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En pleno año electoral, el Concejo Deliberante, campo de disputa entre organizaciones políticas, debe redefinir parte de su composición. El quiebre entre Nicolás Lauría y Alejandro Carrancio, con la renuncia de este último, fue más allá del ex basquetbolista y el edil libertario.
Carente de bloque político, Carrancio no puede presidir Hacienda, una de las 2 comisiones más importantes junto con Legislación, ya que por ella pasan prácticamente todos los proyectos presentados. Con 4 votos para el oficialismo y otros 4 entre el Frente de Todos (FdT) y Acción Marplatense (AM) (que no siempre actuaron de conjunto) el hombre de Crear Mar del Plata podía torcer la balanza en debates claves.
El concejal de Crear Mar del Plata, dentro de La Libertad Avanza (LLA), Alejandro Carrancio.
El pedido de Lauría para reemplazar a su ex compañero de bancada podría ser favorable al oficialismo teniendo en cuenta el periplo de votaciones afines al Ejecutivo. Trascendidos no descartaron que el hombre de Creciendo Juntos integre la comisión pero negocie con Vamos Juntos la presidencia, algo que no fue confirmado por ninguna fuerza.
Sin embargo, la matemática dicta algo diferente. Según los cálculos (que son de orden representativo), luego de la ruptura, quién quedó en el debe con la presidencia de una comisión “grande” (9 integrantes) es Acción Marplatense, mientras que a la Coalición Cívica ARI (CCA) le correspondería una “chica” (7 ediles).
El ex concejal del espacio de Javier Milei, el antiguo basquetbolista Nicolás Lauría
Las interrogantes abiertas son varios: ¿Presionará el pultismo por hacerse con Hacienda? ¿Usará el oficialismo el coeficiente de repartición para reclamar o intercambiar con otra comisión? ¿El Frente de Todos (FdT) buscará poner un coto a una mayor hegemonía de Juntos por el Cambio (JxC)?
Por matemática o “rosca”, las definiciones deberán ser tomadas en Labor Deliberativa, instancia que aún no fue convocada por la presidencia del Concejo Deliberante. Según confiaron fuentes a Data24, la exclusión de Carrancio no fue decretado oficialmente. Mientras tanto, se acerca la vuelta de las Sesiones, fecha tope para tomar una resolución.
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El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, concurrió el pasado jueves a la sede del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) junto a representantes del Centro y la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas, para reunirse con la subinterventora de la entidad, Marina Alegre. Durante el encuentro, se confirmó la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de concretar la afiliación a la obra social de entrerrianos que combatieron en el conflicto bélico y sus esposas e hijos menores de edad.
“Tenemos el mandato y una decisión firme del gobernador de que estas demandas tienen que llegar a un resultado positivo y en eso hemos trabajado desde el primer minuto en la Cámara: hacer que las cosas que les importan a los entrerrianos sucedan. Tuve la gran oportunidad, como representante del gobierno provincial, de iniciar la gestión y de acompañar”, sostuvo Hein luego de la reunión.
El presidente de la Cámara baja destacó la “apertura y la capacidad de trabajo” de la subinterventora del Iosper para hacer posible “una reivindicación y una decisión de saldar las deudas pendientes que se tienen con los veteranos”. A su vez, recordó que “Malvinas es una causa diaria, no solamente para el 2 de abril”.
Acerca de los resultados de esas gestiones, consideró: “Lo que ha ocurrido hoy podemos resumirlo en lo que los veteranos siempre nos han legado: no abandonar la lucha, más allá de las tormentas que hemos pasado y estamos pasando, de la desidia y del abandono que ellos han sentido por la falta de empatía de un Estado muchas veces ausente. Hemos decidido poner en valor los temas reales, donde el Estado tiene que estar presente. Lo hacemos con lo que nos incumbe desde la Cámara y bajo la norma de un gobernador que ha decidido tomar el toro por las astas y mostrar otra manera de hacer política”.
Por su parte, Alegre brindó precisiones sobre la cobertura. “Nuestra provincia tenía una gran deuda pendiente que es la afiliación de 33 veteranos de Malvinas, que no han sido incorporados a la obra social. A partir de ahora lo serán, porque hay un derecho, hay una ley que los avala y es una reivindicación histórica que la provincia les debe”, dijo, y agregó que “esta afiliación es para ellos, para sus esposas, e hijos de hasta 21 años y hasta 25 si estudian y tienen los certificados correspondientes. Tienen los mismos beneficios que cualquier otro afiliado”.
“Tenemos que hacer pequeñas modificaciones en el sistema y en no más de diez días ya van a gozar de todos los beneficios de ser afiliados, completó, tras lo cual destacó que “fue muy importante la gestión de Gustavo Hein”, a través de quien tomaron conocimiento del expediente que se encontraba a la espera de una resolución.
En tanto, Oscar Eguias, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná y de la Federación de Veteranos de Entre Ríos, remarcó que se trataba de “una deuda pendiente de hace más de 30 años, hay mucha gente sin obra social y lo que más necesita hoy un viejo veterano es salud”. Y agregó: “Valoramos la reivindicación por parte de Hein y Alegre. Nos vamos muy contentos con este trámite que termina después de un largo camino”.
Acerca de la situación de los veteranos que se beneficiarán con esta decisión, dijo: “Hasta ahora era precaria, sin la cobertura que necesitaban. Son 49 veteranos, de los cuales 33 presentaron la documentación. Hoy tenemos la certeza de que hemos sido escuchados y de que esta gente va a tener Iosper, que es la obra social que nos dieron gobiernos anteriores por ley”.
De la reunión también participaron Julia Garioni, secretaria de la Cámara de Diputados; Joaquín Castellano, gerente de Prestaciones del Iosper; Ladi Ojeda, vocal del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná, y RicardoÁlvarez, secretario del Centro y de la Federación de Veteranos de Entre Ríos.
Claudia Rucci, hija del dirigente sindical José Ignacio Rucci —asesinado por Montoneros y FAR en 1973—, presentó su renuncia como directora general del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Había llegado a ese cargo por designación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en enero del año pasado y se había convertido en una de sus colaboradoras más cercanas. Su salida coincidió con un clima de tensiones crecientes entre Villarruel y el presidente Javier Milei, así como con movimientos de personal en la Cámara alta para “estar más sincronizada con el Poder Ejecutivo Nacional”, según admitieron allegados a la vice.
La propia Rucci comunicó su salida en su cuenta de la red social X el jueves por la noche: “Hoy presenté la renuncia, por motivos personales, al cargo de Directora General del Observatorio de DDHH del Senado de la Nación. Mi agradecimiento a todos con los que compartimos el esfuerzo en pos de que los Derechos Humanos sean de todos y para todos! Muchas gracias!!!”
En ese mismo mensaje, difundió un video con imágenes de distintas actividades que desarrolló durante su gestión, donde se vio a Villarruel en varias postales. No hizo una mención específica a la vicepresidenta, quien tampoco la saludó públicamente en el momento del anuncio. Desde el entorno de Villarruel ratificaron que “la renuncia es estrictamente personal y se venía conversando” y aseguraron que ambas mantenían una “muy buena relación”. Voceros cercanos a la vice también apuntaron que “está reordenando el equipo del Senado para estar más sincronizada con el Poder Ejecutivo Nacional” de cara a un año que se anticipaba “muy complejo” en el plano electoral. “Al menos una sintonía más similar. Se viene un año electoral muy complejo y hay que fortalecer las cámaras en el mismo sentido”, agregaron.
La figura de Claudia Rucci encajaba con la histórica militancia de Villarruel a favor de las víctimas de organizaciones guerrilleras de los años 70. Antes de asumir en el Observatorio, Rucci había acompañado a la vice en un acto de campaña que homenajeó a las víctimas del terrorismo. También la secundó en agosto pasado, cuando Villarruel encabezó en el Senado un acto de conmemoración y homenaje a esas víctimas y declaró: “Reabriremos todas las causas de víctimas de terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años”.
En los últimos días, versiones legislativas indicaron que Villarruel temía una intervención de la Casa Rosada en el Senado a través de la designación de un secretario administrativo afín al Ejecutivo, en lugar de la actual funcionaria María Laura Izzo, cercana a la vice. Estos reacomodamientos internos coincidieron con la renuncia de Rucci y alimentaron especulaciones sobre una posible intención de la vicepresidenta de evitar injerencias externas y realinear su equipo.
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) sufre una interna de marcada intensidad que se profundizó en las últimas horas. Según trascendió, el director por la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Cano, habría pedido que se desplace al presidente del organismo, Lucas Figueras, en medio de un escándalo con un frigorífico. Apuntado por todos, el propio Cano encabezó la defensa de la empresa en la interna del organismo, y todos hablan de presuntos manejos económicos.
El escándalo de Ricardo Bruzesse no cesa y si bien se levantó la clausura de su empresa en Monte Grande, la consecuencia política parece no tener fin. Es que como trascendió, habría sido el propio Marcelo Cano quien encabezó las gestiones de pedido de quita de cierre del lugar para que volviera a operar con normalidad tras un posible acuerdo económico con el empresario denunciado. Fue esto lo que produjo la crisis en el ente estatal: cada vez son más contundentes los rumores que indicarían que Cano habría recibido dinero por su gestión.
– Marcelo Daniel Cano junto a Jorge Macri
Tal situación expuso a Figueras y el control que tiene sobre la firma. La situación escaló hasta el ministerio de Economía (área dependiente hoy día de ACUMAR) y por estas horas se analizan cambios en el directorio. Dicho de otro modo, por la dureza que presenta el gobierno nacional ante los problemas de corrupción o manejo de dinero por parte de los funcionarios, el caso ACUMAR quedó en el centro de la escena y la resolución parece transformarse en un caso testigo. Ante la falta de pruebas, por estas horas se piensa en una salida con un mensaje claro: se va Cano o debería dejar su lugar Figueras, quien se enteró del rol del director por el escándalo mediático.
– Lucas Figueras
Claro que el peso del director es menor al del presidente y en conocimiento de esto, el propio Cano fue quien solicitó primero la salida de Figueras por desmanejos en la administración del ente desde su asunción en diciembre pasado. Además, se lo vio a Cano muy crítico en una importante reunión en el centro porteño: argumentó que no se pudo hacer la reducción que el gobierno pidió, planteó que Figueras responde a Horacio Rodriguez Larreta y se definió como “bullrichista y mileista” para sobrevivir en la interna. Sin embargo, buscó despegarse del escándalo que lo roza. Negó contactos con el empresario kirchnerista Bruzesse, manifestó que no comparte la conducción actual y se despegó de cualquier vinculo económico. Tampoco quiso dar declaraciones respecto al tema.
Mientras que en las próximas horas, se espera conocer qué pasará en ACUMAR la ola sigue abriendo paso y los caminos conducen a acercar consecuencias a partir del caso Bruzesse. ¿Será el momento de buscar presidente, se renovará una silla o quedará todo como esta en la Cuenca?
El Gobierno nacional decidió dar de baja el Programa de Fortalecimiento Comunitario, una iniciativa que brindaba subsidios a comunidades indígenas para asesoramiento legal y técnico en conflictos de tierras. La decisión se formalizó con la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Según el documento oficial, la medida respondió a la falta de mecanismos de control adecuados y a la detección de desvíos en la ejecución de los fondos.
El Programa estaba destinado al “otorgamiento de subsidios destinados a afrontar las erogaciones económicas que acarrean las labores profesionales ejercidas en acciones y/o defensas judiciales, asesoramiento jurídico contable, capacitación legal y ejecución e inscripción de mensuras, todo ello tendiente a consolidar la posesión de las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas existentes en el país y con el objetivo de alcanzar su definitiva propiedad comunitaria”. No obstante, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó “deficiencia y desvíos” en los informes de auditoría, entre ellas la inexistencia de herramientas de registro y sistematización de datos “que permita identificar y cuantificar el resultado o impacto de los subsidios no reintegrables de fortalecimiento Comunitario otorgado desde su creación”.
La resolución resaltó que el programa no cumplió con sus objetivos fundacionales y que no disponía de un sistema de monitoreo que permitiera evaluar su impacto real. El texto oficial señaló: “Se ha constatado que el Programa de Fortalecimiento Comunitario no cuenta con una herramienta de registro y sistematización de la información que permita identificar y cuantificar el resultado o impacto de los subsidios otorgados”. En el mismo sentido, la decisión gubernamental argumentó la necesidad de “dejar sin efecto determinados programas que se llevan adelante en la órbita de este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”.
Asimismo, el Gobierno enmarcó la iniciativa en la emergencia pública decretada en diciembre de 2023 mediante el decreto 70/2023, al sostener que “es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que atraviesa el país”. De acuerdo con funcionarios del INAI, la administración de Javier Milei buscó reorganizar el sistema de asistencia y reducir la cantidad de subsidios directos, con miras a instaurar nuevos criterios de transparencia y eficiencia.
Por medio de la Resolución 8/2025, el titular del INAI resolvió: “Derógase la Resolución INAI N° 235/2004 del 19 de octubre de 2004, mediante la cual se resolvió crear el Programa de Fortalecimiento Comunitario en la órbita del INAI”.
En paralelo, el Gobierno también adoptó otras medidas que afectaron a distintas comunidades. Hace poco menos de una semana, el INAI revocó el permiso de ocupación de tierras a la comunidad indígena del pueblo Qom, Asociación Civil Comunidad Indígena “Añi Alba de Colonia 54 Nagui Aiem”, ubicada en la localidad de Makallé, Chaco. La Resolución 5/2025 publicada en el Boletín Oficial anuló el reconocimiento previo de ocupación tradicional y pública del lote 175 de Makallé, el cual había sido otorgado mediante la Resolución INAI N° 144/2023 del 29 de noviembre de 2023.
La revocación surgió a partir de una denuncia de Mariel Luisa Crespo, quien se presentó como copropietaria de una fracción del inmueble en disputa y afirmó que el procedimiento administrativo vulneró su derecho al debido proceso y a la defensa. Tras analizar la documentación, el INAI determinó que el relevamiento inicial omitió antecedentes jurídicos y títulos de propiedad que acreditaban los derechos de Crespo. En consecuencia, el organismo dio lugar al recurso de revisión y resolvió invalidar el permiso de ocupación. La nueva resolución especificó: “El planteo de inexistencia de la comunidad indígena como sujeto de derecho, su denominación y localización, deberá ser tratado por ante el organismo con competencia indígena de la provincia del Chaco, en tanto no resulta del análisis de los obrados”.
Las autoridades provinciales evaluarán las próximas acciones con relación al reconocimiento de la comunidad en esa jurisdicción y la situación de la propiedad del inmueble, en concordancia con las disposiciones del INAI.
El presidente Javier Milei impulsó un proyecto de ley para modificar la Ley de Migraciones N.º 25.871, con el propósito de endurecer los requisitos de residencia para los extranjeros y establecer un sistema de arancelamiento en la salud y la educación universitarias para quienes no residieran en el país. El Gobierno planeó enviar la iniciativa al Congreso durante el período de sesiones ordinarias que comenzaría el 1 de marzo, en una línea política que el oficialismo consideró necesaria para “avanzar hacia un país ordenado que proteja a los ciudadanos argentinos”.
El equipo del director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, dependiente del vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán, trabajó en los detalles del proyecto, que incluyó reforzar el control de documentación en el otorgamiento de residencias. Desde la Casa Rosada sostuvieron que “los extranjeros estudiaron solo dos meses y se quedaron a vivir en la Argentina” cuando no existió un control directo durante la gestión anterior, por lo que se estableció un régimen más estricto para la entrega de residencias a estudiantes.
– El director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane
A inicios de diciembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros sin residencia y la implementación de aranceles en las universidades nacionales. “El Gobierno Nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio”, aseguró en conferencia de prensa, y añadió: “Actualmente, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”. Adorni informó que los organismos competentes determinarían las condiciones para que los hospitales públicos facturaran estos servicios a quienes no vivieran en el país. También destacó que, al aplicar esa medida en la provincia de Salta, la atención de salud a extranjeros se redujo 95%, con un ahorro de 60 millones de pesos, y sostuvo: “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que por desgracia son tan conocidos en la Argentina”.
El proyecto contempló, además, ampliar la lista de delitos que impedirían el ingreso o justificarían la expulsión de un inmigrante. “La doctrina garantista ha hecho desastres en términos migratorios y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, afirmó el Vocero Presidencial. “Si a un delincuente se lo detiene cometiendo un delito (en flagrancia) o por violentar el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, agregó, al tiempo que indicó que se rechazaría el ingreso a quienes presentaran documentación apócrifa o se sospechara que sus motivos de viaje eran diferentes a los declarados.
La Casa Rosada también admitió la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reforzar los pasos fronterizos con mayores medidas aplicadas por las fuerzas federales. Desde el Ejecutivo explicaron que este endurecimiento respondió a la necesidad de “tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”, según la postura oficial: “Nuestro alineamiento internacional a favor de Israel nos lleva a tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”. Apuntaron a sumar la colaboración de las Fuerzas Armadas en las fronteras y en el territorio interno, y por ello el Gobierno dictó dos decretos para habilitarlas a operar contra organizaciones terroristas y carteles del narcotráfico extranjeros.
El proyecto hizo foco también en quienes buscaban regularizarse por medio de hijos argentinos. Hasta ese momento, dicho trámite requería cédula de identidad o pasaporte, la partida de nacimiento del país de origen, el certificado de antecedentes penales y el acta de nacimiento del hijo argentino. Con la reforma propuesta, se esperaba un control más estricto de la documentación. Cabe recordar que el programa Patria Grande, impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner, regularizó a 565.831 personas hasta el año 2007, permitiendo la residencia a ciudadanos de países miembros del Mercosur solo con su nacionalidad y la carencia de antecedentes penales. En la actualidad, para obtener la ciudadanía argentina, los extranjeros debían cumplir con requisitos como tener 18 años de edad, presentar partida de nacimiento legalizada, el DNI o pasaporte y un certificado de medios de vida, entre otros.
Según el Censo 2022, residían en Argentina 1.933.463 extranjeros, equivalentes al 4,2% de la población total, con una alta concentración (51,4%) en la provincia de Buenos Aires. Durante 2023, se registraron 29.821.467 movimientos de personas extranjeras en el territorio nacional, con un número de ingresos superior a los egresos. El Poder Ejecutivo consideró que la reforma migratoria resultaría clave para controlar esta afluencia y proteger el bienestar de los habitantes del país. Bajo la coordinación de Sebastián Seoane y con la supervisión de Lisandro Catalán, el Gobierno consolidó la propuesta antes de su debate en el Congreso.
“Es un informe absolutamente desconectado de lo que vive la sociedad argentina. Están del lado de los delincuentes, mientras nosotros trabajamos para proteger a los 46 millones de argentinos que fueron víctimas de los piqueteros y la extorsión durante décadas”, afirmó Bullrich en declaraciones a El Observador FM. La ministra también aseguró que el protocolo busca resolver de manera pacífica y profesional una problemática histórica, permitiendo reducir los bloqueos y garantizando el derecho al libre tránsito. Según sus palabras, esta medida representa un cambio estructural en la gestión del espacio público.
El informe de Amnistía Internacional, titulado “Uso excesivo de la fuerza”, documenta más de mil heridos en al menos 15 protestas ocurridas durante 2024. Además, denuncia el uso desproporcionado de balas de goma, gases lacrimógenos y bastones contra manifestantes que, según el organismo, ejercían su derecho a protestar pacíficamente. El documento también destaca que 50 trabajadores de prensa resultaron heridos mientras cubrían las manifestaciones, lo que, según Amnistía, evidencia un patrón de represión que afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.
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Entre los episodios destacados, se menciona la movilización frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases, que derivó en 33 detenidos y numerosos focos de incendio, incluyendo un móvil de Cadena 3 incendiado por manifestantes. Este evento fue utilizado por el Gobierno para enfatizar la necesidad del protocolo, destacando que no solo busca regular las protestas, sino también garantizar la seguridad de bienes y personas en contextos de manifestaciones masivas.
El Gobierno, sin embargo, rechazó categóricamente estas acusaciones. Bullrich defendió la implementación del protocolo como una medida necesaria para poner fin a años de caos en las calles. “Durante 25 años, los piqueteros se adueñaron de las calles y extorsionaron a millones de argentinos. Ahora, con este protocolo, hemos logrado establecer el orden y proteger a la ciudadanía”, declaró. La ministra también cuestionó la falta de atención del informe a los desmanes ocurridos en algunas protestas, como el incendio de un móvil de Cadena 3 frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases.
Amnistía también alertó sobre la “criminalización de la protesta”, destacando que 73 manifestantes fueron detenidos en distintos episodios, acusados de delitos como resistencia a la autoridad, aunque la mayoría recuperó la libertad pocas horas después. Por otro lado, el informe señala que 33 personas sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, resultando en daños severos a la visión. Asimismo, destaca que entre las víctimas se encuentran niños y niñas que estuvieron expuestos a situaciones de violencia represiva.
En respuesta, Bullrich aseguró que las fuerzas de seguridad actuaron con profesionalismo y respetando los principios de proporcionalidad. “No avalamos para nada ese informe. Este es un año en el que la Argentina logró ley y orden, y lo hizo con el uso mínimo de la fuerza. Es fácil criticar desde un escritorio, pero estas medidas están pensadas para defender a la ciudadanía y poner fin a años de caos”, sostuvo. Además, la ministra remarcó que el protocolo incluye instancias de negociación previas a cualquier acción policial, buscando siempre una resolución pacífica de los conflictos.
Por su parte, Amnistía Internacional recomendó la derogación del protocolo y la adopción de regulaciones que garanticen el respeto por los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. También instó a limitar el uso de armas no letales y a investigar las denuncias de violencia policial. Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, destacó la importancia de proteger el derecho a la protesta como un pilar fundamental de la democracia. “Las imágenes de violencia y represión evidencian la necesidad urgente de revisar las políticas de seguridad pública y garantizar el respeto por los derechos humanos fundamentales”, concluyó.
El informe también incluye recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional, instando a organismos como la ONU y la CIDH a monitorear la situación en Argentina y a exigir medidas concretas que promuevan el respeto por los derechos humanos en el país. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad continúa defendiendo su gestión y subrayando los resultados positivos en materia de orden público y seguridad ciudadana, destacando una disminución significativa en los bloqueos y cortes de calle en todo el territorio nacional.
Salirse de la agenda de reducción de impuestos, tasas y gasto público que lleva adelante @JMilei tiene sus consecuencias. En Bahia Blanca hay 3 Concejales que entraron por LLA y sistemáticamente votan aumentos de Tasas Municipales. No dejemos que sigan traicionando. VLLC! 💜🇦🇷 https://t.co/PQxLPhpOJjpic.twitter.com/YmDlJH0Gdz