Un escándalo político sin precedentes descoloca a la casta de La Pampa y enardece a los ciudadanos. El ministro de Economía de la provincia, Ernesto Franco admitió en plena sesión legislativa, luego de pedir que apaguen las cámaras y frenen los registros taquigráfico, que inventó un contrato con la empresa PAMPetrol para bajar el impuesto a las Ganancias y que por eso podrían terminar presos.
LA “OPOSICIÓN”: ¿CÓMPLICES Y/O BOLUDOS?
En este marco, el jefe de los diputados de la UCR, Francisco Torroba pidió la renuncia del burócrata. Las afirmaciones del radical, no surgen por vocación sino más bien por suciedad: Es él quien aparece en el video viral. Callado y sumiso frente a tal confesión… que ocurrió hace cinco meses.
Como se señala arriba, para Torroba, las acciones del ministro “no constituye un hecho de corrupción”. Sin embargo pidió su renuncia “por el daño que provocaron sus dichos”. Es decir, no importa que un alto funcionario del Gobierno haya confesado y llevado a cabo malversación, importa que la gente se enteró. De no haber sido viral el video ¿Torroba mantendría esta postura? ¿Por qué no pidió su renuncia en diciembre de 2021?. De hecho, el radical pampeano admite esta afirmación que planteo: “El problema está cuando estas expresiones salen de la Comisión y se viralizan”.
Sobre el final de la entrevista, coronando la tomada de pelo, el diputado aclara que “la UCR no viralizó el video” y comentó que autoridades de la legislatura investigan cómo y quién lo hizo.
“La UCR no tiene ninguna responsabilidad en la viralización del video. Es un hecho que se está investigando. Me comentaron eso. Esto no ha sido obra de los diputados radicales. Le corresponde al oficialismo investigar, ver si algún fiscal se suma a la investigación. Tendrá que investigarse la filtración del video. Esa tarea tiene que ser del presidente de la Legislatura”, comentó Francisco Torroba.
Es decir, Torroba se lava las manos, se jacta de no exponer algo que sin dudas corresponde malversación, y además apoya que se investigue la viralización que expuso semejante maniobra. Tan lamentable como patético.
El jefe de diputados del bloque UCR explica la inexistencia de delito por una ley votada por unanimidad en 2017: “Tenía tres aspectos, los bienes de uso sujetos a la explotación petrolera que quedaron en manos del Estado podían ser alquilados por PAMPetrol. El Estado, por ese alquiler, podía cobrar una renta. Al tener una erogación por el pago de esos alquileres, PAMPetrol iba a pagar menos impuestos a las ganancias”. Es decir, una ley que da un privilegio.
Insistió entonces que esos alquileres son “de mercado, razonables”. De más está decir que si los regula una ley no son de mercado, y razonable es un adjetivo que sale de su precepción. Ergo, “razonable” para él, para ellos, para la casta.
Por ello, considera no habría ningún delito. “Si cualquier diputado de mi bloque hubiésemos entendido que estábamos ante un caso de delito, ante un hecho de corrupción, hubiésemos hecho la denuncia”, dijo. Spoiler… No denunciaron, lo que deja dos alternativas: Son cómplices o boludos.
Agregó además que la situación “afecta y contribuye a la grieta de todo del Estado, nada del Estado. El desprestigio de las empresas públicas. Afecta instituciones porque la empresa tiene síndicos, los afecta. Afecta a los diputados del pasado que votaron una ley, van a decir ´ustedes son una manga de boludos lo que han votado´. Además, ningún diputado que votó esa ley puede decir yo no sabía lo que votaba“.
Conclusión: Son cómplices y boludos.
LOS MEDIOS DEL GOBIERNO
El Gobierno financió el silencio de los medios, que recién tocaron el tema cuando ya no podía esquivarse. Primero, publicando el comunicado del ministro, el cual, resumidamente (y como siempre ocurre en estos casos) argumenta que se trata de un “exabrupto”.
Luego, la prensa salió a defender a sus jefes con editoriales. El Diario de La Pampa, por ejemplo, afirma que Franco “incurrió en un auténtico exabrupto y sobreactuó una explicación” y denuncia una “operación de prensa nacional, con entusiasta participación de los medios dominantes porteños”.
“En principio, la situación no constituye un delito ni parece ilegal”, publicaron desde citado portal y agregaron más adelante en la nota anónima que “los propios dichos del funcionario PARECEN, en parte, ser hijos de cierta impunidad en el manejo del Estado y la cosa pública”.
“La cercanía de la campaña electoral incide en los tonos y los posicionamientos de las fuerzas partidarias, con el agregado de que desde el año pasado se vive un nuevo fenómeno en el rubro, puesto que ha sido notable la influencia permanente de los actores mediáticos porteños, desde ya que interesados y además con capacidad de facilitar las réplicas que se multiplican en las redes sociales”, finalizaron desde uno de los medio que financia el Gobierno de Sergio Ziliotto, quien todavía permanece en silencio.
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