Kelly Olmos advirtió que habrá multas para las empresas que no paguen la suma fija de $60 mil
La ministra de Trabajo respondió a las críticas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y sostuvo que apoyará a los sindicatos para controlar a “aquellos que no cumplan con el pago”.
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La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, le replicó a la CAME este martes y anunció que desde el Gobierno de la Nación apoyarán a los movimientos gremiales para “identificar a aquellas empresas que no cumplan con el pago” de $60.000 y advirtió que en caso de que esto suceda, “serán fuertemente multadas”.
“Debemos tener el acompañamiento de los gremios para identificar aquellas empresas que no paguen o el trabajador tiene canales anónimos para la denuncia. Ahí actúa la fiscalización”, afirmó la funcionaria del oficialismo en una entrevista con Radio Provincia. Esto principalmente corresponde, según palabras de Olmos, para aquellos sueldos que lleguen hasta los $400.000 netos.
Raquel “Kelly” Olmos, ministra de Trabajo de la Nación
“A mí me parece que las críticas son legítimas. Lamentablemente muchos de ellos salen a criticar antes de analizar las medidas. Es ya un prejuicio establecido. Y se percibe esa actitud”, agregó al detallar las medidas que tomará Sergio Massa y que fueron fuertemente criticadas a nivel nacional.
Olmos acusó a los dos candidatos opositores, Javier Milei y Patricia Bullrich de querer “ajustar por los más débiles y a los trabajadores”, pero principalmente arremetió contra la referente de Juntos por el Cambio tras “haber reducido los salarios de los trabajadores estatales y de los jubilados 13 puntos”, durante el gobierno de Fernando De la Rúa.
Por último, para Urbana Play la ministra confirmó que “aquellos trabajadores que cobren el bono quedarán afuera del mercado cambios” alegando que mediante ello “no podrán acceder a la compra de dólares de manera oficial”.
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Una encuesta realizada por CB Consultores repasó los beneficios y dificultades de una posible alianza electoral entre La Libertad Avanza y el PRO para las elecciones del año que viene. Si bien hay marchas y contramarchas en el acercamiento de ambos espacios electores, persisten las dudas dentro de ambos partidos sobre la conveniencia de fusionarse en un armado ¿Qué opinan los votantes de Javier Milei: conviene ir juntos o separados?
El presidente libertario se muestra reticente de aliarse oficialmente con el PRO y ejecutar un armado conjunto, la reciente medición parece descartar cualquier tipo de duda.
En provincia de Buenos Aires, la respuesta no se puede ignorar: Mauricio Macri y Javier Milei deben compartir listas. En este sentido, desde la consultora interrogaron a los encuestados sobre qué partido o espacio elegirían en los próximos comicios con una distinción clave: el PRO y LLA juntos o el PRO y LLA separados.
El resultado es categórico para el oficialismo: juntos LLA y el PRO pueden vencer al kirchnerismo en la provincia y encarar unas elecciones presidenciales del 2027 con otras chances, en relación a lo sucedido en 2023
De esta manera, juntos alcanzarían el 30,2% de los votos en territorio peronista, mientras que el kirchnerismo llegaría a 27,1%.
Tercero se ubica un peronismo no kirchnerista aparecería con 6,3%, dato que podría ser significativo si Kicillof logra encolumnar al peronismo disidente bajo su ala.
Finalmente, la izquierda alcanza el 3,2%, la UCR un 2,2%, y el blanco 4,1%.
¿QUÉ PASA SI LLA Y EL PRO COMPITEN SEPARADOS EN 2025?
En caso de no ir juntos, en este escenario el kirchnerismo arrasaría con la votación con un 28,5% de los encuestados votando la lista de Kicillof. Mientras que los libertarios quedarían en segundo lugar con un 17,2% y el PRO en un 9,8%.
Un escenario increíblemente similar al de 2023, dónde Kicillof desplazó a ambas fuerzas políticas, y un número que dejaría muy mal parado sobre todo a Mauricio Macri.
Ficha técnica de la encuesta de CB Consultores
Cantidad de casos: 1.213 casos en territorio bonaerense,
El Gobierno Nacional, bajo la administración de Javier Milei, continúa con su decisión de permitir la privatización del fútbol argentino mediante la reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Este miércoles se publicó el Decreto 730/2024 en el Boletín Oficial, formalizando un marco legal que habilita a los clubes transformar su estructura jurídica y adoptar el formato, sin ser penalizados por las asociaciones y confederaciones deportivas.
Esta decisión representa un nuevo episodio en la tensa relación entre el Ejecutivo y la AFA, liderada por Claudio “Chiqui” Tapia, quien manifestó su rechazo categórico a la inclusión de las SAD en los torneos locales.
El decreto destaca que, a pesar de que las asociaciones, federaciones y confederaciones no hayan adaptado aún sus estatutos o códigos internos, estas no podrán “impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica, originaria o derivada”. Además, se les otorga un plazo de un año, a partir de la fecha de publicación del decreto, para adecuar sus normas a esta nueva disposición.
En diciembre de 2023, a pocos días de haber asumido la presidencia, Milei emitió el DNU que sentó las bases para permitir que los clubes, históricamente organizados como asociaciones civiles sin fines de lucro, pudieran convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas. Esta medida fue acompañada en julio de 2024 por una resolución de la Inspección General de Justicia, que flexibilizó los trámites necesarios para llevar a cabo dicha transformación, facilitando así la llegada de capitales privados al ámbito deportivo.
“Queda para la reflexión individual de cada uno entender y evaluar por qué la AFA le teme a la libertad de sus socios”, tuiteó Sturzenegger
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue una de las voces oficiales que se pronunció sobre el tema, subrayando que la AFA no tiene la potestad de negar la participación de los clubes que opten por la modalidad SAD en los torneos oficiales. Según el ministro, la ley del deporte obliga a la AFA a aceptar a los clubes independientemente de su forma jurídica, y cualquier intento de impedirlo sería una violación a la normativa vigente.
Por su parte, Javier Milei sostuvo a lo largo del tiempo que esta implementación es un paso necesario para atraer inversiones al fútbol argentino y romper con lo que describió como un “modelo socialista pobrista” en el futbol. A través de sus redes, el mandatario cuestionó la postura de la AFA y dejó en claro que no permitirá trabas en el camino hacia la liberalización.
Horas después del mediodía, la Asociación del Fútbol Argentino lanzó un comunicado en el que señalaron que se “respetará lo dispuesto por la Justicia Federal, hasta tanto se resuelva la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas con tacha de inconstitucional; mismo temperamento, en el marco del respeto a la división de poderes que marca nuestra Constitución Nacional, debería adoptar el Poder Ejecutivo Nacional”.
En los últimos días, el exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional de Unión por la Patria fue duramente cuestionado en las redes sociales por su ausencia en el Congreso debido a que viajó al exterior.
Sucedió que el 23 de agosto Gustavo Bordet faltó a una sesión crucial en la Cámara de Diputados, en la cual se debatía el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia que asignaba 100 millones de dólares a la SIDE.
Juan Domingo Orabona
Inicialmente, circuló en las redes sociales y en medios provinciales que Bordet se encontraba de pesca en Alaska junto a su íntimo amigo y exfuncionario Juan Domingo “Palito” Orabona, quien está implicado en la causa conocida como “los contratos truchos” de la Legislatura provincial.
Sin embargo, según consignaron medios provinciales que se contactaron con el burócrata, quien se apresuró para “desmentir” la información, el viaje no habría sido a Alaska —donde la estadía turística no baja de 500 dólares diarios— sino a Los Ángeles, en Estados Unidos. Bordet realizó su gira internacional acompañado por “un grupo de amigos de la facultad”.
Las sospechas y los cuestionamientos se intensifican al considerar los frecuentes viajes al exterior realizados por Bordet, su familia y empresarios-políticos amigos entre 2007 y 2023. Según registros de la Dirección Nacional de Migraciones, estos viajes suman decenas de salidas del país, un aspecto que también está siendo investigado por la Justicia y que podría complicar aún más la situación del diputado.
Uno de los casos más llamativos y recordados por los entrerrianos es su viaje, en noviembre de 2019, a Costa Rica para participar en el torneo de pesca “Dorado Derby”, realizado en Marina Pez Vela, un lujoso puerto deportivo en la costa del Pacífico. Este recreo, que duró diez días, tuvo un costo estimado de entre 8 mil y 12 mil dólares, sin contar los pasajes aéreos. Bordet habría viajado junto a su círculo cercano, incluyendo también al ya citado “Palito” Orabona y al empresario y político, Armando Gay.
Lo que llamó la atención de los investigadores es que —hasta entonces— no hay registros de que Bordet haya salido del país hacia Costa Rica, lo que condujo a la hipótesis de que pudo haber viajado primero a Uruguay para luego tomar un vuelo hacia su destino final, evadiendo así los controles migratorios argentinos.
Desde que asumió Milei, el Gobierno pasó la motosierra por el empleo público. Así lo confirmó un informe que analizó los datos de empleo de la administración pública nacional y de las empresas y sociedades del mes de julio pasado comparándolos con el mes de diciembre de 2023. Allí se observó una reducción de 30.936 puestos, equivalente al 9,1% de la dotación base de final del año pasado. La administración central, el Correo Oficial, la ANSES, el CONICET y AYSA lideran las bajas.
El dato revelador surgió de un relevamiento realizado por el economista Nadín Argañaraz, a partir de datos del INDEC, en el que observó los cambios en la cantidad de trabajadores que forman parte del empleo público desde que comenzó la administración libertaria.
Desde el punto de vista de la intensidad de la reducción sobre la dotación de diciembre de 2023, las mayores caídas se centran en Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (-58.5%), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (-30.3%), Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (-29.7%), Agencia Nacional de Discapacidad (-28.2%), Ente Nacional de Comunicaciones (-26.6%) y el Correo Oficial de la República Argentina (-24.2%).
EN LOS ÚLTIMOS CINCO MESES SE PERDIERON 115.000 PUESTOS DE TRABAJO EN EL PAÍS
Durante los primeros cinco meses del Gobierno de Javier Milei se perdieron 115.000 puestos de trabajo registrado, de acuerdo al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En medio de la crisis económica que sufre el país, casi la totalidad los sectores laborales experimentaron una caída del nivel de empleo. En el sector privado, 1 de cada 100 trabajadores se encuentra suspendido.
Las personas con trabajo registrado pasaron de 13.359.000 en diciembre de 2023 a 13.244.000 en mayo de este año. En la comparación interanual, el total de trabajadores con empleo registrado se redujo un 1,4%. Las caídas se dieron en todos los sectores: personal en casas particulares, trabajo independiente, sector público y sector privado. “Esta caída del empleo asalariado obedece al retroceso mostrado por el sector privado y el personal de casas particulares (-2% y -4,6% respectivamente)”, explicó el informe del SIPA.
En mayo, el trabajo independiente presentó una caída en relación con el mes anterior del 0,1%; mientras que el monotributo social registró un descenso del 1,0% y autónomos, una baja del 1,4%.
Por otro lado, de acuerdo al SIPA, el nivel de empleo privado durante mayo de 2024 tuvo una contracción del 0,1% en relación con abril y acumula, desde diciembre de 2023, una reducción de 2,1%. El informe de la Secretaría de Trabajo señala que en junio el empleo privado registrado volvió a caer y se redujo un 0,2%. Con esta variación, son seis meses consecutivos de caída neta del empleo desde que asumió el Presidente Javier Milei.
A excepción de Comercio, restaurantes y hoteles y Servicios comunales, sociales y personales; todos los sectores experimentaron una contracción en junio. Específicamente el empleo en la industria manufacturera, que mostró una contracción significativa (-0,5%), y registra el quinto mes consecutivo de caída. Por su parte, el sector de la Construcción “continúa presentando la mayor contracción mensual (-0,7%), consolidando también la desaceleración de la caída en relación con los meses anteriores”, señaló en el informe la Secretaria de Trabajo.
Las incorporaciones de personal, medidas a través de la tasa de entrada, se redujeron en junio con relación al mes anterior y respecto al mismo mes de 2023, acentuando la tendencia contractiva observada en meses anteriores.
En esa línea, las desvinculaciones de personal, medidas por la tasa de salida, también mostraron una caída en la comparación con mayo y con el mismo mes del año anterior.
Por último, la demanda laboral tuvo en junio el valor más bajo de la serie, es decir, desde el año 2007. Solo en 2020, con la influencia de la pandemia, se registró un nivel menor para un mes de junio.
La gestión de Javier Milei oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 749/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este programa, diseñado para atraer inversiones extranjeras de gran magnitud, establece un conjunto de normativas destinadas a garantizar un entorno seguro y beneficioso para aquellos proyectos cuyo capital supere los 200 millones de dólares.
El RIGI tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica y una serie de beneficios fiscales a las inversiones en sectores estratégicos de la economía como petróleo y gas, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Estos sectores fueron seleccionados por su importancia para el desarrollo económico del país y por su capacidad para atraer inversiones que generen empleo y promuevan el crecimiento sostenible.
El régimen no se dirige a cualquier tipo de inversión, sino que se enfoca en proyectos que pertenecen a sectores clave para la economía nacional. Cada uno de los sectores tiene estipulado un monto mínimo de inversión para poder acogerse al régimen, con una base general de 200 millones de dólares. Sin embargo, en sectores más complejos, como el petróleo y gas, los requisitos son más elevados. Por ejemplo, las inversiones en transporte y almacenamiento deben superar los 300 millones de dólares, mientras que los proyectos de exploración y explotación requieren un capital mínimo de 600 millones de dólares.
El RIGI ofrece a las empresas que participen en el programa una serie de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios. En el ámbito fiscal, uno de los beneficios más destacados es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Además, se permite la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, lo que facilita la recuperación de la inversión inicial a través de menores pagos de impuestos. Las empresas también podrán solicitar la devolución de los saldos a favor del IVA en un plazo máximo de tres meses y computar el 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.
En el ámbito aduanero, las empresas adheridas al régimen estarán exentas del pago de derechos de importación por bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para sus proyectos. Durante los primeros tres años, también estarán exentas del pago de derechos de exportación, lo que incrementa la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.
Por otro lado, los incentivos cambiarios contemplan un alivio gradual en la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones. En los primeros dos años de iniciada la inversión, las empresas solo estarán obligadas a liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios, porcentaje que aumentará al 40% en el tercer año y llegará al 100% en el cuarto.
Las empresas interesadas en formar parte del RIGI disponen de un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para solicitar su adhesión, con la posibilidad de extender este plazo un año más. Este periodo permite a las empresas planificar y estructurar adecuadamente sus inversiones antes de comprometerse formalmente.
Para mantenerse dentro del régimen, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, como haber completado al menos el 40% del monto mínimo de inversión en activos dentro de los dos primeros años desde la aprobación de su solicitud. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida de los beneficios, aunque no de manera retroactiva.
El reciente rechazo en la Cámara de Diputados al Decreto de Necesidad y Urgencia que buscaba incrementar en $100 mil millones los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) significó un duro revés para el gobierno de Javier Milei y profundizó las divisiones internas en el PRO, uno de los principales partidos de la coalición Juntos por el Cambio.
El presidente del PRO, Mauricio Macri, fue quien tomó la iniciativa de instituir a su bloque de la Cámara Baja a dar quórum en la sesión especial que finalmente resultó en la anulación del decreto. Esta decisión no solo tensó las relaciones con el gobierno, con quien el PRO había tenido una colaboración cercana en el pasado, y también expuso las fracturas dentro de su propio partido.
El DNU de Milei fue presentado en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional y las amenazas del narcotráfico. El gobierno argumentó que estos fondos eran esenciales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y garantizar una mayor seguridad para los argentinos. Sin embargo, la falta de claridad sobre el uso de estos fondos y el “contexto económico” llevó al expresidente y a su círculo cercano a oponerse a la medida.
La decisión no fue unánime dentro del PRO. El sector liderado por Patricia Bullrich —ministra de Seguridad y una de las principales figuras del partido ahora cercana a LLA— se desmarcó de la postura del PRO y criticó duramente la decisión de rechazar el decreto. Bullrich, también desde Twitter, defendió la necesidad de estos fondos para combatir el narcotráfico y proteger a los argentinos, acusando a quienes se opusieron al DNU de “ponerse del lado de las mafias y el terrorismo”.
“La SIDE quedó desmantelada tras la administración de Alberto Fernández y requería dinero fresco para fortalecer la seguridad”, argumentó la ministra, quien lamentó la “inconsciencia” de los que, según ella, no tomaron en cuenta los riesgos que implica rechazar estos fondos.
UNA VOTACIÓN QUE EXPONE DIVISIONES
La votación en la Cámara de Diputados reflejó severas tensiones internas. Mientras que los diputados leales a Macri, como Álvaro González, Daiana Fernández Molero y Héctor Stefani, dieron quórum y votaron a favor de rechazar el DNU, otros, como Fernando Iglesias y Silvana Giudici, optaron por la abstención. Algunos diputados, como Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet, decidieron ausentarse, lo que evidenció la falta de consenso dentro del bloque.
Por otro lado, los diputados cercanos a Bullrich, como Damián Arabia y Patricia Vásquez, votaron en contra de la anulación del decreto, alineándose con La Libertad Avanza, el partido de Milei. Esta divergencia en la votación mostró que, a pesar de la instrucción de Macri, Bullrich aún mantiene un considerable apoyo dentro del PRO.
El comunicado oficial del PRO, titulado “Esto no es el cambio”, dejó en claro la postura de la cúpula partidaria frente al DNU de Milei, enfatizando la importancia de instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero.
No conozco jubilados que prendan fuego tachos, les peguen a la policía y marchen encapuchados. Esta es la máxima expresión de militantes políticos que solo buscan el Kaos. pic.twitter.com/KLZajYzTa4
