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En el programa La Cornisa, conducido por Luis Majul, el periodista Luis Gasulla reveló una investigación, y declaró: “Tenían que vacunar a cinco mil jubilados; contrataban militantes temporariamente”. También reveló que se derrocharon $ 21.341.255 para constituir postas sanitarias de pésima concurrencia.
Hace pocas semanas, la directora general del PAMI, Luana Volnovich, culpó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de no citar al PAMI para participar del operativo de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. “La vacuna no se comercializa en territorio argentino; el Estado las distribuye. Si la ciudad de Buenos Aires siente que no tiene la capacidad para vacunar a tanta gente, que pida ayuda, pero que la vacuna llegue a todos”, expresó la funcionaria.
A los pocos días, Volnovich denunció al gobierno porteño por supuestas irregularidades en la asignación de turnos de vacunación para afiliados de la obra social de jubilados residentes en la Ciudad. Según fuentes oficiales se entregó evidencia en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8 de esta Capital.
Además se descubrieron y posteriormente denunciaron gastos millonarios para la compra de insumos tecnológicos como computadoras y cámaras profesionales de fotografía y trabajos multimedia.
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La sesión del Senado bonaerense convocada para debatir la eliminación del límite a las reelecciones de legisladores cayó por segunda vez en dos semanas al no alcanzar el quórum. Aunque Unión por la Patria contó con 20 propios y el respaldo de tres “libertarios” dialoguistas, la banca 24 —clave para iniciar el tratamiento— quedó vacía cuando la senadora del Frente Renovador, Sofía Vanelli, decidió no presentarse.
El recinto estaba citado a las 15.00. Media hora después, sin los números necesarios, se pasó a un cuarto intermedio “sin fijación de hora” y, finalmente, a las 18.20 la presidenta del bloque oficialista, Teresa García, admitió la derrota: “Nosotros tenemos una responsabilidad en el recinto. Uno puede perder votaciones, pero no puede perder la discusión político. Lamento que los presidentes de las bancadas de la oposición se hayan comunicado conmigo para decirme que no van a dar quórum en esta sesión”.
García cuestionó a los ausentes: “¿Cuál es el problema de dar una discusión política? cuando uno asume una responsabilidad política, se sienta y discute. Se puede ganar o perder. Esconderse para no dar quórum es una actitud poco menos que cobarde”, y agregó: “Es triste que hoy no esté sentada la oposición, como un acto de extorsión”.
El ex libertario Carlos Kikuchi acompañó la queja oficialista: “Lamentamos enormemente lo que está ocurriendo. Somos servidores públicos y nuestra obligación es venir a debatir por la positiva o la negativa cualquier tema”.
Desde la oposición, la estrategia fue unificada. El bloque libertario celebró “un rotundo fracaso de la casta” y afirmó: “Es una derrota del kirchnerismo y una victoria de los bonaerenses que exigen una política distinta”. El PRO apuntó en la misma línea: “Gracias a la firmeza y el trabajo coordinado de los bloques del PRO, La Libertad Avanza y la UCR, frenamos un nuevo intento del oficialismo de debilitar las reglas de la democracia”.
NO PASARÁN ⭕️Rotundo fracaso de LA CASTA por las #ReeleccionesIndefinidas#SenadoBA #LLA #PBA@JMilei pic.twitter.com/9T6O7VBr7i
Los radicales también justificaron la ausencia. “Muchos municipios siguen golpeados por las consecuencias del temporal, y la situación es crítica en materia de seguridad, salud y educación. No vamos a convalidar debates que no pongan en el centro a los bonaerenses”, señalaron. El jefe del bloque, Agustín Maspoli, reforzó: “Hoy no dimos quorum porque no avalamos la idea de habilitar reelecciones indefinidas. Es momento de discutir los temas que realmente importan. La provincia enfrenta urgencias que no pueden esperar”.
Vanelli, cuyo voto era decisivo, anticipó su postura en redes: “La sesión de hoy… ¡atrasa! Tomé la decisión de NO asistir. En lugar de discutir los problemas reales de las y los bonaerenses, estamos debatiendo las rerere… de legisladores???? No entendieron nada. Votar a favor solo nos pone más lejos de la gente. Quienes votan a favor -o dan quorum para- de eliminar los límites a las reelecciones no representan a la gente, se representan a sí mismos”.
El proyecto impulsado por el senador kirchnerista Luis Vivona proponía modificar el artículo 13 bis de la Ley 5109 y permitir la reelección indefinida de senadores y diputados, sin incluir a los intendentes. Paralelamente, la senadora Ayelén Durán presentó otra iniciativa para extender el beneficio también a los jefes comunales, siguiendo un acuerdo del gobernador Axel Kicillof con los intendentes afectados por la norma sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal.
La ley vigente limita a dos mandatos consecutivos —completos o no— la permanencia en el cargo y exige un período de intervalo para postularse nuevamente. De prosperar los cambios, figuras de peso como Teresa García o el camporista Facundo Tignanelli podrían buscar un tercer mandato consecutivo este año.
Apenas un día después de que el Senado bonaerense aprobara la reelección indefinida de senadores, diputados, concejales y consejeros escolares, Guillermo Francos descalificó la decisión y direccionó sus críticas a Carlos Kikuchi, antiguo armador de La Libertad Avanza y hoy senador dialoguista. El ministro recordó que el propio Kikuchi “de ser el armador de un partido que estaba en contra de la casta se ha convertido en casta junto con los legisladores que lo acompañan”.
Para Francos, la normativa de 2016 que incorporó un límite de dos periodos —impulsada durante la gobernación de María Eugenia Vidal— “había sido una buena norma para evitar la perpetuación en los órganos legislativos”; la revisión actual, sostuvo, pone de relieve “una casta muy fuerte en la Legislatura bonaerense”.
GUILLERMO FRANCOS CONTRA CARLOS KIKUCHI
La votación se desarrolló tras reiterados intentos fallidos de alcanzar quórum. Finalmente, el oficialismo reunió 26 senadores presentes —24 en el recinto y uno conectado de forma remota— y el tablero quedó empatado en 22 votos afirmativos, 22 negativos y una abstención. La vicegobernadora Verónica Magario emitió el voto decisivo y otorgó media sanción a la reforma del artículo 13 bis de la Ley 5109. Minutos después, se vio obligada a rectificar públicamente su afirmación de que el proyecto ya era ley, porque aún restaba la intervención de la Cámara de Diputados.
La ingeniería para alcanzar quórum incluyó restricciones al trabajo de prensa—sin palco ni conectividad—y negociaciones que se extendieron varios días. La senadora del PRO María Lorena Mandagarán, de Azul, ocupó su banca con el objetivo de habilitar la sesión en la que se aprobaron nueve pliegos judiciales para su distrito; luego votó contra la reforma. Sofía Vanelli (Frente Renovador) también facilitó la apertura y luego rechazó el texto por coherencia con la postura de Sergio Massa. Por su parte, Silvana Ventura (dialoguista) se abstuvo y el oficialista Federico Fagioli (Patria Grande) se ausentó.
“NOSOTROS, LOS LIBERALES…” | LA INSÓLITA JUSTIFICACIÓN DE KIKUCHI
Votaron a favor 19 senadores de Unión por la Patria—Luis Vivona, Sabrina Bastida, Sergio Berni, Pedro Borgini, Eduardo Bucca, Laura Clark, Amira Curi, María Elena Defunchio, Gabriela Demaría, Ayelén Durán, Marcelo Feliú, Teresa García, Emmanuel González Santalla, María Rosa Martínez, Pablo Obeid, Adrián Santarelli, Gustavo Soos, Walter Torchio y Daniela Viera—más los radicales Marcelo Daletto y Carlos Kikuchi, y Sergio Vargas (Unión, Renovación y Fe). Se pronunciaron en contra Aldana Ahumada, Yamila Alonso, Alex Campbell, Christian Gribaudo, Marcelo Leguizamón Brown, Alejandro Rabinovich, Juan Manuel Zini, Jorge Schiavone y María Emilia Subiza (PRO); Carlos Curestis, Daniela Reich y María Florencia Arietto (La Libertad Avanza); Joaquín de la Torre (Derecha Popular); y los radicales Alejandro Cellillo, Flavia Delmonte, Eugenia Gil, Lorena Mandagarán, Ariel Bordaisco, Agustín Maspoli, Nerina Neumann y Betina Riva.
Durante el debate, Carlos Curestis (LLA) solicitó que la votación fuera nominal; respaldaron la moción Christian Gribaudo (PRO) y el propio Kikuchi, gestos que consolidaron los 22 votos oficialistas. La presencia de senadores catalogados como “dialoguistas” resultó crucial para salvar los intentos fallidos previos.
El expediente que avanzó excluyó expresamente a los intendentes. Presentado por Luis Vivona —alineado con Cristina Fernández de Kirchner— se contrapuso con otra propuesta de Ayelén Durán, senadora referenciada en el gobernador Axel Kicillof, que sí contemplaba a los jefes comunales. La afinidad entre la Gobernación y los intendentes interesados en modificar la normativa vigente— que les impide renovar mandatos— fue determinante, aunque el Frente Renovador de Sergio Massa se mantuvo al margen.
Fuera de la arena parlamentaria, Francos reclamó una indagación profunda sobre el expediente de Julio “Chocolate” Rigau. “El Poder Judicial debería analizar un poco más a fondo el significado del caso, la enorme cantidad de empleados y de contratos que tiene cada legislador y cómo se pagan los votos”, reiteró, aludiendo a un esquema de contratos que explicaría la puja por cargos vitalicios.
En ese mismo reportaje, el ministro planteó la necesidad de reformular el mecanismo de informes del jefe de Gabinete ante el Congreso. Evaluó como poco eficiente la dinámica establecida en el artículo 101 de la Constitución—que lo obliga a concurrir mensualmente y de manera alternada a cada Cámara—y sugirió que las consultas se canalicen por escrito para “racionalizar recursos y tiempos”.
Además, ratificó la disposición presidencial de vetar cualquier medida legislativa que comprometa el equilibrio fiscal. Citó el proyecto de aumento jubilatorio en discusión en el Senado nacional y advirtió que, de aprobarse, será vetado porque “el sistema de jubilaciones lo hicieron inviable quienes incorporaron beneficiarios sin aportes”. Bajo esa premisa, insistió en que “el gobierno tiene claro el rumbo que es el equilibrio fiscal y de eso no se va a apartar”.
Con la media sanción consumada, la Cámara de Diputados bonaerense deberá decidir el destino de la reelección indefinida. Mientras tanto, Francos profundizó sus cuestionamientos a Kikuchi —acusándolo de abdicar del discurso anticasta— y a los legisladores que respaldaron la reforma. Para el jefe de Gabinete, la jornada demostró cómo “quienes prometían un cambio terminaron mimetizándose con los privilegios que decían combatir”.
El desenlace legislativo dependerá de la aritmética en Diputados, pero el cruce entre Francos y Kikuchi ya evidenció el quiebre entre el Ejecutivo nacional y un sector que, hasta hace pocos meses, se presentaba como la expresión de la renovación política bonaerense.
El Gobierno de Javier Milei dispuso descontar la jornada salarial a los empleados públicos que se sumaron al paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras centrales en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de la sentencia que la inhabilitó y le impuso seis años de prisión. La Dirección de Recursos Humanos notificó a cada organismo que relevara a los agentes ausentes con el argumento de “garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales”.
ATE decretó un paro nacional con movilización hacia los tribunales de Comodoro Py y el departamento de la ex jefa de Estado en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución. “Paramos y nos movilizamos en defensa de la democracia, contra la proscripción y la persecución judicial”, señaló el gremio en un comunicado oficial. Su secretario general en la Ciudad, Daniel Catalano, ratificó que la protesta se realizaría “independientemente de lo que suceda” y advirtió: “Si el tribunal federal le toma declaración por Zoom, vamos a marchar igual”.
La medida del Ejecutivo también alcanzó a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). Su titular, la diputada Vanesa Siley, sostuvo: “El movimiento obrero tiene que apoyar a Cristina. Ella se merece todo el acompañamiento de todos los sectores”. Además, confirmaron su adhesión la CTA Autónoma de Hugo “Cachorro” Godoy, la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky y La Bancaria de Omar Palazzo.
El cronograma de la protesta incluyó primero una concentración frente a los tribunales federales y luego una marcha hacia la residencia de la ex mandataria. Movimientos sociales como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y Libres del Sur anunciaron columnas propias. La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con el Partido Justicialista y otorgó libertad de acción a sus sindicatos.
Mientras los gremios subrayaron que “el derecho a huelga es constitucional” y calificaron el descuento salarial como “un intento de disciplinamiento”, el Gobierno ratificó que “actuaría de acuerdo con las normas vigentes”. Servicios considerados esenciales en salud y seguridad funcionaron con guardias mínimas, según la pauta sindical interna.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, reforzó el operativo antipiquetes: valló la Casa Rosada y otros edificios nacionales, colocó cortes de tránsito controlados y desplegó a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El comando unificado también destacó agentes en los accesos a la Ciudad y mantuvo en alerta el protocolo para despejar cortes si fuera necesario.
La Casa Rosada celebró que el juez del Tribunal Oral Federal N.º 2, Rodrigo Gorini, notificara a la ex presidenta por videoconferencia y autorizara la prisión domiciliaria, al considerar que la medida ayudó a “mantener la paz social”. No obstante, el Ejecutivo sostuvo el dispositivo de seguridad, ya que sectores kirchneristas redireccionaron parte de la convocatoria hacia Plaza de Mayo para las 14.
En paralelo, el gobierno porteño expresó su preocupación por el impacto de la custodia permanente en la esquina de San José y Humberto Primo, tras las quejas de los vecinos por las manifestaciones recurrentes. Pese a la modificación del esquema judicial, la administración de Jorge Macri continuó coordinando con Nación la contención de eventuales disturbios.
Con el descuento del día, la intimación a los estatales y el despliegue de fuerzas federales, la gestión libertaria buscó desactivar o reducir la magnitud de una movilización que, aun así, reunió a sindicatos, organizaciones sociales y militancia kirchnerista en defensa de Cristina Kirchner.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, celebró la decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad. “Dignidad es no robar”, subrayó durante un acto en la planta de Itasa, en el Parque Industrial de Paraná, donde presentó la primera inversión aprobada bajo el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI).
“Anoche escuchaba a una ex presidenta decir que la cárcel daba dignidad”, inició Frigerio ante operarios y empresarios. Señaló las máquinas que lo rodeaban y afirmó: “Esto es lo que da dignidad. Dignidad es esforzarse todos los días, es apostar por el país como lo hacen nuestros empresarios, invirtiendo, endeudándose, apostando por generar más empleo de calidad”. Remató: “Dignidad es no robar, es esforzarse y levantarse cada mañana para que, con el fruto de ese esfuerzo, se pueda llevar el plato de comida a la casa”.
DIGNIDAD NO ES IR A LA CÁRCEL. DIGNIDAD ES TRABAJAR.Hoy dimos un paso muy importante: ITASA, empresa líder en la fundición de acero, ubicada en Paraná, fue la primera en adherir al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) con una inversión de 4 millones de dólares,… pic.twitter.com/heGOK2aMYF
El fallo de la Corte, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificó la resolución de la Cámara de Casación y dispuso: “Rechazar el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Cristina Elizabet Fernández de Kirchner. Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, en cuanto condena a la nombrada a seis (6) años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos…”.
Además, confirmó el decomiso de $84.000 millones. El TOF 2 deberá definir ahora las condiciones de detención; por su edad, la ex mandataria podría acceder al arresto domiciliario y no podrá competir en las próximas elecciones. Desde 1983 solo dos ex presidentes quedaron condenados: Carlos Menem y ahora Cristina Kirchner.
Tras conocerse la sentencia, Frigerio publicó en la red social X: “DIGNIDAD NO ES IR A LA CÁRCEL. DIGNIDAD ES TRABAJAR”. En el mismo mensaje destacó que Itasa adhirió al RINI con una inversión de cuatro millones de dólares y precisó que 17 empresas tramitaron su incorporación al programa.
Durante el acto, el mandatario indicó que esos 17 proyectos totalizaron $ 21.000 millones y defendió la medida: “Es la primera de muchas por venir”. Añadió que la provincia atravesó “la caída de recursos más fuerte que se recuerde”, pero aseguró que “la crisis ya no recayó sobre las espaldas del sector privado”. Subrayó que su gestión priorizó “la transparencia y la administración eficaz de cada peso” y describió como “un cambio cultural que espero que haya llegado para quedarse” la articulación con los empresarios para “generar riqueza produciendo para la Argentina, produciendo para el corazón energético que es Vaca Muerta”.
Frigerio concluyó que el trabajo es “el norte que guía nuestras decisiones de gobierno” y vinculó la iniciativa a la “dignidad” que, según expresó, “no es ir a la cárcel, sino trabajar”.
Tras días de calma aparente, el peronismo bonaerense estalló en Santa Clara del Mar. Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof, sacudió la interna al reclamar disciplina sin matices: unidad con obediencia ciega o nada. El aviso cayó como un baldazo de agua fría sobre la militancia y los intendentes, que no ven con buenos ojos la orden de aplaudir aún en el error.
Bianco llamó a la unidad forzada, o a la ruptura inevitable que expondría al PJ a una derrota frente a Javier Milei. No dejó margen de negociación. La advertencia sonó a amenaza directa y tensó todavía más la cuerda en el espacio peronista.
En contraste, dirigentes como Federico Otermín intentaron poner paños fríos y hablaron de unidad para enfrentar el ajuste libertario, reivindicar a Cristina y defender la gestión bonaerense. Pero sus discursos moderados quedaron desdibujados ante el tono duro que impuso la mesa chica de Kicillof.
Detrás de todo asoma una pelea de poder que ya no se oculta. Kicillof busca construir su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, para independizarse del ala más pura del cristinismo. Los que resisten ven esto como un intento solapado de romper el PJ bonaerense para tallar su liderazgo personal.
La tensión con Cristina Kirchner viene de larga data. La falta de diálogo, la candidatura a diputada que ella misma anunció sin consultar al gobernador, y la puja por el desdoblamiento electoral bonaerense alimentan el clima de ruptura. Ni las gestiones reservadas ni las señales de tregua lograron sanar las heridas.
Cristina, por su parte, mandó a militar la eliminación de las PASO como gesto de unidad, pero para el ala del gobernador bonaerense no alcanzó. El mensaje bajado desde La Plata es claro: primero disciplina, después cargos. Y si no hay disciplina, se rompe.
Mientras tanto, en la sede nacional del PJ reina la desconfianza. Hay quienes denuncian falta de coordinación, vacíos de información y rosca de espaldas a las bases. La cumbre prevista para la semana próxima asoma como la última chance de evitar un incendio irreversible.
A esto se suma la presión de Milei, que en su gira por la provincia se despachó con insultos directos contra Kicillof, en busca de explotar las fisuras del peronismo y posicionarse para el 7 de septiembre. El presidente ve en la fractura peronista una oportunidad para avanzar.
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ratificó su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y se tatuó en el tobillo izquierdo una tobillera floral con la inscripción “dignidad”, gesto que difundió el jueves en sus historias de Instagram. “¿Así que tobillera? Será un signo de dignidad”, escribió al publicar la secuencia fotográfica y los videos del procedimiento.
El homenaje llegó apenas dos semanas después de que la Corte Suprema dejó firme la condena dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 en la causa Vialidad: seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo ratificó también la obligatoriedad de la tobillera electrónica, dispositivo que la ex mandataria debió portar las 24 horas durante toda la pena.
En las imágenes se observó a Mendoza recostada en una camilla mientras la tatuadora completó el ramillete que rodeó el tobillo y colocó la palabra “dignidad” en el centro, en alusión directa al brazalete que permaneció sujeto a la pierna de Cristina Kirchner. La dirigente camporista sumó así un nuevo tatuaje a la colección de símbolos kirchneristas que ya ostentó en la piel —entre ellos, alusiones a Néstor y a la propia Cristina— y reforzó la identidad que exhibe desde hace años.
Dos días antes de plasmar el dibujo, la jefa comunal visitó a la ex presidenta en el departamento de San José 1111, barrio porteño de Constitución, y fue además una de las organizadoras de la convocatoria “Argentina con Cristina”, que reunió a unas 500.000 personas en Plaza de Mayo, según datos difundidos por el kirchnerismo. “No es justo todo lo que vivimos, Cristina es inocente y está cumpliendo una condena ilegal. No tuvo un juicio justo”, denunció Mendoza durante la marcha. También afirmó: “La Corte violó la Constitución desde su inicio con el invento de designación de los jueces… Partiendo de eso, es una inocente, mal juzgada y hoy teniendo que cumplir condena ilegal”. Luego agregó: “Lo hacemos con mucha energía y ganas porque sabemos lo que significa “Cristina para este país”.
Durante la movilización, la ex mandataria agradeció el apoyo mediante un mensaje grabado y remarcó: “Estar presa es un certificado de dignidad”. Mendoza sostuvo que “la militancia siempre va a estar presente donde la expresidenta esté” y prometió asumir un rol clave en el armado de las listas legislativas bonaerenses del próximo año.
El dispositivo que Cristina Kirchner portó consistió en un brazalete hermético, hipoalergénico, resistente al polvo y al agua, conectado a una unidad domiciliaria instalada en su vivienda. Ambos equipos emitieron reportes en tiempo real al Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad, operativo las 24 horas del día y los siete días de la semana. El sistema informó ubicación, nivel de batería, intentos de manipulación y cualquier salida del perímetro fijado.
La unidad domiciliaria se comunicó tanto por línea fija como celular, contó con una batería de respaldo y permitió actualizaciones remotas. Además transmitió señales codificadas que alertaron sobre cortes de energía, salidas no autorizadas, desconexiones y la necesidad de reemplazo, previsto cada año. El sistema incluyó dos teléfonos celulares: uno que pudo recibir llamadas en cualquier momento —que la ex presidenta debió atender obligatoriamente— y otro dedicado al control perimetral por radiofrecuencia. El Servicio Penitenciario Federal, dependiente de la ministra Patricia Bullrich, instaló el dispositivo, elaboró informes técnicos y socioambientales previos y asumió el monitoreo permanente.
Desde el primer día de la condena, militantes kirchneristas lucieron tobilleras de utilería decoradas con flores, luces e imágenes de Cristina frente al edificio de Constitución. Ese atrezzo callejero inspiró el tatuaje definitivo de Mendoza, quien lo presentó como un “signo de dignidad” y como recordatorio de la supuesta inocencia de la ex mandataria.
La intendenta, considerada una pieza de confianza para Cristina Kirchner, reiteró que acompañará cada convocatoria que pida la ex jefa de Estado y que redoblará esfuerzos para “visibilizar la injusticia” que, según dijo, recayó sobre ella. La decisión de la jefa comunal quilmeña cerró la jornada con un mensaje inequívoco: su lealtad a la líder condenada trascendió el plano político para inscribirse de forma permanente en su piel y proyectarse hacia la arena electoral bonaerense.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
En mi tercer y nuevo libro, de inminente publicación, dedico más de 30 páginas a analizar pasado, presente y futuro de la estrategia nuclear militar de las superpotencias en pugna, los riesgos de una escalada a escala global y una única conclusión: "Frente a la imposibilidad de… pic.twitter.com/fdfIIivSnc
