“EL KIRCHNERISMO NO EXISTE” | Polémica frase de un Gobernador K , luego de la derrota de Capitanich
El mandatario provincial que pidió las cabezas de los jueces que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, se apartó de su militancia y dio como muerto a su propio espacio.
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Los resultados de las elecciones de Chaco de este domingo lograron sorprender a los dirigentes de Unión por la Patria que, a pesar de las encuestas desalentadoras, buscaban dar vuelta los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y dar con un cuarto mandato de Jorge “Coqui” Capitanich. Con ese espíritu colisionado contra el triunfo de Leandro Zdero, el gobernador La Rioja, Ricardo Quintela, salió a cuestionar duramente al oficialismo y aseguró que “ya no existe”.
“Se naturalizó el tema del mensaje del odio. El kirchnerismo no existe, la misma Cristina (Kirchner) lo dice. Es un espacio político que hoy conduce al peronismo”, aseveró el mandatario provincial que actualmente conduce una dura campaña de desprestigio contra la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.
Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja por el Partido Justicialista
Bajo esas líneas y en un intento de captar a los votantes del oficialismo decepcionados, agregó: “Es más, ni siquiera diría que es kirchnerismo, simplemente hay un peronismo conducido por Alberto Fernández“.
“Esperemos que la sociedad en la situación difícil que está atravesando, tenga la posibilidad de poder hacer una evaluación correcta. La situación, en concreto, es que nosotros tenemos que hacernos cargo siempre de los desastres que nos dejan otros. Pasó en el 2001, pasó en el 2019, nos hacemos cargo y nadie ni siquiera valora la actitud que tiene el Movimiento Nacional Justicialista o al Frente de todos en su momento”, añadió.
El mandatario provincial también se hizo presente en el último gran acto de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo
Por último, el riojano señaló que la candidatura a presidente del actual ministro de Economía representa lo mejor para Unión por la Patria: “A Sergio Massa lo veo mucho más sólido y con mucho optimismo. Lo veo como un protagonista del balotaje”.
“Es el único candidato que tiene una propuesta y toma decisiones en políticas activas muy fuertes. Eso es muy importante para el alivio de todas las familias argentinas, básicamente en el sector medio y en el más vulnerable”, concluyó.
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Joaquín De la Torre abandonó el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado de la provincia de Buenos Aires y decidió conformar un monobloque, aunque aseguró que seguiría alineado con Javier Milei en el plano nacional. Su salida respondió a las diferencias con el armador bonaerense libertario, Sebastián Pareja, y marcó un cambio en la composición de la Cámara alta, donde el bloque libertario quedó ahora con cuatro miembros.
Desde el entorno de De la Torre aclararon que “no se siente representado por las decisiones que se están tomando en cuanto al armado provincial, pero en lo nacional sigue alineado con el gobierno de Javier Milei”. En tanto, desde la bancada libertaria minimizaron el impacto de su alejamiento al sostener que la relación legislativa con el exalcalde “fue ‘muy buena’” y atribuyeron la ruptura a diferencias con el rumbo provincial del partido. De la Torre, por su parte, negó conflictos con Karina Milei, pero reconoció la tensión con Pareja y también con José Luis Espert, a quien el Presidente promovió como candidato a diputado nacional.
La relación del exministro de Gobierno de María Eugenia Vidal con el oficialismo libertario había sufrido roces en mayo del año anterior, cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, echó a Pablo De la Torre —hermano de Joaquín— de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia por una denuncia de retención de 5 millones de toneladas de alimentos sin distribuir. El gobierno avanzó entonces con una denuncia penal. A pesar de esos conflictos, De la Torre permaneció algunos meses más en la bancada de LLA, hasta que finalmente se alejó por las discrepancias con el armado bonaerense.
Paralelamente, surgieron detalles sobre una presentación del municipio de San Miguel —bajo la órbita de De la Torre— por una deuda del Ejército en tasas impagas de Campo de Mayo que ascendió a más de 650 millones de pesos. Ese reclamo alcanzó al Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri, con una intimación de pago y posible remate de predios.
El bloque libertario en el Senado provincial quedó integrado por Curestis, Arietto, Reich y Riva. Una bancada aparte, compuesta por tres senadores que también se identificaron con el nombre de La Libertad Avanza pero que no respondieron al Gobierno nacional, se mantuvo en el recinto como otro espacio diferenciado. Al mismo tiempo, De la Torre pasó a ser el único representante de su monobloque. Así, el mapa de la Cámara alta bonaerense quedó conformado por 21 bancas de Unión por la Patria, 9 del PRO, 8 de la UCR + Cambio Federal, 4 de LLA1, 3 de la otra bancada libertaria y la monobanca de De la Torre.
En la Cámara de Diputados, en tanto, el exsecretario de Seguridad de San Miguel, Juan José Esper Zamar, continuó por el momento en el bloque libertario que conduce Agustín Romo, sin replicar la determinación de su referente político. De la Torre confirmó, además, que no competiría en los comicios de medio término de 2025: “En San Miguel, nuestro grupo tiene como regla no dar reelección a los cargos legislativos y tengo que dar el ejemplo. Vamos a aspirar a que San Miguel siga teniendo una representación, pero no voy por la reelección”.
El exintendente explicó que esa decisión respondía a su proyecto local y añadió: “Creemos que tenemos una historia y que, si la elección es desdoblada, tenemos cosas para decir y mostrar, como nuestros sistemas de seguridad y de primera infancia. Eso lo vamos a sostener y seguramente intentaremos desde lo local construir una fuerza que permita que los bonaerenses discutan temas provinciales. Estamos dispuestos a dar esa discusión, creyendo que la provincia debe ser reconstruida desde lo local hacia lo provincial”.
De la Torre, exintendente de San Miguel y dirigente que en su carrera política pasó por el massismo, el macrismo y el kirchnerismo, había llegado al Senado bonaerense en 2021 bajo la lista de Juntos, encabezada por Facundo Manes. Posteriormente se distanció de ese espacio debido al acuerdo entre el sector cambiemita y el peronismo por el pliego de Federico Thea para el Tribunal de Cuentas, y en 2023 fundó su monobloque Derecha Popular. Sin embargo, en marzo de 2024 se sumó a la bancada libertaria que presidía el senador Carlos Curestis, junto con Florencia Arietto, Betina Riva y Daniela Reich.
De esta manera, La Libertad Avanza perdió a uno de sus alfiles en la Cámara alta bonaerense, que quedó con cuatro senadores afines al Gobierno de Javier Milei y diferentes expresiones liberales divididas en otros bloques. Pese a la ruptura, De la Torre insistió en que mantendría su respaldo nacional a la gestión presidencial, al tiempo que buscó reforzar su influencia territorial a través de la experiencia adquirida en San Miguel.
El 3 de abril es la fecha elegida por Victoria Villarruel para abrir la sesión especial para tratar los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, nombrados por decreto por el Ejecutivo para ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia. La convocatoria se produce en medio de una creciente presión política, especialmente por parte del bloque oficialista y sectores del peronismo, quienes exigen el tratamiento de los nombramientos con urgencia.
La decisión de Villarruel de fijar la fecha del 3 de abril responde a un contexto de tensiones dentro del Senado. “La sesión se convocó para tratar los pliegos de los jueces Lijo y García Mansilla, a quienes el Poder Ejecutivo propuso para cubrir vacantes en la Corte Suprema”, detalló el comunicado oficial.
El anuncio de la convocatoria fue realizado en un momento clave, ya que la presión por parte del oficialismo se intensificó debido a las controversias que rodean los nombramientos. Según lo señalado por diversos medios, la propuesta de los pliegos había sido solicitada inicialmente por el bloque oficialista, que esperaba un tratamiento urgente en la cámara alta. Sin embargo, Villarruel, que podía establecer el día y la hora de la sesión, optó por evitar nuevos inconvenientes para el Gobierno tras haber logrado aprobar el DNU que permite avanzar con un nuevo “acuerdo” con el FMI.
En este sentido, el senador por el Frente de Todos, José Mayans, declaró: “El retraso en la convocatoria es una muestra clara de la falta de voluntad del oficialismo para avanzar en los pliegos. Queremos que se discuta con la celeridad que requieren los temas que hacen a la justicia en nuestro país”.
La demora también fue vista como una maniobra política, dada la relevancia de los cargos en cuestión. Ariel Lijo, uno de los jueces propuestos, es conocido por su rol en el Juzgado 4 de Comodoro Py, que tiene competencia en varios casos de alto perfil, lo que provoca cierta resistencia dentro de sectores políticos que lo consideran vinculado a intereses del poder. “Lijo es un juez que tiene un historial que no podemos pasar por alto. Su nombramiento a la Corte Suprema tendría implicaciones muy serias para la independencia judicial”, aseguraron desde la oposición.
Desde el entorno de Villarruel, la fecha elegida para la sesión busca “evitar el desgaste innecesario” y garantizar los votos necesarios. Sin embargo, surgieron dudas sobre la composición del voto en el Senado, ya que varios senadores del oficialismo mostraron resquemores frente a los nombramientos, lo que podría complicar la aprobación.
Por otro lado, el pliego de García Mansilla también genera controversias. A pesar de contar con un dictamen favorable, algunos sectores opositores cuestionan su idoneidad para ocupar un cargo tan relevante con el argumento de que su perfil no responde a las necesidades de una Corte que debe reflejar los valores de imparcialidad y justicia requeridos.
La convocatoria a la sesión tiene lugar en un momento clave para el Poder Judicial, dado que la Corte Suprema atraviesa una de sus etapas más críticas en términos de confianza pública. La necesidad de contar con jueces cuya imparcialidad no sea cuestionada es uno de los temas centrales del debate. Según los analistas políticos, la composición de la Corte Suprema será fundamental en los próximos años, especialmente en un contexto de tensión política y social como el que atraviesa Argentina.
“Es un tema clave, no solo por el nombramiento de los jueces, sino porque la Corte Suprema tiene un rol fundamental en el equilibrio de poderes. Necesitamos jueces que garanticen la transparencia, la equidad y la justicia en todas sus decisiones”, sostuvo el constitucionalista Félix González.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este lunes la anulación de 770 contratos irregulares realizados durante las gestiones peronistas en la Legislatura provincial entre 2008 y 2018. La decisión, de carácter administrativo, fue comunicada en una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.
“Hemos decidido ponerle fin a una historia donde la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos dramáticos”, sostuvo Frigerio, quien calificó la causa como “una de las más importantes de corrupción en la historia del país”. La medida va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares.
La investigación judicial, conocida como causa “Beckman y otros”, comenzó en 2018 tras detectarse maniobras sospechosas vinculadas al retiro de dinero con múltiples tarjetas de débito desde cajeros automáticos. Las pesquisas revelaron que los fondos estaban asociados a contrataciones ficticias de personal en ambas cámaras legislativas. Hasta el momento, 32 personas fueron imputadas y se encuentran en condiciones de ir a juicio, mientras que otras diez solicitaron la suspensión del proceso mediante probation.
Frigerio enfatizó que “la política no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad, mirando al costado”. En esa línea, pidió a las autoridades legislativas que dispongan formalmente la nulidad de los contratos. “Después, exigiremos la devolución de esos recursos que se han robado a los entrerrianos”, señaló.
– La medida de Frigerio va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares
Según la acusación fiscal, los delitos que se investigan son asociación ilícita, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si bien en la causa no aparecen legisladores imputados, sí fueron involucrados responsables administrativos de ambas cámaras, un estudio contable encargado de coordinar las operaciones y empleados encargados del cobro de los fondos.
El mandatario provincial explicó que, tras la anulación, se activará un proceso administrativo para recuperar el dinero sustraído. “Le pediremos al fiscal de Estado que intente la recuperación de esos recursos. Es probable que muchos de los imputados y de los que tuvieron los contratos, aun sin estar procesados, al menos analicen la devolución”, expresó.
El reclamo formal del Estado provincial alcanza los 373 millones de pesos, sin contar la actualización por intereses. “No tenemos un número preciso como para plantear. La Justicia tendrá que determinar cuál es el monto actualizado del dinero que se le robó a los entrerrianos”, aclaró Frigerio.
En paralelo al proceso judicial, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en el Palacio de Justicia provincial se llevaban adelante audiencias vinculadas a las suspensiones de juicio a prueba de los imputados.
Frigerio destacó también que su gestión redujo a la mitad la cantidad de contrataciones en las cámaras legislativas. “Lo dijimos en campaña y lo estamos cumpliendo. Lo primero que hicimos frente a este tema fue bajar a la mitad los contratos de Diputados y Senadores”, afirmó. Y concluyó: “Estamos dando un paso más. Queremos que los que le robaron la plata a los entrerrianos la devuelvan”.
La creación de la comisión especial para investigar el escándalo del caso Libra, que apunta directamente al entorno del presidente Javier Milei, desató una guerra de maniobras en la Cámara de Diputados. Lo que en teoría debía ser un paso institucional se convirtió en una batalla por el control del tablero político.
Durante la semana, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados reformularon sus alianzas parlamentarias. A los libertarios se les sumó el monobloque CREO, y lograron un interbloque de 40 integrantes. En paralelo, Oscar Zago, tras su salida explosiva del bloque libertario, armó una sociedad con el PRO y Somos Fueguinos, con un total de 41 diputados. Ambos espacios reclamaron cuatro lugares cada uno dentro de la comisión.
A la par, el resto de la oposición también jugó sus cartas. Hubo intentos por reorganizar fuerzas, ajustar interbloques y ganar presencia en la comisión. Pero lo que parecía una jugada de ajedrez terminó por desacomodar todo el tablero.
Uno de los coletazos más fuertes se lo llevó la Unión Cívica Radical, que terminó fracturada. Seis diputados, históricamente más cercanos al gobierno libertario, se abrieron y fundaron la Liga del Interior, un nuevo bloque con voz propia y que les permite exigir dos sillas en la comisión investigadora.
Este movimiento debilitó seriamente a la conducción del cordobés Rodrigo de Loredo, que ahora ve reducido su bloque a 14 miembros y pierde una banca clave en la comisión. Dentro del radicalismo ya no se habla de fisuras, sino de una ruptura lisa y llana.
El presidente de la Cámara, Martín Menem, no quedó afuera de la tormenta. En medio del caos legislativo, crecen las tensiones con la oposición, que lo acusa de querer manipular la conformación de la comisión en favor del oficialismo. Hay quienes lo ven como un jugador más en esta partida política, más que como un árbitro institucional.
Mientras tanto, la comisión –que debería encargarse de dilucidar si hubo o no responsabilidades políticas en el manejo de la plataforma Libra– todavía no termina de nacer. Y ya está envuelta en internas, pases de factura y rosca legislativa.
Hasta el momento, la oposición contaría con aproximadamente 14 representantes en la comisión —seis de Unión por la Patria (UxP), dos de Encuentro Federal (EF), dos de Diputados por San Luis (DpS), dos de la Coalición Cívica (CC) y dos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Nueva y Participativa (FIT/NyP)—, mientras que el oficialismo reuniría entre 12 y 14 miembros, con cuatro de La Libertad Avanza (LLA), cuatro del bloque PRO/MID, dos de la UCR, dos de la denominada UCR libertaria y dos de Independencia Federal (IF).
El escenario configura un virtual empate que amenaza con paralizar el funcionamiento de la comisión desde su inicio. Hasta el próximo 23 de abril —fecha prevista para la primera reunión formal—, continuará una intensa disputa reglamentaria, cuya resolución aún es incierta y mantiene en vilo a todo el arco legislativo.
La diputada provincial Gabriela Lena (Juntos por el Cambio) se refirió a la polémica generada por la postulación de Francisco Azcué a la presidencia del Comité provincial de la Unión Cívica Radical (UCR). La legisladora lamentó la decisión que dejó fuera de competencia al intendente de Chajarí y explicó que, a su entender, se perdía la oportunidad de “mostrar una cara nueva, distinta, una renovación” en la conducción partidaria. Además, se expresó respecto de un posible acuerdo con La Libertad Avanza (LLA), dejando en claro que la determinación final quedará en manos del Congreso de la UCR.
En diálogo con medios de Entre Ríos, Lena aseguró que la situación que afectó a Azcué “cayó mal porque más allá de que siempre la carta orgánica puede tener interpretaciones diferentes, como cualquier ley, nosotros considerábamos que reunía los requisitos para poder ser presidente y además era una manera de mostrar que una persona joven, un intendente de una ciudad emblemática para la provincia y para nosotros tenía ganas de ponerse el Comité provincial, el partido, al hombro que no es cualquier cosa, porque es una carga pesada. Considerábamos que era mostrar una cara nueva, distinta, una renovación, y obviamente que esta decisión del Tribunal Electoral de nuestro partido y de la Justicia no fue satisfactoria”.
En la misma línea, reconoció que “estaba en los cálculos que podía suceder o no, porque es afiliado desde hace mucho más tiempo, de su antigüedad en la afiliación al partido la tenía. De hecho, en las elecciones anteriores de hace dos años él participó como congresal, donde también necesitaba antigüedad y nunca se reclamó ese requisito. Es decir que hay como cuestiones bastante ambiguas dentro de nuestro partido”.
Al responder a la postura de Alejandro Carbó, la diputada sostuvo: “La carta orgánica es para interpretar, pero además teníamos dentro del partido todas las herramientas como se había planteado en el Tribunal Electoral para que esto se resuelva en los órganos partidarios y en el Congreso partidario. Hubiera sido bueno que esto no llegue a la Justicia, sino que se resolviera dentro del partido”.
Respecto de la resolución judicial, Lena fue contundente: “En lo judicial el conflicto está resuelto, habrá que hacer los corrimientos que se necesitan y ver, de acá en adelante, cómo se sigue porque este era un Comité de consenso, donde se había consensuado una figura a presidente y a partir de allí se habían integrado los nombres con distintas vertientes del partido para dar una muestra de unidad. Pasó esto y hay que ser respetuosos de la decisión de un tribunal, no sé qué actitud tomarán los apoderados de la lista, si se apelará o no”.
La diputada también expresó su pesar por el desenlace: “Siento un tremendo dolor porque no es fácil conseguir personas que tengan ganas de ponerse esto al hombro y que sean innovadoras para el partido. Con esto no se estaba haciendo nada que esté en contra de nuestra carta orgánica, pero si así fuera tendremos que reverla, reformarla quizás, para que estas cosas no vuelvan a pasar, son enseñanzas que tenemos que tomar para ver de qué manera esto no vuelve a pasar dentro de nuestro partido”.
En relación con la nueva conformación de la lista, señaló: “Alicia Oviedo, intendenta de Federal, es vicepresidenta primera en la lista de unidad y al tener un corrimiento quedaría ella como presidenta”.
Sobre las críticas que calificaban a Azcué como un brazo de Rogelio Frigerio dentro de la UCR, Lena aclaró: “Nosotros somos una alianza que confluye dentro de Juntos por Entre Ríos, él es un intendente que llegó a la intendencia en Juntos por Entre Ríos, yo soy una diputada radical, pero estoy dentro de Juntos por Entre Ríos. Nuestro partido integra una alianza, pero tiene sus autoridades, su propio pensamiento y de hecho es importante que lo sigamos manteniendo, pero sí preservar esta coalición electoral donde hoy somos gobierno y compartimos las acciones de gobierno”.
Consultada acerca de un posible acuerdo con La Libertad Avanza, señaló que no se está definiendo formalmente en este momento: “Nosotros no lo estamos discutiendo todavía, hay posiciones encontrada a veces y sólo personales, pero en cuanto a la decisión de qué vamos a hacer, somos respetuosos y será el Congreso el que decidirá. Hasta ahora, son todos comentarios, no hay nada serio, ni ninguna conversación firme respecto de lo que pueda pasar”.
Agregó que, en la Legislatura provincial, el bloque de LLA no actúa de forma homogénea: “Dentro de la Cámara, de los cinco diputados que ingresaron por La Libertad Avanza son cuatro bloques diferentes, es decir que las posturas ni siquiera son comunes entre ellos. La diputada (Liliana) Salinas nos ha acompañado en las decisiones y las leyes importantes que se han tratado”.
Finalmente, Lena aseguró que, a pesar de las diferencias, el diálogo con el peronismo no se ha roto: “Las relaciones nunca estuvieron mal, discusiones hay siempre, diferentes criterios tenemos siempre, diferentes puntos de vista tenemos siempre, pero nunca se perdió el diálogo y eso es lo importante, y por ahí va el sentido de cómo se debe gobernar y cómo se debe llevar adelante una provincia compleja como ésta, nunca perdiendo el diálogo con los que opinan diferente y buscando aquellos puntos de coincidencia para seguir avanzando”.
Karina Milei teme debutar como estratega política del gobierno de su hermano con una derrota aplastante. Es la posibilidad que este miércoles conmovió a la Casa Rosada cuando llegaron las primeras encuestas sobre las elecciones de este domingo de convencionales constituyentes en Santa Fe.
Se trata de la elección que abre el calendario electoral y según los números que maneja el gobierno, su candidato el diputado Nicolás Mayoraz puede terminar tercero o cuarto. Incluso Rosario, el ex periodista y libertario bullrichista Juan Pedro Aleart podría perder ante el candidato del intendente Pablo Javkin.
Los sondeos de cierre coinciden que el gobernador Maximiliano Pullaro encabeza cómodamente la intención de votos con 40 puntos, duplicando al peronista Marcelo Lewandowski y relegando al libertario Mayoraz al tercer lugar que podría bajar al cuarto o quinto puesto con Amalia Granata, si el candidato de la segunda lista peronista, Juan Monteverde, sigue creciendo en Rosario.
El impacto de una eventual derrota sobre Karina y los Menem es total porque ellos monopolizaron el armado en Santa Fe, con una dosis de capricho alta que incluyó boicoter la alianza con Granata, que propiciaba Santiago Caputo. Este miércoles, Romina Diez, la delegada de Karina en Santa Fe, tuvo que improvisar un cierre de campaña con caravana y bengalas sin la hermana del presidente, a quien ahora tratan de salvar de una catástrofe.
Es que Karina Milei saboteó todos los intentos de acuerdos con Amalia Granata y se lanzó a la aventura con libertarios puros con la convicción de que el sello ganaba caminando. Pero la estrategia falló y Mayoraz enfrenta el próximo domingo una pelea reñida.
En Casa Rosada ya activaron las defensa para intentar amortiguar el impacto sobre Karina. La idea es adjudicarle la derrota a Lule Menem, quien sugirió el nombre de Mayoraz para encabezar la lista. Una situación que Santiago Caputo piensa aprovechar al máximo por su enfrentamiento con los Menem.
Además, el mal resultado amenaza con arrastrar a Patricia Bullrich y a su delegado en Rosario, Federico Angelini, que impulsaron al conductor del programa más visto de Rosario, Juan Pedro Aleart, que comenzó la campaña liderando las encuestas pero se derrumbó como un piano luego de las fallidas operaciones que intentó instalar el equipo de trolls que lidera Esteban Glavinich, hijo de una funcionaria kirchnerista devenido en libertario fanático.
Asesorado por este troll que opera bajo el nombre TraductorTeAma, Aleart primero inventó una entrevista con un supuesto empresario que terminó siendo candidato de La Libertad Avanza y después minimizó la crisis vial debido al abandono del estado Nacional.
Los malos pronósticos quedaron en evidencia este miércoles, cuando las principales figuras libertarias dejaron sola a la diputada Romina Diez que se tuvo que conformar con una gigantografía de Milei en la caravana que encabezó por Rosario, que se limitó a unos pocos autos, pero suficientes para cortar la avenida Belgrano en hora pico y generar un tremendo embotellamiento, cuando medio Rosario volvía del trabajo a sus casas.
