INDIGNACIÓN EN CORRIENTES | Funcionarios K intentan utiliza el caso Loan para sacar rédito político y “pegarle” a Valdés

Vecinos autoconvocados difundieron un video donde exponen a dirigentes del Movimiento Evita en las marchas por la desaparición de Loan Peña y los acusan de utilizar el caso con fines políticos.
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En medio de la conmoción que despertó la desaparición de Loan Peña en el paraje Algarrobal, vecinos autoconvocados señalaron la “infiltración” de diversos dirigentes ultra kirchneristas en las marchas. Los propios vecinos denunciaron que los dirigentes intentaron utilizar el trágico suceso con intenciones de desestabilizar al gobierno provincial.

Desde sus redes, el diputado provincial de Unión por la Patria, Germán Braillard Poccard, señaló la “responsabilidad política” detrás del caso. “No es únicamente jurisdicción de la Justicia. Hay responsables del poder ejecutivo que no accionaron los protocolos y deben hacerse cargo por tanta inacción”. Finalmente, exigió la destitución del Ministro de Seguridad de la provincia, Buenaventura Duarte. Mientras tanto, en diálogo con los medios, Braillard Poccard dijo que “el gobernador Gustavo Valdés menosprecia la situación”.

Germán Braillard Poccard

Ariel Osuna, dirigente de Barrios de Pie, utilizó el caso directamente contra el gobierno nacional: “En el país de la Libertad, la libertad que pregona la venta de armas y órganos. En la provincia donde el poder político se maneja como un Feudo. Una justicia adicta a cuidar los privilegios del Feudalismo”.

Los vecinos de Corrientes que participaron de la marcha pidiendo justicia por Loan consideraron que los dirigentes “utilizan esta tragedia para hacer política” y difundieron un video en redes donde pueden verse a dirigentes y militantes del Movimiento Evita: Verónica Molina (referente, fue candidata a Diputada Nacional de Massa), a Fabrizio Bin (dirigente del PJ provincial y Secretario General del Evita de Corrientes), a Clara Aymara Mendoza (referente), María José Espíndola (del Movimiento Octubres) y al ya mencionado Osuna.

En esa línea, los usuarios de las redes recordaron que, en febrero, el bloque de Unión por la Patria en el Congreso de la Nación votó negativamente el capítulo de la Ley Bases que buscaba fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la trata de personas y otros delitos, como la corrupción de niños, los secuestros extorsivos, entre otros.

Veronica Molina junto a Sergio Massa durante las elecciones del 2023

El falso audio de Valdés

La semana pasada, a través de un comunicado, el gobierno de Corrientes alertó que “circula un audio que intenta parecer la voz del gobernador Gustavo Valdés sobre el caso del niño Loan Peña”. En el audio puede escucharse: “Imagínate si se levanta ese pueblo de mierda. No me interesa si él aparece o no. Lo que me importa es que esto no salte”.

“El mismo es evidentemente falso, pudiéndose haberse utilizado Inteligencia Artificial para su confección o algún otro método de edición, dada sus características sonoras, el cual claramente se fabricó y viralizó con fines maliciosos para perjudicar al Mandatario provincial. Se puede advertir en el mismo, discontinuidades en los tonos y pausas que no condicen con una verbalización real, además de presentar ruidos extraños, los cuales pudieran haber sido agregados para ocultar la falta de cohesión sonora que evidencia su falsedad”, concluye el texto.

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Argentina lidera el ranking mundial de presión fiscal sobre el sector formal de la economía

La industria argentina paga más impuestos que la de cualquier otro país del mundo, al menos entre las empresas que cumplen con el fisco. Así lo concluye un informe del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA) que comparó ocho tributos en treinta economías y dejó al país en el primer puesto del ranking de carga sobre el sector formal, con una presión del 56%.

La distinción metodológica es central. Si se mide la presión fiscal tradicional (lo que el Estado recauda en relación al Producto Bruto Interno) Argentina aparece recién en el puesto 12 entre los treinta países analizados. El salto al primer lugar aparece cuando se descuenta la economía informal y se calcula cuánto soportan únicamente las empresas que operan dentro del sistema. Para eso, el estudio ajustó el PBI de cada país según el peso del empleo fuera del circuito formal, con datos de la Organización Internacional del Trabajo. El resultado deja expuesto que en un país con alta informalidad la carga se concentra sobre menos hombros.

Ese 56% marca un aumento de seis puntos porcentuales frente al informe anterior de la entidad, de 2023, calculado con la misma metodología. La suba se produjo pese a que el Gobierno avanzó en la baja de algunos tributos, entre ellos las retenciones.

El relevamiento comparó a los países del G20 y de Sudamérica, más España, Países Bajos y Suiza, un conjunto que representa el 81% del PBI mundial. Y midió ocho impuestos: Ganancias de Sociedades, IVA, débitos y créditos, impuesto al patrimonio, derechos de exportación, Ingresos Brutos, tasas municipales y sellos.

En cinco de esos ocho tributos Argentina quedó primera. Lidera el impuesto al cheque, donde apenas cuatro países lo aplican y el argentino es el más gravoso. Encabeza el impuesto al patrimonio, porque es el único que grava sobre base bruta, sin descontar deudas, y con un mínimo no imponible bajo. Está al tope en Ingresos Brutos y tasas municipales, un combo que la entidad describe como el más distorsivo del sistema por el efecto cascada sobre toda la cadena de producción. Y encabeza el impuesto de sellos, por la amplitud de contratos alcanzados. A esa lista se sumó este año una novedad: los derechos de exportación, que solo mantienen Argentina y Rusia, con una alícuota local del 8,68% frente al 3,9% ruso.

En los tres tributos restantes el país tampoco queda lejos. En Ganancias de Sociedades es el segundo, con una carga efectiva del 39,5% que combina la alícuota del 35% con el 7% sobre dividendos. Solo lo supera Colombia, tras la reforma de 2022. En IVA figura cuarto, detrás de Brasil, Uruguay e Italia, aunque la UIA aclara que el problema no es tanto la alícuota del 21% como los saldos a favor que las empresas no logran recuperar y que les inmovilizan capital de trabajo.

Con ese diagnóstico sobre la mesa, la central fabril reclamó un pacto fiscal federal industrial para “nivelar la cancha”. Entre las propuestas figuran una alícuota única del 25% para Ganancias, la devolución automática de saldos de IVA, la eliminación progresiva del impuesto al cheque, una reducción de Ingresos Brutos para la industria hasta llegar a cero y la eliminación de las retenciones para las manufacturas y los alimentos elaborados. La entidad también pidió un compromiso de estabilidad fiscal y jurídica por treinta años, con el RIGI como modelo.

El informe llegó en un momento delicado para el sector: la producción industrial permanece un 10% por debajo de los niveles de 2022 y se perdieron cerca de 70.000 puestos de trabajo desde mediados de 2023. La UIA reconoce que el Gobierno mostró intención de bajar la carga, pero calcula que el proceso recién se completaría hacia fines de 2027 y principios de 2028.

Una docente increpó a Nacho Torres por cobrar $720 mil, pero es delegada gremial y figura con dos cargos por más de $2 millones

El cruce duró poco más de un minuto y dio la vuelta a la provincia. Una mujer encaró al gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, durante una actividad pública y le reclamó, cara a cara, por la situación salarial. Frente a las cámaras, la mujer aseguró que cobraba $720.000, que ese sueldo “no le alcanza para vivir” y que “tiene que endeudarse para poder comer”. El video se volvió material caliente en redes en cuestión de horas.

La protagonista fue identificada como María Teresa Gutiérrez Prane. Desde ahí, la escena se complicó. Horas después del episodio empezaron a circular en redes capturas la liquidación de haberes atribuida a la docente. Según esos documentos, no cobraría un sueldo sino dos: ambos dentro de la administración pública provincial.

Las cifras que muestran esas planillas están lejos de los 720 mil que ella planteó en cámara ante el gobernador. Uno de los haberes correspondería al Ministerio de Educación (E.G.B., categoría 11), por $841.842,04. El segundo lo abonaría la Unidad Ejecutora Provincial, la UEP-MP, categoría 10, por $1.262.812,97. Sumados, los dos conceptos dan un bruto de $2.104.655,01, una cifra que casi triplica el monto que la mujer denunció. Según esa misma documentación, incluso con todos los descuentos de ley aplicados (obra social y aportes) el bolsillo quedaría muy por encima de lo que ella dijo cobrar.

Ese contraste suma otra capa cuando se mira hacia atrás. Una nota publicada por LU20 Radio Chubut el 7 de abril de 2026 menciona a una María Teresa Gutiérrez Prane en un rol que la coincidencia de nombre vuelve difícil de ignorar: delegada gremial de la Subsecretaría de Financiamiento y Comercio del Ministerio de Producción. En ese artículo, la dirigente encabezaba un reclamo que llevaba más de dos meses por el pago desigual de un adicional por desempeño. Denunciaba que se abonarían 600 mil pesos en varios tramos a un grupo reducido de empleados, integrado, según ella, mayormente por funcionarios cercanos al ministro, incluida su secretaria privada. Calificó ese adicional como ilegal y dijo que benefició de forma indistinta a un grupo muy pequeño.

En aquel relato, la delegada recordaba que un mes antes habían mantenido una reunión con el ministro Juan Pavón, donde elaboraron una propuesta para equiparar el adicional, y que después de ese encuentro no volvieron a juntarse. También señalaba que el funcionario atribuía la situación a la gestión anterior, encabezada por Laura Mirantes, a quien los trabajadores apuntaban como origen del esquema y a quien la propia dirigente cuestionó por su proyección electoral hacia el sillón de Moreno 650.

Por lo demás, la figura que evoca la nota de citado medio de la provincia de Chubut, lejos de ser el de una trabajadora aislada que improvisa un reclamo, tematiza el de una dirigente sindical con militancia activa, encuadrada, con conflictos abiertos y lectura política de la interna provincial. El mismo nombre que, semanas después, increpó al gobernador en cámara por un sueldo de 720 mil pesos.

Crecen las dudas por el uso de IA en el paper económico escrito por Javier Milei

El cuestionamiento actual sobre el paper presidencial no es un hecho aislado, sino un eslabón más en una cadena de irregularidades que ponen en duda la originalidad de la obra escrita de Javier Milei. Lejos de ser la primera vez que el mandatario queda bajo la lupa por la apropiación de textos ajenos, su carrera como autor ha estado marcada por denuncias constantes sobre la falta de citación y la reproducción textual de trabajos de terceros sin crédito.

En 2024, su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” fue el centro de un escándalo cuando se reveló que contenía párrafos completos copiados de los economistas chilenos Verónica Mies y Raimundo Soto, escritos originalmente en el año 2000, sin que se les reconociera la autoría original. Ese mismo libro incluyó fragmentos no atribuidos de trabajos de autores del CONICET y de un manual de macroeconomía de Gregory Mankiw, acumulando decenas de páginas bajo sospecha de plagio.

El patrón de conducta se repite en otros títulos, como en su libro “Pandenomics”, de 2020, donde investigadores detectaron cerca de 30 páginas copiadas de al menos seis autores diferentes sin mención alguna; o el caso del prólogo escrito por Milei para la reedición de “4.000 años de controles de precios y salarios”, donde transcribió párrafos completos de la versión original del economista David L. Meiselman.

Cada uno de estos hitos refuerza un método de trabajo que, lejos de ser académico, se asemeja a una acumulación de textos ajenos presentados como propios, consolidando un historial de deshonestidad intelectual que precede a su gestión pública.

El cuestionado libro de Milei publicado en 2024, repleto de plagio.

Inteligencia artificial y autoría ajena

El paper titulado “Minimum viable scale: Extinction and escape under increasing returns” (“Escala mínima viable: extinción y escape bajo rendimientos crecientes”), presentado por Javier Milei y Demian Reidel, desató una crisis académica internacional. Jesús Fernández-Villaverde, profesor de Economía en la Universidad de Pensilvania, oriundo de España, advirtió que el estilo, formato y las derivaciones matemáticas del texto revelaban el uso de un motor de lenguaje de inteligencia artificial.

Para validar su diagnóstico, el académico utilizó un detector llamado Pangram. La herramienta arrojó una probabilidad del 100% de origen artificial en los fragmentos analizados y estimó que el 54% del documento fue generado por una IA. Fernández-Villaverde sentenció que existe una línea ética infranqueable entre usar la IA para asistir la investigación y delegar la redacción completa sin revelar el origen del texto.

Demian Reidel intentó frenar las críticas con una defensa que sólo profundizó el escándalo. Si bien reconoció haber utilizado inteligencia artificial en el paper, alegó que fue únicamente para corregir y pulir el estilo al finalizar el escrito. Reidel desestimó las acusaciones al sostener que Pangram detecta patrones de redacción y no plagio, calificando al texto como un simple “working paper”. No obstante, evitó explicar por qué el trabajo no refleja un pensamiento propio sin la mediación de un algoritmo.

Jesús Fernández-Villaverde, el profesor de economía de la Universidad de Pensilvania que cuestionó a Milei por el uso de IA en su paper.

La validación del “genio”

La obsesión de Javier Milei por la validación intelectual encuentra su ecosistema ideal en X. Según diversos reportes, el Presidente destina un promedio diario de 2 a 4 horas al uso de redes sociales, alcanzando picos de 17 horas en un día en la red social X. Este comportamiento, documentado por registros independientes que contabilizan su interacción ininterrumpida, revela una gestión paralela donde el “retweet” y el “like” ocupan una parte central de su agenda diaria.

Para el mandatario, la producción académica es un insumo de su relato político. Su búsqueda de prestigio, que incluye la aspiración de ser reconocido con un Nobel de Economía, explica por qué este jefe de Estado dedica tiempo a la creación de papers. Estos textos no buscan el rigor de la revisión por pares, sino el respaldo teórico para sostener sus políticas y alimentar la maquinaria de elogios de su entorno.

Ante cada cuestionamiento, el oficialismo activa un protocolo de defensa corporativa. La estrategia es circular: el Presidente difunde un artículo de apoyo, funcionarios como Lilia Lemoine descalifican la crítica con términos como “lógica enfermiza”, y seguidores especializados —abogados, tuiteros, economistas e influencers aliados— introducen tecnicismos para desviar el eje hacia una supuestas “falacias”. Así, la estructura mileísta blinda al Presidente y transforman cualquier cuestionamiento técnico en una “operación política”.

Retuit de Javier Milei a un escritor mileísta y a Lilia Lemoine.

*Por Augusto Grinner

Eugenio Casielles: “Adorni es la decadencia social, cultural y política que confirma todos los dolores de Argentina”

En una entrevista emitida en el segmento Perdón por la Vehemencia, por Canal EY! a cargo del periodista Eduardo Prestofelippo (más conocido como El Presto), el cofundador y exintegrante de La Libertad Avanza (LLA) Eugenio Casielles analizó el fracaso de la sesión que buscaba interpelar al exvocero presidencial, Manuel Adorni por las denuncias de corrupción que golpean al oficialismo.

“Acá siempre la culpa es del otro. Sí por lo menos tuvieran los huevos de decir ‘me equivoqué, no lo analicé’ o algo. Dijeron una cosa e hicieron otra, nadie paga el costo, solo los argentinos”, afirmó Casielles, uno de los pocos que quiso hablar del tema públicamente.

La iniciativa no consiguió el quórum necesario y quedó frenada en el recinto legislativo de la Nación, dónde solo participaron 117 diputados, 12 menos de los 129 requeridos para habilitar el debate. El rechazo al avance de la sesión contó con el apoyo del PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y Provincias Unidas, en una jugada articulada por el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Martín Menem que terminó por bloquear la ofensiva opositora.

“Esto no tiene nada que ver con ningún partido estrictamente. Esto tiene que ver con un sistema que se rompió hace años y que está totalmente corroído y con pocos signos de recomponerse”, destacó Casielles, aclarando que en el gobierno “cada uno busca su propio interés”.

Adorni fue el vocero estrella del gobierno del presidente Javier Milei y luego ascendió a Jefe de Gabinete de Ministros. El escándalo se acumuló en capas sucesivas a lo largo de 2026, esperando cuando Adorni llevó a su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial ARG-01 a Nueva York para la “Argentina Week”, sin que la mujer tuviera función pública o estatal alguna. Adorni justificó el episodio con la célebre frase: “Vengo a deslomarme a Nueva York y quería que me acompañe”.

— Adorni junto a su esposa durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York

Sin embargo, previamente en febrero de este año, Adorni viajó junto a su familia a Punta del Este en un avión privado, cuyo costo —estimado en unos 10.000 dólares— fue pagado por un periodista amigo que además era contratista de la TV Pública. Esto abrió una causa por supuesto cobro de dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.

“Al final, el PRO le echó la culpa a (Martín) Insaurralde tanto tiempo y ahora que aparece a Adorni lo perdonan, ¿Cuál es la excusa?”, subrayó Casielles, haciendo referencia al exjefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien renunció en 2023 tras el escándalo mediático del yategate.

— la Justicia allanó las propiedades de Insaurralde para buscar información sobre bienes y el origen del dinero utilizado para ese viaje en yate a las costas de Marbella

La consiguiente investigación judicial detectó una disparidad alarmante entre el patrimonio declarado de Adorni y sus ingresos como funcionario. El fiscal federal Gerardo Pollicita lo imputó formalmente en marzo de 2026 por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectar inconsistencias “incontrastables”, incluyendo un presunto incremento del 500% en su patrimonio en un solo período fiscal.

La interpelación especial al Jefe de Gabinete está contemplada en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Según ese artículo, el Congreso puede citar al funcionario para que brinde explicaciones mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Lo que hace a este mecanismo potencialmente devastador es su continuación lógica, ya que si en algún futuro la Cámara considera insatisfactorias las explicaciones de Adorni, puede avanzar con una moción de censura donde, si ambas Cámaras votan a favor, pueden remover al Jefe de Gabinete del cargo. La constitucionalista Lorena González Tocci subrayó que “este mecanismo nunca fue utilizado desde la reforma constitucional de 1994”, por lo que su activación sería un hecho inédito en la historia argentina.

“Al final terminan siendo socios. Hoy no veo la diferencia entre el kirchnerismo y LLA, el PRO y todos los demás”, dijo Casielles, añadiendo que “no tienen una mínima cuota de patriotismo, se pasan hablando de republicanismo y defensa de valores, pero cuando llega la hora de responder, no hacen ni lo básico”.

Ese mismo día, el foco de Adorni se trasladó al Senado, donde la oposición peronista había impulsado un proyecto de interpelación con moción de censura firmado por José Mayans, Juliana Di Tullio, Mariano Recalde y Eduardo “Wado” de Pedro. La jugada del oficialismo en la Cámara alta fue aún más teatral, con el bloque de LLA conducido por Patricia Bullrich, que ingresó al recinto pero solo se quedó parado al costado de las bancas sin sentarse, esperando que vencieran los 30 minutos reglamentarios. El peronismo hizo lo mismo. Así, sin que nadie se sentara, nunca se alcanzaron los 37 senadores necesarios para abrir la sesión y el presidente provisional Bartolomé Abdala la dio por caída.

Ante el fracaso de la sesión del 23 de junio, Cristian Ritondo salió a decir que su partido logró “imponer su posición sin tener que votar con los K” y que la sesión “era un show mediático” porque la comisión ya estaba convocada. En otras palabras, el PRO usó el argumento de que el canal institucional (la comisión) hacía innecesaria la sesión forzada.

La UCR, por su parte, respondió en gran medida a los gobernadores radicales, quienes —incluso algunos enojados con el gobierno por los recortes de subsidios de Zonas Frías, como los de Córdoba y Santa Fe— tienen “un enojo controlado, hay temas y temas” y supuestamente no quieren terminar de pelearse totalmente con la Casa Rosada.

Autorizado por el Gobierno, Flybondi no vuela hace diez días pero sigue vendiendo pasajes

Flybondi atraviesa su peor crisis. La compañía cesó sus operaciones comerciales el 2 de julio y acumula diez días sin despegar un solo avión. Mientras el servicio permanece paralizado, la empresa mantiene activa la venta de pasajes en su web, captando clientes para vuelos que no está en condiciones de cumplir.

El desplome operativo pulveriza las promesas del accionista Leonardo Scatturice, quien tras anunciar una inversión de 1.700 millones de dólares y la incorporación de 35 aviones, sólo logró mantener una aeronave en servicio. De las 20 unidades activas a principios de año, la flota se redujo al mínimo, dejando en evidencia el colapso total de su estructura.

Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, actuó de puente entre Donald Trump y Javier Milei.

La estafa al pasajero

Los usuarios denuncian recibir avisos de cancelación el mismo día del viaje, lo que los deja a la deriva y atrapados en un proceso burocrático para recuperar su dinero.

Ante la falta de soluciones, los pasajeros damnificados comenzaron a agruparse. A través de la iniciativa impulsada por el estudio Montoya & Asociados y la organización Vuelo Tarde, se lanzó un amparo colectivo para reclamar los reintegros adeudados. La medida busca representar a quienes fueron víctimas de un servicio cobrado y nunca prestado.

Aeronave de Flybondi durante la cuarentena.

Inacción gubernamental y causas de la crisis

El colapso de Flybondi ocurre bajo la mirada pasiva de las autoridades nacionales. Ni la Secretaría de Transporte ni la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) han intervenido para frenar la comercialización engañosa de pasajes, permitiendo que la aerolínea siga recaudando fondos por servicios inexistentes mientras los pasajeros quedan sin respuestas.

El Estado no es un mero espectador; es el responsable de auditar la capacidad técnica y financiera de las empresas que operan en el país. Al omitir su rol de control y permitir la venta de tickets sin sustento operativo, el Gobierno habilita, por acción u omisión, un esquema que perjudica directamente a los usuarios.

La crisis tiene raíces profundas. La empresa acumula deudas millonarias, incluyendo servicios impagos de alojamiento y reclamos judiciales de firmas como Tienda León. Además, enfrenta dos pedidos de quiebra y una creciente tensión laboral por sueldos adeudados, factores que, sumados a las dificultades para abastecerse de combustible, explican la parálisis total de sus rutas.

*Por Augusto Grinner

El Ejército Argentino le prohibió a su personal difundir quejas y denuncias en redes sociales

En junio de 2026, el Ejército Argentino implementó la Orden Especial JEMGE Nro. 113/26 (Anexo 6), firmada por el teniente general Oscar Santiago Zarich y el general de brigada Roberto Martín Baroni. Este severo código regula la conducta digital en plataformas como Facebook, Instagram, X y WhatsApp, aplicando una fiscalización punible sobre las cuentas particulares de oficiales, suboficiales, soldados y, de manera muy controvertida, del personal civil de la institución.

La normativa prohíbe, taxativamente, la difusión de quejas, reclamos y/o manifestaciones públicas, obligando a tramitar toda inquietud por los conductos oficiales. El control digital avanza sobre las interacciones cotidianas al equiparar normativamente un simple “me gusta” (like) a publicaciones críticas o satíricas con una declaración formal de inconformidad, expandiendo la responsabilidad disciplinaria al comportamiento pasivo y prohibiendo el reenvío de información de la prensa civil.

Karina y Javier Milei junto a Carlos Presti, Ministro de Defensa.

Esta dureza busca ocultar el colapso material y operativo de la defensa nacional, donde gran parte del personal percibe salarios por debajo de la línea de la pobreza que obligaron a autorizar el pluriempleo. Al ahogo presupuestario se suman deficiencias en la obra social IOSFA y crisis extremas como el reciente corte de luz en instalaciones clave por deudas impagas superiores a los 60 millones de pesos, funcionando la directiva como una mordaza ante un personal sin derecho a huelga.

Anexo 6 de la Orden Especial JEMGE 113/26 publicada, gentileza de Real Politik.

La mordaza digital expone una contradicción brutal y un patrón sistémico de verticalismo en el poder, chocando de frente con las promesas de libertad y aceptación del disenso que pregona el presidente Milei. La realidad de la gestión contradice el relato oficial y se alinea con las confesiones explícitas de la primera línea oficialista: la senadora Florencia Arietto advirtió que en este proyecto “no hay lugar para librepensadores”, mientras que la hermanísima secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sentenció que las decisiones del Gobierno no se cuestionan, una postura que el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encargó de replicar y convalidar.

*Por Augusto Grinner

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