09 mayo, 2025

En plena crisis, CFK y Massa aumentan sueldos en el Congreso

Los presidentes de las cámaras baja y alta acordaron un adicional para el personal.
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A 43 días de iniciado el aislamiento obligatorio preventivo, Cristina Fernández como presidente del Senado y Sergio Massa como presidente de Diputados, acordaron un plus de $2.300 por día para los empleados del Congreso que “trabajan” durante la cuarentena.

El plus equivale a 13,56 módulos por día de efectivo cumplimiento de tareas (serían unos $ 2.274 por día) y les será otorgado a los empleados que hayan concurrido al Palacio Legislativo desde que se declaró la cuarentena. Incluye el lapso transcurrido entre el 20 de marzo y el próximo 10 de mayo, “pudiendo ser prorrogado”.

El “bono extraordinario” tiene como objetivo “reconocer a aquellos trabajadores y trabajadoras que han garantizado el funcionamiento mínimo y esencial del Congreso”, de acuerdo a la Resolución Conjunta 6/20. En el caso de que un trabajador haya asistido al Congreso los 25 días hábiles desde el 20 de marzo a la fecha, estará percibiendo un plus de $57.500. A eso, se le sumarán otros $11.500, lo cual daría un total de $69.000.

Mientras el sector privado se encuentra totalmente paralizado y hundido en una profunda crisis económica, el pago del plus llega en medio del debate por la falta de actividad del Congreso. En el caso de que los 140 empleados cobren el total del plus el gasto en salarios para un Congreso cerrado sería de $9.660.000 solo en aumentos.

Sin embargo, fuentes de la Cámara de Diputados señalaron que “la medida alcanza a entre 30 y 45 trabajadores diarios” y aclararon que es “menos del uno por ciento del personal total de la Cámara” y que debido a la rotación de personal “son un máximo de 11 los días que reúne al mes un trabajador”.

“La inmensa mayoría, que son el personal de limpieza, son los que menos cobran. Nadie trabajó todos los días, por una cuestión sanitaria se fue rotando el personal. En general, el personal sanitario e informático trabajó entre uno y dos días, por ende, en la gran mayoría de los casos la suma adicional sería de $2300 y $5000 “, dijeron a La Nación.


Redacción

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SACUDÓN EN LA CGT: Se baja Daer y empieza la danza de nombres para sucederlo

En una jugada inesperada, Héctor Daer le puso fecha de vencimiento a su ciclo en la CGT. Este martes, durante una reunión a puertas cerradas en Azopardo, avisó que en noviembre no buscará la reelección. Y con ese gesto, pateó el tablero sindical: empieza una nueva etapa con recambio de nombres y alianzas cruzadas.

Hasta ahora, muchos daban por hecho que Daer quería ser el secretario general único, en reemplazo del triunvirato. Pero la sorpresa fue doble: no solo da un paso al costado, sino que ya dejó en puerta el nombre de su sucesor. Se trata de Jorge Sola, actual secretario de Prensa de la CGT y referente del Sindicato del Seguro, apadrinado por Andrés Rodríguez, jefe de UPCN y aliado histórico de Daer.

El anuncio lo hizo antes de una conferencia de prensa y frente a una mesa sindical de peso: estaban Carlos Acuña (estaciones de servicio), Octavio Argüello (Camioneros), Rodríguez, Sergio Romero (UDA), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Julio Piumato (judiciales) y su hermano Rodolfo Daer (Alimentación).

Como argumento, habló de un desgaste natural después de tantos años en la conducción, aunque dejó claro que no se va ya mismo: primero quiere “acomodar todo esto”, en alusión a la pelea contra la reforma laboral que busca reinstalar el Gobierno. Una agenda que la CGT piensa resistir con un nuevo paro general, el tercero contra la gestión de Javier Milei.

Lo cierto es que la decisión de Daer llega justo cuando enfrenta elecciones en su gremio, ATSA Buenos Aires, que conduce desde hace 32 años. Todo indica que adelantará los comicios para junio y así evitar el armado de una lista opositora aprovechando la transición en la CGT.

La salida de Daer también reacomoda internas. En los últimos tiempos se había alejado de su perfil dialoguista y endurecido su postura, más cercana a la de Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri, hoy críticos del Gobierno. En cambio, dirigentes como Gerardo Martínez (UOCRA) y Armando Cavalieri (Comercio) apuestan aún al pragmatismo y al diálogo con la Casa Rosada. Y en el medio, aparece Luis Barrionuevo (gastronómicos), que alienta una renovación con figuras propias.

Con Daer fuera de juego, la pregunta es quién tomará las riendas. Nadie parece tener hoy el consenso para asumir como líder único, por lo que vuelve a tomar fuerza la idea de una conducción colegiada de tres o cuatro cabezas. Además de Sola, suenan Cristian Jerónimo (vidrio), apoyado por Sasia y Martínez, y Daniel Vila (Carga y Descarga), el hombre de Barrionuevo que le ganó la pulseada a Camioneros por el encuadramiento sindical en Mercado Libre.

Redacción

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El Gobierno rescindió un contrato millonario con la obra social rural y apunta contra la conducción sindical

La intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) resolvió cancelar un convenio que desde 2007 mantenía con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), destinado a operar alrededor de 500 bocas de expendio en todo el país. La decisión se tomó luego de considerar que el sistema era ineficiente, carecía de controles adecuados y representaba un gasto mensual de cerca de $700 millones.

El contrato en cuestión habilitaba un esquema presencial de entrega de vales médicos a través de oficinas gestionadas por el sindicato. Según el interventor de OSPRERA, Marcelo Petroni, ese mecanismo era “obsoleto, opaco y costoso”, y su finalización permitirá destinar los fondos directamente a mejorar la atención médica de los más de 760.000 afiliados rurales.

– Marcelo Petroni

La intervención fue ordenada por el Ministerio de Salud en noviembre de 2023 con el objetivo de sanear la obra social. En los primeros informes de auditoría se detectaron irregularidades administrativas y financieras graves: una deuda cercana a los $100.000 millones y un déficit mensual de más de $4.000 millones. El informe también señaló sospechas de fraude, desvío de fondos y falta de trazabilidad en la gestión anterior.

Los resultados de la auditoría fueron presentados a la Justicia. Desde hace meses, el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, investiga al secretario general de UATRE, José Voytenco, quien fue embargado y tiene sus cuentas bancarias inhibidas por presunto lavado de activos y manejo irregular de fondos sindicales.

Voytenco, opositor al Gobierno, rechazó los señalamientos y calificó la intervención como una operación política. Desde el sindicato alegaron que, durante los casi 60 días en que recuperaron el control de OSPRERA en 2023, habían logrado implementar mejoras en la gestión. Sin embargo, el Gobierno volvió a intervenir la obra social poco después.

Petroni aclaró que la rescisión del contrato no afectará a los trabajadores de planta de OSPRERA, quienes continuarán en sus puestos. El nuevo modelo de atención incluirá telemedicina, atención personalizada mediante call center y entrega digital de vales a través de las delegaciones oficiales, con control y trazabilidad directa por parte de la obra social.

Este esquema descentralizado busca garantizar una atención médica más equitativa, moderna y eficiente, eliminando la dependencia de intermediarios sindicales. “Lejos de ser un recorte, es una transformación que apunta a una mayor transparencia y mejor acceso para los afiliados”, sostuvo el interventor.

En paralelo, el Gobierno también pidió judicialmente la intervención del sindicato UATRE por supuestas irregularidades en su congreso general ordinario realizado en noviembre de 2023, donde se aprobó la memoria y balance y se reafirmó el liderazgo de Voytenco. La medida fue impulsada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero.No obstante, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó el pedido del Gobierno. En su fallo, los jueces Carlos Pose, Gabriela Vázquez y Manuel Diez Selva destacaron que la justicia no puede intervenir en conflictos internos entre afiliados y dirigentes, en resguardo de la autonomía sindical.

Redacción

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Laner presiona para imponer prisión preventiva a reincidentes y cerrar la puerta giratoria

La Cámara de Diputados de Entre Ríos mantiene vivo el debate sobre el proyecto que busca habilitar la prisión preventiva cuando un acusado exhibe antecedentes de reincidencia. La iniciativa, presentada el 20 de mayo de 2024 por la legisladora provincial Carola Laner, avanza en doble carril: el institucional, dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y el territorial, con foros abiertos en distintas ciudades.

El último de esos encuentros se desarrolló en Gualeguaychú, bajo la organización conjunta del municipio y el Concejo Deliberante. Antes, una primera mesa de discusión había reunido a funcionarios y vecinos de Colón. Para Laner, llevar la conversación al interior resulta indispensable: “Si algo teníamos claro era que queríamos federalizar el proyecto, llevarlo al interior, a discutirlo en los municipios, en los consejos de seguridad y de cara al ciudadano”.

El texto propone que la “reiterancia delictiva” —definida como la comisión de hechos punibles mientras existen investigaciones o causas previas— se convierta en causal autónoma para dictar prisión preventiva. La diputada afirma que la propuesta nació “de cercanía y escucha”, tras el recurrente reclamo sobre la “puerta giratoria” judicial: “los acusados entran por una puerta y salen por la otra”, sintetizó.

La inquietud ciudadana coincide, sostiene Laner, con datos recogidos por las fuerzas de seguridad. “El área de Criminalística de la Policía hizo un informe muy completo. Por ejemplo, en Concordia, de 1.000 detenciones, el 70 % son reingresantes que tienen más de dos causas en curso”, detalló. A ese diagnóstico se suma, de acuerdo con la legisladora, la preocupación del Ministerio Público Fiscal: fiscales consultados admitieron que suelen solicitar la preventiva en casos de reiterancia, pero “los jueces de garantías no tenían una postura única, justamente por falta de una norma”.

En el plano legislativo, la comisión que analiza el expediente celebró una sesión inicial “positiva”, con representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial que ofrecieron distintos enfoques técnicos. Según fuentes parlamentarias, se prevé convocar a especialistas en derecho penal y procesal para afinar la redacción antes de girar el dictamen al recinto.

Mientras tanto, Laner continuará la ronda de debates locales. La próxima parada sería Paraná, donde se planea sumar a asociaciones de víctimas y organizaciones civiles. “Queremos que cada ciudadano entienda qué cambia y por qué”, subrayó la diputada.

Si prospera, la reforma colocará a Entre Ríos entre las primeras jurisdicciones del país en regular la reiterancia delictiva como causal expresa de prisión preventiva. El destino del proyecto, no obstante, dependerá de los consensos que la autora logre tejer dentro de un mapa político que, en materia penal, rara vez ofrece unanimidades.

Redacción

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PBA | Talerico lanzó su nueva fuerza con un discurso anti corrupción y en defensa del campo y las pymes

La abogada penalista y exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico lanzó el jueves 1 de mayo su nuevo espacio político bonaerense en la Asociación Ucrania de Cultura PROSVITA, adonde se trasladó a último momento luego de que el local original en San Martín se suspendiera “tres horas antes por presiones políticas”. Frente a más de 250 asistentes llegados de distintos puntos de la provincia, afirmó: “Nosotros no tenemos precio ni en septiembre ni en octubre”.

La exfuncionaria, que encabezó la UIF entre 2016 y 2020 bajo el gobierno de Mauricio Macri, reivindicó “los pilares de integridad, honestidad, empatía, diálogo y cercanía con el ciudadano” y se diferenció “de los que hacen acuerdos por debajo de la mesa”. Señaló que su objetivo radicó en “conformar una oferta electoral nítida, alejada de todos los actores que llevaron a Buenos Aires a su decadencia actual”.

En un discurso centrado en la producción y el trabajo, Talerico planteó: “Hoy somos potencia para defender a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que fueron abandonadas, a los jóvenes que tuvieron que dejar de estudiar, a las familias de cada barrio que sienten que los candidatos les dieron la espalda, cuando ya cada uno encontró su caja”. Agregó que su espacio “defenderá a los que les mintieron, al campo que sostiene a nuestra provincia, a los chacareros que pelean contra el clima, la burocracia, el cambio permanente de reglas de juego. Como las retenciones que nunca desaparecen”.

Para respaldar esa agenda, presentó a sus responsables temáticos: en Campo, Andrea Passerini, dirigente de CARBAP y productora tambera; en Infraestructura, Miguel Donadío, expresidente del Puerto de Bahía Blanca durante la gestión Cambiemos; en Justicia, Guillermo Morlacchi, fiscal retirado de Lomas de Zamora; en Seguridad, Carlos Manuel Álvarez, expolicía bonaerense; en Educación, Luis Di Stefano, secretario de Educación de General Pueyrredón; en Salud, Fernando Cichero, jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Fernández; y en Niñez, Giselle Continanzia, fundadora del hogar Mahatma de Mar del Plata.

Entre los colaboradores políticos que acompañaron el acto estuvieron el diputado nacional Ricardo López Murphy y el senador Francisco Paoltroni. También se sumaron los constitucionalistas Diego Armesto y Félix Lonigro, dirigentes agropecuarios, referentes sociales y cuadros técnicos de la excoalición Cambiemos.

Talerico cerró la jornada al reivindicar la ficha limpia como bandera: “Peleamos por la ficha limpia, porque corresponde y porque los argentinos merecemos candidatos de trigo limpio”. Desde la organización destacaron que “con fuertes definiciones y una gran convocatoria, este lanzamiento marcó el primer paso de una construcción política que promete dar pelea en todos los rincones de la provincia”.

Redacción

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La UBA usa sus redes sociales para promocionar a la candidata de Martín Lousteau

A un año de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria del 23 de abril de 2024 -que reunió a estudiantes, docentes y autoridades en defensa de la universidad pública-, la Universidad de Buenos Aires (UBA) enfrenta una fuerte controversia: la institución utiliza sus redes sociales para hacer campaña a favor de Lucille “Lula” Levy, actual candidata a legisladora porteña por el espacio Evolución.

Levy, consejera superior de la UBA, expresidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y referente estudiantil en la facultad de Ciencias Económicas, es impulsada políticamente por Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y vicerrector de la UBA, respectivamente. En ese marco, diversos posteos recientes publicados desde las cuentas oficiales de la universidad (especialmente en X, Instagram y Facebook) despertaron sospechas respecto a un alineamiento institucional con su campaña electoral.

Los mensajes difundidos por la UBA en las últimas semanas -bajo la consigna “Cuidemos lo que nos sirve”- combinan un tono reivindicativo en defensa de la universidad pública con referencias explícitas a figuras como Levy, quien aparece destacada como emblema de la lucha presupuestaria y la defensa del sistema universitario. Si bien los contenidos no mencionan directamente su candidatura, la cercanía temporal con el proceso electoral y la insistencia con la que se visibiliza su figura generaron críticas por parte de sectores que reclaman una clara separación entre el rol institucional y el partidario.

Además de su visibilidad en redes, Levy percibe un salario mensual de aproximadamente 900 mil pesos de la UBA. La información alimenta aún más las críticas sobre el uso de recursos públicos para apuntalar una campaña electoral desde el interior mismo de la estructura universitaria.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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Caso $Libra | Maniobras cruzadas, internas en la UCR y pulseada con Martín Menem 

La creación de la comisión especial para investigar el escándalo del caso Libra, que apunta directamente al entorno del presidente Javier Milei, desató una guerra de maniobras en la Cámara de Diputados. Lo que en teoría debía ser un paso institucional se convirtió en una batalla por el control del tablero político.

Durante la semana, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados reformularon sus alianzas parlamentarias. A los libertarios se les sumó el monobloque CREO, y lograron un interbloque de 40 integrantes. En paralelo, Oscar Zago, tras su salida explosiva del bloque libertario, armó una sociedad con el PRO y Somos Fueguinos, con un total de 41 diputados. Ambos espacios reclamaron cuatro lugares cada uno dentro de la comisión.

A la par, el resto de la oposición también jugó sus cartas. Hubo intentos por reorganizar fuerzas, ajustar interbloques y ganar presencia en la comisión. Pero lo que parecía una jugada de ajedrez terminó por desacomodar todo el tablero.

Uno de los coletazos más fuertes se lo llevó la Unión Cívica Radical, que terminó fracturada. Seis diputados, históricamente más cercanos al gobierno libertario, se abrieron y fundaron la Liga del Interior, un nuevo bloque con voz propia y que les permite exigir dos sillas en la comisión investigadora.

Este movimiento debilitó seriamente a la conducción del cordobés Rodrigo de Loredo, que ahora ve reducido su bloque a 14 miembros y pierde una banca clave en la comisión. Dentro del radicalismo ya no se habla de fisuras, sino de una ruptura lisa y llana.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, no quedó afuera de la tormenta. En medio del caos legislativo, crecen las tensiones con la oposición, que lo acusa de querer manipular la conformación de la comisión en favor del oficialismo. Hay quienes lo ven como un jugador más en esta partida política, más que como un árbitro institucional.

Mientras tanto, la comisión –que debería encargarse de dilucidar si hubo o no responsabilidades políticas en el manejo de la plataforma Libra– todavía no termina de nacer. Y ya está envuelta en internas, pases de factura y rosca legislativa.

Hasta el momento, la oposición contaría con aproximadamente 14 representantes en la comisión —seis de Unión por la Patria (UxP), dos de Encuentro Federal (EF), dos de Diputados por San Luis (DpS), dos de la Coalición Cívica (CC) y dos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Nueva y Participativa (FIT/NyP)—, mientras que el oficialismo reuniría entre 12 y 14 miembros, con cuatro de La Libertad Avanza (LLA), cuatro del bloque PRO/MID, dos de la UCR, dos de la denominada UCR libertaria y dos de Independencia Federal (IF).

El escenario configura un virtual empate que amenaza con paralizar el funcionamiento de la comisión desde su inicio. Hasta el próximo 23 de abril —fecha prevista para la primera reunión formal—, continuará una intensa disputa reglamentaria, cuya resolución aún es incierta y mantiene en vilo a todo el arco legislativo.

Redacción

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