El escenario no es el más propicio para eventos de campaña y posicionamiento. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) continúa pendiente de resolución. Se trata uno de los asuntos irresueltos que atormenta a la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, y que podría arrastrar al país a un nuevo default si no lo resuelve para los últimos días del mes de marzo.
No es éste el único problema que jaquea a la gestión de Alberto Fernández. La recuperación industrial, que se mantiene en torno al 5 por ciento, continúa muy por debajo de los “números chinos” que había augurado la administración presidencial. Al mismo tiempo, y muy lejos de la inflación que proponía el proyecto presupuestario de Guzmán, los analistas privados prevén un aumento generalizado de precios del 54 por ciento para el 2022.
En este esquema, cuesta imaginar qué es lo que tiene para mostrar el ministro de Educación de la Nación, Tristán Bauer. Sin embargo, se propone gastar hasta 250 millones de pesos en la organización de eventos para su cartera a lo largo y ancho del país, pero excluyendo al AMBA, uno de los bastiones más castigados por la gestión peronista durante la pandemia.
De acuerdo al pliego de cláusulas particulares de la licitación Nro. EX2021-121735609, se buscará contratar “servicios complementarios para eventos que se girarán en torno a programas y actividades que se llevarán a cabo exclusivamente dentro de todo el territorio argentino, excluyendo al AMBA”. El acuerdo le permitirá al gobierno acceder a servicios de baños, mobiliario, carpas, gráfica, guardia, mantenimiento, reposición, materiales y mano de obra.
Por el mismo, se confirmaron cinco ofertas que oscilan entre los 17.5 millones de pesos hasta los 249 millones. En efecto, y en una nota que despertó preocupación en propios y extraños, la empresa Tiempo Beta SRL, propiedad del ex funcionario de la agrupación kirchnerista Ignacio Saavedra, se presentó con la friolera de 249.795.800 pesos.
Saavedra, además de ser un militante de La Cámpora, ha recibido millones del gobierno del Frente de Todos. En efecto, la sede de su empresa es en el mismísimo “Complejo Cultural C”, que hizo las veces de sede de campaña para el oficialismo durante las PASO. Saavedra fue, también, subgerente de Canal 7 y número dos de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
Durante su época de funcionario público, su figura estuvo bajo sospecha por ser considerado el segundo integrante más rico entre los funcionarios de La Cámpora, según los datos que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA). En 2012, gracias a los negocios con el estado, sus bienes registraron un aumentó del 331 por ciento. El patrimonio de Saavedra sólo es superado por Mariano Recalde, que declaró casi 5 millones. Detrás quedaron, incluso, Axel Kicillof y Juan Cabandié.
Vale aclarar que, en esa comparación, no está incluido el patrimonio de su mujer, que declaró más de 2 millones de pesos invertidos en refaccionar dos departamentos. Saavedra y su pareja, la cineasta Virginia Croatto, son abiertamente militantes, funcionarios públicos y empresarios.
Tiempo Beta figura en el tapete desde hace años pero encontró un nuevo saltó a la luz pública meses atrás, cuando el gobierno nacional lanzó una licitación para adquirir los derechos de realizaciones de eventos y la empresa de Saavedra resultó adjudicada. Por organizar eventos durante seis meses, cobró la nada despreciable suma de 132 millones de pesos.
*Fuente: REALPOLITIK
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