“Esto no es el cambio” | El PRO toma distancia y rechaza el decreto de fondos reservados para la SIDE
La votación en Diputados que anuló el DNU de Milei sobre los fondos reservados de la SIDE profundizó las tensiones entre el PRO y el Gobierno: “El progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero”, sentenciaron.
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El reciente rechazo en la Cámara de Diputados al Decreto de Necesidad y Urgencia que buscaba incrementar en $100 mil millones los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) significó un duro revés para el gobierno de Javier Milei y profundizó las divisiones internas en el PRO, uno de los principales partidos de la coalición Juntos por el Cambio.
El presidente del PRO, Mauricio Macri, fue quien tomó la iniciativa de instituir a su bloque de la Cámara Baja a dar quórum en la sesión especial que finalmente resultó en la anulación del decreto. Esta decisión no solo tensó las relaciones con el gobierno, con quien el PRO había tenido una colaboración cercana en el pasado, y también expuso las fracturas dentro de su propio partido.
El DNU de Milei fue presentado en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional y las amenazas del narcotráfico. El gobierno argumentó que estos fondos eran esenciales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y garantizar una mayor seguridad para los argentinos. Sin embargo, la falta de claridad sobre el uso de estos fondos y el “contexto económico” llevó al expresidente y a su círculo cercano a oponerse a la medida.
La decisión no fue unánime dentro del PRO. El sector liderado por Patricia Bullrich —ministra de Seguridad y una de las principales figuras del partido ahora cercana a LLA— se desmarcó de la postura del PRO y criticó duramente la decisión de rechazar el decreto. Bullrich, también desde Twitter, defendió la necesidad de estos fondos para combatir el narcotráfico y proteger a los argentinos, acusando a quienes se opusieron al DNU de “ponerse del lado de las mafias y el terrorismo”.
“La SIDE quedó desmantelada tras la administración de Alberto Fernández y requería dinero fresco para fortalecer la seguridad”, argumentó la ministra, quien lamentó la “inconsciencia” de los que, según ella, no tomaron en cuenta los riesgos que implica rechazar estos fondos.
UNA VOTACIÓN QUE EXPONE DIVISIONES
La votación en la Cámara de Diputados reflejó severas tensiones internas. Mientras que los diputados leales a Macri, como Álvaro González, Daiana Fernández Molero y Héctor Stefani, dieron quórum y votaron a favor de rechazar el DNU, otros, como Fernando Iglesias y Silvana Giudici, optaron por la abstención. Algunos diputados, como Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet, decidieron ausentarse, lo que evidenció la falta de consenso dentro del bloque.
Por otro lado, los diputados cercanos a Bullrich, como Damián Arabia y Patricia Vásquez, votaron en contra de la anulación del decreto, alineándose con La Libertad Avanza, el partido de Milei. Esta divergencia en la votación mostró que, a pesar de la instrucción de Macri, Bullrich aún mantiene un considerable apoyo dentro del PRO.
El comunicado oficial del PRO, titulado “Esto no es el cambio”, dejó en claro la postura de la cúpula partidaria frente al DNU de Milei, enfatizando la importancia de instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero.
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La denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández tuvo sus repercusiones en Córdoba, porque un grupo de legisladores de la oposición volvió a pedirle al gobernador Martín Llaryora que aparte de su cargo al ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill, quien está imputado en una causa de violencia de género.
En marzo pasado, la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, pidió la elevación a juicio de la causa, en la que el ministro provincial está imputado por lesiones leves calificadas por el vínculo y por violencia de género.
Gill ratificó su inocencia en relación con los cargos presentados en su contra por una expareja cuando él ejercía como intendente de Villa María.
El funcionario provincial amplió este año su testimonio ante la fiscalía y reiteró su posición de inocencia. Tras la imputación, hubo un pedido de elevación a juicio que fue apelado por el acusado y aún no fue confirmada la elevación a juicio.
La semana pasada, cuando se conoció la denuncia contra el expresidente, en el recinto de la Legislatura de Córdoba hubo legisladores de la oposición que plantearon que el ministro debía renunciar y pidieron al mandatario provincial que tome una decisión al respecto.
El bloque del Frente Cívico había presentado un pedido de informes en el que solicitó se dé cuenta de casos de violencia de género en el Poder Ejecutivo. Esto fue lo que también generó que algunos opositores aprovecharan para insistir en el recinto con el apartamiento de Gill.
“Si a (Gabriel) Bermúdez (imputado por acoso y denunciado por violencia de género) Daniel Passerini (intendente de la ciudad de Córdoba) le pidió la renuncia en cuanto se enteró de que tenía esa causa, Martín Gill es el único que está procesado. Cualquier persona que trabaje en una fábrica, en la parte privada, cualquier hombre que llegue a tener una denuncia de esta magnitud y esté procesado, es sacado de inmediato; lo dejan sin trabajo. Si este hombre no está a la altura para estar ahí moralmente, le tendrían que haber pedido que se retire, que se aparte hasta que se esclarezca su causa”, expresó Nancy Almada, legisladora del Frente Cívico, quien había planteado el pedido de informes.
“Llaryora no le pide la renuncia porque se lo está pidiendo la oposición y él tiene que mostrar con una gran soberbia cuánto poder tiene. Piensa que le van a llevar puestos a los ministros. Un pensamiento soberbio”, insistió Almada.
Viviana Martocci, también legisladora del Frente Cívico, fundamentó por qué el ministro debería ser apartado. “Debe renunciar porque se encuentra imputado en una causa de violencia de género elevada a juicio; es decir que para la Justicia existen elementos de convicción sobre los graves delitos que se le endilgan. De ninguna manera puede un funcionario continuar en su cargo en esa situación. Evidentemente, el ministro no se aparta de su función porque es amparado por una estructura de poder que silencia y normaliza la impunidad ante la violencia de género”, manifestó.
“El gobernador jamás debió designarlo, pero hoy debe exigirle la renuncia en forma inmediata si en verdad quiere demostrar su compromiso con la erradicación de la violencia de género, porque la omisión implica complicidad”, agregó.
La presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, la radical Alejandra Ferrero, coincidió con la importancia de que ante la imputación Gill no continúe en el cargo.
“Debe ser inmediatamente apartado del cargo, porque no sólo pesa una denuncia, sino una imputación y tiene un procesamiento con elevación a juicio por una causa de violencia de género. Y me parece que el Gobierno debe predicar no sólo con la palabra sino con el ejemplo. Declaman la lucha contra la violencia de género, pero no la ejercen. A Llaryora le falta decisión política, el coraje para pedirle la renuncia. Passerini de inmediato le pidió la renuncia a Bermúdez sin que este ni siquiera haya sido imputado; con la sola denuncia lo apartó de su cargo. Es vergonzoso”, dijo.
“Vemos la hipocresía, la misma que hubo a nivel nacional, de un gobierno embanderado en la lucha contra la violencia de género y que tiene a la vista resultados como los de Alberto Fernández, Fernando Espinoza, José Alperovich”, insistió.
En abril pasado, el legislador ex-Coalición Cívica Gregorio Hernández Maqueda había planteado el pedido de tratamiento sobre tablas para la realización de un juicio político contra Gilltras conocerse su imputación, pero no tuvo los votos necesarios para su tratamiento.
¿QUÉ DICE EL OFICIALISMO CORDOBÉS?
En el oficialismo, el tema fue debatido en su momento a puertas cerradas y primó la postura de que debe pesar la “presunción de inocencia”. Por lo tanto, el gobernador no tendría razón ni motivos para apartarlo de su cargo. “Es una denuncia de instancia privada, no tiene aún elevación a juicio, no interfiere en lo más mínimo en el desempeño como ministro. Entonces, ¿por qué apartarlo? ¿Por qué la renuncia?”, se preguntó un hombre con llegada al Centro Cívico.
“Esto es más de la politiquería barata de la oposición, que pone a todos en la misma bolsa”, lanzó este dirigente del oficialismo, quien aseguró que hay coincidencias en la mesa chica del gobernador y razones por las que Gill no presenta la renuncia.
“Ahora quieren que se aparte; mañana pedirán que se aparte otro ministro. Denuncian que no se hace nada, que se oculta, que se encubre, pero por qué no miran a la Justicia, donde están siendo juzgados los funcionarios con elevación a juicio, a los que les debe caer el peso de la ley”, se sinceró otro hombre próximo al Centro Cívico al referirse al proceso que se lleva adelante contra Diego Concha, exdirector de Defensa Civil, imputado de “homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en abuso de sus funciones y por mediar un contexto de violencia de género”.
“¿Por qué quieren exponerlo como si fuera Concha? Porque quieren hacer politiquería”, dijo otro funcionario que defendió la decisión de evitar una renuncia.
Entre algunas legisladoras oficialistas, en cambio, hay malestar por el tema, sobre todo, entre las que abrazan desde hace años la bandera de la lucha contra la violencia de género. Aunque respetan la decisión del ministro.
En el recinto en la Legislatura, la justicialista Julieta Rinaldi se llevó los aplausos de varios de sus pares cuando, al responder el pedido de informes sobre los casos de violencia de género en el Poder Judicial, dijo que esto debía ser contestado en este ámbito, pero que también estaba interesada en conocer ese detalle.
Fue en ese marco que Rinaldi alzó la voz para insistir. “Sea del Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, del que sea, los violentos tienen que caer. Caiga quien caiga”, dijo la legisladora, quien el año pasado integró el jury para destituir al exjuez Martín Flores, denunciado por violencia de género y abuso sexual en perjuicio de una de sus exparejas.
También la legisladora del PRO Karina Bruno pidió, en el marco del mismo debate legislativo, que se trabaje puertas adentro en la Legislatura en la elaboración de un protocolo de violencia de género para ese ámbito. Recordó que lo presentó en abril pasado y está a la espera de ser abordado. “La llave también la tenemos nosotros en esta Legislatura”, dijo, al referirse a los opositores más críticos al Gobierno provincial.
Desde el círculo cercano a Gill dijeron que no hablará sobre el tema y que no hay novedades al respecto. Se insistió que el ministro se presentó ante la Justicia para ejercer su derecho de defensa y que hasta el momento no hay una elevación a juicio de la causa.
En un nuevo avance hacia la modernización de la administración pública, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 743/24, que transforma radicalmente la manera en que los ciudadanos pueden firmar documentos oficiales. Esta reforma, diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habilita a firmar documentos de manera remota, desde cualquier lugar, sin necesidad de herramientas físicas como un “token”.
Hasta la promulgación de este decreto, la firma digital implicaba una serie de requisitos que limitaban su accesibilidad, como la necesidad de estar presente físicamente y el uso de dispositivos específicos para autenticar la identidad del firmante.Ahora, los ciudadanos pueden realizar estos trámites completamente en línea, lo que supone un alineamiento con las prácticas internacionales más avanzadas en términos de seguridad y eficiencia administrativa.
La firma digital, regulada en Argentina desde la Ley N° 25.506, garantiza la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. Este tipo de firma tiene la misma validez legal que una firma manuscrita, pero con la ventaja adicional de que, en caso de disputa, la responsabilidad de probar la falsedad recae en quien la impugna, no en el firmante. Esto refuerza la seguridad jurídica en las transacciones y acuerdos celebrados digitalmente.
Federico Sturzenegger, a través de sus redes sociales, celebró la implementación de esta medida, destacando que se trata de un paso más en la agenda de desregulación que caracteriza al gobierno de Javier Milei. Según el ministro, la eliminación de trabas burocráticas no solo facilita la vida de los ciudadanos, sino que también fortalece el derecho de propiedad al simplificar y hacer más seguro el proceso de firma de contratos y documentos oficiales.
El posteo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger
El Decreto 743/24 también introduce una innovación significativa en el proceso de validación de identidad. Anteriormente, este procedimiento requería la presencia física del solicitante ante un Certificador Licenciado. Con la nueva normativa, esta validación puede realizarse en tiempo real utilizando los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), eliminando la necesidad de desplazarse a una oficina física.
Además, la reforma permite delegar en las llamadas “autoridades de registro” la responsabilidad de la validación de identidad, lo que simplifica aún más el proceso. Con estas modificaciones, cualquier persona en Argentina puede obtener, renovar o revocar su firma digital de manera remota, sin importar su ubicación.
La imputación a Alberto Fernández por violencia de género a su expareja, Fabiola Yáñez, y la denuncia por corrupción en la contratación de seguros del Estado no afectan solo la imagen del expresidente: también impactan de lleno en el peronismo y, en particular, en el kirchnerismo.
Así lo señala una nueva encuesta de DC Consultores en la que la mayoría de los consultados asegura que es imposible que ambos espacios políticos se despeguen del escándalo en que devino la violencia física que se le imputa al expresidente contra la ex primera dama.
La denuncia que Yáñez presentó semanas atrás no solo destapó un escándalo mediático que puso en jaque a la ya golpeada figura de Fernández, sino que también generó un tsunami dentro del peronismo.
Es que la causa Seguros que denunció el primer titular de ANSES de Javier Milei,Osvaldo Giordano, destapó luego otro caso que posiblemente sea más sensible al ojo público: la violencia física, psicológica y de género que el expresidente presuntamente ejerció contra la ex primera dama.
La primera de estas investigaciones, la cual comenzó meses atrás, revela mensajes de texto de Fernández en los que se observa un presunto tráfico de influencias en la adjudicación de seguros estatales a intermediarios de la mano de Héctor Martínez Sosa, el marido de María Cantero, su histórica exsecretaria.
Fue un mensaje de esta última con Yáñez el que destapó el segundo escándalo y, luego, la denuncia de la ex primera dama, la cual vino acompañada con fotos de los golpes, declaraciones cruzadas, denuncias por consumo de sustancias y una infinidad de detalles que señalan una relación más que tormentosa entre Fernández y su entonces pareja.
Esta situación que, tal como marca Facundo Nejamkis, no solo “da cuenta de una conducta privada inversamente proporcional al comportamiento intachable que exige la investidura presidencial”, sino que también “desnuda la debilidad estratégica en la que se ubica el espacio peronista en general”.
Esto mismo analiza la última encuesta de DC Consultores realizada entre este lunes y martes sobre la imagen de Alberto Fernández y el peronismo en medio del escándalo: ¿Qué revela para el futuro del espacio?
LA CATÁSTROFE DEL ESCÁNDALO ALBERTO FERNÁNDEZ EN EL KIRCHNERISMO
La última encuesta de la consultora CD analiza el impacto en la sociedad de las causas judiciales recientes de Alberto Fernández, tanto la que lo investiga por favorecer el otorgamiento de seguros del Estado como la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez.
Respecto a esta última, de los 3640 consultados, un 65,7% no cree ni las declaraciones de la ex primera dama, ni las del expresidente, mientras que un 35,1% le cree a ella y solo un 2,2% le cree a él: una clara señal de la crisis de credibilidad de Fernández.
La siguiente pregunta ya compromete a la expresidenta y entonces vice de Fernández, Cristina Kirchner, quien en 2019 fue la responsable directa de su candidatura: ¿Cree la gente que ella se podrá despegar políticamente de él? La respuesta es demoledora para el futuro político de Kirchner: un 77,4% cree que no podrá.
La respuesta es demoledora para el futuro político de Kirchner: solo un 22,6% cree que CFK será capaz de despegarse de los escándalos de Fernández, mientras que un 77,4% cree que no podrá.
Consultados sobre qué espacio político saldrá más perjudicado de esta causa, si el peronismo o el kirchnerismo (más alejado de Alberto durante su gestión), este último fue el más perjudicado: un 64,6% cree que el kirchnerismo sale peor parado, mientras que un 35,4% cree que lo hace el peronismo.
En el caso de las figuras políticas más afectadas, un 79,5% cree que los casos perjudican principalmente a Cristina Kirchner, mientras que un 14,2% cree que el gobernador bonaerense Axel Kicillof es el más golpeado. Sergio Massa, por su parte, solo alcanzó un 6,3%.
Las últimas dos preguntas se refieren particularmente al futuro electoral del kirchnerismo: un 68,5% cree que este espacio “termina con Alberto”, mientras que un 31,5% piensa que puede reconstruirse.
Este número muestra el gran desafío que La Cámpora tiene por delante: a la ya mala imagen que tiene en las encuestas, con sus dirigentes generalmente por debajo de Javier Milei y sus funcionarios, el escándalo de Alberto Fernández aparece como un clavo fatal en el cajón del kirchnerismo, espacio que deberá repensar de forma inteligente su armado para sobrevivir.
En esta línea, tan solo un 22,2% de los consultados votaría al kirchnerismo en las próximas elecciones, mientras que un 77,8% asevera que, “pongan a quien pongan”, no lo harían.
El conflicto estalló a raíz de la polémica visita al penal de Ezeiza, donde un grupo de diputados libertarios se entrevistó con represores condenados. Arrieta, junto a su compañera de banca, RocíoBonacci, alegó que ambas fueron engañadas para participar en la visita, desconociendo de antemano la identidad de los reclusos a los que iban a encontrarse. Esta revelación causó una ola de críticas dentro del bloque, especialmente hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien Arrieta responsabilizó por la organización y autorización del traslado grupal al penal.
Durante una sesión de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, Arrieta insistió en que Menem debía ser investigado por su rol en la polémica visita, lo que exacerbó las tensiones. Esta situación llevó a que, en una reunión posterior del bloque de LLA, Arrieta fuera duramente cuestionada por sus compañeros, con Nicolás Mayoraz y Gabriel Bornoroni liderando las acusaciones.
Lo que comenzó como una reunión para discutir la crisis interna del bloque rápidamente degeneró en un altercado violento. Según testimonios, Mayoraz y Bornoroni increparon a Arrieta por sus declaraciones públicas y por haber dado quórum en la sesión que rechazó el DNU del gobierno, que otorgaba $100 millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Durante la discusión, Mayoraz llegó a acusar a Arrieta de ser una “operadora kirchnerista” que estaba “trabajando en contra del gobierno de Javier Milei”.
La situación escaló cuando Arrieta —considerando que no se le permitía defenderse— comenzó a discutir a los gritos con Mayoraz. La tensión llegó a tal punto que Rocío Bonacci tuvo que salir a pedir ayuda a los asesores presentes. Varios de ellos irrumpieron en la sala justo cuando Mayoraz dirigía agresiones verbales contra Arrieta, lo que llevó a la intervención del personal de seguridad del Congreso, que recomendó a Arrieta abandonar el lugar para evitar que la situación se agravara aún más.
Tras el altercado, Arrieta se dirigió a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, donde radicó una denuncia por violencia de género contra Mayoraz y otros legisladores libertarios. En su denuncia, Arrieta detalla un ambiente hostil y de agresiones constantes que, según su relato, no se limitan a la discusión del día en cuestión, sino que reflejan una dinámica de violencia y abuso de poder que se mantuvo en el tiempo.
El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio un paso firme en la regulación del uso de celulares en las escuelas, anunciando una serie de restricciones que entrarán en vigor en el ciclo lectivo actual. La medida fue presentada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en conjunto con la ministra de Educación, Mercedes Miguel, y está diseñada para abordar las distracciones que los dispositivos móviles generan en el entorno educativo.
La nueva resolución prohíbe el uso de teléfonos móviles en los niveles inicial y primario, tanto durante las clases como en los recreos. En las escuelas secundarias, aunque la regulación es menos estricta, los estudiantes deberán mantener sus celulares guardados durante las horas de clase, salvo que los docentes los soliciten para actividades pedagógicas específicas. Esta normativa afectará a 2.291 escuelas, incluyendo tanto instituciones públicas como privadas, y está dirigida a 566.000 estudiantes.
El objetivo principal, según explicaron desde el Ministerio de Educación porteño en su comunicado oficial, es “estimular la concentración” en el aula y “fomentar la socialización” en los recreos. Además, la medida establece que cada escuela tiene la libertad de implementar restricciones adicionales si así lo considera necesario, permitiendo a las instituciones desarrollar sus propios protocolos internos.
Durante la presentación de la resolución, Jorge Macri subrayó los desafíos que enfrentan los docentes en el aula debido al uso inadecuado de celulares por parte de los alumnos. “No hay forma de que los profesores puedan competir con las distracciones que generan los celulares”, afirmó Macri, destacando que los dispositivos móviles han causado una “disrupción brutal” en la dinámica educativa.
Macri también abordó el impacto de los celulares durante los recreos y almuerzos escolares, señalando que “hay chicos que no comen o lo hacen muy rápido para seguir jugando con el celular”. Según el funcionario, este comportamiento está afectando negativamente el desarrollo de habilidades sociales y de expresión oral desde edades tempranas.
La ministra Mercedes Miguel, por su parte, aclaró que la medida no implica una prohibición total de la tecnología en el ámbito educativo. “Queremos que la tecnología siga siendo una herramienta útil en la educación, pero necesitamos regular su uso para evitar distracciones innecesarias”, explicó. Además, Miguel enfatizó que la alfabetización digital sigue siendo una prioridad, con la continuidad del Plan Sarmiento y el uso de tablets, computadoras y kits de robótica en las aulas.
La decisión del gobierno porteño se apoya en estudios internacionales que indican que la regulación del uso de celulares en las escuelas puede mejorar significativamente los resultados académicos. Ejemplos de este tipo de medidas se han implementado con éxito en países como Francia, Italia y China, entre otros. Según datos recientes, el 80% de los docentes en CABA considera que los celulares dificultan la atención y participación de los estudiantes en clase, mientras que el 70% de las familias coincide en que los dispositivos tienen un impacto negativo en el bienestar de sus hijos.
El Ministerio de Educación porteño también ha elaborado una guía de “Recomendaciones para el uso responsable de las tecnologías en casa”, dirigida a las familias, y tiene previsto organizar talleres para padres y madres con el fin de abordar este tema. La iniciativa forma parte del programa Buenos Aires Aprende, que busca fortalecer los aprendizajes en Lengua y Matemática, áreas fundamentales en el desarrollo académico de los estudiantes.
En un contexto donde la tecnología está omnipresente, la resolución del gobierno de CABA representa un esfuerzo por equilibrar su uso con las necesidades pedagógicas y el bienestar de los estudiantes. “El amor a veces es decir que no, no es decir siempre sí”, concluyó Macri, llamando a las familias a involucrarse en esta nueva etapa educativa.
El Gobierno Nacional, bajo la administración de Javier Milei, continúa con su decisión de permitir la privatización del fútbol argentino mediante la reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Este miércoles se publicó el Decreto 730/2024 en el Boletín Oficial, formalizando un marco legal que habilita a los clubes transformar su estructura jurídica y adoptar el formato, sin ser penalizados por las asociaciones y confederaciones deportivas.
Esta decisión representa un nuevo episodio en la tensa relación entre el Ejecutivo y la AFA, liderada por Claudio “Chiqui” Tapia, quien manifestó su rechazo categórico a la inclusión de las SAD en los torneos locales.
El decreto destaca que, a pesar de que las asociaciones, federaciones y confederaciones no hayan adaptado aún sus estatutos o códigos internos, estas no podrán “impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica, originaria o derivada”. Además, se les otorga un plazo de un año, a partir de la fecha de publicación del decreto, para adecuar sus normas a esta nueva disposición.
En diciembre de 2023, a pocos días de haber asumido la presidencia, Milei emitió el DNU que sentó las bases para permitir que los clubes, históricamente organizados como asociaciones civiles sin fines de lucro, pudieran convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas. Esta medida fue acompañada en julio de 2024 por una resolución de la Inspección General de Justicia, que flexibilizó los trámites necesarios para llevar a cabo dicha transformación, facilitando así la llegada de capitales privados al ámbito deportivo.
“Queda para la reflexión individual de cada uno entender y evaluar por qué la AFA le teme a la libertad de sus socios”, tuiteó Sturzenegger
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue una de las voces oficiales que se pronunció sobre el tema, subrayando que la AFA no tiene la potestad de negar la participación de los clubes que opten por la modalidad SAD en los torneos oficiales. Según el ministro, la ley del deporte obliga a la AFA a aceptar a los clubes independientemente de su forma jurídica, y cualquier intento de impedirlo sería una violación a la normativa vigente.
Por su parte, Javier Milei sostuvo a lo largo del tiempo que esta implementación es un paso necesario para atraer inversiones al fútbol argentino y romper con lo que describió como un “modelo socialista pobrista” en el futbol. A través de sus redes, el mandatario cuestionó la postura de la AFA y dejó en claro que no permitirá trabas en el camino hacia la liberalización.
Horas después del mediodía, la Asociación del Fútbol Argentino lanzó un comunicado en el que señalaron que se “respetará lo dispuesto por la Justicia Federal, hasta tanto se resuelva la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas con tacha de inconstitucional; mismo temperamento, en el marco del respeto a la división de poderes que marca nuestra Constitución Nacional, debería adoptar el Poder Ejecutivo Nacional”.
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.
