Jorge Capitanich pasa por su peor momento político y el peronismo chaqueño lo deja de lado

El asesinato de Cecilia Strzyzowski terminó por empapar al actual gobernador de Chaco, quien carga con una contundente imagen negativa y una reciente elección perdida. Ante lo que creen será el fin del kirchnerismo en su provincia, el peronismo se hace a un lado.
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La interna en el Partido Justicialista de la provincia del Chaco no es un tema desconocido, ni mucho menos, nuevo. Y si bien, en los últimos meses, fueron pocos los que se manifestaron públicamente por la “unidad” con sinceridad, otros siempre fueron operando por detrás para lograrla o terminar de “romperla”.

Rápidamente, si se habla de unidad en el justicialismo, los nombres de fuste son el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, el intendente de Resistencia Gustavo Martínez, y los ex mandatarios provinciales Domingo Peppo y Juan Carlos Bacileff Ivanoff. Algunos con más antigüedad o peso que otras, pero todos con números en elecciones que los respaldan como “referentes internos” para pelear por un lugar en el oficialismo, que hoy se encuentra bajo la voz de mando de “Coqui”.

Jorge Capitanich
El gobernador chaqueño Jorge Capitanich.

En ese contexto, uno de los pocos que constantemente se manifestó en favor de recuperar estos soldados que han abierto sus caminos por otros rumbos, fue el legislador y ex intendente de Villa Berthet, Atlanto Honcheruk. Durante la semana pasada, con la inminente realización del Congreso provincial del Justicialismo, el foco estuvo puesto en si el sábado iban a verse a todos los referentes juntos en el mismo acto, lo cual no se dio.

El resultado de las PASO mostró que por nombres el más votado fue Jorge Capitanich, pero en fuerzas políticas, el justicialismo quedó como segunda, detrás de Juntos por el Cambio. Esto aceleró los procesos y fueron varios los que pusieron en duda la conducción y aseguraron que hacía falta mostrar gestos de unidad, algo que tras varios encuentros y reuniones, los propios referentes máximos desestimaron.

Gustavo Martínez
El intendente de Resistencia y candidato a gobernador, Gustavo Martínez.

Capitanich con ciertos gestos de impulsar reuniones y medidas en la capital chaqueña casi sin consulta alguna a la Comuna. Mientras que Martínez, tras varias semanas, tuvo contacto con la prensa el viernes y fue claro en cerrar las puertas y ventanas a una posible unidad interna en el justicialismo, mientras la cabeza de la conducción sea “Coqui”, y por sobre todo de cara a las próximas Generales del 17 de septiembre, donde se enmarcan como alternativa y oposición.

Y como si esto fuera poco, el caso Cecilia Strzyzowski sigue dando que hablar a pesar de la feria judicial, y la oposición lo utiliza para recoger el guante y sacarle el jugo a algunas medidas que le pueden significar “porotos” a favor en post de aumentar el clima social en contra de las relaciones de la gestión provincial con los movimientos sociales.

Domingo Peppo
El ex gobernador de Chaco, y actual precandidato a mandatario provincial, Domingo Peppo.

Un nuevo audio de Emerenciano Sena que cobró relevancia, le valió al candidato a gobernador Leandro Zdero para apuntar contra la conducción de Capitanich y sus legisladores, poniendo sobre la mesa también la discusión por el uso de celulares de personas en contexto de detención y rememoró la votación y debate que se dio en el seno de la Cámara de Diputados de la provincia por esta cuestión.

Como la “hoja de ruta” ya lo marcó antes de las PASO provinciales, cada tema va a dar tela para cortar, y sobre todo el Congreso interno seguirá dejando algunas cuestiones por vislumbras y dará para analizar a partir de los dichos y conclusiones que se logren, casi desestimando que pueda existir un gesto de unidad de los principales referentes partidarios, camino a las primarias nacionales y las Generales provinciales.

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Sin Baradel al frente de SUTEBA, Kicillof enfrenta el primer paro docente en sus seis años de gestión

A un mes de la salida de Roberto Baradel de la conducción del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), los gremios docentes decretaron el primer paro directo contra la gestión del gobernador Axel Kicillof. Se trata de la segunda medida de fuerza del año, siendo que la primera en marzo, había sido enmarcada en una protesta de carácter nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

“Rechazamos el desfinanciamiento de la educación técnica pública, inclusiva y de calidad”, se informó en un comunicado del SUTEBA.

SUTEBA Provincia on X (formerly Twitter): “✋🏻 PARO PROVINCIAL DOCENTE🗓️ 3️⃣0️⃣ DE JUNIO#SomosSUTEBA pic.twitter.com/RghjMzVdfw / X”

✋🏻 PARO PROVINCIAL DOCENTE🗓️ 3️⃣0️⃣ DE JUNIO#SomosSUTEBA pic.twitter.com/RghjMzVdfw

Cuatro de los cinco gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocaron al paro de 24 horas. Entre los sindicatos se encuentran la SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). Solo el sindicato de docentes privados (SADOP) no adhirió.

Lo verdaderamente histórico es que es la primera huelga exclusivamente dirigida contra la gestión de Kicillof desde que asumió en diciembre de 2019. El primer paro del año había sido enmarcado en una protesta contra las políticas educativas del gobierno del presidente Javier Milei. Este, en cambio, apunta de lleno a La Plata.

Para entender la novedad de este paro, hay que entender quién fue Baradel durante dos décadas. Secretario general de SUTEBA desde 2004, Baradel fue uno de los sindicalistas más cercanos políticamente a Kicillof y al kirchnerismo en general. Su liderazgo significaba que el principal gremio docente actuaba como un amortiguador de conflictos con el gobierno provincial, siendo que las bases podían estar descontentas, pero la conducción frenaba las medidas de fuerza directas contra el gobernador.

En marzo de 2026, Baradel anunció que no se presentaría a las elecciones internas de SUTEBA, poniendo fin a casi 20 años al frente del gremio. La lista oficialista que él impulsó llevó como candidata a la secretaria adjunta María Laura Torre, quien ganó las elecciones realizadas el 13 de mayo. Baradel continuará en el sindicalismo nacional como adjunto de CTERA, pero dejó de ser el interlocutor privilegiado del gobierno bonaerense en materia educativa.

— Baradel junto María Laura Torre, en la jornada de protesta de la CTERA

Su salida no fue casual ni cómoda, ya que llegó con los salarios docentes corriendo por detrás de la inflación y con un malestar creciente en las bases que se convirtió en una “encrucijada de compleja resolución” para su liderazgo.

La crisis salarial acumulada

El deterioro del poder adquisitivo docente tiene varias capas. Uno de los principales factores fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), dispuesta por el gobierno de Milei a través del DNU 280/2024, que dejó de abonarse desde diciembre de 2023. La medida implicó una reducción de entre $20.000 y $28.000 mensuales por cargo, equivalente a alrededor del 10% del salario docente. De acuerdo con SUTEBA, un trabajador con dos cargos acumuló una pérdida cercana a los $4 millones en el plazo de un año y medio.

“Necesitamos sentarnos de manera urgente con la Provincia para recomponer los salarios docentes que quedaron muy rezagados”, afirmó Liliana Olivera, titular de la FEB.

En la provincia de Buenos Aires, la administración de Kicillof buscó compensar parcialmente esa quita mediante la creación de una “Compensación FONID/Conectividad” de $28.700, acordada en la paritaria de marzo de 2026. Sin embargo, el adicional tiene carácter no remunerativo y no bonificable, por lo que no se incorpora al cálculo del aguinaldo, la antigüedad ni la jubilación, además de carecer de un mecanismo de actualización automática.

A esa situación se sumó la falta de avances en la negociación salarial. La última reunión paritaria se realizó el 12 de junio y, desde entonces, el Ejecutivo bonaerense no presentó una nueva propuesta con porcentajes de aumento. En consecuencia, los salarios de junio fueron liquidados sin incrementos, una situación que también impacta de manera directa en el cálculo del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre.

El conflicto salarial ya había comenzado a comienzos de año, cuando la oferta inicial del Gobierno provincial consistió en un aumento del 1.5% para enero, rechazado por los sindicatos por considerarlo insuficiente. Posteriormente, en marzo, las partes acordaron un incremento del 7.5% en dos tramos, aunque los gremios sostienen que esa actualización resulta insuficiente para revertir la pérdida acumulada del poder adquisitivo.

La violencia en las escuelas

El segundo eje del paro es el aumento sostenido de episodios de violencia en los establecimientos educativos bonaerenses. En la semana previa al paro, se registraron casos en Moreno (una madre golpeó a una docente y a la directora), y en el primer trimestre del año hubo incidentes graves en Bahía Blanca, Mar del Plata y Zárate, que incluyeron peleas con fracturas, ataques con gas pimienta y amenazas con armas blancas.

Los gremios exigen la implementación plena del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación —ya acordado pero no ejecutado—, y un protocolo complementario, además de la aplicación efectiva de legislación vigente para sancionar agresiones en el ámbito escolar.

Este paro representa un quiebre en la alianza estratégica entre el kirchnerismo bonaerense y el sindicalismo docente, que duró más de siete años. Con una nueva conducción en SUTEBA que ya no tiene la misma obligación política de proteger al gobernador, y con las bases presionando por recuperación salarial real, la nueva secretaria general Laura Torre enfrenta su primer gran desafío, que es negociar en junio con una deuda salarial acumulada y la presión de la izquierda sindical, que disputó seccionales en las últimas elecciones internas y buscará capitalizar el descontento.

Los gremios ya advirtieron que de no haber una convocatoria a paritarias con una propuesta concreta en el corto plazo, no se descartan nuevas medidas de fuerza indefinidas. El gobierno bonaerense, a su vez, usa como escudo el argumento del “ahogo financiero” que le impone el gobierno nacional, intentando redirigir parte del conflicto hacia Milei.

Caputo y Frigerio impulsan un nuevo pacto fiscal para bajar impuestos

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó este jueves a Paraná y firmó junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, un acuerdo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo que permite a la Nación y a las provincias compensar deudas y acreencias que tienen entre sí para ordenar sus cuentas públicas.

El convenio funciona, en los hechos, como un trueque contable. Nación transferirá a la provincia inmuebles del ex PRO.CRE.AR ubicados en Paraná, y Entre Ríos reconocerá el valor tasado de esos bienes. A cambio, el Estado Nacional admitió una deuda con la provincia vinculada al ajuste del Consenso Fiscal y un saldo pendiente de un convenio anterior. El objetivo, según el Gobierno, es saldar deudas de años previos y avanzar hacia una nueva relación fiscal federal, una tarea que la gestión nacional dijo estar encarando junto a la mayoría de las jurisdicciones.

La visita incluyó dos escalas más. Caputo se reunió con cámaras productivas entrerrianas, donde valoró el espacio de diálogo directo con los distintos sectores de la región. Ante los empresarios, sostuvo que “Argentina logró superar los shocks internos y externos” y consideró que eso representa “una evidencia empírica de la solvencia del programa económico”. También afirmó que “estamos ante un nuevo modelo que es mejor para todos los argentinos” y recordó que “veníamos de un desorden macroeconómico que perjudicaba a los 47 millones de habitantes”.

El ministro anticipó además la hoja de ruta del oficialismo en materia impositiva: “están llegando las inversiones y cada año van a ser más” y prometió que el Gobierno va “a seguir bajando impuestos”. “La forma de ser más competitivos es bajando impuestos, mejorando la infraestructura, generando crédito y sacando regulaciones”, agregó.

Más tarde, Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, encabezaron la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que reunió a los ministros de Economía provinciales. Allí el ministro pidió a las provincias un gesto concreto: “es fundamental del lado de las provincias dar como señal una baja concreta de impuestos para profundizar este camino”. Y enmarcó esa exigencia en una idea más amplia: “lograr una Argentina más productiva se da con responsabilidad fiscal”.

En ese mismo encuentro, el ministro y el gobernador dieron el paso más ambicioso del día: plantearon la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal entre Nación, provincias y municipios. Como anfitrión, Frigerio abrió el cónclave con un reclamo de fondo. Argentina, dijo, necesita discutir una nueva etapa fiscal, y para eso propuso construir un acuerdo federal que fije un horizonte concreto para eliminar los impuestos distorsivos que, según aseguró, encarecen la producción y restan competitividad. Mencionó tres en particular: Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones. Sobre estas últimas fue categórico: los derechos de exportación “no deberían formar parte de la estructura impositiva de un país que busca crecer, atraer inversiones y generar empleo privado”.

Caputo se ubicó en la misma línea. Señaló que la consolidación del equilibrio fiscal abre la puerta a una nueva etapa de reformas estructurales centradas en la competitividad, la inversión y la baja de la presión tributaria. El país, planteó, debe avanzar “hacia un modelo más federal” en el que las provincias tengan mayor autonomía y dependan menos de las transferencias nacionales. Un nuevo pacto fiscal, explicó, puede ordenar las responsabilidades de cada nivel de gobierno, mejorar la calidad del gasto público y generar las condiciones para una baja sostenida de impuestos. El desafío, admitió, será construir consensos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal ya alcanzado. “Tenemos que seguir todos por el camino de la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y el respeto por la propiedad privada. Eso es lo que les va a dar confianza a los actores económicos para animarse a invertir y producir más”, resumió ante los funcionarios provinciales.

Frigerio aclaró que el proceso requiere una hoja de ruta y debe resguardar la sustentabilidad de las cuentas públicas. Aun así, consideró clave avanzar en una línea de trabajo común que dé previsibilidad a quienes invierten y producen, y que establezca con claridad que Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones tendrán una reducción progresiva hasta su eliminación. El esquema también alcanza a los gobiernos locales: el gobernador pidió revisar tasas municipales que en algunos casos funcionan como impuestos encubiertos y elevan los costos de la actividad sin una contraprestación clara.

Caputo, en tanto, sumó ante los representantes provinciales una reflexión sobre el clima de negocios. Durante muchos años, dijo, en el país “habíamos normalizado no respetar la propiedad privada y es lo que más daño nos ha hecho”. Por eso reivindicó “el respeto por la santidad de los contratos”.

Frigerio y Caputo ya fueron protagonistas del último acuerdo fiscal entre Nación y provincias, suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri. Por entonces, el actual gobernador era ministro del Interior, y Caputo conducía Finanzas, después de que la cartera económica se dividiera tras la salida de Alfonso Prat Gay (con Nicolás Dujovne al frente de Hacienda). Aquel pacto, que quedó trunco tras la crisis financiera de 2018, contenía casi los mismos puntos que la agenda actual. Las provincias (con la excepción de San Luis, que no firmó) se comprometían a reducir de manera gradual Ingresos Brutos y Sellos, mientras la Nación asumía revisar el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones.

Eugenio Casielles: “Adorni es la decadencia social, cultural y política que confirma todos los dolores de Argentina”

En una entrevista emitida en el segmento Perdón por la Vehemencia, por Canal EY! a cargo del periodista Eduardo Prestofelippo (más conocido como El Presto), el cofundador y exintegrante de La Libertad Avanza (LLA) Eugenio Casielles analizó el fracaso de la sesión que buscaba interpelar al exvocero presidencial, Manuel Adorni por las denuncias de corrupción que golpean al oficialismo.

“Acá siempre la culpa es del otro. Sí por lo menos tuvieran los huevos de decir ‘me equivoqué, no lo analicé’ o algo. Dijeron una cosa e hicieron otra, nadie paga el costo, solo los argentinos”, afirmó Casielles, uno de los pocos que quiso hablar del tema públicamente.

La iniciativa no consiguió el quórum necesario y quedó frenada en el recinto legislativo de la Nación, dónde solo participaron 117 diputados, 12 menos de los 129 requeridos para habilitar el debate. El rechazo al avance de la sesión contó con el apoyo del PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y Provincias Unidas, en una jugada articulada por el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Martín Menem que terminó por bloquear la ofensiva opositora.

“Esto no tiene nada que ver con ningún partido estrictamente. Esto tiene que ver con un sistema que se rompió hace años y que está totalmente corroído y con pocos signos de recomponerse”, destacó Casielles, aclarando que en el gobierno “cada uno busca su propio interés”.

Adorni fue el vocero estrella del gobierno del presidente Javier Milei y luego ascendió a Jefe de Gabinete de Ministros. El escándalo se acumuló en capas sucesivas a lo largo de 2026, esperando cuando Adorni llevó a su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial ARG-01 a Nueva York para la “Argentina Week”, sin que la mujer tuviera función pública o estatal alguna. Adorni justificó el episodio con la célebre frase: “Vengo a deslomarme a Nueva York y quería que me acompañe”.

— Adorni junto a su esposa durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York

Sin embargo, previamente en febrero de este año, Adorni viajó junto a su familia a Punta del Este en un avión privado, cuyo costo —estimado en unos 10.000 dólares— fue pagado por un periodista amigo que además era contratista de la TV Pública. Esto abrió una causa por supuesto cobro de dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.

“Al final, el PRO le echó la culpa a (Martín) Insaurralde tanto tiempo y ahora que aparece a Adorni lo perdonan, ¿Cuál es la excusa?”, subrayó Casielles, haciendo referencia al exjefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien renunció en 2023 tras el escándalo mediático del yategate.

— la Justicia allanó las propiedades de Insaurralde para buscar información sobre bienes y el origen del dinero utilizado para ese viaje en yate a las costas de Marbella

La consiguiente investigación judicial detectó una disparidad alarmante entre el patrimonio declarado de Adorni y sus ingresos como funcionario. El fiscal federal Gerardo Pollicita lo imputó formalmente en marzo de 2026 por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectar inconsistencias “incontrastables”, incluyendo un presunto incremento del 500% en su patrimonio en un solo período fiscal.

La interpelación especial al Jefe de Gabinete está contemplada en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Según ese artículo, el Congreso puede citar al funcionario para que brinde explicaciones mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Lo que hace a este mecanismo potencialmente devastador es su continuación lógica, ya que si en algún futuro la Cámara considera insatisfactorias las explicaciones de Adorni, puede avanzar con una moción de censura donde, si ambas Cámaras votan a favor, pueden remover al Jefe de Gabinete del cargo. La constitucionalista Lorena González Tocci subrayó que “este mecanismo nunca fue utilizado desde la reforma constitucional de 1994”, por lo que su activación sería un hecho inédito en la historia argentina.

“Al final terminan siendo socios. Hoy no veo la diferencia entre el kirchnerismo y LLA, el PRO y todos los demás”, dijo Casielles, añadiendo que “no tienen una mínima cuota de patriotismo, se pasan hablando de republicanismo y defensa de valores, pero cuando llega la hora de responder, no hacen ni lo básico”.

Ese mismo día, el foco de Adorni se trasladó al Senado, donde la oposición peronista había impulsado un proyecto de interpelación con moción de censura firmado por José Mayans, Juliana Di Tullio, Mariano Recalde y Eduardo “Wado” de Pedro. La jugada del oficialismo en la Cámara alta fue aún más teatral, con el bloque de LLA conducido por Patricia Bullrich, que ingresó al recinto pero solo se quedó parado al costado de las bancas sin sentarse, esperando que vencieran los 30 minutos reglamentarios. El peronismo hizo lo mismo. Así, sin que nadie se sentara, nunca se alcanzaron los 37 senadores necesarios para abrir la sesión y el presidente provisional Bartolomé Abdala la dio por caída.

Ante el fracaso de la sesión del 23 de junio, Cristian Ritondo salió a decir que su partido logró “imponer su posición sin tener que votar con los K” y que la sesión “era un show mediático” porque la comisión ya estaba convocada. En otras palabras, el PRO usó el argumento de que el canal institucional (la comisión) hacía innecesaria la sesión forzada.

La UCR, por su parte, respondió en gran medida a los gobernadores radicales, quienes —incluso algunos enojados con el gobierno por los recortes de subsidios de Zonas Frías, como los de Córdoba y Santa Fe— tienen “un enojo controlado, hay temas y temas” y supuestamente no quieren terminar de pelearse totalmente con la Casa Rosada.

El Hospital Garrahan dijo que Kicillof “miente” y negó la “deuda cero” de la provincia con IOMA

El Consejo de Administración del Hospital Garrahan dió a conocer en una dura carta abierta en la que denunció que la obra social de la provincia de Buenos Aires falsea al argumentar que solo les debe $8.278.254.990.97. El principal centro pediátrico del país cruzó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por asegurar que las cuentas ya estaban saldadas.

“El gobernador Axel Kicillof miente, la deuda con el Hospital Garrahan es de más de $8.278 millones”, afirmaron en la nota, subrayando que no se contabilizaron los otros intereses que se generaron a partir del momento en que se produjo el incumplimiento.

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) es la obra social de los empleados públicos provinciales de Buenos Aires. Fundado en 1957, es la segunda obra social más grande del país, con más de 2.7 millones de afiliados, incluyendo docentes, empleados municipales, estatales activos y jubilados bonaerenses.

A comienzos de junio de 2026, el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak anunció públicamente —a través de la red social X— que el IOMA había cancelado la totalidad de su deuda con el Garrahan, pagando más de $1.230 millones. La Provincia declaró “deuda cero” y señaló que sus registros administrativos ya no mostraban obligaciones impagas. De acuerdo a la explicación oficial, ese monto surgió de una auditoría interna del IOMA que revisó las prestaciones facturadas por el hospital.

Dado el enorme tamaño de la provincia, una cantidad muy significativa de niños con esa cobertura termina siendo atendida en el Garrahan —un hospital nacional— cuando sus casos superan la capacidad del sistema provincial. Esa atención genera una deuda de IOMA hacia el Garrahan, que es exactamente lo que está en disputa.

“Los pagos que menciona el gobierno de Kicillof son pagos parciales a cuenta de deuda vencida, que además se imputarán primero a cancelar intereses”, destacaron los profesionales de la salud.

El Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, inaugurado en 1987 durante la presidencia del expresidente Raúl Alfonsín, es el centro pediátrico de alta complejidad más importante de Argentina. Su financiamiento proviene principalmente del Estado, con el 80% que lo aporta el Estado Nacional y el 20% restante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto significa que, en términos presupuestarios, es un hospital nacional. Sin embargo, tiene una fuente adicional de ingresos, con la recuperación de gastos por atender pacientes que tienen obra social o prepaga.

Cuando un niño de cualquier provincia llega al Garrahan con cobertura médica, el hospital le factura esa atención a la obra social correspondiente. IOMA es la obra social que más pacientes deriva al Garrahan.

— La carta donde el Hospital Garrahan reclama una deuda multimillonaria por parte de la obra social de la provincia de Buenos Aires

La Provincia salió a responder y fundamentó su postura en los resultados de una auditoría interna realizada por el IOMA antes de concretar el pago. Según ese relevamiento, el 85% de los montos reclamados por el Garrahan no contaba con respaldo documental, técnico ni normativo, había prestaciones que no registraban facturación formal en los sistemas del organismo, se detectaron valores fijados de manera unilateral por el hospital a través de un supuesto “Nomenclador Garrahan” que nunca fue acordado entre las partes y también se vinculó una posible sobrefacturación en medicamentos, prótesis y prácticas no cubiertas.

En consecuencia, Kicillof ratificó que no pagará los fondos restantes hasta que el hospital presente la documentación correspondiente de cada afiliado. El IOMA propuso también una auditoría conjunta para determinar de dónde viene la discrepancia.

La deuda que se arrastra desde 2017

El conflicto no es nuevo. La deuda del IOMA con el Garrahan se remonta al año 2017, cuando empezaron a acumularse facturas impagas por la atención de afiliados bonaerenses. Durante años, el hospital continuó atendiendo a esos niños —porque no puede negarse a hacerlo— mientras el saldo impago fue creciendo. Según el propio Garrahan, la deuda acumula prestaciones brindadas a 44.447 afiliados de IOMA desde 2017 hasta la actualidad.

Con el tiempo, parte de ese monto llegó a la Justicia, donde se estima que $2.500 millones están judicializados, lo que impide que el hospital disponga de esos fondos incluso si se llegara a un acuerdo.

En el documento, el hospital detalló por qué considera que ese pago que sostiene la Provincia no alcanza para saldar la deuda. Indican que el monto efectivamente adeudado asciende a $8.278 millones solo en concepto de capital, sin incluir los intereses devengados desde la mora. Además, aclara que los 1.230 millones anunciados por Kicillof constituyen apenas una cancelación parcial a cuenta de una deuda anterior y no la extinción total del pasivo.

Conforme a esa interpretación, los pagos se aplicarán primero a cubrir intereses, de modo que el capital principal permanecería prácticamente intacto. El texto también advierte que la deuda sigue incrementándose “día a día con cada nuevo paciente” que el hospital atiende. A la vez, señala que toda la documentación fue presentada al IOMA en tiempo y forma, con constancias de entrega y recepción, y que, al no haberse registrado un rechazo formal dentro de los plazos de auditoría, las facturas quedaron firmes, consentidas y exigibles.

Desbarataron una red tucumana que compraba armas a nombre de un muerto para abastecer al crimen organizado en Chile

Una investigación federal destapó un mecanismo de “lavado de legalidad”. Una armería ubicada en calle Chacabuco al 100 en San Miguel de Tucumán no solo vendía armas, sino que funcionaba como tapadera jurídica para el tráfico ilegal de armamento a ciudadanos chilenos.

“En algunas de estas ocasiones, las transferencias habrían sido realizadas mediante la introducción de falsedades en documentos públicos, incluyendo firmas apócrifas en los formularios de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC)”, detalla el dictamen del expediente judicial.

Tres empleados del supuesto local —identificados en los registros judiciales solo por iniciales— captaban a personas que contaban con habilitación legal para comprar armas (llamados legítimos usuarios), les pagaban para que figuraran como compradores en los papeles, y luego retiraban las armas inmediatamente para desviarlas al circuito clandestino.

El esquema se organizaba en cuatro etapas. Primero, se captaba a prestanombres, es decir, personas habilitadas ante el organismo regulador —el Registro Nacional de Armas de Argentina (RENAR) o la propia ANMAC— que aceptaban registrar las compras a su nombre, muchas de ellas de bajos recursos y pagadas por ceder sus datos.

Luego se concretaba una compra aparentemente legítima en la armería, con toda la documentación que la presentaba como una operación legal ante los organismos de control. Inmediatamente después, un intermediario retiraba el armamento y lo desviaba hacia el circuito ilegal, donde era entregado a transportistas clandestinos. Finalmente, las armas eran trasladadas hacia Mendoza y cruzadas a Chile, principalmente por el paso Cristo Redentor.

Una irregularidad llamativa detectada en la investigación, fue que una de las armas estaba registrada a nombre de una persona que ya había fallecido varios años antes de la operación — una señal clara de que el sistema de control fue deliberadamente manipulado.

Todo comenzó en diciembre de 2023 cuando Gendarmería Nacional realizó un control rutinario sobre un ómnibus de larga distancia en la localidad de Aguilares, Tucumán. Allí detectaron a dos ciudadanos chilenos —Alejandro Piero Arias Glaria (20 años, con antecedentes por robo y hurto) y Francisco Eduardo Cáceres Castillo (35 años, con antecedentes por microtráfico)— transportando entre sus ropas y equipajes ocho pistolas calibre 9 mm, 13 cargadores, municiones, dinero en distintas monedas y teléfonos celulares. Ambos tenían como destino final Chile y fueron procesados con prisión preventiva.

El análisis forense de esos teléfonos fue el hilo del que se tiró, ya que los mensajes y contactos permitieron reconstruir toda la red tucumana que había abastecido a los dos detenidos en su red criminal transnacional.

El juez federal José Manuel Díaz Vélez procesó a ocho personas involucradas directamente en los hechos sin prisión preventiva, lo que implica que enfrentan cargos formales pero permanecen en libertad con restricciones. Entre los imputados se encuentran S.A.L., J.A.R. y D.A.R.N. como prestanombres, N.A.F. y R.R.F. como intermediarios, y G.E.D. como comercializador clandestino.

Los operativos desplegados en San Miguel de Tucumán y en la localidad de Los Ralos dejaron un resultado contundente, con el secuestro de más de 20 armas de fuego, municiones, cargadores, dinero en efectivo, documentación y dispositivos electrónicos. Estos elementos permiten reconstruir el flujo financiero y operativo de la organización, que es lo que la fiscalía utilizará para avanzar hacia un juicio oral.

La megacausa detrás

Lo más importante de entender es que esta causa tucumana no es un caso aislado, sino que es una rama de una investigación de alcance global que tiene su epicentro en Mendoza.

La causa mendocina, a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz y el juez Marcelo Garnica, ya tiene 34 personas camino a juicio oral acusadas de asociación ilícita, contrabando agravado de armas, acopio de armamento de guerra y, en varios casos, también de narcotráfico. En esa red, Tucumán funcionaba como el nodo de compra y adquisición legal, mientras que Mendoza era el hub de distribución y cruce hacia Chile por el Paso Cristo Redentor.

En paralelo, una causa aún más grande tramita en el Juzgado Federal de Campana, bajo jurisdicción del juez Adrián González Charvay y el fiscal Santiago Marquevich. En abril de 2026, se realizaron 140 allanamientos simultáneos en 13 provincias —desde Tucumán hasta Tierra del Fuego— que derivaron en 35 detenidos y el secuestro de 8 ametralladoras, 55 pistolas, 25 escopetas, fusiles, más de 43.000 municiones y hasta una granada. Esta pericia también detectó vínculos con Uruguay, Paraguay y Brasil (incluyendo al Comando Vermelho).

El volumen estimado del problema es impactante, ya que se calculó que entre 2022 y 2024 más de 2.269 armas fueron desviadas del circuito legal hacia el mercado negro nacional e internacional.

El Paso Cristo Redentor se consolidó como el principal punto de cruce del armamento ilegal hacia Chile, donde la demanda proveniente del crimen organizado es alta. Las organizaciones chilenas, con menor acceso a armas de fuego que sus pares en países con marcos legales más laxos, encontraron en Argentina —donde el mercado de armas para uso civil es relativamente accesible— una fuente de abastecimiento estratégica.

La modalidad de los testaferros ante el RENAR/ANMAC se volvió el método predilecto porque explota una debilidad sistémica. Los organismos de control registran la compra inicial como legal, pero no tienen mecanismos robustos para verificar que el arma permanezca en poder del comprador habilitado. El propio sistema de control fue infiltrado y en la megacausa nacional, entre los detenidos figuran exempleados del RENAR que desde adentro facilitaban los trámites y aceleraban los procesos de habilitación.

El Ejército Argentino le prohibió a su personal difundir quejas y denuncias en redes sociales

En junio de 2026, el Ejército Argentino implementó la Orden Especial JEMGE Nro. 113/26 (Anexo 6), firmada por el teniente general Oscar Santiago Zarich y el general de brigada Roberto Martín Baroni. Este severo código regula la conducta digital en plataformas como Facebook, Instagram, X y WhatsApp, aplicando una fiscalización punible sobre las cuentas particulares de oficiales, suboficiales, soldados y, de manera muy controvertida, del personal civil de la institución.

La normativa prohíbe, taxativamente, la difusión de quejas, reclamos y/o manifestaciones públicas, obligando a tramitar toda inquietud por los conductos oficiales. El control digital avanza sobre las interacciones cotidianas al equiparar normativamente un simple “me gusta” (like) a publicaciones críticas o satíricas con una declaración formal de inconformidad, expandiendo la responsabilidad disciplinaria al comportamiento pasivo y prohibiendo el reenvío de información de la prensa civil.

Karina y Javier Milei junto a Carlos Presti, Ministro de Defensa.

Esta dureza busca ocultar el colapso material y operativo de la defensa nacional, donde gran parte del personal percibe salarios por debajo de la línea de la pobreza que obligaron a autorizar el pluriempleo. Al ahogo presupuestario se suman deficiencias en la obra social IOSFA y crisis extremas como el reciente corte de luz en instalaciones clave por deudas impagas superiores a los 60 millones de pesos, funcionando la directiva como una mordaza ante un personal sin derecho a huelga.

Anexo 6 de la Orden Especial JEMGE 113/26 publicada, gentileza de Real Politik.

La mordaza digital expone una contradicción brutal y un patrón sistémico de verticalismo en el poder, chocando de frente con las promesas de libertad y aceptación del disenso que pregona el presidente Milei. La realidad de la gestión contradice el relato oficial y se alinea con las confesiones explícitas de la primera línea oficialista: la senadora Florencia Arietto advirtió que en este proyecto “no hay lugar para librepensadores”, mientras que la hermanísima secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sentenció que las decisiones del Gobierno no se cuestionan, una postura que el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encargó de replicar y convalidar.

*Por Augusto Grinner

HUMOR por Argüelles​

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