En plena campaña, Tolosa Paz regalará más de $620 millones en kits para “personas gestantes”
La licitación en la que resultó beneficiaria la cooperativa Los Pitufos tiene como objetivo realizar "kits" similares a los del Plan Qunita que serán destinados al ministerio de Desarrollo Social para su efectiva distribución.
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A pesar de que le restan poco meses al gobierno de Alberto Fernández, éste y sus ministros no dejan de realizar cuantiosos gastos para sus respectivas carteras. Además de las píldoras de hormonización en las que Carla Vizzotti destinará más de 600 millones de pesos, ahora también se le suman más de 620 millones para la compra de kits maternales.
De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, manejado por Victoria Tolosa Paz, avanzó con la compra de 18 mil kits de insumos para la protección del sueño del lactante. Estos están comprendidos por “mochila, cambiador, ropa para persona recién nacida y ropa para persona gestante”, dicta la Resolución.
También incluye: dos sábanas ajustables, dos mantas polares, un enterito jersey de mangas cortas, un enterito de frisa de mangas largas, un camisón para amamantar y una bata. Estos objetos conformarán el kit para “personas gestantes” y se adquirirán 18 mil por una suma total de 624.600.000 pesos, lo que se traduce en un monto unitario de 34.688,88.
Si bien es un programa muy similar al Plan Qunita -el que le valió una investigación judicial a Daniel Gollán, Nicolás Kreplak y Aníbal Fernández– este se denomina “Sueño Seguro” y se desprende de la ley 27611/2020, conocida como la Ley de los Mil Días que clama por el extremo cuidado de los recién nacidos hasta el tercer año de vida. En el primer lanzamiento de los kits de este programa incluían (además de los objetos ya mencionados) una cuna-moisés, aunque interrumpieron su entrega sin detallar los motivos.
Esto terminó por llamar la atención, dado que en el Plan Qunita hubo múltiples denuncias al Estado porque estas se “desfondaban” y dejaban caer al recién nacido, lo que les provocaba golpes y heridas. Ahora, tal vez en un intento de impedir tal incidente, las descontinuaron.
QUÉ PASÓ CON LA CAUSA PLAN QUNITA
A mediados del año 2021, la causa que tenía imputados al actual ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández; el diputado nacional por el Frente de Todos, Daniel Gollán; y Nicolás Kreplak, ministro de Salud de Provincia de Buenos Aires, fue cerrada debido a que “no se concretó ningún delito”, según afirmó la fiscal Gabriela Baigún.
Los tres imputados fueron sobreseídos en julio del 2021 a pesar de que la ex Oficina Anticorrupción insistió por su avance durante la gestión de Mauricio Macri. “No existiendo tampoco en el presente caso parte acusadora particular (querella) que coloque al Tribunal como árbitro de un contradictorio, corresponde dictar el sobreseimiento de los encausados y encartadas de autos, en cuanto al hecho por el cual fueron intimados en el respectivo requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio”, afirmaron los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grümberg y José Michilini.
Según el dictamen, Baigún se basó en la pericia del cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia que determinó que la compra de kits para mujeres con hijos recién nacidos de bajos recursos no generó un perjuicio para el estado. El “apriete” al avance de la investigación dejó de existir luego del apartamiento de la Oficina Anticorrupción en causas contra funcionarios y ex funcionarios y, por lo tanto, se retiró del expediente sus sumarios.
Sin acusación la causa no avanzó. “Cuando la examinación de esos nuevos elementos de prueba no valorados en instancias anteriores permita alcanzar la evidencia sobre la atipicidad del comportamiento investigado, el tribunal resulta habilitado jurisdiccionalmente a poner fin a la persecución penal”, explicaron los magistrados.
Y concluyeron: “Aquella inteligencia, pues, guarda lógica con el principio de economía procesal y, ante todo, con la necesidad de poner fin, mediante el dictado de un pronunciamiento definitivo, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal para todo imputado/a. Por ello, los planteos efectuados por las defensas, conforme lo indicara la doctora Baigún en su dictamen, resultan procedentes en esta etapa del proceso”.
*Fuente: REALPOLITIK
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La visita del papa León XIV a la Argentina generó un reclamo en la provincia de Buenos Aires, después de que familiares y efectivos de la Policía Bonaerense denunciaran hacinamiento, falta de higiene, condiciones deficientes de descanso, jornadas laborales extensas y presuntas presiones de sus superiores durante el operativo de seguridad.
Las denuncias también incluyen el supuesto traslado de policías sin sus armas reglamentarias, la obligación de firmar actas de desarme y el pago de aproximadamente 60.000 pesos por jornada.
Según la información difundida por el gobernador Axel Kicillof junto con el ministro de Seguridad Javier Alonso y el intendente Leonardo Boto, el dispositivo movilizó aproximadamente 12.000 efectivos de fuerzas de seguridad, además de unos 1.200 trabajadores sanitarios, 10.000 voluntarios, 45 ambulancias y cuatro hospitales de campaña, incluyendo controles de acceso, recorridos de seguridad, puestos sanitarios y espacios para atender a los peregrinos.
La visita apostólica de León XIV se desarrolló entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Ese miércoles 11 de noviembre estuvo prevista una misa a las 10 de la mañana frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
Para cubrir estas tareas, se convocó a personal policial de distintas localidades bonaerenses. Algunos efectivos debieron desplazarse fuera de sus destinos habituales y permanecer durante varios días en alojamientos temporales.
Entre las unidades mencionadas aparece el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), una unidad policial especializada en tareas operativas y de apoyo a otras dependencias. La controversia comenzó cuando familiares de los agentes difundieron fotografías de los lugares donde se alojaría parte del personal movilizado.
De acuerdo a los testimonios recabados, los agentes estaban siendo alojados en instalaciones improvisadas que presentaban importantes deficiencias. Los familiares señalaron que los efectivos tenían que dormir en carpas instaladas entre árboles, utilizar catres agrupados y compartir baños químicos, sin contar con suficientes frazadas ni espacios adecuados para bañarse.
Uno de los allegados cuestionó que se anunciaran importantes gastos para ofrecer comodidades al personal cuando, conforme a su relato, esas condiciones no se estaban cumpliendo, a la vez de existir incertidumbre sobre la cantidad de días que los policías estarían allí y las condiciones en que desarrollarían sus jornadas. Destaca la declaración de una agente, de que los baños químicos carecían de elementos de limpieza y mantenimiento adecuados.
“Para que se enteren todos cómo llevan a los policías a acampar a Luján por la llegada del Papa. El lugar donde van a dormir es abierto, no les dan frazadas ni nada, no tienen dónde bañarse ni las comodidades que están diciendo”, confirmó un familiar de uno de los agentes que prestaron servicio en La Plata, añadiendo que “no parece justo que estén diciendo que gastaron un montón para que ellos tengan todas las comodidades para estar bien allá, cuando no es así”.
Los integrantes del Grupo de Apoyo Departamental que descansaban en el barrio Don Orione, partido de Almirante Brown, ya no disponían de catres y se vieron en la necesidad de dormir directamente en el suelo, así como la utilización de duchas improvisadas, el hacinamiento y la acumulación de horas de servicio.
“Son de Caballería y les dan solo 60 mil pesos, y están sin baño”, sostuvieron familias autoconvocadas de los agentes de seguridad.
Las condiciones de los jefes
Otro aspecto de la controversia surgió cuando se revelaron imágenes de un salón cerrado que habría sido destinado a superiores policiales. Los denunciantes sostuvieron que mientras numerosos agentes descansaban en carpas sobre terrenos embarrados, algunos jefes disponían de instalaciones con piso de madera, ventanales y aire acondicionado.
Trascendió a la par una comunicación atribuida a la organización del operativo, en la cual los policías debían costearse y presentarse en servicio con capas de lluvia, botas de goma, sábanas de una plaza, almohada, pijama y artículos de higiene personal.
La acusación más delicada tiene que ver con el personal policial de especialidades, que fue enviado a cubrir servicios sin su armamento reglamentario y sin elementos visibles de identificación institucional. Estos se trasladaron desde Quilmes hasta Luján utilizando vehículos particulares, provistos únicamente de su credencial policial y documento de identidad. Asimismo, los policías afirmaron que sus superiores les exigían firmar un acta de “desarme voluntario”, bajo advertencia de posibles sanciones disciplinarias si se negaban.
Una mujer, identificada como esposa de un efectivo de Infantería procedente de Azul, afirmó que su marido llevaba cuatro días movilizado y que, al no contar con un lugar asignado para descansar, algunos integrantes de la unidad habían tenido que dormir al costado de una ruta en Luján. Hasta en Córdoba, los efectivos habían dormido en el suelo y con otros reclamos por falta de comida, agua e instalaciones sanitarias.
“Después del Papa no saben en dónde van a dormir”, afirmó la mujer, agregando que “lo tienen así durmiendo afuera hasta que llegue el Papa, sin agua, sin comida. Es inhumano, insalubre”.
La bochornosa “carpa VIP”
A diferencia de cómo pasaron las autoridades involucradas en la conocida como la “carpa VIP”, convirtiéndose en uno de los principales cuestionamientos durante la visita del papa León XIV a la Argentina. El escándalo comenzó cuando se difundieron fotografías y videos de políticos, empresarios y celebridades que disfrutaban de un espacio exclusivo de 1.200 m² con aire acondicionado, catering y ubicaciones preferenciales durante la misa multitudinaria celebrada el lunes 9 de noviembre en Palermo, Ciudad de Buenos Aires.
Una investigación periodística por Mariana Escalada y Agustín Ronconi en el portal El Disenso reveló que el Estado nacional adjudicó contrataciones millonarias a ocho empresas para la organización y el desarrollo de las actividades oficiales durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Según el relevamiento, las adjudicaciones alcanzaron un monto conjunto superior a los 20.477 millones de pesos, distribuidos entre servicios de producción, infraestructura, transmisión televisiva, iluminación, sonido y abastecimiento eléctrico.
Entre las otras contrataciones, se mencionaron empresas vinculadas a familiares del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La diputada Marcela Pagano señaló a Tech Security SRL, vinculada a servicios de seguridad, y a Purgato S.A., dedicada a tareas de limpieza; no está confirmado documentalmente el servicio de limpieza atribuido a Purgato, y tampoco se ha podido establecer el monto de Tech Security. De acuerdo con los registros societarios, Fernando Nicolás Menem, Eduardo Adrián Menem y Pablo Ariel Vázquez aparecen vinculados a esas firmas.
Mientras una gran cantidad de asistentes permanecía al aire libre y esperaba durante horas para acercarse al pontífice, con una capacidad para albergar a 250 personas que tenían acceso a instalaciones especialmente acondicionadas frente al Monumento de los Españoles. La contratación más elevada correspondió a DF Entertainment S.A., que recibió una adjudicación de 8.690 millones de pesos para la producción general del evento. Le siguió Nuevos Aires Producciones SRL, con 4.547.7 millones de pesos destinados a la instalación de estructuras y vallados, mientras que Recordvision S.A. obtuvo 3.090 millones de pesos para los servicios de transmisión televisiva.
Los espacios reservados contaban con 3.500 sillas preferenciales próximas al altar, protección contra las condiciones climáticas, servicios gastronómicos y comodidades adicionales. Entre las personas que asistieron al sector preferencial estuvieron figuras del espectáculo y la moda, como Valeria Mazza, Carolina “Pampita” Ardohain y Yanina Latorre, además de autoridades y otros invitados. Por su parte, PRG Argentina SRL fue adjudicataria de 1.979.3 millones de pesos para el montaje de sonido e iluminación, mientras que Fidias Energía SRL recibió 1.736 millones de pesos para garantizar el abastecimiento eléctrico. A estas contrataciones se sumaron los 225 millones de pesos asignados a VMG Video Tech S.A. para la instalación de pantallas LED.
Finalmente, los servicios de alfombras y cortinas quedaron distribuidos entre Alfombra Mágica SRL y Tetramon, que recibieron adjudicaciones por 128.08 millones y 81.21 millones de pesos, respectivamente. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri reconoció que algunos aspectos del servicio gastronómico fueron excesivos. En declaraciones al medio de Radio La Red, expresó que las medialunas y los budines estuvieron de más, aunque rechazó la idea de que se hubiera tratado de un lujo descomunal.
La diferencia fue notaría en el trato entre invitados seleccionados y fieles comunes en una ceremonia que buscaba transmitir un mensaje de humildad, fraternidad e igualdad. El contrato incluía pisos nivelados, alfombra beige, revestimientos interiores, climatización de frío y calor, mobiliario, mesas, arreglos florales y sanitarios especiales.
Contemplaba un servicio de catering diferenciado. Para la misa se habían previsto 250 prestaciones de café y alimentos destinadas a particulares especiales, además de servicios separados para Presidencia, las sacristías, el coro y el encuentro juvenil.
El gremio de Camioneros desembarcó en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, el principal centro de comercialización de hacienda vacuna en pie del país, con un reclamo que encendió las alarmas entre los transportistas. Pablo Moyano, secretario general adjunto del sindicato, se reunió con representantes de las ocho empresas más grandes que trasladan y exportan ganado desde el predio y les exigió un adicional del 15% sobre el convenio vigente para los choferes, más un ítem salarial específico por las tareas que, según el gremio, exceden la conducción del camión.
Uno de los empresarios que participó del encuentro le anticipó al portal especializado Bichos de Campo(Sofia Selasco) que el aumento se trasladará de inmediato a los precios: “Si se confirma ese 15% de aumento, en el corto plazo deberemos aumentar la tarifa de los fletes entre un 15% y un 20%”. Recordó que el gasoil subió durante todo el año y que las transportistas no tocan sus tarifas desde hace ocho meses. El reclamo gremial se convierte así en un costo más que se suma al sector y que viaja con cada animal a lo largo de una cadena cuyo último eslabón es la carnicería.
Para las empresas, el margen de negociación resultó mínimo. Según la misma fuente, Camioneros les dio dos alternativas: “Si no aceptamos nos van a obligar a que pongamos un acompañante en el camión, como hacen los vehículos de Coca-Cola. El chofer maneja y el acompañante baja los bultos. Nos dijeron a elegir y, por como están los números del sector, no podemos contratar a otro chofer”. El empresario admitió que la charla “se dio en buenos términos”, pero reconoció que no estaban en condiciones “de decir que no”.
El sindicato llegó a Cañuelas con el acuerdo ya armado. Ese mismo texto ya lo firmaron empresas de Ayacucho, Tandil, Tres Arroyos y Necochea. De acuerdo con Infocamioneros, el portal de noticias del gremio, entre ellas figuran La Chiflina S.A., de Ayacucho; Alonso Juan y Alonso Mauricio, de Tandil, y Agroindia Tandil SRL. “Esto no empezó acá. Esto empezó afuera y vino todo cocinado”, resumió el transportista.
—Corrales del Mercado Agroganadero de Cañuelas, por donde pasan en promedio 6.000 cabezas de ganado por día
Moyano habló de una “necesidad urgente” y fundamentó el pedido en que “el chofer no solamente cumple la tarea de chofer, sino que le han designado tareas adicionales”. Entre ellas mencionó la carga y descarga de los animales. También contó que, cuando un animal se cae durante el viaje, el conductor debe picanearlo, lo que demora el traslado, y que los trabajadores contraen enfermedades por la contaminación de la hacienda. Según el dirigente, el acuerdo beneficiaría a “cientos y cientos de trabajadores” de una actividad que definió como “tan especial, tan sacrificada”. Hoy, un transportista de hacienda cobra entre 2,3 y 2,8 millones de pesos por mes, según los kilómetros que recorre.
Ninguna empresa firmó en la reunión. Acordaron de palabra continuar con las negociaciones, y el empresario consultado puso una condición: “Nosotros firmaremos si podemos convalidar el aumento con nuestros clientes. Si no se nos va a complicar”. También estimó que, si el acuerdo prospera, regirá “seguramente a partir de enero”. Moyano se mostró mucho más confiado. Aseguró que “hay buena voluntad” de “las siete u ocho empresas más grandes que entran al mercado” y que, “si Dios quiere, la semana que viene estaremos en condiciones de firmarlo”.
El plan no termina en Cañuelas: “Después será un trabajo gremial trasladarlo a todo el país”, anticipó. El próximo paso será enviar la propuesta a las empresas que transportan ganado en el resto del territorio.
Referentes de la CGT y la CTA de Cañuelas acompañaron a Moyano. La CGT local explicó que el dirigente fue al mercado para “destrabar el conflicto” y avanzar en la regularización de la actividad. “Seguimos donde hay que estar: en cada lugar de trabajo, defendiendo la actividad y a los compañeros”, expresó la central obrera.
La visita también salpicó a las autoridades del MAG, que funciona desde mayo de 2022 sobre la Ruta Provincial 6, en reemplazo del histórico Mercado de Liniers. Ocupa 110 hectáreas y tiene capacidad para recibir unas 12.000 cabezas por día. El gremio pretendía que el mercado verificara que los camiones que descargan allí estuvieran afiliados. “En promedio pasan 6 mil cabezas de ganado a diario por acá. La mirada de Moyano era que nosotros controláramos que los camiones que atracan en el mercado estén afiliados, pero esa afiliación no es tarea nuestra”, dijo el vicepresidente del MAG, Fernando Sáenz Valiente. Contó que el mercado cedió un salón para el encuentro y que él pasó a saludar, pero que se retiró porque el tema no tiene que ver con el rol de la institución.
El presidente del mercado, Carlos Colombo, coincidió con ese planteo. Señaló que controlar que los camiones estén asegurados y que los choferes estén correctamente inscriptos les corresponde a las empresas. “Si están o no adheridos a un gremio, eso es un acuerdo de cada empresa particular. Nosotros actuamos como cualquier mercado concentrador del país”, sostuvo.
La presión tiene antecedentes. Nicolás Franchini, coordinador general del MAG, recordó que “ni bien se realizó la mudanza, hubo una carpa sobre la Ruta 205” desde la que el gremio paraba y relevaba a los transportistas. Para Franchini, a la reunión “le quisieron dar un marco institucional”, aunque el mercado no tiene relación contractual con las empresas de transporte y las comodidades que ofrece a los choferes, como espacios de aseo y descanso, fueron “una cuestión solidaria”.
Otra fuente del sector, que pidió reserva de su nombre, fue más allá: “La personalidad de Moyano la conocemos todos. Él hablaba de los trabajadores como si nosotros no los valoráramos. Es la postura que tiene siempre. Y trabajador no es solo que él va arriba de un camión. Ese aumento del 15% no es por un trabajo nuevo, sino por algo que se hizo desde siempre”.
La Auditoría General de la Nación (AGN) puso bajo la lupa el manejo de los fondos nacionales destinados a la urbanización de barrios populares y encontró una extensa serie de deficiencias en la administración, seguimiento y control de una política pública que durante los últimos años movilizó importantes recursos del Estado nacional.
El organismo aprobó el 20 de agosto de 2026 el informe 169/2026, correspondiente a la actuación 214/2023, denominado “Gestión de fondos nacionales transferidos en el marco del programa 53 – Integración Socio Urbana, Actividad 42 – Abordaje Integral de Barrios Populares”. La auditoría comprende el período que va desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2024.
Se trata de un dato relevante para interpretar sus conclusiones: el período analizado incluye casi dos años completos de la administración de Alberto Fernández y los primeros nueve meses de la gestión de JavierMilei.
Durante la administración de Alberto Fernández, el área estuvo encabezada por Fernanda Miño, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y referente del espacio de Juan Grabois, bajo las sucesivas conducciones de Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz en el ministerio de Desarrollo Social. Con la llegada de Javier Milei, pasó a tener rango de subsecretaría y quedó a cargo de Sebastián Pareja, referente del armado bonaerense de Karina Milei, designado desde el 28 de diciembre de 2023. Inicialmente dependió del ministerio de Infraestructura y luego pasó a la órbita del ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo.
Según surgió durante el tratamiento del informe en el Colegio de Auditores, el trabajo identificó 18 hallazgos, entre ellos problemas vinculados con la selección de cooperativas, desembolsos realizados pese al vencimiento de pólizas de seguro y importantes atrasos en la ejecución de las obras.
Cooperativas y criterios bajo la lupa
Uno de los aspectos más sensibles de la auditoría se relaciona con los mecanismos utilizados para distribuir recursos entre las organizaciones encargadas de llevar adelante parte de los proyectos.
La AGN observó la existencia de discrecionalidad en la asignación de fondos a cooperativas ante la ausencia o insuficiencia de criterios de elegibilidad claramente establecidos, una cuestión particularmente sensible teniendo en cuenta el peso que estas organizaciones adquirieron dentro del esquema de integración socio urbana.
El modelo adoptado durante aquellos años otorgó precisamente un rol central a las entidades de la economía popular.
La propia normativa de integración socio urbana promovió la participación de cooperativas y organizaciones comunitarias en la ejecución de los proyectos. Distintos documentos del programa daban cuenta de que más de la mitad de las intervenciones llegaron a ser ejecutadas por este tipo de entidades, mientras que en los convenios implementados por provincias o municipios también existían obligaciones de participación de cooperativas de trabajo.
La discusión planteada por la auditoría, por lo tanto, no pasa necesariamente por la utilización de cooperativas como herramienta de ejecución, sino por una pregunta más delicada: con qué mecanismos se seleccionaba a las organizaciones que recibían los recursos del Estado y qué controles existían sobre ellas.
Dinero transferido pese a pólizas vencidas
Otro de los hallazgos señalados por la auditoría resulta especialmente llamativo desde el punto de vista administrativo.
De acuerdo con las conclusiones difundidas tras la aprobación del trabajo, la AGN verificó casos en los cuales se realizaron desembolsos de fondos mientras las pólizas de seguro correspondientes se encontraban vencidas.
— Fernanda Miño
Las pólizas constituyen una herramienta básica de resguardo para el Estado ante incumplimientos o contingencias relacionadas con las obras financiadas.
Sin embargo, los problemas no terminaron allí.
Más de la mitad de los convenios, demorados
La auditoría determinó además que aproximadamente el 56 por ciento de los convenios examinados presentaba demoras en la ejecución de las obras.
El número adquiere otra dimensión considerando que la finalidad del programa era intervenir sobre algunas de las zonas con mayores necesidades habitacionales y de infraestructura del país.
El régimen de integración socio urbana tiene como objetivo mejorar las condiciones de los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), con intervenciones relacionadas con vivienda, infraestructura, servicios básicos, saneamiento, regularización dominial y mejoramiento del hábitat.
Es decir, detrás de las demoras administrativas aparecen obras destinadas a poblaciones que, en numerosos casos, carecen de infraestructura básica.
Del 97 por ciento de ejecución al cero
Pero la auditoría encontró también una segunda cara del problema.
Si durante los años anteriores el programa había alcanzado niveles de ejecución cercanos al 97 por ciento, durante 2024 la situación cambió radicalmente.
Según los datos presentados por la AGN, ese año registró apenas 6 por ciento de ejecución presupuestaria y 0 por ciento de ejecución física, una virtual paralización de la política pública durante los primeros meses de la administración libertaria.
La fotografía que deja el organismo de control resulta así particularmente incómoda para las dos administraciones comprendidas dentro del período auditado.
Por un lado, durante el funcionamiento intensivo del programa aparecieron falencias en los mecanismos de selección, controles administrativos insuficientes, desembolsos con garantías vencidas y obras demoradas.
Por el otro, el cambio de gobierno no derivó en una corrección y continuidad del programa bajo nuevas reglas, sino en una caída prácticamente total de su ejecución durante 2024.
El caso “Mi Pieza”
El informe también abordó uno de los programas más conocidos vinculados con la política de barrios populares: Mi Pieza, destinado a financiar mejoras, ampliaciones y refacciones habitacionales.
Allí apareció una paradoja significativa.
El esquema requería que las beneficiarias acreditaran los avances mediante una aplicación móvil con herramientas de geolocalización. Sin embargo, el mecanismo de control terminó chocando con las propias características sociales de la población alcanzada: brecha digital, dificultades de conectividad y problemas para utilizar las herramientas tecnológicas exigidas para validar las obras.
En otras palabras, parte del sistema diseñado para controlar una política destinada a los sectores más vulnerables dependía precisamente de recursos tecnológicos que una porción de esos mismos sectores no tenía garantizados.
Una política millonaria que terminó bajo auditoría
El programa 53 de Integración Socio Urbana había adquirido durante los años anteriores un peso creciente dentro del presupuesto nacional.
Ya en auditorías previas de la propia AGN puede observarse la magnitud que había alcanzado el área. En uno de los ejercicios analizados, el crédito destinado al programa 53 pasó de aproximadamente 3.171 millones a más de 10.324 millones de pesos, una ampliación superior al 225 por ciento.
El esquema se encontraba además vinculado con una estructura mucho más amplia de políticas de urbanización, fondos fiduciarios, transferencias a gobiernos locales y participación de organizaciones de la economía popular.
La integración socio urbana había sido concebida para intervenir sobre una de las caras más dramáticas de la pobreza argentina: familias que viven sin títulos de propiedad, cloacas, agua corriente, infraestructura vial o conexiones seguras de servicios.
Precisamente por esa sensibilidad, las conclusiones de la AGN cobran mayor importancia. No se trata solamente de expedientes incompletos o fallas formales.
La auditoría describe una política pública en la cual convivieron una enorme demanda social, importantes recursos económicos, organizaciones encargadas de ejecutar proyectos, deficiencias en los mecanismos de control y numerosos convenios que no avanzaron según lo previsto.
Y la respuesta posterior tampoco solucionó el problema: para 2024, la ejecución física había caído directamente a cero. El resultado es una fotografía difícil de ignorar.
Durante los años de expansión, el Estado no logró garantizar controles suficientemente robustos sobre todo el circuito de asignación y ejecución de recursos. Cuando llegó el ajuste, en lugar de corregir esas deficiencias y continuar las obras bajo mecanismos más transparentes, buena parte del programa quedó paralizada.
En el medio quedaron los barrios populares, los fondos públicos ya comprometidos y una auditoría que, varios años después, comenzó a reconstruir qué ocurrió con una de las políticas sociales más importantes de la última década.
Con una carta dirigida al Presidente y una tesis incómoda para cualquier gobierno, el legislador Eugenio Casielles volvió a poner en el aire este domingo Proyecto C. El regreso del ciclo giró alrededor de un fenómeno que atraviesa a casi todas las gestiones: la obsecuencia que rodea a los líderes una vez que llegan al poder y la pérdida de criterio que suele venir con ella.
El estreno llevó por título “El rey está desnudo”, una referencia directa al viejo cuento del emperador al que nadie se animaba a decirle la verdad. La elección no fue casual y marcó el tono de una emisión que, con distintos invitados, volvió una y otra vez sobre la misma pregunta: qué le pasa a quien manda cuando a su alrededor solo quedan voces que asienten.
En la sección Carta al presidente, Casielles le habló de frente a Javier Milei y condensó su planteo en una sola frase: “El problema no es equivocarse: es obligar a todos a aplaudir”. La crítica, sin embargo, no se quedó en la Casa Rosada. El legislador repartió responsabilidades y alcanzó también al kirchnerismo, al que le atribuyó su cuota de culpa en el “fanatismo” que domina la escena política.
¿Qué pasa cuando nadie se anima a decirle al poder lo que no quiere escuchar? En el tercer capítulo de PROYECTO C, “El rey está desnudo”, ponemos el foco en la obsecuencia: los que aplauden todo, los que callan para conservar su lugar y los que confunden lealtad con obediencia.
Para darle sustento al debate, el programa sumó la mirada de Daniela Gasparini, licenciada en Psicología, quien analizó cómo el poder transforma a las personas que lo ejercen y de qué manera la adulación termina por erosionar cualquier forma de liderazgo.
Más tarde, la Mesa Picante reunió a Natalia Volosin, doctora en Derecho y periodista, y a Tatiana Scorciapino, periodista de C5N. En ese tramo, la conversación giró hacia la figura de Karina Milei y su influencia en las decisiones del Gobierno. Casielles fue tajante al describir el destino de quienes se animaron a desafiar a la hermana del Presidente, y no se excluyó de la lista: “Los que fueron contra ella perdieron todos, incluyéndome”.
El fin de las retenciones podría abrir casi 860.000 puestos de trabajo en las cadenas agroindustriales en una década. En un país con 1,6 millones de desocupados, esa cifra alcanzaría para emplear a uno de cada dos. La estimación aparece en el informe “Empleo en las cadenas agroindustriales 2025”, que difundió la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Se trata de un centro de estudios del sector agropecuario con sede en Río Cuarto, Córdoba. El trabajo lo firmaron sus economistas Nicolle Pisani Claro, jefa del área, y Fiorella Savarino.
La proyección salió del escenario que FADA había trazado en otro documento propio, “Cuatro claves para crecer y generar medio millón de empleos”. Sin el impuesto, el productor cobraría más por su cosecha. Eso sumaría un 15% de superficie cultivada, porque tierras que hoy no son rentables pasarían a serlo. También elevaría un 37% los rendimientos, gracias a una mayor inversión en tecnología, fertilización, semillas y maquinaria. La producción de granos pasaría de 135 millones de toneladas a 205,4 millones, un salto del 52%. El punto de partida es el promedio de las últimas cinco campañas (sin contar la de la sequía).
Ese volumen extra empujaría el empleo por dos vías. Los cereales y las oleaginosas aportarían 430.262 puestos. Otros 413.541 llegarían por el dinamismo de las carnes y los biocombustibles: parte del maíz se convertiría en alimento para cerdos, aves y vacunos o en bioetanol, y la soja iría al biodiesel. En total, FADA contó 857.881 empleos entre producción primaria, industria, comercialización y transporte, a razón de 85.788 por año.
El propio informe aclaró que el número marca un potencial y no un efecto inmediato. La respuesta productiva sería gradual, en sintonía con la reducción escalonada de alícuotas que lleva adelante el Gobierno, y llegaría a su techo recién en diez años. Como referencia, FADA recordó que entre 2020 y 2025 las cadenas crearon 480.000 empleos, unos 80.000 por año. Ese crecimiento lo empujaron la carne vacuna, la soja, el trigo, el girasol y la lechería.
La eliminación de las retenciones fue una de las banderas de Javier Milei ante el campo. En mayo de 2023, de cara a las PASO, su asesor Guillermo Mac Loughlin planteó: “Las queremos eliminar desde el día 1”.La promesa podía leerse en las propuestas electorales presentadas por La Libertad Avanza ante la Cámara Nacional Electoral. El recorrido resultó más ‘sinuoso‘. En enero de 2025, el Gobierno bajó en forma temporal las alícuotas de los principales cultivos y las eliminó de manera permanente para las economías regionales. La soja pasó entonces del 33% al 26%. Al vencer el plazo, a fines de junio, el poroto volvió al 33% y el maíz al 12%.
El capítulo más llamativo llegó en septiembre. El Decreto 682/2025 fijó retenciones cero hasta el 31 de octubre o hasta que las ventas al exterior registradas sumaran US$ 7.000 millones. El cupo se agotó en tres días y la soja regresó al 26%. En diciembre, la alícuota bajó al 24%. En junio de 2026, el Decreto 423/2026 recortó la de trigo y cebada del 7,5% al 5,5%. Para la soja fijó un descenso desde enero de 2027, hasta el 21% en diciembre de ese año y el 15% en diciembre de 2028. Milei atò la continuidad del cronograma a un segundo mandato: dijo que seguirá hasta 2028 “si nosotros reelegimos”. En julio, en la Exposición Rural de Palermo, calificó al tributo como “una aberración que nunca debió haber existido”. Rechazó, sin embargo, eliminarlo para sacar rédito electoral y sostuvo que el crecimiento de la energía y la minería financiará la quita.
El informe de FADA también repasó ese vaivén. En 2025 se eliminaron las retenciones a los cueros, a las economías regionales y a los productos industrializados. La baja para las carnes se volvió permanente, y la de los granos, que había empezado como temporal, pasó a serlo a fin de año. Aun así, el impuesto siguió pesando en la caja: en el primer semestre de 2026, las cadenas agroindustriales pagaron US$ 2.407 millones en derechos de exportación. El 91% provino de los complejos granarios, el 5% de los cárnicos, el 3% de las economías regionales y el 1% de otros productos.
Hoy el empleo ligado al agro ya tiene un peso enorme. En 2025, las cadenas agroindustriales generaron 4.332.114 puestos de trabajo, un 1,2% más que en 2024. Eso representa el 22,8% del empleo privado y el 19,1% del total si se suma el sector público. Al frente del ranking se ubicó la cadena bovina, con 518.939 puestos. La siguieron frutas, verduras, hortalizas y legumbres (462.482), soja (446.254), trigo (440.604) y maíz (258.307). Entre esas cinco reunieron el 49,1% del total.
“Cuando hacemos las compras, es fácil ver los productos, pero no siempre a las personas que hay detrás”, graficó Savarino. El mapa por etapas lo confirma. La producción primaria concentró el 33,5% de los puestos, la comercialización el 27,3%, la industria el 21,4% y el transporte y la logística el 9,2%. Los proveedores de insumos, bienes de capital y servicios profesionales sumaron el 8,6% restante. “Es decir, hay empleo tanto en la siembra y la cosecha como en la fábrica, el depósito, el camión, el supermercado, el estudio contable o la empresa que fabrica una máquina agrícola”, agregó Pisani Claro.
El contexto laboral le da más relieve a la proyección. El empleo total del país llegó en 2025 a 22.730.304 puestos, un 1% más que el año anterior y un récord desde 2016. Ese avance lo explicaron casi por completo los trabajadores independientes, que sumaron 226.727 puestos. En cambio, el empleo privado formal perdió 32.643. Desde 2016, el 83% de los puestos nuevos fue informal o independiente.
Tras una investigación realizada por el periodista Manuel Román, se reveló que distintas dependencias del Estado nacional adjudicaron 23 contrataciones millonarias a OCP Tech, empresa vinculada a Leonardo Scatturice, exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), empresario relacionado con el asesor presidencial Santiago Caputo y propietario de la aerolínea Flybondi.
Según el relevamiento, las adjudicaciones se concretaron durante la gestión del actual presidente Javier Milei e involucraron a distintos organismos públicos, entre ellos la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei. Los contratos, establecidos tanto en dólares como en pesos, alcanzan un valor cercano a los 7 millones de dólares y superan los 1.400 millones de pesos en moneda nacional, con un monto conjunto estimado en alrededor de 10.000 millones de pesos para realizar gestiones en Estados Unidos.
Desde diciembre de 2023 distintos organismos estatales habrían adjudicado contrataciones por un valor estimado de 6.95 millones de dólares. De ese total de operaciones identificadas, 18 fueron pactadas en moneda estadounidense y las cinco restantes en pesos argentinos. La adjudicación de mayor valor alcanzó aproximadamente 1.79 millones de dólares y correspondió al Ministerio Público Fiscal.
Lo trascendido originalmente en junio de 2026 describió solo 16 contrataciones, de aproximadamente 5.8 millones de dólares y 1.510 millones de pesos, con una equivalencia calculada de unos 8.280 millones de pesos. No se sabía, por lo tanto, que el mismo recuento se extendía aún más para Scatturice, quien es un conocido empresario argentino con antecedentes en el ámbito de la inteligencia y actividades en tecnología, aviación y representación de intereses con referentes republicanos estadounidenses.
Del mismo modo, Scatturice mantiene vínculos empresariales con distintas compañías que desarrollan actividades en los sectores tecnológico, financiero y de consultoría internacional. Entre ellas se encuentra la misma OCP Tech, dedicada a la provisión de equipamiento tecnológico, licencias de software y servicios informáticos.
El empresario también está relacionado con Tactic Global y Tactic COC, firmas vinculadas a servicios de consultoría y representación de figuras como Barry Bennett, consultor político estadounidense vinculado al trumpismo, con quien Scatturice participó en actividades empresariales. Una de estas compañías suscribió un acuerdo con la SIDE para realizar tareas de asesoramiento y vinculación institucional en territorio estadounidense, convenio que fue declarado ante las autoridades de ese país. Por otra parte, Scatturice está asociado a COC Global Enterprise, grupo inversor que adquirió una participación mayoritaria en la aerolínea argentina Flybondi durante el año 2025.
Existirían documentos oficiales que permiten comprobar dichas operaciones concretas, como archivos del Ministerio Público Fiscal donde adjudicó a OCP Tech distintas contrataciones destinadas a la adquisición de infraestructura tecnológica, servicios informáticos y equipamiento de conectividad. Entre las operaciones identificadas figura la licitación pública 44/24, correspondiente a la contratación de un sistema de hiperconvergencia para integrar distintas funciones informáticas de un centro de datos, por un monto de 685.732,90 dólares. Conforme al Boletín Oficial, la adjudicación favoreció a OCP Tech, mientras que otra de las ofertas presentadas fue desestimada por incumplimientos técnicos.
Asimismo, mediante la licitación pública 2/25, el organismo adjudicó a la compañía un contrato de 96.800 dólares para la suscripción de servicios de soporte técnico y capacitación vinculados al sistema operativo Red Hat para Linux. La operación quedó formalizada a través de la Resolución ADM 74/25.
Por otra parte, la licitación pública 42/24 contempló la contratación de trabajos de cableado de datos para puntos de acceso a redes wifi. En ese procedimiento se adjudicaron tres renglones por 55.844, 28.166 y 30.292 dólares, respectivamente. Posteriormente, una resolución administrativa dispuso una ampliación contractual por otros 2.986 dólares.
El papel de Karina Milei
OCP Tech obtuvo la mayoría de las adjudicaciones para suministrar insumos informáticos y de red de parte de la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de la hermana del presidente en diciembre de 2024. En ese procedimiento también participaron otras compañías adjudicatarias en una supuesta “cancillería clandestina”.
El 12 de febrero de 2025, la SIDE firmó un acuerdo con Tactic Global para desarrollar actividades de asesoramiento y vinculación institucional en Estados Unidos. El contrato fue presentado ante el Departamento de Justicia estadounidense el 16 de junio de 2025, en cumplimiento de la legislación norteamericana sobre representación de intereses extranjeros (FARA).
El documento establecía una compensación de 10.000 dólares mensuales y contemplaba tareas como coordinar reuniones entre funcionarios argentinos y estadounidenses, facilitar contactos y brindar asesoramiento estratégico a la SIDE, a pesar de ya existir una estructura diplomática para representar los intereses argentinos en otros países, siendo trabajado correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, las embajadas y los consulados.
El dato fundamental sería que el convenio con Tactic Global terminó sin pagos declarados por parte de la SIDE. En otro texto presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, correspondiente al período terminado el 30 de noviembre de 2025, informa expresamente que la Secretaría de Inteligencia argentina no realizó pagos a esa compañía.
A su vez, el periodista Ignacio Grimaldi confirmó el pasado 10 de septiembre de 2026, que el acuerdo había finalizado sin pagos declarados y que fuentes vinculadas al caso sostenían que las tareas contratadas nunca llegaron a ejecutarse, así como se sospechaba de las contrataciones de OCP Tech en relación a un episodio anterior. En julio de 2024, Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 656/2024, que establecía una ampliación presupuestaria de 100.000 millones de pesos para la SIDE, destinados al fortalecimiento del sistema de inteligencia y con carácter reservado.
El Congreso de la Nación rechazó ese decreto y generó cuestionamientos de distintos sectores políticos por la magnitud de los recursos asignados y los mecanismos de control sobre su utilización. El 21 de agosto, la Cámara de Diputados rechazó el decreto con 156 votos en contra, 52 a favor y seis abstenciones, lo que representó un primer revés legislativo para la iniciativa del Poder Ejecutivo.
Posteriormente, el 13 de septiembre de 2024, el Senado también rechazó la disposición, lo que determinó la derogación definitiva del DNU e impidió que el Gobierno mantuviera vigente la ampliación presupuestaria destinada al organismo de inteligencia.
— El empresario argentino Leonardo Scatturice, que incluye vínculos con OCP Tech, el grupo COC Global Enterprise y la aerolínea Flybondi
Tras la decisión del Congreso, el Ejecutivo informó que se había completado, el 7 de octubre de 2024, la devolución al Tesoro Nacional de 80.000 millones de pesos previamente transferidos a la SIDE. Constatando a las declaraciones oficiales, esos recursos fueron restituidos mediante las correspondientes operaciones administrativas y presupuestarias.
Compensación de esos fondos
La hipótesis sería que algunas contrataciones públicas podrían haber servido como mecanismos alternativos para financiar operaciones relacionadas con inteligencia o gestiones políticas después del rechazo legislativo.
El beneficio de la duda estaría algo respaldada por el nombre de Scatturice, que aparece relacionado con un episodio polémico ocurrido el 25 de febrero de 2025, cuando un Bombardier Global 5000 de la empresa OCP Tech aterrizó en la Argentina transportando a Laura Arrieta, una exazafata y empresaria liberal argentina de 32 años, miembro del comité organizador de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), la cumbre internacional de líderes de derecha que se realizó en Buenos Aires, entró y sacó del país 10 valijas que fueron enviadas a las Islas Canarias.
Su rol en el comité organizador de la CPAC en la edición de Buenos Aires (celebrada en el Hotel Hilton de Puerto Madero) sirvió de puente para entablar un asiduo contacto con la Casa Rosada y posar en fotografías junto al mandatario Javer Milei. Previamente trabajó bajo la supervisión directa de Scatturice, desempeñándose como vicepresidenta y gerente de operaciones corporativas en COC Global Enterprise y empleada de la firma OCP Tech.
El viaje fue objeto de críticas por presuntas irregularidades en los controles aduaneros del equipaje, contando con las valijas de ambos individuos que no habrían sido inspeccionadas con intervención de Santiago Caputo.
Camioneros exige un 15% extra para los choferes que trasladan ganado en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, el más grande del país, o un segundo empleado en cada camión. “Si no aceptamos nos van a obligar. La personalidad de Moyano la conocemos todos”, se quejaron los transportistas, que anticiparon fletes hasta un 20% más caros.
Su gobierno habría pagado de más por caños que vendía una empresa representada por su primo y que, según un informe técnico, sirven para cloacas y pueden ser tóxicos.
Agentes de distintas dependencias bonaerenses denunciaron que fueron trasladados sin condiciones adecuadas de alojamiento, alimentación e higiene. También señalaron presuntas presiones de sus superiores y cuestionaron la organización del operativo.
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