¡ESCÁNDALO! | Un argentino candidato a diputado en Italia, tiene una causa por ABUSO SEXUAL
Se trata de Eugenio Sangregorio, diputado de la República Italiana desde 2018 y líder de la Unión Sudamericana Emigrantes Italianos (USEI).
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Eugenio Sangregorio buscará renovar su banca en el parlamento italiano este año, a pesar de contar con un prontuario que deja bastante que desear. Ya que, se filtró en las redes sociales la causa en su contra por abuso sexual.
Asimismo, el parlamentario italiano asentado en Argentina, se encuentra bajo la lupa de la sociedad por denuncias de fraude mediante las maquinas tragamonedas en sus casinos y sociedades fantasma en demás bingos.
El parlamentario en Roma, Eugenio Sangregorio, acusado de abuso sexual
A pesar de todo ello, el oriundo de Calabria ahora suma un capítulo más a su accionar delictivo y, por el momento, impune: tiene una causa en su contra en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de San Isidro por abuso sexual, un hecho que ocurrió en el 2021, durante la pandemia.
El legislador en el Parlamento de Roma por la banca de América Meridional habría querido sobrepasarse con una empleada de su bingo de Adrogué (Municipio de Almirante Brown, Buenos Aires), a la cual citó en su oficina de la calle Dardo Rocha, en San Isidro, en el marco de un “proyecto inmobiliario”.
La Fiscalía Especializada en Violencia de Género de San Isidro
En tanto que, transcurrido un tiempo de la reunión laboral, el italiano “primero le dice ‘pendeja, vos sabes el tiempo que te tengo ganas'”. Esto comenzó a incomodar a su víctima y se tornó una tensa situación.
Pero lo peor vino posteriormente, concretamente el abuso perpetrado: “Se baja los pantalones y la sujeta de la nuca e intenta que le practique sexo oral, no una vez, sino en tres oportunidades, fueron tres sujeciones”.
Propaganda política de Sangregorio para las elecciones en las que se postula para diputado
Pero eso no es todo, la Justicia cuenta con importantes pruebas esta vez, ya que todo fue grabado y los audios están en la Fiscalía. La víctima nunca imaginó este desenlace y había puesto a grabar la conversación estrictamente por cuestiones laborales y relacionadas al trabajo inmobiliario, en relación a posibles modificaciones del proyecto.
Por último, también dieron a conocer a este medio los problemas psicológicos por los que está atravesando la víctima, quién desde entonces vive un calvario y se encuentra traumada por el aberrante hecho delictivo que impunemente perpetró el italiano Sangregorio.
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La Sala I de la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa que investigó la recopilación de correos electrónicos privados de políticos, periodistas, dirigentes y miembros de las fuerzas de seguridad.
Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi ratificaron el fallo de primera instancia del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y cerraron el expediente para todos los imputados.
Además de Macri y de quienes condujeron el área de inteligencia durante su gobierno, el sobreseimiento alcanzó a dos agentes cuya identidad se mantuvo reservada.
El eje de la decisión fue la prueba. Para la Cámara, el material que dio origen a la investigación quedó afectado por fallas en su “preservación, trazabilidad e integridad”, en la misma línea que había resuelto Martínez De Giorgi. Los jueces recordaron que el magistrado de primera instancia descartó por falta de resguardo los dos discos rígidos sobre los que se apoyó todo el expediente, y remarcaron que la querella no logró probar que el contenido de esos soportes “hubiera sido resguardado de modo tal que permitiera garantizar su autenticidad e integridad”.
“No ha logrado sortear el principal escollo que afectó a la prueba que dio origen a la presente causa: la forma en que fue obtenida”, sostuvo el tribunal en la resolución. Los camaristas apuntaron que no accedieron “a documentación alguna que permita inferir la utilización de protocolo o metodología alguna que asegure la integridad de la prueba”.
Cómo llegaron los discos al expediente
La causa se abrió el 26 de mayo de 2020, a partir de una denuncia de Cristina Caamaño, entonces interventora de la AFI durante la gestión de Alberto Fernández. Según relató, un análisis de rutina sobre los soportes tecnológicos del organismo permitió hallar un disco rígido marca Western Digital en las dependencias de la agencia, con rastros de la conexión de varios pendrives utilizados para almacenar información de inteligencia sobre numerosas personas del ámbito político, periodístico y policial.
Los técnicos recuperaron información que había sido borrada de manera no segura y reconstruyeron con ese material una recolección de correos electrónicos privados obtenida, de acuerdo con la denuncia, sin orden ni autorización judicial. En su presentación la intervención de la AFI habló de una “recolección sistemática de correos electrónicos privados”.
El informe adjunto a la denuncia permitió identificar, mediante el sistema de credenciales, a los dos agentes que habrían accedido al contenido del disco. No fue posible, en cambio, establecer con precisión en qué área de la agencia se produjo ese acceso, porque el personal involucrado rotaba entre distintas dependencias.
Semanas más tarde se sumó una segunda presentación, vinculada a la agrupación política Kolina. Su denunciante afirmó que tomó conocimiento del caso primero por una nota periodística que la incluía entre las víctimas del espionaje ilegal y luego por un informe emitido en el programa “GPS” el 7 de junio de 2020, según el cual la AFI habría infiltrado a “una agente encubierta” dentro de esa agrupación. Ese tramo del expediente no fue apelado por la querella.
Los agujeros que detectaron los peritos: “la imputación queda desprovista de sustento”
Los magistrados detallaron las irregularidades que restaron valor probatorio a los soportes. Uno de los discos llegó cerrado y precintado, pero sin documentación de adquisición ni registro de su trazabilidad; el otro no contaba con una planilla que diera cuenta de su preservación. A eso se sumó un dato que el tribunal consideró determinante: “No se registró ni documentó el lugar en el que fueron hallados los discos rígidos”, una omisión que impidió reconstruir con certeza el origen del material y las condiciones en que fue incautado.
El peritaje oficial concluyó que “resultaba factible adulterar el contenido de un disco rígido, así como las fechas de creación, acceso o modificación” de sus archivos, sin dejar rastro. Los expertos explicaron que alcanza con cambiar el horario del equipo utilizado para alterar la marca temporal de los archivos.
Los peritos determinaron también que los correos electrónicos hallados no ingresaron por la vía natural que prevé el programa Outlook. Los archivos en formato.PSThabrían sido modificados en 2017 mediante la incorporación manual de correos desde medios externos, es decir, cargados a mano en la casilla en lugar de recibidos por el sistema.
Otro obstáculo apareció al momento de ponerle nombre y apellido a quienes manipularon los equipos: el acceso al sistema se realizó mediante un usuario genérico llamado “User”, lo que impidió identificar qué personas físicas los operaron. Las conclusiones periciales tampoco lograron establecer si los discos formaban parte de la red informática oficial de la AFI.
Con ese cuadro, el fallo desestimó el argumento de la querella según el cual la extracción del material había cumplido con los protocolos. La Cámara consideró decisivo que “no existe un curso de investigación independiente que permita acreditar los hechos denunciados con prescindencia de los elementos digitales impugnados” y cerró el razonamiento con una fórmula tajante: “Excluida la aptitud probatoria de los discos rígidos, la imputación queda desprovista de sustento”.
Una seguidilla de fallos
La resolución llegó pocos días después de otras dos decisiones de la misma Sala I, que la semana pasada sobreseyó a Macri por la toma del crédito con el Fondo Monetario Internacional y a Javier Milei y a Luis “Toto” Caputo por su declaración jurada de bienes.
El tribunal se integró con Llorens y con Bertuzzi, quien recibió un nuevo acuerdo del Senado y fue reconfirmado en el cargo. Junto a él llegó el camarista Pablo Yadarola, que integra otra sala y no votó en estos casos.
Con la confirmación total de la decisión de primera instancia la causa por la recolección de correos electrónicos a partir de los discos hallados en la AFI quedó cerrada para Macri, Arribas, Majdalani y el resto de los beneficiados por el sobreseimiento.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, afirmó que su gestión no acatará una resolución judicial que ordenó al Poder Ejecutivo provincial comprar carne roja para reforzar la alimentación de los detenidos en dos unidades penitenciarias de Trelew.
“Hay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien”, escribió el mandatario en una publicación en su cuenta oficial de X.
El conflicto estalló cuando un juez penal de Trelew, Marcelo Nieto Di Biase, resolvió intimar al Poder Ejecutivo de Chubut a comprar una partida de carne roja para reforzar las viandas de los detenidos alojados en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) y en la Alcaidía de Trelew, con un plazo de 72 horas para cumplir.
— El juez Marcelo Nieto Di Biase que resolvió intimar al Poder Ejecutivo Provincial de Chubut
“Yo creo que, a esta altura, seguir naturalizando el garantismo berreta judicial que tanto problema generó y tan mal le hizo a toda la Argentina, es un tema para que podamos trabajar todos juntos, la dirigencia política y ponerle un punto final definitivamente”, subrayó Torres.
La orden surgió de un hábeas corpus colectivo —una acción judicial que no defiende a un preso individual sino a todo un grupo de detenidos que comparte una misma situación de agravamiento en sus condiciones de encierro— presentado en representación de los internos, quienes venían reclamando desde marzo por la falta de proteínas en sus alimentos.
Según trascendió, el reclamo fue elevado por la Defensa Pública y el propio Poder Ejecutivo ya había iniciado un expediente administrativo para comprar carne antes de que el juez fijara el plazo perentorio, lo que sugiere que la discusión no era solo si comprar carne, sino los tiempos y la forma en que el Poder Judicial se lo impuso al Ejecutivo.
BASTA DE GARANTISMO BERRETAHay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien.Son los mismos jueces que muchas veces ponen trabas para… pic.twitter.com/owfjrISeDC
“No vamos a acatar la medida de tener que darle asado a los presos todos los días, es una locura. Si está preso, es un delincuente”, declaró públicamente en Radio Rivadavia el gobernador Ignacio Torres, agregando con ironía que “falta que tengamos que preguntarles a los presos qué quieren comer todos los días”. La audiencia de seguimiento para evaluar el cumplimiento de la orden judicial estaría prevista para el lunes siguiente al anuncio de Torres.
Para entender por qué un juez puede ordenarle a una provincia cómo alimentar a sus presos, hay que remontarse al fallo “Verbitsky” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado en 2005 a raíz de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre las condiciones de detención en comisarías bonaerenses.
Ese fallo estableció dos cosas centrales que siguen vigentes. Por un lado, que el hábeas corpus puede usarse en forma colectiva —no solo individual— cuando el agravamiento de las condiciones de detención afecta a todo un grupo de personas por igual. Por otro, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos constituyen el piso mínimo obligatorio para interpretar el artículo 18 de la Constitución Nacional, que exige que “las cárceles sean sanas y limpias”.
— La entrada de la Alcaidía Policial de Trelew
Esta herramienta se llama hábeas corpus correctivo porque no busca liberar a nadie, sino corregir el trato que recibe una persona legalmente privada de su libertad cuando ese trato se agrava de forma ilegítima. El artículo 43 de la Constitución Nacional, en su último párrafo, habilita explícitamente esta vía cuando se produce “agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención”.
Bajo esta lógica, un déficit alimentario sostenido —falta de proteínas, por ejemplo— puede encuadrarse como un agravamiento de las condiciones de detención, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas de encierro, independientemente de la culpa o inocencia de la persona detenida.Es exactamente este marco jurídico el que usó el juez Nieto Di Biase para justificar su intimación al gobierno chubutense.
Javier Negre dejó atrás el periodismo convencional en España tras una condena judicial por vulnerar la intimidad de una víctima, episodio que derivó en su despido del diario El Mundo. Lejos de retirarse, reconvirtió su perfil hacia un modelo de negocio que prioriza la monetización de la polarización extrema por sobre cualquier estándar de verificación o ética profesional.
Su desembarco en Argentina se consolidó al adquirir La Derecha Diario, portal fundado por el consultor político Fernando Cerimedo, recientemente noticia a nivel regional por su detención en Bolivia. Negre compró las acciones del portal de noticias para hacerse del control de este aparato de agitación. Así, Negre tomó el relevo de una estructura que funciona con una lógica corporativa propia: el uso de cuentas falsas en las redes sociales, el hostigamiento sistemático a opositores y la venta de acceso a círculos de poder, consolidándose como un operador que busca expandir su influencia mediante agendas que nada tienen que ver con el ejercicio informativo.
Javier Negre junto a Javier Milei.
Quién es Camila Rojas
La denunciante se consolidó en la escena pública como una activista conservadora en Colombia, desde donde ha impulsado causas alineadas con los sectores tradicionales de la derecha regional. Su perfil cobró notoriedad al posicionarse como una voz crítica frente a los equilibrios de poder actuales en su país.
Lejos de sumarse a las estrategias de alianzas incondicionales con actores extranjeros, Rojas adoptó una postura de rechazo frontal ante la injerencia de figuras internacionales en la política local. A través de sus intervenciones públicas, ha cuestionado duramente a quienes pretenden instrumentalizar las banderas ideológicas con fines meramente transaccionales, advirtiendo sobre los riesgos de subordinar la soberanía nacional a intereses ajenos.
Foto de perfil de Camila Rojas.
La denuncia y la moneda de cambio
El conflicto escaló cuando Camila Rojas decidió exponer públicamente las maniobras del operador español. A través de sus redes sociales, la activista publicó un video y tuiteó duras advertencias sobre las verdaderas intenciones detrás de la llegada del entorno de Negre a la región, sintetizando su postura con una frase contundente: “la política exige principios, no mercenarios”.
Lejos de tratarse de un respaldo ideológico genuino, la denuncia puso de relieve que el objetivo de estas redes es fracturar a la oposición local y negociar intereses económicos y políticos ajenos a las necesidades de Colombia. En esa línea, Rojas cuestionó abiertamente la legitimidad de sus interlocutores al señalar que “nadie va a instrumentalizar las banderas de la familia, los niños y la fe, mucho menos personas que jamás han tomado una Biblia en sus manos”.
El video de Rojas revelando la propuesta de Negre.
El punto más álgido de la revelación radica en la contraprestación exigida para estructurar una plataforma electoral con aspiraciones presidenciales. Según lo expuesto, Negre no sólo le garantizaba convertirla en candidata a la presidencia, sino también elevarla como un referente intelectual de peso, equiparable a la figura del politólogo argentino Agustín Laje, presidente de Fundación Faro. Sin embargo, todo este despliegue venía supeditado a una condición geopolítica inflexible: blindar diplomáticamente y cesar toda crítica hacia el Estado de Israel, subordinando cualquier soberanía discursiva a los intereses de la red internacional.
Durante la inauguración de la 74.ª Exposición Rural de Chivilcoy, Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con el programa económico del presidente Javier Milei, definió como “impostergable” una reforma tributaria que favorezca a quienes producen, invierten y generan trabajo, y pidió que el Poder Ejecutivo remita los proyectos correspondientes al Congreso.
También reclamó caminos rurales, puentes, desagües, rutas, energía y conectividad, y afirmó que el Estado no debe reemplazar al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir.
La referente planteó la necesidad de una articulación más concreta entre los sectores público y privado y precisó que, aunque se trata de “dos responsabilidades diferentes”, ambos “tienen que trabajar detrás de un mismo objetivo”, que consiste en desarrollar el territorio para promover la inversión, la innovación, la generación de empleo y la innovación de nuevas tecnologías.
La actual vicepresidenta pidió sustituir un esquema que grava fuertemente las transacciones, la contratación y la producción por otro que incentive la inversión, valor agregado y empleo. En el plano social, sostiene queel crecimiento no alcanza si no termina convirtiéndose en “salarios dignos”. En el plano político, el discurso funciona como una nueva diferenciación pública respecto al Gobierno Nacional.
Villarruel habló ante productores en Chivilcoy y pidió medidas para fortalecer la actividad económica fuera de las grandes ciudades. A su vez, insistió en la necesidad de mejorar la infraestructura y generar condiciones para que los jóvenes permanezcan en el interior.
“Tenemos un desafío impostergable: la reforma impositiva. Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Esperamos que el Poder Ejecutivo tome nota de esta necesidad y envíe los proyectos de ley necesarios para avanzar en este sentido”, subrayó Villarruel, en su discurso para avanzar con proyectos de ley en esa dirección.
La funcionaría cuestionó la falta de infraestructura en distintas zonas productivas. Señaló como prioridades la mejora de rutas y caminos rurales, el acceso a la energía y la conectividad. Asimismo, vinculó el crecimiento del sector productivo con la creación de empleo y la generación de divisas, pero destacó que esos resultados deben traducirse en una mejora concreta para los trabajadores de todo el país.
“La verdadera transformación ocurre cuando el trabajo se convierte en un salario digno que permite sostener una familia y ahorrar”, expresó la titular del Senado durante una actividad en Chivilcoy, acompañada por el intendente Guillermo Britos y representantes de entidades agropecuarias.
Durante su visita, Villarruel destacó el perfil productivo de Chivilcoy y lo ubicó entre los partidos más importantes de la provincia de Buenos Aires por su actividad vinculada al agro. En ese marco, señaló como dato central que el distrito produce unas 800 mil toneladas anuales de cereales y oleaginosas.
La actividad volvió a reunir a Villarruel con Britos, quien fue elegido tres veces para conducir el municipio. Ambos ya habían compartido en abril los actos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Más infraestructura y empleo
Del encuentro participaron conjuntamente la presidenta de Rural Chivilcoy, Yamila Farrell, el vicepresidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Fernando Ferrari, y el referente local de la Sociedad Rural Argentina, Martín Jáuregui, entre otras autoridades y representantes del sector agropecuario.
Otro de los puntos de su discurso estuvo relacionado con el arraigo. Villarruel pidió generar oportunidades laborales y económicas para que los jóvenes puedan permanecer en las localidades del interior en lugar de migrar hacia los grandes centros urbanos.
“Cuando hablamos de producción de campo no hablamos solamente de lo que sucede detrás de una tranquera. Hablamos de un sector productivo, de una serie de cadenas que atraviesan todo Chivilcoy mostrándonos algo fundamental: que el desarrollo comienza en el territorio”, consideró Villarruel.
En otro mensaje formuló como pedido “una política productiva que mire mucho más al territorio”. “Aquí se habló de los caminos rurales, los puentes, los desagües, la conectividad, la energía y las rutas. Y toda infraestructura productiva y para producir más necesita mayor y mejor infraestructura. El Estado no reemplaza al productor ni al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir”, remarcó.
En ese marco, insistió en que hay que “construir un sistema donde el que produce más, el que agrega valor y el que toma un trabajador tenga incentivos para seguir creciendo”. “Tenemos que producir más para ser competitivos, para exportar, para generar divisas y para incorporar tecnología. Pero fundamentalmente producir más para generar trabajo, porque la verdadera transformación de una comunidad ocurre cuando la producción se convierte en empleo y el trabajo se convierte en salario, y el salario permite sostener una familia y ahorrar”, finalizó.
Durante su exposición se hicieron escuchar distintos reclamos sectoriales. Entre ellas, la exigencia de progresar hacia un esquema de “retenciones cero” para los productos agropecuarios, una promesa de campaña del propio Milei. A su turno, Britos cuestionó al Estado por la concesión de la Ruta Nacional 5 por un plazo de 20 años, al advertir que el contrato no contempla la obligación de construir la autovía ni una tercera mano.
Sobre el cierre de su disertación, Villarruel concluyó que “producción, salario, trabajo y familia. Estos son los pilares sobre los cuales podemos construir una Argentina que vuelva a crecer desde el interior hacia el mundo”.
Por su parte, Ferrari apuntó contra la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que habilita la libre elección de veterinarios privados acreditados. El directivo advirtió que el nuevo esquema de vacunación podría reducir la cobertura sanitaria entre los productores con rodeos pequeños y reclamó el fortalecimiento de un organismo “fuerte” que garantice el control y la prevención sanitaria.
Un creyente musulmán identificado como Ousman Ceesay asesinó a Cameron Davis Capara y a Vincent Anthony Siqueiros en el estacionamiento de Venture-N, un bar gay de Tucson, Arizona. La Policía de Tucson concluyó que fue un ataque selectivo motivado por “odio contra la comunidad LGBTQIA+”.
El ataque sucedió alrededor de las 00:30 en el estacionamiento de Venture-N, un histórico bar gay de Tucson. Según la reconstrucción policial, Ceesay abordó a Capara y Siqueiros, con quienes no tenía una conexión conocida, y les disparó.
Ceesay se provocó después una herida de bala y murió poco después en un hospital. La Policía informó que los casquillos recuperados provenían de una pistola de 9 mm. hallada en la escena y que las imágenes de seguridad mostraban. Diversos familiares dijeron que Ceesay llegó a Estados Unidos con visa de estudiante hacia 2010 y posteriormente se naturalizó ciudadano estadounidense.
— Cameron Davis Capara y Vincent Anthony Siqueiros
Ceesay no conocía aparentemente a las víctimas, actuó solo y murió tras suicidarse con su propia pistola de 9 mm. Su familia lo describió como un musulmán practicante— con una relación causal que la investigación policial no ha establecido.
El lugar elegido estaba públicamente asociado con la comunidad gay y Ceesay llevaba consigo una lista de establecimientos vinculados con la comunidad homosexual. Además, en su vivienda fue hallada otra nota que, de acuerdo a fuentes policiales, señalaba que había actuado individualmente y que el ataque estaba motivado por el odio hacia esa comunidad.
— Ousman Ceesay, el asesino
“Me entristece profundamente que se haya producido otra pérdida de vidas sin sentido en nuestra comunidad. Los crímenes motivados por prejuicios son especialmente atroces y no tienen cabida en nuestra comunidad”, declaró la jefa de policía Monica Prieto en un comunicado.
La legislación federal también contempla delitos violentos motivados por la orientación sexual real o percibida, mediante la Ley Matthew Shepard y James Byrd Jr. Para una acusación federal hacen falta, además, los requisitos jurisdiccionales correspondientes. En este caso esa discusión queda sin efecto práctico respecto del atacante fallecido.
— Memorial con flores, velas y fotografías en el exterior del bar Venture-N
El motivo religioso
Que Ceesay fuera musulmán practicante está respaldado por el testimonio de su primo Muhammad Sylva, quien dijo que rezaba cinco veces al día y participaba de los ayunos. Pero el mismo familiar afirmó que su fe no era “extrema” y que nunca lo había oído expresar odio contra las personas homosexuales.
Una de las víctimas, Cameron Davis Capara, era fotógrafo y participaba activamente en distintas causas progresistas. Durante los últimos años había documentado manifestaciones contra las guerras en Gaza e Irán, protestas pro-Palestina y operativos migratorios de ICE en Arizona. Su familia lo describió como una persona particularmente comprometida con cuestiones de “justicia social”.
“Una de las cosas que más admiraba de él era que no juzgaba a la gente. Creía que cada persona tenía su propia historia, sus propias luchas y sus propias razones para ser quien era”, destacó su padre, Jeff Capara. “Él quería que la gente tuviera la libertad de ser ellos mismos sin ser juzgados por ello. Y de la misma manera, él tampoco quería ser juzgado. Quería ser aceptado por quien era”, añadió.
La evidencia disponible permite afirmar con seguridad que fotografiaba protestas por Gaza y que se involucraba en redes locales de documentación de movimientos sociales, pero no prueba que su postura sobre Palestina tuviera relación alguna con el homicidio.
El representante estatal republicano de Arizona, John Gillette, criticó a los miembros demócratas de la delegación del Congreso de Arizona tras el homenaje de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a las dos victimas, describiendo el tiroteo como un acto de “terrorismo islámico radical” y acusó a los demócratas de tener “alianzas con el enemigo”,
La prensa local informó antecedentes de dificultades financieras y una declaración de bancarrota de Ceesay y su esposa. Esos elementos pueden formar parte del contexto biográfico, pero no explican por sí mismos el blanco elegido, la lista de establecimientos ni el contenido encontrado por los investigadores.
El canal de streamingCarajo nació a mediados de 2024, tras la llegada de Javier Milei al Poder Ejecutivo. Hasta ese momento, Daniel Parisini (“Gordo Dan”) conducía un espacio poco visto y de presupuesto ínfimo en Radio Madero —propiedad de Fernando Cerimedo, más tarde desplazado del espacio oficialista—. Sin embargo, con el desembarco del nuevo gobierno, el medio experimentó un salto desmedido en infraestructura, montando un megaestudio en Palermo Soho equipado con tecnología de punta y una amplia nómina de producción.
Este despliegue millonario generó inmediatas denuncias por el uso de recursos públicos para sostener la señal. Distintas investigaciones y declaraciones públicas —entre ellas las del periodista Tomás Díaz Cueto— expusieron que diversos empleados del canal perciben salarios abonados directamente por la administración nacional en áreas de Comunicación y Prensa, sumado a recurrentes seccionamientos que señalan el desvío de fondos reservados de la SIDE para financiar la estructura propagandística.
“La misa del Gordo Dan” justo antes de que Milei llegara al gobierno. En la foto Mariano Pérez (“Break Point”) y Daniel Parisini (“Gordo Dan”) junto a Juan Pablo Carreira (“Juan Doe”), actual Director Nacional de Comunicación Digital.
Es precisamente en este dispositivo financiado por las arcas públicas donde se desencadenó un grave escándalo por proclamas eugenésicas y racistas emitidas en vivo, protagonizado por figuras que responden directamente a la estructura orgánica y legal del oficialismo.
Entre los voceros estables de la señal destaca Alejandro Sarubbi Benítez, representante legal de Parisini y habitual panelista. Este sujeto —una de las voces principales de las recientes agresiones al conurbano— cuenta con antecedentes de sanción disciplinaria por parte del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), organismo que le aplicó una advertencia tras constatar que insultó a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, difundió datos personales privados (doxxeo) e incurrió en reiterados agravios discriminatorios desde sus redes sociales.
Alejandro Sarubbi Benítez junto a Karina Milei.
A su lado se ubica Isabella Mariana Compiano Machado, conocida en el entorno digital como “Kalina”, coautora del cuestionado episodio. La joven panelista milita activamente en La Libertad Avanza y responde de forma directa a Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes, dirigente que hasta 2023 era concejal y militaba en las filas del kirchnerismo y saltó al oficialismo para acceder a su banca nacional.
La inserción de Kalina en el armado de Almirón no es aislada. Su pareja, Ángel Manuel Niveyro Lozano —identificado en redes como “Azaelthus”—, también forma parte del esquema de militancia y prensa que orbita alrededor del legislador correntino, exponiendo el entramado político tradicional que nutre de contenidos al canal de streaming y da sustento a las polémicas que hoy acorralan al medio.
“Kalina” junto a Lisandro Almirón; y Almirón junto a Malena Galmarini (esposa de Sergio Massa), en su “época kirchnerista”.
Apología al exterminio y al racismo
Durante una emisión del programa La Trinchera, las agresiones alcanzaron un límite inédito cuando Alejandro Sarubbi Benítez afirmó en vivo que “la provincia de Buenos Aires, sobre todo con lo que tiene que ver con el Conurbano Bonaerense, la inmensa porción de gente, desde mi punto de vista ya no tiene salvación”. Tras sentenciar que “para mí no tiene vuelta la provincia de Buenos Aires”, el abogado detalló sus propuestas: esterilización masiva, expulsión del mapa nacional, levantar un muro perimetral con francotiradores y “todas las mañanas tirar napalm desde los aviones”. Para definir a quiénes perdonar, anticipó un criterio de “total arbitrariedad” guiado por la “portación de cara”, planteando dar aviso previo únicamente “a las personas que uno considera que hay que salvar”.
Lejos de moderar o repudiar el discurso de odio, la panelista “Kalina” intervino activamente en la escena exhibiendo ante las cámaras una cartulina que contenía una paleta de tonalidades de piel (una referencia a la serie “Family Guy“). Utilizando este muestrario cromático, la militante oficialista simuló establecer un criterio de selección eugenésica para determinar, según el grado de pigmentación del rostro, qué personas poseían derechos ciudadanos o podían “salvarse” de la ejecución arbitraria, señalando el cuadro de color más claro.
El discurso exhibido en el programa contrasta de forma severa con la propia realidad de sus protagonistas. Un relevamiento en las redes sociales personales de Alejandro Sarubbi Benítez (como su perfil de Facebook) deja al descubierto que la mitad de sus familiares y contactos directos de apellido compuesto “Sarubbi Benítez” provienen de Paraguay, país con una marcada impronta e identidad mestiza e indígena.
Visitando el Facebook de Alejandro, varios de los “Sarubbi” y los “Sarubbi Benítez” de sus contactos efectivamente son paraguayos.
La incongruencia resulta absoluta: un vocero de tez morena y raíces latinoamericanas promueve abiertamente postulados racistas, xenófobos y eugenésicos que, bajo los propios parámetros de la paleta de colores exhibida en su programa, lo ubicarían a él mismo y a su propio entorno familiar del lado de los discriminados y segregados.
Alejado de su actualidad: Sarubbi Benítez con su familia, cenando en la vereda.
Boicot, retiro de pauta y antecedentes
La paradoja del discurso alcanzó su punto máximo con la presencia publicitaria en el estudio de Sao Medialunas, una tradicional marca nacida en Mar del Plata. Mientras Sarubbi Benítez y “Kalina” proponían bombardeos y segregación para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, los productos de la firma bonaerense lucían exhibidos en la mesa como auspiciantes del espacio, financiando de forma directa la emisión.
La reacción del público no tardó en llegar: las plataformas digitales de la empresa se inundaron con cientos de mensajes de repudio que denunciaban el patrocinio a proclamas de exterminio, cuestionaban a la firma por financiar el odio hacia sus propios clientes y convocaban a un boicot masivo bajo el lema de no consumir productos que sostengan la violencia verbal del canal.
Ante la ola de indignación, la empresa emitió un comunicado oficial anunciando el cese del auspicio: “En relación con los comentarios realizados durante una transmisión en la que nuestra marca tuvo presencia publicitaria, queremos expresar que SAO Medialunas no comparte ni avala ningún mensaje discriminatorio, violento o que promueva el odio hacia cualquier persona o comunidad […] Lamentamos profundamente que esta situación haya generado malestar y por eso hemos decidido retirar nuestra publicidad”.
A pesar del retiro de la pauta, persistieron las críticas hacia la dirección de la marca por su tardía reacción. Sectores de la audiencia remarcaron que el canal Carajo estructuró su línea editorial sobre la agresión sistemática desde sus inicios, por lo que el auspicio comercial no podía considerarse un hecho ingenuo o ajeno al perfil del medio.
Las proclamas eugenésicas emitidas en La Trinchera no constituyen un hecho aislado, sino que forman parte del estilo editorial y la metodología habitual que despliega el canal. Entre sus antecedentes más graves figura el ataque homofóbico dirigido contra el diputado nacional Esteban Paulón en el programa La Misa, donde los conductores de la señal lo agredieron verbalmente y llegaron a imputarle al aire acusaciones de pedofilia y le atribuyeron “tener SIDA”.
A esta dinámica de descalificación personal se suma el uso sistemático de la exposición de datos privados (doxxeo) en transmisiones en vivo. A través de este recurso, los integrantes de la señal difunden números telefónicos, direcciones e información personal de usuarios opositores y periodistas críticos, incentivando el acoso masivo y coordinado por parte de sus seguidores en redes sociales.
Alejandro Sarubbi Benítez junto a Santiago Caputo.
El negacionismo frente al archivo
Tras la masiva repercusión mediática y el cimbronazo comercial, la respuesta de Sarubbi Benítez expuso la fragilidad de su propia narrativa. En lugar de argumentar que se trataba de una provocación humorística o de un recurso satírico, el abogado hizo un descargo en el que negó categóricamente haber hablado de la provincia de Buenos Aires o de sus habitantes.
Sin embargo, la estrategia de intentar desmentirse a sí mismo chocó de frente con el archivo audiovisual del programa, donde había explicitado de forma literal que la provincia de Buenos Aires “ya no tiene salvación”, antes de proponer los bombardeos, la segregación y la selección por pigmentación de piel.
Este episodio expone los límites y los riesgos de un modelo mediático montado sobre la provocación sistemática y el financiamiento estatal. Cuando el discurso traspasa la barrera del espectáculo digital para incitar al exterminio y a la eugenesia, la reacción de la audiencia y la fuga de marcas evidencian que ni la caja pública ni la protección política alcanzan para blindar un espacio frente al repudio social.
Murió a los 82 años. Firmó su propia alta para volver al aire, condujo en silla de ruedas y dejó dos valijas hechas para viajar al Mundial. La despedida de Crónica al periodista que le enseñó a preguntar.
La Fiscalía santafesina acusó a Mariano Ríos Artacho de liderar un esquema destinado a retirar fondos de causas penales mediante prestanombres y reposiciones temporales para evitar que los faltantes fueran detectados.
Se trata de Ángel Rossi, cardenal desde 2023 y elector en el cónclave que eligió a León XIV. El arzobispo también ironizó sobre los millones que el Gobierno dice haber sacado de la pobreza.
Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires.
La magistrada reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones: “El Poder Judicial no…
