Los audios de una intendente peronista que compró votos: “Queda entre nosotros, yo no digo nada”
Antonela Lamberti, del partido Hacemos Unidos por Córdoba, fue reelecta como intendente de Buchardo este domingo; aunque en las últimas horas su triunfo quedó opacado por unas escuchas que relevan cómo propia Lamberti compró voluntades.
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Este domingo la provincia de Córdoba votó a sus intendentes y la mayoría de sus municipios se tiñeron de amarillo. En paralelo, Antonela Lamberti del partido peronista Hacemos Unidos por Córdoba fue reelecta como intendente de Buchardo con más de 40 puntos.
Sin embargo, lo que destaco del triunfo fueron los audios de la mandataria municipal comprando voluntades. En las escuchas filtradas se la oye decir sin titubear: “Yo no te puedo pagar en plata, cobrame en otra cosa… poné el equivalente en piso, en pegamento para piso, en bolsas de cemento, no sé. Yo quiero el voto marcado, total queda entre nosotros dos“.
“¿Vos me vas a votar a mí, no?Si me votas a mí, quiero el voto marcado. Total, nadie se va a enterar“, esas son las declaraciones que hizo la ahora reelecta intendente de Buchardo (Córdoba) Antonela Lamberti.
La funcionaria hace mención al pago del voto en equivalente a diversos montos que el Estado puede abonar y justificar, como por ejemplo las obras públicas.
Por el momento no se ha pronunciado sobre la filtración de sus audios de WhatsApp.
SOBRE LOS RESULTADOS
Lamberti celebró los resultados avallasadores: “Sacamos más de 760 votos”, señaló al medio Red de Noticias. Para tan pequeño territorio como es Buchardo, los representantes de Lamberti consideraron que los resultados se traducen en un “triunfo histórico”.
“La gente no solo valoró la gestión, sino los valores que tenemos con nuestros dirigentes y con el equipo que me acompaña”, afirmó la intendente y sumó: “Le pondremos el mismo compromiso y responsabilidad de siempre”.
Por último cargó contra la oposición y pidió que no solo se acuerden de Buchardo “un mes antes de las elecciones”, sino todo el año. “La localidad eligió el progreso, la dignidad y el respeto”, cerró.
Fuente: Periodismo y Punto PyP
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Javier Milei volvió a atacar a Saguier, dueño del diario La Nación y el canal LN+, en un programa de la señal de cable de la misma empresa. Esta vez Milei no aclaró a cual de los hermanos Saguier se refería. Fernán maneja la redacción y Julio el grupo y es el más interesado en temas judiciales, como el rechazo al pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema.
En una entrevista grabada con Luis Majul, que se emitió en la noche de este domingo,Milei dijo que Saguier maneja a “cuatro periodistas esbirros” que lo cuestionan en el diario por haber propuesto a Ariel Lijo para la Corte Suprema.
“Entiendo que está la agenda de Saguier que manda a sus cuatro esbirros, esos pseudoperiodistas con los que manda a atacar y una de las cosas que hace es atacar al juez Lijo“, dijo el presidente.
“Que Saguier explique por qué tiene tanto encono con Lijo y conmigo”, dijo Mileiy acotó que hay “cuatro periodistas que responden a Saguier“. “Si el señor Saguier tiene problemas con Lijo, que se los arregle con Lijo, no metiendo al país en el medio”, desafió.
El nuevo ataque del presidente a Saguier en su propio canal, generó un revuelo interno en La Nación y se da luego de una investigación de Hugo Alconada Mon que reveló que el libertario emitió facturas truchas por 120 millones de pesos a Daniel Scioli cuando era gobernador bonaerense.
La Nación también reveló que Santiago Caputo empezó a trabajar formalmente para una empresa llamada Zefico el 1 de enero de este año, apenas 20 días después de que asumiera Milei y que llamativamente no tiene ni tarjeta de crédito ni cuenta bancaria ni ingresos conocidos. Es decir, no se sabe de que vive el hombre que maneja el gobierno, pero no firma ningún acto administrativo ni presenta declaración jurada.
Las dos impactantes investigaciones de La Nación que golpean a Milei y su máximo asesor se dan en medio del conflicto creciente de Milei y Saguier. El fin de semana pasado, Milei lo atacó de manera furibunda en Radio Mitre.
“Entiendo que el señor Saguier puede tener problemas, que le caiga mal Lijo vaya a saber uno por qué tema, y lo opera todo el tiempo desde sus esbirros mediáticos dentro del diario. Me imagino que el difunto Bartolomé Mitre bastante mal se sentiría de ver en qué se convirtió ese diario. Las mismas cosas que usted le puede achacar a Lijo se las puede aplicar a todos, si fuera por eso… Ahora, digamos, de vuelta: concretamente, el diario La Nación tiene una posición… entonces, bueno, habría que preguntarle a Saguier cuál es el problema que él tiene por el cual opera tanto en contra de Lijo“, dijo el Presidente.
El enojo de Milei con Saguier coincide con la tensión del libertario con Mauricio Macri, cercano a ese grupo de medios. Tanto Saguier como Macri rechazan la llegada de Lijo a la Corte, un posición que los acerca a Victoria Villarruel. La vicepresidenta, ya salió a marcar su oposición al pliego del juez federal.
La Ciudad no acepta cubrir el subsidio que quitará Javier Milei para los colectivos y el boleto en las líneas porteñas se iría a 642 pesos.
Hoy el costo del viaje en colectivo en las 31 líneas de jurisdicción nacional pero que tienen recorrido solo por dentro de la Ciudad de $863. De ese importe, el pasajero paga $371, la Nación aporta en subsidio $271 y el gobierno porteño aporta $221.
Al retirarse el aporte de la Nación, como la Ciudad mantiene su parte del subsidio actual, el Gobierno Nacional debería establecer una nueva tarifa en $642 para sustituir la quita del subsidio nacional.
“Sin dudas el Gobierno Nacional tiene la potestad de bajar o eliminar subsidios al transporte público de Colectivos en el Amba, también tiene la responsabilidad de definir la tarifa, la habilitación, los recorridos, etc.”, comentaron fuentes del gobierno porteño.
“Lo que el Gobierno Nacional no puede hacer es quitar los subsidios sin corregir las tarifas. No hay pensamiento mágico en esto, o hay subsidio o hay tarifa. Una u otra decisión son potestad plena y exclusivas del Gobierno Nacional”, dicen en la Ciudad.
En el entorno de Jorge Macri se quejan de que el gobierno nacional pretende dejar de aportar a los subsidios de las 31 líneas de colectivos que circulan por la Ciudad, pero mantener el poder de fiscalización de todo el servicio y fijar las tarifas y los montos de las compensaciones, que pretende que sean soportadas por la Ciudad.
“Es decir, la Nación decide todo y quiere que la Ciudad pague las consecuencias de sus decisiones”, protestan en la Ciudad. Lo mismo asegura el gobierno bonaerense. El razonamiento de Jorge Macri (al igual que el de Kicillof) es que Milei no les quiere dar los subsidios pero quiere que asuman ellos el costo para que no suba el boleto y no se dispare la inflación.
Un relevamiento de Synopsis expuso que la nominación del juez federal ArielLijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, propuesta por el presidente Javier Milei, generó rechazo significativo. Las encuestas realizadas por la consultora (realizada entre el 8 y el 14 de agosto) reflejan que la mayoría de los encuestados desaprueba la candidatura de Lijo, reflejando desconfianza hacia su figura en un contexto de tensión política y judicial.
Los datos revelados indican que, entre las personas informadas sobre el tema, un 80,4% rechaza la postulación de Lijo para el máximo tribunal del país, mientras que solo un 19,6% la aprueba. Este nivel de desaprobación es particularmente notable en comparación con una encuesta previa —realizada en abril— donde el rechazo alcanzaba el 75% entre quienes conocían la propuesta.
Desde la consultora afirman que este dato sugiere que la controversia en torno a Lijo aumentó a medida que más personas se enteran de su nominación.
Entre la totalidad de los encuestados (considerando tanto a aquellos que están informados como a los que no) el rechazo se sitúa en un 50,4%, mientras que un 37,3% de los consultados admitió no estar al tanto de la situación o no conocer al magistrado.
La encuesta también examinó cómo varía la opinión sobre Lijo según la preferencia política de los encuestados, especialmente entre quienes votaron en las elecciones de 2023. Los votantes de Javier Milei, por ejemplo, son los más inclinados a apoyar la nominación, con un 48,9% a favor. En contraste, solo el 13,9% de los votantes de Patricia Bullrich aprueba a Lijo, mientras que el rechazo entre los seguidores de Sergio Massa es casi unánime, alcanzando un 98,2%.
En los últimos días, el exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional de Unión por la Patria fue duramente cuestionado en las redes sociales por su ausencia en el Congreso debido a que viajó al exterior.
Sucedió que el 23 de agosto Gustavo Bordet faltó a una sesión crucial en la Cámara de Diputados, en la cual se debatía el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia que asignaba 100 millones de dólares a la SIDE.
Juan Domingo Orabona
Inicialmente, circuló en las redes sociales y en medios provinciales que Bordet se encontraba de pesca en Alaska junto a su íntimo amigo y exfuncionario Juan Domingo “Palito” Orabona, quien está implicado en la causa conocida como “los contratos truchos” de la Legislatura provincial.
Sin embargo, según consignaron medios provinciales que se contactaron con el burócrata, quien se apresuró para “desmentir” la información, el viaje no habría sido a Alaska —donde la estadía turística no baja de 500 dólares diarios— sino a Los Ángeles, en Estados Unidos. Bordet realizó su gira internacional acompañado por “un grupo de amigos de la facultad”.
Las sospechas y los cuestionamientos se intensifican al considerar los frecuentes viajes al exterior realizados por Bordet, su familia y empresarios-políticos amigos entre 2007 y 2023. Según registros de la Dirección Nacional de Migraciones, estos viajes suman decenas de salidas del país, un aspecto que también está siendo investigado por la Justicia y que podría complicar aún más la situación del diputado.
Uno de los casos más llamativos y recordados por los entrerrianos es su viaje, en noviembre de 2019, a Costa Rica para participar en el torneo de pesca “Dorado Derby”, realizado en Marina Pez Vela, un lujoso puerto deportivo en la costa del Pacífico. Este recreo, que duró diez días, tuvo un costo estimado de entre 8 mil y 12 mil dólares, sin contar los pasajes aéreos. Bordet habría viajado junto a su círculo cercano, incluyendo también al ya citado “Palito” Orabona y al empresario y político, Armando Gay.
Lo que llamó la atención de los investigadores es que —hasta entonces— no hay registros de que Bordet haya salido del país hacia Costa Rica, lo que condujo a la hipótesis de que pudo haber viajado primero a Uruguay para luego tomar un vuelo hacia su destino final, evadiendo así los controles migratorios argentinos.
La denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández tuvo sus repercusiones en Córdoba, porque un grupo de legisladores de la oposición volvió a pedirle al gobernador Martín Llaryora que aparte de su cargo al ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill, quien está imputado en una causa de violencia de género.
En marzo pasado, la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, pidió la elevación a juicio de la causa, en la que el ministro provincial está imputado por lesiones leves calificadas por el vínculo y por violencia de género.
Gill ratificó su inocencia en relación con los cargos presentados en su contra por una expareja cuando él ejercía como intendente de Villa María.
El funcionario provincial amplió este año su testimonio ante la fiscalía y reiteró su posición de inocencia. Tras la imputación, hubo un pedido de elevación a juicio que fue apelado por el acusado y aún no fue confirmada la elevación a juicio.
La semana pasada, cuando se conoció la denuncia contra el expresidente, en el recinto de la Legislatura de Córdoba hubo legisladores de la oposición que plantearon que el ministro debía renunciar y pidieron al mandatario provincial que tome una decisión al respecto.
El bloque del Frente Cívico había presentado un pedido de informes en el que solicitó se dé cuenta de casos de violencia de género en el Poder Ejecutivo. Esto fue lo que también generó que algunos opositores aprovecharan para insistir en el recinto con el apartamiento de Gill.
“Si a (Gabriel) Bermúdez (imputado por acoso y denunciado por violencia de género) Daniel Passerini (intendente de la ciudad de Córdoba) le pidió la renuncia en cuanto se enteró de que tenía esa causa, Martín Gill es el único que está procesado. Cualquier persona que trabaje en una fábrica, en la parte privada, cualquier hombre que llegue a tener una denuncia de esta magnitud y esté procesado, es sacado de inmediato; lo dejan sin trabajo. Si este hombre no está a la altura para estar ahí moralmente, le tendrían que haber pedido que se retire, que se aparte hasta que se esclarezca su causa”, expresó Nancy Almada, legisladora del Frente Cívico, quien había planteado el pedido de informes.
“Llaryora no le pide la renuncia porque se lo está pidiendo la oposición y él tiene que mostrar con una gran soberbia cuánto poder tiene. Piensa que le van a llevar puestos a los ministros. Un pensamiento soberbio”, insistió Almada.
Viviana Martocci, también legisladora del Frente Cívico, fundamentó por qué el ministro debería ser apartado. “Debe renunciar porque se encuentra imputado en una causa de violencia de género elevada a juicio; es decir que para la Justicia existen elementos de convicción sobre los graves delitos que se le endilgan. De ninguna manera puede un funcionario continuar en su cargo en esa situación. Evidentemente, el ministro no se aparta de su función porque es amparado por una estructura de poder que silencia y normaliza la impunidad ante la violencia de género”, manifestó.
“El gobernador jamás debió designarlo, pero hoy debe exigirle la renuncia en forma inmediata si en verdad quiere demostrar su compromiso con la erradicación de la violencia de género, porque la omisión implica complicidad”, agregó.
La presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, la radical Alejandra Ferrero, coincidió con la importancia de que ante la imputación Gill no continúe en el cargo.
“Debe ser inmediatamente apartado del cargo, porque no sólo pesa una denuncia, sino una imputación y tiene un procesamiento con elevación a juicio por una causa de violencia de género. Y me parece que el Gobierno debe predicar no sólo con la palabra sino con el ejemplo. Declaman la lucha contra la violencia de género, pero no la ejercen. A Llaryora le falta decisión política, el coraje para pedirle la renuncia. Passerini de inmediato le pidió la renuncia a Bermúdez sin que este ni siquiera haya sido imputado; con la sola denuncia lo apartó de su cargo. Es vergonzoso”, dijo.
“Vemos la hipocresía, la misma que hubo a nivel nacional, de un gobierno embanderado en la lucha contra la violencia de género y que tiene a la vista resultados como los de Alberto Fernández, Fernando Espinoza, José Alperovich”, insistió.
En abril pasado, el legislador ex-Coalición Cívica Gregorio Hernández Maqueda había planteado el pedido de tratamiento sobre tablas para la realización de un juicio político contra Gilltras conocerse su imputación, pero no tuvo los votos necesarios para su tratamiento.
¿QUÉ DICE EL OFICIALISMO CORDOBÉS?
En el oficialismo, el tema fue debatido en su momento a puertas cerradas y primó la postura de que debe pesar la “presunción de inocencia”. Por lo tanto, el gobernador no tendría razón ni motivos para apartarlo de su cargo. “Es una denuncia de instancia privada, no tiene aún elevación a juicio, no interfiere en lo más mínimo en el desempeño como ministro. Entonces, ¿por qué apartarlo? ¿Por qué la renuncia?”, se preguntó un hombre con llegada al Centro Cívico.
“Esto es más de la politiquería barata de la oposición, que pone a todos en la misma bolsa”, lanzó este dirigente del oficialismo, quien aseguró que hay coincidencias en la mesa chica del gobernador y razones por las que Gill no presenta la renuncia.
“Ahora quieren que se aparte; mañana pedirán que se aparte otro ministro. Denuncian que no se hace nada, que se oculta, que se encubre, pero por qué no miran a la Justicia, donde están siendo juzgados los funcionarios con elevación a juicio, a los que les debe caer el peso de la ley”, se sinceró otro hombre próximo al Centro Cívico al referirse al proceso que se lleva adelante contra Diego Concha, exdirector de Defensa Civil, imputado de “homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en abuso de sus funciones y por mediar un contexto de violencia de género”.
“¿Por qué quieren exponerlo como si fuera Concha? Porque quieren hacer politiquería”, dijo otro funcionario que defendió la decisión de evitar una renuncia.
Entre algunas legisladoras oficialistas, en cambio, hay malestar por el tema, sobre todo, entre las que abrazan desde hace años la bandera de la lucha contra la violencia de género. Aunque respetan la decisión del ministro.
En el recinto en la Legislatura, la justicialista Julieta Rinaldi se llevó los aplausos de varios de sus pares cuando, al responder el pedido de informes sobre los casos de violencia de género en el Poder Judicial, dijo que esto debía ser contestado en este ámbito, pero que también estaba interesada en conocer ese detalle.
Fue en ese marco que Rinaldi alzó la voz para insistir. “Sea del Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, del que sea, los violentos tienen que caer. Caiga quien caiga”, dijo la legisladora, quien el año pasado integró el jury para destituir al exjuez Martín Flores, denunciado por violencia de género y abuso sexual en perjuicio de una de sus exparejas.
También la legisladora del PRO Karina Bruno pidió, en el marco del mismo debate legislativo, que se trabaje puertas adentro en la Legislatura en la elaboración de un protocolo de violencia de género para ese ámbito. Recordó que lo presentó en abril pasado y está a la espera de ser abordado. “La llave también la tenemos nosotros en esta Legislatura”, dijo, al referirse a los opositores más críticos al Gobierno provincial.
Desde el círculo cercano a Gill dijeron que no hablará sobre el tema y que no hay novedades al respecto. Se insistió que el ministro se presentó ante la Justicia para ejercer su derecho de defensa y que hasta el momento no hay una elevación a juicio de la causa.
“Fue una iniciativa de la diputada nacional Silvana Giúdici, que es además la secretaria Parlamentaria del PRO en la Cámara de Diputados, que tuvo como idea modificar la actual ley 24.018 que habla sobre las pensiones de privilegio”, comenzó Florencia De Sensi.
En este sentido, afirmó que “en realidad lo que busca esta modificación es quitar la jubilación de privilegio en aquellos casos donde se hayan cometido delitos de índole sexual, delitos de corrupción en el ejercicio de las funciones que tienen estas personas que perciben esta jubilación denominada de privilegio”.
“Este tipo de privilegio lo perciben los jueces de la Corte Suprema y los ex presidentes tambiény no se da ante una denuncia, sino que la ley se activaría ante un fallo de segunda instancia por el cual se podría ratificar la primera de las instancias”, detalló la diputada nacional.
A su vez, indicó que “la idea cuando uno presenta siempre un proyecto de ley es que el texto pueda ser tratado en el recinto y siempre lo que se busca es poder dialogar con otros bloques que tengan un pensamiento similar para que el proyecto se transforme en ley y luego sea reglamentado”.
“En este caso entendemos que el bloque de La Libertad Avanza como otros bloques dialoguistas, como podría ser Hacemos Coalición Federal o el radicalismo, podrían empatizar y adherir a este proyecto para llevarlos todos juntos al recinto porque nosotros no buscamos levantar una bandera política desde el PRO”, contó De Sensi.
Florencia De Sensi, diputada nacional del Pro, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre la presentación de un proyecto que le quitaría a ex presidentes su pensión de privilegio en caso de cometer delitos de índole sexual, de corrupción, en el ejercicio de la función.
En consonancia, advirtió: “A nosotros como partido si hay algo que nos caracteriza son los valores que tenemos, es siempre haber luchado en contra de la corrupción, esa fue siempre nuestra bandera, no es algo de ahora y ante cada atropello kirchnerista nosotros vamos a estar ahí dándole una respuesta a la sociedad. Las jubilaciones de privilegio fueron algo que María Eugenia Vidal eliminó cuando ella fue gobernadora en la provincia de Buenos Aires y eso comprueba que esa fue una bandera que siempre fue nuestra”, resaltó la dirigente amarilla.
Finalmente, concluyó: “El gobierno anterior se dio después de que Cristina Fernández de Kirchner decidiera elegir que la fórmula se componía por Alberto Fernández y ella como su vicepresidente y esta situación de atropello y aberraciones el ex presidente no las cometió solo, y no me refiero de los golpes a Fabiola, sino que hablo de la causa de los seguro que involucra a muchos funcionarios que pertenecen al kirchnerismoy se encuentra involucrados”.
No conozco jubilados que prendan fuego tachos, les peguen a la policía y marchen encapuchados. Esta es la máxima expresión de militantes políticos que solo buscan el Kaos. pic.twitter.com/KLZajYzTa4
