27 octubre, 2024

Entre dólares y joyas, la trama oculta de la visita de CFK a Angola

Fue uno de los viajes más bizarros que hizo Cristina Kirchner durante su mandato presidencial. Ocurrió en mayo de 2012 y el destino fue Angola.
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Allí, donde encabezó una misión comercial junto a 400 empresarios, la hoy vicepresidenta no se privó siquiera de bailar una danza típica africana. Ciertamente, fue impactante.

Sin embargo, hasta el día de hoy nadie ha logrado descifrar cuál fue el verdadero motivo por el cual la entonces jefa de Estado llegó hasta ese lejano país. Es lo que develará esta nota, ocho años después.

Para empezar, hay que recordar la pasión de Cristina por las joyas, la cual supo satisfacer comprando de manera “crónica” en la joyería Jean-Pierre de la Ciudad de Buenos Aires. Según Sergio Hovaghimian, empleado de ese local, la entonces mandataria enviaba a una mujer que retiraba joyas y pagaba en negro en operaciones anuales valuadas en un millón de euros.

Dicho esto, hay que trasladarse a Ginebra, donde se encuentra la casa central de De Grisogono, una importante red mundial de joyerías fundada por un empresario Italiano Libanés llamado Fawaz Gruosi. Para quien no la conozca, baste mencionar que está entre las más importantes del mundo y supo participar en los grandes eventos de lujo en Europa junto a estrellas del cine.

Como misión, De Grisogono siempre buscó competir con los grandes de la industria de los diamantes como De Beers. Y ahí viene el quid de la cuestión: esta red de joyería comercializa joyas hechas con diamantes de Angola.

En febrero del año 2012, Sindika Dokolo, esposo de Isabel Dos Santos —hija del expresidente de Angola— inició la adquisición y control de De Grisogono. Para esto, afrontó una mínima parte del pago del capital mayoritario y el resto fue financiado y garantizado por empresas públicas angoleñas controladas por su esposa y su suegro, el entonces jefe de Estado.

La adquisición se hizo mediante el uso de una compleja estructura de sociedades offshore y se concretó con la compra de un 90% de la firma. Esto garantizó el control absoluto de la empresa y la comercialización casi exclusiva de los diamantes angoleños.

Un 10% restante de la participación accionaria quedó en manos de Riogersa, perteneciente a un controvertido empresario español llamado Moisés Mauricio Toledano, quien, a través de otra empresa llamada Eurofinsa —que también está registrada y opera en Argentina— es uno de los principales donantes a la fundación de la que vive el ex juez Baltasar Garzón y se vio envuelto en casos de corrupción en Angola.

Según pudo comprobar Tribuna de Periodistas a través de la consulta a dos fuentes altamente calificadas —una de ellas del propio entorno de la expresidenta—, es que Toledano sería el nexo entre el gobierno angoleño, la joyería De Grisogono y Cristina Kirchner.

No es el único: quien también actuó como nexo ha sido el polémico empresario portugués Helder Bataglia, cuyos contactos en Argentina son Jorge Do Amaral, de la cámara Argentina Portuguesa y Julio De Vido.

Este empresario es dueño de múltiples compañías y era socio de los empresarios Sam Pa —empresario con múltiples nacionalidades y ligado a los servicios secretos de China que manejaba los millonarios fondos de 88 Queensway Group para financiar proyectos faraónicos en África y Venezuela— y Pierre Falcone.

Para los menos avispados, Bataglia encabezó junto a Sam Pa el falso anuncio de inversiones chinas en Argentina en el año 2005 y presentadas oficialmente pero luego desmentidas por el gobierno Chino. Este empresario portugués fue muy amigo del presidente de Congo Denis Sassou Nguesso y de su par de Angola Eduardo Dos Santos.

En síntesis: la misión comercial de Cristina fue solo una excusa para viajar a Angola y transportar una considerable suma de dinero en efectivo para adquirir joyas.

Como ella misma no podía pagar y retirar las joyas —ya que en el mercado de las joyas de lujo y diamantes las adquisiciones van acompañadas de certificados de autenticidad y este certificado solo lo expiden los “dealers” (1)—, la entonces presidenta pergeñó el viaje que hizo Amado Boudou a Ginebra.

La excusa que se pergeñó para justificar el viaje del exvicepresidente fue la de “pedir ayuda” a la Cruz Roja para realizar ADN de los soldados caídos en Malvinas. Ciertamente, fue poco creíble, ya que la propia Cristina había recibido la negativa por parte de la misma entidad, quien le envió una misiva afirmando que no realizaba ese tipo de estudios.

No obstante, el viaje de Boudou coincidió con el hecho de que la hoy vicepresidenta había sido elegida para recibir un premio llamado “Las mujeres y las niñas en las Tecnologías de la Comunicación” por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), un organismo dependiente de las Naciones Unidas. Casualmente, ambas oficinas, la UIT y la joyería De Grisogono, se encuentran a 6 minutos en automóvil.

De acuerdo a los mismos informantes con los que habló este portal, el dinero “en negro” aportado por Cristina en Angola habría sido canalizado a través del Banco Bic, de raigambre portuguesa, controlado por Isabel Dos Santos.

Es el mismo banco que le concedió un crédito a la empresa pública Angoleña SODIAM para la adquisición la joyería De Grisogono por U$S400 millones.

Como sea, debe decirse que fue más que llamativo que se haya decidido el viaje de Cristina hacia un país y el vicepresidente a otro en forma simultánea, ello por motivos que no acreditaban urgencia alguna, quedando el país al mando de Beatriz Liliana Rojkés de Alperovich.

  • (1) A su vez, en Angola existe una empresa pública llamada SODIAM que tiene la exclusividad de comercialización mayorista. Ergo, los diamantes angoleños no se pueden vender al por mayor en su lugar de origen sino que son distribuidos por joyerías que los adquieren, les dan valor agregado y los comercializan al por menor y como parte de alhajas.

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas – Christian Sanz

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Milei defendió el veto ante los empresarios y acusó a la oposición de “usar una causa noble para robar dinero a los alumnos”

Al justificar su veto al financiamiento a las universidades, el presidente alegó que “el aumento a las universidades sería ceder a la vieja forma de hacer política, de ignorar la restricción del presupuesto, volver a las andadas y a los niveles de Riesgo País que teníamos con el kirchnerismo”, en ese sentido remarcó: “lo único que pedimos es auditarlos, parece que eso es poner en riesgo la educación pública, pero, al contrario, es defender la educación pública”.

Frente al reclamo y a las protestas de parte de la oposición, el presidente fue determinante “es un mero eufemismo para defender los curros de tres o cuatro delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselo a los alumnos y a los profesores”. Es decir, si no hubiera problema en la administración de los fondos, la UBA no tendría problema en permitir que se la audite, sin embargo, esto no se hace desde 2015. Milei dio a entender que el hecho de que no dejen auditar la universidad quiere decir que hay “curros” que no quieren que salgan a la luz.

– El Presidente Javier Milei junto al Director Regional de LAFISE, Carlos Melo, y al Presidente del CEAL, Roberto Zamora

Frente a los empresarios, el mandatario realizó un balance de estos 10 meses de gestión, manifestando un cambio de paradigma en el rumbo económico, donde se pudo estabilizar la inflación y la política monetaria, se redujo la carga estructural de la economía achicando el gasto público, y esto se ve reflejado en el aumento de confianza. Con un riesgo país que perforó los 1200 puntos y que con el kirchnerismo estaba alrededor de 3000 puntos.

En relación a la política económica, Milei se manifestó en contra de una devaluación, ya que esta medida rompería con la señal de precios y no lograría resolver el problema de fondo. En cambio, se expresó a favor de los empresarios, calificándolos de benefactores sociales: “Si Argentina va a empezar a generar un proceso de fuerte crecimiento económico, en la medida que ustedes empiecen a generar ese proceso, se van a generar ganancias extraordinarias. No les demos lugar a los zurdos de mierda que vengan a decir que eso está mal” manifestó frente al aplauso del público presente.

Redacción

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El intendente de Gualeguaychú eliminó el 60% de las tasas municipales en solo diez meses

El Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó este jueves la derogación de la Ordenanza N° 11.724/2012, que imponía el tributo por “Retribución por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios”. Este impuesto afectaba a comercios locales que instalaban cartelería en la ciudad, trasladando los costos a los comerciantes y dificultando la llegada de nuevas inversiones.

En los considerandos de la norma se remarca que “resulta necesario acompañar a distintos sectores de nuestra comunidad, promoviendo medidas que tiendan a generar empleo y promover el desarrollo”, a la vez que se asegura que “con el convencimiento de incentivar el comercio y fomentar la llegada de nuevos emprendimientos, es imprescindible que el Municipio promueva acciones tendientes a facilitar la radicación de los mismos”. En ese sentido, refleja que “el cobro por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios se ha tornado una dificultad para el comercio local, dado que las marcas trasladan el pago del mismo a los comerciantes de la ciudad, desalentando la actividad y atentando contra el arribo de nuevas inversiones en el comercio local” y que “es prioridad de esta gestión municipal aliviar la carga tributaria de los contribuyentes, avanzar con la desburocratización del Estado y alentar las inversiones en el comercio local”.

La eliminación del derecho de publicidad es solo una de las 31 cargas municipales suprimidas en los primeros diez meses de gestión del intendente Mauricio Davico, que representan el 60% de los tributos existentes. Entre estas, se incluyen tasas por trámites administrativos, derechos de edificación y sellados municipales, entre otros. Esta política tiene como objetivo aliviar la presión fiscal sobre los contribuyentes y simplificar la burocracia local.

“La eliminación tributaria llevada a cabo en estos diez meses no podría practicarse en una administración desordenada e imprevisora”, afirmó el intendente Davico. Según explicó, la municipalidad dejará de percibir aproximadamente dos mil millones de pesos en 2025, pero el equilibrio fiscal se mantiene gracias a una estricta gestión de los recursos. “Cada peso que entra, se cuida”, enfatizó.

Davico también resaltó que el cobro del derecho por publicidad había sido un obstáculo para que franquicias y marcas de renombre nacional se instalaran en Gualeguaychú. “Tenían que pagar este derecho de publicidad, más la tasa de comercio”, explicó. El problema se agravaba porque el impuesto no se basaba en las ventas, sino en el tamaño de la cartelería, independientemente de la actividad comercial.

El intendente subrayó que la eliminación de este tributo aliviará a los comerciantes locales e incentivará la inversión, permitiendo que ese dinero “se invierta en los propios comercios”. Además, destacó que su gestión acompaña al sector privado en todas las áreas, buscando fomentar una Gualeguaychú productiva y atractiva para nuevas inversiones, tal como sucede en otras localidades turísticas.

LAS TASAS ELIMINADAS POR LA GESTIÓN DE DAVICO

  1. Todo escrito que no esté gravado con sellados especiales.
  2. Inscripción de boletos de compra – venta de inmuebles.
  3. Solicitud de deuda líquida y exigible.
  4. Aprobación para instalación medidor de luz.
  5. Venta de planos del municipio.
  6. Por cada copia heliográfica de planos que integran el legajo de construcciones.
  7. Verificación expedida por organismos o funcionarios de la justicia de Faltas.
  8. Por cada duplicado de análisis expedido por la Dirección de Servicios Sanitarios Municipal.
  9. Por pedido de copia de actuaciones labradas por accidentes de tránsito.
  10. Inscripción de comercio, industria, etc.
  11. Los recursos contra resoluciones administrativas.
  12. Los permisos precarios para 30 días para la circulación de automóviles en el Ejido Municipal.
  13. Por solicitud para exponer animales, plantas, etc.
  14. Por presentación de denuncias contra vecinos.
  15. Por solicitud de inscripción de empresas constructoras viales y/o civiles.
  16. Por solicitud de subdivisión de propiedades, aprobación de loteos hasta un máximo de diez lotes y mensuras.
  17. Por inscripción de títulos técnicos o profesionales.
  18. Inscripción de Propiedades en el Registro Municipal, se cobrará un derecho por la inscripción de propiedades en el Registro Municipal.
  19. Sellados municipales de planos.
  20. Derechos del Cementerio: por las actuaciones por escrito que se presenten ante el Cementerio.
  21. Contrato de suministro de obras y servicios públicos, contratos de suministros, obras y servicios públicos previstos en la Ordenanza de Contrataciones, sobre el importe del contrato.
  22. Por cada solicitud de franquicias especiales de tránsito.
  23. Por cada solicitud de compra de talonario de estacionamiento medido.
  24. Carnet sanitario.
  25. Desinfección y desratización.
  26. Derechos de edificación.
  27. Actuaciones administrativas.
  28. Tasa por servicios especiales.
  29. Tasa por servicios eventuales.
  30. Sobretasa General Inmobiliaria.
  31. Retribución por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios.

Redacción

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El legislador Santoro apuntó contra Villarruel: “Es inconstitucional ese busto de Isabelita”

El legislador Yamil Santoro y la Fundación Apolo presentaron un reclamo administrativo ante la presidencia del Senado de la Nación solicitando la remoción inmediata del busto de la ex presidente, María Estela Martínez de Perón.

Según el argumento de Santoro, el homenaje viola el artículo 3 de la Ley 5.158, que prohíbe rendir homenaje a personas vivientes mediante estatuas o monumentos. La escultura fue inaugurada el 17 de octubre de 2024 por la vicepresidente Victoria Villarruel en el Salón de las Provincias de la Cámara Alta, en el mismo lugar donde anteriormente se encontraba el busto del ex presidente Néstor Kirchner.

El legislador también hizo énfasis en que su objeción no se centra únicamente en la figura de Isabel Perón, sino en el hecho de que su homenaje va en contra de una normativa clara y precisa.

La Fundación Apolo, que acompañó el reclamo de Santoro, advirtió que, de no proceder a la remoción del busto, avanzarán por la vía judicial para asegurar el cumplimiento de la ley.

La instalación del busto generó una fuerte polémica desde su inauguración. Durante la ceremonia, Villarruel defendió el acto como una “reparación histórica” hacia Isabel Perón, afirmando que la ex mandataria fue víctima de “más de 40 años de persecución y ostracismo”.

Villarruel argumentó que su intención no era ensalzar la gestión o el gobierno de Isabel Perón, sino rendirle un homenaje personal a una mujer que, según ella, enfrentó la ingratitud de la política argentina con coraje y patriotismo: “Hoy termina la proscripción de Isabel Perón, impuesta por los mismos que ahora dirigen el partido político que lleva su apellido”, afirmó la vicepresidenta en su discurso, agregando que esta “reparación simbólica” contribuiría a la “pacificación nacional”.

El rechazo de Milei: “Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A”

El presidente de la Nación, Javier Milei, expresó públicamente su desacuerdo con la decisión de Villarruel. En una entrevista cedida a Todo Noticias, Milei afirmó que no hubiera realizado el homenaje y calificó como un “error” reivindicar a alguien que creó la organización paramilitar Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), involucrada en crímenes durante la presidencia de Isabel Perón. “No creo que sea un modelo a seguir, ni que haya llegado a su lugar por méritos intelectuales o profesionales”, señaló.

Además, el mandatario criticó duramente el gobierno de Martínez de Perón, destacando el caos económico que caracterizó su gestión, incluyendo el Rodrigazo, una crisis económica que sextuplicó la inflación. A pesar de su rechazo, el presidente reconoció el derecho de Villarruel a tomar decisiones en el Senado, subrayando que en su propio gobierno no habría un homenaje de este tipo: “Ella tiene una visión de las cosas. Y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado. Bueno, es la casa de ella. En la mía no la va a encontrar seguro”.

Redacción

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Victoria Villarruel volvió a cruzar al Gobierno por Malvinas: “Requiere otra estrategia”

Tras criticar el pacto que la canciller Diana Mondino firmó con su par británico David Lammy y luego de su faltazo al acto oficial en Parque Lezama el pasado sábado, la vicepresidenta Victoria Villarruel defendió su postura frente a las Islas Malvinas.

En esta ocasión respondió a usuarios de Instagram que la criticaron por cruzar al Gobierno de manera pública y respondió a algunos ataques donde por ejemplo le decían: “Sin Milei estarías dando notas en Canal Magazine”.

“Pero siempre con la dignidad intacta, sea donde sea que esté. Siempre coherente con lo que pienso, digo y cómo vivo”, respondió Villarruel, y agregó: “Agradezco y soy leal al Presidente, pero Malvinas requiere otra estrategia y es de lo que opiné. El resto de tu comentario habla de tu bajeza, saludos”.

En referencia a los habitantes de las Islas, señaló: “Los kelpers no son parte de la discusión. Son población implantada. Entiendo que no comprendiste lo que expresé pero es bastante más complejo que como lo estás viendo“.

Otro usuario aprovechó para criticar el aumento de sueldos en el Senado, frente a lo que la vicepresidenta indicó: “Yo no aumenté el salario, eso se lo votan por reglamento los senadores si así lo desean. Yo no soy senadora”.

“Lo mismo hicieron los diputados, que tuvieron su aumento y hoy ganan más que el Presidente y que yo“, agregó.


Redacción

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El Gobierno se arrodilla ante la CGT y el sindicalismo le copa la reforma laboral

El último lunes de septiembre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero; y el asesor presidencial, Santiago Caputo, mantuvieron una reunión con una comitiva de la Confederación General del Trabajo, integrada por los más influyentes secretarios generales.

El resultado del encuentro fue un acuerdo que coloca a los gordos de la CGT en una posición de poder dentro de la reglamentación de la reforma laboral, debilitando la implementación del crucial artículo que prohíbe los bloqueos sindicales.

– Héctor Daer

De esta manera, la cúpula cegetista hizo retroceder al Gobierno, logrando frenar la correcta implementación del artículo anti-bloqueos de la reforma laboral. A pesar de que el artículo que permite el despido justificado por bloqueos sigue en la reforma laboral aprobada en la Ley Bases, su aplicación será notablemente limitada.

Ahora, la implementación del mismo estará sujeta a la evaluación de una mesa tripartita conformada por el gobierno, líderes sindicales y empresarios. Esta mesa será la encargada de revisar cada denuncia por bloqueo, en lo que parece ser una clara concesión a las presiones de los sindicatos.

Del encuentro, celebrado en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, participaron Héctor Daer (Sanidad y secretario general de la CGT), Carlos Acuña (Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), Jorge Sola (Sindicato del Seguro); Andrés Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (UOCRA); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Cristian Gerónimo (Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, Seivara); Robustiano Geneiro (UTHGRA); Maia Volcovinsky (UEJN); Luz Marina Jaureguiberry (SADOP); Sergio Romero (UDA); Roberto Fernández (UTA); y Daniel Ricci (FEDUN).

“Libertarios”, kirchneristas y los gordos de la CGT, unidos

Entrevistado por periodistas acreditados en Casa Rosada, el secretario general de la CGT y del gremio de trabajadores de sanidad, Héctor Daer, no pudo disimular su alegría tras el cónclave: “Para nosotros fue fundamental venir, ser convocados. Tenemos una preocupación muy grande que es producto de la Ley Bases, un artículo que modifica el artículo 242, que es despido con causa de la Ley de Contrato de Trabajo”.

Fuentes que participaron del encuentro de ayer comentaron acerca de la influencia de Santiago Caputo en el acuerdo. El asesor presidencial logró establecer un vínculo cercano con líderes sindicales, quienes se sorprendieron ante su “habilidad” para comunicarse a la hora de poner sobre la mesa los negociados políticos: “El pibe habla el mismo idioma”, dijeron fuentes de la CGT al diario Clarín.

Además, un sector del Gobierno dijo que no apoyará el proyecto de Democracia Sindical, redactado por el PRO y la UCR, que busca limitar los mandatos de los delegados y definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, entre otros puntos. La semana pasada, La Libertad Avanza pidió demorar su tratamiento para priorizar el Presupuesto 2025 y la privatización de Aerolíneas Argentinas.

La estrategia de Caputo para lidiar con los sindicatos chocó con la postura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien busca limitar la influencia de los sindicatos y reducir lo que considera privilegios excesivos.

El artículo 242, modificado por la Ley Bases, permite el despido con causa por bloqueos al considerarlos como una injuria laboral grave. Los sindicalistas consideran que la redacción del artículo es “ambigua”, especialmente en lo que respecta a la diferenciación entre bloqueos "totales" o "parciales". Argumentan que esto podría perjudicar el derecho a huelga, ya que acciones como una asamblea en el comedor de una empresa podrían interpretarse como un bloqueo parcial y, por lo tanto, justificar un despido.

Rápidamente, Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) cuestionó el acuerdo con la CGT, pidió tener un lugar en la mesa de diálogo y repudió la decisión del Gobierno de atenuar la legitimidad del artículo que combate a la medida extorsiva de los sindicatos.

A través de un comunicado, el presidente de la entidad que reúne a empresas afectadas por bloqueos, Juan Méndez, definió a la demanda de la CGT como un "dislate" que "transformará en letra muerta lo que el Congreso de la Nación ha sancionado y está vigente" ya que "integra al sindicalismo para reglamentar una práctica ilegal que ellos mismos llevan adelante".

Existe una fuerte desconfianza hacia las intenciones de la CGT. Importantes empresarios consideran que los sindicatos buscarán utilizar la reglamentación para diluir el impacto del artículo anti bloqueos y dificultar el despido de trabajadores que participen de la medida extorsiva.

Consultada por DATA24.COM.AR, la diputada nacional del PRO y fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, Verónica Razzini, dijo que ley ya es clara en ese punto y que la CGT busca confundir el derecho a huelga con el delito de bloqueo: “La estrategia (de los síndicos) es confundirnos. Disfrazan la medida extorsiva, y la disfrazan de asamblea o huelga, pero detrás hay un bloqueo”.

Razzini enfatizó que, tanto la huelga como la asamblea, están protegidas por la Constitución, pero “el bloqueo es un delito que debe ser sancionado”. Actualmente, el bloque PRO trabaja en un proyecto para que el Congreso integre a los bloqueos dentro del Código Penal. “El día que tengamos la tipificación penal del delito de bloqueo, entonces vamos a poder poner blanco sobre negro y ya no va a existir confusión alguna: La huelga es hasta este punto, de este punto en adelante estás perpetrando un bloqueo y eso es delito. Esta es una manera de proteger a los trabajadores también”.

"Celebro que el tema de los bloqueos forme parte de la agenda del Gobierno. Entiendo que tal vez hoy son momentos políticos álgidos y que el Ejecutivo prefiera bajar el perfil. Javier Milei fue categórico en su discurso en la apertura de sesiones. Habló de la democratización sindical, habló de los bloqueos. Me parece que sí corresponde sentarse a charlar con la CGT, pero no podemos dar ni un paso atrás en lo que hemos logrado hasta aquí", sentenció la diputada y empresaria santafesina.

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Redacción

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El Gobierno impulsa la “Ley Hojarasca”, un proyecto para eliminar 70 normativas obsoletas

El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de “Ley Hojarasca”, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de derogar 70 leyes que el Ejecutivo considera obsoletas o contraproducentes para las libertades individuales y los derechos de propiedad.

El proyecto se enmarca en el plan del gobierno para “desregular y simplificar el marco normativo vigente”. Según el comunicado oficial, estas leyes, muchas sancionadas durante los gobiernos militares, “imponen trámites inútiles, limitan la libertad individual, restringen el derecho a la propiedad o crean organismos que dependen de financiamiento público cuando deberían autosolventarse”.

Entre las normativas que el Ejecutivo busca eliminar, destacan leyes tan antiguas como la que regula el uso de palomas mensajeras, sancionada durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y la “Ley del Mochilero” de 1974, que obligaba a quienes realizaban turismo independiente a portar un carnet especial. Estas normativas, según el ministro, perdieron relevancia en el contexto actual y constituyen ejemplos de regulaciones que “ya no tienen sentido”.

En julio de este año, Sturzenegger había adelantado que se buscaría eliminar una serie de leyes que consideraba “obstáculos burocráticos” y que habían sido impuestas por distintos gobiernos a lo largo de la historia argentina, tanto democráticos como de facto.

El análisis que llevó a la selección de las 70 leyes que se proponen derogar fue exhaustivo. Sturzenegger explicó que estas normativas fueron identificadas por seis razones principales: limitación de libertades individuales, imposición de trámites innecesarios, obsolescencia por avances tecnológicos, superposición con leyes más recientes, falta de sentido actual debido a la desaparición de instituciones y la creación de organismos que dependen del financiamiento estatal.

La gestión libertaria fue enfática en su visión de que un “cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y justo” es esencial para el desarrollo económico y social del país. “Cuantas más leyes, peor será una sociedad”, citó Sturzenegger, recordando una frase del jurista norteamericano Grant Gilmore: “En el infierno no hay otra cosa que la ley”.

En principio, la oposición no emitió críticas contundentes al proyecto. La bancada radical en el Congreso ya tiene el documento en su poder, mientras que otros sectores esperan analizarlo antes de adoptar una posición definitiva.

– “El presidente @JMilei ha enviado al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca q busca eliminar unas 70 leyes inútiles, obsoletas, o q restringen nuestras libertades. Como anticipo este gráfico indica de q presidencias son las normas a derogar. Más detalles pronto. VLLC!”, tuiteó Sturzenegger

Sin embargo, algunos sectores temen que la eliminación masiva de normativas sin un análisis más profundo pueda generar vacíos legales en áreas sensibles. Especialistas señalaron que, si bien algunas leyes pueden estar obsoletas, su derogación podría requerir la creación de nuevos marcos regulatorios.

El proyecto también despertó inquietud en ciertos sectores productivos. La reciente desregulación del transporte automotor de media y larga distancia —que permitió a las empresas del sector operar con mayor libertad en términos de recorridos, precios y frecuencias— generó preocupación entre las cámaras empresariales, que temen una saturación del mercado. A pesar de esto, el gobierno asegura que la medida busca estimular la competencia y mejorar la oferta de servicios para los usuarios.

Sturzenegger informó que se darán a conocer más detalles sobre el proyecto en las próximas semanas a medida que avance su tratamiento legislativo. “Este es solo el comienzo”, adelantó, insinuando que el gobierno tiene en sus planes una serie de iniciativas adicionales para continuar desmantelando lo que consideran un exceso de normativas y regulaciones heredadas de administraciones pasadas.

Redacción

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