05 noviembre, 2024

El plan de impunidad de CFK avanza

No ha perdido un minuto de tiempo desde que el Frente de Todos ganó las elecciones para cumplir con el plan por el que regresó: "vamos por todo".
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Por: Carlos Mira

El Director de tecnología del Tribunal Oral Federal 2 le informó a los jueces que no estaba en condiciones de asegurar una plataforma tecnológica que permitiera la continuidad del juicio por corrupción en la obra pública que se le sigue a Cristina Fernández por la adjudicación masiva de obras a Lázaro Báez.

Ya hubo seis consejeros de la magistratura (los que representan a la oposición) que le exigieron al presidente el cuerpo una respuesta contundente respecto del caso, máxime cuando el Congreso acaba de demostrar, tanto en el Senado como en Diputados, que es perfectamente posible -y con plataformas comunes al alcance de todos (Zoom, Skype, Google Meets, etcétera)- tener reuniones múltiples sin inconvenientes.

En el caso de la continuidad del juicio contra Fernández, en el pico máximo, no se necesitarían más de 50 conexiones simultáneas, cuando el senado tiene 73 y diputados más de 260.

No hay dudas que la ofensiva de la vicepresidente en el frente que más la obsesiona (ser declarada inocente en todas las causas en que está imputada) cada día empuja y tensa un poco más la cuerda en el sentido de conseguir lo que quiere.

Lo mismo ocurre en el ámbito económico en donde la comandante de El Calafate manda a sus muchachos y muchachas a presionar mediáticamente al presidente para seguir su guerra contra en el sector privado.

En esa inteligencia hay que interpretar la salida de Fernanda Vallejos, diputada camporista, pidiendo que el Estado se quede con las acciones de las empresas a la que asistió durante la pandemia.

El presidente a todo esto intenta un constante equilibrio entre las presiones de los sectores comunocristinsitas y la base de social moderada que él percibe que lo apoya, al menos en el transcurso de esta crisis. El presidente no es ninguna garantía. No tiene ninguna convicción que lo acerque o lo separe del más rancio cristinismo: lo criticó con especial dureza durante casi ocho años, desde el 2010 hasta el 2018 y luego selló con la multiprocesada ex presidente un pacto por el que ella lo ungió como candidato. Ya desde mediados de la crisis que afectó al gobierno de Macri en abril de 2018, Alberto Fernández comenzó a oler sangre y empezó un viraje que lo fue acercando políticamente a la viuda de Kirchner.

Pero no tiene ni principios ni fortaleza política propia para frenar las presiones de todo orden que recibe de su socia y de los seguidores de ella. Su gobierno está completamente infiltrado por el comunocristinismo. El presidente solo cuenta con un moderado respaldo de la gente que, antes de ver nuevamente a la comandante de El Calafate sentada en el sillón de los presidentes, prefiere y apoya cualquier cosa. Ese es su único reaseguro.

Por eso se muestra condescendiente con Rodríguez Larreta y trata de enviar imágenes de convivencia política con el Jefe de Gobierno, mientras la vicepresidente usa al gobernador Kicillof para bombardear esa relación.

Cristina Elisabeth Fernández no ha perdido un minuto de tiempo desde que el Frente de Todos ganó las elecciones para desplegar todas sus acciones y cumplir con el plan por el que regresó: impunidad, inocencia, reivindicación, copamiento de la economía privada y quedarse con lo que le quedó pendiente desde que el 3 de febrero de 2012 lanzó en Rosario, con una memorable cara de odio, la única consigna por la que vive: “Vamos por todo”.

No sabemos si el presidente es parte o no de ese plan. Repetimos, Fernández es una especie de animal de sangre fría que necesita identificar el lugar dónde da el sol para calentarse: si percibe que la sociedad endosa los sueños imperiales de la comandante, entonces se plegará aún más a ella; si entiende que la sociedad le pone un límite a esas aspiraciones tratará de traicionarla.

Y digo “tratará” porque ni siquiera eso le será fácil. La vicepresidente fue cuidadosa en el tejido de una estructura de pinzas que tiene al presidente completamente rodeado. Ella es la presidente de la provincia de Buenos Aires, todas las líneas inferiores de los ministerios le responden a ella, lo mismo que la Procuración del Tesoro, la AFIP, la ANSeS, y por supuesto que aspira a quedarse con la Procuración General de la mano de Rafecas.

El Tribunal Oral Federal 2, el mismo cuyo Director de Tecnología le informó a su presidente que no puede operar una plataforma para continuar el juicio contra la ex presidente, es el mismo frente al cual ella enarboló las megalómanas y castristas palabras “a mí me absolvió la Historia” y frente a cuyos jueces se negó a responder preguntas, advirtiendo, en cambio, que iban a ser ellos los que iban a tener que responderlas. Por ahora su plan avanza de acuerdo a lo previsto.

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas


Redacción

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El oficialismo logró un dictamen para poder privatizar Aerolíneas Argentinas

El Gobierno de Javier Milei continúa en su marcha hacia la privatización de empresas estatales deficitarias que les cuesta millones por años a todos los argentinos. En esta ocasión, se alcanzó un dictamen favorable para poder tratar en sesión de diputados el proyecto de ley que permita privatizar Aerolíneas Argentinas antes del 30 de noviembre, fecha en que cierran las sesiones ordinarias.

El plenario de la comisión de Transporte, Presupuesto y Hacienda fue dirigido por Pamela Verasay, del radicalismo, y José Luis Espert, del oficialismo libertario. En ella se firmó un dictamen de mayoría con diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, la Coalición Cívica, y Producción y Trabajo de San Juan.

Por su parte, diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda firmaron el dictamen de minoría en el cual rechazan por completo el proyecto de privatización, quienes acusaron de “traidores a la patria” y “cómplices” a aquellos diputados que acompañaron el proyecto del oficialismo.

Sin embargo, el bloque de Innovación Federal, que integran diputados de Misiones, Río Negro y Salta, no firmó ningún dictamen. Serán claves las negociaciones del gobierno con este bloque de cara a la votación en la Cámara para sumar apoyos y lograr aprobar el proyecto.

Este proceso legislativo se enmarca en un contexto en el cual el sindicato aeronáutico “se resiste y lucha” contra el gobierno de Milei, con medidas de fuerza como el paro de este 30 de octubre.

A su vez, se dio a conocer que el ex diputado del PRO, Omar de Marchi, se suma al directorio de la empresa como director y vicepresidente de la compañía. En caso de lograrse aprobar el proyecto de ley, el proceso de privatización podría llevar hasta un año en concretarse.

Redacción

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La Libertad Avanza presentó en CABA una versión de la “Ley Bases”

Siguiendo la línea a nivel nacional del presidente Javier Milei, el bloque de La Libertad Avanza presentó una propia versión de la “Ley Bases”. El objetivo de este ambicioso proyecto es ajustar el gasto del gobierno porteño para luego poder bajar impuestos. En ese sentido, la propuesta prevé eliminar en un 50% los cargos políticos y reducir el personal de la administración pública.

Con el fin de eficientizar los servicios y reducir el gasto, se propone privatizar empresas públicas como Autopistas Urbanas S.A (AUSA), Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y Subterráneos de Buenos Aires S.E. En ese sentido, también se hará una revisión de los bienes del estado para poder realizar concesiones o, de ser conveniente, poner a la venta esos mismos bienes.

La ley propone, en el caso de la salud, implementar un sistema de compensaciones para cubrir los costos de atención médica a extranjeros no residentes de la Ciudad, en caso de emergencia la cobertura estará garantizada. En el caso de ser un argentino con residencia en otra provincia, se busca promover acuerdos mediante convenios interjurisdiccionales que permitan la atención a estas personas.

En el aspecto de seguridad, la iniciativa establece que si un menor de 13 años se encuentra en una marcha o movilización sin la presencia de sus padres o tutores, o se encuentre en una situación de peligro que atente contra su integridad física, la autoridad pública que constate este hecho deberá dar aviso inmediato al Organismo de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA. 

Además, las organizaciones sociales que realicen manifestaciones en la via pública deberán hacerse cargo de los costos del operativo y de los daños que ocasionen tanto en el espacio público como privado a la hora de manifestarse, afirma el proyecto de ley.

Redacción

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Sandra Pettovello echó a la funcionaria que gastó $2 millones en una cafetera

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitó la renuncia de la subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Constanza Cassino, luego de que se revelaran compras realizadas por la funcionaria, entre las que destacan una cafetera automática de $1.917.000 y un servicio de catering por $3 millones.

La decisión fue confirmada hoy miércoles por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de redes sociales, en donde compartió la carta de renuncia presentada por Cassino.

– La carta de renuncia de Constanza Cassino

El escándalo surgió a raíz de la difusión de documentos que revelaron el gasto realizado en una cafetera Philips modelo EP 2231, comprada por la Secretaría de Niñez y Familia el pasado 21 de octubre, a un precio significativamente superior al de mercado, estimado en aproximadamente $1.390.000 para el mismo modelo.

Apenas una semana antes, el 8 de octubre, la misma secretaría había contratado un servicio de catering por $3 millones para un evento del Consejo Federal de Desarrollo Social y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (incluía 50 desayunos, 100 almuerzos, y otros servicios complementarios).

– La factura por la compra de la cafetera y la factura por el servicio de catering

Cassino, abogada graduada de la Universidad Católica Argentina (UCA), asumió en el cargo en agosto, con la misión de reemplazar a Guillermo García Eleisequi —uno de los múltiples funcionarios removidos en los últimos meses—. Su incorporación a la cartera de Capital Humano se había oficializado en el Boletín Oficial. Pettovello acumula más de veinte bajas en su ministerio en los once meses de gestión.

Desde el Gobierno, aseguraron que tan pronto como la ministra se enteró de lo ocurrido, le exigió la renuncia a Cassino.

Redacción

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Pullaro le dio un negocio de $18 millones a tres ex funcionarios de Larreta

A los recientes 1.500 millones de pesos asignados al canal estatal RTS Televisión Santafesina, ahora el gobierno de la provincia de Santa Fe suma una nueva resolución que adjudica una suma millonaria a la empresa Amplify SA, propiedad de Juan Manuel Angelini, Federico María Di Benedetto y Marina Hernández. Estos tres empresarios comparten un elemento común: todos ellos fueron funcionarios de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, durante su paso por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de Angelini, quien ocupó el cargo de director General de Comunicación Participativa, el 1 de octubre de 2023 ingresó como planta de gabinete de la Comisión de Administración Conjunta de Representantes del ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CACRMP), según se desprende de la resolución SAGYP Nro. 473/23. Durante los últimos años, actuó como aportante en las campañas electorales de Juntos por el Cambio y llegó a administrar fondos públicos durante la pandemia de COVID-19.

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Por su parte, Di Benedetto viene desarrollándose en diferentes cargos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde 2008: fue coordinador del departamento de Comunicación y Prensa del jefe de Gabinete de Ministros, subsecretario de Comunicación y secretario de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana. Además, al igual que Angelini, realizó en diversas oportunidades aportes de campaña al Pro durante los últimos años.

Finalmente, Marina Hernández se desempeñó como subsecretaria de Gestión Comunal de la Ciudad y supo mantener, en numerosas oportunidades, actividades con Larreta principalmente durante la última gestión.

– Horacio Rodríguez Larreta y Marina Hernández.

El beneficio fue otorgado por Luis Persello, el secretario de Comunicación de la provincia de Santa Fe que mantuvo trabajos cruzados en la administración pública durante varios años, tanto en el ministerio de Justicia y Seguridad como en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.

A través de una resolución, Persello adjudicó la suma total de 18.600.000 a la empresa Amplify SA, con el objetivo de realizar capacitaciones en técnicas de opinión pública, estrategias de focus group, y relevamientos de datos a través de medios digitales y redes sociales.

La resolución explica que el contrato incluye: “La prestación del servicio realización de capacitaciones en técnicas y metodologías para la opinión pública, estrategias de focus group y relevamiento de datos e información y servicio de realización de capacitaciones sobre uso, alcances y manejo de redes sociales”. Sin embargo, el documento no especifica cómo se implementarán estas actividades ni los resultados esperados.

– El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto con el secretario de Comunicación, Luis Persello

Según pudo saber REALPOLITIK, Persello prometió al gobernador Pullaro que estos estudios constituirán herramientas útiles para ajustar estrategias políticas y medir el estado de ánimo social, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Y, en paralelo, devolver los favores recibidos en épocas electorales.

*Fuente: REALPOLITIK (Santiago Sautel)

Redacción

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El Gobierno impulsa la “Ley Hojarasca”, un proyecto para eliminar 70 normativas obsoletas

El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de “Ley Hojarasca”, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de derogar 70 leyes que el Ejecutivo considera obsoletas o contraproducentes para las libertades individuales y los derechos de propiedad.

El proyecto se enmarca en el plan del gobierno para “desregular y simplificar el marco normativo vigente”. Según el comunicado oficial, estas leyes, muchas sancionadas durante los gobiernos militares, “imponen trámites inútiles, limitan la libertad individual, restringen el derecho a la propiedad o crean organismos que dependen de financiamiento público cuando deberían autosolventarse”.

Entre las normativas que el Ejecutivo busca eliminar, destacan leyes tan antiguas como la que regula el uso de palomas mensajeras, sancionada durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y la “Ley del Mochilero” de 1974, que obligaba a quienes realizaban turismo independiente a portar un carnet especial. Estas normativas, según el ministro, perdieron relevancia en el contexto actual y constituyen ejemplos de regulaciones que “ya no tienen sentido”.

En julio de este año, Sturzenegger había adelantado que se buscaría eliminar una serie de leyes que consideraba “obstáculos burocráticos” y que habían sido impuestas por distintos gobiernos a lo largo de la historia argentina, tanto democráticos como de facto.

El análisis que llevó a la selección de las 70 leyes que se proponen derogar fue exhaustivo. Sturzenegger explicó que estas normativas fueron identificadas por seis razones principales: limitación de libertades individuales, imposición de trámites innecesarios, obsolescencia por avances tecnológicos, superposición con leyes más recientes, falta de sentido actual debido a la desaparición de instituciones y la creación de organismos que dependen del financiamiento estatal.

La gestión libertaria fue enfática en su visión de que un “cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y justo” es esencial para el desarrollo económico y social del país. “Cuantas más leyes, peor será una sociedad”, citó Sturzenegger, recordando una frase del jurista norteamericano Grant Gilmore: “En el infierno no hay otra cosa que la ley”.

En principio, la oposición no emitió críticas contundentes al proyecto. La bancada radical en el Congreso ya tiene el documento en su poder, mientras que otros sectores esperan analizarlo antes de adoptar una posición definitiva.

– “El presidente @JMilei ha enviado al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca q busca eliminar unas 70 leyes inútiles, obsoletas, o q restringen nuestras libertades. Como anticipo este gráfico indica de q presidencias son las normas a derogar. Más detalles pronto. VLLC!”, tuiteó Sturzenegger

Sin embargo, algunos sectores temen que la eliminación masiva de normativas sin un análisis más profundo pueda generar vacíos legales en áreas sensibles. Especialistas señalaron que, si bien algunas leyes pueden estar obsoletas, su derogación podría requerir la creación de nuevos marcos regulatorios.

El proyecto también despertó inquietud en ciertos sectores productivos. La reciente desregulación del transporte automotor de media y larga distancia —que permitió a las empresas del sector operar con mayor libertad en términos de recorridos, precios y frecuencias— generó preocupación entre las cámaras empresariales, que temen una saturación del mercado. A pesar de esto, el gobierno asegura que la medida busca estimular la competencia y mejorar la oferta de servicios para los usuarios.

Sturzenegger informó que se darán a conocer más detalles sobre el proyecto en las próximas semanas a medida que avance su tratamiento legislativo. “Este es solo el comienzo”, adelantó, insinuando que el gobierno tiene en sus planes una serie de iniciativas adicionales para continuar desmantelando lo que consideran un exceso de normativas y regulaciones heredadas de administraciones pasadas.

Redacción

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El legislador Santoro apuntó contra Villarruel: “Es inconstitucional ese busto de Isabelita”

El legislador Yamil Santoro y la Fundación Apolo presentaron un reclamo administrativo ante la presidencia del Senado de la Nación solicitando la remoción inmediata del busto de la ex presidente, María Estela Martínez de Perón.

Según el argumento de Santoro, el homenaje viola el artículo 3 de la Ley 5.158, que prohíbe rendir homenaje a personas vivientes mediante estatuas o monumentos. La escultura fue inaugurada el 17 de octubre de 2024 por la vicepresidente Victoria Villarruel en el Salón de las Provincias de la Cámara Alta, en el mismo lugar donde anteriormente se encontraba el busto del ex presidente Néstor Kirchner.

El legislador también hizo énfasis en que su objeción no se centra únicamente en la figura de Isabel Perón, sino en el hecho de que su homenaje va en contra de una normativa clara y precisa.

La Fundación Apolo, que acompañó el reclamo de Santoro, advirtió que, de no proceder a la remoción del busto, avanzarán por la vía judicial para asegurar el cumplimiento de la ley.

La instalación del busto generó una fuerte polémica desde su inauguración. Durante la ceremonia, Villarruel defendió el acto como una “reparación histórica” hacia Isabel Perón, afirmando que la ex mandataria fue víctima de “más de 40 años de persecución y ostracismo”.

Villarruel argumentó que su intención no era ensalzar la gestión o el gobierno de Isabel Perón, sino rendirle un homenaje personal a una mujer que, según ella, enfrentó la ingratitud de la política argentina con coraje y patriotismo: “Hoy termina la proscripción de Isabel Perón, impuesta por los mismos que ahora dirigen el partido político que lleva su apellido”, afirmó la vicepresidenta en su discurso, agregando que esta “reparación simbólica” contribuiría a la “pacificación nacional”.

El rechazo de Milei: “Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A”

El presidente de la Nación, Javier Milei, expresó públicamente su desacuerdo con la decisión de Villarruel. En una entrevista cedida a Todo Noticias, Milei afirmó que no hubiera realizado el homenaje y calificó como un “error” reivindicar a alguien que creó la organización paramilitar Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), involucrada en crímenes durante la presidencia de Isabel Perón. “No creo que sea un modelo a seguir, ni que haya llegado a su lugar por méritos intelectuales o profesionales”, señaló.

Además, el mandatario criticó duramente el gobierno de Martínez de Perón, destacando el caos económico que caracterizó su gestión, incluyendo el Rodrigazo, una crisis económica que sextuplicó la inflación. A pesar de su rechazo, el presidente reconoció el derecho de Villarruel a tomar decisiones en el Senado, subrayando que en su propio gobierno no habría un homenaje de este tipo: “Ella tiene una visión de las cosas. Y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado. Bueno, es la casa de ella. En la mía no la va a encontrar seguro”.

Redacción

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