Milei defendió el veto ante los empresarios y acusó a la oposición de “usar una causa noble para robar dinero a los alumnos”
El presidente participó en la XXXV Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) y reafirmó su veto a la ley de financiamiento universitario, además de acusar a la oposición de defender “curros”.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Al justificar su veto al financiamiento a las universidades, el presidente alegó que “el aumento a las universidades sería ceder a la vieja forma de hacer política, de ignorar la restricción del presupuesto, volver a las andadas y a los niveles de Riesgo País que teníamos con el kirchnerismo”, en ese sentido remarcó: “lo único que pedimos es auditarlos, parece que eso es poner en riesgo la educación pública, pero, al contrario, es defender la educación pública”.
Frente al reclamo y a las protestas de parte de la oposición, el presidente fue determinante “es un mero eufemismo para defender los curros de tres o cuatro delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselo a los alumnos y a los profesores”. Es decir, si no hubiera problema en la administración de los fondos, la UBA no tendría problema en permitir que se la audite, sin embargo, esto no se hace desde 2015. Milei dio a entender que el hecho de que no dejen auditar la universidad quiere decir que hay “curros” que no quieren que salgan a la luz.
– El Presidente Javier Milei junto al Director Regional de LAFISE, Carlos Melo, y al Presidente del CEAL, Roberto Zamora
Frente a los empresarios, el mandatario realizó un balance de estos 10 meses de gestión, manifestando un cambio de paradigma en el rumbo económico, donde se pudo estabilizar la inflación y la política monetaria, se redujo la carga estructural de la economía achicando el gasto público, y esto se ve reflejado en el aumento de confianza. Con un riesgo país que perforó los 1200 puntos y que con el kirchnerismo estaba alrededor de 3000 puntos.
En relación a la política económica, Milei se manifestó en contra de una devaluación, ya que esta medida rompería con la señal de precios y no lograría resolver el problema de fondo. En cambio, se expresó a favor de los empresarios, calificándolos de benefactores sociales: “Si Argentina va a empezar a generar un proceso de fuerte crecimiento económico, en la medida que ustedes empiecen a generar ese proceso, se van a generar ganancias extraordinarias. No les demos lugar a los zurdos de mierda que vengan a decir que eso está mal” manifestó frente al aplauso del público presente.
–
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
El escenario es Tres de Febrero, un municipio del conurbano bonaerense donde las promesas de la “nueva política” chocan de frente con las prácticas más arraigadas de la vieja política. La Libertad Avanza, el partido del Presidente Javier Milei, se encuentra en el ojo de la tormenta por su armado territorial, que no sólo incorpora figuras inesperadas, sino también a personajes con historiales explosivos que desafían el discurso anti-casta del oficialismo.
El caso central gira en torno a Agustín Álvarez, un joven militante de 28 años oriundo de Caseros, que hace una pirueta ideológica asombrosa: de la militancia en el Frente Patria Grande de Juan Grabois que toma campos y establecimientos, a las filas del mileísmo. Un volantazo político que, por sí solo, ya genera controversia y pone en evidencia la permeabilidad de las estructuras libertarias en el territorio.
Sin embargo, lo verdaderamente llamativo no es tanto el origen político de Álvarez, sino las figuras que lo acogen y la red que se teje a su alrededor. El ingreso de Álvarez se da bajo el ala de Ramón “Nene” Vera, un diputado provincial bonaerense de LLA que, según se denuncia, opera desde las sombras en el distrito, construyendo una red de lealtades que aspira a controlar una porción clave del poder local. Vera es recordado por una causa en la que ha vendido pollos descompuestos a escuelas de Buenos Aires, hace algunos años, aparte de haber sido candidato a intendente de Cristina Fernández de Kirchner.
El gran protagonista de esta trama, y el más controvertido, es Fabricio Martínez. El nuevo coordinador de LLA en la Tercera Sección Electoral —aquella con más votantes— y mano derecha de Sebastián Pareja —armador de LLA en la provincia de Buenos Aires y alfil de Karina Milei—, Martínez es un ex líder de la barra-brava de Laferrere. Su prontuario es interesante: sobrevivió a un intento de asesinato en 2022 con 35 impactos de bala en su auto, fue filmado en 2023 disparando al aire desde un colectivo, y no tiene trabajo registrado ni ingresos justificados desde 2007. Su pasado también incluye el manejo de fuerzas de choque en La Salada y una notoria influencia en el sindicato de la carne de La Matanza. Un cuadrazo coordinando al mileísmo bonaerense.
– Los balazos al VW Vento de Martínez, por entonces jefe de la barra de Laferrere, el día que fue atacado por sicarios y salvó su vida de milagro
La agrupación “La San Martín”, de reciente formación en el conurbano, es el vehículo de estas operaciones. Lo más impactante es que esta agrupación, compuesta por operadores políticos kirchneristas y barras-bravas,cuenta con la aprobación explícita de la propia Karina Milei y Sebastián Pareja. Su objetivo es claro: dar profundidad territorial a LLA, movilizar gente a los actos y, fundamentalmente, obtener control sobre los fondos del Consejo Escolar en Tres de Febrero, un botín millonario que representa una motivación muy de la casta.
Esta estrategia de puertas abiertas a figuras polémicas contrasta drásticamente con el discurso anti-casta de LLA a nivel nacional. Las contradicciones son evidentes y no pasan desapercibidas. La propia juventud libertaria preexistente en Tres de Febrero ha manifestado una indignación significativa ante la llegada de Álvarez y la presencia de personajes como Martínez, cuestionando la pureza ideológica del movimiento.
La situación se complejiza con la purga o lavado de cara que, irónicamente, la propia Karina Milei le exigió a Sebastián Pareja para limpiar la imagen del partido. Sin embargo, esta limpieza parece ser meramente superficial, con reasignaciones de figuras problemáticas en lugar de su real apartamiento. De hecho, poco después de la exigencia de Karina, Pareja se mostró públicamente con Fabricio Martínez para desmentir rumores de su desplazamiento, lo que pone de manifiesto una batalla interna entre la imagen pública y las necesidades de armado territorial.
Las tensiones llegan a la cúspide. Los congresos partidarios de LLA en el conurbano son descritos como “auto-celebraciones sin mucha épica“, con rumores de venta de candidaturas y negociaciones de listas con intendentes del PJ. Incluso, el Presidente Milei tuvo que intervenir directamente en un conflicto en Junín, desplazando a un referente local tras la expulsión de una militante “celestial” por la estructura de Pareja. Todo esto deja una pregunta flotando en el aire: si la “nueva política” de LLA se nutre de figuras controvertidas, utiliza viejas prácticas clientelares y se sumerge en la rosca más tradicional, ¿Cuál es entonces la verdadera diferencia con la casta que tanto critica?
Tras días de calma aparente, el peronismo bonaerense estalló en Santa Clara del Mar. Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof, sacudió la interna al reclamar disciplina sin matices: unidad con obediencia ciega o nada. El aviso cayó como un baldazo de agua fría sobre la militancia y los intendentes, que no ven con buenos ojos la orden de aplaudir aún en el error.
Bianco llamó a la unidad forzada, o a la ruptura inevitable que expondría al PJ a una derrota frente a Javier Milei. No dejó margen de negociación. La advertencia sonó a amenaza directa y tensó todavía más la cuerda en el espacio peronista.
En contraste, dirigentes como Federico Otermín intentaron poner paños fríos y hablaron de unidad para enfrentar el ajuste libertario, reivindicar a Cristina y defender la gestión bonaerense. Pero sus discursos moderados quedaron desdibujados ante el tono duro que impuso la mesa chica de Kicillof.
Detrás de todo asoma una pelea de poder que ya no se oculta. Kicillof busca construir su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, para independizarse del ala más pura del cristinismo. Los que resisten ven esto como un intento solapado de romper el PJ bonaerense para tallar su liderazgo personal.
La tensión con Cristina Kirchner viene de larga data. La falta de diálogo, la candidatura a diputada que ella misma anunció sin consultar al gobernador, y la puja por el desdoblamiento electoral bonaerense alimentan el clima de ruptura. Ni las gestiones reservadas ni las señales de tregua lograron sanar las heridas.
Cristina, por su parte, mandó a militar la eliminación de las PASO como gesto de unidad, pero para el ala del gobernador bonaerense no alcanzó. El mensaje bajado desde La Plata es claro: primero disciplina, después cargos. Y si no hay disciplina, se rompe.
Mientras tanto, en la sede nacional del PJ reina la desconfianza. Hay quienes denuncian falta de coordinación, vacíos de información y rosca de espaldas a las bases. La cumbre prevista para la semana próxima asoma como la última chance de evitar un incendio irreversible.
A esto se suma la presión de Milei, que en su gira por la provincia se despachó con insultos directos contra Kicillof, en busca de explotar las fisuras del peronismo y posicionarse para el 7 de septiembre. El presidente ve en la fractura peronista una oportunidad para avanzar.
El Gobierno formalizó hoy su intención de apelar la medida cautelar dictada por la jueza Moira Fullana, que suspendió los efectos del Decreto 430/2025. Este decreto eliminaba el feriado del 27 de junio, Día del Trabajador del Estado, para empleados públicos alcanzados por convenios con ATE.
Manuel Adorni, vocero presidencial, cuestionó la decisión judicial y la calificó como una muestra de presión sindical. Según el portavoz, la magistrada cometió “errores técnicos” al evaluar la norma y cedió a reclamos gremiales que buscan conservar privilegios históricos.
El fallo de la jueza Fullana protege exclusivamente a los afiliados de ATE. La magistrada argumentó que la eliminación del asueto podría vulnerar derechos laborales colectivos reconocidos en la Ley 26.876, y consideró urgente frenar la aplicación del decreto para no perjudicar a los trabajadores.
Desde ATE celebraron la medida cautelar como un triunfo para la defensa de sus derechos. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, calificó el decreto como un acto despótico y anticipó que mantendrán todas las vías legales abiertas para sostener el feriado del 27 de junio.
El Ejecutivo fundamenta la eliminación del feriado en la necesidad de recortar beneficios de una “casta sindical” y avanzar hacia una gestión más eficiente de la administración pública. En el discurso oficial, se subraya que Argentina ya cuenta con más de 19 feriados anuales y que sumar otro exclusivo para los estatales resulta injustificado.
La causa continuará en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y podría llegar a la Corte Suprema si se mantiene la controversia. Desde el Gobierno anticiparon que la apelación se presentará de inmediato para evitar la reinstalación automática del asueto.
En el sindicato sostienen que la ley vigente otorga rango de feriado al 27 de junio y que su modificación mediante un decreto vulnera derechos adquiridos. Por eso advirtieron que recurrirán incluso a instancias internacionales si se persiste en su eliminación.
Este conflicto se enmarca en un plan más amplio de reformas impulsadas por el Gobierno, que incluyen la revisión de otros feriados especiales y la modernización de convenios colectivos. La intención oficial es reconfigurar las condiciones laborales en el sector público para reducir el gasto estatal.
El nombre de Héctor Horacio Martínez Sosa viene cobrando relevancia por aparecer en medio de una trama de negociados en el Estado a través de la millonaria contratación de seguros.
Sin embargo, sus trapisondas ya fueron reveladas por este periodista en 2020, a raíz de las fiestas que supo organizar en San Fernando, provincia de Buenos Aires, violando la cuarentena que se imponía en esas jornadas por el COVID.
Su otrora impunidad tiene una explicación: ostentaba la protección de su amigo Alberto Fernández, el ex presidente de la Nación, de quien se presume su testaferro.
Oportunamente, estuvo casado con quien fue una de las secretarias del ex mandatario, cuando era jefe de Gabinete, María Cantero, sospechada de actuar como prestanombre de Fernández en esos días.
Más aún, Martínez Sosa figura en la declaración de bienes del ex Jefe de Estado como acreedor.
El hombre, que es accionista de las empresas Flyers Concierge Latam SA y Safety Consultora de Higiene y Seguridad SA, supo hacer mucho dinero cuando Alberto era mandamás en el Bapro.
Sosa es un personaje de novela: en los años 90 vivía en Ushuaia, donde quebró, se instaló en Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante, y logró volverse millonario gracias a la mano que le dio el ex presidente como titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Alberto le abrió la puerta a negocios lícitos e ilícitos, sobre todo estos últimos.
Hoy en día, posee dos ostentosas casas, una de las cuales está justo en el cruce con la esquina de Guido Spano, donde fueron anexados dos lotes vecinos de 600 M2 cada uno en los últimos 4 años.
En uno de estos últimos se construyó una casa que es usada como gimnasio; a su vez, en la casa original, Martínez Sosa tiene una impresionante bodega subterránea, donde colecciona vinos carísimos.
El diputado nacional Alejandro Finocchiaro calificó como una “estrategia de daño fiscal” la ofensiva parlamentaria de bloques opositores, principalmente Unión por la Patria, orientada a declarar la emergencia en pediatría y a reforzar el presupuesto de las universidades nacionales. Según el legislador, estas iniciativas apuntaron a “golpear y desestabilizar al Gobierno a través de la economía” porque comprometen partidas que el Poder Ejecutivo no previó en la Ley de Presupuesto.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Finocchiaro argumentó que el kirchnerismo “atrae temas nobles” que despiertan consenso social —la salud de la niñez y la educación superior— para instalar una tensión fiscal que erosione la gobernabilidad. “Hace unos cuantos meses que decidieron esta táctica”, señaló, y comparó la maniobra con la campaña electoral de 2011: “Con la misma habilidad de Cristina disfrazada de viuda negra, buscan un impacto político por la vía presupuestaria”.
El debate se estructuró en dos frentes. Por un lado, las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda emitieron dictamen de mayoría para la declaración de emergencia en el Hospital Garrahan, basados en exposiciones de directivos que describieron carencias en guardias, insumos y tratamientos complejos. Por otro, la Comisión de Educación, que preside Finocchiaro, analizó proyectos para adecuar el financiamiento universitario y reconocer el reclamo salarial de los docentes.
Finocchiaro, profesor universitario de formación, admitió que “el financiamiento universitario es un tema que hay que atender”, pero advirtió que incorporar la negociación colectiva al texto legislativo “traslada una paritaria al Congreso” y con ello se “lesiona la autonomía de las partes”, contraviniendo el artículo 14 bis de la Constitución y los convenios 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo. A su juicio, “el Legislativo no puede suplantar a la mesa paritaria entre empleador y trabajadores”.
Martín Llaryora acudió ayer a la Corte Suprema y reclamó que la Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) liberara de inmediato las cuotas de mayo y junio —$5.000 millones cada una— comprometidas para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial.
“No hay más excusas”, advirtió el mandatario provincial después de incorporar al expediente una copia certificada de la ley que ratificó el convenio con la Nación. Ese acuerdo preveía doce envíos mensuales de $5.000 millones para este año y la posterior auditoría de los déficits de 2017-2024, cuyo saldo será compensado mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
Cuando firmó el entendimiento, Llaryora indicó que “al menos parte” de esos fondos se destinaría a “mejorar los ingresos de los jubilados de menores recursos bajo un esquema de distribución que será definido”.
Pese al pedido de ayuda a la Casa Rosada, el oficialismo cordobés logró que la Legislatura provincial aprobara, el 10 de diciembre de 2024, el Presupuesto General 2025. El documento de casi 500 páginas al accedió este medio prevé gastar más de $38 mil millones en “publicidad y propaganda” durante 2025: casi el cuádruple de lo que Llaryora reclama a Milei.
Dentro de ese mismo cálculo de recursos y gastos, por ejemplo, el Ministerio de Vinculación Comunitaria destinó en su Programa Información Pública $19.198 millones en difusión. Otra partida específica del Poder Ejecutivo añadió $13.582 millones al mismo concepto. La Defensoría del Pueblo, por su parte, incorporó $350 millones adicionales y el subprograma El Defensor con Todos sumó $45,2 millones . El Poder Judicial también reservó $14,1 millones y otros organismos menores completaron el esquema con asignaciones inferiores, como los $4,3 millones del Centro de Mediación Judicial.
En total, las partidas correspondientes corresponden a los 15 ministerios y demás áreas centralizadas. En diálogo con Data24.com.ar, una legisladora provincial aclaró que el monto real podría incrementarse considerablemente al sumar las 10 agencias y los organismos descentralizados —como EPEC, Bancor o APROSS—, dado que esos entes también manejan fondos propios para publicidad oficial.
Esa política expansiva de comunicación oficial contrasta con el pedido urgente de recursos previsionales: los $10.000 millones que Córdoba exigió a la Nación representan más de un tercio del crédito publicitario aprobado para el ejercicio. Además, el cronograma pactado ante la Corte fija que el 30 de junio se conozca la auditoría de los déficits 2017-2018 y que en marzo de 2026 se determine el rojo de 2024, paso indispensable para calcular la deuda total que la Anses deberá saldar.
Con una alícuota de II.BB que escalará a casi el 20%, Mercado Libre pasará a retener el tributo y emplazará a miles de pymes cordobesas ante los costos de venta más altos del país.
No tiene sentido lo que dice el Gobernador. El ingreso del sistema financiero son los intereses de los préstamos que pagan los que toman crédito. Al aumentar IIBB sobre los intereses, sube el costo del sistema productivo que es el que dice defender. https://t.co/JU7ZMccZtm
