Espert y la inexperiencia política liberal argentina

Suele decirse que quienes no recuerdan la historia están condenados a repetirla...
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10 Years Experiences

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Suele decirse que quienes no recuerdan la historia están condenados a repetirla. El análisis se divide en dos partes. La primera es la vivencia en primera persona de la fallida campaña de José Luis Espert. La segunda consiste en una serie de recomendaciones para evitar que se repita lo que pasó. Principalmente porque a pesar de ya no considerarme -liberal- (debido a los aceptados como referentes del liberalismo argentino), deseo lo mejor para que ese lado del espectro ideológico tenga una mínima representación política. Es sano para la democracia.

En octubre de 2018 José Luis Espert anunció que comenzaría una campaña con el fin de ser presidente de la Argentina. La primera alternativa política autodenominada -liberal- desde el intento de López Murphy por investirse parecía tener argumentos suficientes para presentarse: los últimos años la presencia de Javier Milei y otros economistas en la televisión había causado un boom en la cantidad de jóvenes interesados en “el libre mercado”, mientras la agrupación política cambiemos se encontraba en el medio de una crisis económica y el peronismo no lograba terminar de armarse en unidad.

Fui invitado a la fiesta de lanzamiento de campaña en el barrio de Almagro, donde se realizó la primera “Esperfest”. Asistí con mi grupo de amigos -de siempre-. En ese entonces éramos medianamente conocidos en el ambiente por nuestra participación en redes y organización de eventos. Allí conocí a los personajes célebres del submundillo libremercadista. Éramos unas 40 personas. La reunión consistió en comidas, cánticos y espectáculo. El cotillón abundaba. Las esperanzas también.

En esa misma reunión tuve un momento a solas con Espert. Ambos estábamos sentados frente a frente y mis amigos se encontraban a un lado, en silencio. Aproveché la oportunidad para mencionarle dos impresiones que tenía en ese momento: Me sorprendió que se lanzara sin aparato político o territorial alguno, lo felicité por esa valentía (creía que esos aspectos los estaba dirimiendo y deslizaría algo al respecto) y por tomarse el tiempo de llevar adelante la aventura en detrimento de su familia. En segundo lugar, le aconsejé que en sus presentaciones televisivas tomara una postura más vivaz. No hubo respuesta. Simplemente hizo una mueca de reprobación, se paró y fue a seguir bebiendo.

En retrospectiva, tal vez fue un poco desubicado de mi parte. Después de todo, el ambiente no se prestaba a la seriedad. Sin embargo, fue la incapacidad de comunicarse, expresarse o tomar un pequeño criticismo lo que más me llamo la atención. Mis amigos me miraron con cara de ¿qué hiciste? No supe que decir. Me encogí de hombros y evité hablar por un buen rato. A partir de entonces, consideré a Espert necio e inexperto. Por su conducta puntual y general en esa reunión, me di cuenta de que no era una persona culta como yo creí inicialmente.

Un mes más tarde, recibiría invitación a un segundo encuentro. Este sería abierto al público, en un bar del barrio de Palermo. Mucho más concurrido, pero con la misma impronta, el meeting incluyó a personajes célebres de países vecinos y muchos jóvenes. Se sortearon remeras (gané una, la cual regalé) y bebidas. Por otro lado, el candidato se mostraba visiblemente pasado de copas durante estos eventos. Para ese entonces, me había preguntado si tras un mes existía algún avance en materia política.

Averigüé quien estaba detrás de la campaña de Espert, un tal Nazareno Etchepare. Tras una breve búsqueda en internet, quedó claro que era un expulsado de la coalición cívica y ex protegido de Elisa Carrió. Fue el quien convenció a José Luis Espert a apuntar a la presidencia. Mediante diferentes personas con las que compartía vínculo se acercó a Espert y consumó su pretensión de dirigir la campaña presidencial del potencial candidato en una reunión en el Hotel Panamericano de Buenos Aires.

Pocos días después recibiría una nueva invitación a otra (si, otra más) fiesta a desarrollarse en un puticlub del barrio de Flores. Habían pasado casi 3 meses desde el primer lanzamiento, y era notoria la falta de avances en materia política y organizacional de la supuesta campaña. Para empezar, Etchepare había prometido donantes varios y armado una estructura vertical en la cual tomaba todas las decisiones pertinentes. No era posible comunicarse son Espert sin pasar por Etchepare. En su promesa económicopolítica y presunto expertise aisló al candidato de tal forma que solo lo escuchara a él.

Indagué en el blog personal de Etchepare para entender como pensaba (en realidad, no pensaba. Era solo un acomodaticio de carrera). Pronto entendí que no habría chance alguna de éxito para Espert, y esa última fiesta lo terminaría de confirmar. Organizada por la fundación Amagi, el protoespacio político hizo una fiesta rimbombante. Comida, periodistas varios, escenografía acorde, bandas invitadas, karaoke, baile y mucho espectáculo.

Volví rápidamente a mi casa y me dispuse a escribir el artículo “Nazareno Etchepare, el arquitecto del derrumbe”. En su momento fue muy efectivo. Tuvo buena repercusión en redes y mucha gente apoyó mis críticas. El cholulaje, la falta de comunicación política, la inexistencia de un plan, el potencial conflicto de intereses entre Etchepare y el submundillo liberal puesto que había sido eyectado de cambiemos hacia poco…

No hubo más fiestas, pero Etchepare seguía al mando del barco. Una buena cantidad de gente me apoyó, y otros me tomaron como enemigo. Por un mes y medio estuve al margen de los acontecimientos. No me invitaban a ningún evento, varios de mis amigos seguían colaborando en la campaña y yo continué discutiendo con tanta otra gente.

Entre enero-marzo de 2019 los equipos internos voluntarios del armado de Espert empezaron a corroerse anímicamente. Se produjeron divisiones internas por razones ideológicas y relacionadas a la falta de apoyo territorial y de planes de trabajo. Por otro lado, muchos de estos jóvenes se encontraban dispersos por el país, lo que tornaba difícil llevar a cabo iniciativas in situ. No hubo avances significativos en meses. Los empleados de Etchepare progresivamente quedaban solos. Para mediados de enero mis amigos se pusieron completamente en contra de Espert. Comenzamos a recibir agravios de quienes aún estaban allí por nuestros comentarios en redes.

La cercanía del cierre de listas en junio y de las primeras elecciones desdobladas comenzaba a sentirse. Espert comenzó a buscar apoyo en otros lugares, fuera de la capital. Intentó unir la UCeDe y se alió con el nuevo Partido Libertario de Córdoba. Realizó múltiples conferencias por el país con las cuales financiaba su campaña, y consiguió que empresarios relacionados al kirchnerismo (Fred Machado) le brindaran recursos en especie. Entre ellos, el avión y la camioneta que servían para transporte del candidato.

Pero aun había un problema. Para ser candidato a presidente, es necesario tener un partido político de orden nacional que soporte la candidatura. Es decir, debe estar inscripto en al menos 5 distritos/provincias y poseer personería jurídica en ellos. Ninguna de las estructuras burocráticas que tenía a disposición Espert era de orden nacional. Etchepare revisó cuales partidos de orden nacional se encontraban disponibles y encontró al partido UNIR, perteneciente a Alberto Asseff.

La relación entre Espert y Asseff estuvo mediada por Etchepare, el “experto” político. Nunca sabremos los pormenores de ese acuerdo. Pero sin dudas llamó la atención que Espert, muy contrario al peronismo haya arreglado con un personaje ligado al mismo. Esto causó la ruptura de muchos militantes e incluso del mismo Milei, quien firmó, junto a otros economistas mediáticos, una carta retirando todo apoyo al candidato.

El 12 de mayo de 2019 se llevaron a cabo las elecciones provinciales de Córdoba donde quedó de manifiesto la falta de organización, divisiones internas y carencia de control general por parte de los promotores de la campaña de Espert. En esas elecciones la UCeDe radicada en ese distrito y el Partido Libertario corrieron con listas separadas. El implícito apoyo de Espert a la UCeDe solo causó indignación en sus bases, que ideológicamente se sentían representadas por el Partido Libertario. Los resultados fueron catastróficos con relación a las expectativas. Ambos partidos sumados no llegaron al 1% de los votos. Creyeron que la ubicua presencia mediática de los economistas liberales o su presencia en Twitter haría una diferencia.

Resultado de las elecciones en Córdoba

Este golpe de realidad causó la ruptura con personajes de las redes como El Presto (quien trabajó en la campaña en Córdoba) Espert y principalmente de muchos jóvenes que no lograban comprender que había salido mal. Los siguientes días se cocinaría el cierre de listas. Asseff, quien había observado lo ocurrido en Córdoba y no mantenía una relación cercana con Espert, decide buscar nuevas alternativas. Pichetto, que pocos días antes había sido anunciado como candidato vicepresidente acercó a Asseff la posibilidad de ser diputado en la provincia de Buenos Aires por Cambiemos.

Gracias a contactos que mantengo, me había enterado por lo menos una semana antes y anuncié por las redes que Espert sufriría un importante revés. 2 días antes del cierre de listas se hace pública la rotura de Asseff y Espert queda huérfano de partido. El candidato acaparó los medios durante 48hs acusando a su ex socio de traidor y organizó una suerte de flash-mob en la cámara nacional electoral la noche del cierre de listas para pedir que le permitan correr a pesar de no contar con partido. La afluencia en esa reunión improvisada fue poca, pero suficiente para hacer show de “proscripción”. A muchos militantes les hicieron cargar ficticiamente las listas en el sistema oficial y sacarse fotos, un uso de gente que no había visto en mi vida.

Un capítulo al margen merece esta presencia ubicua en los medios. América TV, América 24 y C5N dieron lugar a mucha publicidad al candidato, incluso en las ridículas denuncias de terrorismo y atentados a su campaña a horas del cierre del listas cuando una piedra pegó en el parabrisas delantero de su camioneta. Espert tuvo lugar en estos medios por su presencia en Animales Sueltos y por razones de conveniencia política. También por su amigo y candidato a vicepresidente Luis Rosales, quien mantiene férreos contactos a lo largo del arco político argentino y exterior. Fue él quien hizo el puente con el famoso asesor americano Dick Morris. Espert en sí no mantenía una agenda de mucho valor.

Tuve acceso al sistema de carga virtual de listas gracias a mis contactos. Por un lado, cargaron mal los DNIs de sus candidatos y fueron encontrados varios casos de incompatibilidad por antecedentes penales. Por otro, nunca fueron entregadas en formato físico los papeles. Lo cual constó en los registros judiciales públicos que pueden consultarse en la web de forma gratuita. Es decir, armaron una ficción y usaron a sus militantes (quienes desconocían estos pormenores) para ello. Fui haciendo un seguimiento en redes de estos errores y malas prácticas. Los medios sacaban la información de allí, me consta.

Unas horas luego del cierre de listas, el partido UNITE, de orden nacional y perteneciente a José Bonacci arreglaría de forma extemporánea la candidatura de Espert. Este nuevo personaje, profundamente peronista y enemigo de Macri, percibía que podía dañar la candidatura de su enemigo dándole espacio a Espert, quien restaría más votos a Macri que a otros candidatos. La justicia hizo lugar y Espert pudo correr, aunque con varias dificultades. En principio, no tendría candidatos provinciales en ningún lugar fuera de Santa Fe y sus listas estarían conformadas por candidatos de UNITE.

Los siguientes dos meses fueron otro golpe de realidad. Hugo Bontempo, empleado de Espert y perteneciente a la UCeDe haría el intento de que permitieran incluir la lista de la Provincia de Buenos Aires bajo el nombre del partido UNIR, ya que consideraba que “no podían romper la alianza”. La justicia electoral no dio lugar a esto. Etchepare organizó un acto en el club Ferro para presentar candidatos, entre los que se encontraba la cosplayer Lilia Lemoine.

Los meses de campaña pura y dura dieron al público aún más muestras del naufragio político de Espert. Las ridículas publicidades de TV e infantiles programas de fidelización (Espertanos, Espertón y otros eventos destinados al público sub17) de militantes coordinadas por Lilia Bolukalo Lemoine solo causaron indignación entre los potenciales votantes, que veían a estas alturas a Espert como un improvisado más que como un candidato serio. Adicionalmente, la polarización entre Ms-Ks absorbería completamente la arena de disputa real. En este contexto, Espert recibió algunos endorsements, pero solo nominales y no de apoyo real. Ejemplos de esto fueron sus excompañeros de Animales Sueltos, la fundaciones liberales (que, para entonces, ya habían decidido apoyar a Cambiemos de forma real) y economistas del ámbito.

El fin de la accidentada aventura llegó el día de las PASO, donde Espert fue el candidato que menos votos recibió entre aquellos que superaron el umbral mínimo del 1.5%. Incluso fuerzas que tenían una menor tasa de conocimiento del candidato a presidente, como la derecha de Gómez Centurión recibieron mas votos.

Resultado electoral de las elecciones PASO en Argentina

El mismo día de los resultados, Espert realizó una poco concurrida conferencia de prensa donde anunció que el nuevo jefe de campaña sería Luis Rosales. Es decir, Etchepare sería despedido de su cargo. Solo tras chocarse con la más grande de las paredes, la del fracaso, Espert pudo ver quien había originado sus ilusiones y problemas.

Los meses siguientes hasta las elecciones generales fueron exclusivamente nominales. Espert no realizó mucha más campaña. Los empleados en su armado habían disminuido drásticamente tras la salida del exjefe de campaña y el mismo Etchepare acusó a Espert en los medios de recibir dinero de empresarios relacionados al kirchnerismo para su campaña. Curiosamente, se olvidó de mencionar que él era quien recolectaba ese dinero.

La experiencia de Espert y compañía debe servir como antecedente como manual de que practicas evitar a la hora de hacer política real. La intención de voto de Espert reflejada por las encuestas llegó al 8% meses previos a las elecciones. La seguidilla de errores no forzados, un mal jefe de campaña, la falta de experiencia política del sector liberal, inexistente capacidad de comunicación política general y nula organización de su gente sellaron su fracaso político.

En la continuación de esta nota voy a dedicar varios consejos y percepciones propias que creo pueden servir a quienes tomen algún tipo rienda política de cara a las legislativas de 2021. Escribiré un texto medianamente ajustado a ese sector. Ojalá les pueda servir. Personalmente dejé de llamarme liberal. Adopto la postura que me permita interceder en la realidad y aportar desde donde me pueda tocar, independientemente de ideologías. Los prejuicios son enemigos del consenso, y de la política.

*Fuente: AltMedia – Ignacio Tesón

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La intervención de la obra social de los peones rurales expone una disputa entre Karina Milei y Daniel Scioli por una caja millonaria

Una intervención estatal presentada como una “medida de ordenamiento” encubriría una disputa de poder por el control de recursos millonarios. En este caso, la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) y los actores que enlazan al gobierno del presidente Javier Milei con la vieja maquinaria política del sciolismo.

Según fuentes políticas consultadas por el medio Realpolitik, la llegada del abogado César Augusto Lococo como interventor habría contado con el aval de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, bajo la órbita de Karina Milei y el exgobernador bonaerense Daniel Scioli.

Scioli lleva más de dos años integrado la gestión libertario como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. Lejos de ser una figura decorativa, conserva operadores y terminales propias dentro del aparato estatal.

El detalle que ata los cabos es Guillermo Scarcella. La documentación periodística muestra que Scarcella y el interventor Lococo comparten el mismo domicilio fiscal y profesional en Cerrito 774, piso 2, CABA. Eso indica un vínculo profesional estrecho entre ambos, aunque no prueba por sí solo una irregularidad formal.

Scarcella es señalado como un operador político con trayectoria en el aparato sciolista. Presidió Aguas Bonaerenses SA (ABSA) durante toda la gestión de Scioli como mandatario de la provincia de Buenos Aires y, con el paso de los años, quedó bajo la mira judicial y política. Elisa Carrió lo denunció como presunto testaferro de Scioli e incluyó su nombre en una causa por fraude, lavado de dinero y administración fraudulenta.

En 2016, además, lo nombró como uno de los administradores de las llamadas “cajas negras” del Estado bonaerense durante el sciolismo. Más tarde, en 2018, fue citado a indagatoria por el fiscal Álvaro Garganta, quien dio por probada la realización de 22 contratos irregulares por casi $63 millones en beneficio de un exsocio suyo durante su paso por ABSA. En 2020, finalmente, una nueva denuncia penal volvió a ponerlo en el centro de la escena al acusarlo de defraudación por administración fraudulenta, extorsión y lavado de activos en el marco de un negocio privado.

En pocas palabras, Scarcella es un nombre con judicialización activa, vinculado históricamente al manejo ilícito de recursos públicos, y hoy aparece como articulador del nuevo interventor de una de las obras sociales más grandes del país.

OSPRERA es la obra social del sindicato de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) que agrupa a los peones rurales de todo el país. No es una obra social menor, ya que tiene entre 500.000 y 700.000 afiliados, y por sus cuentas circulan alrededor de $10.000 millones mensuales. Es, en síntesis de quienes siguen la causa, “una caja sindical que todos miran”.

Esa caja —contratos con prestadores de salud, medicamentos, clínicas, delegaciones territoriales— la convierte en un botín político de primer nivel. Cronológicamente fue disputada por el Partido Justicialista (PJ), el PRO, y hoy también por La Libertad Avanza (LLA).

¿Por qué fue intervenida?

En agosto de 2024, el gobierno de Milei decretó la intervención de OSPRERA mediante el Decreto 720/2024, argumentando graves irregularidades institucionales, económico-financieras y prestacionales. El blanco político fue José Voytenco, secretario general de la UATRE. Una auditoría posterior detectó una deuda de casi $100.000 millones y un déficit mensual de $4.200 millones.

Sin embargo, lo que se presentó como una intervención técnica tuvo desde el inicio una dimensión política clara. Varios mensajes de WhatsApp extraídos del celular del primer interventor, Marcelo Petroni, revelaron que el mismo interventor se jactaba de representar a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, escribiéndole a un contacto: “Nosotros somos Lule y Karina”. Otro mensaje decía: “Nadie más que los Menem está impulsando la intervención de UATRE”. Estos chats son la prueba clave en una actual causa judicial.

— Guillermo Scarcella, exfuncionario de la provincia de Buenos Aires y empresario

Lejos de “ordenar” la obra social, la primera intervención dejó un rastro de sospechas graves. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, los interventores designados por Milei autorizaron 193 transferencias por más de $7.700 millones a la droguería Suizo Argentina, una empresa ya investigada por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Además, la empresa HTECH Innovation, propiedad de Sergio Aguirre —socio comercial de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados— recibió contratos por más de $266 millones durante la intervención. En julio de 2026, el juez federal Sebastián Casanello embargó los bienes de HTECH y citó a indagatoria a Aguirre, junto a dos exinterventores.

El 13 de enero de 2026, Casanello ordenó restituir el directorio de OSPRERA a sus autoridades legítimas, Voytenco incluido, considerando que la situación crítica que había justificado la intervención “hoy estaría sustancialmente superada”. Pero el gobierno apeló y la Sala 2 de la Cámara Federal revocó ese fallo. Con la intervención revalidada judicialmente, el Ejecutivo dictó el Decreto 127/2026 y designó a un nuevo interventor, el propio Lococo.

La investigación judicial avanza en múltiples frentes simultáneos. Si los contratos firmados durante la nueva intervención de Lococo generan cuestionamientos similares a los que ya llevaron a indagatoria a sus predecesores, la trama podría escalar desde la Superintendencia de Salud hasta el Congreso y Comodoro Py.

*Con información de Realpolitik

El Ejército Argentino le prohibió a su personal difundir quejas y denuncias en redes sociales

En junio de 2026, el Ejército Argentino implementó la Orden Especial JEMGE Nro. 113/26 (Anexo 6), firmada por el teniente general Oscar Santiago Zarich y el general de brigada Roberto Martín Baroni. Este severo código regula la conducta digital en plataformas como Facebook, Instagram, X y WhatsApp, aplicando una fiscalización punible sobre las cuentas particulares de oficiales, suboficiales, soldados y, de manera muy controvertida, del personal civil de la institución.

La normativa prohíbe, taxativamente, la difusión de quejas, reclamos y/o manifestaciones públicas, obligando a tramitar toda inquietud por los conductos oficiales. El control digital avanza sobre las interacciones cotidianas al equiparar normativamente un simple “me gusta” (like) a publicaciones críticas o satíricas con una declaración formal de inconformidad, expandiendo la responsabilidad disciplinaria al comportamiento pasivo y prohibiendo el reenvío de información de la prensa civil.

Karina y Javier Milei junto a Carlos Presti, Ministro de Defensa.

Esta dureza busca ocultar el colapso material y operativo de la defensa nacional, donde gran parte del personal percibe salarios por debajo de la línea de la pobreza que obligaron a autorizar el pluriempleo. Al ahogo presupuestario se suman deficiencias en la obra social IOSFA y crisis extremas como el reciente corte de luz en instalaciones clave por deudas impagas superiores a los 60 millones de pesos, funcionando la directiva como una mordaza ante un personal sin derecho a huelga.

Anexo 6 de la Orden Especial JEMGE 113/26 publicada, gentileza de Real Politik.

La mordaza digital expone una contradicción brutal y un patrón sistémico de verticalismo en el poder, chocando de frente con las promesas de libertad y aceptación del disenso que pregona el presidente Milei. La realidad de la gestión contradice el relato oficial y se alinea con las confesiones explícitas de la primera línea oficialista: la senadora Florencia Arietto advirtió que en este proyecto “no hay lugar para librepensadores”, mientras que la hermanísima secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sentenció que las decisiones del Gobierno no se cuestionan, una postura que el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encargó de replicar y convalidar.

*Por Augusto Grinner

Autorizado por el Gobierno, Flybondi no vuela hace diez días pero sigue vendiendo pasajes

Flybondi atraviesa su peor crisis. La compañía cesó sus operaciones comerciales el 2 de julio y acumula diez días sin despegar un solo avión. Mientras el servicio permanece paralizado, la empresa mantiene activa la venta de pasajes en su web, captando clientes para vuelos que no está en condiciones de cumplir.

El desplome operativo pulveriza las promesas del accionista Leonardo Scatturice, quien tras anunciar una inversión de 1.700 millones de dólares y la incorporación de 35 aviones, sólo logró mantener una aeronave en servicio. De las 20 unidades activas a principios de año, la flota se redujo al mínimo, dejando en evidencia el colapso total de su estructura.

Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, actuó de puente entre Donald Trump y Javier Milei.

La estafa al pasajero

Los usuarios denuncian recibir avisos de cancelación el mismo día del viaje, lo que los deja a la deriva y atrapados en un proceso burocrático para recuperar su dinero.

Ante la falta de soluciones, los pasajeros damnificados comenzaron a agruparse. A través de la iniciativa impulsada por el estudio Montoya & Asociados y la organización Vuelo Tarde, se lanzó un amparo colectivo para reclamar los reintegros adeudados. La medida busca representar a quienes fueron víctimas de un servicio cobrado y nunca prestado.

Aeronave de Flybondi durante la cuarentena.

Inacción gubernamental y causas de la crisis

El colapso de Flybondi ocurre bajo la mirada pasiva de las autoridades nacionales. Ni la Secretaría de Transporte ni la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) han intervenido para frenar la comercialización engañosa de pasajes, permitiendo que la aerolínea siga recaudando fondos por servicios inexistentes mientras los pasajeros quedan sin respuestas.

El Estado no es un mero espectador; es el responsable de auditar la capacidad técnica y financiera de las empresas que operan en el país. Al omitir su rol de control y permitir la venta de tickets sin sustento operativo, el Gobierno habilita, por acción u omisión, un esquema que perjudica directamente a los usuarios.

La crisis tiene raíces profundas. La empresa acumula deudas millonarias, incluyendo servicios impagos de alojamiento y reclamos judiciales de firmas como Tienda León. Además, enfrenta dos pedidos de quiebra y una creciente tensión laboral por sueldos adeudados, factores que, sumados a las dificultades para abastecerse de combustible, explican la parálisis total de sus rutas.

*Por Augusto Grinner

El “Pollo” Sobrero se reunió con Villarruel y le advirtió sobre un “inminente colapso” del sistema ferroviario

La interna en el Poder Ejecutivo sumó un nuevo capítulo de tensión en el Congreso. En su despacho, la vicepresidente Victoria Villarruel recibió al secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, en un extenso encuentro enfocado en el estado crítico de los trenes. La audiencia representa un gesto de marcada autonomía por parte de la titular de la Cámara Alta, fijando una clara diferenciación con la estrategia política que se digita desde la Casa Rosada bajo la conducción de Javier Milei.

La reunión se produjo luego de que el dirigente sindical advirtiera públicamente sobre el colapso del sistema y el peligro inminente de un choque de trenes. A pesar de los reparos ideológicos que el encuentro podía despertar, Sobrero obtuvo una respuesta inmediata por parte de la vicepresidente, quien accedió a escuchar las denuncias de los trabajadores ferroviarios en una audiencia que se extendió por casi dos horas.

Desde el entorno de Villarruel justificaron la actividad argumentando que la presidencia del Senado recibe a todos los actores del entramado logístico y productivo del país. Lejos de la confrontación discursiva habitual del Gobierno, los colaboradores de la vicepresidente lanzaron un duro dardo hacia la gestión central al señalar que es de una inmadurez política notoria ideologizar el tema de los trenes, sobre todo cuando se discuten inversiones para garantizar la seguridad y la eficiencia de la red.

Formación descarrilada recientemente en la línea Sarmiento.

La advertencia de masacre

Tras la audiencia, Sobrero calificó la reunión como muy buena y aseguró que la vicepresidente quedó muy preocupada por la situación límite descrita en los informes técnicos. El dirigente sindical de la rama combativa ferroviaria fue tajante al señalar que el sistema está colapado y el Gobierno no hace nada, al tiempo que advirtió que la intención oficial es avanzar en el desfinanciamiento y vaciamiento de los talleres para forzar la privatización de las líneas.

La denuncia gremial apuntó directamente contra la inacción del Poder Ejecutivo tras la declaración de la emergencia ferroviaria dictada en mayo de 2024, luego del choque de formaciones en Palermo. Según Sobrero, dicha medida fue puro humo ya que no se transfirieron los 1.200 millones de pesos presupuestados por decreto para obras críticas de seguridad y mantenimiento, fondos indispensables para revertir el descalabro operativo y la pérdida de personal calificado

Los datos técnicos presentados ante el Senado exponen la gravedad del escenario: sólo en la línea Sarmiento se registraron 101 descarrilamientos durante el primer cuatrimestre del año. A esto se suman componentes obsoletos con más de 60 años de antigüedad y alarmantes informes de la Auditoría General de la Nación, que confirman que el presupuesto ejecutado para mantenimiento apenas cubrió el 29% de las necesidades del sector, obligando a reducir la velocidad de las formaciones por fallas de seguridad.

22 de febrero de 2012, cuando la tragedia de Once marcó la vida de cientos de personas.

El frente legislativo y la presión al Ejecutivo

La visita de Sobrero al Senado formó parte de una ronda de reuniones para comprometer a todo el arco político. Antes de ingresar al despacho de la vicepresidente, el dirigente ferroviario mantuvo un encuentro con el interbloque de senadores del PJ, encabezado por José Mayans, Eduardo “Wado” de Pedro y Jorge Capitanich. Los legisladores de la oposición coincidieron en el diagnóstico del abandono estatal y se comprometieron a impulsar un pedido de informes parlamentario sobre el destino de los fondos ferroviarios.

Con el objetivo de exponer la gravedad de la crisis ante todas las fuerzas, el cuerpo de delegados también extendió el pedido de audiencia a la jefa de la bancada libertaria en la Cámara Alta, Patricia Bullrich. Asimismo, el sindicalista confirmó que la presentación de los informes técnicos continuará durante las próximas semanas en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura porteña, buscando forzar la intervención del Congreso para liberar los recursos asignados a la seguridad vial.

Rubén “Pollo” Sobrero, Eduardo “Wado” de Pedro, José Mayans y Jorge “Coqui” Capitanich.

Frente a la presión ejercida por las denuncias gremiales y la repercusión del encuentro institucional en el Senado, la empresa estatal notificó la interrupción programada del servicio del Tren Sarmiento durante cuatro días de julio para la realización de nueve obras de infraestructura urgentes. Aunque desde el sindicato calificaron la medida como un avance auspicioso, advirtieron que es sólo el inicio de las tareas necesarias para garantizar la seguridad de los miles de usuarios que viajan a diario.

*Por Augusto Grinner

Milei habilitó por decreto la exploración petrolera del Mar Argentino a una firma británica con sede en un paraíso fiscal

Mientras el fervor popular se concentraba en la semifinal del Mundial contra Inglaterra, ese foco mediático fue aprovechado por el Gobierno nacional para concretar una medida estratégica de alto impacto. En la antesala del encuentro, Javier Milei oficializó la entrega de áreas clave del Mar Argentino para la explotación de hidrocarburos.

El instrumento elegido fue el Decreto 590/26, publicado en el Boletín Oficial del miércoles 15 de julio. La norma instruye a la Secretaría de Energía a convocar a un concurso público internacional para otorgar un permiso de exploración y explotación sobre el área CAN 200, una zona estratégica de costa afuera de aproximadamente 5.000 km2.

La decisión desnuda una paradoja política: mientras el oficialismo mantiene un discurso de supuesta confrontación con el Reino Unido en el marco de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, por vía administrativa la letra de este decreto habilita a una empresa británica a instalarse en aguas nacionales.

El movimiento no parece casual. La publicación del decreto en un momento de distracción social masiva evita el escrutinio público sobre una medida que, de otra forma, habría despertado una reacción inmediata por su carga simbólica y geopolítica.

Parte del decreto firmado por Javier Milei, Luis “Toto” Caputo y Diego Santilli.

El beneficiario y la jurisdicción

La empresa protagonista de esta maniobra es Challenger Energy Group PLC. Se trata de una firma de origen británico, con sede operativa y legal en la Isla de Man, un territorio reconocido mundialmente como una plaza financiera de baja o nula tributación, lo que en la jerga se conoce como un “paraíso fiscal”.

La compañía presentó su manifestación de interés el 14 de febrero de 2025. Su objetivo es claro: el área CAN 200, situada a 350 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Challenger Energy busca posicionarse en el margen atlántico mediante la adquisición de licencias de exploración de bajo costo y alto impacto.

Ubicación del área a explotar por los ingleses, diagrama elaborado por el Ejecutivo Nacional.

En su estrategia global, la firma se encuentra en una fase de reestructuración profunda. Desprendiéndose de sus activos terrestres, la petrolera británica ha concentrado su apuesta en la explotación offshore en el Cono Sur, con intereses operativos en Uruguay, Bahamas, Surinam y Trinidad y Tobago. Hoy, gracias a la rúbrica de Milei y sus ministros, Argentina se suma a esa lista de activos bajo la lupa de una corporación que cotiza en la Bolsa de Londres.

Ubicación geográfica de Isla de Man, de tan sólo 50 km de largo por 18 km de ancho.

El conflicto de intereses

La coincidencia geográfica entre los intereses de Challenger Energy Group PLC y la arquitectura financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, no pasa desapercibida. La Isla de Man es, precisamente, la plaza elegida por Caputo para gestionar parte de su patrimonio declarado.

Esta superposición entre el beneficiario del decreto y el destino de los fondos del ministro responsable de la firma pone sobre la mesa un interrogante ineludible sobre posibles conflictos de interés. Mientras el Estado convoca a un concurso para una petrolera británica, los ojos del mundo financiero observan la trazabilidad de los activos que gestiona quien impulsa la medida.

El Gobierno, en su afán por atraer inversiones, parece ignorar la opacidad que rodea a estas plazas financieras. La pregunta que surge es si la licitación responde a una política de desarrollo nacional o a una conveniencia funcional entre quienes gestionan los hilos del Estado y la jurisdicción donde se resguarda su capital personal.

Javier Milei junto a Luis “Toto” Caputo, su Ministro de Economía.

La letra chica y la soberanía

El Decreto 590/26 no sólo abre la puerta a la exploración británica, sino que garantiza condiciones blindadas para el inversor. El texto oficial autoriza expresamente la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales, asegurando que cualquier conflicto futuro se dirima fuera de los juzgados argentinos.

Esta cláusula, que coloca a la justicia nacional en un segundo plano, se complementa con un listado detallado de bienes estatales que mantienen su inmunidad de ejecución. Sin embargo, este resguardo de activos parece ser una medida preventiva técnica, mientras que el control del recurso hidrocarburífero queda sujeto a marcos legales internacionales y arbitrajes extranjeros. En la práctica, esto implica que, ante cualquier desavenencia, la empresa británica tendrá la cancha inclinada a su favor en tribunales foráneos.

Esta entrega de soberanía jurídica se contrapone con el potencial que el país tiene para fortalecer su reclamo territorial. Al ceder la jurisdicción a entes externos, el Gobierno renuncia a una de las herramientas soberanas más valiosas para el desarrollo de su plataforma continental.

Contexto de tensiones

La licitación coincide con una fuerte tensión diplomática: mientras la Cancillería protestaba formalmente por la incursión ilegal del buque británico HMS Medway en nuestro mar, el Ejecutivo firmaba el decreto que abre la puerta a otra firma británica.

Mientras el oficialismo relativiza el valor simbólico de la disputa, la realidad administrativa del Boletín Oficial es contundente: el Ejecutivo prioriza la cesión de recursos y soberanía jurídica a actores británicos en pleno conflicto por la integridad territorial.

*Por Augusto Grinner

La gestión de Kicillof pagó $1.265 millones en intereses por atrasarse con proveedores

Según un informe oficial dado a conocer recientemente, la administración de Axel Kicillof destinó más de 1.265 millones de pesos al pago de intereses moratorios, generados por la cancelación fuera de término de facturas de proveedores y certificados de obra. La cifra surge del fallo con el que el Tribunal de Cuentas aprobó la rendición de la Tesorería General bonaerense, conducida desde entonces por David René Jacoby, tristemente célebre por su procesamiento en la causa del dólar futuro.

No se trata de una inversión, una obra pública ni una mejora en los servicios provinciales. Son recursos que el Estado bonaerense debió desembolsar exclusivamente porque pagó tarde. En otras palabras, más de 1.265 millones salieron de las arcas públicas para cubrir el costo financiero de la propia ineficiencia administrativa.

El informe señala que los intereses fueron generados por facturas de proveedores y certificados de obra abonados después de sus vencimientos. El organismo de control revisó una muestra equivalente al 78,15 por ciento del total y no detectó errores materiales en las liquidaciones. Sin embargo, que los intereses hayan sido correctamente calculados no responde la pregunta central: por qué la gestión de Kicillof dejó vencer esas obligaciones y quién permitió que la mora alcanzara semejante dimensión.

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Una factura que pagan todos los bonaerenses

La responsabilidad política recae sobre el gobierno de Kicillof, mientras que la administración financiera estuvo a cargo del tesorero general David JacobyPese al volumen del gasto improductivo, el fallo no identifica el detalle de los organismos que demoraron los pagos, a los proveedores beneficiados por los intereses ni a los funcionarios responsables de la cadena administrativa.

El silencio resulta especialmente grave porque el dinero pagado en concepto de mora podría haberse destinado a hospitales, escuelas, seguridad o infraestructura. Mientras, el gobierno provincial denuncia restricciones presupuestarias y reclama mayores recursos, su propia Tesorería reconoce que más de mil millones terminaron absorbidos por atrasos administrativos.

— David René Jacoby

La situación coincide, además, con una fuerte ampliación del presupuesto de la Tesorería. Los créditos para gastar pasaron de 1.522 millones a 6.695 millones de pesos, luego de una incorporación superior a los 5.173 millones. El presupuesto definitivo terminó siendo más de cuatro veces superior al originalmente previsto.

Una auditoría incompleta

El fallo también admite que los auditores no pudieron acceder a las bases de datos de los contratos de servicios celebrados por la provincia bajo la ley 14.815. Esa limitación impidió completar el análisis destinado a detectar incompatibilidades entre la planta de personal de la Tesorería y los contratos de servicios provinciales. Pese a ello, el Tribunal resolvió aprobar la rendición.

El resultado expone una combinación tan inquietante como insólita: una Tesorería que pagó una fortuna por intereses, una auditoría que no pudo acceder a toda la información y una resolución aprobatoria que no individualizó responsabilidades.

La gestión Kicillof deberá explicar ahora qué dependencias originaron las demoras, cuánto recibió cada proveedor, qué obras acumularon intereses y qué medidas adoptó David Jacoby para evitar que la mora siguiera drenando recursos públicos. Hasta entonces, el dato permanece: la provincia pagó más de 1.265 millones por llegar tarde.

*Fuente: Realpolitik

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