El kirchnerismo encontró un nuevo motivo de entusiasmo para recuperarse de la decepción que le provocó el revés político por la frustrada expropiación de Vicentin: ahora ve la oportunidad para la reestatización del servicio que desde hace 28 años brinda Edesur en la provincia de Buenos Aires, luego de la andanada de críticas por los apagones en el conurbano.
El tema es objeto de una ofensiva comunicacional, que tiene como voceros principales a los intendentes del conurbano y a figuras destacadas del kirchnerismo. En una típica acción coordinada, hubo una coincidencia de publicaciones en las redes sociales y declaraciones en medios afines al kirchnerismo, planteando la necesidad de la revocación de la licencia a la distribuidora eléctrica.
Bajo el hashtag #LaLuzEsUnDerecho, se sucedieron una ola de mensajes como el del intendende de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde: “Los intendentes, junto a nuestros vecinos y vecinas, estamos coordinando acciones en conjunto y exigimos que @OficialEdesur se haga cargo de su pésimo servicio. Tienen que invertir ya mismo en el sistema de energía eléctrica”.
En el mismo tono se expresaron Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Fernando Gray, de Esteban Echeverría; Mariano Cascallares, de Almirante Brown; y Andrés Watson, de Florencio Varela.
En declaraciones radiales, Gray indico que en su partido hay todos los días tres o cuatro barrios sin luz y que la empresa no da respuesta ni realiza inversiones. “Por eso pedimos la revocación de la concesión y que a Edesur le saquen el servicio”, dijo el jefe comunal.
También se sumaron al reclamo figuras de alto perfil en el universo K como la vicegobernadora Verónica Magario, el senador Mariano Recalde, la diputada Cecilia Moreau y Federico Otermín, presidente de la cámara de diputados bonaerense.
CORTES Y PEDIDO DE “SOLUCIÓN DEFINITIVA”
El tono de los reclamos no deja lugar a dudas: más que el pedido de mejora del servicio, lo que está en vista es la estatización. Insaurralde habló de buscar junto a sus colegas intendentes una “solución definitiva a los inconvenientes”.
El hecho de que todos los mensajes hayan salido casi al mismo tiempo, compartan el mismo hashtag, que además se “arrobe” a la cuenta oficial de la empresa Edesur y que se repitan las mismas críticas al servicio y argumentos para pedir una intervención del Gobierno deja en evidencia que se trata de una estrategia política coordinada.
En realidad, el primer paso había sido dado el pasado la semana pasada, con una reunión que mantuvieron los intendentes con Guido Lorenzino, de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que hizo un pedido formal al Ente Nacional de Regulación de Electricidad (ENRE) para que le sea revocada la concesión a Edesur, que arrastra problemas de infraestructura y que ahora vuelve a sentir estrés financiero por el congelamiento tarifario.
El pedido se fundó en “los reiterados cortes de luz en diferentes municipios en los que opera y la sostenida falta de inversión de la empresa para evitar estas interrupciones constantes en el suministro eléctrico”.
Lorenzino dijo que el problema de los cortes afecta a millones de usuarios, a los que calificó como “rehenes” de la empresa. Y recalcó que Edesur “viene de tener ganancias siderales gracias a los tarifazos de los últimos años, pero ni con esa circunstancia realizó inversiones ni le da respuesta a los vecinos”.
También el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se plegó a los reclamos y, aunque evitó mencionar explícitamente la posibilidad de una reestatización, dijo que “acompañaba” el planteo que los intendentes hicieron tras un encuentro con el interventor del ENRE, Federico Basualdo.
UN CANDIDATO IDEAL
Lo cierto es que Edesur aparece como un candidato ideal para una ofensiva de este tipo. Los reclamos por fallas en su servicio crecieron 70% respecto del año pasado, con el agravante de que en plena cuarentena todos los inconvenientes de un corte eléctrico se potencian.
Y la empresa no sólo no niega los problemas, sino que se ha generado una situación tensa con algunas intendencias –como fue el caso de Quilmes, por ejemplo- porque responsabiliza a las comunas por problemas de infraestructura.
Para Edesur, la mejora en el servicio depende de “precondiciones necesarias, que caen bajo responsabilidad del municipio”. Para colmo, en su comunicación oficial recordó que hay cuentas municipales impagas y que en el contexto de la cuarentena hay que extremar el uso responsable de la energía.
Desde el mes pasado, según datos de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec), la demanda de energía en la zona del conurbano que debe cubrir Edesur se incrementó en un 5,5%, revirtiendo así el desplome que se había registrado en abril y mayo.
Esa suba se explica básicamente por motivos estacionales y tuvo como principal impulsor al sector residencial, dado que la industria y el comercio continuaron con un bajo nivel de demanda. Esto implica que la perspectiva es de una mayor exigencia para el sistema eléctrico en la medida en que la cuarentena avance en su cronograma de flexibilización y se pongan otra vez en funcionamiento las empresas del conurbano.
Esa conjunción de factores marca la gran diferencia respecto de las otras iniciativas fallidas del kirchnerismo. Es difícil imaginar una marcha de gente indignada que salga a pedir por el respeto a la concesión del servicio de Edesur, de manera que el riesgo del “síndrome de Vicentin” -que tanto impactó al ahora arrepentido Alberto Fernández- parece bajo.
De todas formas, como para tener mayor seguridad al respecto, la dirección del kirchnerismo encargó encuestas que midieran la predisposición social a aceptar una reestatización de las empresas de servicios públicos, sobre todo en el área de electricidad y gas.
Y en las semanas sucesivas hubo una serie de hechos que pusieron el foco crítico sobre los “aumentos tarifarios” ocurridos durante la gestión macrista y la persistencia de problemas de infraestructura en las redes.
Por caso, un informe del ENRE difundido la semana pasada indica que “las tarifas resultantes de la revisión tarifaria integral no fueron ni justas, ni razonables ni transparentes, tanto desde el punto de vista de los ingresos reconocidos a las distribuidoras, como del proceso de aplicación de las mismas”.
Y recuerda que los propios funcionarios macristas debieron dar marcha atrás ante la evidencia de los problemas generados por la revisión.
“Aun bajo esta supuesta gradualidad, el aumento de las facturas entre los años 2015 y 2019 fue en promedio de 3.200% para usuarios residenciales, 1934% para comercios, 2.325% para pequeñas industrias y 1.872% para grandes industrias en términos nominales”, agrega el informe, que propone dar por nulo todo el proceso de revisión tarifaria.
*Fuente: iProfesional
