal detractor de los cambios laborales que había impulsado el bloque radical durante la discusión de la Ley Bases. El experimentado legislador hace un delicado equilibrio y prioriza la institucionalidad. Antes que cualquier reforma de peso, pretende sancionar el Presupuesto 2025.
El oficialismo justificó su decisión con el argumento de estar disconformes con la conducción de Tetaz, quien hace más de dos meses está al frente de la puesta en común de un texto que aglutine a los 26 proyectos en discusión.“Nunca nos llamó”, brama un referente del bloque libertario sobre el legislador radical, quien subrayó el vaivén de vínculo de la UCR con el Gobierno.
“Es un proyecto nuestro, nosotros impulsamos esta reforma”, señalan en el oficialismo. No descartan impulsar su propios cambios en el corto plazo. El primer intento del Gobierno fue en el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei, que está suspendido a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.
“Esta claro que este Gobierno está asociado, como el anterior, a las mafias sindicales”, bramó Mónica Frade, de la Coalición Cívica, al enterarse de la postergación de la reunión.
Karina Milei mandó a medir la intención de voto del vocero Manuel Adorni en Provincia de Buenos Aires con la clara intención de bloquear la candidatura de José Luis Espert, empujado por el presidente para encabezar las listas libertarias en ese distrito en 2025.
Fuentes de Casa Rosada revelaron que la hermana del Presidente piensa en el vocero, a pesar de que su figura se medía para competir en Capital Federal. Desde el Congreso, en tanto, confirmaron que Adorni es platense, punto a favor para candidatearse en suelo bonaerense.
Adorni hizo la secundaria en el colegio San Luis y trató sin éxito de recibirse en la Universidad Nacional de La Plata como economista. La exigencia de esa carrera lo obligó a cambiarse a la UADE para terminar como contador.
Varios medios, ya habían informado en junio pasado que Karina ubicó a su armador, Sebastián Pareja, como presidente del partido La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, una vez que la Justicia le otorgó el reconocimiento provisorio al sello. Esa maniobra le serviría para frenar la candidatura de Espert, catapultado por el propio Jefe de Estado como primer candidato a diputado en esa jurisdicción para el año próximo.
En el oficialismo es un secreto a voces que Karina desprecia profundamente al economista pero es Milei quien lo venera y lo llama “profe” en público. “Lo loco es que Espert, en privado, dice barbaridades de Milei pero Milei es el único que lo sostiene”, dijeron.
La bronca de la secretaria general de la Presidencia con Espert derivó en la evaluación acerca de la posibilidad de que fuera ella misma quien encabezara la boleta bonaerense en las elecciones de medio término.
Karina, Lule Menem y Pareja estudiaron a cada paso la forma de frenar la candidatura del diputado que preside actualmente la comisión de Presupuesto en la Cámara Baja y pretenden limitarlo a punto tal de dejarlo sin un solo concejal en las listas.
Entre los diputados libertarios descreen que el gobierno traslade la candidatura de Adorni a PBA. “El candidato es Espert“, aseguró un legislador.
No obstante, en otro despacho oficialista abrieron el paraguas. “Es una práctica habitual medir en los dos lados”, deslizaron en referencia al distrito porteño y la provincia, pero también admitieron que el vocero presidencial “tiene la doble posibilidad porque es platense”.
El último lunes de septiembre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero; y el asesor presidencial, SantiagoCaputo, mantuvieron una reunión con una comitiva de la Confederación General del Trabajo, integrada por los más influyentes secretarios generales.
El resultado del encuentro fue un acuerdo que coloca a los gordos de la CGT en una posición de poder dentro de la reglamentación de la reforma laboral, debilitando la implementación del crucial artículo que prohíbe los bloqueos sindicales.
De esta manera, la cúpula cegetista hizo retroceder al Gobierno, logrando frenar la correcta implementación del artículo anti-bloqueos de la reforma laboral. A pesar de que el artículo que permite el despido justificado por bloqueos sigue en la reforma laboral aprobada en la Ley Bases, su aplicación será notablemente limitada.
Ahora, la implementación del mismo estará sujeta a la evaluación de una mesa tripartita conformada por el gobierno, líderes sindicales y empresarios. Esta mesa será la encargada de revisar cada denuncia por bloqueo, en lo que parece ser una clara concesión a las presiones de los sindicatos.
Del encuentro, celebrado en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, participaron Héctor Daer (Sanidad y secretario general de la CGT), Carlos Acuña (Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), Jorge Sola (Sindicato del Seguro); Andrés Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (UOCRA); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Cristian Gerónimo (Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, Seivara); RobustianoGeneiro (UTHGRA); Maia Volcovinsky (UEJN); LuzMarinaJaureguiberry (SADOP); Sergio Romero (UDA); Roberto Fernández (UTA); y Daniel Ricci (FEDUN).
“Libertarios”, kirchneristas y los gordos de la CGT, unidos
Entrevistado por periodistas acreditados en Casa Rosada, el secretario general de la CGT y del gremio de trabajadores de sanidad, Héctor Daer, no pudo disimular su alegría tras el cónclave: “Para nosotros fue fundamental venir, ser convocados. Tenemos una preocupación muy grande que es producto de la Ley Bases, un artículo que modifica el artículo 242, que es despido con causa de la Ley de Contrato de Trabajo”.
Fuentes que participaron del encuentro de ayer comentaron acerca de la influencia de Santiago Caputo en el acuerdo. El asesor presidencial logró establecer un vínculo cercano con líderes sindicales, quienes se sorprendieron ante su “habilidad” para comunicarse a la hora de poner sobre la mesa los negociados políticos: “El pibe habla el mismo idioma”, dijeron fuentes de la CGT al diario Clarín.
Además, un sector del Gobierno dijo que no apoyará el proyecto de Democracia Sindical, redactado por el PRO y la UCR, que busca limitar los mandatos de los delegados y definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, entre otros puntos. La semana pasada, La Libertad Avanza pidió demorar su tratamiento para priorizar el Presupuesto 2025 y la privatización de Aerolíneas Argentinas.
La estrategia de Caputo para lidiar con los sindicatos chocó con la postura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien busca limitar la influencia de los sindicatos y reducir lo que considera privilegios excesivos.
El artículo 242, modificado por la Ley Bases, permite el despido con causa por bloqueos al considerarlos como una injuria laboral grave. Los sindicalistas consideran que la redacción del artículo es “ambigua”, especialmente en lo que respecta a la diferenciación entre bloqueos "totales" o "parciales". Argumentan que esto podría perjudicar el derecho a huelga, ya que acciones como una asamblea en el comedor de una empresa podrían interpretarse como un bloqueo parcial y, por lo tanto, justificar un despido.
Rápidamente, Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) cuestionó el acuerdo con la CGT, pidió tener un lugar en la mesa de diálogo y repudió la decisión del Gobierno de atenuar la legitimidad del artículo que combate a la medida extorsiva de los sindicatos.
A través de un comunicado, el presidente de la entidad que reúne a empresas afectadas por bloqueos, Juan Méndez, definió a la demanda de la CGT como un "dislate" que "transformará en letra muerta lo que el Congreso de la Nación ha sancionado y está vigente" ya que "integra al sindicalismo para reglamentar una práctica ilegal que ellos mismos llevan adelante".
Existe una fuerte desconfianza hacia las intenciones de la CGT. Importantes empresarios consideran que los sindicatos buscarán utilizar la reglamentación para diluir el impacto del artículo anti bloqueos y dificultar el despido de trabajadores que participen de la medida extorsiva.
Consultada por DATA24.COM.AR, la diputada nacional del PRO y fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, Verónica Razzini, dijo que ley ya es clara en ese punto y que la CGT busca confundir el derecho a huelga con el delito de bloqueo: “La estrategia (de los síndicos) es confundirnos. Disfrazan la medida extorsiva, y la disfrazan de asamblea o huelga, pero detrás hay un bloqueo”.
Razzini enfatizó que, tanto la huelga como la asamblea, están protegidas por la Constitución, pero “el bloqueo es un delito que debe ser sancionado”. Actualmente, el bloque PRO trabaja en un proyecto para que el Congreso integre a los bloqueos dentro del Código Penal. “El día que tengamos la tipificación penal del delito de bloqueo, entonces vamos a poder poner blanco sobre negro y ya no va a existir confusión alguna: La huelga es hasta este punto, de este punto en adelante estás perpetrando un bloqueo y eso es delito. Esta es una manera de proteger a los trabajadores también”.
"Celebro que el tema de los bloqueos forme parte de la agenda del Gobierno. Entiendo que tal vez hoy son momentos políticos álgidos y que el Ejecutivo prefiera bajar el perfil. Javier Milei fue categórico en su discurso en la apertura de sesiones. Habló de la democratización sindical, habló de los bloqueos. Me parece que sí corresponde sentarse a charlar con la CGT, pero no podemos dar ni un paso atrás en lo que hemos logrado hasta aquí", sentenció la diputada y empresaria santafesina.
En una encendida intervención, el jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, justificó el apoyo de su partido al veto presidencial que bloquea la Ley de Financiamiento Universitario. En su discurso, el legislador señaló que la medida era necesaria para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos y criticó la herencia económica dejada por el gobierno de Alberto Fernández, la cual, aseguró, tuvo un impacto devastador en el sistema educativo.
“Tenemos que entender cómo llegamos hasta acá, por qué las universidades y el resto del sector público están como están hoy en la Argentina”, afirmó Ritondo al inicio de su intervención, apuntando directamente a la gestión económica de la administración anterior, a la que calificó como “el peor gobierno de la historia”. Según Ritondo, las políticas populistas implementadas en ese periodo llevaron al país a una crisis económica sin precedentes, aumentando el gasto público y provocando un déficit récord. “Nos dejaron una bomba que todos sabíamos que había que desactivar”, subrayó.
El veto presidencial, publicado en el Boletín Oficial a través del decreto 879/24, generó una intensa discusión en la Cámara Baja. La medida fue tomada tras la aprobación de una ley que buscaba ampliar los recursos destinados a las universidades públicas. No obstante, Ritondo y su bloque consideran que, antes de aumentar el financiamiento, es necesario garantizar una mayor rendición de cuentas en cómo se administran estos fondos.
El presidente del bloque también defendió la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires: “Nosotros somos parte de un partido político que transformó la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires“, afirmó, haciendo referencia a las mejoras en infraestructura y al incremento de la matrícula escolar pública. Además, subrayó el “compromiso” del actual jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, con la continuidad de esta “nueva transformación” en la educación.
En este sentido, el legislador criticó duramente la situación de la educación pública en la provincia de Buenos Aires de Kicillof bajo la influencia del oscuro dirigente sindical, Roberto Baradel. “Si la educación pública es la de Baradel, pobre los argentinos”, exclamó, aludiendo a la falta de avances significativos durante los últimos años y a la complicidad de algunos sectores con la crisis inflacionaria que ha afectado los salarios docentes.
En otro tramo de su discurso, Ritondo criticó al gobierno anterior por la situación en la que dejó al país en diciembre, antes de la asunción de la nueva administración. “La inflación acumulada de más de 1.000% y un Estado con reservas negativas de más de 15.000 millones de dólares es lo que nos dejaron”, acusó, resaltando que esta herencia condiciona las políticas actuales y dificulta las mejoras en el ámbito educativo.
No obstante, reconoció la legitimidad de los reclamos docentes, que exigieron mejores condiciones laborales y salariales. Sin embargo, fue enfático al exigir una mejor gestión del presupuesto educativo por parte del actual gobierno. “A esta altura exigimos una mejor gestión”, afirmó señalando la falta de avances en organismos de control clave como la Auditoría General de la Nación, la cual no fue conformada (pese a su importancia para auditar los gastos en las universidades).
Sobre el final de su discurso, Ritondo hizo un llamado a la responsabilidad política, instando a no repetir los errores del pasado que, según él, llevaron al país a la crisis actual. “No se puede mejorar ni la educación pública ni ninguna política pública si volvemos a quebrar el Estado”, advirtió, refiriéndose al ciclo de déficit y emisión monetaria que destruyeron la economía argentina y profundizado la pobreza.
El jefe del bloque PRO dejó en claro que su partido continuará defendiendo el veto presidencial, destacando la importancia de la coherencia política en tiempos de crisis. “Somos el cambio o no somos nada”, concluyó.
El Ejecutivo cedió ante las demandas de la CGT y permitió que los sindicatos formen parte de la reglamentación del artículo que sanciona los bloqueos sindicales, una medida clave para combatir prácticas extorsivas.
La inflación más baja de los últimos 3 años no es casual. Es consecuencia de un Gobierno que no emite más; que todos los días achica el gasto público de un Estado que era elefantistico; que sostiene el superávit fiscal a pesar de los embates populistas que buscan romper la caja;…