“EL KIRCHNERISMO NO EXISTE” | Polémica frase de un Gobernador K , luego de la derrota de Capitanich
El mandatario provincial que pidió las cabezas de los jueces que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, se apartó de su militancia y dio como muerto a su propio espacio.
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Los resultados de las elecciones de Chaco de este domingo lograron sorprender a los dirigentes de Unión por la Patria que, a pesar de las encuestas desalentadoras, buscaban dar vuelta los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y dar con un cuarto mandato de Jorge “Coqui” Capitanich. Con ese espíritu colisionado contra el triunfo de Leandro Zdero, el gobernador La Rioja, Ricardo Quintela, salió a cuestionar duramente al oficialismo y aseguró que “ya no existe”.
“Se naturalizó el tema del mensaje del odio. El kirchnerismo no existe, la misma Cristina (Kirchner) lo dice. Es un espacio político que hoy conduce al peronismo”, aseveró el mandatario provincial que actualmente conduce una dura campaña de desprestigio contra la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.
Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja por el Partido Justicialista
Bajo esas líneas y en un intento de captar a los votantes del oficialismo decepcionados, agregó: “Es más, ni siquiera diría que es kirchnerismo, simplemente hay un peronismo conducido por Alberto Fernández“.
“Esperemos que la sociedad en la situación difícil que está atravesando, tenga la posibilidad de poder hacer una evaluación correcta. La situación, en concreto, es que nosotros tenemos que hacernos cargo siempre de los desastres que nos dejan otros. Pasó en el 2001, pasó en el 2019, nos hacemos cargo y nadie ni siquiera valora la actitud que tiene el Movimiento Nacional Justicialista o al Frente de todos en su momento”, añadió.
El mandatario provincial también se hizo presente en el último gran acto de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo
Por último, el riojano señaló que la candidatura a presidente del actual ministro de Economía representa lo mejor para Unión por la Patria: “A Sergio Massa lo veo mucho más sólido y con mucho optimismo. Lo veo como un protagonista del balotaje”.
“Es el único candidato que tiene una propuesta y toma decisiones en políticas activas muy fuertes. Eso es muy importante para el alivio de todas las familias argentinas, básicamente en el sector medio y en el más vulnerable”, concluyó.
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El dirigente de Escobar y funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, Walter Klix, advirtió que el Consejo Escolar local aprobó obras de infraestructura sin los permisos exigidos, realizó compras mediante procedimientos irregulares y consintió “abusos de poder”, mientras dos establecimientos de Maquinista Savio permanecieron dos meses sin suministro de gas. La comunidad educativa denunció en redes sociales que “Los están haciendo entrar a las 10 hs para que los chicos no pierdan más días de clases”, sin que las autoridades ofrecieran respuestas.
Klix difundió un video para contextualizar la denuncia: “Estoy haciendo este vídeo como vecino de Escobar para contarles una preocupante situación que se está atravesando en el distrito de Escobar en el Consejo Escolar y sobre el derecho de los chicos a estudiar y acudir a la escuela en un ambiente seguro”. Explicó que “hace semanas venimos acudiendo con mi equipo a las sesiones del Consejo Escolar para interiorizarnos de la situación y para acompañar y eventualmente profundizar proyectos que acompañen a los chicos a estar más seguros y a poder estudiar de una mejor manera”.
Klix puntualizó que recibió “denuncias de obras adjudicadas sin permiso, compras irregulares y abuso de poder” y que, para documentar cada caso, solicitó las actas oficiales por correo electrónico a la casilla institucional del Consejo. Ante la falta de respuesta, volvió a requerir la documentación por mesa de entrada: “Cuando hicimos la misma solicitud por mesa de entrada dilataron la situación, algo que hace dudar sobre la transparencia de lo mismo”. Mientras tanto, advirtió, “la plata de los chicos se estaría malgastando o desapareciendo”. Y subrayó: “La plata de la educación no se toca”.
Aunque las reuniones son públicas —“Estas sesiones por ley son abiertas y cualquier vecino puede participar de ellas”— el dirigente aseguró que “se nos negó la entrada a la siguiente sesión del Consejo Escolar, algo que fue totalmente irregular porque para que pase eso debería votarse por mayoría”.
Entre las anomalías enumeró la “contratación de empresas para llevar adelante obras de infraestructura sin los permisos correspondientes”, “compras en procesos irregulares” y “demoliciones en jardines de infantes sin permiso”. Agregó que “mientras tanto pasan este tipo de irregularidades que el municipio al día de hoy todavía no pudo explicar” y expuso que “caen denuncias de firmas de contratos irregulares y se hacen pagos que después el municipio no puede justificar porque los hizo”.
“Aquí hay escuelas que dependen del clima para poder dar clases”, enfatizó el dirigente de Escobar. “Los chicos en jardines de infantes o en escuelas secundarias o primarias no tienen los avances en las obras necesarias para poder llevar adelante una educación de calidad”, señaló, y advirtió que la situación demanda una solución integral y urgente.
El organismo, ubicado sobre la calle Independencia, acumula reclamos por la ausencia de condiciones básicas en los edificios escolares del partido. En ese contexto, adelantó que va a “solicitar las actas pero también se las voy a pedir al Ministerio de Educación de la provincia” y se comprometió a mantener informada a la comunidad.
“Por supuesto vamos a pelear con mi equipo para que haya transparencia. Transparencia que hace rato el municipio de Escobar le debe a todos los vecinos del distrito. No vamos a permitir que jueguen con la educación, con la seguridad y con el futuro de nuestros chicos”, concluyó el funcionario, quien reiteró que continuará investigando hasta garantizar el uso correcto de los recursos y la normalidad en las escuelas del distrito.
El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que brinda cobertura a cerca de 550.000 militares, gendarmes, prefectos, jubilados y sus familias, atraviesa una crisis sin precedentes que lo llevó al borde del colapso. Un informe detallado expone una combinación explosiva de desmanejo financiero, desidia y problemas estructurales que hoy dejan a miles de servidores de la patria sin la atención médica que merecen.
La situación es crítica. En tan solo 18 meses de la era Milei, el IOSFA pasó de tener reservas positivas de $25.000 millones de pesos, a un déficit acumulado que supera los $160.000 millones. Actualmente, la obra social pierde la asombrosa cifra de $15.000 millones por mes, cifras que dibujan un panorama de quiebra inminente.
Cóctel explosivo
Por un lado, el “sinceramiento de precios” de 2024 disparó los costos de medicamentos y prestaciones médicas en más de un 300%, mientras que los ingresos por aportes de los salarios militares –ya devaluados– crecieron a un ritmo mucho menor. A esto se suma la ausencia total de asistencia estatal extraordinaria por parte del Tesoro Nacional, dejando al IOSFA a la deriva, a diferencia de otras obras sociales masivas como PAMI.
La situación en IOSFA es dramática: reservas evaporadas, un déficit de $160.000 millones, más de 90 cortes diarios de servicios y la renuncia de su director. Ya se habla de una quiebra técnica y crece el fantasma de la privatización silenciosa. Los afiliados militares, retirados y sus familias quedan a la deriva.
Pero las críticas más duras apuntan a problemas internos de gestión que rayan en la desidia:
Activos ruinosos: La obra social mantiene 33 hoteles, centros de recreación y 33 farmacias que, lejos de ser rentables, son un lastre financiero constante. Una clara muestra de un despilfarro inexplicable.
Gasto descontrolado: Un alarmante 92% de los ingresos se destina sólo a cubrir prestaciones básicas, dejando un margen nulo para cualquier imprevisto o inversión. La gestión vive al día, al borde del precipicio.
Burocracia inflada: Con una planta de personal que casi duplica a otras obras sociales de tamaño similar (como IOMA), la estructura del IOSFA está sobredimensionada, devorando recursos en sueldos que no se ven reflejados en la eficiencia del servicio.
Ausencia de controles: La falta crítica de auditorías médicas sobre clínicas y prestadores es señalada como un agujero negro por donde el dinero desaparece sin fiscalización, alimentando sospechas de malversación y un posible vaciamiento deliberado.
El drama de los afiliados: castigos por reclamar
El colapso financiero se traduce directamente en un drama humano. Los afiliados denuncian un promedio de 90 interrupciones diarias en los servicios por falta de pago a prestadores. Las demoras en la autorización de insumos críticos como stents o marcapasos se extienden por varios meses, poniendo vidas en riesgo. Farmacias con escasez de medicamentos y reintegros que nunca llegan completan un panorama desolador.
“El servicio está en ruinas”, coinciden los afectados en redes sociales, que describen “médicos que se van, hospitales vacíos y farmacias sin medicamentos”. A pesar de la obligatoriedad del aporte, los afiliados se sienten abandonados y prisioneros de un sistema que no les permite buscar otra cobertura, se trata de una obra social cautiva, símil IOMA.
Tras la difusión de la información inicial sobre la crisis de IOSFA, este medio recibió nuevos contactos de afiliados que no sólo confirmaron cada punto expuesto, sino que agregaron una denuncia gravísima: si los familiares de los militares realizan reclamos formales ante el IOSFA por la falta de atención o cobertura, los propios militares en actividad reciben reprimendas y castigos disciplinarios dentro de sus unidades.
El parche del IAF y el temor a la privatización
La inestabilidad directiva, con el pasaje de tres presidentes en un año y medio, todos cercanos al Ministro de Defensa, Luis Petri; se evidencia la imposibilidad de contener la crisis. El préstamo de $40.000 millones del IAF (Instituto de Ayuda Financiera), una entidad clave para las jubilaciones militares, es considerado por muchos como un parche superficial que sólo prolonga la agonía y pone en riesgo los fondos de retiro. Además, este préstamo fue gestionado por la actual presidente de IOSFA cuando ésta aún trabajaba en el IAF, lo que resuena aún más.
Crece también la preocupación por un posible plan para tercerizar las prestaciones de salud, lo que muchos ven como el paso previo a la privatización total de la obra social militar. La idea es que, al dejarla quebrar, se justifique su venta; una estrategia que la comunidad militar rechaza enérgicamente, considerándola un ataque a la solidaridad y a los derechos de quienes sirvieron a la nación.
Misiones se prepara para sus elecciones legislativas del 8 de junio, en un escenario dominado históricamente por la hegemonía del Frente Renovador de la Concordia de Carlos Rovira. En este tablero consolidado, La Libertad Avanza (LLA) intenta ganar terreno, pero su camino ha sido un constante foco de escándalos y contradicciones.
LAS PRIMERAS IRREGULARIDADES DE LLA DE MISIONES
Todo comenzó en 2023, cuando Ninfa Alvarenga, referente inicial de LLA, vio su candidatura a gobernadora frustrada. Tras esa fallida postulación, Alvarenga fue nombrada titular del PAMI Misiones. Desde allí, utilizó su Fundación, “Misión Libertad”, para gestionar donaciones estatales. Según el Boletín Oficial, a través de las resoluciones RSG N° 126/2024 y RSG N° 127/2024 del 30 de abril de 2024, entre otras cosas, se cedieron más de once mil artículos de primera necesidad (calzado, indumentaria, ropa blanca, accesorios) y de bazar (ollas, termos, etc.). Estas donaciones, gestionadas por Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei, generaron una intensa difusión en redes sociales de la fundación, con un modelo de asistencia social que evocaba la acción directa de figuras como Eva Perón, marcando constantemente que las donaciones eran enviadas por Secretaría General de la Nación (donaciones que parten del sector privado).
Sin embargo, la gestión de Alvarenga frente a PAMI terminó abruptamente en octubre de 2024, cuando fue destituida por denuncias de exigir “aportes” del 10% al 20% de sus sueldos a los empleados de PAMI, cobrando además una indemnización de $11.380.414,26 al ser desvinculada, con apenas unos pocos meses de actividad.
Tras la salida de Alvarenga, Adrián Núñez asumió la presidencia de LLA Misiones y Samantha Stekler la titularidad de PAMI de Misiones.
LA ALIANZA CON ROVIRA QUE NO FUE
Antes de seguir con la trama de Núñez, debemos hablar del intento de “alianza tácita” de LLA con el oficialismo renovador de Rovira y la intendencia de Puerto Iguazú. Se constataron donaciones oficiales desde la secretaría que dirige Karina Milei hacia los espacios del rovirismo, toda información que surge del Boletín Oficial, pero en muchos casos sin especificar qué tipo de bienes o recursos se transferían. Recientemente este acercamiento se disolvió, y las especulaciones apuntaron a la Ley “Ficha Limpia” y a la falta de alianza como posibles factores. Es relevante que los Senadores Nacionales de Misiones que responden a Rovira votaron en contra de la Comisión de Investigación de Libra y la propia Ley “Ficha Limpia” en el Senado, hecho que beneficia al mileísmo por permitirles la posibilidad de polarizar con una Cristina Fernández candidata.
LOS CANDIDATOS SE DENUNCIAN ENTRE ELLOS
Pero retomemos al actual armado LLA en Misiones. Hace unos meses, una carta firmada por 22 personas fue dirigida a Adrián Núñez (recordemos, presidente de LLA Misiones), y esto detonó un nuevo escándalo: acusaciones formales de un esquema de retorno, iguales a los acusados contra Alvarenga.
Entre las figuras señaladas por las denuncias, acusadas de ser parte del esquema de “aportes”, se encuentran:
Carlos Adrián Núñez: Presidente de LLA Misiones y 3° en la boleta.
Samantha Noelia Stekler: Titular de PAMI Misiones y 2ª en la boleta.
Nelli Beatriz Guerrero: Titular de ANSES Misiones y 4ª en la boleta.
Paola Andrea Trinidad: Coordinadora de PAMI Misiones y 6ª en la boleta.
Walter Fabio Báez: Apoderado de LLA Misiones y 7º en la boleta.
Cristian Osvaldo Sanabria Brítez: Referente de LLA Misiones y quien recibió una de las transferencias por “aportes”, por un monto de $260.000.
El dato curioso es que la carta de denuncia fue firmada, irónicamente, por la mayor parte de los propios candidatos de LLA en la lista que, a su vez, tienen cargos en ANSES, PAMI y demás (empleos desde los que les exigían del 10% al 20% de sus sueldos):
Osvaldo Héctor Manzoni: N°5.
Melisa Yohana Skrauba: N°8.
Agustina Isabel Torales: N°10.
Yanina Gisela Lorenzo: N°14.
Rosana Alicia Mondelo: N°16.
Gastón Emanuel Horianski: N°17.
Camila Belén Aquino: N°18.
Tomás Margets: N°19.
Daniela Beatriz Cabral: N°20.
Isauro Daniel López: N°1 (suplente).
Carol Melisa Correa: N°2 (suplente).
Alberto Martín Celestino: N°3 (suplente).
Caren Yelsen Silveira Pintos: N°4 (suplente).
Matías Germán Alles: N°5 (suplente).
Celeste Agostina Comparin: Nº6 (suplente).
Dante Fabricio Berdini: N°7 (suplente).
Por si es necesario aclararlo otra vez: los candidatos de LLA de Misiones denuncian a los demás candidatos de la misma boleta.
Las irregularidades denunciadas replican el modus operandi del caso Alvarenga, sugiriendo un patrón de exigencia de “diezmos” en el espacio, y todo financiado por los trabajadores misioneros. Sin embargo, los hermanos Milei le dieron el visto bueno a toda esta situación de denuncias por corrupción dentro del mismo espacio.
KIRCHNERISTAS ANTI-CASTA
Finalmente y no menos importante, los perfiles de los candidatos revelan un pasado político que desdibuja la imagen “anticasta”.
El ya mencionado hasta el hartazgo, Carlos Adrián Núñez, actual presidente de LLA Misiones y principal denunciado, exhibe en sus redes tuits con posturas claramente kirchneristas, como su “Orgullo UBA” junto a Alberto Fernández en 2020, una nota elogiando la elección de Alberto como presidente, o su apoyo a la consigna “¿Dónde está Santiago Maldonado?” en 2017.
Por otro lado tenemos al primer candidato, el extenista Diego Gabriel Hartfield, que es quizás el caso más llamativo. Aunque ahora encabeza una lista libertaria, en las elecciones de 2015 fue candidato de Carlos Rovira y del kirchnerismo, como consta en el Tribunal Electoral de Misiones.
Sus tuits de la época lo confirman: en 2011 apoyaba a un senador misionero kirchnerista, en 2012 criticaba a Lanata por sus investigaciones contra el kirchnerismo, en 2014 elogiaba a Scioli y en 2015 confirmó haberlo votado. Incluso recomendaba fuertemente ver el programa ultra-kirchnerista “678”. E irónicamente, en 2016 tuiteó: “Ojalá nunca me toque ser diputado, no quiero trabajar 20 hs seguidas”.
Con este panorama, La Libertad Avanza en Misiones enfrenta el 8 de junio no solo el desafío de competir con el poder establecido, sino el de explicar sus propias contradicciones y el ruido de las denuncias internas que ensombrecen su debut electoral en la provincia.
En un contexto de fuerte restricción fiscal, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, resolvió congelar los salarios de todo el funcionariado del Poder Ejecutivo. La medida, formalizada por decreto, responde a la merma en los ingresos por coparticipación y recaudación provincial, agravada por la política económica del gobierno nacional. Desde la Casa Gris señalan que se trata de “un gesto a la sociedad”, que apunta a contener el gasto y encauzar el descontento por el reordenamiento de horas extras y la negociación paritaria del segundo semestre.
El decreto establece que el congelamiento regirá “mientras dure la crisis”, y se enmarca en la promesa de campaña de evitar subas impositivas y aplicar el ajuste sobre la política.
Actualmente, el funcionamiento del Estado consume cerca del 90% del presupuesto provincial, una proporción que limita el margen para impulsar políticas productivas. La situación es motivo de reiteradas críticas por parte de cámaras empresarias y pequeños comerciantes, que sienten que sus aportes solo sirven para sostener un aparato estatal sobredimensionado.
Aunque el decreto alcanza solo al Poder Ejecutivo (único ámbito sobre el que el gobernador puede disponer directamente), incluye una invitación explícita a los otros poderes del Estado para que imiten la medida. Hasta el momento, no hubo señales concretas desde el Poder Judicial, mientras que en el Legislativo algunos funcionarios de segunda línea manifestaron incomodidad, aunque sin elevar críticas públicas.
La resolución también alcanza a Entes Descentralizados, Autárquicos y Autónomos, así como a Sociedades y Empresas del Estado, que deberán adecuar sus esquemas salariales al nuevo régimen dispuesto por el Ejecutivo.
Con esta decisión, Frigerio apuesta a sostener el equilibrio fiscal y marcar una diferencia respecto a gestiones anteriores. La medida también busca posicionarlo políticamente en medio de la compleja reconfiguración del vínculo entre Nación y provincias en la era Milei.
Tras días de calma aparente, el peronismo bonaerense estalló en Santa Clara del Mar. Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof, sacudió la interna al reclamar disciplina sin matices: unidad con obediencia ciega o nada. El aviso cayó como un baldazo de agua fría sobre la militancia y los intendentes, que no ven con buenos ojos la orden de aplaudir aún en el error.
Bianco llamó a la unidad forzada, o a la ruptura inevitable que expondría al PJ a una derrota frente a Javier Milei. No dejó margen de negociación. La advertencia sonó a amenaza directa y tensó todavía más la cuerda en el espacio peronista.
En contraste, dirigentes como Federico Otermín intentaron poner paños fríos y hablaron de unidad para enfrentar el ajuste libertario, reivindicar a Cristina y defender la gestión bonaerense. Pero sus discursos moderados quedaron desdibujados ante el tono duro que impuso la mesa chica de Kicillof.
Detrás de todo asoma una pelea de poder que ya no se oculta. Kicillof busca construir su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, para independizarse del ala más pura del cristinismo. Los que resisten ven esto como un intento solapado de romper el PJ bonaerense para tallar su liderazgo personal.
La tensión con Cristina Kirchner viene de larga data. La falta de diálogo, la candidatura a diputada que ella misma anunció sin consultar al gobernador, y la puja por el desdoblamiento electoral bonaerense alimentan el clima de ruptura. Ni las gestiones reservadas ni las señales de tregua lograron sanar las heridas.
Cristina, por su parte, mandó a militar la eliminación de las PASO como gesto de unidad, pero para el ala del gobernador bonaerense no alcanzó. El mensaje bajado desde La Plata es claro: primero disciplina, después cargos. Y si no hay disciplina, se rompe.
Mientras tanto, en la sede nacional del PJ reina la desconfianza. Hay quienes denuncian falta de coordinación, vacíos de información y rosca de espaldas a las bases. La cumbre prevista para la semana próxima asoma como la última chance de evitar un incendio irreversible.
A esto se suma la presión de Milei, que en su gira por la provincia se despachó con insultos directos contra Kicillof, en busca de explotar las fisuras del peronismo y posicionarse para el 7 de septiembre. El presidente ve en la fractura peronista una oportunidad para avanzar.
El bloque de diputados provinciales de Juntos por Entre Ríos manifestó su apoyo al decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, que establece la suspensión de actualizaciones salariales para funcionarios del Ejecutivo. La medida forma parte de un paquete de control del gasto público, en un contexto de marcada restricción presupuestaria.
A través de un comunicado, los legisladores señalaron que la decisión responde a “la delicada situación a la que fue conducida la provincia de Entre Ríos con la merma real de la coparticipación y la eliminación directa de transferencias del Gobierno nacional”, a lo que se suma “la realidad de tener que afrontar el vencimiento de la deuda generada por épocas de descontrol que nos precedieron”.
Desde la bancada remarcaron que el momento exige dejar de lado reproches pasados para dar prioridad a las soluciones inmediatas: “Somos conscientes de que no es tiempo de mirar para atrás, sino de anteponer soluciones o paliativos inmediatos ante la difícil situación. Y sabemos también que es necesario contarle a los entrerrianos por qué se toman esas medidas”.
En esa línea, los legisladores hicieron hincapié en la necesidad de romper con viejas prácticas de administración: “La provincia vivió décadas de desapego a la responsabilidad en la administración de los recursos públicos, pero eso quedó atrás. Ahora es tiempo de afrontar las consecuencias de aquello. Por eso avalamos la decisión anunciada por el Poder Ejecutivo. Somos conscientes de que hay que salir de esta situación de crisis, que heredamos y no buscamos, pero que obliga a actuar sin especulaciones y con la seriedad que el momento merece”.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
En mi tercer y nuevo libro, de inminente publicación, dedico más de 30 páginas a analizar pasado, presente y futuro de la estrategia nuclear militar de las superpotencias en pugna, los riesgos de una escalada a escala global y una única conclusión: "Frente a la imposibilidad de… pic.twitter.com/fdfIIivSnc
