Espert y la inexperiencia política liberal argentina

Suele decirse que quienes no recuerdan la historia están condenados a repetirla...
rafaela-biazi-470405-unsplash.jpg
10 Years Experiences

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Suele decirse que quienes no recuerdan la historia están condenados a repetirla. El análisis se divide en dos partes. La primera es la vivencia en primera persona de la fallida campaña de José Luis Espert. La segunda consiste en una serie de recomendaciones para evitar que se repita lo que pasó. Principalmente porque a pesar de ya no considerarme -liberal- (debido a los aceptados como referentes del liberalismo argentino), deseo lo mejor para que ese lado del espectro ideológico tenga una mínima representación política. Es sano para la democracia.

En octubre de 2018 José Luis Espert anunció que comenzaría una campaña con el fin de ser presidente de la Argentina. La primera alternativa política autodenominada -liberal- desde el intento de López Murphy por investirse parecía tener argumentos suficientes para presentarse: los últimos años la presencia de Javier Milei y otros economistas en la televisión había causado un boom en la cantidad de jóvenes interesados en “el libre mercado”, mientras la agrupación política cambiemos se encontraba en el medio de una crisis económica y el peronismo no lograba terminar de armarse en unidad.

Fui invitado a la fiesta de lanzamiento de campaña en el barrio de Almagro, donde se realizó la primera “Esperfest”. Asistí con mi grupo de amigos -de siempre-. En ese entonces éramos medianamente conocidos en el ambiente por nuestra participación en redes y organización de eventos. Allí conocí a los personajes célebres del submundillo libremercadista. Éramos unas 40 personas. La reunión consistió en comidas, cánticos y espectáculo. El cotillón abundaba. Las esperanzas también.

En esa misma reunión tuve un momento a solas con Espert. Ambos estábamos sentados frente a frente y mis amigos se encontraban a un lado, en silencio. Aproveché la oportunidad para mencionarle dos impresiones que tenía en ese momento: Me sorprendió que se lanzara sin aparato político o territorial alguno, lo felicité por esa valentía (creía que esos aspectos los estaba dirimiendo y deslizaría algo al respecto) y por tomarse el tiempo de llevar adelante la aventura en detrimento de su familia. En segundo lugar, le aconsejé que en sus presentaciones televisivas tomara una postura más vivaz. No hubo respuesta. Simplemente hizo una mueca de reprobación, se paró y fue a seguir bebiendo.

En retrospectiva, tal vez fue un poco desubicado de mi parte. Después de todo, el ambiente no se prestaba a la seriedad. Sin embargo, fue la incapacidad de comunicarse, expresarse o tomar un pequeño criticismo lo que más me llamo la atención. Mis amigos me miraron con cara de ¿qué hiciste? No supe que decir. Me encogí de hombros y evité hablar por un buen rato. A partir de entonces, consideré a Espert necio e inexperto. Por su conducta puntual y general en esa reunión, me di cuenta de que no era una persona culta como yo creí inicialmente.

Un mes más tarde, recibiría invitación a un segundo encuentro. Este sería abierto al público, en un bar del barrio de Palermo. Mucho más concurrido, pero con la misma impronta, el meeting incluyó a personajes célebres de países vecinos y muchos jóvenes. Se sortearon remeras (gané una, la cual regalé) y bebidas. Por otro lado, el candidato se mostraba visiblemente pasado de copas durante estos eventos. Para ese entonces, me había preguntado si tras un mes existía algún avance en materia política.

Averigüé quien estaba detrás de la campaña de Espert, un tal Nazareno Etchepare. Tras una breve búsqueda en internet, quedó claro que era un expulsado de la coalición cívica y ex protegido de Elisa Carrió. Fue el quien convenció a José Luis Espert a apuntar a la presidencia. Mediante diferentes personas con las que compartía vínculo se acercó a Espert y consumó su pretensión de dirigir la campaña presidencial del potencial candidato en una reunión en el Hotel Panamericano de Buenos Aires.

Pocos días después recibiría una nueva invitación a otra (si, otra más) fiesta a desarrollarse en un puticlub del barrio de Flores. Habían pasado casi 3 meses desde el primer lanzamiento, y era notoria la falta de avances en materia política y organizacional de la supuesta campaña. Para empezar, Etchepare había prometido donantes varios y armado una estructura vertical en la cual tomaba todas las decisiones pertinentes. No era posible comunicarse son Espert sin pasar por Etchepare. En su promesa económicopolítica y presunto expertise aisló al candidato de tal forma que solo lo escuchara a él.

Indagué en el blog personal de Etchepare para entender como pensaba (en realidad, no pensaba. Era solo un acomodaticio de carrera). Pronto entendí que no habría chance alguna de éxito para Espert, y esa última fiesta lo terminaría de confirmar. Organizada por la fundación Amagi, el protoespacio político hizo una fiesta rimbombante. Comida, periodistas varios, escenografía acorde, bandas invitadas, karaoke, baile y mucho espectáculo.

Volví rápidamente a mi casa y me dispuse a escribir el artículo “Nazareno Etchepare, el arquitecto del derrumbe”. En su momento fue muy efectivo. Tuvo buena repercusión en redes y mucha gente apoyó mis críticas. El cholulaje, la falta de comunicación política, la inexistencia de un plan, el potencial conflicto de intereses entre Etchepare y el submundillo liberal puesto que había sido eyectado de cambiemos hacia poco…

No hubo más fiestas, pero Etchepare seguía al mando del barco. Una buena cantidad de gente me apoyó, y otros me tomaron como enemigo. Por un mes y medio estuve al margen de los acontecimientos. No me invitaban a ningún evento, varios de mis amigos seguían colaborando en la campaña y yo continué discutiendo con tanta otra gente.

Entre enero-marzo de 2019 los equipos internos voluntarios del armado de Espert empezaron a corroerse anímicamente. Se produjeron divisiones internas por razones ideológicas y relacionadas a la falta de apoyo territorial y de planes de trabajo. Por otro lado, muchos de estos jóvenes se encontraban dispersos por el país, lo que tornaba difícil llevar a cabo iniciativas in situ. No hubo avances significativos en meses. Los empleados de Etchepare progresivamente quedaban solos. Para mediados de enero mis amigos se pusieron completamente en contra de Espert. Comenzamos a recibir agravios de quienes aún estaban allí por nuestros comentarios en redes.

La cercanía del cierre de listas en junio y de las primeras elecciones desdobladas comenzaba a sentirse. Espert comenzó a buscar apoyo en otros lugares, fuera de la capital. Intentó unir la UCeDe y se alió con el nuevo Partido Libertario de Córdoba. Realizó múltiples conferencias por el país con las cuales financiaba su campaña, y consiguió que empresarios relacionados al kirchnerismo (Fred Machado) le brindaran recursos en especie. Entre ellos, el avión y la camioneta que servían para transporte del candidato.

Pero aun había un problema. Para ser candidato a presidente, es necesario tener un partido político de orden nacional que soporte la candidatura. Es decir, debe estar inscripto en al menos 5 distritos/provincias y poseer personería jurídica en ellos. Ninguna de las estructuras burocráticas que tenía a disposición Espert era de orden nacional. Etchepare revisó cuales partidos de orden nacional se encontraban disponibles y encontró al partido UNIR, perteneciente a Alberto Asseff.

La relación entre Espert y Asseff estuvo mediada por Etchepare, el “experto” político. Nunca sabremos los pormenores de ese acuerdo. Pero sin dudas llamó la atención que Espert, muy contrario al peronismo haya arreglado con un personaje ligado al mismo. Esto causó la ruptura de muchos militantes e incluso del mismo Milei, quien firmó, junto a otros economistas mediáticos, una carta retirando todo apoyo al candidato.

El 12 de mayo de 2019 se llevaron a cabo las elecciones provinciales de Córdoba donde quedó de manifiesto la falta de organización, divisiones internas y carencia de control general por parte de los promotores de la campaña de Espert. En esas elecciones la UCeDe radicada en ese distrito y el Partido Libertario corrieron con listas separadas. El implícito apoyo de Espert a la UCeDe solo causó indignación en sus bases, que ideológicamente se sentían representadas por el Partido Libertario. Los resultados fueron catastróficos con relación a las expectativas. Ambos partidos sumados no llegaron al 1% de los votos. Creyeron que la ubicua presencia mediática de los economistas liberales o su presencia en Twitter haría una diferencia.

Resultado de las elecciones en Córdoba

Este golpe de realidad causó la ruptura con personajes de las redes como El Presto (quien trabajó en la campaña en Córdoba) Espert y principalmente de muchos jóvenes que no lograban comprender que había salido mal. Los siguientes días se cocinaría el cierre de listas. Asseff, quien había observado lo ocurrido en Córdoba y no mantenía una relación cercana con Espert, decide buscar nuevas alternativas. Pichetto, que pocos días antes había sido anunciado como candidato vicepresidente acercó a Asseff la posibilidad de ser diputado en la provincia de Buenos Aires por Cambiemos.

Gracias a contactos que mantengo, me había enterado por lo menos una semana antes y anuncié por las redes que Espert sufriría un importante revés. 2 días antes del cierre de listas se hace pública la rotura de Asseff y Espert queda huérfano de partido. El candidato acaparó los medios durante 48hs acusando a su ex socio de traidor y organizó una suerte de flash-mob en la cámara nacional electoral la noche del cierre de listas para pedir que le permitan correr a pesar de no contar con partido. La afluencia en esa reunión improvisada fue poca, pero suficiente para hacer show de “proscripción”. A muchos militantes les hicieron cargar ficticiamente las listas en el sistema oficial y sacarse fotos, un uso de gente que no había visto en mi vida.

Un capítulo al margen merece esta presencia ubicua en los medios. América TV, América 24 y C5N dieron lugar a mucha publicidad al candidato, incluso en las ridículas denuncias de terrorismo y atentados a su campaña a horas del cierre del listas cuando una piedra pegó en el parabrisas delantero de su camioneta. Espert tuvo lugar en estos medios por su presencia en Animales Sueltos y por razones de conveniencia política. También por su amigo y candidato a vicepresidente Luis Rosales, quien mantiene férreos contactos a lo largo del arco político argentino y exterior. Fue él quien hizo el puente con el famoso asesor americano Dick Morris. Espert en sí no mantenía una agenda de mucho valor.

Tuve acceso al sistema de carga virtual de listas gracias a mis contactos. Por un lado, cargaron mal los DNIs de sus candidatos y fueron encontrados varios casos de incompatibilidad por antecedentes penales. Por otro, nunca fueron entregadas en formato físico los papeles. Lo cual constó en los registros judiciales públicos que pueden consultarse en la web de forma gratuita. Es decir, armaron una ficción y usaron a sus militantes (quienes desconocían estos pormenores) para ello. Fui haciendo un seguimiento en redes de estos errores y malas prácticas. Los medios sacaban la información de allí, me consta.

Unas horas luego del cierre de listas, el partido UNITE, de orden nacional y perteneciente a José Bonacci arreglaría de forma extemporánea la candidatura de Espert. Este nuevo personaje, profundamente peronista y enemigo de Macri, percibía que podía dañar la candidatura de su enemigo dándole espacio a Espert, quien restaría más votos a Macri que a otros candidatos. La justicia hizo lugar y Espert pudo correr, aunque con varias dificultades. En principio, no tendría candidatos provinciales en ningún lugar fuera de Santa Fe y sus listas estarían conformadas por candidatos de UNITE.

Los siguientes dos meses fueron otro golpe de realidad. Hugo Bontempo, empleado de Espert y perteneciente a la UCeDe haría el intento de que permitieran incluir la lista de la Provincia de Buenos Aires bajo el nombre del partido UNIR, ya que consideraba que “no podían romper la alianza”. La justicia electoral no dio lugar a esto. Etchepare organizó un acto en el club Ferro para presentar candidatos, entre los que se encontraba la cosplayer Lilia Lemoine.

Los meses de campaña pura y dura dieron al público aún más muestras del naufragio político de Espert. Las ridículas publicidades de TV e infantiles programas de fidelización (Espertanos, Espertón y otros eventos destinados al público sub17) de militantes coordinadas por Lilia Bolukalo Lemoine solo causaron indignación entre los potenciales votantes, que veían a estas alturas a Espert como un improvisado más que como un candidato serio. Adicionalmente, la polarización entre Ms-Ks absorbería completamente la arena de disputa real. En este contexto, Espert recibió algunos endorsements, pero solo nominales y no de apoyo real. Ejemplos de esto fueron sus excompañeros de Animales Sueltos, la fundaciones liberales (que, para entonces, ya habían decidido apoyar a Cambiemos de forma real) y economistas del ámbito.

El fin de la accidentada aventura llegó el día de las PASO, donde Espert fue el candidato que menos votos recibió entre aquellos que superaron el umbral mínimo del 1.5%. Incluso fuerzas que tenían una menor tasa de conocimiento del candidato a presidente, como la derecha de Gómez Centurión recibieron mas votos.

Resultado electoral de las elecciones PASO en Argentina

El mismo día de los resultados, Espert realizó una poco concurrida conferencia de prensa donde anunció que el nuevo jefe de campaña sería Luis Rosales. Es decir, Etchepare sería despedido de su cargo. Solo tras chocarse con la más grande de las paredes, la del fracaso, Espert pudo ver quien había originado sus ilusiones y problemas.

Los meses siguientes hasta las elecciones generales fueron exclusivamente nominales. Espert no realizó mucha más campaña. Los empleados en su armado habían disminuido drásticamente tras la salida del exjefe de campaña y el mismo Etchepare acusó a Espert en los medios de recibir dinero de empresarios relacionados al kirchnerismo para su campaña. Curiosamente, se olvidó de mencionar que él era quien recolectaba ese dinero.

La experiencia de Espert y compañía debe servir como antecedente como manual de que practicas evitar a la hora de hacer política real. La intención de voto de Espert reflejada por las encuestas llegó al 8% meses previos a las elecciones. La seguidilla de errores no forzados, un mal jefe de campaña, la falta de experiencia política del sector liberal, inexistente capacidad de comunicación política general y nula organización de su gente sellaron su fracaso político.

En la continuación de esta nota voy a dedicar varios consejos y percepciones propias que creo pueden servir a quienes tomen algún tipo rienda política de cara a las legislativas de 2021. Escribiré un texto medianamente ajustado a ese sector. Ojalá les pueda servir. Personalmente dejé de llamarme liberal. Adopto la postura que me permita interceder en la realidad y aportar desde donde me pueda tocar, independientemente de ideologías. Los prejuicios son enemigos del consenso, y de la política.

*Fuente: AltMedia – Ignacio Tesón

Search

Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.

Se vendió un edificio estratégico de la Policía Federal Argentina: firmado por un funcionario de Milei, ex empleado de Elsztain

La arquitectura del desguace inmobiliario de la Policía Federal Argentina tiene un nombre propio: Nicolás Pakgojz. El actual legislador porteño de La Libertad Avanza no es un recién llegado a la gestión de activos públicos, sino que funcionó como el eslabón necesario para liberar tierras fiscales de altísimo valor. Antes de recalar en la función pública, Pakgojz reportaba de forma directa en las filas de IRSA, el imperio de Eduardo Elsztain, donde se desempeñó en áreas clave de desarrollo urbano.

Su paso por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) no fue una escala técnica, sino una ejecución de intereses. Fue Pakgojz quien estampó su firma en la Resolución 65/2025 que declaró innecesario el predio de casi 10.000 metros cuadrados en el Bajo Belgrano. La maniobra, ejecutada bajo el paraguas de una supuesta eficiencia estatal, quitó de la órbita de la seguridad federal un activo estratégico para ponerlo en la vidriera de las subastas millonarias.

Resolución 65/2025 firmada por el diputado de La Libertad Avanza.

La ética pública queda en entredicho cuando se observa la trayectoria: de empleado de Elsztain a funcionario que habilita el remate de tierras por las que su ex jefe terminó pujando en una subasta pública.

Hoy, desde su banca en la Legislatura, el esquema de favores parece cerrar un círculo perfecto donde el patrimonio del Estado es la moneda de cambio.

La derrota del “amigo” del Presidente

La subasta de diciembre de 2025 no fue un trámite, sino una puja de millones entre los dueños de la ciudad. Eduardo Elsztain, principal accionista de IRSA y aliado estrecho de Javier Milei, intentó quedarse con la joya del Bajo Belgrano. Sin embargo, su oferta de 27 millones de dólares fue pulverizada por los 46,5 millones que desembolsó Argencons, la desarrolladora de Eduardo Costantini.

Aunque el titular de IRSA perdió esta pulseada ante la billetera de su competidor, el terreno fue liberado por su propio ex empleado, Nicolás Pakgojz. Esta maniobra en la AABE confirma el patrón de beneficios estatales para el círculo rojo que Data 24 viene documentando: el patrimonio federal funciona como un catálogo de remate para que los empresarios amigos sigan levantando torres de lujo donde antes operaban las fuerzas de seguridad.

La oferta de Argencons, que superó por un 120% el valor base de 21 millones de dólares, proyecta la construcción de 100 viviendas de lujo en lo que los vecinos denominan la última manzana libre del Bajo Belgrano. Esta rentabilidad récord para el Tesoro Nacional contrasta con la nula inversión en las capacidades operativas de la fuerza federal desplazada.

Lateral del edificio rematado en Artilleros al 2051, CABA

Sin techo y con sueldos de miseria

Mientras el Estado remata tierras por 46 millones de dólares, la realidad de la tropa es de una precariedad absoluta. Efectivos de la PFA confirmaron a Data 24 que, tras el desalojo de Artilleros 2051, el destino asignado es un predio abandonado en la intersección de Zepita y el Riachuelo. Se trata de un terreno de nulo valor inmobiliario y condiciones edilicias deplorables, que contrasta violentamente con el lujo de las torres que se proyectan en el Bajo Belgrano.

El desguace no es sólo de ladrillos: en el edificio rematado funcionaban la Brigada de Incendios Forestales, los talleres de Bomberos e Infantería, la Banda de música y la playa de secuestros viales.

Vista satelital del predio rematado.

La arbitrariedad del desalojo queda expuesta en la propia manzana: mientras la Comisaría Vecinal 13 de la Policía de la Ciudad continuará operando en su esquina de Juramento y Artilleros, las unidades federales son desterradas al sur. El Gobierno Nacional ignoró incluso el pedido de los residentes del barrio, quienes realizaron un abrazo simbólico al predio solicitando que se convirtiera en una plaza pública en lugar de un nuevo complejo de torres.

Esta pérdida de operatividad se da en un contexto de asfixia salarial que este portal ya denunció en su cobertura sobre la histórica protesta de las fuerzas. Con un bono de 40.000 pesos calificado como una migaja y denuncias de espionaje interno, los uniformados ven cómo el Gobierno les quita comodidades básicas para alimentar el negocio de los desarrolladores.

Entrada a lo que era el predio de la PFA

El modelo extractivo del Estado

La desafectación del predio en Artilleros 2051 es la síntesis de una gestión que prioriza el metro cuadrado sobre la seguridad federal. La eficiencia administrativa que pregona el Gobierno no es tal si el resultado es el desguace de brigadas operativas y talleres de blindados.

Con el control del 51% de las acciones de Argencons por parte de Eduardo Costantini, el círculo del negocio inmobiliario de alta gama se cierra sobre tierras que el Estado considera prescindibles. Lo que para la gestión de Milei es una venta de activos exitosa, para la PFA representa una fractura logística irreparable.

Este modelo, que blinda a empresarios amigos del poder mientras ofrece migajas salariales a quienes deben portar un arma, expone una fractura institucional profunda. Mientras el lujo de Costantini y la ambición de Elsztain se expanden sobre el asfalto del Bajo Belgrano, los efectivos de la PFA son empujados a la marginalidad de un baldío en el Riachuelo. El remate de la seguridad pública ya no es una sospecha, sino una política de Estado que el círculo rojo festeja en dólares.

Manuel Adorni (segundo), Karina Milei (tercera), Pilar Ramírez (cuarta) y Nicolás Pakgojz (sexto)

*Por Augusto Grinner

Por primera vez en la historia, las cinco fuerzas federales protestarán juntas por los bajos sueldos

Las cinco fuerzas federales de seguridad convocaron una protesta conjunta para el 2 de abril en reclamo por los bajos salarios y el empeoramiento de sus condiciones laborales. La manifestación consistirá en un abrazo solidario al Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional en el barrio porteño de Retiro (Capital Federal), y reunirá, por primera vez en la historia, a integrantes de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

La convocatoria se fijó para las 11 e incluyó también a familiares y allegados de los efectivos. La elección de la fecha incorporó, además, una dimensión simbólica, ya que coincidió con el aniversario número 44 del inicio de la Guerra de Malvinas.

El eje principal del reclamo estuvo vinculado con la cuestión salarial. Los uniformados denunciaron que el último aumento se otorgó a fines de 2025 y advirtieron que, en numerosos casos, los haberes quedaron por debajo de la línea de pobreza. Ese desfasaje los obligó a buscar ingresos complementarios, ya fuera mediante horas adicionales por fuera de la jornada habitual o a través de trabajos extra, como manejar un Uber, para sostener la economía doméstica.

En ese marco, dentro de las propias fuerzas se subrayó una contradicción entre la narrativa oficial y la experiencia concreta de los agentes. Mientras el Gobierno sostuvo que busca “cuidar a quienes nos cuidan”, los efectivos afirmaron que los salarios y las condiciones laborales se deterioraron de manera progresiva.

A la crisis salarial se sumó el conflicto por la cobertura médica. La situación de la obra social Iosfa se convirtió en otro de los principales focos de malestar entre los uniformados. De acuerdo con las informaciones difundidas, la entidad acumuló una deuda millonaria, recortó prestaciones y redujo la entrega de medicamentos, una combinación que dejó a miles de afiliados y a sus familias sin cobertura o con un acceso severamente limitado a la atención de la salud.

La protesta también activó una preocupación política creciente dentro de la Casa Rosada, donde se intensificaron los cuestionamientos contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En el oficialismo la describieron como una funcionaria de perfil académico, pero sin capacidad de conducción operativa sobre las fuerzas. 

El antecedente de Córdoba profundizó esas dudas dentro del Gobierno. Algunos funcionarios recordaron que Monteoliva estuvo al frente del Ministerio de Seguridad provincial cuando, el 3 y 4 de diciembre de 2013, la Policía cordobesa se acuarteló y la capital provincial atravesó horas de saqueos y una situación de extrema tensión. Después de ese episodio, la funcionaria dejó el cargo.

A ese cuadro se añadió una interna política con efectos sobre la cadena de mando. Monteoliva decidió alinearse con Karina Milei en la disputa con su ex jefa política, la actual senadora Patricia Bullrich. Durante su paso por el Ministerio de Seguridad, Bullrich benefició a la cúpula de la Gendarmería por su vínculo con el jefe de la fuerza, Claudio Miguel Brilloni, una decisión que generó malestar en los rangos bajos y resentimiento en el resto de las fuerzas, que se consideraron desplazadas. 

Presti avaló el ataque ordenado por Thatcher al ARA General Belgrano: “Fue un acto de guerra”

El ministro de Defensa, Carlos Presti, quedó envuelto en una fuerte polémica tras referirse al hundimiento del ARA General Belgrano durante una entrevista brindada el 2 de abril en los estudios de A24. Consultado por Eduardo Feinmann acerca del ataque contra el crucero de la Armada Argentina ocurrido el 2 de mayo de 1982

“Estaban en combate y fue un acto de guerra”, respondió el funcionario que reemplazó a Luis Petri en esa cartera a mediados de diciembre del año pasado. 

La declaración del ministro ocupó poco más de diez segundos de aire televisivo, pero generó una ola de cuestionamientos. En la Argentina persiste una interpretación jurídica y política que considera el ataque un crimen de guerra, dado que el buque navegaba a 231 millas marinas fuera de la Zona de Exclusión Total (ZET) fijada unilateralmente por Londres cuando fue bombardeado por el submarino nuclear británico HMS Conqueror

La orden de impactar el buque fue impartida por la entonces primera ministra Margaret Thatcher

El hundimiento constituyó la mayor tragedia naval de la Armada Argentina y la mayor pérdida de vidas para las fuerzas en toda la guerra: 323 muertos, una cifra que representó casi la mitad de las bajas totales que tuvieron las fuerzas de nuestra nación durante el conflicto.

Las declaraciones se produjeron en una fecha especialmente sensible. Sus palabras adquirieron una dimensión política mayor y derivaron en un reclamo opositor para que el Ministerio de Defensa revisara públicamente lo expresado por su titular.

“Una lectura funcional a la versión británica”

Lejos de limitarse a una diferencia de encuadre jurídico, Agenda Malvinas, portal especializado en la cuestión del Atlántico Sur, leyó las palabras de Carlos Presti como un gesto político de fondo. 

El lapidario artículo sostuvo que el ministro constituyó “una afrenta directa a los 323 héroes que perdieron la vida” y describió sus dichos como una ruptura con una línea histórica sostenida durante décadas en la Argentina. Así, para el medio, Presti incurrió en una validación de la versión británica sobre el hundimiento del ARA General Belgrano.

También advirtió que la definición de Presti recortó un antecedente central para entender el hundimiento del Belgrano: el Informe Rattenbach, el documento oficial elaborado tras la guerra para examinar las responsabilidades políticas y militares del conflicto. En ese trabajo, el Estado argentino atribuyó a la conducción de la guerra una preparación insuficiente, un planeamiento “apresurado, incompleto y defectuoso” y decisiones de mando que agravaron el escenario en el Atlántico Sur. Entre ellas, cuestionó con dureza el repliegue naval que dejó a Gran Bretaña con el “dominio absoluto del mar”. Desde esa lectura, Agenda Malvinas sostuvo que reducir el ataque a un simple “acto de guerra” dejó afuera el principal antecedente institucional producido por la propia Argentina sobre la conducción de Malvinas.

En esa misma línea, el medio avanzó sobre otro punto sensible de la secuencia militar de 1982: mientras el Belgrano se hundía, el entonces jefe de la Armada, Jorge Isaac Anaya, ordenó el repliegue de la flota de mar hacia “puertos seguros” de la costa patagónica. 

El padre de Martín Menem cobra una jubilación de $41 millones tras ganarle un juicio al Estado

Eduardo Menem, ex Senador padre del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, logró una victoria judicial definitiva que le garantiza un haber mensual de 41 millones de pesos. La cifra es escandalosa no sólo por su magnitud, sino por el mecanismo que la permitió: una sospechosa inacción de la ANSES que, bajo la actual gestión, dejó vencer los plazos de apelación.

Este beneficio representa casi cuatro veces el sueldo de un Senador en actividad, los mismos $11 millones que el oficialismo utiliza para fustigar a la oposición. Gracias a la falta de impugnación de ANSES, el ex legislador también se aseguró un retroactivo de 1.500 millones de pesos. Esta suma equivale a 136 dietas legislativas actuales, pagaderas por el Estado en un solo desembolso.

La maniobra se originó en una “notificación nocturna” en el portal oficial. La ANSES de Milei dejó pasar el plazo legal para apelar, permitiendo que el fallo de la Corte quedara firme en el primer trimestre de 2024. Mientras el Ejecutivo concentra sus ataques mediáticos en el Senado, bajo su propia órbita se habilitaba el drenaje de fondos más importante hacia una de las familias que hoy detenta el poder.

Javier Milei, “Lule” Menem (mano derecha de Karina Milei) y Eduardo Menem.

La promesa que nunca llegó

La inacción de la ANSES no es la única contradicción en este tablero: durante la campaña de 2021, Javier Milei sostenía que el “principio de revelación” expondría a quienes se aferraran a sus dietas. En enero de 2022, el propio Javier Milei aseguró en una entrevista en YouTube con quien suscribe —Augusto Grinner—, que ya tenía preparado el proyecto de ley para permitir la renuncia voluntaria a los haberes legislativos, prometiendo su presentación para marzo de ese mismo año.

Cuatro años después de aquel anuncio, y transitando ya el primer semestre de 2026, el proyecto nunca fue ingresado al Congreso. Ni el Presidente cuando fue Diputado, ni ninguno de los legisladores que integran hoy su bloque, han formalizado la iniciativa. Esta omisión legislativa adquiere una gravedad institucional distinta cuando se analiza el trato diferencial que recibe la cúpula del poder oficialista frente a los haberes de la seguridad social.

Mientras la “motosierra” se detiene frente al beneficio de $41 millones mensuales más el retroactivo de casi $1.500 millones del clan Menem, el Ejecutivo utiliza la retórica de la austeridad para fustigar a la presidencia del Senado. El contraste es total: un silencio administrativo que favorece al entorno familiar del presidente de la Cámara de Diputados, frente a un ataque mediático constante contra Villarruel, quien irónicamente fue la única que habilitó un mecanismo administrativo real para que cada Senador pudiera renunciar voluntariamente a cobrar su aumento; esto sucedió en abril de 2024 mediante una resolución de presidencia del Senado, luego de la votación de aumento de dietas fijado por los Senadores.

Jubilados en protestas por cobrar cien veces menos que Eduardo Menem.

El blindaje de la Constitución frente al ataque coordinado

La ofensiva mediática contra Victoria Villarruel ignora deliberadamente la arquitectura legal del país. Según los artículos 56 y 57 de la Constitución Nacional —cuyo espíritu liberal fue moldeado por el propio Juan Bautista Alberdi—, la Vicepresidente no tiene la potestad de anular por decreto una votación soberana del cuerpo de Senadores. Haberlo intentado habría configurado un abuso de autoridad, dándole al kirchnerismo la excusa perfecta para iniciarle un juicio político inmediato.

Incluso la sugerencia oficialista de que debería haberse ausentado de la sesión carece de sustento práctico: la Constitución prevé el reemplazo automático por el Presidente Provisional del Senado (art. 58 de la CNA), por lo que el resultado habría sido idéntico. Villarruel optó por la vía institucional y, como se mencionó, dictó una resolución que habilitó un formulario de renuncia voluntaria al aumento. Fue la única funcionaria que ofreció una salida ética y legal a los legisladores sin romper el orden constitucional.

Este respeto a las formas republicanas es lo que hoy se le recrimina, mientras se guarda un silencio absoluto sobre la falta de apelación en el caso Menem.

Victoria Villarruel y Javier Milei ya en una época de tensión entre ambos.

El triunfo de la genealogía sobre el mérito

El escenario actual deja al descubierto una grieta profunda en la narrativa de La Libertad Avanza. Por un lado, se utiliza la figura de la Vicepresidente como blanco de ataques para canalizar el descontento social por las dietas legislativas; por el otro, el círculo más cercano al poder central se beneficia de una estructura estatal que, lejos de ser “ajustada”, funciona con una precisión quirúrgica cuando se trata de favorecer al linaje propio.

La diferencia de trato es obscena: mientras un Senador que trabaja debe enfrentar el escarnio público por $11 millones, la inacción de la ANSES permite que, quien no ejerce cargos públicos desde hace años, perciba casi cuatro veces más que un Senador activo.

En definitiva, el anunciado “principio de revelación” terminó operando sobre el propio Ejecutivo. Se reveló un gobierno que castiga el respeto a las formas constitucionales de Villarruel, pero premia con $1.500 millones el reclamo de un Menem contra el Estado.

Para dimensionar el impacto: los $41 millones mensuales de Eduardo Menem equivalen a 107 jubilaciones mínimas. Por su parte, el retroactivo de $1.500 millones representa el pago de un mes entero para 3.944 jubilados de la mínima. En un contexto de ajuste severo, la vigencia de esta jubilación de privilegio demuestra que el Estado sigue priorizando los beneficios de la casta por sobre el resto de los argentinos.

La casta no parece haber desaparecido; simplemente ha cambiado de nombre. O más bien, ha recuperado sus nombres históricos.

* Por Augusto Grinner

Kicillof gastó más de USD 150 mil para asistir a una cumbre progresista en España

El gobernador de la provincia de Buenos Aires viajó a España para participar de la Movilización Progresista Mundial (MPM), organizada por el presidente español Pedro Sánchez.

“Las consecuencias de las decisiones de la ultraderecha en Argentina solo pueden abordarse internacionalmente. Necesitamos respuestas conjuntas de Latinoamérica y Europa para construir un mundo más multipolar y evitar la subordinación a grandes monopolios y poderes externos”, afirmó Kicillof, buscando justificar de alguna manera su viaje.

Lo que generó controversia pública fue el conocimiento del nivel de gasto que implicó el viaje por más de USD$150.000 en pasajes, viáticos y estadía para una comitiva de al menos 20 personas, financiados en su mayoría por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). A esto se sumó una segunda delegación del Partido Justicialista (PJ), encabezada por Eduardo “Wado” de Pedro, con costos aún no revelados.

La delegación oficial encabezada por Kicillof exhibió un núcleo político claramente identificado, con la presencia de Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jesica Rey, ministra de Comunicación Pública y Cecilia Nicolini, diputada del Parlasur y asesora en Asuntos Internacionales. También formaron parte de la comitiva otros funcionarios del gobierno bonaerense, además de cónyuges, secretarios y personal técnico.

– Kicillof junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni

El monto reportado corresponde únicamente a tres rubros, ya sean pasajes aéreos, viáticos y estadía. El promedio por individuo ronda los USD$6.000. Aún no sé esclareció los otros costos adicionales que supuestamente habrían sido afrontados por los propios funcionarios y consortes.

Un vuelo en clase ejecutiva (business) ida y vuelta entre Buenos Aires y Barcelona tenía un costo aproximado de USD$13.500 en la fecha del viaje. En clase económica, los precios rondan entre USD$1.000 y USD$1.600 ida y vuelta.

– La viepresidente II de España, Yolanda Díaz Pérez

Para una comitiva de 20 personas en ejecutiva, solo en pasajes el gasto podría quedar en USD$270.000.

La delegación se alojaría en el Mandarin Oriental Ritz de Madrid, uno de los hoteles más lujosos de España, ubicado en la Plaza de la Lealtad. La cifra de USD$12.000 por noche corresponde al costo de varias habitaciones del establecimiento, que en cotizaciones actuales de plataformas como Expedia muestra precios que parten desde USD$1.100 por habitación por noche para fechas similares. Dado que la delegación permaneció varias noches y en múltiples habitaciones, el gasto en alojamiento acumula rápidamente cifras elevadas.

Los viáticos incluyen gastos diarios de movilidad, alimentación y otros gastos personales. Para una comitiva numerosa, estos suman fácilmente decenas de miles de dólares en pocos días.

Al mismo evento viajó una segunda delegación impulsada institucionalmente por el PJ y convocada por su propia presidenta, Cristina Kirchner. La encabezó el senador Eduardo “Wado” de Pedro, histórico referente de La Cámpora y quien concentra el control político del CFI en los últimos años.

Junto a él viajaron Jorge Taiana, exministro de Defensa y diputado, Eduardo Valdés, también diputado, Nicolás Trotta, exministro de Educación y legislador, Lucía Cámpora, diputada y nieta de Héctor Cámpora, además de Roxana Monzón, Lorena Pokoik, Delfina Rossi, Franco Metaza, Gustavo Menéndez, Soledad Magno y Valentina Morán.

Por su parte, el viaje tuvo una clara carga de posicionamiento político de Kicillof de cara al escenario electoral de 2027, año en el que se elegirá presidente.

JUAN CARLOS MOLINA: El diputado y cura ultra K declaró un patrimonio de 1 millón de dólares

El cura y diputado kirchnerista del bloque Unión por la Patria (UxP), Juan Carlos Molina declaró un patrimonio de USD$1 millón y cuatro inmuebles, dos en Ciudad de Buenos Aires y dos en el Gran Buenos Aires.

La Declaración Jurada Patrimonial Integral, presentada en enero de 2026 bajo la modalidad inicial 2025, expone una fortuna que llama la atención por su magnitud y que se contrapone con el perfil de vida sencilla que el legislador suele mostrar en el plano público.

El dato más llamativo del documento es la existencia de una caja de ahorro en dólares en el país con un saldo declarado de USD$330.338,50. Al tipo de cambio vigente de $1.420 por dólar, eso equivale aproximadamente a $469 millones. Molina también declara tres cajas de ahorro adicionales en pesos con saldos que suman alrededor de $14.6 millones y una cuenta corriente con $56.436. El total de sus depósitos y efectivo alcanza los $483.7 millones.

1016300421-Declaracion-Jurada-Juan-Carlos-Molina

Además del efectivo, Molina declara cuatro propiedades inmobiliarias, cuya valuación oficial resulta llamativamente baja. Según el informe, dos de las propiedades están ubicadas en San Vicente y fueron adquiridas el 17 de diciembre de 2009, junto con una casa habitación valuada en $20.833.246 y un lote de terreno declarado en $1.042.180.

El legislador también informó la tenencia de dos departamentos con cochera en la Ciudad de Buenos Aires, ambos comprados el 18 de mayo de 2017. Uno de ellos fue valuado en $75.035.844, mientras que el otro figura por $2.528.903. En conjunto, el detalle patrimonial expone un patrimonio de por sí millonario, integrado por propiedades en el conurbano bonaerense y en la Capital Federal.

Molina, a su vez, declaró poseer un Ford Bronco Sport Big Bend 1.5L, año 2021, adquirido en agosto de ese año, valuado en $28 millones de pesos —equivalente a unos USD$35.000 al valor de mercado actual. Su origen habría sido por “ingresos propios”.

El mecanismo que permite estas valuaciones irrisorias es lo que los expertos tributarios llaman la “trampa del 1 m²”. Al declarar una superficie de “1 metro cuadrado” para todas sus propiedades, el sistema registra los inmuebles a su valuación fiscal histórica de origen —en pesos, con cifras antiguas y desactualizadas— en lugar del valor real de mercado. Esto “licua visualmente el tamaño de la fortuna ante la opinión pública”, según la descripción de un tributarista consultado al respecto.

Para aproximarse al valor real del patrimonio inmobiliario, es necesario dolarizar el análisis usando precios actuales de mercado. Un análisis conservador construido con dimensiones estándar para este tipo de propiedades arroja que existe una disparidad “abismal” entre los dos departamentos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) comprados el mismo día en 2017 —uno declarado en $75 millones y el otro en apenas $2.5 millones— lo que sugiere que uno podría ser un piso de gran metraje o categoría superior.

Sumando los activos líquidos a la valuación de mercado de los inmuebles y el vehículo, el patrimonio real estimado total ascendería a aproximadamente USD$931.838, es decir, casi un millón de dólares.

¿De dónde proviene el dinero?

Esta es la pregunta central que el documento oficial no logra responder satisfactoriamente. En la declaración, Molina justifica absolutamente todos sus bienes como producto de sus “ingresos propios”, sin herencias, legados ni donaciones de ningún tipo.

Para dimensionar la inconsistencia, basta con cruzar las fechas de adquisición de los bienes con la trayectoria laboral de Molina. Las propiedades de San Vicente fueron compradas en 2009, cuando estaba al frente de la Fundación Valdocco, una organización financiada por el Vaticano y con fondos públicos provinciales. Ahí surge otra duda inevitable: ¿cómo logró un directivo de una ONG sin fines de lucro acceder a esas compras?

En el caso de los departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, adquiridos en 2017, la duda no es menor, ya que fueron comprados dos años después de su salida de la SEDRONAR en 2015. Allí también queda sin respuesta cuál fue la fuente de ingresos que le permitió adquirir dos unidades con cochera en la Capital Federal. A eso se suma lo más paradigmático de todo, los USD$330.000 en efectivo, un monto difícil de explicar para alguien que habría desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito de una organización sin fines de lucro o bajo una dieta legislativa.

Un hallazgo adicional del análisis de la declaración es un error grave en la confección del documento. Molina registró su cargo de “Diputado Nacional” bajo la categoría de “Sector Privado”, señalando como empleador a la “Fundación Valdocco”. Esto es técnicamente imposible, siendo que una fundación privada no puede emplear a un legislador nacional, cuyas dietas las paga el Estado. El análisis concluye que se mezclaron dos trayectorias distintas en una misma línea del formulario —con consecuencias legales que la Oficina Anticorrupción no observó ni corrigió.

La situación patrimonial no puede desligarse de las denuncias judiciales que recaen sobre la Fundación Valdocco. Desde 2024, Molina enfrenta una causa penal en la que se le atribuyen presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación, defraudación a la administración pública, falsificación de documentos públicos y privados y asociación ilícita.

La investigación reveló que la fundación cobraba fondos millonarios simultáneamente de dos provincias. Con 250 millones de pesos mensuales de Santa Cruz y 124 millones de pesos mensuales de Chaco, aunque en este último caso la institución no operaba realmente. Se detectó que 78 docentes cobraban salarios en ambas jurisdicciones al mismo tiempo. La causa fue presentada ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia e incluye pedidos de allanamientos y secuestro documental.

La provincia de Chaco, por su parte, bloqueó la transferencia de recursos públicos a la fundación tras la investigación, mientras que el gobierno de Santa Cruz también realizó denuncias por falta de transparencia en el manejo de fondos.

¿Quién es Juan Carlos Molina?

Juan Carlos Molina, nacido el 8 de diciembre de 1966, es un sacerdote católico argentino que ha construido una trayectoria inusual en la que se entrelazan la fe, la política kirchnerista y la gestión de organizaciones sociales. Su apodo, “cura coraje”, sintetiza la perspectiva pública que él mismo cultivó. La de un hombre de Iglesia supuestamente comprometido con los más vulnerables, dispuesto a meterse en terrenos conflictivos donde otros no se atreven.

Molina surgió como sacerdote salesiano en Caleta Olivia, Santa Cruz, donde trabajó con niños y jóvenes en situación de riesgo social. Más tarde, sin que se conozca públicamente el motivo, pasó al clero de la diócesis de Río Gallegos. Fundó la Fundación Valdocco —nombre del barrio turinense de Turín donde San Juan Bosco comenzó su obra— con casas para jóvenes adictos y menores vulnerables en Santa Cruz, Chaco y Haití. Esta fundación lo proyectó al primer plano de la política kirchnerista de Santa Cruz y lo acercó a la familia Kirchner, en especial a Alicia Kirchner, hija de la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

La primera gran plataforma pública que manejó Molina fue la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), designado en noviembre de 2013 por CFK. El jefe de Gabinete Jorge Capitanich lo presentó como alguien con “amplia experiencia en la problemática de las adicciones”. Renunció en mayo de 2015, declarando que había “cumplido los objetivos”.

“Escobar fue un poco Robin Hood, el pueblo lo lloró porque ocupó el lugar del Estado: hizo hospitales, calles, le dio trabajo a la gente…”, destacó Molina, en marzo de 2014, en una entrevista radial, durante su gestión al frente de la SEDRONAR.

La comparación desató una tormenta mediática. Al día siguiente, Molina intentó aclarar que había sido “sacado de contexto”, que Escobar “era un psicópata, un asesino” y que nunca lo había defendido. También usó un lenguaje colorido para describir el revuelo, diciendo que había pasado “de ser el secretario de la SEDRONAR a ser el hijo de puta defensor de Escobar”.

Décadas después, en 2024, Molina decidió volver a la política activa como candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria en Santa Cruz. Ganó las elecciones legislativas de 2025 con un margen muy mínimo y asumió su banca en diciembre de ese año, integrando a UxP.

HUMOR por Argüelles​

LO MÁS IMPORTANTE

TWEET DEL DÍA

Tevero liberavisse
comprehensam nec.

Copyright 2023 © Data 24 - Todos los derechos reservados
Data 24.com.ar © Copyright 2025

Subscribe Now