Una naviera chilena, Easter Island Line (EIL) —también conocida como Naviera Isla de Pascua, la empresa que normalmente transporta carga a Rapa Nui—, inició conversaciones con la Falkland Islands Development Corporation (organismo británico de promoción económica del archipiélago) para establecer una ruta marítima regular entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.
El objetivo es transportar alimentos, repuestos, equipamiento e insumos logísticos destinados al proyecto petrolero inglés conocido como Sea Lion, uno de los desarrollos hidrocarburíferos más grandes proyectados en el Atlántico Sur. Según trascendió, ya hubo una reunión oficial entre las partes y ambas manifestaron interés en avanzar, aunque todavía no existe contrato firmado ni acuerdo definitivo.
El desarrollo petrolero de Chile en Malvinas requeriría una inversión de US$1.800 millones hasta la primera producción y treparía a US$2.100 millones al finalizar la explotación. En su primera fase, la estimación prevé una producción de 50.000 barriles diarios, con un pico similar, mientras que el primer petróleo se espera para el primer semestre de 2028. El yacimiento tendría unos 170 millones de barriles de crudo técnicamente recuperable y un valor bruto estimado superior a US$10.000 millones. Para el gobierno de Malvinas, las regalías representarían el 9% de lo producido.
Para explicar la medida, hay que entender el plan de Sea Lion, un yacimiento petrolero offshore ubicado unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en la Cuenca Norte, descubierto en 2010. La inversión principal está a cargo de Navitas Petroleum (compañía israelí, con 65% de participación y rol de operador) y Rockhopper Exploration (empresa británica, con el 35% restante). La iniciativa tomó su Decisión Final de Inversión (FID) recién el 10 de diciembre de 2025, después de 15 años de demoras, rediseños y escepticismo desde su descubrimiento.

La operación se organizará por fases. La Fase 1 contempla la perforación de 11 pozos submarinos conectados a un buque FPSO (de almacenamiento y procesamiento flotante) reacondicionado, apuntando a extraer 170 millones de barriles con un pico de producción de 50.000 barriles diarios. La Fase 2, prevista unos tres años después del primer petróleo, sumaría 12 pozos adicionales y unos 149 millones de barriles más. En total, el yacimiento tiene recursos brutos estimados en 917 millones de barriles, y hay planes a futuro de expandir hasta cinco fases con 64 pozos en total.
El financiamiento post-FID incluye US$1.000 millones de deuda senior (de los cuales US$350 millones corresponden a Rockhopper) y el resto se cubre con capital conjunto y flujo de caja posterior al inicio de producción. De acuerdo a varios medios británicos, los impuestos y regalías esperadas equivaldrían a unas £80.000 anuales por cada uno de los aproximadamente 3.500 habitantes de las islas, lo que podría triplicar el PBI de Malvinas.

— La producción proyectada de petróleo en miles de barriles diarios en base a datos de Sea Lion entre 2028 y 2052
Chile aparece en esta historia por una razón geográfica. Punta Arenas, en la Patagonia chilena, es el punto continental más cercano y logísticamente más viable para abastecer a las Malvinas, dado que Argentina —por el reclamo de soberanía— no ofrece esa vía. Easter Island Line ya tiene experiencia operando rutas marítimas complejas de abastecimiento (el servicio a Isla de Pascua), lo que la posiciona como candidata natural para este tipo de logística de “última milla” hacia un territorio insular remoto.
Si el acuerdo avanza, Punta Arenas podría convertirse en un nodo logístico estratégico para todo el desarrollo petrolero del Atlántico Sur durante las próximas décadas, ya que contaría con una licencia de extracción de 35 años, prorrogable.
Dimensión geopolítica
Argentina considera que la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de Malvinas es ilegal, ya que las islas forman parte de su reclamo de soberanía y la Cancillería argentina repudió formalmente estas actividades en 2023 por considerarlas realizadas sin autorización de la autoridad competente.

Que una empresa chilena participe —aunque sea en un rol de proveedor logístico privado— ha generado reacciones críticas, con analistas que interpretan el movimiento como una señal de que Chile prioriza sus intereses comerciales por sobre una postura de respaldo diplomático explícito al reclamo soberano argentino.
Expertos en política exterior sostienen que el avance de Sea Lion sin autorización argentina refuerza el control de facto del Reino Unido sobre el territorio en disputa, en momentos en que la política exterior argentina hacia la “cuestión Malvinas” atraviesa cambios de enfoque.

— La plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) Aoka Mizu de Bluewater tendrá el primer petróleo del yacimiento Sea Lion en 2028
La Cámara de Diputados de la Nación habría elevado una resolución que propone expresar un enérgico rechazo al avance de las operaciones de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa también solicita al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre las acciones diplomáticas, administrativas y jurídicas impulsadas para intentar frenar a Sea Lion, destinado a la extracción de petróleo en aguas próximas a las Islas Malvinas.
Licencias y pesca
La administración de las islas también consolidó uno de los principales pilares económicos del archipiélago al prorrogar por 25 años los derechos de explotación de las principales pesquerías comerciales. La resolución, vigente desde 2023, garantiza la continuidad del régimen de Cuotas Individuales Transferibles (ITQ) hasta 2047.

En ese contexto, al paso del buque militar británico HMS Medway por aguas argentinas, rumbo al estrecho de Magallanes hace algunas semanas, se sumó la detección de otras embarcaciones con bandera de España, Corea del Sur, Taiwán, Vanuatu y China operando en las inmediaciones de Malvinas.
La pesca ilegal se mantiene desde hace décadas como el principal sostén financiero de los isleños, en especial por los ingresos derivados de licencias y cuotas sobre la caza indiscriminada del calamar Loligo, el Illex argentinus, la merluza y la merluza negra.
La adjudicación unilateral de esas licencias no solo vulnera las resoluciones de la ONU, sino además la ley argentina 26.659, que regula la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental. La norma prohíbe realizar esas actividades sin autorización de la Cancillería y prevé sanciones que incluyen la inhabilitación de entre 5 y 20 años para operar en el país.









