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Martín Guzmán renunció hoy sábado a las 18:00 horas. Difundió su carta a través de las redes sociales: “Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina”, dejó en la misiva el ahora ex integrante del Gabinete de Alberto Fernández.
Según rumores desde dentro de la Casa Rosada, ya lo tenía pensado el viernes pero lo frenó por el acto en memoria del fallecimiento del difunto ex presidente, Juan Domingo Perón. Los motivos habrían sido, no solo las internas en el Frente de Todos (FdT), sino también la reunión pública entre la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y el ex titular del Banco de la Nación durante el macrismo, Carlos Melconian, quién se estima que lo reemplazaría pronto.
Vale recalcar que durante el acto llevado a cabo este sábado por la ex Presidente en Ensenada, en la sede del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, le apuntó directo a Guzmán: “Pobre Carlos lo mataron por haber venido a la reunión”. Luego, tomó su iPhone 13 Pro Max para soltar: “Cualquiera puede leer mi celular, no sé si todos pueden decir lo mismo”.
El economista, discípulo de Joseph Stiglitz, expuso su “frustración” por no lograr encontrar el rumbo económico: “La primera vez que le hablé a la Argentina como ministro de Economía de la Nación, conté que nuestro objetivo era tranquilizar la economía. Puede que a varios ese concepto no les genere demasiado entusiasmo, pero a mí siempre me pareció (y me parece) que tranquilizar la economía constituiría una verdadera épica”.
Desde los pasillos de la Casa Rosada se estima que el ex presidente del Banco de la Nación durante el macrismo, Carlos Melconian, sería el escogido por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner para reemplazar el hueco que dejó Martín Guzmán
Hay que subrayar el elevado enfrentamiento entre CFK y el ahora ex funcionario en las últimas semanas. Por ejemplo, “La Jefa” denunció en un duro discurso al “festival de importaciones”, al que Economía y el Banco Central reaccionaron el lunes instaurando una suerte de supercepo que exacerbó las presiones sobre el dólar y llevó al riesgo país por encima los 2400 puntos básicos, rozando el default.
La sostenibilidad de la política económica y del propio Martín Guzmán se encontraban comprometidas, como por ejemplo volvieron a poner en evidencia las declaraciones del viernes de Andrés “El Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo Social bonaerense y vocero de la Cámpora y del kirchnerismo, quien dijo que se había acabado “la etapa de la moderación”.
Guzmán, además, ya había tenido problemas serios para sostener el financiamiento del programa económico a través de la colocación de bonos en pesos ajustables por inflación, cuya cotización cayó fuertemente en las últimas 2 semanas y puso en serias dudas la sostenibilidad de la cotización de los bonos y la política económica.
Ante todo lo referido, tan solo queda visualizar la danza de nombres que ahora deberán tomar la capitanía de lo que es el Ministerio de Economia, uno de los fierros calientes del Gobierno nacional. De momento, en los pasillos de la Casa Rosada suena el nombre de Melconian, un hombre de origen menemista y de lo más cercano a Propuesta Republicana (PRO).
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Apenas un día después de que el Senado bonaerense aprobara la reelección indefinida de senadores, diputados, concejales y consejeros escolares, Guillermo Francos descalificó la decisión y direccionó sus críticas a Carlos Kikuchi, antiguo armador de La Libertad Avanza y hoy senador dialoguista. El ministro recordó que el propio Kikuchi “de ser el armador de un partido que estaba en contra de la casta se ha convertido en casta junto con los legisladores que lo acompañan”.
Para Francos, la normativa de 2016 que incorporó un límite de dos periodos —impulsada durante la gobernación de María Eugenia Vidal— “había sido una buena norma para evitar la perpetuación en los órganos legislativos”; la revisión actual, sostuvo, pone de relieve “una casta muy fuerte en la Legislatura bonaerense”.
GUILLERMO FRANCOS CONTRA CARLOS KIKUCHI
La votación se desarrolló tras reiterados intentos fallidos de alcanzar quórum. Finalmente, el oficialismo reunió 26 senadores presentes —24 en el recinto y uno conectado de forma remota— y el tablero quedó empatado en 22 votos afirmativos, 22 negativos y una abstención. La vicegobernadora Verónica Magario emitió el voto decisivo y otorgó media sanción a la reforma del artículo 13 bis de la Ley 5109. Minutos después, se vio obligada a rectificar públicamente su afirmación de que el proyecto ya era ley, porque aún restaba la intervención de la Cámara de Diputados.
La ingeniería para alcanzar quórum incluyó restricciones al trabajo de prensa—sin palco ni conectividad—y negociaciones que se extendieron varios días. La senadora del PRO María Lorena Mandagarán, de Azul, ocupó su banca con el objetivo de habilitar la sesión en la que se aprobaron nueve pliegos judiciales para su distrito; luego votó contra la reforma. Sofía Vanelli (Frente Renovador) también facilitó la apertura y luego rechazó el texto por coherencia con la postura de Sergio Massa. Por su parte, Silvana Ventura (dialoguista) se abstuvo y el oficialista Federico Fagioli (Patria Grande) se ausentó.
“NOSOTROS, LOS LIBERALES…” | LA INSÓLITA JUSTIFICACIÓN DE KIKUCHI
Votaron a favor 19 senadores de Unión por la Patria—Luis Vivona, Sabrina Bastida, Sergio Berni, Pedro Borgini, Eduardo Bucca, Laura Clark, Amira Curi, María Elena Defunchio, Gabriela Demaría, Ayelén Durán, Marcelo Feliú, Teresa García, Emmanuel González Santalla, María Rosa Martínez, Pablo Obeid, Adrián Santarelli, Gustavo Soos, Walter Torchio y Daniela Viera—más los radicales Marcelo Daletto y Carlos Kikuchi, y Sergio Vargas (Unión, Renovación y Fe). Se pronunciaron en contra Aldana Ahumada, Yamila Alonso, Alex Campbell, Christian Gribaudo, Marcelo Leguizamón Brown, Alejandro Rabinovich, Juan Manuel Zini, Jorge Schiavone y María Emilia Subiza (PRO); Carlos Curestis, Daniela Reich y María Florencia Arietto (La Libertad Avanza); Joaquín de la Torre (Derecha Popular); y los radicales Alejandro Cellillo, Flavia Delmonte, Eugenia Gil, Lorena Mandagarán, Ariel Bordaisco, Agustín Maspoli, Nerina Neumann y Betina Riva.
Durante el debate, Carlos Curestis (LLA) solicitó que la votación fuera nominal; respaldaron la moción Christian Gribaudo (PRO) y el propio Kikuchi, gestos que consolidaron los 22 votos oficialistas. La presencia de senadores catalogados como “dialoguistas” resultó crucial para salvar los intentos fallidos previos.
El expediente que avanzó excluyó expresamente a los intendentes. Presentado por Luis Vivona —alineado con Cristina Fernández de Kirchner— se contrapuso con otra propuesta de Ayelén Durán, senadora referenciada en el gobernador Axel Kicillof, que sí contemplaba a los jefes comunales. La afinidad entre la Gobernación y los intendentes interesados en modificar la normativa vigente— que les impide renovar mandatos— fue determinante, aunque el Frente Renovador de Sergio Massa se mantuvo al margen.
Fuera de la arena parlamentaria, Francos reclamó una indagación profunda sobre el expediente de Julio “Chocolate” Rigau. “El Poder Judicial debería analizar un poco más a fondo el significado del caso, la enorme cantidad de empleados y de contratos que tiene cada legislador y cómo se pagan los votos”, reiteró, aludiendo a un esquema de contratos que explicaría la puja por cargos vitalicios.
En ese mismo reportaje, el ministro planteó la necesidad de reformular el mecanismo de informes del jefe de Gabinete ante el Congreso. Evaluó como poco eficiente la dinámica establecida en el artículo 101 de la Constitución—que lo obliga a concurrir mensualmente y de manera alternada a cada Cámara—y sugirió que las consultas se canalicen por escrito para “racionalizar recursos y tiempos”.
Además, ratificó la disposición presidencial de vetar cualquier medida legislativa que comprometa el equilibrio fiscal. Citó el proyecto de aumento jubilatorio en discusión en el Senado nacional y advirtió que, de aprobarse, será vetado porque “el sistema de jubilaciones lo hicieron inviable quienes incorporaron beneficiarios sin aportes”. Bajo esa premisa, insistió en que “el gobierno tiene claro el rumbo que es el equilibrio fiscal y de eso no se va a apartar”.
Con la media sanción consumada, la Cámara de Diputados bonaerense deberá decidir el destino de la reelección indefinida. Mientras tanto, Francos profundizó sus cuestionamientos a Kikuchi —acusándolo de abdicar del discurso anticasta— y a los legisladores que respaldaron la reforma. Para el jefe de Gabinete, la jornada demostró cómo “quienes prometían un cambio terminaron mimetizándose con los privilegios que decían combatir”.
El desenlace legislativo dependerá de la aritmética en Diputados, pero el cruce entre Francos y Kikuchi ya evidenció el quiebre entre el Ejecutivo nacional y un sector que, hasta hace pocos meses, se presentaba como la expresión de la renovación política bonaerense.
Misiones se prepara para sus elecciones legislativas del 8 de junio, en un escenario dominado históricamente por la hegemonía del Frente Renovador de la Concordia de Carlos Rovira. En este tablero consolidado, La Libertad Avanza (LLA) intenta ganar terreno, pero su camino ha sido un constante foco de escándalos y contradicciones.
LAS PRIMERAS IRREGULARIDADES DE LLA DE MISIONES
Todo comenzó en 2023, cuando Ninfa Alvarenga, referente inicial de LLA, vio su candidatura a gobernadora frustrada. Tras esa fallida postulación, Alvarenga fue nombrada titular del PAMI Misiones. Desde allí, utilizó su Fundación, “Misión Libertad”, para gestionar donaciones estatales. Según el Boletín Oficial, a través de las resoluciones RSG N° 126/2024 y RSG N° 127/2024 del 30 de abril de 2024, entre otras cosas, se cedieron más de once mil artículos de primera necesidad (calzado, indumentaria, ropa blanca, accesorios) y de bazar (ollas, termos, etc.). Estas donaciones, gestionadas por Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei, generaron una intensa difusión en redes sociales de la fundación, con un modelo de asistencia social que evocaba la acción directa de figuras como Eva Perón, marcando constantemente que las donaciones eran enviadas por Secretaría General de la Nación (donaciones que parten del sector privado).
Sin embargo, la gestión de Alvarenga frente a PAMI terminó abruptamente en octubre de 2024, cuando fue destituida por denuncias de exigir “aportes” del 10% al 20% de sus sueldos a los empleados de PAMI, cobrando además una indemnización de $11.380.414,26 al ser desvinculada, con apenas unos pocos meses de actividad.
Tras la salida de Alvarenga, Adrián Núñez asumió la presidencia de LLA Misiones y Samantha Stekler la titularidad de PAMI de Misiones.
LA ALIANZA CON ROVIRA QUE NO FUE
Antes de seguir con la trama de Núñez, debemos hablar del intento de “alianza tácita” de LLA con el oficialismo renovador de Rovira y la intendencia de Puerto Iguazú. Se constataron donaciones oficiales desde la secretaría que dirige Karina Milei hacia los espacios del rovirismo, toda información que surge del Boletín Oficial, pero en muchos casos sin especificar qué tipo de bienes o recursos se transferían. Recientemente este acercamiento se disolvió, y las especulaciones apuntaron a la Ley “Ficha Limpia” y a la falta de alianza como posibles factores. Es relevante que los Senadores Nacionales de Misiones que responden a Rovira votaron en contra de la Comisión de Investigación de Libra y la propia Ley “Ficha Limpia” en el Senado, hecho que beneficia al mileísmo por permitirles la posibilidad de polarizar con una Cristina Fernández candidata.
LOS CANDIDATOS SE DENUNCIAN ENTRE ELLOS
Pero retomemos al actual armado LLA en Misiones. Hace unos meses, una carta firmada por 22 personas fue dirigida a Adrián Núñez (recordemos, presidente de LLA Misiones), y esto detonó un nuevo escándalo: acusaciones formales de un esquema de retorno, iguales a los acusados contra Alvarenga.
Entre las figuras señaladas por las denuncias, acusadas de ser parte del esquema de “aportes”, se encuentran:
Carlos Adrián Núñez: Presidente de LLA Misiones y 3° en la boleta.
Samantha Noelia Stekler: Titular de PAMI Misiones y 2ª en la boleta.
Nelli Beatriz Guerrero: Titular de ANSES Misiones y 4ª en la boleta.
Paola Andrea Trinidad: Coordinadora de PAMI Misiones y 6ª en la boleta.
Walter Fabio Báez: Apoderado de LLA Misiones y 7º en la boleta.
Cristian Osvaldo Sanabria Brítez: Referente de LLA Misiones y quien recibió una de las transferencias por “aportes”, por un monto de $260.000.
El dato curioso es que la carta de denuncia fue firmada, irónicamente, por la mayor parte de los propios candidatos de LLA en la lista que, a su vez, tienen cargos en ANSES, PAMI y demás (empleos desde los que les exigían del 10% al 20% de sus sueldos):
Osvaldo Héctor Manzoni: N°5.
Melisa Yohana Skrauba: N°8.
Agustina Isabel Torales: N°10.
Yanina Gisela Lorenzo: N°14.
Rosana Alicia Mondelo: N°16.
Gastón Emanuel Horianski: N°17.
Camila Belén Aquino: N°18.
Tomás Margets: N°19.
Daniela Beatriz Cabral: N°20.
Isauro Daniel López: N°1 (suplente).
Carol Melisa Correa: N°2 (suplente).
Alberto Martín Celestino: N°3 (suplente).
Caren Yelsen Silveira Pintos: N°4 (suplente).
Matías Germán Alles: N°5 (suplente).
Celeste Agostina Comparin: Nº6 (suplente).
Dante Fabricio Berdini: N°7 (suplente).
Por si es necesario aclararlo otra vez: los candidatos de LLA de Misiones denuncian a los demás candidatos de la misma boleta.
Las irregularidades denunciadas replican el modus operandi del caso Alvarenga, sugiriendo un patrón de exigencia de “diezmos” en el espacio, y todo financiado por los trabajadores misioneros. Sin embargo, los hermanos Milei le dieron el visto bueno a toda esta situación de denuncias por corrupción dentro del mismo espacio.
KIRCHNERISTAS ANTI-CASTA
Finalmente y no menos importante, los perfiles de los candidatos revelan un pasado político que desdibuja la imagen “anticasta”.
El ya mencionado hasta el hartazgo, Carlos Adrián Núñez, actual presidente de LLA Misiones y principal denunciado, exhibe en sus redes tuits con posturas claramente kirchneristas, como su “Orgullo UBA” junto a Alberto Fernández en 2020, una nota elogiando la elección de Alberto como presidente, o su apoyo a la consigna “¿Dónde está Santiago Maldonado?” en 2017.
Por otro lado tenemos al primer candidato, el extenista Diego Gabriel Hartfield, que es quizás el caso más llamativo. Aunque ahora encabeza una lista libertaria, en las elecciones de 2015 fue candidato de Carlos Rovira y del kirchnerismo, como consta en el Tribunal Electoral de Misiones.
Sus tuits de la época lo confirman: en 2011 apoyaba a un senador misionero kirchnerista, en 2012 criticaba a Lanata por sus investigaciones contra el kirchnerismo, en 2014 elogiaba a Scioli y en 2015 confirmó haberlo votado. Incluso recomendaba fuertemente ver el programa ultra-kirchnerista “678”. E irónicamente, en 2016 tuiteó: “Ojalá nunca me toque ser diputado, no quiero trabajar 20 hs seguidas”.
Con este panorama, La Libertad Avanza en Misiones enfrenta el 8 de junio no solo el desafío de competir con el poder establecido, sino el de explicar sus propias contradicciones y el ruido de las denuncias internas que ensombrecen su debut electoral en la provincia.
La medición de junio de 2025 del ÍndiceFADA verificó que el Estado absorbió el 63,6% de la renta producida por una hectárea agrícola promedio. El indicador superó en 5,6 puntos el registro de marzo y, si el Poder Ejecutivo restaura los Derechos de Exportación (DEX) el 30 de junio, la participación estatal ascendería al 67%, con máximos proyectados de 70% en soja, 56% en maíz y 67% en girasol.
Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA, puntualizó: “Para producir se incurren en múltiples costos —semillas, fertilizantes, mano de obra, fletes, seguros—. Una vez comercializada la cosecha, el saldo neto se distribuye entre el arrendador (26,6 %), el productor (9,8 %) y el fisco (63,6 %). Esa última porción es la que cuantificamos en el Índice FADA”.
La fundación estimó la renta agrícola al valorizar la producción de soja, maíz, trigo y girasol a precios internacionales y deducir insumos, labores, transporte y comercialización. Sobre ese excedente ponderó la fracción captada por el Estado, la apropiada por el propietario de la tierra y la que permaneció en manos del productor. Pisani Claro recordó que “cuando los insumos encarecen o los precios internacionales se deprimen, la renta se contrae y, en términos relativos, la incidencia fiscal se incrementa”.
Antonella Semadeni, también economista de la entidad, atribuyó el aumento reciente a la dinámica de precios: “Aunque rigió la reducción temporal de DEX, la caída de los valores internacionales redujo la facturación y elevó la carga tributaria relativa”. El trigo ejemplificó la tendencia: en junio cotizó a 200 dólares la tonelada, un 20% por debajo del promedio quinquenal y 28,2% menos que un año atrás.
El Gobierno de Javier Milei recortó en enero un 20% las retenciones y calificó la iniciativa como “un hueso para los productores”. La prórroga alcanzó únicamente al trigo; si caducara para soja, maíz y girasol, el índice nacional se ubicaría en 67% y la incidencia en soja rondaría el 70%.
El trigo exhibió la mayor presión con un 78,2% de su renta succionada por tributos. Semadeni advirtió que se requeriría un precio interno en torno a 220 dólares por tonelada para revertir el resultado adverso, mientras el mercado ofreció 200 dólares. El financiamiento de capital de trabajo obligó a numerosos productores a endeudarse antes de la siembra.
La carga fiscal ascendió a 65,9% en soja, 53,4% en maíz y 63,2% en girasol. Del total imputado a una hectárea promedio, el 63,8% correspondió a tributos nacionales no coparticipables (retenciones y tasa estadística), el 28,4% a impuestos nacionales coparticipables como Ganancias, el 6,8% a gravámenes provinciales y el 1% a tasas municipales.
El desglose provincial mostró heterogeneidad: Córdoba registró 64 %, Buenos Aires 59,7%, Santa Fe 58,6%, La Pampa 62%, Entre Ríos 69,1% y San Luis 61,1%. Todas percibieron inmobiliario rural y sellos; sólo Buenos Aires y Santa Fe adicionaron tasas municipales. La Pampa y San Luis aplicaron guías cerealistas que funcionaron como aduanas internas, en tanto que Córdoba, San Luis y Entre Ríos prescindieron de cargos locales adicionales.
Pisani Claro remarcó que las divergencias obedecieron a “diferencias en rindes, estructuras de costos e imposición local”. Asimismo, subrayó que cerca del 70% de los agricultores operó bajo contrato de arrendamiento: tras tributar, el productor retuvo apenas el 9,8% de la renta, mientras el dueño de la tierra capturó el 26,6%.
FADA sostuvo que, de persistir el atraso cambiario y la debilidad de los precios internacionales, el indicador podría seguir escalando incluso sin modificar las alícuotas de retenciones. El próximo relevamiento trimestral medirá el impacto efectivo de la decisión que adopte el Ejecutivo sobre los DEX. Semadeni sintetizó: “Menor precio o mayor alícuota impositiva se traducen automáticamente en más presión sobre la renta agrícola”.
Con un amplio respaldo del sector deportivo y político entrerriano, avanza en el Senado provincial el tratamiento del proyecto de Ley de Mecenazgo Deportivo, que ya cuenta con media sanción de Diputados. Esta iniciativa busca facilitar el financiamiento de proyectos deportivos mediante aportes privados a cambio de beneficios fiscales, con el objetivo de fortalecer a clubes, federaciones y deportistas en toda la provincia.
La propuesta legislativa fue el eje central de un encuentro organizado en conjunto por la Secretaría General de la Gobernación y la Secretaría de Deportes, en el que participaron representantes de instituciones deportivas, legisladores y autoridades provinciales. Durante la reunión se destacó el carácter colectivo y consensuado del proyecto, así como su enfoque inclusivo y federal.
Al mismo tiempo, una nota de adhesión firmada por instituciones deportivas de diversos tamaños y localidades circuló ampliamente, demostrando un sólido respaldo al proyecto.
La voz de los clubes
La iniciativa recibió apoyo explícito de dirigentes deportivos que asistieron al encuentro, como Ariel Bello, presidente del club Ciclón del Sur del barrio Anacleto Medina, quien resaltó: “Para un club como el nuestro, esta ley representa la posibilidad de volver a competir, de terminar nuestra sede y de recibir el apoyo que tanto necesitamos para cumplir un sueño”.
En la misma línea, Adolfo Cislaghi, presidente del Paraná Rowing Club, celebró la articulación entre el sector público y privado promovida por la ley, destacando que “permitirá integrar a clubes grandes y pequeños, e incluso abrirá la puerta para pensar en un desarrollo turístico y deportivo más amplio para la ciudad y la provincia”.
Entre los clubes representados también estuvieron Tilcara, Paracao, Pescadores, Bajada Grande, Náutico Paraná y Atlético Neuquén, además de Viale FBC. Por parte del ámbito legislativo participaron los diputados provinciales José Kramer, Carolina Streitenberger y Débora Todoni, junto al director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi.
Consenso e impulso institucional
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó el origen participativo de la propuesta: “Esta ley no surge solamente del Poder Ejecutivo ni de la Legislatura, sino del consenso amplio con deportistas, instituciones y espacios políticos de todos los colores: queremos que ayude a los clubes a desplegar todo su potencial”.
Por su parte, Sebastián Uranga, secretario de Deportes provincial, enfatizó la relevancia histórica de esta normativa, calificándola como “la herramienta más importante en generación de recursos de la historia del deporte entrerriano”, agregando que “viene a saldar una deuda pendiente con todo el sistema deportivo de la provincia”.
Finalmente, la diputada Débora Todoni, una de las impulsoras clave del proyecto, subrayó que se trata de una iniciativa “muy positiva y fruto del consenso”, afirmando que “esta ley le da al deporte entrerriano una herramienta moderna y transparente que permitirá avanzar en infraestructura y desarrollo”.
El escenario es Tres de Febrero, un municipio del conurbano bonaerense donde las promesas de la “nueva política” chocan de frente con las prácticas más arraigadas de la vieja política. La Libertad Avanza, el partido del Presidente Javier Milei, se encuentra en el ojo de la tormenta por su armado territorial, que no sólo incorpora figuras inesperadas, sino también a personajes con historiales explosivos que desafían el discurso anti-casta del oficialismo.
El caso central gira en torno a Agustín Álvarez, un joven militante de 28 años oriundo de Caseros, que hace una pirueta ideológica asombrosa: de la militancia en el Frente Patria Grande de Juan Grabois que toma campos y establecimientos, a las filas del mileísmo. Un volantazo político que, por sí solo, ya genera controversia y pone en evidencia la permeabilidad de las estructuras libertarias en el territorio.
Sin embargo, lo verdaderamente llamativo no es tanto el origen político de Álvarez, sino las figuras que lo acogen y la red que se teje a su alrededor. El ingreso de Álvarez se da bajo el ala de Ramón “Nene” Vera, un diputado provincial bonaerense de LLA que, según se denuncia, opera desde las sombras en el distrito, construyendo una red de lealtades que aspira a controlar una porción clave del poder local. Vera es recordado por una causa en la que ha vendido pollos descompuestos a escuelas de Buenos Aires, hace algunos años, aparte de haber sido candidato a intendente de Cristina Fernández de Kirchner.
El gran protagonista de esta trama, y el más controvertido, es Fabricio Martínez. El nuevo coordinador de LLA en la Tercera Sección Electoral —aquella con más votantes— y mano derecha de Sebastián Pareja —armador de LLA en la provincia de Buenos Aires y alfil de Karina Milei—, Martínez es un ex líder de la barra-brava de Laferrere. Su prontuario es interesante: sobrevivió a un intento de asesinato en 2022 con 35 impactos de bala en su auto, fue filmado en 2023 disparando al aire desde un colectivo, y no tiene trabajo registrado ni ingresos justificados desde 2007. Su pasado también incluye el manejo de fuerzas de choque en La Salada y una notoria influencia en el sindicato de la carne de La Matanza. Un cuadrazo coordinando al mileísmo bonaerense.
– Los balazos al VW Vento de Martínez, por entonces jefe de la barra de Laferrere, el día que fue atacado por sicarios y salvó su vida de milagro
La agrupación “La San Martín”, de reciente formación en el conurbano, es el vehículo de estas operaciones. Lo más impactante es que esta agrupación, compuesta por operadores políticos kirchneristas y barras-bravas,cuenta con la aprobación explícita de la propia Karina Milei y Sebastián Pareja. Su objetivo es claro: dar profundidad territorial a LLA, movilizar gente a los actos y, fundamentalmente, obtener control sobre los fondos del Consejo Escolar en Tres de Febrero, un botín millonario que representa una motivación muy de la casta.
Esta estrategia de puertas abiertas a figuras polémicas contrasta drásticamente con el discurso anti-casta de LLA a nivel nacional. Las contradicciones son evidentes y no pasan desapercibidas. La propia juventud libertaria preexistente en Tres de Febrero ha manifestado una indignación significativa ante la llegada de Álvarez y la presencia de personajes como Martínez, cuestionando la pureza ideológica del movimiento.
La situación se complejiza con la purga o lavado de cara que, irónicamente, la propia Karina Milei le exigió a Sebastián Pareja para limpiar la imagen del partido. Sin embargo, esta limpieza parece ser meramente superficial, con reasignaciones de figuras problemáticas en lugar de su real apartamiento. De hecho, poco después de la exigencia de Karina, Pareja se mostró públicamente con Fabricio Martínez para desmentir rumores de su desplazamiento, lo que pone de manifiesto una batalla interna entre la imagen pública y las necesidades de armado territorial.
Las tensiones llegan a la cúspide. Los congresos partidarios de LLA en el conurbano son descritos como “auto-celebraciones sin mucha épica“, con rumores de venta de candidaturas y negociaciones de listas con intendentes del PJ. Incluso, el Presidente Milei tuvo que intervenir directamente en un conflicto en Junín, desplazando a un referente local tras la expulsión de una militante “celestial” por la estructura de Pareja. Todo esto deja una pregunta flotando en el aire: si la “nueva política” de LLA se nutre de figuras controvertidas, utiliza viejas prácticas clientelares y se sumerge en la rosca más tradicional, ¿Cuál es entonces la verdadera diferencia con la casta que tanto critica?
La sesión del Senado bonaerense convocada para debatir la eliminación del límite a las reelecciones de legisladores cayó por segunda vez en dos semanas al no alcanzar el quórum. Aunque Unión por la Patria contó con 20 propios y el respaldo de tres “libertarios” dialoguistas, la banca 24 —clave para iniciar el tratamiento— quedó vacía cuando la senadora del Frente Renovador, Sofía Vanelli, decidió no presentarse.
El recinto estaba citado a las 15.00. Media hora después, sin los números necesarios, se pasó a un cuarto intermedio “sin fijación de hora” y, finalmente, a las 18.20 la presidenta del bloque oficialista, Teresa García, admitió la derrota: “Nosotros tenemos una responsabilidad en el recinto. Uno puede perder votaciones, pero no puede perder la discusión político. Lamento que los presidentes de las bancadas de la oposición se hayan comunicado conmigo para decirme que no van a dar quórum en esta sesión”.
García cuestionó a los ausentes: “¿Cuál es el problema de dar una discusión política? cuando uno asume una responsabilidad política, se sienta y discute. Se puede ganar o perder. Esconderse para no dar quórum es una actitud poco menos que cobarde”, y agregó: “Es triste que hoy no esté sentada la oposición, como un acto de extorsión”.
El ex libertario Carlos Kikuchi acompañó la queja oficialista: “Lamentamos enormemente lo que está ocurriendo. Somos servidores públicos y nuestra obligación es venir a debatir por la positiva o la negativa cualquier tema”.
Desde la oposición, la estrategia fue unificada. El bloque libertario celebró “un rotundo fracaso de la casta” y afirmó: “Es una derrota del kirchnerismo y una victoria de los bonaerenses que exigen una política distinta”. El PRO apuntó en la misma línea: “Gracias a la firmeza y el trabajo coordinado de los bloques del PRO, La Libertad Avanza y la UCR, frenamos un nuevo intento del oficialismo de debilitar las reglas de la democracia”.
NO PASARÁN ⭕️Rotundo fracaso de LA CASTA por las #ReeleccionesIndefinidas#SenadoBA #LLA #PBA@JMilei pic.twitter.com/9T6O7VBr7i
Los radicales también justificaron la ausencia. “Muchos municipios siguen golpeados por las consecuencias del temporal, y la situación es crítica en materia de seguridad, salud y educación. No vamos a convalidar debates que no pongan en el centro a los bonaerenses”, señalaron. El jefe del bloque, Agustín Maspoli, reforzó: “Hoy no dimos quorum porque no avalamos la idea de habilitar reelecciones indefinidas. Es momento de discutir los temas que realmente importan. La provincia enfrenta urgencias que no pueden esperar”.
Vanelli, cuyo voto era decisivo, anticipó su postura en redes: “La sesión de hoy… ¡atrasa! Tomé la decisión de NO asistir. En lugar de discutir los problemas reales de las y los bonaerenses, estamos debatiendo las rerere… de legisladores???? No entendieron nada. Votar a favor solo nos pone más lejos de la gente. Quienes votan a favor -o dan quorum para- de eliminar los límites a las reelecciones no representan a la gente, se representan a sí mismos”.
El proyecto impulsado por el senador kirchnerista Luis Vivona proponía modificar el artículo 13 bis de la Ley 5109 y permitir la reelección indefinida de senadores y diputados, sin incluir a los intendentes. Paralelamente, la senadora Ayelén Durán presentó otra iniciativa para extender el beneficio también a los jefes comunales, siguiendo un acuerdo del gobernador Axel Kicillof con los intendentes afectados por la norma sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal.
La ley vigente limita a dos mandatos consecutivos —completos o no— la permanencia en el cargo y exige un período de intervalo para postularse nuevamente. De prosperar los cambios, figuras de peso como Teresa García o el camporista Facundo Tignanelli podrían buscar un tercer mandato consecutivo este año.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
En mi tercer y nuevo libro, de inminente publicación, dedico más de 30 páginas a analizar pasado, presente y futuro de la estrategia nuclear militar de las superpotencias en pugna, los riesgos de una escalada a escala global y una única conclusión: "Frente a la imposibilidad de… pic.twitter.com/fdfIIivSnc
