Formosa: La oposición pidió impugnar la reelección indefinida de Gildo Insfrán
Juntos por el Cambio denunció al gobernador de Formosa, quien gobierna desde 1995, porque no se estaría cumpliendo un artículo de la Constitución provincial. "Hay un vacío legal que permite la reelección, pero no las reelecciones indefinidas", denunció Fernando Carbajal de Alianza Juntos por Formosa Libre.
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Este lunes, el diputado nacional y principal referente de la oposición en Formosa, Fernando Carbajal, realizó una presentación formal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando que se suspendan las elecciones del 25 de junio próximo, fecha en la que el jerarca Gildo Insfrán competirá con la intención de hacerse de su octavo mandato consecutivo.
El gobernador formoseño busca asegurarse 32 años ininterrumpidos frente a la provincia, no obstante, la oposición intentará ofuscar tal pretensión recurriendo a la justicia. El denunciante exige que se revea o que se declare la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución provincial bajo el fundamento de que es “ambiguo” y poco específico.
Tweet de la diputada provincial y precandidata a intendente, Gabriela Neme
Representado por el abogado Carlos Roberto Lee, la denuncia radicada por el legislador de Alianza Juntos por Formosa Libre,Fernando Carbajal, hace mención al “vacío legal” y la “ambigüedad” del artículo 132 que podría garantizarle otro mandato a Insfrán.
En ese sentido, el magistrado solicitó que se “inhabilite e impugne a todo aquel que pretenda perpetuarse en el poder, a expensas y en perjuicio del pueblo formoseño”. Así como también exigió una “medida cautelar” para que se suspendan las elecciones para el cargo de gobernador hasta dar con la respuesta a su presentación.
Fernando Carbajal, diputado nacional de Juntos por el Cambio
““La situación no es desde el punto de vista jurídico igual, pero presenta similitudes. La diferencia está en que acá la Constitución dice que puede ser reelecto. Hay una cuestión de interpretación, porque no especifica en que puede serlo de manera indefinida“, había expresado Carbajal hace unos días en diálogo con TN.
“Cuando hay una norma que no es clara o precisa, siempre debe ser interpretada de acuerdo a los preceptos constitucionales. Si la reelección indefinida es contrariada los principios republicanos, debería ser interpretada como que puede ser reelecto solo una vez, por más que no lo diga expresamente”, concluyó en ese momento. De llegar a avanzar, el oficialismo formoseño deberá buscar un nuevo candidato.
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Un escandaloso audio difundido esta semana por el portal especializado Doble Amarilla involucró a la diputada nacional de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, en un presunto intento de tráfico de influencias para convertir al Club Social y Deportivo Bancruz, de Río Gallegos, en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). En la grabación filtrada, Santillán aseguró tener “todo arreglado” con el ministro de Justicia, Mariano CúneoLibarona, y el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Roque Vítolo, para garantizar la celeridad del trámite.
El material en cuestión proviene de un diálogo de Whatsapp ocurrido el 12 de julio entre la legisladora y el periodista Juan Cruz Sanz, quien ocupa el rol de presidente ejecutivo del club del sur desde octubre de 2023. “Es un trámite que lo llevamos con Cuneo Libarona, habilita a la inversión extranjera, viene a ser como un fideicomiso lo que nosotros necesitamos, por eso la consulta es si el club tuyo es asociado a la AFA como Arsenal”, señala Santillán en el audio.
EL POLÉMICO AUDIO DE SANTILLÁN
Santillán le propone a Sanz que le presente “una nota, no de intención, pero de consulta ante la Inspección General de Justicia. Tenemos a los inversores extranjeros que vienen de la mano de la liga inglesa de fútbol, esa es una de las partes”.
“Tenemos que tener dos partes: la interesada en invertir y la parte que recibe la inversión”, explica Santillán y le asegura que el camino está allanado. “Obviamente estamos alineados con el director de la IGJ, con absolutamente todo, pero necesitamos el club”.
En su relato, Santillán asegura a Deportivo Bancruz que tenían “todo armado” para que el club que iniciara el trámite no pudiera tener ninguna sanción por parte de la Asociación del Fútbol Argentino: “La AFA no puede desafiliar un club con esta carta a la IGJ, porque es como si vos hicieras un trámite en el registro civil, es totalmente ajeno a lo que pueda hacer AFA, pero es el trámite que se necesita. Nosotros necesitamos al club para hacer un trámite en la Justicia que no lo pone en riesgo al club, pero que nos permite instalar o meter un expediente”.
– Mariano Cúneo Libarona (ministro de Justicia) y Roque Vítolo (titular de la Inspección General de Justicia)
En otra parte del audio revela que el pedido lo hace alineada con el presidente de la Nación Javier Milei. “El presidente necesita la conversión de los clubes a SAD, que es la figura que estamos trabajando”.
Consultada por el diario La Nación, la diputada oriunda de Mar del Plata confirmó que el audio existió pero negó la existencia de presión política: “Yo tengo la conversación completa, la que es prueba documental si la justicia lo requiere. Juan Cruz Sanz se presentó ante mí como presidente de un club, pidiéndome asesoramiento, anteriormente también había hablado con (Daniel) Scioli y (Julio) Garro. Le respondí las consultas y asesoré según sus inquietudes”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, prefirió el silencio y no dio declaraciones.
– El periodista y presidente del Club Social y Deportivo Bancruz, Juan Cruz Sanz
En redes sociales, Santillán respondió a las críticas asegurando que su gestión busca “modernizar un sistema quebrado” y promover la inversión privada como motor de crecimiento.
En un extenso posteo publicado en X, la diputada afirmó: “Un dirigente me contactó desesperado por la situación de su club. No solo es berreta, sino que demuestra el miedo que le tienen a las SAD y a la libertad de los clubes a elegir su propio destino. Estoy siendo objeto de operaciones, y lo único que se busca es la modernización de un sistema quebrado, que quebró la dirigencia que conduce la Liga Nacional del Fútbol Argentino”. Además, defendió la iniciativa impulsada por el gobierno, afirmando: “No hay ningún rédito personal en mi gestión, más que cumplir con el deseo de nuestro gobierno de poner a la Argentina en otro nivel, en el camino virtuoso de la inversión privada, del crecimiento de los clubes, bajo su propia elección. Es lo único que hay, y lo vamos a lograr”.
El periodista Juan Cruz Sanz también aportó detalles sobre el contexto que lo llevó a mantener diálogos con Santillán. “Asumí con la intención de buscar fondos para revivir el club, que pueda volver a ser lo que fue, y así solicité ayuda a Daniel Scioli, ya como funcionario de este gobierno. Él me derivó a Julio Garro (ex subsecretario de Deportes), con quien me contacté dos semanas antes de que Milei lo echara del cargo”, explicó el presidente del Club Bancruz, al reconstruir la previa de su contacto con Santillán.
– El comunicado de Club Social y Deportivo Bancruz, publicado ayer en X
“Cuando a Garro lo echan, sigo la conversación con Santillán, siempre en la búsqueda de encontrar sponsor para revivir al club. Sabía que ella tenía llegada en el sector y lo primero que me pide es que el club debía convertirse en SAD. Yo estoy en contra de esa idea y el club también, pero decidí seguir la corriente, como periodista, para ver qué eran capaces de hacer”, agregó Sanz, quien desde el año pasado se alejó de los medios y actualmente se desempeña como encargado de comunicaciones del Consejo Federal de Fútbol.
El dirigente también relató que tuvo una reunión con Juan Cruz Martínez, abogado de Santillán. “Hablo con la AFA y aviso que voy a seguir hablando con ella. Le seguí la corriente para que me sienten con los supuestos inversores, pero eso nunca ocurrió. Me pedían que armemos los papeles y todo el tiempo me decían no queremos nada”, detalló.
Finalmente, Sanz vinculó lo sucedido con Santillán a otros movimientos similares en el fútbol argentino. “Cuando pasa lo de Estudiantes, digo: están haciendo lo que me proponían a mí que haga con Bancruz, y por eso decido difundir el audio. Ahora debe investigar la justicia”, afirmó el presidente ejecutivo del club, que actualmente participa en la Liga de Fútbol Sur y cuenta con licencia deportiva para disputar el Torneo Regional Amateur.
Claudia Rucci, hija del dirigente sindical José Ignacio Rucci —asesinado por Montoneros y FAR en 1973—, presentó su renuncia como directora general del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Había llegado a ese cargo por designación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en enero del año pasado y se había convertido en una de sus colaboradoras más cercanas. Su salida coincidió con un clima de tensiones crecientes entre Villarruel y el presidente Javier Milei, así como con movimientos de personal en la Cámara alta para “estar más sincronizada con el Poder Ejecutivo Nacional”, según admitieron allegados a la vice.
La propia Rucci comunicó su salida en su cuenta de la red social X el jueves por la noche: “Hoy presenté la renuncia, por motivos personales, al cargo de Directora General del Observatorio de DDHH del Senado de la Nación. Mi agradecimiento a todos con los que compartimos el esfuerzo en pos de que los Derechos Humanos sean de todos y para todos! Muchas gracias!!!”
En ese mismo mensaje, difundió un video con imágenes de distintas actividades que desarrolló durante su gestión, donde se vio a Villarruel en varias postales. No hizo una mención específica a la vicepresidenta, quien tampoco la saludó públicamente en el momento del anuncio. Desde el entorno de Villarruel ratificaron que “la renuncia es estrictamente personal y se venía conversando” y aseguraron que ambas mantenían una “muy buena relación”. Voceros cercanos a la vice también apuntaron que “está reordenando el equipo del Senado para estar más sincronizada con el Poder Ejecutivo Nacional” de cara a un año que se anticipaba “muy complejo” en el plano electoral. “Al menos una sintonía más similar. Se viene un año electoral muy complejo y hay que fortalecer las cámaras en el mismo sentido”, agregaron.
La figura de Claudia Rucci encajaba con la histórica militancia de Villarruel a favor de las víctimas de organizaciones guerrilleras de los años 70. Antes de asumir en el Observatorio, Rucci había acompañado a la vice en un acto de campaña que homenajeó a las víctimas del terrorismo. También la secundó en agosto pasado, cuando Villarruel encabezó en el Senado un acto de conmemoración y homenaje a esas víctimas y declaró: “Reabriremos todas las causas de víctimas de terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años”.
En los últimos días, versiones legislativas indicaron que Villarruel temía una intervención de la Casa Rosada en el Senado a través de la designación de un secretario administrativo afín al Ejecutivo, en lugar de la actual funcionaria María Laura Izzo, cercana a la vice. Estos reacomodamientos internos coincidieron con la renuncia de Rucci y alimentaron especulaciones sobre una posible intención de la vicepresidenta de evitar injerencias externas y realinear su equipo.
“Es un informe absolutamente desconectado de lo que vive la sociedad argentina. Están del lado de los delincuentes, mientras nosotros trabajamos para proteger a los 46 millones de argentinos que fueron víctimas de los piqueteros y la extorsión durante décadas”, afirmó Bullrich en declaraciones a El Observador FM. La ministra también aseguró que el protocolo busca resolver de manera pacífica y profesional una problemática histórica, permitiendo reducir los bloqueos y garantizando el derecho al libre tránsito. Según sus palabras, esta medida representa un cambio estructural en la gestión del espacio público.
El informe de Amnistía Internacional, titulado “Uso excesivo de la fuerza”, documenta más de mil heridos en al menos 15 protestas ocurridas durante 2024. Además, denuncia el uso desproporcionado de balas de goma, gases lacrimógenos y bastones contra manifestantes que, según el organismo, ejercían su derecho a protestar pacíficamente. El documento también destaca que 50 trabajadores de prensa resultaron heridos mientras cubrían las manifestaciones, lo que, según Amnistía, evidencia un patrón de represión que afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.
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Entre los episodios destacados, se menciona la movilización frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases, que derivó en 33 detenidos y numerosos focos de incendio, incluyendo un móvil de Cadena 3 incendiado por manifestantes. Este evento fue utilizado por el Gobierno para enfatizar la necesidad del protocolo, destacando que no solo busca regular las protestas, sino también garantizar la seguridad de bienes y personas en contextos de manifestaciones masivas.
El Gobierno, sin embargo, rechazó categóricamente estas acusaciones. Bullrich defendió la implementación del protocolo como una medida necesaria para poner fin a años de caos en las calles. “Durante 25 años, los piqueteros se adueñaron de las calles y extorsionaron a millones de argentinos. Ahora, con este protocolo, hemos logrado establecer el orden y proteger a la ciudadanía”, declaró. La ministra también cuestionó la falta de atención del informe a los desmanes ocurridos en algunas protestas, como el incendio de un móvil de Cadena 3 frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases.
Amnistía también alertó sobre la “criminalización de la protesta”, destacando que 73 manifestantes fueron detenidos en distintos episodios, acusados de delitos como resistencia a la autoridad, aunque la mayoría recuperó la libertad pocas horas después. Por otro lado, el informe señala que 33 personas sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, resultando en daños severos a la visión. Asimismo, destaca que entre las víctimas se encuentran niños y niñas que estuvieron expuestos a situaciones de violencia represiva.
En respuesta, Bullrich aseguró que las fuerzas de seguridad actuaron con profesionalismo y respetando los principios de proporcionalidad. “No avalamos para nada ese informe. Este es un año en el que la Argentina logró ley y orden, y lo hizo con el uso mínimo de la fuerza. Es fácil criticar desde un escritorio, pero estas medidas están pensadas para defender a la ciudadanía y poner fin a años de caos”, sostuvo. Además, la ministra remarcó que el protocolo incluye instancias de negociación previas a cualquier acción policial, buscando siempre una resolución pacífica de los conflictos.
Por su parte, Amnistía Internacional recomendó la derogación del protocolo y la adopción de regulaciones que garanticen el respeto por los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. También instó a limitar el uso de armas no letales y a investigar las denuncias de violencia policial. Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, destacó la importancia de proteger el derecho a la protesta como un pilar fundamental de la democracia. “Las imágenes de violencia y represión evidencian la necesidad urgente de revisar las políticas de seguridad pública y garantizar el respeto por los derechos humanos fundamentales”, concluyó.
El informe también incluye recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional, instando a organismos como la ONU y la CIDH a monitorear la situación en Argentina y a exigir medidas concretas que promuevan el respeto por los derechos humanos en el país. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad continúa defendiendo su gestión y subrayando los resultados positivos en materia de orden público y seguridad ciudadana, destacando una disminución significativa en los bloqueos y cortes de calle en todo el territorio nacional.
La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner recurrirá nuevamente a la Justicia Federal para reclamar la restitución de su jubilación especial, luego de que el gobierno de Javier Milei suspendiera su cobro. La expresidenta percibía dos haberes en simultáneo: su pensión como exjefa de Estado y la asignación correspondiente como viuda de Néstor Kirchner, lo que le permitía recibir una suma millonaria.
Cabe recordar que la exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, según lo ratificó la Cámara Federal de Casación Penal. El fallo la encontró responsable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, aunque aún restan instancias judiciales para que la sentencia quede firme.
Según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en mayo de 2024, la expresidenta percibía un monto bruto mensual que equivalía aproximadamente a 385 jubilaciones mínimas de aquel entonces.
El abogado Facundo Fernández Pastor, representante legal de Cristina Kirchner, presentó ante la ANSES un escrito en el que sostiene que la suspensión de los pagos “vulnera los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional” y exigió el reintegro de los montos retenidos. En su denuncia, calificó la medida como “un acto más de persecución con fines vengativos, hostigamiento y sectarismo político” por parte del Gobierno. Asimismo, insistió en que la ANSES carece de facultades legales para revocar este tipo de beneficios.
Fuentes del organismo previsional confirmaron que ni Cristina Kirchner ni Amado Boudou —condenado por el caso Ciccone— están cobrando actualmente sus asignaciones especiales. “Por ahora, no cobran un peso”, indicaron.
El pasado 14 de noviembre, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció en conferencia de prensa la decisión de revocar tanto la jubilación como la pensión de la exmandataria. En ese contexto, señaló que la medida representaba “un ahorro de unos $21.827.624 para los argentinos”.
Desde el Gobierno buscan rechazar el reclamo de Cristina Kirchner, argumentando que su situación encuadra en el concepto de “indignidad” previsto en el artículo 29 de la ley 24.018, que impide otorgar beneficios previsionales a quienes hayan cometido delitos dolosos contra el Estado con fines de enriquecimiento. La normativa establece que estos haberes no podrán ser percibidos por quienes hayan sido destituidos mediante juicio político o sumario debido a un mal desempeño en sus funciones.
Argentina alcanzó en 2024 un superávit comercial de USD 18.899 millones, la cifra más alta de los últimos 20 años en términos nominales, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El resultado final se definió en diciembre, cuando el país registró un saldo positivo de USD 1.666 millones, con exportaciones por USD 7.035 millones e importaciones por USD 5.369 millones.
Este desempeño cerró 12 meses consecutivos de superávit y revirtió el déficit de USD 6.926 millones observado en 2023. Las exportaciones crecieron 19,4% interanual durante el año, hasta alcanzar los USD 79.721 millones, mientras que las importaciones cayeron 17,5%, con un total de USD 60.822 millones. Aun así, el Indec estimó que la Argentina habría obtenido un superávit de USD 21.246 millones si hubieran prevalecido los precios de 2023, pero la caída del índice de precios de las exportaciones (-5,8%) en comparación con el de las importaciones (-4%) generó una pérdida en los términos de intercambio de USD 1.550 millones.
Dentro de la dinámica de diciembre, las compras externas aumentaron 26,2% en la comparación interanual y registraron una suba de 8,8% frente a noviembre. En tanto, las ventas al exterior avanzaron 33,4% respecto de diciembre de 2023. Los rubros que más impulsaron las exportaciones fueron las manufacturas de origen agropecuario (36% de suba interanual), los productos primarios (30%) y el sector energético (50%). Por el lado de las importaciones, el alza más significativa se dio en vehículos (230%) y bienes de consumo (53%), mientras que las compras de energía descendieron 43%.
El economista Jerónimo Montalvo, de la consultora Abeceb, señaló que el país exhibió en diciembre un superávit comercial “durante toda la gestión Milei, con una aceleración por segundo mes consecutivo y con un crecimiento sensible respecto del resultado de diciembre de 2023 (64%)”. Montalvo afirmó que el récord de 2024 (que no se dio como porcentaje del PBI) respondió a la combinación de un fuerte crecimiento de las exportaciones y una marcada reducción de las importaciones, las cuales alcanzaron su menor nivel desde 2015 en proporción al producto bruto.
Según Montalvo, en 2025 las exportaciones seguirían en aumento, impulsadas por una buena cosecha y el aporte del sector energético, con un incremento estimado de 7%. Sin embargo, auguró también una mayor dinámica en las compras externas, que se proyectarían con una suba de 16%. En ese escenario, el país podría mantener un saldo comercial positivo de entre USD 14.000 y USD 15.000 millones, con casi la mitad proveniente del sector energético.
En línea con esta tendencia, el economista Jorge Vasconcelos, del Ieral, observó que la recuperación económica en Argentina mostró un sesgo hacia el crecimiento de las importaciones no energéticas. Destacó asimismo el comportamiento del comercio bilateral con Brasil: las importaciones argentinas desde ese país pasaron de caer 50,5% interanual en junio de 2024 a incrementarse 46,9% en diciembre, mientras que las exportaciones a ese destino se desaceleraron a 2,5% en el mismo lapso.
Por otra parte, el sector energético también exhibió un desempeño notable. A lo largo de 2024, la balanza comercial energética mostró un superávit de USD 5.668 millones, el mayor de los últimos 18 años. Las exportaciones de combustibles y energía crecieron 22,3% y totalizaron USD 9.677 millones, lo que representó el 12,1% de los envíos argentinos al exterior. Chile se posicionó como el principal destino de estas ventas, con USD 2.844 millones, un 74,1% más que en 2023. A la vez, las importaciones de combustible y lubricantes se contrajeron 49,4%, hasta USD 4.009 millones.
En diciembre, este rubro marcó un superávit energético de USD 852 millones. Según los datos oficiales, las exportaciones del mes sumaron USD 1.032 millones, de los cuales USD 5.473 millones correspondieron a la venta de aceites de petróleo, al tiempo que las compras externas se ubicaron en USD 180 millones, un 42,9% menos que en diciembre de 2023. De este modo, el país consolidó un año con resultados positivos tanto en el balance energético como en el global, alcanzando el superávit comercial nominal más alto de las últimas dos décadas.
Este miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, recibió a la diputada Julia Calleros (bloque Fe y Libertad) para planificar el trabajo legislativo de este año. Fundamentalmente, abordaron la necesidad de avanzar con los proyectos que ofrecen soluciones para la problemática de los caminos rurales, como es el Régimen de Consorcios Camineros.
“Es muy importante planificar con el presidente de la Cámara este 2025, que seguramente será un muy buen año”, destacó la legisladora, quien resaltó que ve muy probable que se avance con su iniciativa, unificada con las de otros diputados, referidas a los consorcios camineros rurales.
“Tenemos una posibilidad muy grande, ya que el 100% del impuesto Inmobiliario Rural va a ir para el mantenimiento de los caminos rurales. Así que arrancamos el año con una muy buena noticia. Durante el año pasado avanzamos mucho y este año vamos a unificar también con las propuestas del Ejecutivo, ya que el gobierno está trabajando en el tema”, comentó.
“Seguramente vamos a poder avanzar y darle respuesta a la gente, que la está necesitando cuanto antes, porque en la infraestructura vial está la producción, la educación, la salud, la seguridad, la industria, como ya lo hemos dicho muchas veces”, expresó.
“Queremos que este año sea muy positivo para todos. En principio, arrancar el año con una charla con el presidente de la Cámara es muy bueno. Vamos a acompañar siempre en todo lo que sea para el bien del ciudadano. La idea es trabajar juntos y en armonía. Seguramente se van a seguir dando nuevas charlas para acompañar desde nuestro espacio”, dijo Calleros.
En cuanto a la tarea que desarrollará durante el año, dijo que junto a su equipo trabaja sobre otros proyectos para presentar e impulsar ante sus pares, vinculados a materias como salud y turismo en beneficio de los ciudadanos entrerrianos. Finalmente, agradeció a Gustavo Hein por “su apertura y contención hacia todos los sectores de la Cámara”.
Salirse de la agenda de reducción de impuestos, tasas y gasto público que lleva adelante @JMilei tiene sus consecuencias. En Bahia Blanca hay 3 Concejales que entraron por LLA y sistemáticamente votan aumentos de Tasas Municipales. No dejemos que sigan traicionando. VLLC! 💜🇦🇷 https://t.co/PQxLPhpOJjpic.twitter.com/YmDlJH0Gdz
