23 junio, 2025

Emilio Pérsico aseguró que Massa le pidió que “aprieten a los empresarios para que retrotraigan los precios”

El líder del Movimiento Evita y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social renovó sus criticas contra los empresarios y afirmó que el Ministro de Economía le pidió que los "apriete".
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Luego de una acalorada jornada, el Ministerio de Economía organizó una reunión de carácter urgente con dirigentes de organizaciones sociales oficialistas, sus principales referentes sugirieron que se impongan sanciones a las empresas alimenticias que incrementaros sus precios en la última semana debido al incremento del dólar blue/libre.

En ese sentido, el líder del Movimiento Evita y secretario social del Ministerio de Desarrollo, Emilio Pérsico, aseguró que hubo una petición de Massa “para que después de que se calme el mercado, apretemos juntos a los sectores de empresarios para que los aumentos desmedidos que hicieron pensando que el dólar se iba para arriba, vuelvan al precios de antes”.

Sergio Massa on Twitter: “Hace varios dias que vivimos una situacion atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar. / Twitter”

Hace varios dias que vivimos una situacion atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar.

El comunicado de Sergio Massa ante la suba del dólar

“Hubo precios que subieron un 9% injustificadamente agarrándose del dólar paralelo y ahora no bajaron los precios”, recriminó Pérsico en diálogo con Futurock.

Lo mismo afirmaron los dirigentes Fernando “Chino” Navarro (Movimiento Evita) y Daniel Menéndez (Barrios de Pie) que también participaron del encuentro con Massa.

Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social.
Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social

“Los que producen alimentos de forma masiva no tienen razones (para haber incrementado los precios) porque ellos negocian con el dólar oficial y no con el blue. No se entienden los aumentos irresponsables”, expresó el Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete.

“Es importante que se aplique la ley a aquellos que constatamos que han aumentado sin justificación; no solamente retrotraer el precio, sino que paguen lo que la ley determine”, agregó.

Por el final, Menéndez también se pronunció y lanzó: “Hay que caerle con todo a los tres o cuatro vivos que hicieron esto. Igual con aquel que quiera remarcar de más”.

Redacción

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Laner reivindicó la reforma del Consejo de la Magistratura y defendió concursos “transparentes y basados en el mérito”

La diputada provincial Carola Laner (Juntos por Entre Ríos) celebró la media sanción que la Cámara baja otorgó al proyecto que modifica la Ley 11.003 y redefine el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La legisladora calificó la iniciativa como “una reforma valiente, justa y profundamente necesaria para nuestra provincia” y subrayó que el objetivo central es “decidir cómo queremos que se elijan quienes van a impartir Justicia en Entre Ríos: que lo hagan por mérito, con transparencia y con reglas claras”.

Según Laner, el texto aprobado constituye “una reparación urgente” ante la imposibilidad actual del Consejo de cumplir su función esencial: seleccionar magistrados y funcionarios mediante concursos “públicos, abiertos y transparentes”. Recordó que la norma vigente, sancionada hace poco más de dos años, fue aprobada “sin planificación ni voluntad política de implementación”, lo que dejó al organismo sin herramientas operativas para sostener requisitos como el banco de casos. “Hoy nos encontramos con un órgano que debería estar activo, produciendo ternas y garantizando idoneidad. Frente a esa parálisis no hay lugar para especulaciones ni para discursos retóricos. Hay que actuar”, enfatizó.

Entre los cambios que consideró más relevantes, la diputada destacó la publicación digital de todos los expedientes —“no más decisiones entre cuatro paredes”— y la eliminación del recurso directo ante el Superior Tribunal de Justicia, que a su juicio solo generaba dilaciones. El proyecto también crea jurados especializados para evaluar a los aspirantes, restablece el orden de mérito en las ternas y habilita concursos anticipados para evitar vacancias prolongadas y designaciones provisorias poco claras.

Respecto del banco de casos, Laner señaló que la reforma lo mantiene como ideal, pero reconoce que hoy no puede aplicarse. El texto, añadió, “se abre incluso a la posibilidad de desarrollarlo en el futuro, con tecnología, inteligencia artificial y herramientas modernas”, aunque advirtió que la Justicia no puede seguir esperando mientras los cargos permanezcan sin cubrirse.

“Quienes tenemos responsabilidades institucionales no podemos confundir la exigencia con el obstáculo”, concluyó la diputada. “El perfeccionismo mal entendido no puede ser la excusa para dejar a la Justicia sin jueces ni a los entrerrianos sin las respuestas que necesitan”. Ahora el proyecto pasará al Senado provincial, donde deberá obtener el respaldo definitivo para convertirse en ley.

Redacción

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Javier Milei recortó casi 50.000 cargos y ahorró 1.885 millones de dólares

Durante sus 17 meses de gestión, el presidente Javier Milei eliminó 47.925 puestos en el sector público, lo que representó una disminución del 9,6 % en la dotación estatal entre diciembre de 2023 y abril de 2025. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, destacó que la medida “generó un ahorro anual total de 1.885 millones de dólares”, cifra que contempla sueldos y costos de infraestructura laboral.

El recorte impactó con fuerza en la Administración Pública Nacional (APN), donde el personal cayó un 13,7%, y en las empresas estatales, que redujeron sus plantillas un 16,4%. Según la Unidad de Evaluación de Impacto de esa cartera, “el número de empleados de planta permanente y transitoria cayó un 8%, mientras que el personal contratado bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los empleados con contratos LOYS experimentaron descensos mucho más pronunciados, del 20% y 55,2%, respectivamente”.

Considerando los valores de abril de 2025, la baja de personal supuso “un ahorro anual de 942,5 millones de dólares en sueldos”, al que se sumaron los gastos asociados a espacios de oficina, equipamiento y servicios. “Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios. Teniendo en cuenta estos factores, el ahorro anual total alcanza los 1.885 millones de dólares”, puntualizó el informe.

El detalle por contratos mostró que la reducción fue especialmente significativa en la Ley Marco: “el ahorro anual en sueldos ascendió a 231 millones de dólares, mientras que el ahorro total alcanzó los 462 millones de dólares”. Para el personal permanente y transitorio, el ahorro salarial llegó a 254 millones de dólares (508 millones con costos adicionales), y en los contratos LOYS se calcularon 67 millones de dólares en salarios y 134 millones al contemplar infraestructura.

El Gobierno enmarcó el ajuste en su meta de superávit fiscal primario de 1,6% del PBI para 2025, superior al 1,3% pactado con el Fondo Monetario. Para sostenerla, proyectó reforzar retenciones al agro y contener erogaciones: en abril, el gasto en subsidios cayó 70% interanual, la obra pública se contrajo 63% y la masa salarial, 13%.

Desde la cartera desreguladora afirmaron que “esta medida refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública” y adelantaron que “la estrategia se profundizará este año con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial”.

Redacción

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UN CORRUPTO Y ASESINO SUELTO | Aníbal Ibarra volvió al Estado como “ñoqui” en el Senado

Aníbal Ibarra vuelve a estar bajo la luz —aunque tenue— de la política nacional. Quien fuera destituido en 2006 tras el juicio político por su responsabilidad institucional en la tragedia de Cromañón, hoy ocupa un cargo como asesor en el Senado de la Nación, precisamente en el despacho del legislador oficialista Oscar Parrilli.

Sin anuncio oficial ni presentación pública, el nombre de Ibarra volvió a figurar en los registros del Estado en los que el ahora “asesor” percibe un sueldo bruto de $1.124.000 mensuales. No es el único con ese salario en el Senado, pero su caso genera una atención especial por su pasado: la tragedia de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004, dejó 194 muertos y expuso gravísimas fallas en los controles estatales. El entonces jefe de Gobierno porteño fue acusado de “ineptitud e inacción”.

En marzo de 2006, la Legislatura de la Ciudad votó su destitución por 10 votos contra 4. Ibarra siempre sostuvo que fue víctima de una operación política. Pero para los familiares de las víctimas, su responsabilidad política es innegable.

Su regreso silencioso al Estado, en un momento de fuerte ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei, genera polémicas. El Senado continúa con la contratación de asesores con sueldos de seis cifras.

El propio Ibarra, en junio de 2024, había reaparecido en redes sociales para criticar al Gobierno por no distribuir alimentos retenidos en depósitos y por presuntos pactos con legisladores a cambio de embajadas. “Compran votos con cargos, no con ideas”, lanzó en aquel momento. Ahora, es su nombramiento lo que genera sospechas de “viejas prácticas”.

La Cámara Alta es foco de críticas desde que, en enero de 2025, se conoció que los senadores pasarán a cobrar un sueldo bruto de $9,5 millones mensuales. La polémica estalló justo cuando el Ejecutivo nacional endurecía su discurso contra “la casta”, lo que generó tensiones con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El senador Parrilli, con quien Ibarra mantiene una relación política desde hace años, no emitió declaraciones sobre su incorporación. Tampoco lo hizo el bloque de Unión por la Patria. El silencio, en este caso, parece una estrategia para evitar echar más leña al fuego a una polémica que crece sola.



*Fuente: Border Periodismo

Redacción

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Llaryora reclama $10.000 millones a Milei mientras dilapida casi el cuádruple de ese monto en pauta

Martín Llaryora acudió ayer a la Corte Suprema y reclamó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) liberara de inmediato las cuotas de mayo y junio —$5.000 millones cada una— comprometidas para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial. 

“No hay más excusas”, advirtió el mandatario provincial después de incorporar al expediente una copia certificada de la ley que ratificó el convenio con la Nación. Ese acuerdo preveía doce envíos mensuales de $5.000 millones para este año y la posterior auditoría de los déficits de 2017-2024, cuyo saldo será compensado mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

Cuando firmó el entendimiento, Llaryora indicó que “al menos parte” de esos fondos se destinaría a “mejorar los ingresos de los jubilados de menores recursos bajo un esquema de distribución que será definido”.

Pese al pedido de ayuda a la Casa Rosada, el oficialismo cordobés logró que la Legislatura provincial aprobara, el 10 de diciembre de 2024, el Presupuesto General 2025. El documento de casi 500 páginas al accedió este medio prevé gastar más de $38 mil millones en “publicidad y propaganda” durante 2025: casi el cuádruple de lo que Llaryora reclama a Milei. 

Dentro de ese mismo cálculo de recursos y gastos, por ejemplo, el Ministerio de Vinculación Comunitaria destinó en su Programa Información Pública $19.198 millones en difusión. Otra partida específica del Poder Ejecutivo añadió $13.582 millones al mismo concepto. La Defensoría del Pueblo, por su parte, incorporó $350 millones adicionales y el subprograma El Defensor con Todos sumó $45,2 millones . El Poder Judicial también reservó $14,1 millones y otros organismos menores completaron el esquema con asignaciones inferiores, como los $4,3 millones del Centro de Mediación Judicial.

En total, las partidas correspondientes corresponden a los 15 ministerios y demás áreas centralizadas. En diálogo con Data24.com.ar, una legisladora provincial aclaró que el monto real podría incrementarse considerablemente al sumar las 10 agencias y los organismos descentralizados —como EPEC, Bancor o APROSS—, dado que esos entes también manejan fondos propios para publicidad oficial.

Esa política expansiva de comunicación oficial contrasta con el pedido urgente de recursos previsionales: los $10.000 millones que Córdoba exigió a la Nación representan más de un tercio del crédito publicitario aprobado para el ejercicio. Además, el cronograma pactado ante la Corte fija que el 30 de junio se conozca la auditoría de los déficits 2017-2018 y que en marzo de 2026 se determine el rojo de 2024, paso indispensable para calcular la deuda total que la Anses deberá saldar.

Redacción

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Frigerio cerró la intervención del Iosper y advirtió a los gremios: “Si la lucha es por la caja van a perder”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció ayer en la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno que la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) concluirá en los próximos días con la deuda “astronómica de 45 mil millones de pesos” totalmente cancelada y con las cuentas en equilibrio. “Producto del compromiso, la transparencia y el esfuerzo con el que se viene trabajando desde la intervención, podemos decir que salvamos la obra social justo a tiempo”, afirmó.

Acompañaron al mandatario el interventor del organismo, Mariano Gallegos; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el subinterventor Ricardo García y los senadores Gloria Cozzi, Rafael Cavagna, Hernán Méndez y Gustavo Vergara. El mandatario provincial detalló que al asumir la gestión encontró un déficit mensual superior a los $3.000 millones y “puso en caja a la obra social con los mismos recursos que tenía en el pasado” lo que “evidencia el nivel de desidia y la falta de transparencia con la que se administraba”.

El gobernador enumeró las irregularidades detectadas durante los seis meses de intervención: sobreprecios en medicamentos y prótesis, contratos sin cobertura y proveedores que jamás cobraron montos millonarios: “Encontramos una obra social en terapia intensiva, manejada como una caja para unos pocos, mientras se le negaban prestaciones a miles de afiliados”.

Frigerio elogió al equipo que condujo el proceso. “Quiero hacer un reconocimiento público al interventor, al subinterventor y a todos los que trabajaron con seriedad y compromiso para sanear Iosper. También a quienes, desde dentro del organismo, acompañaron este proceso, a pesar de los boicots y las resistencias de quienes no querían perder privilegios”, expresó.

En vísperas de la sesión del Senado prevista para hoy a las 13, donde se debatirá la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Frigerio dio por segura la aprobación de la norma y explicó que el nuevo marco legal surgió tras “corregir y aclarar todas las dudas de la legislación anterior”. Aseguró que el sistema mantendrá su carácter solidario, incorporará la cobertura del grupo familiar y establecerá “controles permanentes que antes no existían”.

El mandatario atribuyó la oposición de la Intersindical a la intención de sostener privilegios. “Si la lucha es por la caja van a perder. Porque la obra social es de los afiliados, no es de unos vivos que se quieren llenar los bolsillos con los recursos de todos”, lanzó. E insistió: “A partir de la nueva ley, eso forma parte del pasado”.

Frigerio recordó que durante un año solicitó información al antiguo directorio y no la obtuvo. Con la OSER, dijo, la conducción ya no dependerá de un directorio sino de una estructura con controles estrictos y un consejo consultivo de trabajadores: “Pero no van a poder hacer lo que quieran. Van a tener que hacer las cosas que hay que hacer para brindar servicios de calidad”.

El gobernador proyectó que, con la nueva ley, la obra social alcanzará un “equilibrio firme y sustentable” antes de fin de año. “Lo que viene es una obra social transparente, con control real sobre los recursos, pensada para los 300.000 afiliados que merecen una atención digna, eficaz y profesional”, concluyó.

– INTERVENTORES: Marina Alegre y Mariano Gallegos

Mientras tanto, el Senado debatirá hoy el dictamen que crea la OSER y define su esquema de gobernanza. Frigerio evitó adelantar quién quedará al frente del organismo, aunque volvió a destacar la gestión de Gallegos durante la intervención que permitió saldar la deuda y cerrar una etapa que, según sus palabras, “usaba la obra social como una caja para unos pocos”.

Con la deuda cancelada, las cuentas saneadas y el nuevo marco legal en puerta, el Poder Ejecutivo provincial se dispondrá a poner en marcha una obra social bajo reglas que, según Rogelio Frigerio, impedirán repetir los desvíos detectados y garantizarán la participación —aunque acotada— de los trabajadores en la toma de decisiones.

Redacción

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El Gobierno descontará el día a los estatales que no trabajen para apoyar a Cristina

El Gobierno de Javier Milei dispuso descontar la jornada salarial a los empleados públicos que se sumaron al paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras centrales en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de la sentencia que la inhabilitó y le impuso seis años de prisión. La Dirección de Recursos Humanos notificó a cada organismo que relevara a los agentes ausentes con el argumento de “garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales”.

ATE decretó un paro nacional con movilización hacia los tribunales de Comodoro Py y el departamento de la ex jefa de Estado en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución. “Paramos y nos movilizamos en defensa de la democracia, contra la proscripción y la persecución judicial”, señaló el gremio en un comunicado oficial. Su secretario general en la Ciudad, Daniel Catalano, ratificó que la protesta se realizaría “independientemente de lo que suceda” y advirtió: “Si el tribunal federal le toma declaración por Zoom, vamos a marchar igual”.

La medida del Ejecutivo también alcanzó a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). Su titular, la diputada Vanesa Siley, sostuvo: “El movimiento obrero tiene que apoyar a Cristina. Ella se merece todo el acompañamiento de todos los sectores”. Además, confirmaron su adhesión la CTA Autónoma de Hugo “Cachorro” Godoy, la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky y La Bancaria de Omar Palazzo.

El cronograma de la protesta incluyó primero una concentración frente a los tribunales federales y luego una marcha hacia la residencia de la ex mandataria. Movimientos sociales como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y Libres del Sur anunciaron columnas propias. La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con el Partido Justicialista y otorgó libertad de acción a sus sindicatos.

Mientras los gremios subrayaron que “el derecho a huelga es constitucional” y calificaron el descuento salarial como “un intento de disciplinamiento”, el Gobierno ratificó que “actuaría de acuerdo con las normas vigentes”. Servicios considerados esenciales en salud y seguridad funcionaron con guardias mínimas, según la pauta sindical interna.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, reforzó el operativo antipiquetes: valló la Casa Rosada y otros edificios nacionales, colocó cortes de tránsito controlados y desplegó a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El comando unificado también destacó agentes en los accesos a la Ciudad y mantuvo en alerta el protocolo para despejar cortes si fuera necesario.

La Casa Rosada celebró que el juez del Tribunal Oral Federal N.º 2, Rodrigo Gorini, notificara a la ex presidenta por videoconferencia y autorizara la prisión domiciliaria, al considerar que la medida ayudó a “mantener la paz social”. No obstante, el Ejecutivo sostuvo el dispositivo de seguridad, ya que sectores kirchneristas redireccionaron parte de la convocatoria hacia Plaza de Mayo para las 14.

En paralelo, el gobierno porteño expresó su preocupación por el impacto de la custodia permanente en la esquina de San José y Humberto Primo, tras las quejas de los vecinos por las manifestaciones recurrentes. Pese a la modificación del esquema judicial, la administración de Jorge Macri continuó coordinando con Nación la contención de eventuales disturbios.

Con el descuento del día, la intimación a los estatales y el despliegue de fuerzas federales, la gestión libertaria buscó desactivar o reducir la magnitud de una movilización que, aun así, reunió a sindicatos, organizaciones sociales y militancia kirchnerista en defensa de Cristina Kirchner.

Redacción

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