Masivas organizaciones sociales mantuvieron la semana pasada una serie de acampes en las distintas sedes del Ministerio de Desarrollo Social luego de que Nación se negara a recibirlos, generando un nuevo malestar social que se extendió a lo largo y ancho del país. En Rosario se movilizaron desde Av. Pellegrini y Bv. Oroño hasta la sede de Gobernación. Al tiempo que otros grupos piqueteros permanecían cortando en la puerta de la sede de Desarrollo Social, de calle España al 500 con promesas de volver esta semana.
Al respecto, y en sintonía con las recientes declaraciones del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, el diputado nacional Gabriel Chumpitaz, se manifestó a favor de “retirarle los planes sociales a todo aquel que proteste ilegalmente cortando calles” y anunció que brega por restaurar el protocolo Antipiquetes llevado a cabo durante la gestión de Patricia Bullrich.
“Se debe restablecer el orden y el respeto entre los ciudadanos. Agradecemos el apoyo de Larreta a nuestra propuesta de retirar el plan social a toda persona u organización que incurra en el delito de cortar calles, como así también la prohibición de ocupar cargos para quienes fomenten, incentiven u organicen este tipo de manifestaciones ilegales”, argumentó el diputado rosarino.
Para Chumpitaz “la solución está al alcance de la mano. Hay que retirarles el manejo de los planes sociales y descontarle los costos de recuperar el orden y el libre tránsito a los líderes de las organizaciones involucradas, que son los verdaderos gerentes de la pobreza”, y añadió: “además de reinstaurar el protocolo antipiquetes de Bullrich. Una herramienta utilizada en otros países del mundo para asegurar la manifestación pública como una de las formas de expresión amparada constitucionalmente sin afectar el derecho a circular del resto de los ciudadanos”.
En ese sentido el especialista en seguridad aseveró: “a partir de este protocolo se podrá coordinar con las organizaciones sociales, gremios u otros que quieran manifestarse, para establecer una duración máxima, asegurar la circulación de quienes no participan y avisar al resto de la población con anticipación para evitar demoras”.
Para finalizar Chumpitaz aclaró que “será posible con un Estado justo y criterioso. Aquel que incurra en el delito de cortar el tránsito sin autorización tiene que saber que será desalojado inmediatamente y que perderá todo beneficio social percibido de forma irrevocable”.
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