Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Javier Milei decidió que su fuerza política prescindirá de candidatos provinciales en aquellos distritos que desdoblaron los comicios respecto de la elección nacional. A través de un comunicado, La Libertad Avanza explicó que el “León” no prestará sus imágenes y símbolos para ningún sufragio, más allá de las nacionales.
“Nuestro objetivo son las próximas elecciones presidenciales 2023. Los esfuerzos y recursos en términos de fiscalización y comunicación estarán destinados a ese fin“, dice el texto difundido en redes sociales. “Todos aquellos partidos políticos que nos acompañan decidirán participar o no de las elecciones provinciales según sus necesidades jurídicas o territoriales, utilizando sus propios símbolos e imágenes partidarios”, sentenció.
El primer comunicado que publicó el espacio de LLA a través Instagram y que luego debieron borrar
El comunicado generó revuelo incluso dentro de la fuerza de Milei en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, fuentes cercanas al economista explicaron que la decisión se tomó para aquellos territorios que desdoblaron la elección respecto de la nacional. “Ya había adelantado que no llevaría candidatos en todos los lugares, así que no es ninguna novedad”, dicen desde el entorno del economista.
Por el momento, la decisión de Milei no impacta sobre los armados en la Ciudad de Buenos Aires y en el territorio bonaerense. El economista aún no definió quien será su candidato a gobernador, aunque suena la posibilidad del abogado Fernando Burlando. Este último se habría comunicado por llamada este jueves con la mismísima Karina Milei.
La aclaración del primer comunicado
El armado libertario en el interior del país viene sufriendo derrotas y desencuentros. Los primeros test electorales del frente libertario no estuvieron a la altura de las expectativas que genera el economista. El candidato de Milei en Río Negro, Ariel Rivero, apenas superó el 9 por ciento de los votos. El aspirante en Neuquén, Carlos Eguía, terminó cuarto con 8,3. En Trelew, Gustavo Mac Karthy, un peronista que se alió al “León”, quedó tercero con 14 puntos.
Para las elecciones provinciales que se vienen en las próximas semanas, el líder libertario no tiene candidatos potentes en distritos claves o directamente no apoyó a alguien, por lo que puede llegar a las primarias de agosto sin nada para mostrar.
El líder de La Libertad Avanza, Javier Milei.
En Córdoba el armado libertario explotó en medio de acusaciones cruzadas, traiciones y sospechas. Se inscribieron 2 alianzas en la Justicia electoral provincial y eso inició una fenomenal pelea por el sello: un grupo lo quiere usar, y el otro dice que lo hace para bloquear cualquier candidatura por debajo de los 10 puntos.
Ahora bien, en Santa Fe, Milei bajó al candidato a gobernador libertario Hernán Kovacevich y terminó favoreciendo a Carolina Losada. Es que él podría complicarle a la aspirante radical la interna contra Maximiliano Pullaro.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
La Corte Suprema de Justicia confirmó este martes la condena contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, y con ello dejó firme una de las sanciones económicas más relevantes de la historia judicial argentina: la devolución de aproximadamente 84.000 millones de pesos al Estado Nacional, dinero que, según la sentencia, fue desviado en una maniobra de corrupción mediante contratos de obra pública adjudicados de manera irregular.
El máximo tribunal rechazó por unanimidad las apelaciones de la defensa de la ex mandataria y de otros ocho condenados, dejando sin efecto cualquier posibilidad de revisión de la sentencia dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2 y ratificada en noviembre pasado por la Cámara de Casación Penal. La condena incluye seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y, como eje central, el decomiso millonario.
Este decomiso, que había sido homologado previamente por la Cámara de Casación, representa el monto que la Justicia determinó como perjuicio directo contra la administración pública tras años de maniobras fraudulentas en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz. La cifra multimillonaria deberá ser reintegrada a las arcas estatales, ya sea mediante bienes, activos o sumas de dinero embargadas y posteriormente liquidadas.
El fallo de la Corte Suprema, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los planteos de Cristina Kirchner y dejó firme la condena que la responsabiliza como coautora de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado. Según la Justicia, durante su mandato se instrumentaron decisiones administrativas y decretos presidenciales que facilitaron el desvío de fondos públicos a empresas vinculadas a Lázaro Báez, principal beneficiario del esquema de corrupción.
Entre los puntos clave del fallo se destaca la intervención de Cristina Kirchner a través del Decreto PEN N° 54/2009, que modificó el manejo de fondos del fideicomiso vial y permitió la adjudicación directa y sin control de contratos millonarios. La Justicia determinó que estas modificaciones permitieron la maniobra defraudatoria y que la entonces presidente estaba al tanto del perjuicio que estas acciones causarían a las finanzas estatales.
El monto del decomiso se calculó en base a las obras públicas adjudicadas de manera irregular, las licitaciones direccionadas y los pagos anticipados a Austral Construcciones y otras empresas controladas por Báez, aún cuando estas presentaban notorias irregularidades y, en muchos casos, abandonaron las obras sin finalizarlas.
Cristina Kirchner no podrá participar de futuras elecciones por la inhabilitación perpetua y enfrenta además la posibilidad de cumplir su condena bajo arresto domiciliario por su edad. Pero más allá de lo político y lo penal, lo económico marca un precedente: la ex presidenta deberá afrontar la obligación de resarcir al Estado con una cifra histórica que busca recuperar parte del dinero perdido en la maniobra de corrupción.
La Corte, en su fallo, remarcó que la sentencia se apoyó en pruebas sólidas, que el debido proceso fue respetado y que los argumentos de la defensa no lograron desacreditar la evidencia. También quedó firme la responsabilidad de los demás condenados, incluido Lázaro Báez, y el decomiso millonario que los alcanza a todos como parte del perjuicio calculado.
Este fallo no sólo consolida la primera condena firme de cumplimiento efectivo contra Cristina Kirchner, sino que pone en marcha el proceso para la recuperación de los fondos públicos, en una decisión que impacta tanto en lo judicial como en las finanzas del Estado.
Carlos Kikuchi, antiguo titiritero de la campaña que llevó a Javier Milei a la Presidencia en 2023, lanzó el frente Unión, Renovación y Fe (URF) y fijó como objetivo disputar el voto libertario y de centroderecha en la provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre. El senador provincial afirmó que su espacio ofreció “una alternativa de derecha con sensibilidad social” y explicó que presentará listas en las ocho secciones electorales—donde se eligen 46 diputados y 23 senadores provinciales—y en los 135 municipios, que este año renovarán 1.097 concejales y 401 consejeros escolares.
El dirigente sostuvo que abandonó La Libertad Avanza antes del balotaje presidencial por el acuerdo con Mauricio Macri: “Cuando Javier toma la decisión de recostarse sobre Macri para el balotaje, creo que compramos un Renault Gordini y lo pagamos al precio de una Ferrari”. Además, replicó a quienes lo acusaron de favorecer a Axel Kicillof: “Nosotros en algunas cuestiones hemos votado para darle gobernabilidad a Kicillof… Ahora, no le hemos votado todo al libro cerrado”.
– Vargas, Kikuchi, Luayza, Cuervo y Del Oso, el pasado viernes en la presentación de Unión, Renovación y Fe
Kikuchi relató que el nuevo armado ya sumó “más de 20 concejales de LLA” y aseguró que algunos funcionarios “renunciaron o están pensando renunciar al PAMI para venirse a trabajar con nosotros”. Entre sus respaldos inmediatos mencionó a los senadores Silvana Ventura y Sergio Vargas, a los diputados provinciales Fabián Luayza, Gustavo Cuervo, Sergio Vargas y Juan Del Oso, y al senador Sergio Vargas, que integran los bloques Unión, Renovación y Fe en ambas cámaras bonaerenses.
En el plano económico, manifestó coincidencias con la Casa Rosada, pero reclamó atención sobre la situación social: “Nosotros estamos de acuerdo con el reacomodamiento de la macro… en el conurbano la gente está sufriendo mucho y no se está poniendo el debido cuidado a esas cuestiones”. Desde el oficialismo replicaron en reserva: “Hoy no hay lugar para tibios ni para los que dudan del rumbo. El país necesita coraje, no discursos reciclados”.
Kikuchi confirmó que no competirá en los comicios nacionales del 26 de octubre, cuando la provincia elegirá 35 diputados nacionales. Aclaró que vio a Kicillof “una vez en su vida” y que su diálogo con la gobernación bonaerense fue “prácticamente nulo”. Respecto de una eventual alianza con La Libertad Avanza, contestó: “El diálogo siempre está abierto, pero ya no depende de nosotros”.
En el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, durante la AmCham Summit 2025 que congregó a figuras empresariales y políticas, Cristian Ritondo encabezó la posición del PRO bonaerense: anunció que trabajará por una alianza con La Libertad Avanza (LLA) de cara a las legislativas provinciales y remarcó que no habrá saltos partidarios individuales.
“El PRO va a seguir acompañando todas las reformas que está encarando el presidente Milei y ratificamos nuestra posición frentista en la Provincia de Buenos Aires para derrotar al populismo”, afirmó en un panel que compartió con el radical Rodrigo de Loredo. Acto seguido subrayó: “No tiene que haber traspaso de dirigentes. Un frente, una alianza, ir juntos en una elección aquellos que pensamos en el cambio profundo que debe llegar a la Provincia”.
Ritondo asistió horas antes de la reunión del bloque PRO en Diputados, prevista para las 18.00 de hoy. Allí, según anticipó, comenzaría a delinear la estrategia parlamentaria junto a Diego Santilli —otro impulsor del acuerdo con LLA— y a coordinar un primer encuentro con Sebastián Pareja, el por ahora armador libertario en la provincia que responde a Karina Milei.
El dirigente bonaerense del PRO admitió la “debilidad parlamentaria” del oficialismo y apuntó que las reformas laboral e impositiva reclamadas por el empresariado requerían un frente opositor robusto. De Loredo coincidió y alertó que el voto porteño del domingo representó “un apoyo del electorado a la marcha de la economía” antes que un aval ideológico.
La cumbre expuso la incomodidad de los referentes amarillos tras el tercer puesto de Silvia Lospennato en la Ciudad, donde Manuel Adorni duplicó al PRO. Jorge Macri, uno de los primeros en llegar al evento, reconoció la derrota pero insistió en que el partido “seguirá existiendo”.
Por ahora, la ingeniería electoral bonaerense quedó en manos de Ritondo y Santilli. Con los libertarios fortalecidos tras el contundente resultado porteño y con empresarios que pidieron “mayor institucionalidad”, ambas fuerzas evaluarán cómo articular sellos y listas sin perder identidad ni estructura. Mientras tanto, los libertarios “tiñen de violeta” el tablero político y el PRO confía en que el frente común evitará lo que, según Ritondo, la gente reclama dejar atrás: “los errores” del pasado populista.
La cumbre empresarial, organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, reunió a referentes como el presidente de AmCham, Facundo Gómez Minujín, y la encargada de negocios norteamericana, Abigail Dressel. Ante los asistentes, Dressel sostuvo que Javier Milei estaba “implementando un cambio radical en la Argentina”, valoró la política económica y destacó el rol de más de 300 firmas estadounidenses en el país.
En su columna semanal en Clarín, el periodista Marcelo Bonelli asegura que Javier Milei mantiene tensas negociaciones con sectores del PRO para consolidar una alianza electoral, pero enfrenta resistencias internas, especialmente por parte de Jorge Macri y diferencias con referentes como Ritondo y Santilli. Karina Milei limita los lugares en las listas para el PRO, lo que genera malestar. La alianza con el PRO avanza en provincia, pero sigue dividida en CABA.
En paralelo, Wall Street y la Casa Blanca observan con atención la estabilidad política de Milei, preocupados por su estilo confrontativo y la baja calidad institucional. Toto Caputo busca mostrar resultados económicos, como el retorno al crédito internacional y la contención inflacionaria, aunque con medidas que distorsionan el enfoque liberal clásico.
El plan económico incluye frenar obras públicas, contener el dólar, congelar salarios y tarifas hasta octubre, lo que genera tensiones con gobernadores y empresarios. Aunque se logra cierta calma en lo financiero, la economía real sigue débil y el consumo resentido. Mientras tanto, crece el malestar en sectores productivos y se anticipan disputas dentro del oficialismo y la oposición.
Javier Milei afirmó: “Juntos vamos a refundar la Argentina. Como lo hizo Roca en 1880”. Cristian Ritondo abrió los ojos. Estaba cansado, era tarde en Olivos. Milei avanzó y le confió: “Me siento bien con vos”. Ritondo reaccionó: “Para ese sueño, tenemos que vencer juntos al kirchnerismo”.
El Presidente festejó la frase y lo interrumpió incisivo: “¿Por qué metieron a Mauricio en la pelea de la Ciudad?”. La tensión aumentó. Cristian habló de “errores propios en el PRO” y mencionó a Jorge Macri.
Después se sinceró: “Tenemos que hacer un mea culpa por nuestros errores”. Javo arremetió contra su nuevo e increíble archienemigo político. El Presidente ve complot debajo de cada baldosa y tiene un criadero de enemistades: “Jorge maltrató al Jefe, a mi hermana”.
Karina es intocable para Milei. Se conoce que el Presidente condenó al ostracismo a Victoria Villarruel cuando se enteró de que la vice trataba despectivamente de “tarotista” a la hermanísima.
Milei recitó una serie de remanidas acusaciones contra Jorge Macri: lo culpó de financiar a Ramiro Marra, de no darle lugar al bloque libertario en la Legislatura y enloqueció con Antoni Gutiérrez Rubí: “Es un difamador”. Ritondo mantuvo prudente silencio.
El diputado no quiso complicar la negociación: ambos después pactaron el acuerdo electoral. Fue en la cena a solas en Olivos. Pero esa cordialidad igual ya tuvo tropezones. Hay diferencias y peleas en el armado de la alianza entre La Libertad Avanza y los dialoguistas bonaerenses del PRO.
Karina le niega al PRO el primer lugar en la lista de octubre. La hermanísima – vía Pareja– está amarreta y solo le ofreció al PRO dos lugares entre los primeros doce de la lista. El trío Ritondo-Santilli-Guillermo Montenegro explotó. Pareja contragolpeó: Diego Santilli no va a liderar en octubre la lista bonaerense.
Para esa elección, la Casa Rosada le reserva al PRO solo el tercer puesto en la nómina. A Santilli –una forma de desgastarlo– ahora le ofrecen el primer lugar para septiembre en la primera sección electoral.
La cuestión recién comienza. Karina tiene una coincidencia con Ritondo. En eso trabajan con “el Pibe” Caputo: ambos no lo quieren a José Luis Espert al tope. Pero el trío conoce una cuestión: Milei lo banca y no quiere escuchar nada en contra del Profe.
WALL STREET VIGILA:
La cuestión se monitorea en Wall Street. Los “lobos” quieren conocer si Milei puede ganar en octubre y consolidar su poder para hacer la reforma laboral y en jubilaciones. En Manhattan nadie entiende una decisión: cómo LLA y el PRO irán unidos en Buenos Aires y separados en CABA. Patricia Bullrich no quiere compartir lista y destronar a Mauricio. Pato dice, suelta de cuerpo: “El PRO es el 15 % en CABA y el 5 % en provincia. ¿Qué quieren?”.
Encima, este jueves, un intendente aliado del PRO salió a patear el tablero. Santiago Passaglia desconoce la negociación de Ritondo y el líder de San Nicolás ya arma su propio partido: “Yo no voy a agachar la cabeza”.
Los dueños del dinero creen que se trataría de un disparate político. Pero husmean una cuestión: un desliz electoral complicaría mucho la política económica. En Manhattan preanuncian y apuestan a un triunfo. La Casa Blanca otorgó el “puente” –vía FMI– para favorecer a Milei.
En Wall Street, igual, están inquietos por los exabruptos e insólitas peleas de Javo. Dicen que esa baja calidad institucional aleja a la Argentina del crédito internacional.
El capo del JP Morgan ya lo dijo. Facundo Gómez Minujin afirmó: “Sin institucionalidad, no hay país que prospere”.
Por eso, Toto Caputo tuvo que armar un artilugio para promocionar que había vuelto al crédito mundial. Los bonos internacionales se suscriben en dólares y su sede judicial debe ser Nueva York. Ambos requisitos no se cumplieron en esta ambiciosa colocación.
Dicen que el JP Morgan y Goldman Sachs lo ayudaron para recolectar los US$ 1.000 millones. Existe una renta astronómica y Caputo se quedó con los billetes para el FMI.
Los Totoboys están obsesionados con mostrar “buenas noticias”. La reunión por zoom con los gobernadores tuvo un saldo agridulce. El jubileo de dólares no tiene aún el boom deseado por una cuestión: son beneficios tributarios, pero no incluyen ningún incentivo para usar los dólares.
Toto sobreactúa para satisfacer a Milei y por eso le tiró un Exocet al exitoso Darín. Atacó despectivamente al actor más codiciado del momento y Guillermo Francos tuvo que salir a ayudarlo.
Ahora el ministro dio un portazo a la Cámara de la Construcción: no irá a su convención anual. Gustavo Weiss invitó a Milei y Caputo. La Casa Rosada rechazó –vía ceremonial– la invitación. Pero Toto fue más allá y argumentó que no iría porque el año pasado recibió criticas a su programa de obra cero.
Ya dejó plantada a fin de año a la UIA y, hace poco, al poderoso Cicyp . En privado, Caputo masculla bronca y descalifica a lo empresarios: “No saben nada y no se juegan por nosotros”.
El plan “obra cero” inquieta a los gobernadores. Alberto Weretilneck lo dijo: “En Economía no se preocupan por el interior”. Los mandatarios denuncian que Economía frenó obras con financiación internacional girada del BID, CAF y Banco Mundial. Parte de esos recursos, Caputo los desvió y destinó a reforzar las escuálidas reservas del BCRA. Siguen en rojo en US$ 3.400 millones.
Estos bancos advirtieron: caerían los préstamos si persiste la actitud de Economía y no van a destino los fondos. Federico Sturzenegger tampoco irá a CAMARCO: hay un complot ordenado por Milei, para vaciar el encuentro.
El Coloso sufre embates: le adjudican mucha espectacularidad en sus anuncios y pocas concreciones. También hay críticas al ministro de Salud. A Mario Lugones no se le conoce la voz: el reconocido internacionalmente Hospital Garrahan está que arde por falta de dinero.
Ya se admite que la reanimación económica está floja y no termina de calentarse. Influye una orden del propio Javo al rockstar. La instrucción a Toto fue la siguiente: “Tenemos que llegar a octubre con un 1 % de inflación”.
Para eso, el ministro aplica medidas que desvirtúan las creencias monetaristas de Milei. En la UIA, en broma, dicen que Toto instrumenta la doctrina del “massismo austriaco”. La decisión anti-inflacionaria es encorsetar los costos y, para eso, planchar precios claves de la macroeconomía.
El primero es el dólar. Toto está obsesionado con bajarlo a 1.000 pesos y Santiago Bausili hace todo para mantenerlo pisado. Ya el BCRA vendió US$ 400 millones en abril y por lo menos US$ 1.200 en mayo para bajar expectativas del dólar futuro. Las reservas no se reaniman y la decisión provoca consecuencias: escuálida balanza comercial, déficit en la cuenta corriente y de turismo.
El segundo son los salarios. Trabajo no autoriza aumentos -pactados libremente- superiores al 1%. También se incluyen las tarifas: la decisión es plancharlas hasta octubre. Se trata de una estrategia coyuntural que varias veces se usó en Argentina: un corset sobre los precios.
Su efecto fue diverso y solo funciona en el corto plazo. Pero tiene costos fuertes: la pasa mal el campo, la industria y, al final, el consumo de los asalariados. El plan está en plena vigencia. Cristina lo sabe. También, que podría recibir un golpe fatal: Axel Kicillof prepara su matricidio político.
Aníbal Ibarra vuelve a estar bajo la luz —aunque tenue— de la política nacional. Quien fuera destituido en 2006 tras el juicio político por su responsabilidad institucional en la tragedia de Cromañón, hoy ocupa un cargo como asesor en el Senado de la Nación, precisamente en el despacho del legislador oficialista Oscar Parrilli.
Sin anuncio oficial ni presentación pública, el nombre de Ibarra volvió a figurar en los registros del Estado en los que el ahora “asesor” percibe un sueldo bruto de $1.124.000 mensuales. No es el único con ese salario en el Senado, pero su caso genera una atención especial por su pasado: la tragedia de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004, dejó 194 muertos y expuso gravísimas fallas en los controles estatales. El entonces jefe de Gobierno porteño fue acusado de “ineptitud e inacción”.
En marzo de 2006, la Legislatura de la Ciudad votó su destitución por 10 votos contra 4. Ibarra siempre sostuvo que fue víctima de una operación política. Pero para los familiares de las víctimas, su responsabilidad política es innegable.
Su regreso silencioso al Estado, en un momento de fuerte ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei, genera polémicas. El Senado continúa con la contratación de asesores con sueldos de seis cifras.
El propio Ibarra, en junio de 2024, había reaparecido en redes sociales para criticar al Gobierno por no distribuir alimentos retenidos en depósitos y por presuntos pactos con legisladores a cambio de embajadas. “Compran votos con cargos, no con ideas”, lanzó en aquel momento. Ahora, es su nombramiento lo que genera sospechas de “viejas prácticas”.
La Cámara Alta es foco de críticas desde que, en enero de 2025, se conoció que los senadores pasarán a cobrar un sueldo bruto de $9,5 millones mensuales. La polémica estalló justo cuando el Ejecutivo nacional endurecía su discurso contra “la casta”, lo que generó tensiones con la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El senador Parrilli, con quien Ibarra mantiene una relación política desde hace años, no emitió declaraciones sobre su incorporación. Tampoco lo hizo el bloque de Unión por la Patria. El silencio, en este caso, parece una estrategia para evitar echar más leña al fuego a una polémica que crece sola.
El Gobierno de Javier Milei dispuso descontar la jornada salarial a los empleados públicos que se sumaron al paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras centrales en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de la sentencia que la inhabilitó y le impuso seis años de prisión. La Dirección de Recursos Humanos notificó a cada organismo que relevara a los agentes ausentes con el argumento de “garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales”.
ATE decretó un paro nacional con movilización hacia los tribunales de Comodoro Py y el departamento de la ex jefa de Estado en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución. “Paramos y nos movilizamos en defensa de la democracia, contra la proscripción y la persecución judicial”, señaló el gremio en un comunicado oficial. Su secretario general en la Ciudad, Daniel Catalano, ratificó que la protesta se realizaría “independientemente de lo que suceda” y advirtió: “Si el tribunal federal le toma declaración por Zoom, vamos a marchar igual”.
La medida del Ejecutivo también alcanzó a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). Su titular, la diputada Vanesa Siley, sostuvo: “El movimiento obrero tiene que apoyar a Cristina. Ella se merece todo el acompañamiento de todos los sectores”. Además, confirmaron su adhesión la CTA Autónoma de Hugo “Cachorro” Godoy, la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky y La Bancaria de Omar Palazzo.
El cronograma de la protesta incluyó primero una concentración frente a los tribunales federales y luego una marcha hacia la residencia de la ex mandataria. Movimientos sociales como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y Libres del Sur anunciaron columnas propias. La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con el Partido Justicialista y otorgó libertad de acción a sus sindicatos.
Mientras los gremios subrayaron que “el derecho a huelga es constitucional” y calificaron el descuento salarial como “un intento de disciplinamiento”, el Gobierno ratificó que “actuaría de acuerdo con las normas vigentes”. Servicios considerados esenciales en salud y seguridad funcionaron con guardias mínimas, según la pauta sindical interna.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, reforzó el operativo antipiquetes: valló la Casa Rosada y otros edificios nacionales, colocó cortes de tránsito controlados y desplegó a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El comando unificado también destacó agentes en los accesos a la Ciudad y mantuvo en alerta el protocolo para despejar cortes si fuera necesario.
La Casa Rosada celebró que el juez del Tribunal Oral Federal N.º 2, Rodrigo Gorini, notificara a la ex presidenta por videoconferencia y autorizara la prisión domiciliaria, al considerar que la medida ayudó a “mantener la paz social”. No obstante, el Ejecutivo sostuvo el dispositivo de seguridad, ya que sectores kirchneristas redireccionaron parte de la convocatoria hacia Plaza de Mayo para las 14.
En paralelo, el gobierno porteño expresó su preocupación por el impacto de la custodia permanente en la esquina de San José y Humberto Primo, tras las quejas de los vecinos por las manifestaciones recurrentes. Pese a la modificación del esquema judicial, la administración de Jorge Macri continuó coordinando con Nación la contención de eventuales disturbios.
Con el descuento del día, la intimación a los estatales y el despliegue de fuerzas federales, la gestión libertaria buscó desactivar o reducir la magnitud de una movilización que, aun así, reunió a sindicatos, organizaciones sociales y militancia kirchnerista en defensa de Cristina Kirchner.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
