01 julio, 2025

El Gobierno se arrodilla ante la CGT y el sindicalismo le copa la reforma laboral

El Ejecutivo cedió ante las demandas de la CGT y permitió que los sindicatos formen parte de la reglamentación del artículo que sanciona los bloqueos sindicales, una medida clave para combatir prácticas extorsivas.
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El último lunes de septiembre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero; y el asesor presidencial, Santiago Caputo, mantuvieron una reunión con una comitiva de la Confederación General del Trabajo, integrada por los más influyentes secretarios generales.

El resultado del encuentro fue un acuerdo que coloca a los gordos de la CGT en una posición de poder dentro de la reglamentación de la reforma laboral, debilitando la implementación del crucial artículo que prohíbe los bloqueos sindicales.

– Héctor Daer

De esta manera, la cúpula cegetista hizo retroceder al Gobierno, logrando frenar la correcta implementación del artículo anti-bloqueos de la reforma laboral. A pesar de que el artículo que permite el despido justificado por bloqueos sigue en la reforma laboral aprobada en la Ley Bases, su aplicación será notablemente limitada.

Ahora, la implementación del mismo estará sujeta a la evaluación de una mesa tripartita conformada por el gobierno, líderes sindicales y empresarios. Esta mesa será la encargada de revisar cada denuncia por bloqueo, en lo que parece ser una clara concesión a las presiones de los sindicatos.

Del encuentro, celebrado en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, participaron Héctor Daer (Sanidad y secretario general de la CGT), Carlos Acuña (Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), Jorge Sola (Sindicato del Seguro); Andrés Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (UOCRA); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Cristian Gerónimo (Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, Seivara); Robustiano Geneiro (UTHGRA); Maia Volcovinsky (UEJN); Luz Marina Jaureguiberry (SADOP); Sergio Romero (UDA); Roberto Fernández (UTA); y Daniel Ricci (FEDUN).

“Libertarios”, kirchneristas y los gordos de la CGT, unidos

Entrevistado por periodistas acreditados en Casa Rosada, el secretario general de la CGT y del gremio de trabajadores de sanidad, Héctor Daer, no pudo disimular su alegría tras el cónclave: “Para nosotros fue fundamental venir, ser convocados. Tenemos una preocupación muy grande que es producto de la Ley Bases, un artículo que modifica el artículo 242, que es despido con causa de la Ley de Contrato de Trabajo”.

Fuentes que participaron del encuentro de ayer comentaron acerca de la influencia de Santiago Caputo en el acuerdo. El asesor presidencial logró establecer un vínculo cercano con líderes sindicales, quienes se sorprendieron ante su “habilidad” para comunicarse a la hora de poner sobre la mesa los negociados políticos: “El pibe habla el mismo idioma”, dijeron fuentes de la CGT al diario Clarín.

Además, un sector del Gobierno dijo que no apoyará el proyecto de Democracia Sindical, redactado por el PRO y la UCR, que busca limitar los mandatos de los delegados y definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, entre otros puntos. La semana pasada, La Libertad Avanza pidió demorar su tratamiento para priorizar el Presupuesto 2025 y la privatización de Aerolíneas Argentinas.

La estrategia de Caputo para lidiar con los sindicatos chocó con la postura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien busca limitar la influencia de los sindicatos y reducir lo que considera privilegios excesivos.

El artículo 242, modificado por la Ley Bases, permite el despido con causa por bloqueos al considerarlos como una injuria laboral grave. Los sindicalistas consideran que la redacción del artículo es “ambigua”, especialmente en lo que respecta a la diferenciación entre bloqueos "totales" o "parciales". Argumentan que esto podría perjudicar el derecho a huelga, ya que acciones como una asamblea en el comedor de una empresa podrían interpretarse como un bloqueo parcial y, por lo tanto, justificar un despido.

Rápidamente, Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) cuestionó el acuerdo con la CGT, pidió tener un lugar en la mesa de diálogo y repudió la decisión del Gobierno de atenuar la legitimidad del artículo que combate a la medida extorsiva de los sindicatos.

A través de un comunicado, el presidente de la entidad que reúne a empresas afectadas por bloqueos, Juan Méndez, definió a la demanda de la CGT como un "dislate" que "transformará en letra muerta lo que el Congreso de la Nación ha sancionado y está vigente" ya que "integra al sindicalismo para reglamentar una práctica ilegal que ellos mismos llevan adelante".

Existe una fuerte desconfianza hacia las intenciones de la CGT. Importantes empresarios consideran que los sindicatos buscarán utilizar la reglamentación para diluir el impacto del artículo anti bloqueos y dificultar el despido de trabajadores que participen de la medida extorsiva.

Consultada por DATA24.COM.AR, la diputada nacional del PRO y fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, Verónica Razzini, dijo que ley ya es clara en ese punto y que la CGT busca confundir el derecho a huelga con el delito de bloqueo: “La estrategia (de los síndicos) es confundirnos. Disfrazan la medida extorsiva, y la disfrazan de asamblea o huelga, pero detrás hay un bloqueo”.

Razzini enfatizó que, tanto la huelga como la asamblea, están protegidas por la Constitución, pero “el bloqueo es un delito que debe ser sancionado”. Actualmente, el bloque PRO trabaja en un proyecto para que el Congreso integre a los bloqueos dentro del Código Penal. “El día que tengamos la tipificación penal del delito de bloqueo, entonces vamos a poder poner blanco sobre negro y ya no va a existir confusión alguna: La huelga es hasta este punto, de este punto en adelante estás perpetrando un bloqueo y eso es delito. Esta es una manera de proteger a los trabajadores también”.

"Celebro que el tema de los bloqueos forme parte de la agenda del Gobierno. Entiendo que tal vez hoy son momentos políticos álgidos y que el Ejecutivo prefiera bajar el perfil. Javier Milei fue categórico en su discurso en la apertura de sesiones. Habló de la democratización sindical, habló de los bloqueos. Me parece que sí corresponde sentarse a charlar con la CGT, pero no podemos dar ni un paso atrás en lo que hemos logrado hasta aquí", sentenció la diputada y empresaria santafesina.

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Redacción

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ARCA endurece controles para compras en el exterior: nuevos límites y productos prohibidos

En este contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que desde julio se implementarán más controles para monitorear estas operaciones y reforzar las restricciones sobre los productos que pueden ingresar al país.

Controles de ARCA sobre compras en el exterior

La medida, oficializada mediante la Resolución General 5662/2025 en el Boletín Oficial, establece que, a partir de julio de 2025, las entidades bancarias que emiten tarjetas de crédito, débito o de compra deberán reportar a ARCA todos los consumos realizados fuera del territorio argentino, tanto de titulares como de adicionales.

La información que deberán enviar al organismo de control incluye:

Detalle de las operaciones en el exterior correspondiente a tarjetas de titulares emitidas en el país.
Número de tarjeta.
Marca de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito.
Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la entidad emisora de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito.
Fecha de la operación.
Identificación del país.
Identificación de la moneda de origen.
Monto de la operación en moneda extranjera.
Monto de la operación en pesos.
Nombre del comercio.
Código de rubro del comercio.
Número de identificación del comercio.
Este registro permitirá a ARCA obtener datos precisos para ejercer un mayor control fiscal y detectar posibles irregularidades, así como evitar maniobras de evasión a través de consumos en el exterior.

Compras internacionales: productos prohibidos para ingresar al país

Junto con estos controles, la agencia de recaudación recordó que existen productos que tienen prohibido su ingreso a territorio argentino, especialmente desde países limítrofes como Chile. Entre los bienes restringidos se encuentran:

Mercadería con fines comerciales o industriales.
Armas de fuego, salvo que el usuario cuente con una autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
Explosivos, inflamables y estupefacientes.
Material arqueológico y cultural.
Electrodomésticos de línea blanca: incluye cocinas, lavavajillas, estufas y aires acondicionados. Sin embargo, los aparatos pequeños, como licuadoras, sí están permitidos.
Límites y excepciones para ingresar compras del exterior
A pesar de las restricciones, ARCA detalló que los viajeros pueden ingresar libre de impuestos un teléfono celular, una notebook o una tablet, con un máximo de una unidad por persona. También se permite traer ropa, calzado y artículos de uso personal, siempre que no tengan fines de reventa.

Respecto a los montos, los límites de compra para no pagar impuestos son:

300 dólares para quienes regresen por vía terrestre.
500 dólares para quienes lo hagan por vía aérea.

Consejos para evitar inconvenientes con ARCA

Para evitar multas y demoras en la Aduana, ARCA recomienda a los viajeros:

Conocer las franquicias vigentes para evitar excedentes impositivos.
Declarar los productos ante Aduana.
Evitar productos prohibidos.
Guardar comprobantes de compra para facilitar la declaración.
Comprar bienes para uso personal o como regalos, no comerciales.
Priorizar productos pequeños y portátiles para simplificar el traslado.
Revisar regulaciones de Aduana antes de viajar.
Evitar compras impulsivas que puedan generar inconvenientes.
Empaquetar bien para facilitar inspecciones.



*Fuente: El Cronista Comercial

Redacción

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El Municipio de Mar del Plata multó a 280 trapitos en un mes a partir de denuncias vecinales vía WhatsApp

La Municipalidad de General Pueyrredon reforzó durante junio su política de fiscalización integral del espacio público. En ese período, 530 motocicletas fueron retiradas de circulación y quedaron alojadas en corralones tras constatarse infracciones a la normativa provincial y municipal que regula la seguridad vial.

La intervención —articulada por la Secretaría de Seguridad, la Dirección de Tránsito, el Cuerpo de Patrulla Municipal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires— también derivó en 281 actas a cuidacoches informales, popularmente llamados “trapitos”, a partir de reportes vecinales.

Se aprehendió a 22 personas con antecedentes penales o pedidos de captura vigentes, lo que evidencia la dimensión preventiva de los operativos.

Otro hallazgo relevante fue la detección de cinco licencias de conducir presuntamente apócrifas. El material probatorio fue remitido al Juzgado de Faltas para su evaluación y, en su caso, la aplicación de sanciones administrativas y penales.

Desde la Secretaría de Seguridad indicaron que “el objetivo es garantizar el orden en la vía pública, reducir siniestros viales y disuadir conductas delictivas vinculadas al uso indebido de motos”. La estrategia descansa sobre dispositivos móviles de control, retenes sorpresivos y patrullajes en puntos críticos identificados mediante estadísticas de accidentes y denuncias ciudadanas.

Los reportes vecinales llegan a través de un número de WhatsApp habilitado las 24 horas, herramienta que agiliza la respuesta operativa: la geolocalización y la descripción de la incidencia permiten despachar móviles en cuestión de minutos. “La participación comunitaria es clave para mantener la seguridad y la convivencia”, subrayaron las autoridades.

Funcionarios locales adelantaron que la iniciativa continuará durante el invierno con un enfoque “sostenido y planificado”, priorizando los barrios donde los indicadores de siniestralidad y de conflictividad social resulten más elevados.

Redacción

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El Gobierno de Córdoba gastó casi un millón de pesos en viagra para los presos

El vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, generó una fuerte polémica al denunciar públicamente lo que calificó como una situación “escandalosa” en el manejo de fondos públicos.

“El Gobierno de Córdoba respondió que la compra de Sildenafil (conocido por la marca Viagra) y otros insumos médicos responden a diferentes tratamientos indicados por médicos de hospitales externos”, declararon fuentes oficiales de la administración cordobés.

La controversia surgió cuando Corvalán detectó, durante su labor de control de gastos, una factura oficial del Servicio Penitenciario de Córdoba correspondiente a abril de 2024 que incluía la compra de medicamento “Magnus” de 100 mg, más conocido por su nombre comercial viagra.

La factura, que ascendía a un total de $948.961, incluía específicamente tres cajas de Magnus 100 mg por un valor de $52.213,17, además de otros productos como pastillas anticonceptivas, cremas humectantes, antigás y shampoo anticaspa.

– Beltrán Corvalán, presidente del Tribunal de Cuentas

“Es una cuestión escandalosa, que el Servicio Penitenciario, el gobierno de la provincia de Córdoba, haya comprado Viagra para los reclusos”, afirmó Corvalán. “Mientras en los hospitales no hay ni lo más básico, vemos que se compran estos insumos para las cárceles. Es un bochorno”, agrego.

Según la denuncia de Corvalán, la factura gubernamental incluía diversos productos que consideró inapropiados para el contexto carcelario; tres cajas cerradas Sildenafilo y factor AG, este último se usa para evaluar el estado nutricional, la función hepática o detectar enfermedades como cirrosis, síndrome nefrótico o mieloma múltiple.

El Gobierno de Córdoba respondió la situación a través del jefe del Departamento de Sanidad del Servicio Penitenciario, Ariel Salari, quien explicó que la compra del medicamento fue realizada por indicación médica y no con fines recreativos: “Dentro del servicio penitenciario de Córdoba, en toda la provincia, tenemos pacientes con hipertensión pulmonar, esta es una enfermedad crónica cuyo tratamiento sintomático es el Sildenafil”, subrayó Salari, detallando que en 2024, momento de la compra, cuatro internos tenían indicación médica para recibir esta medicación: dos por hipertensión pulmonar y dos por hiperplasia prostática.

Corvalán, contador público y desempeñado como miembro del Tribunal de Cuentas representando a la mayoría en este organismo de control. Fue elegido mediante voto popular en las elecciones de mayo de 2023, cuando la lista de Juntos por el Cambio obtuvo la mayor cantidad de sufragios, consagrándolo junto con la Dra. Fernanda Leiva como vocales por la mayoría.

Es importante destacar que por primera vez desde que se implementó el voto directo para la elección de los tribunos, este organismo está conducido por un signo político diferente al del ejecutivo provincial. Corvalán pertenece al Frente Cívico y fue concejal durante la gestión de Luis Juez en la ciudad de Córdoba.

Redacción

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INTERNA K, AL ROJO VIVO | Kicillof exigió disciplina y verticalismo de cara a las elecciones: “Aplaudan, no salgan a matarme”

Tras días de calma aparente, el peronismo bonaerense estalló en Santa Clara del Mar. Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof, sacudió la interna al reclamar disciplina sin matices: unidad con obediencia ciega o nada. El aviso cayó como un baldazo de agua fría sobre la militancia y los intendentes, que no ven con buenos ojos la orden de aplaudir aún en el error.

Bianco llamó a la unidad forzada, o a la ruptura inevitable que expondría al PJ a una derrota frente a Javier Milei. No dejó margen de negociación. La advertencia sonó a amenaza directa y tensó todavía más la cuerda en el espacio peronista.

En contraste, dirigentes como Federico Otermín intentaron poner paños fríos y hablaron de unidad para enfrentar el ajuste libertario, reivindicar a Cristina y defender la gestión bonaerense. Pero sus discursos moderados quedaron desdibujados ante el tono duro que impuso la mesa chica de Kicillof.

Detrás de todo asoma una pelea de poder que ya no se oculta. Kicillof busca construir su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, para independizarse del ala más pura del cristinismo. Los que resisten ven esto como un intento solapado de romper el PJ bonaerense para tallar su liderazgo personal.

La tensión con Cristina Kirchner viene de larga data. La falta de diálogo, la candidatura a diputada que ella misma anunció sin consultar al gobernador, y la puja por el desdoblamiento electoral bonaerense alimentan el clima de ruptura. Ni las gestiones reservadas ni las señales de tregua lograron sanar las heridas.

Cristina, por su parte, mandó a militar la eliminación de las PASO como gesto de unidad, pero para el ala del gobernador bonaerense no alcanzó. El mensaje bajado desde La Plata es claro: primero disciplina, después cargos. Y si no hay disciplina, se rompe.

Mientras tanto, en la sede nacional del PJ reina la desconfianza. Hay quienes denuncian falta de coordinación, vacíos de información y rosca de espaldas a las bases. La cumbre prevista para la semana próxima asoma como la última chance de evitar un incendio irreversible.

A esto se suma la presión de Milei, que en su gira por la provincia se despachó con insultos directos contra Kicillof, en busca de explotar las fisuras del peronismo y posicionarse para el 7 de septiembre. El presidente ve en la fractura peronista una oportunidad para avanzar.

Redacción

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UN CORRUPTO Y ASESINO SUELTO | Aníbal Ibarra volvió al Estado como “ñoqui” en el Senado

Aníbal Ibarra vuelve a estar bajo la luz —aunque tenue— de la política nacional. Quien fuera destituido en 2006 tras el juicio político por su responsabilidad institucional en la tragedia de Cromañón, hoy ocupa un cargo como asesor en el Senado de la Nación, precisamente en el despacho del legislador oficialista Oscar Parrilli.

Sin anuncio oficial ni presentación pública, el nombre de Ibarra volvió a figurar en los registros del Estado en los que el ahora “asesor” percibe un sueldo bruto de $1.124.000 mensuales. No es el único con ese salario en el Senado, pero su caso genera una atención especial por su pasado: la tragedia de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004, dejó 194 muertos y expuso gravísimas fallas en los controles estatales. El entonces jefe de Gobierno porteño fue acusado de “ineptitud e inacción”.

En marzo de 2006, la Legislatura de la Ciudad votó su destitución por 10 votos contra 4. Ibarra siempre sostuvo que fue víctima de una operación política. Pero para los familiares de las víctimas, su responsabilidad política es innegable.

Su regreso silencioso al Estado, en un momento de fuerte ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei, genera polémicas. El Senado continúa con la contratación de asesores con sueldos de seis cifras.

El propio Ibarra, en junio de 2024, había reaparecido en redes sociales para criticar al Gobierno por no distribuir alimentos retenidos en depósitos y por presuntos pactos con legisladores a cambio de embajadas. “Compran votos con cargos, no con ideas”, lanzó en aquel momento. Ahora, es su nombramiento lo que genera sospechas de “viejas prácticas”.

La Cámara Alta es foco de críticas desde que, en enero de 2025, se conoció que los senadores pasarán a cobrar un sueldo bruto de $9,5 millones mensuales. La polémica estalló justo cuando el Ejecutivo nacional endurecía su discurso contra “la casta”, lo que generó tensiones con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El senador Parrilli, con quien Ibarra mantiene una relación política desde hace años, no emitió declaraciones sobre su incorporación. Tampoco lo hizo el bloque de Unión por la Patria. El silencio, en este caso, parece una estrategia para evitar echar más leña al fuego a una polémica que crece sola.



*Fuente: Border Periodismo

Redacción

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El Gobierno descontará el día a los estatales que no trabajen para apoyar a Cristina

El Gobierno de Javier Milei dispuso descontar la jornada salarial a los empleados públicos que se sumaron al paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras centrales en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de la sentencia que la inhabilitó y le impuso seis años de prisión. La Dirección de Recursos Humanos notificó a cada organismo que relevara a los agentes ausentes con el argumento de “garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales”.

ATE decretó un paro nacional con movilización hacia los tribunales de Comodoro Py y el departamento de la ex jefa de Estado en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución. “Paramos y nos movilizamos en defensa de la democracia, contra la proscripción y la persecución judicial”, señaló el gremio en un comunicado oficial. Su secretario general en la Ciudad, Daniel Catalano, ratificó que la protesta se realizaría “independientemente de lo que suceda” y advirtió: “Si el tribunal federal le toma declaración por Zoom, vamos a marchar igual”.

La medida del Ejecutivo también alcanzó a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). Su titular, la diputada Vanesa Siley, sostuvo: “El movimiento obrero tiene que apoyar a Cristina. Ella se merece todo el acompañamiento de todos los sectores”. Además, confirmaron su adhesión la CTA Autónoma de Hugo “Cachorro” Godoy, la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky y La Bancaria de Omar Palazzo.

El cronograma de la protesta incluyó primero una concentración frente a los tribunales federales y luego una marcha hacia la residencia de la ex mandataria. Movimientos sociales como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y Libres del Sur anunciaron columnas propias. La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con el Partido Justicialista y otorgó libertad de acción a sus sindicatos.

Mientras los gremios subrayaron que “el derecho a huelga es constitucional” y calificaron el descuento salarial como “un intento de disciplinamiento”, el Gobierno ratificó que “actuaría de acuerdo con las normas vigentes”. Servicios considerados esenciales en salud y seguridad funcionaron con guardias mínimas, según la pauta sindical interna.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, reforzó el operativo antipiquetes: valló la Casa Rosada y otros edificios nacionales, colocó cortes de tránsito controlados y desplegó a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El comando unificado también destacó agentes en los accesos a la Ciudad y mantuvo en alerta el protocolo para despejar cortes si fuera necesario.

La Casa Rosada celebró que el juez del Tribunal Oral Federal N.º 2, Rodrigo Gorini, notificara a la ex presidenta por videoconferencia y autorizara la prisión domiciliaria, al considerar que la medida ayudó a “mantener la paz social”. No obstante, el Ejecutivo sostuvo el dispositivo de seguridad, ya que sectores kirchneristas redireccionaron parte de la convocatoria hacia Plaza de Mayo para las 14.

En paralelo, el gobierno porteño expresó su preocupación por el impacto de la custodia permanente en la esquina de San José y Humberto Primo, tras las quejas de los vecinos por las manifestaciones recurrentes. Pese a la modificación del esquema judicial, la administración de Jorge Macri continuó coordinando con Nación la contención de eventuales disturbios.

Con el descuento del día, la intimación a los estatales y el despliegue de fuerzas federales, la gestión libertaria buscó desactivar o reducir la magnitud de una movilización que, aun así, reunió a sindicatos, organizaciones sociales y militancia kirchnerista en defensa de Cristina Kirchner.

Redacción

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