“EL KIRCHNERISMO NO EXISTE” | Polémica frase de un Gobernador K , luego de la derrota de Capitanich
El mandatario provincial que pidió las cabezas de los jueces que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, se apartó de su militancia y dio como muerto a su propio espacio.
10 Years Experiences
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Los resultados de las elecciones de Chaco de este domingo lograron sorprender a los dirigentes de Unión por la Patria que, a pesar de las encuestas desalentadoras, buscaban dar vuelta los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y dar con un cuarto mandato de Jorge “Coqui” Capitanich. Con ese espíritu colisionado contra el triunfo de Leandro Zdero, el gobernador La Rioja, Ricardo Quintela, salió a cuestionar duramente al oficialismo y aseguró que “ya no existe”.
“Se naturalizó el tema del mensaje del odio. El kirchnerismo no existe, la misma Cristina (Kirchner) lo dice. Es un espacio político que hoy conduce al peronismo”, aseveró el mandatario provincial que actualmente conduce una dura campaña de desprestigio contra la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.
Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja por el Partido Justicialista
Bajo esas líneas y en un intento de captar a los votantes del oficialismo decepcionados, agregó: “Es más, ni siquiera diría que es kirchnerismo, simplemente hay un peronismo conducido por Alberto Fernández“.
“Esperemos que la sociedad en la situación difícil que está atravesando, tenga la posibilidad de poder hacer una evaluación correcta. La situación, en concreto, es que nosotros tenemos que hacernos cargo siempre de los desastres que nos dejan otros. Pasó en el 2001, pasó en el 2019, nos hacemos cargo y nadie ni siquiera valora la actitud que tiene el Movimiento Nacional Justicialista o al Frente de todos en su momento”, añadió.
El mandatario provincial también se hizo presente en el último gran acto de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo
Por último, el riojano señaló que la candidatura a presidente del actual ministro de Economía representa lo mejor para Unión por la Patria: “A Sergio Massa lo veo mucho más sólido y con mucho optimismo. Lo veo como un protagonista del balotaje”.
“Es el único candidato que tiene una propuesta y toma decisiones en políticas activas muy fuertes. Eso es muy importante para el alivio de todas las familias argentinas, básicamente en el sector medio y en el más vulnerable”, concluyó.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
La Unidad de Información Financiera (UIF) restringió el acceso público a las resoluciones de sanciones antiguas luego de un pedido formal del Banco Hipotecario, entidad presidida por Eduardo Elsztain. La decisión, revelada por elDiarioAR, implicó que desde el lunes pasado dejaran de figurar en el buscador principal los textos completos de multas firmes con más de cinco años de antigüedad, que hasta la semana anterior podían consultarse online sin restricciones.
El cambio no eliminó esos antecedentes del sitio oficial, pero sí les quitó visibilidad. Ahora, las sanciones más viejas quedaron relegadas a un apartado secundario bajo la leyenda “Acceso al registro histórico de sanciones”. Allí solo aparece el listado, sin enlace para abrir cada resolución. Quien quiera conocer el contenido de esos expedientes debe iniciar un trámite formal por la vía de acceso a la información pública.
La modificación tuvo un efecto concreto sobre el propio Hipotecario. Entre las sanciones que dejaron de estar disponibles en forma abierta quedó la multa firme aplicada al banco en 2019, que ya no aparece con el mismo nivel de exposición que tenía hasta hace unos días. El planteo de la entidad apuntaba precisamente a ese punto: evitar que resoluciones antiguas, fácilmente localizables a través de buscadores de Internet, siguieran generando un daño reputacional ante inversores o actores del sistema financiero internacional.
Desde el Ministerio de Justicia, que controla la UIF, defendieron la medida con un argumento preventivo. Según la explicación citada por citado medio, se decidió “ajustar la información publicada” para evitar futuros planteos vinculados al llamado “derecho al olvido” y eventuales reclamos por daños y perjuicios. La cartera está a cargo de Juan Bautista Mahiques, quien llegó al puesto por impulso de Karina Milei, en medio de la interna oficialista y del avance de causas sensibles para el Gobierno.
En términos jurídicos, la modificación no altera el valor de esas sanciones antiguas. Antes y después del cambio, las multas con más de cinco años de antigüedad seguían funcionando como antecedente para inspecciones del organismo, aunque ya no podían utilizarse para agravar nuevas sanciones. El punto sensible pasa por otro lado: la exposición pública de esos castigos y su impacto sobre la imagen de las entidades alcanzadas.
Ese aspecto no es menor en materia de prevención del lavado. La publicidad de las sanciones también opera como castigo reputacional, un componente especialmente valorado por los estándares internacionales. En países como la Argentina, donde las multas suelen ser bajas y las condenas penales por lavado casi no aparecen, esa dimensión adquiere todavía más peso.
Por eso el tema se conecta con las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa a sus miembros no solo por el diseño formal de sus normas, sino también por la eficacia real de sus mecanismos de control. En ese frente, la Argentina ya arrastra otros puntos de tensión: la elevada rotación en la conducción de la UIF durante la gestión de Javier Milei, con cuatro jefes en poco tiempo, uno de los cuales ni siquiera llegó a asumir, y la postulación de Matías Álvarez, impulsado por Mahiques, que todavía debía atravesar la audiencia pública correspondiente. A eso se suma el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal, que relajó el control antievasión tributaria, pero no el antilavado.
La decisión de restringir el acceso a las resoluciones antiguas no fue adoptada por Álvarez, sino por el vicepresidente de la UIF, Santiago González Rodríguez, identificado con la línea de Santiago Caputo, hoy en retroceso dentro de distintos organismos del Estado. Tampoco surgieron objeciones desde el Ministerio de Justicia ni desde el entorno de la Secretaría General de la Presidencia.
El movimiento se produjo, además, en un contexto de cercanía política y personal entre Milei y Elsztain. Durante la campaña presidencial de 2023, el entonces candidato libertario se alojó en el Hotel Libertador, propiedad del empresario. Ese mismo año ambos viajaron juntos a Nueva York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, referente espiritual del movimiento Jabad Lubavitch.
Según la investigación de elDiarioAR, no trascendieron negocios estatales directos que hayan favorecido a las empresas de Elsztain durante la administración libertaria. De todos modos, el empresario conserva un peso específico en el mundo financiero y corporativo. A través de firmas como IRSA y Cresud, además, avanzó en inversiones mineras en San Juan y Salta, dentro de un sector beneficiado en términos generales por los cambios sobre la Ley de Glaciares, aunque sin precisiones oficiales sobre el impacto puntual en cada proyecto.
El nuevo esquema de publicación también dejó expuesta una inconsistencia en el criterio aplicado por la UIF. En la sección de sanciones todavía visibles figuran antecedentes de BBVA de 2023, pero también aparecen casos anteriores al supuesto corte de cinco años, como Galicia, cuya sanción es de 2010, y Macro, con una resolución de 2020. En cambio, dentro del archivo histórico y ya sin acceso al detalle quedaron Patagonia con una multa de 2018, Supervielle con una de 2014 y Comafi con una de 2018.
*Con información de elDiarioAR (Alejandro Rebossio)
En la comunidad originaria de Bartolomé de las Casas, en el interior de la provincia de Formosa, pueblos originarios cortaron la Ruta Nacional 81 reclamando asistencia estatal tras las inundaciones del fin de semana anterior.
El diputado provincial Pablo Sosa —militante del “gildismo”, el movimiento político del gobernador Gildo Insfrán— llegó al lugar con bolsas de mercadería para intentar que los manifestantes levantaran el corte.
La respuesta de la comunidad fue contundente. Lo echaron a cascotazos junto a su hermano, el director de la etnia Toba, Catalino Sosa.
“Nos mandaron mercadería, pensaron que iban a tapar el agua”, declaró una referente comunitaria de la zona.
En el fin de semana previo al hecho, Formosa fue golpeada por un temporal extraordinario. Bartolomé de las Casas fue una de las localidades más afectadas, con 206 milímetros de lluvia registrados en pocas horas, uno de los diez acumulados más altos de toda la provincia.
La zona quedó anegada, con familias sin acceso a servicios básicos, y el Estado provincial tardó en llegar con asistencia concreta a las comunidades originarias del interior.
Según la Gendarmería Nacional, el operativo federal asistió a 20 familias en El Espinillo, pero los reclamos en Bartolomé de las Casas no fueron atendidos de forma satisfactoria.
Pablo Sosa es diputado provincial del Partido Justicialista formoseño y también se desempeñó como administrador de la comunidad indígena Toba en el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA). Es uno de los cuadros más visibles del oficialismo en el vínculo con los pueblos originarios, y participa activamente en la distribución de módulos alimentarios del gobierno provincial en comunidades como Namqom, Clorinda y el propio Bartolomé de las Casas.
Los cortes de ruta en la Ruta 81 a la altura de Bartolomé de las Casas son una práctica recurrente. Las comunidades han reclamado en reiteradas ocasiones por electricidad, agua potable, salud, pensiones por discapacidad y asistencia alimentaria, con resoluciones que muchas veces no se cumplen.
“Para una parte de la comunidad, su presencia representa al Estado que los abandonó, no lo ven como un aliado”, destacó un manifestante refiriéndose la imagen publica de Sosa.
Asimismo,la situación sigue siendo delicada en las zonas bajas, donde históricamente se asentaron viviendas por la cercanía con antiguos sectores de aguadas vinculados al desarrollo ferroviario. En esos sectores, el ingreso de agua a las casas no pudo evitarse por completo.
Durante la mañana del 20 de abril, las lluvias continuaron de manera intermitente, aunque con menor intensidad, acompañadas por un marcado descenso de la temperatura. Sin embargo, cerca del mediodía, las precipitaciones volvieron a intensificarse.
Desde las primeras horas del día, autoridades locales, fuerzas policiales y personal de salud permanecieron en alerta para responder ante posibles emergencias.
En la localidad de El Espinillo, cinco familias fueron evacuadas con la asistencia del Municipio, la Policía y otros organismos debido a las filtraciones de caudales de agua en sus viviendas. Algunas fueron reubicadas de manera provisoria en una escuela, donde se activó un operativo de asistencia. En Comandante Fontana también hubo personas refugiadas en establecimientos educativos, donde recibieron colchones y ayuda alimentaria.
¿Qué es el “gildismo”?
El término “gildismo” hace referencia al movimiento político encabezado por Insfrán, el mandatario de Formosa ininterrumpidamente desde 1995 —más de 30 años en el poder—. Su modelo de gobierno se basa en un férreo control del Estado, alto nivel de empleo público (se estima que el 70% de los empleos en Formosa son estatales), distribución discrecional de recursos y un vínculo clientelar con los sectores más vulnerables, incluidas las comunidades aborígenes.
Este método tiene antecedentes documentados en la misma región. En abril de 2025, en Campo de Cielo (Las Lomitas), cuando comunidades pilagás fueron reprimidas por exigir la apertura de compuertas durante una inundación, el gobierno provincial intentó “solapar la represión”entregando mercadería traída desde la sede del Partido Justicialista en camionetas policiales.
El 7,8% de sus habitantes pertenecen a los pueblos Wichi, Toba y Pilagá. Aunque la provincia tiene una ley indígena pionera desde 1984, organizaciones de derechos humanos advierten que los pueblos originarios viven “una alarmante etapa de negación y exclusión” y que el gildismo solo los contempla “desde un enfoque de pobreza”, sin reconocer su autonomía territorial ni cultural. El desmonte es una problemática que avanza sistemáticamente sobre territorios indígenas, generando desplazamientos forzados y destruyendo las bases de su economía y cultura.
— Mujeres de la Comunidad Nivecle de Tisjucat/Quebrachal.
Igualmente, Formosa se ubica entre las provincias con mayor pobreza del país. De acuerdo con datos de 2021, el 47,4% de su población era pobre y el 15% indigente. Hubo mejoras recientes, cuando el INDEC reportó que Formosa cerró 2025 con un 27.9% de pobreza y 4,6% de indigencia, registrando una caída de 18,3 puntos porcentuales respecto a 2024.
No obstante, estas cifras todavía la catalogan dentro de las más vulnerables del NEA —la región donde se encuentra— promedió un 32.7% de pobreza, por encima del promedio nacional del 28,2%.
A su vez, es una de las cuales depende de gran manera de los fondos nacionales. Entre enero de 2024 y febrero de 2026, la provincia dejó de percibir $1.776.000 por habitante en transferencias de Nación, debido tanto a la caída de la coparticipación federal como a la reducción de fondos discrecionales.
Solo en el primer trimestre de 2026, los recursos coparticipables que recibió Formosa cayeron un 16.6% en términos reales respecto al mismo período de 2025. Esto golpea directamente a los servicios públicos, la obra pública y los salarios estatales, que son la columna vertebral de la economía local.
La mayor parte de la población trabaja en el sector público, ya que el sector privado es débil y las oportunidades laborales son escasas. Esto crea una economía artificial que depende de las transferencias del Estado Nacional para sostenerse, sin generar riqueza productiva propia.
En los primeros días de mayo, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, suspendió por 90 días el programa alimentario MESA, aplicó una suba del 11,6% en las tarifas de colectivos y quedó bajo cuestionamientos por el gasto millonario en pauta oficial.
Mediante la Resolución 842/2026, firmada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, la provincia suspendió el MESA a partir del 1° de mayo de 2026. La decisión, presentada oficialmente como un “reordenamiento del gasto”, afecta directamente a más de 2 millones de familias bonaerenses.
– El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque
El gobierno provincial argumentó que la medida responde a la “caída de transferencias nacionales” y al aumento sostenido en el precio de los alimentos. También aclaró que el Servicio Alimentario Escolar (SAE) continuará funcionando, es decir, los chicos seguirán comiendo en el colegio, pero las familias ya no recibirán la caja mensual para llevar a casa.
La medida generó una fuerte lluvia de críticas incluso dentro del peronismo. Según varios medios, La Cámpora apuntó contra Kicillof y los intendentes peronistas, especialmente de los distritos más golpeados socialmente, mostraron preocupación abierta. Mario Ishii, intendente de José C. Paz, expresó su preocupación por el “colapso” en su distrito. Un grupo de intendentes marchó incluso al Ministerio de Capital Humano de la Nación en busca de la asistencia de Sandra Pettovello.
“En diciembre de 2024 el gobernador quería comprar Aerolíneas Argentinas; en mayo de 2026 suspende la asistencia alimentaria a más de 2 millones de bonaerenses”, comparó la situación con ironía desde la oposición, el diputado bonaerense por la Unión Cívica Radical (UCR) Diego Garciarena.
– El cartel que le dejó Pettovello a los intendentes que le reclamaron
En paralelo, el Ministerio de Transporte provincial confirmó que desde el 4 de mayo de 2026 los colectivos urbanos provinciales (líneas numeradas desde el 200) y municipales aplicaron un aumento en el boleto general.
Este porcentaje resultó notoriamente superior al 5.4% que aumentaron los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires el mismo mes. La diferencia se debe a que la provincia sumó un cargo adicional para compensar la suba de más del 23% en el precio de los combustibles.
Hasta una distancia de 3 kilómetros, la tarifa con SUBE nominada sería de $918. Para recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, el valor asciende a $1.023. En trayectos de 6 a 12 kilómetros, el pasaje costará $1.101, mientras que para distancias de 12 a 27 kilómetros la tarifa será de $1.180. En tanto, los viajes de más de 27 kilómetros tendrán un costo de $1.259.
Para quienes viajan con SUBE sin registrar, los valores se duplican aproximadamente, llegando a más de $2.100 por el tramo mínimo.
La pauta oficial
El elemento polémico de esta discusión es el gasto en publicidad oficial. De acuerdo con un relevamiento periodístico, el Ministerio de Comunicación Pública de la provincia distribuyó $57.565 millones en publicidad oficial durante 2025. Otras fuentes elevan esa cifra a $58.300 millones, con un incremento del 63% real respecto al año anterior.
Los principales medios beneficiados fueron C5N (con $6.970 millones), el Grupo Olmos, Clarín, América y El Destape, entre muchos otros. Esta cifra representa el corazón de la crisis actual, ya que si la provincia dice no tener recursos para sostener el MESA (que costaba entre 28.000 y 30.000 millones mensuales), ¿cómo destinó casi el equivalente a dos meses del programa solo en publicidad a lo largo de 2025?
El MESA nació durante la pandemia de COVID-19, cuando las escuelas cerraron y los comedores escolares dejaron de funcionar. La idea era que si los chicos no podían ir a comer al comedor, que la caja de alimentos llegase a sus casas.
Cuando volvió la presencialidad, el programa no se eliminó sino que se mantuvo como complemento del SAE. En la práctica, consistía en entregar mensualmente una caja o bolsón con alimentos secos a las familias de alumnos en situación de vulnerabilidad que asisten a escuelas públicas bonaerenses. Era, en palabras del propio Kicillof cuando lo lanzó en 2022, “la columna vertebral de la asistencia alimentaria en la provincia”.
Históricamente, el programa costaba el 40% lo financiaba el gobierno nacional, pero desde que asumió el presidente Javier Milei ese aporte se cortó y la provincia debió cubrirlo sola.
El fallecimiento de LuisBrandoni dejó en Mendoza, y especialmente en San Rafael, un dolor con matiz de gratitud. Más allá de su extensa trayectoria en el cine y el teatro, el queridísimo actor dejó una huella concreta en el distrito de Las Paredes: donó parte de un predio familiar para que allí se construyera una escuela secundaria y, en octubre de 2023, viajó hasta el lugar para presidir el acto de imposición del nombre de la institución, a la que eligió llamar “José Domingo Brandoni”, en honor a su padre.
José Domingo Brandoni fue un empleado bancario que adquirió tierras en San Rafael por iniciativa del dueño de la entidad donde trabajaba. A su muerte, en 1985, Luis y su hermano Gerardo heredaron esos terrenos, donde ya vivían decenas de familias en condiciones precarias. Fue entonces cuando los hermanos tomaron la decisión de donar parte del predio con una única condición: que allí se construyeran una escuela, una comisaría y un centro de salud.
El 24 de octubre de 2023, Brandoni llegó al establecimiento 4-245. La comunidad educativa esperaba ese momento desde 2017, cuando inició la búsqueda de una identidad propia. Originalmente, la elección parecía definida: “Luis Brandoni” había sido el nombre más votado entre opciones como “Los Carolinos” o “El Chañaral”. Sin embargo, fue el propio actor quien cambió el rumbo con un gesto que marcó el espíritu de la jornada.
“Cuando me plantearon poner mi nombre, razoné que no había hecho méritos suficientes para semejante honor. Por eso propuse el de mi papá”, confesó, visiblemente conmovido, durante el acto. Y agregó: “Mi padre se merece este reconocimiento porque fue un hombre de bien, un hombre decente, que quiso mucho a San Rafael”.
Viviana Pizarro, directora de la institución en aquel entonces, describió el largo camino que llevó al bautismo del colegio y el impacto que tuvo la conversación con el actor. “Nos contó la historia de su familia y manifestó que lo más justo sería que el nombre fuera el de su papá. La comunidad aceptó de inmediato”, recordó la docente.
Hoy, la Escuela José Domingo Brandoni funciona como el testimonio vivo de una decisión familiar que cambió el futuro de una comunidad.
La última sesión del Concejo Deliberante de Villa Gesell terminó en un escándalo que dejó al descubierto, con fuerza inusitada, las tensiones políticas acumuladas en ese municipio de la costa bonaerense. Al menos tres concejales de la oposición fueron agredidos dentro del recinto y en las inmediaciones del edificio luego de que la totalidad del bloque votara en contra del presupuesto municipal 2026 impulsado por el intendente kirchnerista Gustavo Barrera, quien gobierna la localidad desde 2014.
Lo que ocurrió después quedó registrado en videos que circularon en redes sociales y provocó repudio inmediato de dirigentes del PRO y de La Libertad Avanza.
Según relataron los propios afectados, una vez consumada la negativa, militantes kirchneristas vinculados al sindicato de trabajadores municipales y al Sindicato de Camioneros irrumpieron en el recinto. Hubo insultos, empujones y golpes. A la concejal Clarisa Armando le arrojaron una botella. El concejal Luis Vivas también resultó golpeado.
Armando fue atacada también afuera del Concejo en circunstancias que describió como particularmente graves. “Tuve que salir a acompañar a una de las concejales que se descompensó a la ambulancia. Nos atacaron físicamente, no solo a nosotras, sino al personal de salud que se había hecho presente para asistir a la concejal”, detalló.
– Gustavo Barrera
Esta escena involucró agresiones directas a una médica, una enfermera y un ambulanciero que simplemente intentaban asistir a una funcionaria con una descompensación.
La sesión se desarrolló “en un marco de mucha violencia convocada por el intendente, los funcionarios y el sindicato de Camioneros” desde antes de que comenzaran las agresiones. Los ediles opositores, que especularon que la jornada sería picante más no que escalara de esa manera, señalaron que las autoridades del Concejo no actuaron en ningún momento para contener la situación: “La presidenta del Concejo, en ningún momento pidió la intervención de la Secretaría de Seguridad ni de la Policía. La poca fuerza policial que estaba presente la habíamos solicitado nosotros. Abrieron todas las puertas, dejaron que entraran, dejaron que pudiéramos salir sin protección. Realmente liberaron para que esto pasara”.
Como se dijo, el trágico episodio sucede a raíz de la discusión en torno al presupuesto municipal 2026: ascendía a 64 millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar el municipio hasta entonces.
El documento público “disparaba las tasas municipales a un 80%, aumentaba el gasto público, creaba nuevas secretarías y el impuesto a la nafta”. En concreto, incorporaba seis nuevas áreas dentro de la estructura municipal en un momento en que “todo el país está achicando en gastos y achicando las plantas políticas”. El 68% de ese presupuesto estaba destinado al pago de salarios.
La oposición no llegó al rechazo de un día para otro. La propuesta presupuestaria auspiciada por el intendente venía resistiendo su aprobación desde noviembre del año pasado, cuando los concejales de la composición saliente se negaron a dar quórum. Desde el PRO local la exigencia fue la eliminación de los nuevos cargos y aumento cero de tasas municipales. “En los últimos tres años aumentó un 168% por encima de la inflación”, señaló Armando.“Nosotros tenemos una de las tasas más caras de la provincia de Buenos Aires. Tenemos las habilitaciones comerciales más caras de la provincia de Buenos Aires”. Otra parte de la oposición pedía al menos contener el aumento al 25%. Pero el texto que llegó al recinto no incorporó ninguna de estas modificaciones.
Uno de los elementos más perturbadores de la sesión fue la revelación pública de dos datos que la oposición había ido construyendo con la información disponible. El primero involucra a los empleados municipales: el presupuesto rechazado contemplaba 2.600 cargos, mientras que el municipio declara formalmente tener 1.700. La diferencia de 900 personas corresponde a empleados que cobran sueldo pero que nadie puede ubicar físicamente. “No sabemos a dónde están”.
– Edición Nº 30219 del Boletín Oficial de PBA, jueves 16 de abril de 2026
El Tribunal de Cuentas, en paralelo, ya había observado inconsistencias en la planta municipal. En la rendición 2024 detectó 2.680 cargos aprobados frente a 3.256 ocupados (una diferencia de 576), confirmó el reparo por falta de depuración de agentes y aplicó sanciones al intendente y a funcionarios del área.
El segundo dato tiene que ver con la deuda flotante del municipio. Armando la describió como el dinero que el municipio gasta “como si fuera con tarjeta de crédito”. Esa cifra pasó de 1.000 millones de pesos a 9.000 mil millones en “los últimos tres años” y representa actualmente el 20% del presupuesto total.
La oposición dijo que lleva años reclamando acceso actualizado al RAFAM, el sistema informático que permite a los concejales monitorear en tiempo real los gastos del municipio. El acceso nunca fue garantizado de forma plena. “El ocultamiento del dato es parte de esta gestión” sentenció Armando.
La presencia del sindicato de Camioneros en la violenta sesión tiene una historia propia que la concejal develó en detalle. El gremio del clan Moyano habría hecho campaña por Barrera en 2023 para conseguirle los votos que le faltaban bajo la promesa de mantener el contrato del servicio de barrido de la ciudad. Barrera, ya reelecto, recortó ese servicio.
Según trascendió, el intendente habría intentado trasladar la responsabilidad de ese incumplimientocomunicándole a los dirigentes del sindicato, “en la última reunión que tuvieron”, que el motivo era el rechazo al presupuesto por parte de los concejales opositores.
Esa maniobra explicaría el por qué la protesta del sindicato terminó dirigida contra el Concejo Deliberante y no contra el despacho del intendente.
REPUDIOS
El PRO local fue el primero en articular una respuesta pública. “El oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto”, sostuvo el partido en un comunicado, y añadió: “Les pegaron adentro del recinto. Le patearon la ambulancia a otra concejal que se descompensó. Eso es lo que hacen cuando pierden”.
El PRO bonaerense también expresó su repudio y habló de una “patota” que habría actuado dentro del recinto.
La Libertad Avanza, por su parte, calificó lo ocurrido como de “gravedad institucional inaceptable” y advirtió que “no se trató de un hecho aislado, sino de una expresión más de un modelo que, cuando es cuestionado, responde con aprietes en lugar de argumentos”. Dirigentes de ambos espacios exigieron que se identifique y sancione a los responsables.
Armando construyó una lectura que va más allá del episodio puntual. Barrera viene gobernando ininterrumpidamente desde 2014, siempre con mayoría en el Concejo. Recordó que “es un intendente que viene aprobando presupuestos tras presupuestos porque tenía mayoría”. La violencia del lunes, dijo, no fue una anomalía sino una consecuencia lógica de ese esquema de poder: “Es el resultado de un modelo de gestión que cuando no consigue lo que quiere actúa de esta manera, con la violencia. Éste es el modelo kirchnerista que los resultados son como ellos quieren o son a la fuerza”.
La gravedad del episodio se vio amplificada por la dimensión personal de las amenazas. En un municipio de escala reducida el anonimato no existe. “Hubo amenazas. En Villa Gesell vivimos 45.000 habitantes, que nos conocemos todos, que al día siguiente salimos a la calle y saben dónde vivimos, nos encontramos en el súper, en la carnicería”.
La concejal no dejó margen para la ambigüedad respecto de su posición: “No vamos a claudicar: no le tenemos miedo”, escribió en redes sociales.
La narrativa de la escasez que Jorge Milton Capitanich cultivó durante décadas se desmorona ante la frialdad de los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Mientras el exgobernador chaqueño aseguraba públicamente no poseer ni casa ni auto, los registros de la Central de Deudores revelan la existencia de una estructura empresarial de gran escala: Capitanich Agropecuaria SAS.
Esta firma protagoniza un escándalo financiero de proporciones sistémicas: según los datos oficiales consultados por esta redacción, la empresa acumula aproximadamente 180 cheques rechazados por falta de fondos.El monto del incumplimiento es estrepitoso: la deuda asciende a casi 3 mil millones de pesos, dejando un tendal de proveedores y acreedores en el sector agroindustrial del NEA.
Este descalabro no es sólo contable; es un patrón de poder expuesto. La utilización de una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) —formato diseñado para la agilidad comercial— terminó convirtiéndose en el vehículo de un colapso que la actual gestión provincial ya utiliza para contrastar la realidad patrimonial de quien, hasta hace poco, manejaba los destinos del Chaco.
El análisis técnico de la Central de Deudores del Banco Central permite desmenuzar un fenómeno de morosidad récord. Capitanich Agropecuaria SAS no sólo integra la lista de morosos, sino que muestra una aceleración de incumplimientos que se intensificó durante el último año. El volumen de cheques “rebotados” inhabilita de facto el CUIT de la firma para cualquier operación comercial futura.
Lo que vuelve este caso un hecho político ineludible es la dualidad de los registros financieros de Jorge Milton Capitanich. Mientras su estructura empresarial se encuentra en una situación de irregularidad severa, sus compromisos bancarios como persona física —que oscilan entre los 18 y 24 millones de pesos este año— se mantienen bajo la calificación de “Situación 1”; es decir, el exgobernador cumple con sus deudas personales mientras su brazo agropecuario deja un tendal de documentos sin fondos en el mercado.
Este descalabro financiero se inserta en un contexto crítico para el sector en el NEA, donde el rechazo de cheques ha vuelto a niveles de la pandemia, con más de 175.000 documentos rebotados en el primer bimestre de 2026. Sin embargo, la responsabilidad de la SAS de Capitanich queda bajo la lupa por la magnitud de su pasivo, una maniobra que suele ejecutarse bajo la expectativa de cobrar cosechas que nunca llegaron a cubrir los compromisos.
El ranking del desplome en el NEA
La situación de Capitanich Agropecuaria SAS adquiere una dimensión aún más escandalosa cuando se la compara con la crisis de pagos que asfixia a otras provincias de la región, como Misiones. Informes recientes del sector yerbatero exponen un “festival de cheques rechazados” que golpea a cooperativas y empresas con décadas de trayectoria. Sin embargo, los números de la firma del exgobernador chaqueño logran lo impensado: superar en volumen de deuda a los casos más críticos del sector misionero.
Mientras empresas yerbateras de peso como la Cooperativa Agrícola Km 16 o Yerbatera Lewtak registran deudas abultadas (con pasivos de entre 1.700 y 1.854 millones de pesos), la empresa de Capitanich las sobrepasa cómodamente con sus más de 2.800 millones de pesos en documentos sin fondos. El contraste es total: mientras el sector productivo del NEA intenta sobrevivir a deudas millonarias en medio de una crisis de liquidez y retrasos en las cosechas, la estructura vinculada al poder político chaqueño encabeza el ranking del descalabro financiero en el noreste argentino.
El patrón del poder en Chaco
El colapso de Capitanich Agropecuaria SAS no es un hecho aislado, sino que parece formar parte de un engranaje donde los intereses privados y el ejercicio del poder público se desdibujan. El perfil de la familia Capitanich en el sector agroindustrial ya contaba con antecedentes polémicos: su hermano, Héctor Wiliam Capitanich, también ha enfrentado deudas millonarias con el Nuevo Banco del Chaco, consolidando un patrón de beneficios financieros y posteriores incumplimientos que hoy se repite con el exgobernador.
La actual gestión provincial, liderada por Leandro Zdero, ha puesto la lupa sobre una coincidencia temporal inquietante. Mientras la empresa de Capitanich acumulaba este tendal de cheques rechazados, la administración saliente emitía documentos diferidos por 3.500 millones de pesos apenas días antes de dejar el mando en diciembre de 2023. A esto se suma la investigación por el presunto uso discrecional de Aportes No Reintegrables para favorecer a socios y aliados políticos antes de la transición.
Hasta el momento, el silencio es la única respuesta oficial. El hombre que solía dar cátedra sobre macroeconomía en redes sociales y criticar la gestión ajena, hoy evita explicar cómo su propia firma agropecuaria pudo emitir casi dos centenares de documentos sin fondos. La “bomba” financiera en el Chaco ya estalló, y las esquirlas apuntan directamente a la contradicción final de un relato que pregonó la heladera vacía mientras operaba cajas millonarias en las sombras.
La primera impugnación formal contra el cobro de multas para recuperar los costos de los operativos por amenazas escolares fue presentada por Rodolfo Mingarini, un exjuez destituido por unanimidad tras liberar a un hombre luego condenado por violación, al poner en duda el ataque porque el agresor “se había tomado el tiempo de ponerse el preservativo”.
Desde la oposición, exigen que se publiquen los haberes de los funcionarios y responsabilizan al intendente por el deterioro financiero del municipio. Se señaló que él y otros funcionarios cobrarían “sumas extra por función”.
Gremios, usuarios y familiares de víctimas pidieron declarar la emergencia vial y apuntaron contra el recorte presupuestario, la pérdida de personal técnico, la paralización de obras y el avance de concesiones por peaje como salida oficial frente a la crisis.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
