Eugenio Casielles criticó la prórroga del Fondo Nacional de Turismo y apuntó contra Scioli

El diputado porteño cuestionó la extensión de un impuesto sobre pasajes al exterior y señaló a Daniel Scioli como beneficiario directo y calificó la medida como inconstitucional.
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El diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Casielles, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo al Decreto 4/2025, mediante el cual el Gobierno extendió la vigencia del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027. Este fondo, financiado principalmente por un impuesto del 7 % sobre los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior, quedó bajo la gestión del Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli.

En un posteo en la red social X, Casielles apuntó directamente contra Scioli y el decreto: “En 2005, cuando Scioli era vicepresidente de Néstor Kirchner, nació este fondo. Ahora se lo prorrogó por decreto, se continuó un impuesto nefasto como el que grava los pasajes y se legisló al mismo tiempo inconstitucionalmente en materia tributaria por vía de un DNU. ¿A quién le llegó lo recaudado? A Scioli. No hay remate. Más kirchnerista no se pudo”.

El Fondo Nacional de Turismo se creó en 2005 con la Ley Nacional de Turismo N° 25.997, que buscó fomentar y regular la actividad turística. Desde su creación, se renovó en dos oportunidades. Esta última extensión, concretada mediante decreto, amplió su vigencia hasta 2027 y aseguró la continuidad de la recaudación del impuesto del 7 % sobre los pasajes al exterior. Dicho tributo gravó boletos aéreos, marítimos y fluviales con destino internacional y fue percibido por las aerolíneas al momento de la compra. La medida también abarcó ciertos servicios conexos relacionados con actividades turísticas, ampliando así su impacto en el sector.

Los fondos recaudados se destinaron a proyectos de infraestructura turística, campañas de promoción nacional e internacional, y al impulso del turismo interno. Ejemplos de estos proyectos incluyen la modernización de rutas hacia destinos clave, la creación de circuitos sostenibles y la capacitación para profesionales del sector. Sin embargo, la decisión generó controversias, dado que la extensión del impuesto se realizó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), algo que expertos como César Litvin consideraron inconstitucional: “Ningún impuesto pudo ser establecido o prorrogado por decreto. Tuvieron que promulgarse leyes para volver a instaurarlo”, afirmó el CEO de Estudio Lisicki, Litvin & Asociados.

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Las aerolíneas también expresaron su rechazo, argumentando que este tributo encareció los pasajes internacionales en un contexto donde el impuesto PAIS ya se eliminó para aliviar los costos de viajar al exterior. Las asociaciones del sector señalaron que la acumulación de tasas impositivas dificulta la competitividad frente a otros mercados internacionales. A pesar de las críticas, desde el Gobierno defendieron la medida, destacando que el turismo fue clave para el desarrollo económico y social del país. Según fuentes oficiales, la recaudación del Fondo Nacional de Turismo permitió la generación de más de 15.000 empleos directos y el fortalecimiento de destinos emergentes en provincias como Jujuy, Misiones y Neuquén.

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Casi el 70% de los trabajadores quiere que la cuota sindical deje de ser obligatoria

El Monitor de Opinión Pública (MOP) de la consultora Zentrix habría arrojado un dato contundente, siendo que el 67.5% de los argentinos se pronuncia a favor de que la cuota sindical pase a ser voluntaria, y si se suman quienes se ubican en una posición neutral el consenso social escala al 82,2%. Apenas el 17,8% defiende mantener la obligatoriedad vigente. 

Para entender la polémica hay que distinguir dos conceptos que a menudo se confunden y que forman el corazón de la llamada “caja” sindical. La cuota de afiliación es el aporte que paga quien decide asociarse al sindicato para acceder a sus beneficios (por ejemplo campings, turismo, actividades recreativas y asesoría legal), es voluntaria y, por eso, rara vez genera controversia. En cambio la cuota solidaria —el epicentro del conflicto— es un descuento que el sindicato aplica a todos los trabajadores del rubro, aunque no estén afiliados, y suele rondar entre el 1% y el 3% del salario.

Los gremios la justifican argumentando que sus negociaciones paritarias benefician a la totalidad de los empleados, por lo que corresponde que todos contribuyan al financiamiento de esa representación; sus críticos replican que obligar a no afiliados a pagar vulnera la libertad de asociación y redistribuye recursos sin consentimiento individual.

La encuesta revela que la mayoría de la gente siente que este “aporte solidario” funciona en la práctica como un impuesto al trabajo o un “peaje” obligatorio, donde el trabajador ve reducido su salario para financiar una estructura de la que no eligió ser parte y que, según la percepción del 63%, no lo representa.

Tanto votantes del oficialismo como de la oposición coinciden de manera clara en que los aportes sindicales deben ser voluntarios. Esta convergencia es extraordinaria en un clima político altamente polarizado, donde casi no existen consensos.

Lo particularmente significativo es que incluso entre votantes peronistas, la base sociológica histórica del sindicalismo, la percepción negativa alcanza el 30,2%. Este dato evidencia que la erosión de legitimidad gremial ha llegado hasta sus propios votantes tradicionales.

Existiría una visión extendida de que los sindicatos operan como estructuras burocráticas encapsuladas desde hace décadas, donde las dirigencias se han renovado muy poco y parecen desconectadas de los problemas reales de los trabajadores.

En algunos casos, como el del sindicato de Camioneros, el aporte solidario equivale al 3% del salario más un 4% adicional sobre el básico, lo que genera ingresos anuales de aproximadamente 206.500 millones de pesos para el gremio. En el sector de transporte pesado, estos descuentos pueden alcanzar más de 800.000 pesos anuales por trabajador.

El rechazo se inscribe en una demanda más general de la reforma laboral del presidente Javier Milei. El 55% de los encuestados apoya que se actualicen o reemplacen las normas laborales vigentes. Esto sugiere que la población percibe el marco legal laboral como rígido, desactualizado y poco compatible con las dinámicas económicas contemporáneas.

El Gobierno nacional, a través del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsó en 2025 una serie de cambios que impactan de lleno en el sistema sindical. En marzo se publicó el Decreto 149/2025, que impide que los convenios colectivos establezcan aportes obligatorios destinados a cámaras empresariales o asociaciones sindicales cuando se trate de empleadores o trabajadores no afiliados. Aunque la norma apuntó primero a los aportes patronales, el oficialismo dejó claro que su intención es extender esa misma lógica al financiamiento de los gremios.

A esto se suma la propuesta de reforma laboral que el Ejecutivo planea debatir en las sesiones extraordinarias, un paquete más amplio que contempla la flexibilización de convenios —dando prioridad a los acuerdos por empresa por sobre los de rama—, nuevas regulaciones sobre jornadas y bancos de horas, y modificaciones que, según advierten las centrales sindicales, podrían traducirse en la eliminación o una fuerte restricción de las cuotas solidarias.

CONURBANO | Familiares de una alumna golpearon a docentes, los quemaron con mate cocido y destrozaron la escuela

Un gravísimo episodio de violencia escolar sacudió el pasado viernes a la comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 29 “Hipólito Bouchard”, de Grand Bourg, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Según denunciaron trabajadoras de la institución, la familia de una alumna ingresó de manera violenta al establecimiento, agredió a auxiliares y desató una situación de caos que obligó a encerrar a los alumnos en las aulas para resguardarlos.

El episodio ocurrió por la tarde en el comedor del complejo educativo ubicado en la localidad de Pablo Nogués, que alberga la Escuela Secundaria N° 18, la Escuela Primaria N° 29 y el nivel inicial. De acuerdo con las versiones, la situación se originó con un enfrentamiento entre dos alumnas, que los docentes separaron. Una vez que se calmó el conflicto, la madre de una de las involucradas se presentó en el colegio y pidió hablar con la directora pero, dijo, no fue atendida.

Ante la falta de respuesta, el grupo familiar pateó el portón del comedor —que separa los distintos niveles y conecta el edificio de primaria con el de secundaria— e irrumpió a los gritos en el espacio donde las trabajadoras preparaban la merienda. Según relataron a los medios locales, las agresiones fueron directas y contundentes: insultos, golpes de puño y líquido caliente arrojado sobre las trabajadoras. Los agresores tomaron las ollas con agua hirviendo y rociaron a las docentes con el mate cocido que pensaban servirles a los chicos poco antes de que comenzaran a merendar.

Varias trabajadoras sufrieron quemaduras y crisis nerviosas. Dentro del colegio, la directora de la escuela fue amenazada y varias auxiliares resultaron con diversas lesiones. En medio de un caos generalizado, con gritos, golpes y corridas dentro del establecimiento, los agresores les exigieron a las docentes que se encerraran en las aulas junto a los estudiantes, que no entendían el motivo del ataque. Desde la escuela advirtieron que “pudo haber ocurrido una tragedia”, y que si el ataque hubiera ocurrido minutos después, el comedor habría estado lleno de niños.

El portón del comedor quedó destruido, al igual que las mesas que los chicos utilizaban para almorzar y merendar, y se registraron otros destrozos en el establecimiento. La disputa se trasladó luego a la plaza ubicada frente al lugar del hecho, donde continuaron las peleas e insultos entre familiares. Patrulleros y ambulancias intervinieron para contener el caos.

Las víctimas realizaron la denuncia y publicaron un comunicado en redes sociales. Las trabajadoras de la EP N° 29 difundieron allí su testimonio y expresaron desesperación y agotamiento frente al incremento de episodios violentos en las escuelas bonaerenses. 

“Entraron a los gritos, irrumpieron sin control y buscaron agredir directamente a nuestras auxiliares”, aseguró Laura Sosa, una de las docentes atacadas. “Fueron atacadas, insultadas y rociadas con mate cocido caliente, sufriendo quemaduras y un shock emocional enorme. La violencia se dirigió principalmente hacia ellas, que estaban cumpliendo con su tarea cotidiana de alimentar a nuestros estudiantes”, contó Laura en su mensaje.

A raíz de este ataque, los docentes recordaron que, apenas un día antes, el jueves pasado, una maestra de un colegio de San Martín fue brutalmente golpeada por la madre de un alumno: “La violencia en torno a las escuelas está aumentando y nosotras, las trabajadoras, estamos absolutamente desprotegidas. Entramos a trabajar, no a sobrevivir, subrayaron.

“Terminamos la jornada con miedo, angustia y cansancio emocional, después de ver cómo golpeaban, amenazaban y quemaban a nuestras compañeras auxiliares. Y mañana tenemos que volver igual, porque amamos lo que hacemos y porque necesitamos trabajar. Pero así, no se puede más”, concluyó la docente que ofició de vocera de sus colegas.

En el plano institucional, hoy lunes los directivos del colegio se reunieron con las autoridades de Educación de la provincia de Buenos Aires. Según trascendió, la familia agresora tuvo antecedentes. Por este motivo, desde la institución realizaron la denuncia en la comisaría local y la tía de la menor fue demorada, aunque ya recuperó la libertad.

La investigación por daños y lesiones quedó en manos de la fiscal Mirna Sánchez, de la UFI N° 19 Descentralizada de Malvinas Argentinas, perteneciente al Departamento Judicial San Martín. 

“SE CONFUNDIÓ” | Un diputado de LLA elogió al Gobierno por obras que propuso el kirchnerismo

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.

Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”. 

La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.

La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.

Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”. 

Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”. 

EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN

El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes. 

Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). 

Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios. 

Una nueva contradicción en LLA: votaron a favor del presupuesto por el que expulsaron a Marra

La Libertad Avanza aprobó una ampliación del Presupuesto 2025 que convalida una suba de gastos por $447.443 millones y un aumento de la recaudación tributaria. Este voto de todo el bloque mileísta contradice directamente la postura que llevó a la expulsión de Ramiro Marra, quien a comienzos de 2025 fue apartado del partido por votar a favor de esos mismos “aumentos de impuestos” ajustados por inflación.

Todo comenzó en la maratónica sesión de la Legislatura Porteña de diciembre de 2024, cuando se votó el Presupuesto 2025. Marra y Yamil Santoro condicionaron su apoyo y consiguieron un logro fiscal histórico: una reducción de $330.000 millones en gastos e impuestos.

No obstante, el resultado de la votación fue la expulsión de Marra en enero de 2025, hecho que se enteró mediante redes sociales. El partido, conducido por los hermanos Milei, lo apartó bajo la acusación de haber votado a favor de “subir impuestos”. La realidad, como es sabido, es que la Ley Tarifaria sólo estaba readecuando las escalas de tasas clave (como el ABL y patentes) en función del IPC, un mecanismo que responde a un ajuste por inflación, el mismo que sucede con toda la recaudación tributaria y que, justamente, se trata del tipo de readecuación que cada gobierno nacional hace sobre las tablas de los monotributistas.

Pero ahora el argumento ideológico del mileísmo se pulverizó con la llegada de la Ampliación Presupuestaria 2025, cuyo proyecto se formalizó en septiembre y se votó durante la mañana del viernes 28 de noviembre de 2025. Este documento autoriza un monumental aumento del gasto de $447.443.000.000 para cubrir partidas distintas partidas (personal, servicios, inversiones, etc.) y, a su vez, legitima la estimación de una mayor recaudación tributaria, generada por ese mismo ajuste por inflación.

A diferencia de lo ocurrido con el Presupuesto original, en la votación de esta ampliación (y en la posterior aprobación del Presupuesto 2026), todo el bloque de La Libertad Avanza —incluida su jefa de bloque, la ex kirchnerista Pilar Ramírez—votaron a favor. Este voto no sólo convalida el mismo “impuestazo” que antes denunciaban, sino que anula aquel recorte de $330.000.000.000 conseguido por Marra y Santoro en diciembre de 2024.

La incoherencia en la acción legislativa podría explicarse en el contexto de la nueva alianza política sellada entre el PRO y La Libertad Avanza. La necesidad de la administración porteña de readecuar el presupuesto por la inflación, sumado al nuevo apoyo del Gobierno Nacional a la gestión de Jorge Macri, obligaron al bloque libertario a cambiar su flexible vara de principios. La rigidez ideológica se suavizó por las necesidades de la caja y la convivencia política.

La evidencia fiscal es concluyente: el argumento de que Marra traicionó los ideales libertarios por un voto confirma la carencia de sustento. La pregunta que resuena es si la militancia mileísta continuará sosteniendo la excusa del voto, o si aceptará que la expulsión de Marra se debió a una simple puja de poder impulsada por Karina Milei, quien, como advirtió su hermano el Presidente, es la persona que pasa a la gente por la guillotina.

La intendente K de Moreno cobrará un impuesto a los vecinos que pinten o arreglen las fachadas de sus casas

El municipio de Moreno, provincia de Buenos Aires, gobernada por la intendente Mariel Fernández del Partido Justicialista por Unión por la Patria (UxP), aprobó una nueva ordenanza fiscal que establece una tasa municipal denominada “Aviso de Obra”, la cual grava los trabajos de mantenimiento y reparación en viviendas particulares.

La medida fue sancionada en la última sesión del Concejo Deliberante del año, en el marco del tratamiento del presupuesto municipal y la reforma fiscal prevista para 2026.

Los artículos 224 y 225 de la ordenanza establecen que deberán pagar la tasa quienes realicen revoque, limpieza o pintura de fachadas principales en cualquier hogar, como cambio de revestimientos y soldaduras externas; trabajos en vereda exterior y cerco perimetral; o desmonte y/o relleno de espacios. Resulta particularmente insólito que la medida grave labores de mantenimiento ordinario —y no grandes obras constructivas—, de modo que tareas tan mundanas como pintar el frente de una vivienda o reparar una reja perimetral quedan alcanzadas por la tasa.

Los vecinos expresaron indignación, argumentando que lejos de incentivar el mejoramiento urbanístico, la tasa castiga a quienes desean vivir mejor e invertir en sus propias viviendas. Algunos incluso compararon la medida con el absurdo episodio de Los Simpsons donde el alcalde de Springfield impone impuestos ridículos.

Los empleados municipales reportaban que “hay compañeros que ya no llegan ni a mitad de mes” y demandaban paritarias y bonos extraordinarios. El municipio debe financiar servicios básicos (alumbrado público, infraestructura, seguridad) con recursos limitados.

La diputada Lilia Lemoine de La Libertad Avanza (LLA) calificó la medida como una política de “afanar” a los vecinos y comparó a Moreno con Bolivia, argumentando que Fernández estaba buscando “afear más su municipio” al desincentivar mejoras en las viviendas.

Para entender la medida es crucial conocer la situación financiera de Moreno. El municipio atraviesa una crisis fiscal aguda, caracterizada por una reducción drástica de sus ingresos propios —los recursos tributarios locales han caído en relación con la coparticipación provincial— y por una fuerte dependencia de transferencias provinciales que limita su autonomía fiscal. A esa fragilidad se añadió un ajuste en las transferencias a raíz de las políticas del gobierno nacional del presidente Javier Milei, que ha reducido los fondos hacia provincias y municipios y trasladado la presión fiscal a los gobiernos locales.

Además, la ordenanza fiscal 2026 incorpora un sistema de indexación trimestral de tasas vinculado al IPC —con una estimación aproximada del 10% para enero y del 35% al cierre del primer trimestre—, y esa cláusula de actualización automática agrava aún más la carga tributaria.

El oficialismo argumenta que esta medida simplemente “explicita lo que se cobra” —refiriéndose a derechos de construcción que existen en todos los municipios— y busca “generar exenciones para sectores de menores ingresos”.

En efecto, el derecho de construcción es un tributo tradicional en municipios argentinos, basado en la valuación de metros cuadrados de edificación. Sin embargo, existe una diferencia crucial, ya que mientras que los derechos de construcción típicamente se aplican a construcciones significativas (nuevas estructuras o ampliaciones substanciales), lo que Moreno está haciendo es cobrar tasas por mantenimiento ordinario, que históricamente estuvieron exentos.

No es la primera vez que se ven intentos de ampliar la base tributaria municipal en Buenos Aires. El municipio de Pilar aprobó recientemente una Tasa de Protección Ambiental del 2% sobre compras en comercios, lo que provocó una respuesta pública del ministro de Economía Luis Caputo instando a los ciudadanos a “compren en otro lado”.

La Unión Industrial Argentina ha documentado que la ausencia de contraprestación es uno de los principales problemas de las tasas municipales —entre 2021 y 2024, la queja sobre la falta de servicios a cambio subió del 51% al 81%—.

Diputada de Grabois quiere crear un impuesto a los “pedos de vacas”

La legisladora provincial de Unión por la Patria, Lucía Lorena Klug, militante del movimiento Patria Grande cercano a Juan Grabois, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA). La iniciativa estableció un gravamen sobre las emisiones de metano de la ganadería –incluidas las flatulencias y eructos del ganado bovino– para conformar un fondo fiduciario destinado a “compensar” esos gases mediante mejoras en la gestión de residuos sólidos urbanos.

El proyecto no contó con el acompañamiento de otros diputados y, según fuentes legislativas, Klug lo presentó para “despedirse” de la función, ya que su mandato finalizará la próxima semana.

La iniciativa se apoya en la necesidad de “combatir el cambio climático”, haciendo especial hincapié en la reducción de gases de efecto invernadero. La legisladora dijo que Buenos Aires es responsable de un cuarto de las emisiones totales del país, debido a su densa población y su amplio desarrollo productivo.

Pese a este andamiaje discursivo sobre el cuidado del medioambiente, el rechazo del campo fue inmediato. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó su repudio frontal a la TAMBA. En un posteo en la red X, la entidad ironizó: “El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”.

“Ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, desde CARBAP manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”. La entidad agropecuaria subrayó que “la ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo. Desde CARBAP defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento. No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”.

Una intendente K aplicó un impuestazo del 124% a las guías de hacienda

Los ruralistas remarcaron que Klug no los consultó en ningún tramo de la redacción del proyecto. Su presidente, Ignacio Kovarsky, enfatizó que la propuesta “no es una ley ambiental, es un impuesto encubierto al trabajo rural. La TAMBA no mejora el ambiente ni reduce emisiones. Solo agrega otro costo a un sector que ya sostiene una carga impositiva record”.

Kovarsky condensó el impacto que advirtió en una frase que se volvió consigna del rechazo rural: “Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”.

Carbap también recordó que ya había advertido sobre la falta de eficiencia en el gasto público provincial y municipal, al señalar que “la discusión pública se concentra en endeudamiento y reparto de posiciones, pero la Provincia sigue sin revisar ni eficientizar gastos provinciales y municipales”. En la misma línea, sostuvo que “no existe un plan serio de ordenamiento ni de racionalización del Estado; y una vez más se opta por incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos, familias y productores, en lugar de recortar privilegios, eliminar estructuras superpuestas o modernizar la gestión pública”.

Otra entidad de fuste que repudió enérgicamente el impuesto encubierto fue la Confederaciones Rurales Argentinas. Para CRA, la medida propuesta por la diputada de Grabois, lejos de ser una cuestión ambiental, “es otra muestra de la capacidad de daño de dirigentes que, lejos de comprender cómo se produce en la Argentina, vuelven a atacar al sector que sostiene al país”.

La organización que lidera Carlos Castagnani exigió dirigentes comprometidos con el sector productivo, en lugar de impulsar lo que calificaron como “ocurrencias desconectadas de la realidad del campo y de la ciencia”. Remarcaron que, con propuestas como esta, “queda claro el tipo de liderazgo con el que pretenden que construyamos futuro”.

Por su parte, en el recinto, quien apuntó directamente al núcleo del proyecto fue Luciano Bugallo, diputado provincial de la Coalición Cívica. “Hemos llegado al límite del absurdo en la Legislatura bonaerense. Pretender imponer un nuevo ‘impuesto a los pedos de las vacas’ supera cualquier frontera de la cordura. En lugar de generar incentivos para fomentar la producción, seguimos inventando disparates para convertir a la vaca en un nuevo sujeto imponible”, afirmó.

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En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.

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