Casi como una traición planeada de antemano, el director provincial de Islas, Eugenio Liggesmeyer, participó a mediados de marzo del acto del 207 aniversario de la Isla Martín García, y aprovechó la ocasión para tomar el micrófono y asegurar que “la actividad turística de la isla es un orgullo, tiene una historia muy rica y cero casos de COVID, lo que para nosotros es un orgullo”.
Tan sólo unas semanas después, sin embargo, el orgullo mutaría es una voraz estrategia de expropiación que buscaría quedarse con las propiedades explotadas durante décadas por, justamente, las familias que garantizan la calidad del turismo en la zona.
Uno de los casos paradigmáticos es el de la Panadería Rocío, que lleva más de treinta años de historia en la isla. Dado que se trata de una reserva natural, no es posible construir en el lugar, por lo que los emprendimientos se llevan adelante utilizando las construcciones que ya están de pie, muchas de ellas antiguas y costosas de mantener.
En este contexto, los propietarios de la Panadería Rocío presentaron un proyecto de explotación del espacio y comenzaron a trabajar colaborativamente con las distintas gestiones bonaerenses durante los últimos treinta años, hasta la llegada de Axel Kicillof a la gobernación.
Sobre finales de 2019, con las asunciones de Diego Simonetta al cargo de director de Gestión Integral de Islas del Delta e Isla Martín García y Eugenio Liggesmeyer como director provincial de Islas, la relación entre los trabajadores del lugar y la provincia de Buenos Aires dio un rotundo vuelco. Lejos de valorar los trabajos de turismo y mantenimiento que se vienen llevando con mucho trabajo durante décadas, la gestión Kicillof buscó quedarse con las propiedades. De acuerdo a aquellos que denunciaron éste accionar, el objetivo es el de transformar la isla en un lugar de descanso para los funcionarios kirchneristas.
“Mi papá es panadero y mi mamá es docente jubilada de la escuela de la Isla. Vinieron a trabajar hace más de treinta años y levantaron la panadería con mucho esfuerzo, en una casa antigua muy costosa de mantener. Hacemos un producto cuidado, que es muy valorado en la zona y nos esforzamos día a día para prosperar. Desde el mes de julio estamos cerrados porque las autoridades de la provincia nos enviaron una carta documentos intimándonos a abandonar todo en diez días”, aseguró Rocío, propietaria de la panadería.
El apetito de la gestión Kicillof por quedarse con las propiedades de la zona no se detiene ni siquiera ante el accionar judicial. “Presentamos una medida cautelar y un amparo. Nos ordenaron dejarles la panadería y hasta los utensillos, que nos llevó mucho tiempo, trabajo y dinero comprar. Vamos a diario a la casa porque es antigua y necesita mantenimiento, pero sin avisarnos nos cortaron la luz, echando a perder toda la mercadería que teníamos”, explicó Rocío.
En la isla se viven momentos de tensión, ya que, según cuentan los vecinos, el caso de la Panadería Rocío no es una mera excepción.
De acuerdo a fuentes locales, el objetivo de la provincia es el de desalojar a la familia de panaderos para quedarse con la propiedad y transformarla en una dependencia para que funcionarios de Kicillof puedan ir a vacacionar durante los meses de verano. Testigos aseguraron que las autoridades ya están construyendo una playa en el lugar y acondicionando la casa del gobernador, que en la práctica es una humilde vivienda que la provincia tenía en el lugar como atracción turística.
*Fuente: REALPOLITIK
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