Formosa: La oposición pidió impugnar la reelección indefinida de Gildo Insfrán
Juntos por el Cambio denunció al gobernador de Formosa, quien gobierna desde 1995, porque no se estaría cumpliendo un artículo de la Constitución provincial. "Hay un vacío legal que permite la reelección, pero no las reelecciones indefinidas", denunció Fernando Carbajal de Alianza Juntos por Formosa Libre.
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Este lunes, el diputado nacional y principal referente de la oposición en Formosa, Fernando Carbajal, realizó una presentación formal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando que se suspendan las elecciones del 25 de junio próximo, fecha en la que el jerarca Gildo Insfrán competirá con la intención de hacerse de su octavo mandato consecutivo.
El gobernador formoseño busca asegurarse 32 años ininterrumpidos frente a la provincia, no obstante, la oposición intentará ofuscar tal pretensión recurriendo a la justicia. El denunciante exige que se revea o que se declare la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución provincial bajo el fundamento de que es “ambiguo” y poco específico.
Tweet de la diputada provincial y precandidata a intendente, Gabriela Neme
Representado por el abogado Carlos Roberto Lee, la denuncia radicada por el legislador de Alianza Juntos por Formosa Libre,Fernando Carbajal, hace mención al “vacío legal” y la “ambigüedad” del artículo 132 que podría garantizarle otro mandato a Insfrán.
En ese sentido, el magistrado solicitó que se “inhabilite e impugne a todo aquel que pretenda perpetuarse en el poder, a expensas y en perjuicio del pueblo formoseño”. Así como también exigió una “medida cautelar” para que se suspendan las elecciones para el cargo de gobernador hasta dar con la respuesta a su presentación.
Fernando Carbajal, diputado nacional de Juntos por el Cambio
““La situación no es desde el punto de vista jurídico igual, pero presenta similitudes. La diferencia está en que acá la Constitución dice que puede ser reelecto. Hay una cuestión de interpretación, porque no especifica en que puede serlo de manera indefinida“, había expresado Carbajal hace unos días en diálogo con TN.
“Cuando hay una norma que no es clara o precisa, siempre debe ser interpretada de acuerdo a los preceptos constitucionales. Si la reelección indefinida es contrariada los principios republicanos, debería ser interpretada como que puede ser reelecto solo una vez, por más que no lo diga expresamente”, concluyó en ese momento. De llegar a avanzar, el oficialismo formoseño deberá buscar un nuevo candidato.
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La Universidad deBuenos Aires aparece en la última actualización de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con compromisos crediticios por más de 230 millones de pesos. Según los registros, la casa de estudios mantiene líneas activas con el Banco Galicia y el Banco Patagonia, todas en “situación 1”, es decir, normal y sin atrasos.
El dato más llamativo de la casa de estudios que conducen que conducen Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, rector y vicerrector respectivamente, surge en agosto de 2025, cuando la deuda declarada con el Galicia pasó de apenas 50 mil a más de 225 millones en un solo mes, lo que evidencia la toma de una nueva y significativa línea de financiamiento. Con el Patagonia, en tanto, la UBA sostiene un endeudamiento mucho más acotado de 4,6 millones, aunque también con un repunte marcado respecto de períodos anteriores.
A pesar de esta aceleración en su nivel de endeudamiento, según el informe del BCRA, la UBA muestra una estabilidad financiera general, sin cheques rechazados ni atrasos en pagos, lo que refleja una administración ordenada de sus compromisos en un contexto económico adverso.
El contraste, sin embargo, llega desde el frente político. La semana pasada, la propia universidad advirtió que el proyecto de presupuesto 2026 del presidente Javier Milei profundiza la crisis del sistema universitario argentino. En un duro comunicado, sostuvo que las partidas previstas consolidan el deterioro salarial docente, no contemplan recomposiciones para gastos esenciales ni prevén la reactivación de obras de infraestructura paralizadas desde hace años.
“Los profesores seguirán con salarios bajo la línea de pobreza, las becas estudiantiles se mantienen congeladas y no existe previsión alguna para la recuperación del poder adquisitivo”, alertó la institución, que también remarcó que la inversión proyectada para 2026 se ubica por debajo del 0,5 por ciento del PBI, el piso histórico de las últimas dos décadas.
– Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, rector y vicerrector
La paradoja es evidente: mientras en los papeles financieros la UBA aparece como un actor confiable y solvente, capaz de acceder a crédito bancario en condiciones normales, en la arena pública se presenta ahogada y amenazada en su funcionamiento.
Con esta doble fotografía, la universidad pública más importante del país queda atrapada entre la estabilidad y las denuncias de ajuste estructural contra el gobierno nacional, una tensión que anticipa nuevos capítulos en la disputa por el financiamiento educativo en 2026.
El histórico Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, símbolo de la resistencia argentina desde las invasiones inglesas de 1806, se encuentra en el centro de una intensa controversia política y judicial. El gobierno del presidente Javier Milei, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), decidió subastar el emblemático predio ubicado en Palermo, generando una amplia reacción de la oposición y sectores que defienden el patrimonio histórico nacional.
Frente a esta decisión del Ejecutivo, el senador radical Pablo Blanco de Tierra del Fuego presentó un proyecto de ley para declarar el terreno del Regimiento de Patricios como “lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable”. La iniciativa busca “afectar a perpetuidad la totalidad del terreno al Ejército Argentino” y establece que las instalaciones solo podrían destinarse a actividades vinculadas a la defensa nacional o fines científicos y culturales.
El proyecto fue aprobado por el Senado el jueves 2 de octubre con 56 votos a favor y 4 abstenciones, obteniendo media sanción y pasando ahora a la Cámara de Diputados. La medida también deja sin efecto todo proceso administrativo iniciado o por iniciarse que tenga por objeto la enajenación del terreno, lo que efectivamente frenaría la subasta si se convierte en ley.
El 29 de agosto de 2025, la AABE emitió la Resolución 39/2025, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, autorizando la subasta pública del terreno donde actualmente funciona el centro comercial Portal Palermo. El predio de 42.044 metros cuadrados, ubicado en la intersección de las avenidas Cerviño y Bullrich, tiene un precio base de USD$81.797.752, convirtiendo esta operación en una de las subastas inmobiliarias más importantes de la historia argentina.
La subasta se realizó el lunes 6 de octubre de 2025 a las 10 de la mañana a través de la plataforma digital Subastar. El terreno se encuentra en una zona de alto valor inmobiliario, donde el metro cuadrado puede alcanzar valores de hasta USD$10.000 según especialistas del sector, aunque el precio base equivale a aproximadamente USD$1.969 por metro cuadrado.
Paralelamente, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto presentó un recurso de amparo con medida cautelar para detener la subasta. En su presentación judicial, Pichetto argumenta que el predio “forma parte de la memoria y la historia de la Nación” y pidió que se declare la nulidad de la resolución por considerarla “manifiestamente inconstitucional e ilegal”.
“Los que están propiciando la venta son traidores a la Patria”, afirmó Pichetto, criticando duramente la decisión gubernamental y alertó sobre la “connivencia con el sector inmobiliario de la ciudad”. Pichetto sostiene que la venta fue habilitada “sin intervención del Congreso Nacional”, lo que constituiría una “usurpación de facultades legislativas”.
El Regimiento de Patricios no es una unidad militar cualquiera. Fundado el 15 de septiembre de 1806 en respuesta a la proclamación de Santiago de Liniers tras la primera invasión inglesa, representa el embrión del Ejército Argentino. Su primera batalla fue el 5 de julio de 1807 durante la defensa de Buenos Aires contra las tropas británicas de Whitelocke.
La unidad participó en momentos clave de la historia argentina: las jornadas de la Revolución de Mayo de 1810 bajo el liderazgo de Cornelio Saavedra, las campañas por la independencia, la creación de la Bandera Nacional en 1812, la Guerra contra el Imperio del Brasil, las campañas del Desierto, y más recientemente en la Guerra de Malvinas en 1982.
– Nicolás Pakgojz
El regimiento se instaló en el predio de Palermo en 1913, en los conocidos como “Cuarteles Maldonado”. El complejo actual fue diseñado por el arquitecto Isaac Thorndike y construido entre 1927 y 1932, siendo declarado Monumento y Lugar Histórico Nacional en 2010.
La controversia se intensifica al conocer quiénes están detrás de la operación. El actual titular de la AABE es Nicolás Pakgojz, un economista de 29 años que trabajó en el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta. Pakgojz ingresó a la función pública de la mano de Andy Freire, quien antes había sido parte del directorio de IRSA, la empresa del magnate inmobiliario Eduardo Elsztain, principal contribuyente financiero de La Libertad Avanza (LLA), además de mantener una estrecha relación con Milei. El presidente se hospedó en el Hotel Libertador de propiedad del empresario, quien además le abrió una red de contactos internacionales de negocios.
La comisión investigadora del caso $LIBRA volvió a chocar con la ausencia de testigos clave. Este martes, ni Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, ni María Florencia Zicavo, responsable de la Unidad de Investigación de Criptoactivos, se presentaron a la citación del Congreso. Es la segunda vez consecutiva que ambos faltan, lo que encendió la reacción inmediata de la oposición.
Los diputados aprobaron una moción para pedir a la Justicia que intervenga. La resolución, leída por el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, estableció que, “constatándose dos inasistencias consecutivas, resuélvase solicitar al juez de turno arbitrar los medios para que Melik y Zicavo comparezcan, recurriendo al auxilio de la fuerza pública”.
– María Florencia Zicavo, responsable de la Unidad de Investigación de Criptoactivos
El planteo abre un escenario inédito: la comisión parlamentaria carece de facultades coercitivas para obligar a los citados a asistir, pero ahora busca trasladar esa presión al Poder Judicial. Si un juez acepta el pedido, podría ordenar la comparecencia forzada de los funcionarios, un hecho de fuerte impacto institucional.
Melik y Zicavo justificaron sus inasistencias con un argumento que tensiona aún más la relación entre poderes. Ambos sostienen que la Cámara de Diputados duplica el objeto de una investigación penal ya en curso y que se está metiendo en las facultades exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
– Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción
La polémica creció porque tampoco se presentó Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, que había sido convocada para la misma jornada. Su ausencia se explicó por su viaje oficial a Estados Unidos, donde participa de reuniones junto al presidente Javier Milei con Donald Trump y el secretario del Tesoro, Wally Adeyemo.
La comisión fijó una nueva fecha para citar a los ausentes: el martes 30 de septiembre. No hay, sin embargo, certezas de que las convocatorias sean respondidas, lo que amenaza con profundizar el enfrentamiento entre oficialismo y oposición en torno al caso.
– Eduardo Taiano
En paralelo, el fiscal federal Eduardo Taiano volvió a marcar la cancha. Negó a la comisión el acceso directo al expediente judicial de $LIBRA, lo que obligó a derivar el reclamo al procurador general de la Nación, Eduardo Casal. La jugada sumó otro punto de fricción, porque deja a los legisladores sin documentación clave para el avance de la investigación parlamentaria.
La causa $LIBRA investiga el proyecto cripto impulsado públicamente por Javier Milei, que tras un repunte explosivo de cotización terminó desplomándose y dejó a miles de inversores con pérdidas millonarias. La denuncia de estafa se extiende por todo el país, con más de un centenar de presentaciones judiciales ya radicadas en diferentes fueros.
La oposición insiste en que la comisión debe tener acceso pleno a la información y a los testimonios de funcionarios, mientras que el oficialismo denuncia una maniobra política para desgastar al Gobierno. En ese marco, la Justicia se transforma en árbitro obligado de un conflicto que combina la investigación penal con la pulseada política.
El desenlace dependerá de la respuesta de los jueces. Si aceptan el pedido de la comisión, podrían ordenar la conducción forzada de Melik y Zicavo, un hecho que marcaría un choque directo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Si lo rechazan, la oposición quedará debilitada y la investigación legislativa podría perder peso frente al avance de la causa judicial.
Rogelio Frigerio aprovechó un encuentro del Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) para anunciar un proyecto de Ley de Infraestructura Provincial para Entre Ríos. El gobernador habló de “una verdadera política de Estado” para que las obras “no dependan más de la discrecionalidad de un gobierno”.
En la presentación, explicó que se trata de una iniciativa que busca institucionalizar la planificación a largo plazo de la obra pública para que sea producto de una estrategia consensuada entre todos los ámbitos de la política local “para las próximas décadas”.
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La iniciativa busca dar un mensaje a dos bandas. Por un lado, para que los gobiernos que se sucedan, aun siendo de distinto palo, tengan una continuidad de objetivos. Por el otro, para dar un marco de tranquilidad al empresariado del sector respecto de los proyectos, de los que además participarán en la elegibilidad de acuerdo a parámetros objetivos.
¿Qué dicen en el gobierno de la Ley de Infraestructura para Entre Ríos?
En la Casa Gris se encargan de subrayar el diálogo entre sectores. El público con el privado, representado por los empresarios, pero también la relación con los obreros de la construcción, que fue vital al comienzo de la gestión cuando suspendieron la obra pública hasta ordenar los pagos pendientes y poder recomenzar.
Por indicación de Frigerio, los funcionarios repiten como un mantra las palabras “orden, transparencia, planificación y diálogo”, y tratan de ejecutarlas. Así, al menos en las formas y embanderándose con la obra pública y la importancia de la infraestructura, se permiten, sin hacer alardes, marcar sutiles diferencias con sus socios electorales de La Libertad Avanza.
Un funcionario que pasa el día en la sede del gobierno explicó que con la Ley de Infraestructura la priorización de obras se hará por capas. Cada una de estas capas se ponderará distinto. La infraestructura en sí será una. La importancia en cuanto a su impacto en las cadenas productivas, otra. La relevancia económica en el turismo es otro ejemplo, al igual que otros ítems. En el ministerio de Obras analizan que con estos criterios objetivos se tomarán decisiones menos arbitrarias.
De qué trata la ley de infraestructura de Rogelio Frigerio
La ley, que está en estado de borrador antes de ser elevada a la Legislatura, propone crear la primera cartera unificada de proyectos de infraestructura provincial. Busca que esa cartera sea elaborada junto con la delegación local de Camarco y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y que ingrese al Banco Federal de Proyectos de ese organismo.
En el frigerismo se entusiasman y claman que será una ley que trascenderá gobiernos y que asegurará “que las obras de hoy no dependan del humor de un funcionario”.
¿Cómo financiar las obras?
La administración explica que gestiona financiamiento ante organismos de crédito multilaterales con avales del gobierno. Dicen que no es solo para aumentar la capacidad de ejecución, sino para impulsar a partir del año que viene un plan de rehabilitación de infraestructura vial.
Cuentan que ya avanzaron con la Corporación Andina de Fomento (CAF), con el Banco Centroamericano de Inversión y Desarrollo y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por unos 300 millones de dólares. Además de los acuerdos con el CFI.
Relacionado a lo financiero, el gobierno asegura que implementó un nuevo sistema de redeterminación de precios, para lo que tomó aportes del sector de la construcción y avanzó en un esquema en el que los certificados de obra “se pagan en tiempo y forma y sin intereses”.
¿En qué obras están pensando?
110 proyectos están en contemplación en áreas como vialidad y logística; obras portuarias y ferroviarias; de energía; de gestión hídrica y riego; saneamiento y agua potable; y educación y seguridad.
Entre los ejemplos que se destacan en un informe del gobierno entrerriano, se cuentan el Puente Paraná – Santa Fe; la doble vía para el puente que une Victoria con Rosario; el corredor Bioceánico Sur; la ampliación del Aeropuerto de Paraná; la reconfiguración del Puerto Ibicuy; y el Acueducto del Norte Entrerriano. Además, plantas potabilizadoras y la construcción de nuevas unidades penales, escuelas técnicas y playones deportivos inclusivos.
La lista libertaria sufrió un revés contundente en las elecciones del 7 de septiembre y, apenas una semana después, los concejales electos ya rompieron filas antes de asumir el 10 de diciembre. El frente La Libertad Avanza en Pilar se dividió en una guerra abierta por el liderazgo local: hubo reproches sobre la estrategia de campaña, denuncias por el manejo de fondos de fiscalización y un reclamo formal para concentrar el sello partidario en una sola bancada.
La derrota electoral fue categórica: el peronismo local alcanzó el 60,5% de los votos frente al 29,1% de la lista libertaria, escenario que precipitó el quiebre interno. Las críticas se enfocaron en Andrés Genna, cabeza de la lista libertaria, dirigente vinculado a Patricia Bullrich y señalado internamente como cercano a Ramón “Nene” Vera, operador de Sebastián Pareja en la Primera sección.
La concejal electa Solana Marchesán, segunda en la lista, y el concejal reelecto Sebastián Neuspiller (PRO), tercero en la boleta, apuntaron directamente contra Genna por la estrategia y el armado electoral. Marchesán fue tajante en su denuncia pública: “Tiene una Pyme de robo de fondos de la fiscalización, busca voluntarios y se queda con la plata, con eso cambia el auto. Viven de eso, él y su familia, hace años”.
– Concejal electa Solana Marchesán, segunda en la lista
Ese señalamiento llevó a Marchesán a presentar este martes una nota formal en el Concejo Deliberante exigiendo la exclusividad del sello de LLA, que hoy se encuentra repartido en tres bloques. En redes sociales, la concejal dejó un mandato claro dirigido a Genna y a la futura concejal María Ratti: “Quien desee integrar la bancada de LLA a futuro deberá hacerlo bajo mi conducción y liderazgo”.
Marchesán justificó la presentación en el Concejo con un reclamo por la preservación de la identidad del espacio: “Quienes estamos desde los inicios debemos velar porque se mantenga la coherencia en el espacio, con sus debidas y necesarias purgas”, y agregó: “Aquellos que se sumaron después y sobre todo quienes luego eligieron otros espacios políticos deben respetar el rol y la representación original. La Libertad Avanza en Pilar no se vende”.
Neuspiller fue el primero en vocalizar la frustración tras el resultado y responsabilizó al armado que colocó a Genna en la cabeza de la lista. En diálogo con el programa radial Agenda Propia, el concejal comparó los guarismos con comicios previos y señaló: “En el 2023, La Libertad Avanza sacó 62.500 votos y Juntos por el Cambio 42.900. Eso hacía un total de 106.000. Ahora, en 2025, se sacó la mitad”. Para reforzar su crítica recordó la legislativa de 2021: “El PRO sacó 64.000 votos, La Libertad Avanza 18.500, o sea 82.000. De doce concejales, entraron seis. Ahora entraron cuatro”.
Sobre la elección de candidatos y la percepción del electorado, Neuspiller enfatizó que los comicios se definen por referentes más que por sellos: “Cuando la gente va a votar, no elige sellos. Yo creo que acá se subestimó pensando que la gente iba a elegir el color violeta. Pero la gente quiere entrar al cuarto oscuro y encontrar la foto de una persona que le genere confianza”.
– Sebastián Neuspiller
El concejal PRO también cuestionó la línea discursiva de Genna, que incluyó propuestas duras contra el personal municipal, en línea con el discurso de Javier Milei. Neuspiller sostuvo: “Si yo le doy un mensaje a todos los trabajadores municipales de Pilar de que voy a poner la motosierra arriba de ellos, eso se complica. Porque el empleado municipal no es político, es alguien que se mata y se desvive por Pilar”.
Además, Neuspiller criticó el armado exprés de la campaña y contrastó esa debilidad con su propia experiencia territorial: “Pilar es gigante, con 365 kilómetros cuadrados, y si la gente no te conoce, ¿cómo hacés para en un mes llegar a la gente?”. En ese marco, recordó: “Yo, para estar cercano a los vecinos, durante tres años me paré con una mesita chiquitita y un banquito en todas las esquinas de Pilar para hacer test de diabetes, y así todo, no me alcanzó”.
Pese a las críticas, Neuspiller mantuvo la convicción de conservar la alianza entre LLA y el PRO: “Fuimos con Solana Marchesán el primer interbloque de la Libertad Avanza y el PRO en toda la provincia en 2021. Y sigo pensando que tenemos que ir juntos porque compartimos electorado”. No obstante, reclamó cambios: “Tenemos que trabajar entendiendo que no se puede subestimar al votante pensando que solamente van a votar con el sello. Se tendrán que hacer internas, habrá que mejorar”, y adelantó su objetivo personal: “Voy a trabajar estos 2 años duramente para volver a ser candidato a intendente”.
La fractura interna se agravó por decisiones tomadas en el cierre de listas. Fuentes cercanas indicaron que el quiebre entre Marchesán y Genna surgió cuando Marchesán fue notificada, a último momento por Vera, de que no encabezararía la lista y que en su lugar iría Genna, ex vice de la Coalición Cívica con paso previo por el PRO. “Eso es lo que más le dolió a Marchesán y a Martín Maganás”, señaló una fuente con acceso a la concejal y al ex candidato libertario a la intendencia, quien impulsó a la primera candidata al Consejo Escolar en estas elecciones.
Con la nueva composición del Concejo, la división ya no sólo se expresó en declaraciones: Marchesán y Neuspiller comenzaron a articular un interbloque LLA–PRO, mientras que permanecieron otros bloques, como los de Juan Pablo Casañas Onganía (con dos años más de mandato) y Juan Martín Tito (que finalizó este año y quedó relegado en el último armado). La configuración resultante dejó a LLA con dos concejales menos que en 2023, cuando el frente había sumado porcentajes significativos.
La derrota y la sucesión de acusaciones públicas y reclamos formales dejaron al espacio en medio de una pulseada por el sello y el liderazgo que, a pocos días del inicio de funciones el 10 de diciembre, reconfiguró las alianzas y profundizó las divisiones internas.
La oposición en la Cámara de Diputados unificó este martes los proyectos de la peronista Sabrina Selva, el pichettista Oscar Agost Carreño y el trotskista Christian Castillopara citar a Karina Milei y Mario Lugones para que den explicaciones sobre las coimas de la Andis y logró dictamen de mayoría.
Los bloques de UP, Miguel Pichetto, Facundo Manes, la izquierda y Marcela Pagano juntaron 41 firmas a favor, los libertarios sumaron 12 en rechazo, la Coalición Cívica aportó dos para su propio proyecto y la tucumana Paula Omodeo presentó otro por su cuenta.
El “lilito” Juan Manuel López se negó a apoyar la citación de Karina para que “brinde informes verbales” sobre las coimas de la Andis ante la Cámara Baja, para no convertir la escena en “un show de una persona que con mucha dificultad se comunica verbalmente”.
Su preocupación era que la hermana de Javier Milei podría “autoincriminarse” con lo que diga. “Vamos a interpelar a alguien que le cuesta bastante comunicarse y que, como está siendo investigada y ya está imputada, va a hacer uso del artículo 18 de la Constitución nacional“, argumentó en referencia a que no puede ser obligada a declarar contra sí misma.
El tratamiento de los proyectos se realizó durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud y Acción Social, presididas por Nicolás Mayoraz y Pablo Yedlin. La reunión se concretó porque el miércoles pasado, durante la sesión en que le voltearon a Milei los vetos a las universidades y el Garrahan, los legisladores aprobaron el emplazamiento a Mayoraz, que venía eludiendo el llamado para trabar el expediente.
De hecho, Martín Menem había puesto Asuntos Constitucionales como comisión cabecera con el objetivo de que el proyecto no caminara.
Cuando se abrió el debate, Yedlin justificó el proyecto en que “los pedidos de informe por escrito han quedado siempre sin respuesta”. “No encontramos, en el marco de lo que el reglamento de la cámara tiene, otra herramienta más idónea que la citación a un informe verbal”, sostuvo.
La massista Selva leyó fragmentos de la transcripción de los audios de Diego Spagnuolo, cuya divulgación desató el escándalo, y enfatizó que “nadie niega la veracidad” de su contenido.
Luego, defendió la citación de Karina frente a los diputados libertarios que contestan que la secretaria general de la Presidencia no tiene rango de ministro, en los términos del artículo 71 de la Constitución. “El artículo 204 del Reglamento habilita a que, en uso del artículo 71, cuando esta cámara de diputados cita a un ministro pueda también citar a los secretarios que consideremos que tengan la responsabilidad de venir a dar explicaciones”, fundamentó.
A su turno, Margarita Stolbizer alertó sobre el riesgo de que se ponga la atención en los audios cuando adelantó su respaldo al dictamen unificado. “No me gustaría que el foco estuviera puesto en los audios, eso es un error conceptual”, dijo, y agregó:“No debemos equivocar el objetivo de nuestra convocatoria porque no vamos a analizar los audios sino la gravedad de los hechos”.
Al final, hasta Pagano anunció el apoyo del dictamen de mayoría para citar a Karina. “Vamos a apoyar, vamos a acompañar y queremos que en el recinto se puedan acelerar los procesos porque las fechas urgen para dar una respuesta”, remarcó.
El sacerdote y astrofísico Manuel María Carreira, miembro del Observatorio Vaticano y colaborador de la NASA, advirtió hace casi una década sobre el vacío espiritual de Europa y el avance del islam como amenaza cultural.
El premio destaca su rol en las primarias de octubre de 2023 y su lucha por una transición pacífica desde la dictadura. Es la primera venezolana en recibir el premio en esta categoría.
El legislador y co fundador de La Libertad Avanza, sacudió el panorama político con declaraciones contundentes contra el actual diputado José Luis Espert, acusado de vínculos con Fred Machado y revivió un episodio crucial que, asegura, involucra al presidente Javier Milei.
Buscan influir en la designación del candidato del Frente de Todos para las elecciones presidenciales. Por ahora no hay consenso en un único nombre y eso genera disputas.
TWEET DEL DÍA
El Kirchnerismo corriendo a LLA / Espert de narcos es una cosa de locos!
Es gravísimo indecente y asqueroso si esto es verdad.
La verosimilitud surge porque el vínculo está comprobado por el uso de un avión y una camioneta en la campaña del 2021.
