16 marzo, 2025

Los detalles del megadecreto de Milei: Internet y educación serán servicios esenciales

Estos dos se sumarán a la categoría de trascendentales, al igual otro extenso listado que sustituirá a la ley anterior que únicamente contemplaba los servicios hospitalarios; agua; energía eléctrica; gas y el control del tráfico aéreo.
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Este miércoles a la noche, el presidente Javier Milei junto a su gabinete de ministros, dieron detalles del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica con el dispusieron la sustitución del Artículo 24 de la Ley N° 25.877 por un nuevo artículo que establece que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos” a nuevos “garantías de prestación de servicios mínimos”, entre tantos otros ítems.

Milei anunció el DNU para desregular la economía: “Diseñamos un plan de estabilización de shock”

El Presidente dio un mensaje en cadena nacional junto a su Gabinete para dar a conocer la norma troncal de su gestión. “Estamos haciendo el máximo esfuerzo p…

De esta forma, dispuso que en los servicios esenciales “en ningún caso podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare”. El artículo menciona que se considera como esenciales a:

  • Aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario
  • Producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica
    Telecomunicaciones, incluyendo Internet y comunicaciones satelitales
  • Servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior
  • Cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”.

CUÁLES SON LOS SERVICIOS TRASCENDENTALES

Sobre este punto, el DNU detalla que en el caso de las actividades o servicios de importancia “trascendental”, en ningún caso “se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.

Patricia Bullrich on Twitter: “Si no es todo, es nada.¡El cambio en marcha a toda velocidad! pic.twitter.com/nUMpCjDDKf / Twitter”

Si no es todo, es nada.¡El cambio en marcha a toda velocidad! pic.twitter.com/nUMpCjDDKf

Pero, ¿Qué significa “trascendentales”?: Por trascendentales el artículo define a las actividades de “producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios; transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin; servicios de radio y televisión; actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera; industria alimenticia en toda su cadena de valor”.

Así como también la “producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios portuarios y aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor; y los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico“.

https://twitter.com/Letra_P/status/1737248081417023761?s=20

Esto marca una diferencia con la ley anterior (25.877) que consideraba “esenciales” únicamente a los “servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”.

Por otra parte, el DNU establece que “una comisión independiente y autónoma, denominada Comisión de Garantías, integrada según se establezca en la reglamentación, por cinco (5) miembros de reconocida solvencia técnica, profesional o académica en materia de relaciones del trabajo, podrá calificar como ‘servicio esencial’ o servicio de importancia ‘trascendental’ una actividad no incluida en las enumeraciones precedentes” cuando se presentaran las “circunstancias” determinadas como “extensión y duración de la interrupción de la actividad de que se tratare pudiere poner en peligro la vida, salud o seguridad de las personas” y cuando la “actividad afectada constituyere un servicio público de importancia trascendental o de utilidad pública”.

Por último detalla que, cuando se produzca la “interrupción o suspensión del servicio pudiere provocar una situación de crisis nacional aguda que hiciere peligrar las condiciones normales o de existencia de parte de la población”, y cuando “la interrupción o suspensión de la producción pudiere poner en peligro el adecuado abastecimiento de productos críticos para la población y/o afectar metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”.

Redacción

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Macri afirmó que la protesta fue un “intento de desestabilización democrática”

El expresidente Mauricio Macri aseguró que los incidentes ocurridos ayer por la tarde en las inmediaciones del Congreso durante la manifestación de jubilados, gremios, organizaciones sociales e “hinchadas” buscaron desestabilizar a un gobierno democrático. En un extenso mensaje, recordó los hechos de diciembre de 2017, cuando intentó impulsar cambios en la ley de jubilaciones y se produjeron graves disturbios con “palos, piedras y bombas molotov” en la Plaza de los Dos Congresos.

“En 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por diputados del peronismo y de izquierda que buscaban crear un caos estratégico. Aquella escena tenía como objetivo directo desestabilizar a mi gobierno para que terminara mi mandato a la brevedad. Fue un auténtico intento de golpe de Estado, alentado y perpetrado por dirigentes opositores. Fracasaron, pero produjeron un daño inmenso”, expresó Macri en su comunicado, aludiendo a los episodios de aquella jornada que en su momento dejó la célebre frase “nos tiraron 14 toneladas de piedra”.

El exmandatario consideró que, en la protesta de ayer, se repitió el mismo patrón y apuntó contra barrabravas, a quienes acusó de actuar coordinadamente para provocar y atacar a la Policía. “Ayer, en una escena idéntica, se movilizaron con el nombre de ‘hinchadas argentinas’ a barrabravas de distintos equipos de fútbol para ejecutar una nueva desestabilización de la democracia. Escudados en algunos pocos jubilados, los barrabravas pusieron en práctica los tres movimientos que repiten en estas situaciones: provocar a la policía, atacarla, victimizarse”, sostuvo.

Macri enumeró que, en su visión, estos grupos primero buscan “desequilibrar a las fuerzas para generar una reacción”. Si eso no sucede, “pasan a atacar a la Policía con piedras y palos” y, cuando hay una respuesta “proporcional”, comienza la etapa de “victimizarse”. “El objetivo final que persiguen es crear en la opinión pública una imagen de alocada violencia estatal contra personas inocentes y trabajadoras que justifique interrumpir el orden democrático”, afirmó. Aseguró que en la movilización hubo consignas como “Esto no es democracia” y “Hay que sacarlos, ya”, a las que calificó como “golpistas”.

En el final de su mensaje, Macri se pronunció “en nombre de Pro”, fuerza política aliada al Gobierno pero con fricciones electorales recientes. “Los argentinos tienen que saber que nuestro compromiso con defender la ley y las instituciones es total. Repudiamos el ruin uso de la violencia y el desorden que vimos ayer para desestabilizar a un gobierno democrático. Lamentamos los heridos de gravedad que produjo esta acción irresponsable. El Pro no permitirá que los matones ocupen el lugar de la República”, concluyó.

Las autoridades nacionales, encabezadas por el presidente Javier Milei, también se manifestaron. Cuando terminaron las protestas, el Gobierno difundió un comunicado en el que confirmó que hubo 26 efectivos de las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad heridos, uno de ellos con un balazo en el brazo. Además, fueron detenidas 124 personas, de las cuales 114 quedaron en libertad por decisión de la Justicia.

Redacción

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Funcionaria de Kicillof gastó $18 millones en un proyector

El Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, presidido por la excandidata a intendente de La Plata, Florencia Saintout, se encuentra en el centro de la polémica tras la publicación del procedimiento abreviado 547-0477-PAB25. El objetivo de esta licitación es la adquisición de un proyector de imágenes por un monto de 18 millones de pesos, en un contexto donde la provincia enfrenta serios problemas financieros.

Mientras la economía bonaerense se encuentra en una situación crítica y el gobernador Axel Kicillof es instado a priorizar gastos esenciales como la seguridad y la adquisición de patrulleros, el Instituto Cultural decide invertir una suma millonaria en un proyector. Preocupantemente, especialistas en tecnología han advertido al medio REALPOLITIK que existen proyectores profesionales con tecnología 4K de 8 mil lúmenes a un costo aproximado de 400 mil pesos, lo que genera dudas sobre la elección de un modelo considerablemente más costoso.

Otro aspecto que genera controversia es la escasa disponibilidad del modelo seleccionado. Varios proveedores de tecnología han advertido que podría tratarse de una adquisición con sobreprecio, dado que proyectores con características similares se comercializan a valores mucho más bajos. “Es probable que terminen ofreciendo un producto similar al solicitado por la provincia, pero con un costo hasta diez veces menor al que Saintout está dispuesta a pagar”, señalan especialistas del sector.

La decisión del Instituto Cultural no sorprende en el marco de otras políticas de gasto que han generado malestar en la opinión pública. Recientemente, Saintout ha destinado millonarios fondos a la financiación de murgas y batucadas, con el argumento de respaldar el carnaval como parte de la identidad cultural bonaerense. Si bien estas iniciativas pueden tener un valor simbólico, resulta contradictorio que se asignen presupuestos multimillonarios a eventos recreativos mientras otras áreas claves como salud, educación y seguridad atraviesan una crisis sin parangón.

Este no es el único gasto de Saintout que ha despertado críticas. Recientemente, el Instituto Cultural aprobó una licitación por 1.452 millones de pesos para la limpieza de sus oficinas y dependencias, una cifra que, según consideran empresarios expertos en la materia, es a todas luces desproporcionada. Este gasto se aprobó poco después de que el gobernador Kicillof advirtiera sobre la grave crisis económica de la provincia y las dificultades para cumplir con los salarios estatales. Además, el pliego licitatorio permite ampliar el monto en un 35 por ciento, lo que podría elevar aún más el gasto total.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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Peretta explotó contra los laboratorios por el aumento de los medicamentos: “Son financistas de todos los gobiernos”

En una entrevista reciente con Eduardo Prestofelippo —más conocido como El Presto—, el Secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, cuestionó la relación entre la industria farmacéutica y el Estado, denunciando un entramado de intereses que impacta en el precio y el aumento a los medicamentos.

“Cuando a vos te financia un laboratorio, después ya perdés autonomía. No podés legislar para bajar el precio y eso es lo que le pasa a este gobierno; en honor a la verdad, no solo a este”, destacó el candidato a legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la conversación, el especialista y dirigente político expresó su preocupación por la “connivencia” entre ambos sectores y el “acuerdo” que, según este, beneficia a las grandes corporaciones en detrimento de la población. Peretta explicó que los laboratorios financian campañas políticas con “millones de dólares” y, en consecuencia, “se aseguran de que el Ministro de Salud de turno, que el Director de PAMI, que el Titular de la ANMAD, sean ellos”.

“El PAMI tiene una fórmula especial para que no aumente tanto como la inflación, pero tampoco se cumple”, enfatizó Peretta, añadiendo: “El Precio de Venta al Público (PVP) tiene una evolución determinada, pero en el caso del PAMI, ese valor no se aplica directamente. En su lugar, se utiliza una fórmula especial cuya lógica es difícil de comprender, ya que es establecida por la propia industria farmacéutica, es decir, los laboratorios y las empresas de publicidad”.

Para el sindicalista, este vínculo entre los sectores impide la toma de decisiones que frenen el encarecimiento de los medicamentos, un mercado “totalmente concentrado” y “oligopólico”. Peretta reveló que de los 300 laboratorios existentes en el país, solo 60, es decir, el 20%, controlan el 80% o 85% del mercado.

“De los 8 mil millones de dólares que factura la industria farmacéutica argentina por año, los 60, o sea, este 20%, tienen el 85%… Es una locura”, declaró de forma contundente.

Como doctor en Farmacia y Bioquímica por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Peretta también se refirió al aumento de los medicamentos durante la gestión de Javier Milei. En este sentido, denunció que “durante el primer año de gestión aumentaron un 220%, mientras que la inflación fue de 117,8%”.

“Vos no podés sacar hoy en el 2025 una fórmula que no se condice con la verdad”, cuestionó Peretta, agregando: “Hablando de medicamentos, decís que aumentaron 2,8% y el que menos aumentó fue de casi 6,2% y nosotros tenemos que poner la cara en la farmacia. Estás mintiendo”.

En su análisis, aprovechó para destacar su visión de que el sindicalismo ha estado históricamente “muy atado a los gobiernos y muy alejado de los trabajadores”, lo que ha devenido en problemas estructurales como los antes mencionados y la alta informalidad laboral actual. Como ejemplo, mencionó la existencia de “9 millones de trabajadores en negro en la República Argentina”, de los cuales “500.000 (son) trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Hay poca competencia, hay 18 prepagas nada más, cuando da para mucho ser un mercado. Especialmente ahora que vos podes segmentar los planes en diferentes niveles: básico, intermedio y full. Pero el Estado tiene que estar para no olvidarse del paciente”, remarcó Peretta.

El aumento de las cuotas de las prepagas también es otro factor crítico, con muchos afiliados que terminan recurriendo al sistema público de salud, lo que genera una “saturación” en el sistema de salud público de CABA, que solo cuenta con 35 hospitales.

“Las guardias están colapsadas y los trabajadores de la salud no reciben una remuneración adecuada. Mientras tanto, el ministro de Salud, Fernán Quirós, totalmente ausente”, puso de relieve Peretta.

Durante el año pasado, las empresas de medicina privada subieron sus tarifas en un 124%, casi el doble de la suba registrada. A pesar de las denuncias y sanciones impuestas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), las subas continúan sin regulación efectiva. En este sentido, se critica la falta de intervención del Ministerio de Salud, cuyo titular, Mário Antonio Russo, está vinculado a una empresa de medicina prepaga.

Redacción

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Feministas de ultra izquierda se movilizaron en apoyo al uso del hiyab en escuelas: “Que prohíban la religión católica”

Decenas de estudiantes de Parla (Madrid) llevaron a cabo una manifestación en respuesta a la normativa de varios institutos locales que prohíbe el uso de prendas que cubran la cabeza en el aula, incluyendo el hiyab. La movilización adquirió notoriedad luego de que se viralizara un video en el que los manifestantes dirigían consignas partidarias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La difusión del material audiovisual generó una fuerte reacción pública y avivó el debate sobre los límites de la protesta y la instrumentalización política del movimiento estudiantil.

En las imágenes difundidas, los estudiantes entonaban cánticos como “Ayuso, escucha, eres una racista”, “Mi hiyab, mi derecho a la educación sin exclusión” y “Prohibir el hiyab es racismo disfrazado de laicismo”, en rechazo a la aplicación de un reglamento que prohíbe cubrir la cabeza en los institutos IES Nicolás Copérnico, IES Narcís Monturiol y IES Humanejos.

Dicha normativa, vigente desde antes de 2017, establece en su artículo 22 del Reglamento de Régimen Interno que “los alumnos no podrán usar prendas de vestir para cubrir completamente la cabeza: gorros, gorras, pasamontañas, pañuelos en el pelo, incluido el hiyab”. La regulación fue aprobada mediante los órganos competentes de los centros educativos, incluyendo el claustro y el consejo escolar, lo que refuerza su carácter democrático y deliberativo.

Pese a que la normativa se estableció de manera institucional, el Sindicato de Estudiantes, organización de extrema izquierda, lideró la convocatoria, calificando la prohibición como una “imposición racista” y un “ataque deliberado contra la comunidad musulmana”. En sus comunicados, el colectivo denunció la medida como una muestra de “discriminación sistémica” y exhortó a una “respuesta masiva en las calles”.

Los manifestantes, además de lanzar insultos, desplegaron pancartas con consignas llamando a la huelga general y a la “acción directa” para frenar lo que consideran una política excluyente. Paralelamente, diversos sectores de la sociedad cuestionaron la pertinencia y la efectividad del enfoque adoptado por los organizadores.

El conflicto se intensificó en el IES Narcís Monturiol, donde el director del centro, Alfonso Sanguino Medina, retuvo a varias estudiantes bajo el argumento de que no contaban con autorización de sus padres para participar en la protesta. Además, según denuncias del Sindicato de Estudiantes, algunos docentes programaron exámenes el mismo día de la manifestación para disuadir la participación de las alumnas.

Lejos de generar consenso, la manifestación recibió críticas desde diversos sectores, incluyendo académicos y colectivos feministas, quienes señalaron que el tono de la protesta distorsionaba el debate sobre la autonomía de los centros educativos y el principio de laicidad. En redes sociales, múltiples usuarios cuestionaron la pertinencia de los ataques dirigidos a Ayuso, argumentando que la medida fue adoptada por los propios institutos y no por el Ejecutivo regional.

Desde la dirección del IES Nicolás Copérnico, se emitió un comunicado aclarando que “ninguna norma es el resultado de la decisión unilateral y arbitraria de ningún miembro del equipo directivo, sino que es el resultado de una decisión colectiva y democrática en los órganos competentes”. También advirtieron sobre la interferencia de agentes externos en asuntos internos del ámbito educativo y rechazaron la convocatoria del Sindicato de Estudiantes a interrumpir las actividades académicas, señalando que las manifestaciones deben enmarcarse dentro de los cauces institucionales de diálogo y deliberación.

Los panfletos difundidos por el Sindicato reflejaron un discurso polarizante, caracterizado por una confrontación abierta con las autoridades educativas y la administración regional. En sus proclamas, el colectivo calificó la prohibición del hiyab como “racismo putrefacto”, acusó a Ayuso de ser “una fascista” y convocó a una “insurrección estudiantil” como respuesta a las políticas educativas del gobierno autonómico.

Asimismo, denunciaron que algunas alumnas fueron “reprimidas” por intentar sumarse a la manifestación, aunque esta versión fue desmentida por la dirección de los centros. La narrativa utilizada por el sindicato, cargada de referencias a la “resistencia contra la represión”, fue expuesta como una estrategia de instrumentalización política del malestar estudiantil.

“QUE PROHÍBAN LA RELIGIÓN CATÓLICA”

La secretaria general del Sindicato, Coral Latorre, pronunció un virulento discurso el pasado miércoles a las puertas de los institutos y sugirió prohibir el catolicismo: “Si tan laicos son, que prohíban la religión católica”.

El clima de protesta no se limitó a Parla. El 23 de febrero, 150.000 personas se movilizaron en Madrid contra las políticas educativas de Ayuso. La marcha fue organizada por la Plataforma Menos Lectivas, el Sindicato de Estudiantes y diversos colectivos combativos, en rechazo a lo que consideran un proceso de privatización de la educación pública en la Comunidad de Madrid.

Desde el gobierno local se reiteró que los centros educativos poseen autonomía para establecer sus reglamentos internos y que la aplicación de la normativa se enmarca dentro de un proceso democrático y deliberativo.

El Ayuntamiento de Parla trató de calmar las aguas hace unos días cuando el lunes se reunió con los directores de los institutos señalados así como con el Sindicato de Estudiantes. Sin embargo, no consiguieron llegar a un acuerdo entre las partes. Entonces, el movimiento estudiantil se reafirmó en su intención de ir a huelga y acusó a los institutos de “menosprecio y criminalización, llegando incluso a culpabilizarlos por pintadas islamófobas que han aparecido en la ciudad”.

Redacción

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Grabois amenazó a Milei: “Quiero que se caiga el Gobierno”

Juan Grabois, agitador social y referente del partido Frente Patria Grande, ha realizado recientemente varias declaraciones contundentes respecto a supuestos intentos de desestabilización o llevar adelante “un golpe” contra el gobierno del presidente Javier Milei. Sus pronunciamientos en una entrevista al medio Somos Gelatina, han generado controversia en el escenario político, excusándose de que “todavía pensar es legal”.

“Quiero que se caiga el gobierno y quiero que Milei no sea más presidente”, afirmó Grabois, remarcando sostener esa postura.

El exprecandidato a presidente por Unión por la Patria enfatizó la necesidad de utilizar herramientas institucionales para interrumpir el mandato presidencial, mencionando “el juicio político, la lucha popular por la renuncia”, recordando que “eso ha pasado en la historia argentina”.

“Nuestro pueblo sacó al incompetente de De la Rúa y a la asesina de Patricia Bullrich”, sostuvo, en una dura acusación contra la actual ministra de Seguridad.

Grabois destacó, asimismo, la tensión generada por la politización de ciertos espacios y por la influencia de la política partidaria en la toma de decisiones. Recordó sus propias experiencias y la evolución de su rol dentro del movimiento sindical.

“La resistencia no violenta no implica estar paradito dejando que te peguen… Tenés que estar dispuesto a sacrificar algo”, subrayó Grabois, añadiendo: “Yo cuando era pibe iba recontra al frente y ahora me tocó otro rol, pero yo lo felicito a esos pibes que van al frente porque son los que verdaderamente están poniendo el cuerpo a los jubilados.”

“Es la toma por asalto del poder de los multimillonarios, es el gobierno Elon Musk. Es el anarcocapitalismo, es el capitalismo sin gobierno, sin contralógicas, ni de lo público ni de lo comunitario”, afirmó, utilizando metáforas.

Redacción

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La Policía bonaerense rechazó el escaso aumento de Kicillof y alertó sobre un posible acuartelamiento

La Policía bonaerense rechazó la propuesta de aumento salarial del 9% que ofreció el gobierno de Axel Kicillof y anunció la posibilidad de un paro total de actividades. Decenas de agentes, retirados y familiares se congregaron en Puente 12, en el cruce de la Autopista Ricchieri y Camino de Cintura, partido de La Matanza, para exigir una suba del 100% en el sueldo básico y denunciar el hostigamiento que, según afirmaron, incluyó el uso de un helicóptero con el fin de provocar fuertes ráfagas de viento y dispersar la protesta.

Los manifestantes expusieron su malestar al considerar insuficiente el 9% de aumento en un contexto de inflación y creciente inseguridad en la provincia de Buenos Aires. La protesta se desarrolló desde la mañana del lunes 17 de febrero y se extendió hasta el día siguiente, cuando un grupo de efectivos aseguró que, de no alcanzar un acuerdo, se tomarían medidas de fuerza más drásticas. También remarcaron la necesidad de reincorporar a los policías que fueron desafectados por anteriores movilizaciones y se quejaron por la falta de respuesta oficial a sus reclamos.

Entre las sanciones más recientes, la Auditoría General de Asuntos Internos desafectó a 14 policías en Ituzaingó. Según un vocero de seguridad, los oficiales dejaron sus tareas de patrullaje y se apostaron en una estación de servicio para tocar sirenas y bocinas como forma de reclamo. La Fiscalía Descentralizada N.º 1 de Morón los imputó por “incumplimiento de los deberes de funcionario público e intimidación pública”. 

– Los policías protestando en Ituzaingó

Además, hubo otras 16 sanciones hasta completar un total de 30 efectivos desafectados en varios puntos de la provincia. En este contexto, los efectivos denunciaron que estas medidas disciplinarias buscan acallar los reclamos salariales y laborales que ya llevan años sin respuestas concretas.

– El ministro de Seguridad de Buenos Aires junto al gobernador Kicillof

Los integrantes de la fuerza difundieron un extenso petitorio dirigido al Ministerio de Seguridad bonaerense, donde exigieron la mejora de sus condiciones laborales y el incremento del salario básico, que actualmente ronda los $667.881 para un oficial de policía con el último ajuste (aunque algunos efectivos aseguraron que, con descuentos, apenas alcanzaron los $680.000). Según los manifestantes, este salario los ubica en una situación de indigencia si se considera el costo de vida actual y el valor de la canasta básica.

En el documento, fechado el 17 de febrero de 2025, resaltaron diez puntos centrales:

  1. Que no haya ningún tipo de sanción administrativa ni represalia
    para el personal que concurrió a las convocatorias pacíficas por este reclamo.
  2. Aumento del 100% del sueldo básico
    (señalaron que un oficial cobraría $667.881 a partir del 1 de marzo y que se necesitan $1.033.716 para no ser pobre).
  3. Obra social IOMA
    (solicitaron más prestadores, pago puntual a los profesionales y entrega de medicamentos).
  4. Correcta atención por parte de Provincia ART
    (denunciaron abandono en traslados e insumos para el personal herido).
  5. Horas Co.Re.S (horas extra)
    (exigieron elevarlas de $1.200 a $12.000 y que no se recargue de manera obligatoria).
  6. Readecuación de destino
    (pidieron trabajar a no más de 50 km del domicilio y contar con viáticos de distancia).
  7. Gabinete de asistencia psicológica las 24 horas
    (informaron 44 suicidios en 2024 y 6 casos en lo que va de 2025).
  8. Asistencia psicológica, legal y social para heridos y familiares de caídos
    (criticaron la falta de cobertura integral para quienes sufren hechos violentos en acto de servicio).
  9. Reincorporación del personal en disponibilidad desde 2021
    (por la convocatoria de septiembre de 2020).
  10. Creación de planes de vivienda
    (señalaron que un oficial paga $450.000 de alquiler sobre un sueldo de $667.881 y que muchos terminan trabajando de Uber para subsistir).

Un miembro de la fuerza que se encontraba presente en la protesta explicó a DATA24.COM.AR la crisis salarial: “El policía arriesga su vida por 1.200 pesos. No llegas a comprar ni un alfajor”, exponiendo el precio que paga el Estado bonaerense por las horas extra. También detalló que el mínimo porcentaje de incremento recién se acreditaría varios meses después de la homologación paritaria: “A nosotros nos descuentan la caja de policía un mes adentro y recién cobraríamos en abril el 7%. El 2% siguiente llegaría en mayo“, sostuvo.

Según el efectivo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, evitó reunirse con los manifestantes: Ayer pedimos hablar con el ministro, nos dijeron que no estaba. Pero habíamos visto cómo bajó del helicóptero. Salió por la puerta de atrás porque no tenía cara para salir por adelante. Nadie nos dio una respuesta“. La falta de diálogo con las autoridades aumentó la tensión entre la fuerza y el Gobierno provincial, que hasta el momento no ha brindado respuestas públicas.

– Las protestas de la Bonaerense en 2020, bajo el kirchnerato

Otro problema que preocupa son los suicidios dentro de la fuerza policial. Según datos proporcionados por los efectivos, en 2024 se registraron 44 suicidios entre agentes de la Policía bonaerense, mientras que en lo que va de 2025 ya suman al menos seis casos confirmados. 

El entrevistado reveló a este medio que recientemente hubo otros dos posibles casos en evaluación, lo que elevaría la cifra a ocho. La falta de asistencia psicológica y las dificultades económicas son señaladas como factores determinantes en esta crisis. Desde el petitorio, los agentes exigen la implementación de un gabinete de asistencia psicológica disponible las 24 horas para la prevención de estos hechos y el acompañamiento de los afectados.

Redacción

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