La Justicia social destruye los derechos humanos

¿Para qué tenemos un Estado?, ¿Cuál es el sentido de su existencia?
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10 Years Experiences

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*Por: Rogelio López Guillemain

“En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario”

George Orwell

“Un poco de rebelión de vez en cuando es buena cosa”

Thomas Jefferson

Durante miles y miles de años, los grupos humanos fueron gobernados por un hombre o por un conjunto de hombres que imponían su voluntad sobre el resto, ejerciendo su poder físico, monetario, psicológico o el que fuese para decidir por ellos. En ese entonces, los derechos individuales a la libertad, a la vida y a la propiedad privada no existían (mejor dicho, no se reconocían), se vivía bajo el imperio de la ley del más fuerte, algo más cercano a lo animal que a lo humano.

Hace unos 4 siglos, durante la Escolástica Tardía, sus pensadores comenzaron a promover la idea de que todos los hombres eran iguales en naturaleza, por los que debían ser iguales ante la ley. De este modo, colocaban a la ley natural por sobre la ley escrita (derecho positivo).

Esto de la igualdad hoy suena muy lindo, pero hace 4 siglos era un claro ataque a los privilegios de quienes detentaban el poder (los reyes, los aristócratas y la iglesia). No resultó nada simple llevar a los hechos estas ideas, fueron necesarias varias revoluciones, entre ellas la inglesa, la norteamericana y la francesa.

El corolario del principio de igualdad de derecho, es que nadie puede mandar sobre otro sin su consentimiento (y hasta ahí nomás). Esto generó en las relaciones interpersonales un problema arbitral y logístico.

Fue necesario darle autoridad a algo que esté por sobre todos los hombres y arbitre sus disputas, ese algo fue la ley. Esta debía ser la misma para todos, además de justa e imparcial, algo muy difícil de lograr, más si recordamos de donde se venía (basta nombrar a Luis XVI).

Por otra parte, estaba el tema logístico de aplicación, era necesario evitar la acumulación de poder en pocas manos y para lograrlo se dividió este en tres: ejecutivo, legislativo y judicial.

Hasta acá todo parecía ir sobre ruedas. Sin dudas el sistema no era perfecto ni infalible, pero lo bueno que tenía es que su propia dinámica tendía a corregir las fallas.

El secreto del éxito de este andamiaje era simple: todo debía tender a la defensa de los derechos humanos (vida, libertad y propiedad), derechos que no implicaban por parte de un tercero otra acción más que su respeto, o sea la no interferencia (inacción). Es por eso que estos derechos son llamados “negativos”. Las normas que los contemplan deben ser “reactivas” y velar por su protección. La ley es la reina, el estado su soporte logístico y los gobernantes sus efectores materiales.

Pero aparecieron los ideólogos del socialismo y del constructivismo, pregonando su arrogante ingeniería social, creyéndose una suerte de Zeus contemporáneo. Para ellos la “actitud pasiva” del Leviatán era insuficiente, este debía convertirse en una suerte de “Olimpo” (papá estado), hogar de los dioses-gobernantes quienes desde allí arriba, debían regir el destino de los hombres, calmando sus necesidades insatisfechas, remediando las desigualdades de resultado (también llamadas de hecho) y por qué no castigando a quien los desafiara.

Las dádivas de estos dioses-gobernantes adquirieron un nuevo formato, más sutil y adictivo. Transformaron graciosamente las necesidades en derechos sociales (derechos truchos). Estos derechos de segunda, tercera y cuarta generación (también llamados derechos positivos), para ser satisfechos, precisan de la “intervención activa” del estado en la vida de las personas. Para esto, la ley ya no solo debe velar por el respeto de los derechos, ahora debe procurar cubrir estos otros nuevos.

El problema de querer que el estado sea una especie de Papá Noel, es que este no tiene duendes que fabriquen los regalos. Para satisfacer las necesidades transmutadas en “derechos truchos” es preciso contar con recursos materiales, pecuniarios y laborales; recursos que el Leviatán no genera. Por lo tanto, para poder “redistribuir” la riqueza, lo primero que el estado debe hacer, es “extirpársela” a los que la producen.

Acá aparece un nuevo problema. Para poder “sacarle” a unos para “dárselo” a otros (como decía Marx: “de cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad”) precisan redactar leyes que vayan en contra del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad (los únicos y verdaderos derechos humanos). O sea, los políticos populistas necesitan generar un poder similar al de los reyes absolutistas del medioevo, un poder que les de la “autoridad” necesaria para colocase por sobre los ciudadanos de a pie y poder jugar a los dioses, repartiendo lo ajeno como si fuese propio, lanzando migajas de miseria a quienes lloran pobreza.

Pero para que esto funcione sin que “los que ponen el esfuerzo y la tutuca” se enojen, para que los que producen no se resistan e incluso se dejen esquilmar en forma voluntaria, es preciso “convencer” a la población en general de que estos actos son justos. Por eso se machaca en las escuelas, las universidades y los medios sobre conceptos tales como justicia social, equidad, solidaridad y desigualdad; al tiempo que se generan y explotan los sentimientos de culpa y vergüenza entre quienes deben dejar de ser “tan egoístas”. Como decía Voltaire: “Es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran”.

Hemos vuelto al medioevo. Así como fue entonces hoy existe una “aristocracia” que disfruta de privilegios y que decide acerca de la vida sus súbditos. Hemos perdido el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, enredados en una retórica tramposa y letal.

Los actuales monarcas aprendieron la lección. A diferencia de aquellos nobles de hace 4 siglos, los actuales políticos-reyes no nos someten por la fuerza ni nos amenazan con ir al infierno. La estrategia que procuran aplicar es la de lavarnos la cabeza; quieren convencernos de que somos malvados, de que somos ineptos para vivir en armonía sin su tutela; quieren convencernos de que somos incapaces de alcanzar por nosotros mismos nuestra felicidad.

Pero no. Muchos de nosotros creemos en nuestras capacidades y valores, muchos de nosotros preferimos vivir “una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila”; muchos de nosotros decimos ¡basta! y declaramos aquí y ahora el inicio de La Rebelión de los Mansos.


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“SE CONFUNDIÓ” | Un diputado de LLA elogió al Gobierno por obras que propuso el kirchnerismo

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.

Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”. 

La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.

La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.

Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”. 

Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”. 

EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN

El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes. 

Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). 

Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios. 

Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.

Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismo logró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.

El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.

Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal.
Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.

Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.

Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es un órgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.

La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.

Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó una denuncia judicial para declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.






*Por Augusto Grinner

HUMOR por Argüelles​

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Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.

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