11 marzo, 2025

EXCLUSIVO | Los chats privados de Alberto con dirigentes sociales negándoles ayuda

Además de los chats con el Presidente con dirigentes de organizaciones sociales, trascendieron conversaciones con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, comandado por Daniel Arroyo, tildando de "macristas" a los manifestantes y relativizando la represión hacia ellos.
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El pasado jueves 15, manifestantes de la agrupación social Juventud Combativa, protestaron (junto a otros piqueteros) frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado sobre la avenida 9 de Julio y la calle Mariano Moreno, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La agrupación, que primeramente se aglomeró en el Obelisco a las 18:30 horas, fue reprimida violentamente por efectivos policiales entre las 21:30 y las 22:00 horas, aproximadamente. La intención era presentar una serie de reclamos al Ministerio de Desarrollo Social, comandado por Daniel Arroyo. Sin embargo, “no nos recibieron y nos ningunearon, no nos dieron respuesta”, comentó un manifestante.

Lo llamativo de lo ocurrido es el destrato que denunciaron los manifestantes por parte de las autoridades del Gobierno: el mismísimo Presidente, Alberto Fernández, en una charla vía Whatsapp, les pidió soberbiamente que “no lo traten de boludo”, ya que las autoridades gubernamentales tildaron de “macristas” a los manifestantes.

Es que, indignado tras la represión que cortó de raíz el reclamo, el responsable nacional de la agrupación Juventud Combativa, Emanuel Vivas, se contactó con Alberto Fernández y con la Directora de Asistencia Crítica, María del Carmen Flores.

“Estoy muy indignado”, dijo Emanuel Vivas a Data24.com.ar. “Ellos (por el Gobierno) tienen esta política: los que son afines todo bien, y los que cuestionan todo mal” agregó, para luego comparar su reclamo con el reciente acampe realizado en Plaza de Mayo exigiendo la libertad a Milagro Sala. En esa ocasión “hubo más de mil carpas y nadie hizo nada, nosotros estamos pidiendo trabajo genuino, y estaban pidiendo la libertad de una persona condenada”, argumentó.

“Nos tildaron de macristas, de camportistas… nos tildaron de todo. Nosotros somos plurales. Dentro de la agrupación hay gente que piensa diferente, porque sino seríamos todos unos robots”, explicó a este portal. En esa línea, el dirigente social declaró que “hablé con el Presidente, y nos dijo que no lo tomemos por boludo porque él tiene muchos más años de militancia que nosotros. Y después dijo que no veía represión”. Comentó también que el mandatario no le contestó desde su teléfono personal, pero sí lo hizo desde el labora (por tal motivo, el fondo de las capturas de pantalla aquí publicadas, son de diferente color: provienen de distintos celulares).

Tal cual puede verse en las capturas de pantalla cedidas por Vivas a este portal y adjudicadas al presidente, puede leerse que el mandatario sostiene que: “No veo ninguna represión. Veo una manifestación de ustedes en la calle. Como nunca reprimí a nadie que salga y que se queje, salgan las veces que quieran. Pero no me vengas a correr con Néstor porque se mejor que vos cómo actuaba. En esa época, muchos de ustedes no existían. Asomaron en los años de Macri. No me tomes de boludo, a mí no”.

Antes de recibir ese mensaje, Vivas comentó a Data24.com.ar que le envió un video al jefe de Estado mostrándole cómo reprimían a sus compañeros. “Ahí están las pruebas. Néstor siempre nos recibió y este Frente (por el partido político de Alberto y Cristina Fernández) es el Frente de Algunos, la igualdad era para todos. Se están enriqueciendo los movimientos que negociaron con el PRO”. Seguidamente agregó: “Espero tu respuesta, no queremos salir nuevamente a la calle. Sino lo tendremos que hacer de nuevo”.

Por otra parte, el dirigente mencionó lo sucedido con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social. “Quisimos poner carpas y no toleraron eso. No quieren que quede expuesta la miseria y el hambre que hay en el país”, señaló. El responsable nacional de Juventud Combativa también se contactó con María del Carmen Flores, quien se desempeña como Directora de Asistencia Crítica dentro del ministerio comandado por Daniel Arroyo.

“Me contacté con esta compañera, y le digo así porque en su momento hicimos cosas juntos, pero bueno, lo que tiene estos tipos que están cumpliendo funciones en el Estado y se aburguesan, se olvidan de la calle. Nos trató de macristas y nos dijeron que no iban a dar nada por esa razón”, argumento.

En ese marco, agregó que “me molesta un poco (la actitud del Gobierno). Porque nosotros, sea mucho o poquito, pusimos nuestro granito de arena para que éste (por Alberto) vuelva. Pero con todo lo que está haciendo… mira, te recuerdo lo que nos dijo el Presidente: si ven que nosotros estamos haciendo las cosas mal, manifiéstense, manifiéstenmelo. Y nosotros vemos que están haciendo las cosas mal, nos estamos manifestando y nos cagan a palo”.

Vivas, quien ya se definía como “ni macrista ni kirchnerista”, por lo menos desde octubre de 2020, señaló a Data24.com.ar que “ni la pobreza ni el hambre son cuestiones políticas” y que, en ese sentido, “el Estado debe ser imparcial” frente a los reclamos.

Para ilustrar, comentó los ejes de su agrupación: “Hay una realidad que es complicada (…) Nosotros reclamamos por trabajo y por potenciar el trabajo que ya tenemos, desde la agrupación tenemos, recicladora, carpintería, hacemos bloques de cemento, viguetas… y nos va bien, pero necesitamos una ayuda para potenciar eso. Ninguna organización hace eso, es una realidad. Creemos los planes sociales no son una alternativa, sino una paleativa a la situación que estamos viviendo. No tiene que ser eternamente. Lo que realmente queremos es trabajo genuino para cambiarle la realidad a nuestros compañeros (…) y a esa realidad la cambias con trabajo”.

Sobre los incidentes sucedidos con las fuerzas del Estado, Vivas comentó que “reprimieron fuerte, le pegaron a mujeres y a niños”.

Frente a la consulta de si había una relaciona partidaria con el kirchnerismo, Vivas explicó que “hoy no… menos con todo lo que está pasando”. A su vez, denunció que “nos quieren hacer mierda. Hay una decisión política, que viene desde arriba, para hacernos mierda porque piensan que somos macristas”.

“Y el mensaje que le mandé a Flores dice que si ustedes piensa que somos macristas porque queremos trabajo genuino, igualdad de derechos y un montón de cuestiones más, esta bien, lo somos” ironizó, y aclaró que eso no puede pasar porque, el Estado “seas del color político que seas, ustedes (en referencia a las autoridades del Ministerio) tiene que responder y ser imparciales”.

“Hay un bastardeo por parte de ellos (los funcionarios). Queremos trabajo genuino. No te estamos pidiendo solamente planes, te estamos pidiendo una mano para potenciar lo que estamos haciendo. Después nos encargamos nosotros… si quieren regularnos pueden hacerlo, si quieren visitarnos que lo hagan. Yo quiero que vengan y miren, que vean que lo que hacemos nosotros no es chamuyo. Mucha gente vive de esto. No queremos hacer quilombo, no queremos hacer piquetes, pero si nosotros no forzamos no nos dan bola”, finalizó Emanuel Vivas.

Sobre los orígenes de la agrupación, Vivas relató que se creó en el año 2014 tras una ruptura con la Organizaciones Libres del Pueblo (OLP), que a su vez estaba integrada con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). Se fueron de la agrupación porque “no compartíamos muchas cosas, son muy sectarios y ermitaños… son ellos y nadie más”.


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Rafael Garduño

Jefe de Redacción rgarduno@data24.com.ar

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Kicillof echó y denunció a policías bonaerenses que protestaron por los bajos salarios

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expulsó y denunció penalmente a 18 miembros de la Policía Bonaerense que dejaron sus puestos de trabajo en los distritos de Ituzaingó y Tres de Febrero para reclamar mejoras salariales. Las autoridades indicaron que los efectivos fueron acusados de sedición y “echados” de la fuerza tras haberse presentado con patrulleros y uniformes en horario de servicio.

La cartera de Seguridad bonaerense explicó que la legislación prohíbe a las fuerzas de seguridad llevar adelante huelgas o protestas de carácter sindical. En ese sentido, los voceros oficiales señalaron: “Los echamos de la fuerza y denunciamos penalmente por incumplimiento de sus funciones. Están en graves problemas y va a suceder en cada uno que haga o convoque una sublevación. La policía es policía por decisión y saben que no pueden accionar de esta forma. Además, van en contra de la Constitución”.

Los efectivos sancionados quedaron bajo investigación luego de un “sirenazo” registrado el 17 de febrero en la estación de servicio Shell, ubicada en la colectora de Acceso Oeste y Del Prado, en Ituzaingó. Un episodio similar ocurrió en El Palomar, partido de Tres de Febrero, con la participación de siete patrulleros. Según la denuncia, se emplearon móviles oficiales para la protesta y algunos policías concurrieron con uniforme durante su turno laboral. El jefe de la Estación Policial de Ituzaingó, Hernán Humbert, inició una de las causas que tramitan en los tribunales de San Martín, mientras que la Fiscalía Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Marcelo Tavolaro, también intervino en otro expediente.

El conflicto se dio pocos días después de que el gobierno provincial anunciara un nuevo incremento salarial del 9% para los trabajadores estatales, incluido el personal policial. Dicho ajuste comprendió un 7% en febrero y 2% en marzo, además de mejoras en la compensación por uniforme y en los montos del servicio de Policía Adicional (Polad). Aun así, algunos sectores de la fuerza rechazaron la propuesta y reclamaron un aumento del 100%, libre elección de obra social, asistencia psicológica gratuita y mejores condiciones de trabajo.

Las demandas de estos grupos no resultaron novedosas. En septiembre de 2020, alrededor de 1.200 efectivos se sumaron a una protesta que llegó hasta la residencia de Kicillof en La Plata y la Quinta de Olivos. En aquel momento, el ministro de Seguridad era Sergio Berni. Voceros oficiales indicaron: “Cuando detectamos un policía que está fuera de la ley lo echamos. De esa protesta en 2020 fueron echados los 1.200 policías”, amenazaron los funcionarios.

La tensión en la provincia de Buenos Aires coincidió con una serie de episodios violentos que incluyeron asesinatos de policías y ataques de motochorros. Estos hechos desencadenaron acusaciones cruzadas entre Axel Kicillof y el presidente Javier Milei. “Que nos devuelva los $ 700 mil millones que nos robaron el año pasado que estaban destinados a Seguridad”, afirmó Kicillof. Milei respondió: “La provincia es un baño de sangre”, y calificó al gobernador de “inútil”.

A nivel salarial, el nuevo ajuste implicó que un comisario general pasara a ganar $1.425.000 en febrero y $1.452.000 en marzo, mientras que un oficial principal recibió $711.000 en febrero y $724.000 en marzo. Un agente con menor rango percibió $655.000 y $677.000, respectivamente. Sobre estos montos se aplicaron sumas fijas y no remunerativas que incrementaron el sueldo entre un 30 y un 40%, dependiendo del escalafón. Además, los efectivos tienen la posibilidad de acceder al servicio adicional (Polad) o a las llamadas horas “Cores”, que les permiten trabajar en sus días de descanso o cubrir eventos. Dichas tareas se pagan entre $25.000 y $35.000 por evento, o $1.200 por hora extra.

Finalmente, otro grupo de policías bonaerenses inició en las últimas horas una protesta en Puente 12, partido de La Matanza, con amenazas de paro total. Los manifestantes consideraron “insuficiente” el 9% de suba en medio de la “alta inflación” y la compleja situación de inseguridad en la provincia. A pesar de ello, las autoridades reiteraron que las fuerzas de seguridad no pueden abandonar sus puestos ni manifestarse bajo mecanismos que involucren la utilización de recursos oficiales. Los 18 efectivos desafectados en Tres de Febrero e Ituzaingó afrontaron, a raíz de ello, procesos penales y sumarios internos que desembocaron en su expulsión.

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Redacción

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El ministerio de Seguridad de Kicillof compró 40 autos 0 km con un sobreprecio superior al 100%

El 21 de enero pasado, la concesionaria Stampa Automotores SA ubicada en Tortuguitas, Panamericana R Pilar KM 0, le facturó al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, 40 Fiat Cronos Drive 1.3.

El precio unitario que pagó el ministerio a cargo de Javier Alonso fue de $56.416.566, 26. En total se invirtieron 2.256.662.650,40 pesos.

El precio de mercado del auto de similares características es de 26 millones de pesos. La compra se habría realizado con un sobreprecio superior al 100%.

Según especialistas en seguridad, el precio podría ser superior por el blindaje y distintos agregados que tienen los patrulleros pero los montos salieron de la concesionaria. Los blindajes no se realizan en la casa donde se adquirieron.

Fuentes consultadas dentro del Ministerio aseguran que la compra se realizó de manera express y sorpresiva.

Las autoridades pidieron que la compra se realizase sin objeciones. La gestoría que estuvo a cargo de la operación fue Nugamax SRL.

Esa semana, Axel Kicillof presentó unos 30 patrulleros nuevos en Ezeiza.

Ese mismo vehículo fue adquirido por Kicillof el año pasado y, según informes públicos, donados a la provincia de Santa Fe. La Cornisa mostró que los mismos patrulleros de Santa Fe, donados por Kicillof, aparecían en La Matanza, provincia de Buenos Aires.

*Fuente: Periodismo y Punto (Luis Gasulla)

Redacción

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Buscan reducir accidentes viales y suicidios en Entre Ríos | Impulsan “alcohol cero” y refuerzan salud mental

En un encuentro celebrado este martes, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, recibió al intendente de Colón, José Luis Walser, para delinear posibles acciones compartidas entre ambas instituciones. El diálogo se centró en dos ejes fundamentales: la concientización sobre la importancia de no consumir alcohol al conducir vehículos y la implementación de estrategias de promoción de la salud mental, con énfasis en la prevención del suicidio.

La reunión respondió a la necesidad de articular políticas públicas que aborden estos problemas de manera integral en la provincia. En relación con la iniciativa de “alcohol cero”, Walser subrayó la importancia de contar con mayores recursos para reforzar los controles viales en su jurisdicción.

“Venimos de varias reuniones con Gustavo Hein, alguien que escucha lo que pasa en el territorio. Trabajamos en el marco de su decisión de involucrarse en temáticas que van más allá de lo legislativo, como el programa de alcohol cero”, resaltó el presidente municipal. Añadió que, próximamente, Colón podría firmar un convenio con la Presidencia de la Cámara para reforzar estas medidas de control:

“Estamos a punto de firmar un convenio con la Presidencia de la Cámara para tener un nuevo alcoholímetro en nuestra ciudad. Colón tiene una temporada turística de muchísima ocupación y permanentemente controlamos esta problemática. Por eso este compromiso del presidente es fundamental”.

En paralelo, ambas partes abordaron la necesidad de impulsar acciones de promoción de la salud mental, con el objetivo de prevenir el suicidio. Walser explicó: “Esto es muy necesario en los territorios. Sabemos que hay un alto grado de suicidios en la provincia y Colón es, lastimosamente, uno de los departamentos que tiene mayor índice. Así que vamos a trabajar de la mano”.

El intendente también destacó el trabajo que el municipio viene realizando desde el Área de Salud en materia de prevención. “Coincidimos en generar acciones concretas para poder brindar herramientas, sobre todo a los jóvenes, que son quienes atraviesan procesos complejos con las adicciones y con otras problemáticas y que necesitan el acompañamiento del Estado”, enfatizó.

Tanto Hein como Walser reafirmaron el compromiso de fortalecer la cooperación institucional para afrontar estas problemáticas con políticas conjuntas. De este modo, procuran sumar esfuerzos para mejorar el bienestar de la comunidad y salvaguardar la seguridad vial en toda la región.

Redacción

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Milei acusó al Grupo Clarín de ser “la gran estafa argentina”

En un posteo en su cuenta oficial de X, luego de una entrevista de más de una hora con LN+ el pasado domingo con Luis Majul, el presidente Javier Milei volvió a dirigir fuertes críticas contra el Grupo Clarín, al que calificó de “la gran estafa argentina”. Según el jefe de Estado, el conglomerado mediático solo lo ha hostigado con “mentiras”.

Milei recordó hechos sucedidos en 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando Clarín, “al borde de la quiebra”, participó en una reunión en Banfield junto a Magnetto, Duhalde, Remes Lenicov y otros actores políticos. En esta, “se acordó devaluar 300%” y “la aprobación de la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales”, medida que habría impedido a los bancos ejecutar la deuda millonaria del Grupo, ascendiente a 3.000 millones de dólares, al declarar inembargables sus acciones porque “al ser bienes culturales no iban a poder ser ejecutables”.

“De esa manera, Clarín consiguió, a costa de todos los argentinos, arreglar sus problemas financieros”, aseguró Milei, subrayando que nunca se sabrá “a cambio de qué” se tomaron esas decisiones.

En febrero de 2025, Clarín anunció planes para fusionar sus operaciones de telecomunicaciones, lo que según el Gobierno le daría control sobre el 70% del servicio de internet residencial, 65% de las líneas móviles y el 80% del cable operado.

Milei respondió movilizando al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), acusando a Clarín de buscar un “monopolio abusivo”. La ironía histórica —criticar intervencionismos mientras se movilizan organismos reguladores— expuso la naturaleza reactiva de la política estatal.

El origen clave se remonta a la pesificación asimétrica —la conversión forzosa— en la crisis económica de 2001, como medida que convirtió depósitos en dólares a pesos con una tasa desfavorable, donde se le acusa a Clarín de haber respaldado esta política durante los gobiernos kirchneristas, argumentando que el grupo recibió la Ley de Medios de 2009 como “premio de consuelo” para evitar su bancarrota en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Según la narrativa oficial, Clarín habría sido cómplice de un “robo” de USD$30.000 millones a los ahorristas.

Clarín, por su parte, ha rechazado categóricamente tales acusaciones. En un comunicado emitido el 2 de marzo de 2025, la empresa detalló que el 95% de su deuda en 2001 estaba denominada en dólares y bajo jurisdicción extranjera, lo que multiplicó su pasivo cuatro veces tras la devaluación. La firma sostuvo haber reestructurado sus obligaciones mediante acuerdos privados con acreedores internacionales, sin recurrir a rescates estatales.

EL COMUNICADO DEL GRUPO

– “Como se explicó varias veces, el Grupo Clarín fue una de las empresas argentinas más perjudicadas por la devaluación, ya que más del 95% de su deuda, a fines del 2001, estaba tomada en dólares y en el exterior del país y bajo legislación extranjera. Por ello, lejos estuvo de impulsar o beneficiarse de cualquier pesificación o licuación de deuda

“Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país. Pero en el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos”, enfatizó al finalizar su tweet. Además, Milei culpó al Grupo Clarín de orquestar una “operación periodística” para desacreditar a su gobierno mediante “periodistas ensobrados” en el caso de $LIBRA y los nombramientos por decreto de jueces para la Corte Suprema, afirmando que todo se debió a que una comunicadora está “muy caliente” con el gobierno, en lo que Clarín contrapone que gobierna únicamente por medio de “fake news emotivas”.

“Esto lo impulsó una periodista de Clarín, que me la tiene jurada porque está intentando quedarse con el monopolio de las comunicaciones, y ya avisé que va a intervenir el Enacom”, expuso en la nota con LN+.

La cobertura del incidente —que incluyó videos de seguridad revelados por Infobae y testimonios detallados— fue tildada como parte de una estrategia para darle atención “a una cosa tan marginal” y usando, irónicamente (?), frases del kirchnerismo como “Clarín miente”.

Redacción

info@data24.com.ar

Marcelo Peretta lanzó su candidatura a legislador porteño con críticas a la gestión actual: “La Ciudad está sucia, insegura y con mala salud”

El dirigente propuso una “renovación liberal” en la Legislatura de CABA, con énfasis en bajar los precios de medicamentos y modernizar el sistema de porteño, impulsando la competencia en el sector y reduciendo el gasto público.

En un acto realizado en el Hotel Savoy, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, el farmacéutico y dirigente gremial Marcelo Peretta presentó su candidatura a legislador porteño por el Movimiento Plural, un partido de orientación liberal que se distancia del presidente Javier Milei. Con un marcado énfasis en la situación sanitaria, Peretta expuso sus principales propuestas y trazó un diagnóstico sobre la realidad que afrontan los porteños: “La Ciudad está sucia, insegura y con mala salud.”

Durante la ceremonia, Peretta, conocido por su trayectoria farmacéutica y bioquímica, señaló la urgencia de impulsar políticas que alivien el costo de las prepagas y los medicamentos, productos que, según puntualizó, más incrementaron su precio, muy por encima de la inflación y afectan especialmente a sectores vulnerables como los jubilados.

En referencia a la situación sanitaria porteña, sostuvo: “Los porteños están disconformes con el sistema de salud, con los turnos, las colas y la mala atención. El Ministerio de Salud está ausente en la Ciudad. Hay problemas con los trabajadores de la salud: con los médicos, con los enfermeros, con los psicólogos, con los bioquímicos. Todos están todos a disgusto. Y el vecino no recibe una buena salud.”

Al profundizar en su experiencia como farmacéutico, afirmó: “Hay que bajar el precio de los medicamentos, conozco el oligopolio de los laboratorios y su cartelización. Hay que enfrentarlos; pero no meterse en sus costos sino obligarlos a competir, promover la instalación de nuevos productores. Hay que instalar más laboratorios para que haya alternativas. Hay que abrirse a capitales extranjeros deseosos de instalarse y contratar personal argentino.”

Asimismo, Peretta denunció la influencia de la industria farmacéutica en la política: “Los laboratorios financian las campañas y compran Ministerios y Secretarías para influir en las decisiones. Nos bombardean con continua publicidad de medicamentos en todos los canales por televisión. Promueven la automedicación, la adicción y empobrecen a la gente induciéndola a comprar medicamentos caros, que muchas veces no necesitan. Quiero continuar el trabajo hecho por el doctor Arturo Illia.”

El candidato por el Movimiento Plural se mostró especialmente crítico con la administración del PRO en la Ciudad: “Ya llevan 18 años en esta Ciudad, que hoy está sucia e insegura porque se escapan los presos.” También reclamó la ampliación de la red de subtes, la reorganización de las bicisendas y la reducción del Estado porteño: “Debe haber menos ministerios y hay que eliminar los comuneros, no cumplen una función necesaria y cobran dos tercios del sueldo de un legislador. Propongo que su función sea asumida por los propios legisladores, designando 4 por cada Comuna que obligatoriamente deban atender las necesidades de los vecinos. No se puede seguir tirando la plata que después no alcanza para la salud.”

Peretta, quien se presenta como un liberal distanciado de Javier Milei, convocó a los votantes a sumarse a su partido: “Quiero salvar al liberalismo, porque si seguimos así la gente va a decir ‘volvamos a lo de antes’, como pasó en 2019.” Además, lanzó duras críticas contra el presidente: “Milei no deja funcionar el mercado, pisa todas las variables. Aplica motosierra a trabajadores, jubilados y pymes, les asegura grandes negocios a los ‘empresaurios’ y usa guillotina con los verdaderos liberales que lo convencieron de dar el paso a la política y lo llevaron a la Casa Rosada. Ya echó a 130 liberales de su gobierno, solo por opinar. Se volvió stalinista.”

En sintonía con sus propuestas de corte productivo, el candidato agregó: “Tenemos que volver a la economía real. De esta se sale produciendo y trabajando, como hace Trump en Estados Unidos”.

Como parte de su lanzamiento, Peretta presentó sus “10 Remedios” para mejorar la calidad de vida en Buenos Aires:

  1. Recuperar la cultura del esfuerzo, la producción y el trabajo.
  2. Respetar, potenciar y respaldar a las fuerzas de seguridad.
  3. Salir de la especulación financiera y volver a la economía real.
  4. Evitar el abuso empresarial y sindical.
  5. Achicar y fortalecer el Estado.
  6. Bajar impuestos y potenciar al sector privado.
  7. Priorizar la nación, la familia, el hogar y la fe.
  8. Frenar la imposición de agendas globales.
  9. Proteger a niños, ancianos, salud y ambiente.
  10. Crear empleo formal y defender el trabajo basado en el hombre, no en la máquina.

“Espero que mis recetas y remedios hagan una Ciudad mejor”, destacó el dirigente al concluir su discurso.

El acto contó con la presencia del diputado Miguel Pichetto y del consultor político Federico González. En tanto, enviaron sus saludos a Peretta figuras como Juan Pagotto, Francisco Poaltroni, Victoria Villarruel, Ramiro Marra, Domingo Cavallo y Nazareno Echepare.

“Salgo a la calle a hablar con la gente porque los problemas se solucionan metiéndose”, remarcó Peretta, quien busca consolidar su candidatura a legislador porteño con un mensaje de renovación liberal en CABA y propuestas centradas en la salud pública.

Redacción

info@data24.com.ar

El fraude en la obra pública bonaerense, desde Scioli a Kicillof

Desde hace décadas, la infraestructura vial en la provincia de Buenos Aires ha sido objeto de constantes licitaciones, anuncios y presupuestos multimillonarios, pero también de un patrón de fraude sistémico que ha dejado rutas inconclusas, obras mal ejecutadas y una pérdida millonaria de recursos estatales.

Entre los casos más emblemáticos de esta problemática se encuentra el camino Maipú – Labardén, donde la gestión de la dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, bajo la administración de Patricia Tombesi durante el gobierno de Daniel Scioli, ejecutó una serie de licitaciones fraudulentas que continúan afectando a los bonaerenses. En este esquema, la gestión de Axel Kicillof pareciera haber continuado el derrotero.

El camino de Maipú – Labardén, la historia se repite

El caso del acceso a la localidad de Labardén desde la ruta 2 es un claro ejemplo del fraude sistemático perpetrado desde la dirección de Vialidad bonaerense. En marzo de 2015, el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, junto a Patricia Tombesi y otros funcionarios, anunciaron la licitación de la pavimentación del camino con un presupuesto inicial de 30 millones de pesos (aproximadamente 2 millones de dólares).

– Choque en ruta 6

Los habitantes de la zona ya habían denunciado incumplimientos previos: en 2011, la provincia había licitado una obra similar sin que se llevara a cabo ninguna mejora significativa. Cuando los vecinos reclamaron, funcionarios de Vialidad argumentaron que los contratos seguían vigentes y que no podían reasignar fondos hasta que no se resolvieran legalmente los compromisos con las empresas contratistas. Mientras tanto, la gestión de Tombesi y Granero realizaba “redeterminaciones de precios” y nuevos préstamos a organismos como el Banco Mundial y el BID, aumentando la carga financiera sobre la provincia sin resultados tangibles.

– De izquierda a derecha: Favio Granero, Patricia Tombesi, Karina Arbia y Maria Inés Tombesi

Para 2017, la falta de pavimentación había provocado varios accidentes y los vecinos seguían exigiendo respuestas. Sin embargo, en 2023, el actual gobernador Axel Kicillof anunció una nueva licitación para asfaltar el mismo camino, con un presupuesto de 4.137 millones de pesos (aproximadamente 3,5 millones de dólares). Al día de hoy, las obras siguen sin completarse y el camino de Maipú-Labardén permanece en condiciones precarias.

Ruta nacional 6, otra obra incumplida

Lejos de ser una excepción, el caso del camino Maipú – Labardén pareciera uno más de un extenso derrotero. Por caso, en noviembre de 2014, la entonces administradora de Vialidad, Patricia Tombesi, anunció la finalización de una serie de obras en la ruta nacional 6, una vía clave que atraviesa municipios como Zárate y Campana. Según Tombesi, el presupuesto asignado para estas mejoras ascendía a 1.700 millones de pesos (aproximadamente 200 millones de dólares en ese momento), con el objetivo de renovar la infraestructura vial, mejorar la seguridad y rehabilitar 500 kilómetros de rutas.

No obstante, estas obras comenzaron a sufrir dilaciones y anuncios reiterados de finalización, sin avances concretos. A pesar de las reiteradas inyecciones de fondos y de la supuesta finalización del 60 por ciento de los trabajos, la realidad en la carretera mostraba otra cosa: capas de asfalto provisorias, ausencia de banquinas seguras, mala señalización y tramos enteros donde la ruta se convertía en una sola mano.

– Otro accidente en ruta 6, año 2014

La situación generó una serie de accidentes viales y, más tarde, se agravó con las inundaciones de 2014, que dejaron a Zárate y Campana aisladas debido al desborde de los arroyos cercanos.

La administración de Vialidad bonaerense, bajo el mando de Tombesi, se convirtió en un entramado de intereses familiares. La funcionaria contaba con la asesoría de sus primos María Inés Tombesi y Favio Lautaro Granero, además del escribano Alan Lynch, quienes se involucraron directamente en la gestión de fondos públicos. Posteriormente, estos mismos nombres aparecerían como aportantes a la campaña presidencial de Daniel Scioli en 2015.

Reiteración de fraudes

Sin importar el color político, el patrón se repitea a lo largo de la historia provincial: licitaciones anunciadas, presupuestos multimillonarios, obras iniciadas pero nunca finalizadas y nuevas licitaciones que buscan reparar lo que nunca se construyó. Esta dinámica ha costado miles de millones de pesos a la provincia de Buenos Aires, mientras las condiciones viales siguen siendo deficientes y las comunidades afectadas continúan sufriendo las consecuencias.

– Postal de la inundación de Zárate, en el año 2015

A pesar de las numerosas denuncias y de la apertura de causas judiciales, figuras clave en este entramado, como Patricia Tombesi, Favio Lautaro Granero y Alan Lynch, siguen sin enfrentar consecuencias legales. Mientras tanto, el endeudamiento de la provincia sigue en aumento y los mismos problemas estructurales continúan afectando a los bonaerenses.

La falta de transparencia y la impunidad han permitido que este esquema de fraude continúe operando a lo largo de distintas administraciones.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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