Internas en el liberalismo: Monzó y De la Torre tuvieron un acercamiento con Milei
El coqueteo político entre los diputados pseudo-derechistas, Emilio Monzó y Joaquín de la Torre, con Javier Milei generó molestias dentro La Libertad Avanza.
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El acercamiento de Emilio Monzó y Joaquín de la Torre al armado de Javier Milei generó internas entre los libertarios, ya que se habla de un “indirecto” de los referentes bonaerenses de Juntos en La Libertad Avanza.
La llegada de dirigentes de tercera línea de Monzó y De la Torre a los libertarios es obra de Carlos Kikuchi, uno de los armadores de Milei en la provincia. El nexo con el ex presidente de Diputados es Sebastián Pareja, quien supo ser director en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) durante la gestión de Cambiemos.
De la Torre tiene en La Libertad Avanza a José Richard, quien supo ser su jefe de Gabinete durante su paso por el gobierno de María Eugenia Vidal.
Además, se suman algunos referentes radicales que estuvieron cerca del armado de Facundo Manes. Lorena Ramos, vicepresidenta del radicalismo en La Matanza que ahora forma parte de la fuerza de Milei.
Quien también dejó el radicalismo, fue Carlos Giuliani para poder sumarse a los libertarios. Giuliani respondía a una línea de Martín Lousteau, pero en las PASO del año pasado había cruzado su apoyo, de Diego Santilli a Manes.
Carlos Kikuchi, el “armador” de Javier Milei
La llegada de estos referentes al armado libertario generó mucha molestia y algunos adelantan que hasta podría existir una nueva crisis dentro del partido, ya que va contra el pensamiento libertario el permitir la llegada de “la casta” a la médula libertaria.
Desde la Libertad Avanza, señalan como líder de la estrategia de sumar a referentes de la política tradicional señalan a Kikuchi, operador de Milei, muy cercano a Karina, hermana y persona de confianza del economista. Kikuchi viene de una interna con el legislador porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, quien en julio lo acusó de filtrar la versión de que estaba internado en Estados Unidos “por adicciones”.
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La provincia de Entre Ríos decidió adherirse formalmente al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, establecido por el Título VII de la Ley Nacional 27.743, con el objetivo principal de informar detalladamente a los consumidores sobre la carga tributaria que soportan al adquirir productos o servicios.
El impulsor del proyecto, el diputado Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), destacó que esta iniciativa busca garantizar claridad y transparencia en las transacciones comerciales cotidianas: “Se trata de que cada consumidor sepa cuánto es lo que paga de impuestos nacionales, provinciales y municipales cada vez que compra un producto o un servicio”.
Sarubi explicó que, hasta el momento, únicamente la provincia de Chubut había adherido a esta normativa y puso de relieve que esta práctica ya tiene una larga trayectoria en otros países sudamericanos. “En otros países de Sudamérica este régimen se viene llevando adelante desde hace muchísimos años”, señaló.
Asimismo, el diputado aclaró explícitamente que esta medida no implica ningún incremento en la carga tributaria ni en los procesos administrativos actuales: “No se trata de un nuevo impuesto ni de más burocracia”, subrayó.
El nombre de Héctor Horacio Martínez Sosa viene cobrando relevancia por aparecer en medio de una trama de negociados en el Estado a través de la millonaria contratación de seguros.
Sin embargo, sus trapisondas ya fueron reveladas por este periodista en 2020, a raíz de las fiestas que supo organizar en San Fernando, provincia de Buenos Aires, violando la cuarentena que se imponía en esas jornadas por el COVID.
Su otrora impunidad tiene una explicación: ostentaba la protección de su amigo Alberto Fernández, el ex presidente de la Nación, de quien se presume su testaferro.
Oportunamente, estuvo casado con quien fue una de las secretarias del ex mandatario, cuando era jefe de Gabinete, María Cantero, sospechada de actuar como prestanombre de Fernández en esos días.
Más aún, Martínez Sosa figura en la declaración de bienes del ex Jefe de Estado como acreedor.
El hombre, que es accionista de las empresas Flyers Concierge Latam SA y Safety Consultora de Higiene y Seguridad SA, supo hacer mucho dinero cuando Alberto era mandamás en el Bapro.
Sosa es un personaje de novela: en los años 90 vivía en Ushuaia, donde quebró, se instaló en Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante, y logró volverse millonario gracias a la mano que le dio el ex presidente como titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Alberto le abrió la puerta a negocios lícitos e ilícitos, sobre todo estos últimos.
Hoy en día, posee dos ostentosas casas, una de las cuales está justo en el cruce con la esquina de Guido Spano, donde fueron anexados dos lotes vecinos de 600 M2 cada uno en los últimos 4 años.
En uno de estos últimos se construyó una casa que es usada como gimnasio; a su vez, en la casa original, Martínez Sosa tiene una impresionante bodega subterránea, donde colecciona vinos carísimos.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, celebró la decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad. “Dignidad es no robar”, subrayó durante un acto en la planta de Itasa, en el Parque Industrial de Paraná, donde presentó la primera inversión aprobada bajo el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI).
“Anoche escuchaba a una ex presidenta decir que la cárcel daba dignidad”, inició Frigerio ante operarios y empresarios. Señaló las máquinas que lo rodeaban y afirmó: “Esto es lo que da dignidad. Dignidad es esforzarse todos los días, es apostar por el país como lo hacen nuestros empresarios, invirtiendo, endeudándose, apostando por generar más empleo de calidad”. Remató: “Dignidad es no robar, es esforzarse y levantarse cada mañana para que, con el fruto de ese esfuerzo, se pueda llevar el plato de comida a la casa”.
DIGNIDAD NO ES IR A LA CÁRCEL. DIGNIDAD ES TRABAJAR.Hoy dimos un paso muy importante: ITASA, empresa líder en la fundición de acero, ubicada en Paraná, fue la primera en adherir al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) con una inversión de 4 millones de dólares,… pic.twitter.com/heGOK2aMYF
El fallo de la Corte, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificó la resolución de la Cámara de Casación y dispuso: “Rechazar el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Cristina Elizabet Fernández de Kirchner. Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, en cuanto condena a la nombrada a seis (6) años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos…”.
Además, confirmó el decomiso de $84.000 millones. El TOF 2 deberá definir ahora las condiciones de detención; por su edad, la ex mandataria podría acceder al arresto domiciliario y no podrá competir en las próximas elecciones. Desde 1983 solo dos ex presidentes quedaron condenados: Carlos Menem y ahora Cristina Kirchner.
Tras conocerse la sentencia, Frigerio publicó en la red social X: “DIGNIDAD NO ES IR A LA CÁRCEL. DIGNIDAD ES TRABAJAR”. En el mismo mensaje destacó que Itasa adhirió al RINI con una inversión de cuatro millones de dólares y precisó que 17 empresas tramitaron su incorporación al programa.
Durante el acto, el mandatario indicó que esos 17 proyectos totalizaron $ 21.000 millones y defendió la medida: “Es la primera de muchas por venir”. Añadió que la provincia atravesó “la caída de recursos más fuerte que se recuerde”, pero aseguró que “la crisis ya no recayó sobre las espaldas del sector privado”. Subrayó que su gestión priorizó “la transparencia y la administración eficaz de cada peso” y describió como “un cambio cultural que espero que haya llegado para quedarse” la articulación con los empresarios para “generar riqueza produciendo para la Argentina, produciendo para el corazón energético que es Vaca Muerta”.
Frigerio concluyó que el trabajo es “el norte que guía nuestras decisiones de gobierno” y vinculó la iniciativa a la “dignidad” que, según expresó, “no es ir a la cárcel, sino trabajar”.
Roberto Fiochi, expresidente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), presentó su renuncia alegando “motivos personales”, tras apenas siete meses en el cargo. Su gestión estuvo marcada por un severo deterioro financiero de la obra social, que acumula una deuda millonaria y crece a un ritmo alarmante.
Fiochi se convirtió así en el tercer presidente del IOSFA en apenas 15 meses de gobierno de Javier Milei. Su antecesor, Oscar Sagás, había sido el primero en asumir durante la gestión de La Libertad Avanza (LLA), pero también renunció en medio de controversias.
Para reemplazar a Fiochi, el ministro de Defensa, Luis Petri, designó a la contadora Betina Surballe, quien se desempeñaba como presidenta del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Durante su gestión en el IAF, Surballe logró resultados destacados, como crecimiento del 87% en la cartera de inversiones, incremento del 98% en préstamos personales, reducción del 26% en el costo laboral y disminución del 50% en el gasto operativo.
– Betina Surballe asume como presidenta del IOSFA, en medio de una deuda que supera los $160.000 millones
Según fuentes de efectivos militares, la deuda actual de la obra social de las fuerzas armadas, oscila entre los $120.000 millones reconocidos oficialmente por el Ministerio de Defensa. Más preocupante aún, esta deuda crece a un ritmo de $15.000 a $19.000 millones mensuales.
Para dimensionar la magnitud de la crisis, es importante recordar que en diciembre de 2023, cuando Luis Petri asumió en el cargo, el IOSFA tenía “reservas positivas superiores a 25.000 millones de pesos” y “prestaciones en funcionamiento, sin cortes significativos”.En apenas 17 meses, la obra social pasó de tener un balance positivo a acumular una deuda que supera los $160.000 millones.
El general de brigada retirado José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados, calificó la situación como “crítica y desesperante”, producto de “la ineptitud y falta de gestión de las autoridades designadas por el ministro Luis Petri”.
Con aproximadamente 600.000 afiliados, IOSFA es la tercera obra social más grande del país, después del PAMI y del IOMA de la provincia de Buenos Aires. Brinda cobertura médica y asistencial a todo el personal de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y de Seguridad (Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina), además de sus familias.
Las principales causas del déficit es la deuda que el Estado Nacional mantiene con la obra social por “aportes y contribuciones patronales” no liquidados, lo que impacta negativamente en el pago a proveedores. El 92% de los ingresos del IOSFA se destinan al pago de prestaciones, sin recibir aportes extraordinarios del Tesoro Nacional. Esta estructura hace que cualquier incremento en los costos médicos genere un déficit inmediato.
El cambio de gobierno trajo consigo un “sinceramiento” de precios que disparó los costos en medicamentos y servicios médicos, agravando la situación financiera, que arrastra problemas como la falta de auditorías, escasez de contribuciones patronales adecuadas por parte de las propias fuerzas, y una estructura administrativa ineficiente. Prestadores han rescindido contratos por falta de pago, las farmacias de IOSFA enfrentan problemas de stock por deudas con proveedores, incluso los afiliados esperan meses para recibir reintegros de gastos médicos.
Apenas un día después de que el Senado bonaerense aprobara la reelección indefinida de senadores, diputados, concejales y consejeros escolares, Guillermo Francos descalificó la decisión y direccionó sus críticas a Carlos Kikuchi, antiguo armador de La Libertad Avanza y hoy senador dialoguista. El ministro recordó que el propio Kikuchi “de ser el armador de un partido que estaba en contra de la casta se ha convertido en casta junto con los legisladores que lo acompañan”.
Para Francos, la normativa de 2016 que incorporó un límite de dos periodos —impulsada durante la gobernación de María Eugenia Vidal— “había sido una buena norma para evitar la perpetuación en los órganos legislativos”; la revisión actual, sostuvo, pone de relieve “una casta muy fuerte en la Legislatura bonaerense”.
GUILLERMO FRANCOS CONTRA CARLOS KIKUCHI
La votación se desarrolló tras reiterados intentos fallidos de alcanzar quórum. Finalmente, el oficialismo reunió 26 senadores presentes —24 en el recinto y uno conectado de forma remota— y el tablero quedó empatado en 22 votos afirmativos, 22 negativos y una abstención. La vicegobernadora Verónica Magario emitió el voto decisivo y otorgó media sanción a la reforma del artículo 13 bis de la Ley 5109. Minutos después, se vio obligada a rectificar públicamente su afirmación de que el proyecto ya era ley, porque aún restaba la intervención de la Cámara de Diputados.
La ingeniería para alcanzar quórum incluyó restricciones al trabajo de prensa—sin palco ni conectividad—y negociaciones que se extendieron varios días. La senadora del PRO María Lorena Mandagarán, de Azul, ocupó su banca con el objetivo de habilitar la sesión en la que se aprobaron nueve pliegos judiciales para su distrito; luego votó contra la reforma. Sofía Vanelli (Frente Renovador) también facilitó la apertura y luego rechazó el texto por coherencia con la postura de Sergio Massa. Por su parte, Silvana Ventura (dialoguista) se abstuvo y el oficialista Federico Fagioli (Patria Grande) se ausentó.
“NOSOTROS, LOS LIBERALES…” | LA INSÓLITA JUSTIFICACIÓN DE KIKUCHI
Votaron a favor 19 senadores de Unión por la Patria—Luis Vivona, Sabrina Bastida, Sergio Berni, Pedro Borgini, Eduardo Bucca, Laura Clark, Amira Curi, María Elena Defunchio, Gabriela Demaría, Ayelén Durán, Marcelo Feliú, Teresa García, Emmanuel González Santalla, María Rosa Martínez, Pablo Obeid, Adrián Santarelli, Gustavo Soos, Walter Torchio y Daniela Viera—más los radicales Marcelo Daletto y Carlos Kikuchi, y Sergio Vargas (Unión, Renovación y Fe). Se pronunciaron en contra Aldana Ahumada, Yamila Alonso, Alex Campbell, Christian Gribaudo, Marcelo Leguizamón Brown, Alejandro Rabinovich, Juan Manuel Zini, Jorge Schiavone y María Emilia Subiza (PRO); Carlos Curestis, Daniela Reich y María Florencia Arietto (La Libertad Avanza); Joaquín de la Torre (Derecha Popular); y los radicales Alejandro Cellillo, Flavia Delmonte, Eugenia Gil, Lorena Mandagarán, Ariel Bordaisco, Agustín Maspoli, Nerina Neumann y Betina Riva.
Durante el debate, Carlos Curestis (LLA) solicitó que la votación fuera nominal; respaldaron la moción Christian Gribaudo (PRO) y el propio Kikuchi, gestos que consolidaron los 22 votos oficialistas. La presencia de senadores catalogados como “dialoguistas” resultó crucial para salvar los intentos fallidos previos.
El expediente que avanzó excluyó expresamente a los intendentes. Presentado por Luis Vivona —alineado con Cristina Fernández de Kirchner— se contrapuso con otra propuesta de Ayelén Durán, senadora referenciada en el gobernador Axel Kicillof, que sí contemplaba a los jefes comunales. La afinidad entre la Gobernación y los intendentes interesados en modificar la normativa vigente— que les impide renovar mandatos— fue determinante, aunque el Frente Renovador de Sergio Massa se mantuvo al margen.
Fuera de la arena parlamentaria, Francos reclamó una indagación profunda sobre el expediente de Julio “Chocolate” Rigau. “El Poder Judicial debería analizar un poco más a fondo el significado del caso, la enorme cantidad de empleados y de contratos que tiene cada legislador y cómo se pagan los votos”, reiteró, aludiendo a un esquema de contratos que explicaría la puja por cargos vitalicios.
En ese mismo reportaje, el ministro planteó la necesidad de reformular el mecanismo de informes del jefe de Gabinete ante el Congreso. Evaluó como poco eficiente la dinámica establecida en el artículo 101 de la Constitución—que lo obliga a concurrir mensualmente y de manera alternada a cada Cámara—y sugirió que las consultas se canalicen por escrito para “racionalizar recursos y tiempos”.
Además, ratificó la disposición presidencial de vetar cualquier medida legislativa que comprometa el equilibrio fiscal. Citó el proyecto de aumento jubilatorio en discusión en el Senado nacional y advirtió que, de aprobarse, será vetado porque “el sistema de jubilaciones lo hicieron inviable quienes incorporaron beneficiarios sin aportes”. Bajo esa premisa, insistió en que “el gobierno tiene claro el rumbo que es el equilibrio fiscal y de eso no se va a apartar”.
Con la media sanción consumada, la Cámara de Diputados bonaerense deberá decidir el destino de la reelección indefinida. Mientras tanto, Francos profundizó sus cuestionamientos a Kikuchi —acusándolo de abdicar del discurso anticasta— y a los legisladores que respaldaron la reforma. Para el jefe de Gabinete, la jornada demostró cómo “quienes prometían un cambio terminaron mimetizándose con los privilegios que decían combatir”.
El desenlace legislativo dependerá de la aritmética en Diputados, pero el cruce entre Francos y Kikuchi ya evidenció el quiebre entre el Ejecutivo nacional y un sector que, hasta hace pocos meses, se presentaba como la expresión de la renovación política bonaerense.
Misiones se prepara para sus elecciones legislativas del 8 de junio, en un escenario dominado históricamente por la hegemonía del Frente Renovador de la Concordia de Carlos Rovira. En este tablero consolidado, La Libertad Avanza (LLA) intenta ganar terreno, pero su camino ha sido un constante foco de escándalos y contradicciones.
LAS PRIMERAS IRREGULARIDADES DE LLA DE MISIONES
Todo comenzó en 2023, cuando Ninfa Alvarenga, referente inicial de LLA, vio su candidatura a gobernadora frustrada. Tras esa fallida postulación, Alvarenga fue nombrada titular del PAMI Misiones. Desde allí, utilizó su Fundación, “Misión Libertad”, para gestionar donaciones estatales. Según el Boletín Oficial, a través de las resoluciones RSG N° 126/2024 y RSG N° 127/2024 del 30 de abril de 2024, entre otras cosas, se cedieron más de once mil artículos de primera necesidad (calzado, indumentaria, ropa blanca, accesorios) y de bazar (ollas, termos, etc.). Estas donaciones, gestionadas por Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei, generaron una intensa difusión en redes sociales de la fundación, con un modelo de asistencia social que evocaba la acción directa de figuras como Eva Perón, marcando constantemente que las donaciones eran enviadas por Secretaría General de la Nación (donaciones que parten del sector privado).
Sin embargo, la gestión de Alvarenga frente a PAMI terminó abruptamente en octubre de 2024, cuando fue destituida por denuncias de exigir “aportes” del 10% al 20% de sus sueldos a los empleados de PAMI, cobrando además una indemnización de $11.380.414,26 al ser desvinculada, con apenas unos pocos meses de actividad.
Tras la salida de Alvarenga, Adrián Núñez asumió la presidencia de LLA Misiones y Samantha Stekler la titularidad de PAMI de Misiones.
LA ALIANZA CON ROVIRA QUE NO FUE
Antes de seguir con la trama de Núñez, debemos hablar del intento de “alianza tácita” de LLA con el oficialismo renovador de Rovira y la intendencia de Puerto Iguazú. Se constataron donaciones oficiales desde la secretaría que dirige Karina Milei hacia los espacios del rovirismo, toda información que surge del Boletín Oficial, pero en muchos casos sin especificar qué tipo de bienes o recursos se transferían. Recientemente este acercamiento se disolvió, y las especulaciones apuntaron a la Ley “Ficha Limpia” y a la falta de alianza como posibles factores. Es relevante que los Senadores Nacionales de Misiones que responden a Rovira votaron en contra de la Comisión de Investigación de Libra y la propia Ley “Ficha Limpia” en el Senado, hecho que beneficia al mileísmo por permitirles la posibilidad de polarizar con una Cristina Fernández candidata.
LOS CANDIDATOS SE DENUNCIAN ENTRE ELLOS
Pero retomemos al actual armado LLA en Misiones. Hace unos meses, una carta firmada por 22 personas fue dirigida a Adrián Núñez (recordemos, presidente de LLA Misiones), y esto detonó un nuevo escándalo: acusaciones formales de un esquema de retorno, iguales a los acusados contra Alvarenga.
Entre las figuras señaladas por las denuncias, acusadas de ser parte del esquema de “aportes”, se encuentran:
Carlos Adrián Núñez: Presidente de LLA Misiones y 3° en la boleta.
Samantha Noelia Stekler: Titular de PAMI Misiones y 2ª en la boleta.
Nelli Beatriz Guerrero: Titular de ANSES Misiones y 4ª en la boleta.
Paola Andrea Trinidad: Coordinadora de PAMI Misiones y 6ª en la boleta.
Walter Fabio Báez: Apoderado de LLA Misiones y 7º en la boleta.
Cristian Osvaldo Sanabria Brítez: Referente de LLA Misiones y quien recibió una de las transferencias por “aportes”, por un monto de $260.000.
El dato curioso es que la carta de denuncia fue firmada, irónicamente, por la mayor parte de los propios candidatos de LLA en la lista que, a su vez, tienen cargos en ANSES, PAMI y demás (empleos desde los que les exigían del 10% al 20% de sus sueldos):
Osvaldo Héctor Manzoni: N°5.
Melisa Yohana Skrauba: N°8.
Agustina Isabel Torales: N°10.
Yanina Gisela Lorenzo: N°14.
Rosana Alicia Mondelo: N°16.
Gastón Emanuel Horianski: N°17.
Camila Belén Aquino: N°18.
Tomás Margets: N°19.
Daniela Beatriz Cabral: N°20.
Isauro Daniel López: N°1 (suplente).
Carol Melisa Correa: N°2 (suplente).
Alberto Martín Celestino: N°3 (suplente).
Caren Yelsen Silveira Pintos: N°4 (suplente).
Matías Germán Alles: N°5 (suplente).
Celeste Agostina Comparin: Nº6 (suplente).
Dante Fabricio Berdini: N°7 (suplente).
Por si es necesario aclararlo otra vez: los candidatos de LLA de Misiones denuncian a los demás candidatos de la misma boleta.
Las irregularidades denunciadas replican el modus operandi del caso Alvarenga, sugiriendo un patrón de exigencia de “diezmos” en el espacio, y todo financiado por los trabajadores misioneros. Sin embargo, los hermanos Milei le dieron el visto bueno a toda esta situación de denuncias por corrupción dentro del mismo espacio.
KIRCHNERISTAS ANTI-CASTA
Finalmente y no menos importante, los perfiles de los candidatos revelan un pasado político que desdibuja la imagen “anticasta”.
El ya mencionado hasta el hartazgo, Carlos Adrián Núñez, actual presidente de LLA Misiones y principal denunciado, exhibe en sus redes tuits con posturas claramente kirchneristas, como su “Orgullo UBA” junto a Alberto Fernández en 2020, una nota elogiando la elección de Alberto como presidente, o su apoyo a la consigna “¿Dónde está Santiago Maldonado?” en 2017.
Por otro lado tenemos al primer candidato, el extenista Diego Gabriel Hartfield, que es quizás el caso más llamativo. Aunque ahora encabeza una lista libertaria, en las elecciones de 2015 fue candidato de Carlos Rovira y del kirchnerismo, como consta en el Tribunal Electoral de Misiones.
Sus tuits de la época lo confirman: en 2011 apoyaba a un senador misionero kirchnerista, en 2012 criticaba a Lanata por sus investigaciones contra el kirchnerismo, en 2014 elogiaba a Scioli y en 2015 confirmó haberlo votado. Incluso recomendaba fuertemente ver el programa ultra-kirchnerista “678”. E irónicamente, en 2016 tuiteó: “Ojalá nunca me toque ser diputado, no quiero trabajar 20 hs seguidas”.
Con este panorama, La Libertad Avanza en Misiones enfrenta el 8 de junio no solo el desafío de competir con el poder establecido, sino el de explicar sus propias contradicciones y el ruido de las denuncias internas que ensombrecen su debut electoral en la provincia.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
No tiene sentido lo que dice el Gobernador. El ingreso del sistema financiero son los intereses de los préstamos que pagan los que toman crédito. Al aumentar IIBB sobre los intereses, sube el costo del sistema productivo que es el que dice defender. https://t.co/JU7ZMccZtm
