10 agosto, 2025

La pobreza superó el 40% en el primer semestre según el INDEC

Más de 18 millones de personas no logaran cumplir sus necesidades básicas. Mientras tanto, los índices de indigencia treparon al 10,5%.
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La pobreza fue del 40,6% en el primer semestre del año, mientras que la indigencia alcanzó al 8,3% de la población, según publicó este jueves el el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Un año antes, en el primer semestre de 2020, la pobreza había sido del 40,9% en el primer semestre del año, lo que implicó que unos 18,5 millones de personas en todo el país no lograran cumplir con sus necesidades básicas; a su vez, la indigencia trepó entonces al 10,5%, equivalente a 4,8 millones de personas.

INDEC Argentina on Twitter: “#DatoINDECLa pobreza alcanzó al 40,6% de las personas y al 31,2% de los hogares en el 1° semestre de 2021; la indigencia, al 10,7% y al 8,2%, respectivamente https://t.co/y0VRlL7grB pic.twitter.com/8XFb46u8PK / Twitter”

DatoINDECLa pobreza alcanzó al 40,6% de las personas y al 31,2% de los hogares en el 1° semestre de 2021; la indigencia, al 10,7% y al 8,2%, respectivamente https://t.co/y0VRlL7grB pic.twitter.com/8XFb46u8PK

El resultado del principal indicador social estuvo muy cerca del que había marcado el organismo estadístico para el primer semestre de 2020, en que los índices de pobreza e indigencia treparon desde el 35,5% con que terminó el 2019 a 40,9% por el impacto inicial de la pandemia y las medidas de aislamiento social en la economía y en los ingresos de los hogares.

En la comparación más inmediata, el segundo semestre de 2020 había terminado con un índice de pobreza de 42%, mientras que la indigencia trepó al 10,4%, el nivel más alto desde 2004.

INDEC Argentina on Twitter: “#DatoINDECLa región con mayor incidencia de la pobreza en el 1° semestre 2021 fue el Noreste (45,4%), y la de menor, la Patagonia (34,4%) https://t.co/y0VRlL7grB pic.twitter.com/fEeyJbJDpH / Twitter”

DatoINDECLa región con mayor incidencia de la pobreza en el 1° semestre 2021 fue el Noreste (45,4%), y la de menor, la Patagonia (34,4%) https://t.co/y0VRlL7grB pic.twitter.com/fEeyJbJDpH

Una de las razones que explica la persistencia de la pobreza es que la carrera entre los salarios y los precios fue, en la primera mitad del año por algunos puntos porcentuales favorable al IPC (o desfavorable a los ingresos de los hogares), aunque al observar la composición del mercado laboral se ve una enorme disparidad entre sectores, y entre los registrados y los no registrados.

En ese sentido, los más vulnerables fueron los empleados informales. Según los últimos datos oficiales, este segmento de mercado laboral es, por lejos, el más perjudicado. Hacia junio acumulaba casi 12 puntos porcentuales de desventaja contra el ritmo de suba de precios, mientras los ingresos habían aumentado en promedio 13,8%, la inflación acumulada hasta ese momento había sido de 25,3 por ciento.


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Caputo duplicó su patrimonio en el primer año al frente de Economía y conserva la mayor parte fuera del país

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2024 y consignó bienes por $11.851 millones. El salto interanual fue del 137 % y respondió, en gran medida, a la revalorización de inversiones que el funcionario ya poseía.

El 65,8% del total, es decir $7.807 millones, se encuentra en el exterior. Caputo sostuvo depósitos offshore por $5.937 millones, distribuidos en dos cuentas corrientes en dólares. Declaró participaciones societarias por $1.870 millones en Ancora Investments, firma radicada en el exterior. En el país, registró activos líquidos compuestos por $2,1 millones en moneda local y US$ 778.000 en cajas de ahorro. Asimismo, reportó inversiones en Sacha Rupaska, Anker Latinoamericana SA y Palmeral Chico, además de fondos comunes de inversión por $3,3 millones.

En cuanto a bienes registrables, el ministro declaró dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires valuados en $446 millones y $260 millones, respectivamente; un campo en Santiago del Estero tasado en $980 millones; dos lotes en Benavídez y Pilar; una casa en Villa La Angostura; y tres cocheras en CABA. También incluyó seis vehículos —dos Kia Carnival, una Volvo XC90, un yate, un gomón y un cuatriciclo—, aunque para estos y para algunos inmuebles no se detalló el valor fiscal. Entre 2022 y 2024 su patrimonio pasó de $744 millones a $11.851 millones.

Consultado por La Nación sobre la elevada proporción de activos en el exterior, Caputo explicó que “no pensaba ser ministro y así tenía el patrimonio cuando asumí. Si lo hubiese repatriado y convertido a pesos, me habrían acusado de usar información privilegiada. Preferí dejar todo tal cual estaba”.

Los más ricos del gabinete

Gerardo Werthein, titular de Cancillería, declaró un patrimonio de $92.056 millones, de los cuales 65 % —frente al 52 % del año anterior— se encontraba fuera del país. Entre sus bienes figuran inmuebles en Madrid y Punta del Este, tres lotes en Maldonado y una Ferrari 550 Maranello valuada en $309,3 millones. Su cartera denominada “Portfolio Pictet y Cie – Valores Extranjeros” se multiplicó por cinco en tan solo un año.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, informó bienes por $18.089 millones y mantuvo el 80% en el exterior: depósitos equivalentes a $6.746,8 millones en Suiza, $4.688,4 millones en Estados Unidos, $2.422,2 millones en Puerto Rico y $265,6 millones en Uruguay. Además, posee 27 inmuebles —24 en la Ciudad de Buenos Aires, dos en la provincia homónima y uno en Neuquén—, junto con propiedades en Miami Beach y Punta del Este.

Los $11.851 millones de patrimonio que tiene Caputo lo colocan en tercer lugar.

A continuación se ubicaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos con $2.847 millones; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien presentó $2.371 millones —el 61 % en el exterior y la curiosidad de haber adquirido un inmueble de apenas 1 m²—; y el ministro de Salud, Mario Lugones, con $282 millones.

Evolución patrimonial del Poder Ejecutivo

Dentro del Poder Ejecutivo, Javier Milei declaró $206 millones, un aumento del 64% respecto de 2023. La vicepresidenta Victoria Villarruel consignó $80,2 millones, un salto del 117%. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, informó $11,4 millones, equivalentes a unos US$ 10.755 al tipo de cambio oficial o US$ 9.383 al paralelo, lo que implicó una expansión del 221%.

Patricia Bullrich, por su parte, registró $188,3 millones. Desde el Ministerio de Seguridad atribuyeron su incremento patrimonial tanto al ajuste del valor fiscal de sus inmuebles como a la venta de un vehículo.

Redacción

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Villarruel cerró el jardín del Senado que inauguró Boudou

La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, cerró de manera definitiva el jardín maternal del Senado que había suspendido en octubre de 2024 por “irregularidades estructurales” que ponían “en riesgo la vida de los niños y el personal”. Lo dispuso mediante el decreto 401/25, después de que la Dirección de Obras y Mantenimiento evaluó “distintas propuestas” y concluyó “que su readecuación no resulta posible por sus condiciones de base”.

El inmueble será devuelto a la Dirección de Ayuda Social (DAS) del Congreso: “no existiendo la posibilidad de reabrir allí la guardería ni habiendo otra finalidad para el inmueble en cuestión que lo torne útil para el H. Senado, corresponde proceder a su devolución”. En paralelo, a través del decreto 394/25, Villarruel autorizó la donación de los bienes patrimoniales del jardín a otro establecimiento educativo del ámbito legislativo, tras solicitudes de la Asociación del Personal Legislativo (APL) y de la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados. Entre los elementos cedidos figuraron sillas de comer, un sube y baja caballito doble, pizarrones, mantas didácticas, mesas y sillas de caño, un minipelotero, camillas y practicunas, entre otros.

El “Jardín del Bosque” había sido inaugurado a fines de julio de 2015 por el entonces vicepresidente kirchnerista Amado Boudou —luego condenado por corrupción— junto al ministro de Educación Alberto Sileoni y los senadores Juan Manuel Abal Medina (Frente para la Victoria) y Alfredo Martínez (UCR). Durante el acto, Boudou afirmó: “La Presidenta Cristina lleva adelante la tarea de reparar un pasado horrible, construir el presente y sembrar el futuro para todos. Hoy estamos terminando esta etapa de gobierno con la sensación de que tenemos un presente juntos y también un futuro”.

Ni diez años duró el establecimiento. Entre Boudou y Villarruel transitaron las administraciones de la macrista Gabriela Michetti y de la propia Cristina Kirchner. En diciembre de 2023, antes de dejar la presidencia del Senado, Cristina Kirchner eliminó la normativa que compartía el financiamiento del jardín con Diputados; desde entonces, el gasto total recayó sobre el presupuesto de la Cámara alta.

En octubre de 2024, Villarruel decretó el cierre temporal y suspendió toda actividad. La resolución otorgó a los 72 padres de los menores que concurrían a la institución una licencia especial hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto generó una situación singular porque en ese lote se encontraba la senadora santacruceña Natalia Gadano.

La decisión de suspender el jardín se sostuvo “en un informe elaborado por la Dirección de Obras y Mantenimiento y acompañado por las actas de inspección de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. El texto destacó que el “Jardín Del Bosque” no cumplía “con la normativa correspondiente a la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras, UERESGP”.

Entre las irregularidades se consignaron “déficits en el plano de instalaciones contra posibles incendios; el no cumplimiento con el Plan de Autoprotección”, además de que “el edificio es compartido y requiere independizar el funcionamiento de los diferentes usos”. Otra descripción técnica puntualizó que “el plano de instalaciones contra posibles incendios (porque no declara los usos y ocupaciones real de todo el edificio y las instalaciones contra incendio solo abarca planta baja y 1er piso)”; que no se respetaba “el Plan de autoprotección (no incluye a todo el edificio en un simulacro de evacuación ni a la totalidad de los ocupantes)”; y que era necesario “independizar el funcionamiento de los diferentes usos (también funciona un centro de capacitación de APL, Asociación del Personal Legislativo)”.

La resolución inicial encomendó a la Dirección General de Administración la elaboración de un plan de acción para subsanar las observaciones edilicias informadas respecto del inmueble afectado a la guardería y jardín materno infantil. Pese a haber prometido una solución que no llegó —según deslizó su entorno en aquel momento—, la titular del Senado terminó por dar de baja el establecimiento.

Redacción

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Caputo anunció una reducción de aranceles para 27 bienes de capital

El Gobierno nacional publicó el 29 de julio en el Boletín Oficial el Decreto 513/2025 y redujo del 20‑35 % al 12,6 % el derecho de importación para 27 bienes de capital. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó a abaratar los costos de inversión y a impulsar la incorporación de tecnología en sectores industriales estratégicos.

Incluyó máquinas de corte láser, plegadoras y prensas para la metalurgia; depuradores de gases y equipos de limpieza de cañerías para gas y petróleo; ascensores industriales, ventiladores y bombas centrífugas; maquinaria para fabricar helados, hornos de panadería, cortadoras de pelo y esquiladoras, entre otros equipos. También abarcó acumuladores eléctricos de iones de litio interconectados en módulos de hasta 1.500 V, esenciales para sistemas de almacenamiento de energía.

894498601-Decreto-513-2025

En 2024 casi 3.000 empresas importaron estos 27 productos, mientras que en el primer trimestre de 2025 lo hicieron casi 2.000. Los bienes de capital representaron alrededor del 20 % de las importaciones totales: más de 14.000 compañías compraron al exterior USD 9.979 millones en 2024 y más de 11.000 adquirieron otros USD 4.862 millones entre enero y abril de este año.

Desde la cartera de Comercio afirmaron que el gobierno de Alberto Fernández “había incrementado arbitrariamente los aranceles por encima del nivel del MERCOSUR (12,6 %) con fines recaudatorios, lo que desalentó las importaciones y generó mercados menos competitivos” y aseguraron que la rebaja permitirá a las empresas “adquirir estas maquinarias y herramientas a un costo más accesible y así mejorar su productividad”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la disposición en la red social X: “Bajar los aranceles a los bienes de capital es de las cosas más importante que podemos hacer para estimular el crecimiento de la economía y de los salarios reales”.

La publicación se conoció después de que plantas como la siderúrgica Acindar y la textil Mauro Sergio suspendieron personal por la caída de la producción, panorama que el Ejecutivo buscó revertir con menores costos de inversión.

Caputo recordó que en abril el Ejecutivo simplificó la importación de bienes de capital usados y sostuvo que “la medida elimina la intervención del Estado que demandó, sólo en 2024, la tramitación de alrededor de 1.500 expedientes”.

La reducción se basó en las facultades del Código Aduanero y en las decisiones del Mercosur que permiten mantener listas nacionales de excepciones hasta diciembre de 2028. El canciller Gerardo Werthein resaltó que “se trata de una decisión de gran relevancia porque introduce flexibilidad, manteniendo un esquema compartido” y agregó que la iniciativa “habilita de ese modo la adaptación de cada país, según sus prioridades, a las nuevas realidades del comercio internacional, sin perder un horizonte común”.

Redacción

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CÓRDOBA | Taxistas protestaron frente al Concejo para frenar la habilitación de Uber

Uber, DiDi y Cabify defendieron esta semana ante la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante de Córdoba la necesidad de una ordenanza “sin barreras que vuelvan inviable el modelo”. Las compañías coincidieron en objetar el artículo 9.º del despacho oficialista, que fijó un cupo máximo de 4.000 vehículos.

Pedro Martino, responsable de Asuntos Públicos de Uber para el Cono Sur, recordó que la plataforma registró “más de 20.000 socios conductores activos por mes” y advirtió que “con el cupo, el 80 % quedaría afuera”. Antonio Canale, de DiDi, calculó que la medida excluiría “entre 7.000 y 13.000 conductores”, lo que restringiría la oferta especialmente en los barrios alejados.

Uber también cuestionó la exigencia de licencia profesional y la presentación de antecedentes penales provinciales previstas en el artículo 5.º; propuso aceptar constancias de trámite para no demorar entre dos y seis meses el inicio de la actividad. En el plano técnico, rechazó el límite de 10 años de antigüedad de los vehículos —que, según calculó, excluiría a más de la mitad de los conductores actuales— y sugirió extenderlo a 14,3 años, en línea con el promedio nacional del parque automotor. La empresa solicitó, además, eliminar la exigencia de una capacidad mínima de baúl por considerarla “difícil de verificar”.

Martino remarcó que el modelo de plataformas funciona sobre tres tasas clave —entrada, salida y reingreso de conductores— y sostuvo que un cupo fijo “distorsionaría esa dinámica y afectaría la eficiencia del servicio”.

Desde Cabify, Ignacio Escuti avaló la regulación “pero sin barreras”. María Eva Juncos, de She Taxi, defendió el cupo como “herramienta de ordenamiento” y subrayó que “las apps no reemplazan al transporte masivo; son un complemento”. Entre los conductores, José Bini alertó que con la limitación “faltará oferta y se encarecerá el servicio”, mientras Romina Lescano pidió evitar un “monopolio de empresas multinacionales” y sugirió que la Universidad Nacional de Córdoba definiera técnicamente el número de licencias.

El concejal Javier Fabre (UCR) advirtió que crear un cupo generaría “un recurso escaso que se vuelve negociable” y señaló “el gran riesgo constitucional” de limitar la actividad privada. Su par Jessica Rovetto Yapur (Córdoba en Libertad) calificó de “inaplicable y perjudicial” cualquier tope de vehículos y denunció el ingreso “hostil e intimidatorio” de referentes del taxi al recinto.

Afuera, la protesta de taxistas y remiseros comenzó a las 8 y bloqueó por completo la avenida Costanera y el Puente Alvear con bengalas amarillas y verdes —prohibidas por la normativa municipal—. Miguel Arias, titular del Sindicato de Peones de Taxis, advirtió: “No estamos dispuestos a perder nuestra fuente de trabajo. Vamos a defender la actividad hasta las últimas consecuencias”.

El presidente de la comisión, Marcos Vázquez (Hacemos Unidos por Córdoba), consideró que el intercambio “es un avance” para evitar que la norma sea “inaplicable o inconstitucional”. “La información que hoy trajeron todas las plataformas y los trabajadores nos sirvió para construir una mejor regulación”, sostuvo. No obstante, la comisión aún no fijó la fecha para enviar el proyecto al recinto.

Uber concluyó que el cupo provocaría “menores oportunidades económicas, menos disponibilidad de viajes y mayores valores y tiempos de espera”, mientras que los sindicatos tradicionales convocaron a “21 días de lucha hasta el final” bajo el lema “Por el honor, la lealtad y el orgullo de ser taxistas y remiseros”. El debate continuará en las próximas sesiones.

Redacción

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Preocupado por un triunfo de Milei, Alfonsín llenó de elogios a Kicillof: “Acompañaré a Fuerza Patria”

Ricardo Alfonsín, exdiputado nacional e hijo del expresidente Raúl Alfonsín, habló de supuestas intenciones intervencionistas de Javier Milei hacia la provincia de Buenos Aires y mostró su apoyo al partido de Fuerza Patria en las elecciones provinciales bonaerenses.

“Si llegara a ganar Milei en la provincia de Buenos Aires, va a generar condiciones muy difíciles en la gobernabilidad y va a intervenir la provincia, él ya lo dijo”, afirmó el dirigente premiado con la Embajada de España por Alberto Fernández.

Esta advertencia cobra particular relevancia tras los episodios en febrero de 2025, cuando Milei efectivamente amenazó con intervenir la provincia, pidiendo la renuncia del gobernador Axel Kicillof tras varios episodios de inseguridad, generando un fuerte rechazo no solo del peronismo sino también de sectores de la oposición no peronista, afirmando: “Córrase del camino y déjenos intervenir la provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”.

“Voy a acompañar a Fuerza Patria, en primer lugar porque creo que el gobierno de Kicillof es infinitamente mejor que el gobierno de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, y yo lo sé, tengo elementos de juicio para decirlo”, subrayó Alfonsín, siendo que en 2024 la provincia registró 128.477 robos denunciados, un incremento del 18% respecto a 2023, cuando se denunciaron 107.769 casos. Esto representó una tasa estimada de 706 robos por cada 100.000 habitantes.

Sus declaraciones se enmarcan en un momento político complejo para Argentina. Las elecciones provinciales de Buenos Aires del 7 de septiembre de 2025 se realizarán por separado de las elecciones nacionales del 26 de octubre, tras la decisión del gobernador Kicillof de desdoblar los comicios. En estos comicios se renovarán 46 diputados provinciales, 23 senadores, además de concejales y consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses.

Ricardo Alfonsín se encuentra actualmente alejado de la Unión Cívica Radical (UCR), partido del cual se desafilió formalmente en 2024 tras años de diferencias con la conducción partidaria. Actualmente lidera el Frente Amplio por la Democracia (FAD), una coalición progresista que conformó junto a Libres del Sur (Silvia Saravia), Forja (Gustavo López) y sectores del socialismo.

“Desde 1983 no hay gobierno menos republicano que este, menos democrático que este, más autoritario que este, menos federal que este porque no respeta a las provincias, ni más insensible que este desde el punto de vista social”, declaró.

Redacción

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Montenegro sobre la alianza: “Hay que arrancar de raíz al populismo que está atrincherado en PBA”

“El populismo peronista kirchnerista está atrincherado en la Provincia de Buenos Aires. Debemos hacerle frente y arrancarlos de raíz para que nunca más vuelvan a hacerle daño a la gente”, expresó Guillermo Montenegro tras la confirmación del acuerdo electoral.

El intendente destacó que la alianza surge desde un compromiso conjunto basado en “el respeto por el trabajo privado, la protección de los vecinos a través de las fuerzas de seguridad, y la defensa de la propiedad privada”.

El acuerdo electoral entre el PRO y LLA fue formalizado simbólicamente en el Día de la Independencia, con la presencia de importantes referentes políticos de ambos espacios, incluyendo a Cristian Ritondo, Sebastián Pareja, Diego Santilli, Martín Menem y Karina Milei. Ritondo, presidente del bloque de diputados del PRO, señaló previamente que esta alianza representaba un paso necesario y valiente, motivado por la responsabilidad de consolidar la unidad para vencer al populismo.

Redacción

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