20 junio, 2025

Espert presentará un pedido de JUICIO POLÍTICO contra Alberto Fernández

El diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert, considera que Alberto Fernández debería ser destituido "por mal desempeño".
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Los fundamentos del legislador liberal se basan, según las declaraciones de Espert en el noticiero de TN, en el mal manejo de la pandemia: “Esto arranca con la cuarentena cavernícola que destrozó la vida de adolescentes, destrozó comercios y empresas mientras el Presidente no solo hacía fiestitas en Olivos sino que además privilegiaba la relación geopolítica con Rusia y China en lugar de tirarse encima sobre las Pfizer americanas para vacunar a la gente. Acá han muerto personas por su culpa”, argumentó y también arremetió a Alberto por sus dichos contra el campo, por los “20 mil millones de dólares que no liquidan”: “Esto también es un mal desempeño de funcionario público”, explicó.

“El productor agropecuario produce soja y le venden pesos, tiene derecho a quedarse a dormir entre la soja si quiere”. “Acá hay una locura colectiva que dice que los dólares son del Banco Central porque los dólares son de la sociedad”, diagnosticó.

Por estos motivos y fundamentos, sentenció: “Alberto Fernández ya no debería ser Presidente de nuestro querido país”.

EL PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO

El pedido de juicio político es respaldado por su compañera de banca, Carolina Píparo y por unos pocos diputados. En cuanto a la negativa de Juntos por el Cambio en acompañar este proyecto, José Luis los tildó de “cobardes” y aseguró que “le tienen miedo a Cristina”.

En ese contexto, se explayó: “Ya le tuvieron miedo, por eso la mantuvieron viva sin meterla en cana durante el Gobierno de Macri (Mauricio) para agrandar la grieta, cuando todo el mundo sabe que Cristina es chorra y va con pistola en mano contra la Justicia… ¿Cómo no le vamos a hacer juicio política a Cristina, antes y a Alberto Fernández ahora?”, comentaba el diputado.

Diputado José Luis Espert con Diego Sehinkman en #SoloUnaVueltaMás po TN – 24/07/2022

“Vamos a iniciar un juicio político contra el Presidente Alberto Fernánez”

Estos cuestionamientos abrieron más interrogantes, y Espert continúo: “Si Alberto Fernández es un inútil que está llevando a la sociedad a la ruina, ¿Solo por especulación política no vamos a ir en contra de Alberto Fernández”, cuestionaba entre líneas a la oposición.

La oposición no acompañó el pedido

La negativa de Patricia Bullrich ante el pedido de respaldo a este proyecto no cayó nada bien en el sector liberal, ante este rechazo José Luis dictaminó: “Quiere que el país se incinere de la mano del inútil de Alberto Fernández y que quede claro que el problema es del Frente de Todos pero no se da cuenta -o no quiere tener en cuenta- que la gente va a sufrir de la mano del inútil de Alberto Fernández”.

https://twitter.com/jlespert/status/1551543050366763011?s=20&t=ctfi9SOOn655l0Ecev3I3Q

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Laner reivindicó la reforma del Consejo de la Magistratura y defendió concursos “transparentes y basados en el mérito”

La diputada provincial Carola Laner (Juntos por Entre Ríos) celebró la media sanción que la Cámara baja otorgó al proyecto que modifica la Ley 11.003 y redefine el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La legisladora calificó la iniciativa como “una reforma valiente, justa y profundamente necesaria para nuestra provincia” y subrayó que el objetivo central es “decidir cómo queremos que se elijan quienes van a impartir Justicia en Entre Ríos: que lo hagan por mérito, con transparencia y con reglas claras”.

Según Laner, el texto aprobado constituye “una reparación urgente” ante la imposibilidad actual del Consejo de cumplir su función esencial: seleccionar magistrados y funcionarios mediante concursos “públicos, abiertos y transparentes”. Recordó que la norma vigente, sancionada hace poco más de dos años, fue aprobada “sin planificación ni voluntad política de implementación”, lo que dejó al organismo sin herramientas operativas para sostener requisitos como el banco de casos. “Hoy nos encontramos con un órgano que debería estar activo, produciendo ternas y garantizando idoneidad. Frente a esa parálisis no hay lugar para especulaciones ni para discursos retóricos. Hay que actuar”, enfatizó.

Entre los cambios que consideró más relevantes, la diputada destacó la publicación digital de todos los expedientes —“no más decisiones entre cuatro paredes”— y la eliminación del recurso directo ante el Superior Tribunal de Justicia, que a su juicio solo generaba dilaciones. El proyecto también crea jurados especializados para evaluar a los aspirantes, restablece el orden de mérito en las ternas y habilita concursos anticipados para evitar vacancias prolongadas y designaciones provisorias poco claras.

Respecto del banco de casos, Laner señaló que la reforma lo mantiene como ideal, pero reconoce que hoy no puede aplicarse. El texto, añadió, “se abre incluso a la posibilidad de desarrollarlo en el futuro, con tecnología, inteligencia artificial y herramientas modernas”, aunque advirtió que la Justicia no puede seguir esperando mientras los cargos permanezcan sin cubrirse.

“Quienes tenemos responsabilidades institucionales no podemos confundir la exigencia con el obstáculo”, concluyó la diputada. “El perfeccionismo mal entendido no puede ser la excusa para dejar a la Justicia sin jueces ni a los entrerrianos sin las respuestas que necesitan”. Ahora el proyecto pasará al Senado provincial, donde deberá obtener el respaldo definitivo para convertirse en ley.

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Denunciaron por violencia de género y acoso laboral a un jefe regional de IOMA

La diputada provincial Natalia Dziakowski denunció que empleadas de las delegaciones del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) en General Lavalle y Dolores sufrieron violencia de género, acoso laboral y traslados arbitrarios por parte del jefe regional, Víctor Manuel Casanova. Las afectadas presentaron recursos de amparo y denuncias administrativas, pero no obtuvieron contestación del organismo que conduce Homero Giles ni del Ministerio de Salud bonaerense, encabezado por Nicolás Kreplak.

“Las trabajadoras de IOMA en General Lavalle y Dolores han denunciado acoso laboral, violencia de género y desplazamientos arbitrarios por parte del jefe regional, Víctor Casanova”, remarcó Dziakowski. La legisladora exigió que el gobernador Axel Kicillof intervenga de inmediato: “Exigimos medidas urgentes para proteger a las trabajadoras y sancionar a los responsables. La violencia institucional no puede ser tolerada”.

Referentes de la delegación señalaron que desde la apertura de ambas sedes, en 2001, no se registraron episodios semejantes hasta la designación de Casanova. En poco más de un año se acumularon al menos tres denuncias formales por acoso, hostigamiento, amenazas y violencia de género, lo que despertó alarma dentro del organismo. “Es preocupante que estas situaciones se repitan en varias regiones, evidenciando una red de abusos y complicidades institucionales”, advirtió la diputada.

Casanova, además de su cargo en el IOMA, es concejal de Unión por la Patria en Dolores, militante de La Cámpora y mantiene vínculos políticos con el intendente Juan Pablo García. Llegó a la jefatura regional tras ser removido de la oficina local de la ANSES y afirmó haber trabajado en el área de Minoridad provincial. Amparado en la Ley 10.430, conserva la reserva de su puesto en la administración pública.

– El polémico Víctor Casanova y el intendente Juan Pablo García

Mientras tanto, la crisis del IOMA sumó cuestionamientos legislativos. El senador PRO Marcelo Leguizamón pidió explicaciones sobre la atención en salud mental; su par Ariel Bordaisco impulsó en Change.org una campaña por la autarquía financiera de la obra social. El diputado Diego Rovello reclamó que Homero Giles regrese a la Legislatura para detallar la situación económica del instituto, y el jefe de bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, solicitó discutir la crítica realidad del IOMA durante el tratamiento del Presupuesto 2025.

Hasta la fecha, ni el IOMA ni el Ministerio de Salud dictaron medidas frente a las denuncias, y algunas trabajadoras avanzaron con acciones judiciales para visibilizar los hechos.

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Detuvieron en El Bolsón al terrorista Facundo Jones Huala

El extremista, Facundo Jones Huala, fue detenido el domingo 8 de junio de 2025 en El Bolsón, provincia de Río Negro, por orden de la Justicia. Los cargos que se le imputan son intimidación pública, incitación a la violencia, apología del crimen y asociación criminal terrorista.

La detención del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), fue ejecutada por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) en un domicilio de El Bolsón durante horas de la madrugada. El operativo fue comunicado públicamente por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien utilizó sus redes sociales para anunciar el arresto del líder mapuche.

La RAM es una organización violenta y terrorista. Con nosotros no hay impunidad. Los argentinos del sur merecen vivir en paz y que esta vez no lo suelten, afirmó el anuncio público por parte de la ministra Bullrich, en su cuenta oficial de X.

La Sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche, a cargo de la investigación, deberá demostrar que las declaraciones del activista configuran efectivamente los ilícitos. El delito de apología del crimen, específicamente tipificado en el artículo 213 del Código Penal argentino, establece que “será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”.

Según fuentes oficiales, las autoridades lograron ubicarlo mediante el seguimiento de las actividades de su madre, Isabel Huala, quien figuraba como oradora en una feria artesanal programada para ese domingo en Bariloche, así como a través del monitoreo de su expareja, Andrea Yanina Millañanco, residente en El Bolsón.

El gobierno nacional y las autoridades chilenas han clasificado a la RAM como una organización terrorista. Los cargos atribuidos se originaron en declaraciones públicas realizadas por su exmandatario a comienzos de 2025, durante la presentación de un libro de su autoría, donde reivindicó la lucha armada y hechos atribuidos a la RAM. Las denuncias fueron impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional y el gobierno de Chubut, quienes sostienen que sus declaraciones podrían acarrear “delitos federales al alentar públicamente la violencia como método de acción política”.

– Isabel Huala, madre de Facundo Jones Huala

La organización en cuestión, se define como un movimiento político y organización paramilitar que busca la “reivindicación y ocupación de territorios que consideran pertenecientes al pueblo mapuche dentro de Argentina”, que opera principalmente en las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza, utilizando métodos de ocupaciones territoriales, sabotajes y ataques incendiarios como formas de protesta.

La trayectoria judicial de Jones Huala incluye condenas tanto en Argentina como en Chile. En 2018, fue condenado por la justicia chilena a nueve años de prisión por su participación en un ataque incendiario ocurrido en 2013 en la localidad de Río Bueno, región de Los Ríos, además de cargos por portación de armas de fuego.

En 2022, Jones Huala obtuvo la libertad condicional en Chile, beneficio que posteriormente fue revocado por la Corte Suprema chilena, generando una orden de búsqueda internacional. Tras esta revocación, permaneció prófugo hasta enero de 2023, cuando fue detenido en El Bolsón por fuerzas argentinas. Durante su detención en Argentina, el activista realizó diversas manifestaciones, incluyendo una huelga de hambre, para evitar su extradición a Chile y poder cumplir la condena en territorio argentino. Sin embargo, en enero de 2024, fue efectivamente extraditado a Chile, donde completó el cumplimiento de su condena, siendo liberado en agosto de 2023 al computarse los años ya cumplidos.

Redacción

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El Gobierno descontará el día a los estatales que no trabajen para apoyar a Cristina

El Gobierno de Javier Milei dispuso descontar la jornada salarial a los empleados públicos que se sumaron al paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras centrales en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de la sentencia que la inhabilitó y le impuso seis años de prisión. La Dirección de Recursos Humanos notificó a cada organismo que relevara a los agentes ausentes con el argumento de “garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales”.

ATE decretó un paro nacional con movilización hacia los tribunales de Comodoro Py y el departamento de la ex jefa de Estado en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución. “Paramos y nos movilizamos en defensa de la democracia, contra la proscripción y la persecución judicial”, señaló el gremio en un comunicado oficial. Su secretario general en la Ciudad, Daniel Catalano, ratificó que la protesta se realizaría “independientemente de lo que suceda” y advirtió: “Si el tribunal federal le toma declaración por Zoom, vamos a marchar igual”.

La medida del Ejecutivo también alcanzó a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). Su titular, la diputada Vanesa Siley, sostuvo: “El movimiento obrero tiene que apoyar a Cristina. Ella se merece todo el acompañamiento de todos los sectores”. Además, confirmaron su adhesión la CTA Autónoma de Hugo “Cachorro” Godoy, la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky y La Bancaria de Omar Palazzo.

El cronograma de la protesta incluyó primero una concentración frente a los tribunales federales y luego una marcha hacia la residencia de la ex mandataria. Movimientos sociales como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y Libres del Sur anunciaron columnas propias. La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con el Partido Justicialista y otorgó libertad de acción a sus sindicatos.

Mientras los gremios subrayaron que “el derecho a huelga es constitucional” y calificaron el descuento salarial como “un intento de disciplinamiento”, el Gobierno ratificó que “actuaría de acuerdo con las normas vigentes”. Servicios considerados esenciales en salud y seguridad funcionaron con guardias mínimas, según la pauta sindical interna.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, reforzó el operativo antipiquetes: valló la Casa Rosada y otros edificios nacionales, colocó cortes de tránsito controlados y desplegó a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El comando unificado también destacó agentes en los accesos a la Ciudad y mantuvo en alerta el protocolo para despejar cortes si fuera necesario.

La Casa Rosada celebró que el juez del Tribunal Oral Federal N.º 2, Rodrigo Gorini, notificara a la ex presidenta por videoconferencia y autorizara la prisión domiciliaria, al considerar que la medida ayudó a “mantener la paz social”. No obstante, el Ejecutivo sostuvo el dispositivo de seguridad, ya que sectores kirchneristas redireccionaron parte de la convocatoria hacia Plaza de Mayo para las 14.

En paralelo, el gobierno porteño expresó su preocupación por el impacto de la custodia permanente en la esquina de San José y Humberto Primo, tras las quejas de los vecinos por las manifestaciones recurrentes. Pese a la modificación del esquema judicial, la administración de Jorge Macri continuó coordinando con Nación la contención de eventuales disturbios.

Con el descuento del día, la intimación a los estatales y el despliegue de fuerzas federales, la gestión libertaria buscó desactivar o reducir la magnitud de una movilización que, aun así, reunió a sindicatos, organizaciones sociales y militancia kirchnerista en defensa de Cristina Kirchner.

Redacción

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Cristina Kirchner deberá devolver $84 mil millones al Estado

La Corte Suprema de Justicia confirmó este martes la condena contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, y con ello dejó firme una de las sanciones económicas más relevantes de la historia judicial argentina: la devolución de aproximadamente 84.000 millones de pesos al Estado Nacional, dinero que, según la sentencia, fue desviado en una maniobra de corrupción mediante contratos de obra pública adjudicados de manera irregular.

El máximo tribunal rechazó por unanimidad las apelaciones de la defensa de la ex mandataria y de otros ocho condenados, dejando sin efecto cualquier posibilidad de revisión de la sentencia dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2 y ratificada en noviembre pasado por la Cámara de Casación Penal. La condena incluye seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y, como eje central, el decomiso millonario.

Este decomiso, que había sido homologado previamente por la Cámara de Casación, representa el monto que la Justicia determinó como perjuicio directo contra la administración pública tras años de maniobras fraudulentas en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz. La cifra multimillonaria deberá ser reintegrada a las arcas estatales, ya sea mediante bienes, activos o sumas de dinero embargadas y posteriormente liquidadas.

El fallo de la Corte Suprema, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los planteos de Cristina Kirchner y dejó firme la condena que la responsabiliza como coautora de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado. Según la Justicia, durante su mandato se instrumentaron decisiones administrativas y decretos presidenciales que facilitaron el desvío de fondos públicos a empresas vinculadas a Lázaro Báez, principal beneficiario del esquema de corrupción.

Entre los puntos clave del fallo se destaca la intervención de Cristina Kirchner a través del Decreto PEN N° 54/2009, que modificó el manejo de fondos del fideicomiso vial y permitió la adjudicación directa y sin control de contratos millonarios. La Justicia determinó que estas modificaciones permitieron la maniobra defraudatoria y que la entonces presidente estaba al tanto del perjuicio que estas acciones causarían a las finanzas estatales.

El monto del decomiso se calculó en base a las obras públicas adjudicadas de manera irregular, las licitaciones direccionadas y los pagos anticipados a Austral Construcciones y otras empresas controladas por Báez, aún cuando estas presentaban notorias irregularidades y, en muchos casos, abandonaron las obras sin finalizarlas.

Cristina Kirchner no podrá participar de futuras elecciones por la inhabilitación perpetua y enfrenta además la posibilidad de cumplir su condena bajo arresto domiciliario por su edad. Pero más allá de lo político y lo penal, lo económico marca un precedente: la ex presidenta deberá afrontar la obligación de resarcir al Estado con una cifra histórica que busca recuperar parte del dinero perdido en la maniobra de corrupción.

La Corte, en su fallo, remarcó que la sentencia se apoyó en pruebas sólidas, que el debido proceso fue respetado y que los argumentos de la defensa no lograron desacreditar la evidencia. También quedó firme la responsabilidad de los demás condenados, incluido Lázaro Báez, y el decomiso millonario que los alcanza a todos como parte del perjuicio calculado.

Este fallo no sólo consolida la primera condena firme de cumplimiento efectivo contra Cristina Kirchner, sino que pone en marcha el proceso para la recuperación de los fondos públicos, en una decisión que impacta tanto en lo judicial como en las finanzas del Estado.


*Fuente: AGENCIAS

Redacción

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El presidente del IOSFA renunció con una deuda de $160.000 millones y duras críticas internas

Roberto Fiochi, expresidente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), presentó su renuncia alegando “motivos personales”, tras apenas siete meses en el cargo. Su gestión estuvo marcada por un severo deterioro financiero de la obra social, que acumula una deuda millonaria y crece a un ritmo alarmante.

Fiochi se convirtió así en el tercer presidente del IOSFA en apenas 15 meses de gobierno de Javier Milei. Su antecesor, Oscar Sagás, había sido el primero en asumir durante la gestión de La Libertad Avanza (LLA), pero también renunció en medio de controversias.

Para reemplazar a Fiochi, el ministro de Defensa, Luis Petri, designó a la contadora Betina Surballe, quien se desempeñaba como presidenta del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Durante su gestión en el IAF, Surballe logró resultados destacados, como crecimiento del 87% en la cartera de inversiones, incremento del 98% en préstamos personales, reducción del 26% en el costo laboral y disminución del 50% en el gasto operativo.

– Betina Surballe asume como presidenta del IOSFA, en medio de una deuda que supera los $160.000 millones

Según fuentes de efectivos militares, la deuda actual de la obra social de las fuerzas armadas, oscila entre los $120.000 millones reconocidos oficialmente por el Ministerio de Defensa. Más preocupante aún, esta deuda crece a un ritmo de $15.000 a $19.000 millones mensuales.

Para dimensionar la magnitud de la crisis, es importante recordar que en diciembre de 2023, cuando Luis Petri asumió en el cargo, el IOSFA tenía “reservas positivas superiores a 25.000 millones de pesos” y “prestaciones en funcionamiento, sin cortes significativos”. En apenas 17 meses, la obra social pasó de tener un balance positivo a acumular una deuda que supera los $160.000 millones.

El general de brigada retirado José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados, calificó la situación como “crítica y desesperante”, producto de “la ineptitud y falta de gestión de las autoridades designadas por el ministro Luis Petri”.

Con aproximadamente 600.000 afiliados, IOSFA es la tercera obra social más grande del país, después del PAMI y del IOMA de la provincia de Buenos Aires. Brinda cobertura médica y asistencial a todo el personal de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y de Seguridad (Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina), además de sus familias.

Las principales causas del déficit es la deuda que el Estado Nacional mantiene con la obra social por “aportes y contribuciones patronales” no liquidados, lo que impacta negativamente en el pago a proveedores. El 92% de los ingresos del IOSFA se destinan al pago de prestaciones, sin recibir aportes extraordinarios del Tesoro Nacional. Esta estructura hace que cualquier incremento en los costos médicos genere un déficit inmediato.

El cambio de gobierno trajo consigo un “sinceramiento” de precios que disparó los costos en medicamentos y servicios médicos, agravando la situación financiera, que arrastra problemas como la falta de auditorías, escasez de contribuciones patronales adecuadas por parte de las propias fuerzas, y una estructura administrativa ineficiente. Prestadores han rescindido contratos por falta de pago, las farmacias de IOSFA enfrentan problemas de stock por deudas con proveedores, incluso los afiliados esperan meses para recibir reintegros de gastos médicos.

Redacción

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