“EL KIRCHNERISMO NO EXISTE” | Polémica frase de un Gobernador K , luego de la derrota de Capitanich
El mandatario provincial que pidió las cabezas de los jueces que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, se apartó de su militancia y dio como muerto a su propio espacio.
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Los resultados de las elecciones de Chaco de este domingo lograron sorprender a los dirigentes de Unión por la Patria que, a pesar de las encuestas desalentadoras, buscaban dar vuelta los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y dar con un cuarto mandato de Jorge “Coqui” Capitanich. Con ese espíritu colisionado contra el triunfo de Leandro Zdero, el gobernador La Rioja, Ricardo Quintela, salió a cuestionar duramente al oficialismo y aseguró que “ya no existe”.
“Se naturalizó el tema del mensaje del odio. El kirchnerismo no existe, la misma Cristina (Kirchner) lo dice. Es un espacio político que hoy conduce al peronismo”, aseveró el mandatario provincial que actualmente conduce una dura campaña de desprestigio contra la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.
Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja por el Partido Justicialista
Bajo esas líneas y en un intento de captar a los votantes del oficialismo decepcionados, agregó: “Es más, ni siquiera diría que es kirchnerismo, simplemente hay un peronismo conducido por Alberto Fernández“.
“Esperemos que la sociedad en la situación difícil que está atravesando, tenga la posibilidad de poder hacer una evaluación correcta. La situación, en concreto, es que nosotros tenemos que hacernos cargo siempre de los desastres que nos dejan otros. Pasó en el 2001, pasó en el 2019, nos hacemos cargo y nadie ni siquiera valora la actitud que tiene el Movimiento Nacional Justicialista o al Frente de todos en su momento”, añadió.
El mandatario provincial también se hizo presente en el último gran acto de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo
Por último, el riojano señaló que la candidatura a presidente del actual ministro de Economía representa lo mejor para Unión por la Patria: “A Sergio Massa lo veo mucho más sólido y con mucho optimismo. Lo veo como un protagonista del balotaje”.
“Es el único candidato que tiene una propuesta y toma decisiones en políticas activas muy fuertes. Eso es muy importante para el alivio de todas las familias argentinas, básicamente en el sector medio y en el más vulnerable”, concluyó.
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Antes del finde largo, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció el envío a la Legislatura provincial del proyecto de adhesión a la Ley Nacional 27.786 de Organizaciones Criminales, popularmente conocida como “Ley Antimafia”, y confirmó la creación por decreto de la Mesa de Desfederalización del Narcomenudeo.
La decisión del ejecutivo se produjo luego del megaoperativo realizado durante la madrugada del pasado viernes en Comodoro Rivadavia, en el marco de la investigación por el doble homicidio ocurrido el 22 de abril, cuyas víctimas fueron Rodrigo Nieves y AgustinaAsencio, una trabajadora del natatorio municipal que, según medios locales, había conocido a Nieves apenas diez días antes y era ajena al conflicto investigado.
El procedimiento incluyó 16 allanamientos simultáneos en distintos sectores de la zona norte y sur de la ciudad. Según la información oficial, la Policía del Chubut logró detener a tres sospechosos, entre ellos dos presuntos coautores vinculados directamente al doble homicidio. Además, se secuestraron elementos clave para la causa, entre ellos armas de fuego, municiones y el vehículo presuntamente utilizado durante el ataque.
Torres destacó el trabajo de la fuerza policial y afirmó: “la semana pasada dijimos que queríamos presos a los Vera y a los Nieves, dos familias que desde hace décadas vienen atemorizando a los comodorenses”. Luego agregó: “hoy, gracias al trabajo de nuestra fuerza policial, detuvimos a los implicados en el doble homicidio ocurrido hace pocos días”.
El mandatario también confirmó la detención del presunto autor del homicidio de Ariel Cardozo, ocurrido el 5 de octubre de 2025 en una estación de servicio de Comodoro Rivadavia. El sospechoso permaneció prófugo desde sucedido el hecho.
De acuerdo con la información difundida, la investigación avanzó a partir de una labor de inteligencia realizada por la División Policial de Investigaciones (DPI), que permitió identificar a los presuntos coautores del doble crimen y localizar el vehículo usado en el ataque. Luego, el Ministerio Público Fiscal solicitó los allanamientos y las detenciones correspondientes.
En ese contexto, Torres sostuvo que las nuevas herramientas apuntaron a fortalecer la capacidad del Estado provincial frente a organizaciones delictivas y evitar que los detenidos recuperen rápidamente la libertad. “No alcanza con detenerlos: necesitamos que sigan presos, que no salgan en pocos meses y que el resto de los implicados y autores intelectuales tampoco”.
La adhesión a la Ley Antimafia fue presentada por el Ejecutivo provincial como una medida para combatir organizaciones criminales complejas, endurecer penas, ampliar herramientas de investigación y abordar estructuras delictivas de manera integral.
Desde el Gobierno de Chubut señalaron que la iniciativa buscó otorgar mayores facultades a fiscales y fuerzas de seguridad frente a bandas vinculadas al narcotráfico, homicidios, extorsiones y otros delitos organizados.
“Son herramientas fundamentales para que estas familias estén donde tienen que estar, que es en la cárcel”. Torres remarcó además que la adhesión permitió avanzar en una mayor coordinación entre la Justicia federal y provincial, especialmente en causas con conexiones entre el narcomenudeo y hechos de violencia extrema.
La Mesa de Desfederalización del Narcomenudeo, creada por decreto, tuvo como objetivo coordinar acciones para que la Justicia provincial interviniera de manera más directa en delitos vinculados a la venta minorista de drogas. Según el Ejecutivo la medida buscó “descomprimir el sistema federal” y “agilizar investigaciones” relacionadas con el narcotráfico urbano.
Desde el Gobierno provincial sostuvieron que la desfederalización permitió acelerar allanamientos, investigaciones y procesos judiciales vinculados con kioscos de droga y estructuras barriales asociadas al delito organizado, una problemática que en los últimos años mostró un fuerte crecimiento en distintas ciudades de la provincia patagónica.
Un senador de Entre Ríos presentó formalmente un proyecto para crear un registro oficial de objetos voladores no identificados (OVNIs) en la provincia. Aunque suena a chiste, el proyecto tiene lógica política, histórica y hasta geográfica bien fundada y llega en un momento en que el mundo entero está hablando del tema.
Víctor Sanzberro es senador provincial peronista por el Departamento Victoria. El 27 de mayo de 2026, presentó ante el Senado entrerriano el proyecto número 15.702, que propone crear el Programa Provincial de Registro de Fenómenos Anómalos (PRFA). El texto ya tomó estado parlamentario y fue remitido a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Senado provincial.
El proyecto está en comisión, presidida por el médico y senador peronista Martín Oliva. Para convertirse en ley, deberá ser debatido y aprobado por el pleno del Senado entrerriano. Por ahora, el texto abrió el debate y generó repercusión nacional e internacional.
— Víctor Sanzberro propone la creación del PRFA
El objetivo central del programa es “recibir, registrar, analizar y preservar de forma sistemática los reportes de objetos o fenómenos no identificados en el espacio aéreo, terrestre o en los cursos de agua del territorio entrerriano”. Es decir, cualquier ciudadano, piloto, navegante, policía o profesional podría reportar un avistamiento extraño de forma oficial.
El proyecto contempla varios ejes concretos. Entre ellos, prevé la puesta en marcha de un sistema digital y telefónico para recibir denuncias, con confidencialidad absoluta y reserva de identidad para quienes aporten información. Además, establece la designación de un responsable por parte del Poder Ejecutivo provincial para coordinar el programa, junto con la creación de un consejo consultivo honorario integrado por siete personas, entre investigadores reconocidos, representantes de la sociedad civil y especialistas en aviación y náutica.
La iniciativa también sostiene que su implementación no implicará la creación de nuevas estructuras burocráticas ni la generación de gastos adicionales, ya que se apoyará en recursos ya existentes.
— El Museo del Ovni ubicado en Victoria, Entre Ríos
La idea de proteger la identidad de quienes reporten no es poca cosa, ya que el argumento es que pilotos, controladores de tráfico aéreo y policías suelen evitar reportar avistamientos por miedo a burlas o a consecuencias profesionales.
El proyecto no surge de la nada. Sanzberro representa a Victoria, una ciudad entrerriana que es referente mundial de la ufología. La localidad tiene un Museo del OVNI fundado por las investigadoras Silvia y Andrea Pérez Simondini a partir de los avistamientos ocurridos en la zona desde los años 90’s. El equipo Visión OVNI, radicado allí, lleva más de 30 años investigando el fenómeno.
La geografía de la zona juega un rol central. Entre Ríos posee “vastas extensiones de cielo y agua” que incluyen el río Paraná, su delta y el río Uruguay, lo que la convierte según Sanzberro en un territorio con características especiales para este tipo de reportes. De hecho, el legislador propone que Victoria sea la sede del programa provincial.
El contexto mundial que le da importancia
El proyecto nace en pleno furor global por los fenómenos anómalos no identificados (UAP). El 8 de mayo de 2026, el Departamento de Guerra de Estados Unidos inició la desclasificación histórica de archivos gubernamentales sobre OVNIs, por orden del presidente Donald Trump, quien había anunciado en febrero de 2026 que ordenaría “identificar y liberar” archivos relacionados con vida extraterrestre y UAP.
Sanzberro también citó en su fundamentación que Brasil, Chile y Uruguay ya tienen programas oficiales de seguimiento de fenómenos anómalos. A nivel nacional, la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina (CEFORA) lleva años trabajando en la desclasificación de documentos oficiales usando la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública. También mencionó a América Latina para Aeroespacios Seguros (ALAS), organización regional presidida por el piloto Pablo Ducau.
— Archivo norteamericano muestra un “faro luminoso” sobre la superficie lunar vista desde el sitio de alunizaje del Apollo 12
El propio Sanzberro anticipó las críticas con su argumento central: “Este proyecto no se trata de creencias, sino de transparencia y derecho a la información”. En otras palabras, no está pidiendo que el Estado crea en extraterrestres, está pidiendo que el Estado organice los reportes que de todas formas ya ocurren, especialmente entre profesionales aeronáuticos y náuticos.
Desde la ufología argentina lo vieron como “un avance increíble”, siendo que la CEFORA y ALAS respaldaron la iniciativa y la consideraron un antecedente para avanzar a nivel nacional. El proyecto también pone en el debate algo que Estados Unidos tardó décadas en hacer: dar un canal oficial y sin estigma para que quienes reportan fenómenos inexplicados no sean tratados como locos.
La Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) concluyó el mega operativo simultáneo en varias villas y asentamientos de Buenos Aires para hacer controles, allanamientos y clausuras. Según las coberturas oficiales, el objetivo fue frenar delitos como narcomenudeo, armas ilegales, vehículos con pedido de secuestro y comercios irregulares.
“Vamos a impedir que la ciudad se parezca a lo peor del conurbano”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Más de 1.500 uniformados formaron parte del procedimiento, entre dos helicópteros, un vehículo blindado, drones y fuerzas especiales, de acuerdo con lo trascendido. La aglomeración policialcomenzó pasadas las 7 de la tarde y se registraron al menos 27 personas y la clausura de 25 comercios.
Los lugares alcanzados incluyeron villas y barrios como 31, 1-11-14, 21-24, Zavaleta, Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrio 15, INTA-Bermejo, Padre Múgica, Cildañez y Barrio Mitre. La novedad no fue solo la cantidad de personal, sino la simultaneidad, siendo que la idea fue actuar en muchos puntos a la vez para evitar que los grupos delictivos se lograsen reacomodar.
El operativo apuntó a tres frentes. El primero y más importante, fue capturar personas con pedido de detención, desactivar puntos de venta de droga y revisar vehículos y comercios sospechosos. En los primeros minutos de la misión, incluso se reportó el hallazgo de armas cortas y dosis de cocaína listas para la venta minorista.
Además del componente policial, hubo una parte de “ordenamiento urbano”, con retiro de autos abandonados, control de chatarrerías, inspección de locales, clausuras y limpieza de espacios ocupados de forma irregular. Eso muestra que el gobierno porteño no lo planteó solo como un operativo contra el delito, sino también como una intervención sobre el espacio público.
El nombre elegido por el Ministerio de Seguridad porteño para este despliegue fue el de “Tormenta Negra”. Jorge Macri lo presentó como algo “sin antecedentes en la Ciudad” y lo vinculó con la necesidad de “orden” y “seguridad”. En sus declaraciones, sostuvo que no quieren que el delito de la provincia, administrada por el gobernador Axel Kicillof, se instale en la Ciudad y dijo que van a perseguir a quienes “vengan de afuera a molestar a los porteños”.
En la Villa 31, en el barrio porteño de Retiro, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, marcó con aerosol uno de los puntos detectados como búnker de venta de drogas. Al señalar la fachada de la vivienda con una cruz roja, destacando que en el lugar “tenían dosis listas para la venta y armas”. Luego de los operativos, personal porteño levanta una pared interior para impedir que la casa vuelva a ser ocupada por narcos y que el punto de venta retome su actividad.
En la villa 31 fueron detenidas cinco personas por infracción a la Ley 23.737, que sanciona la tenencia, el tráfico y la comercialización de estupefacientes. Asimismo, durante los procedimientos se secuestraron envoltorios con marihuana y pasta base, además de teléfonos celulares y armas de fuego. En paralelo, por distintas infracciones de tránsito, las autoridades secuestraron 14 motocicletas y cinco automóviles por falta de documentación.
Además del búnker narco clausurado en la Villa 31, el operativo previó medidas similares en otros tres puntos identificados como centros de comercialización de drogas. Los inmuebles destacados estarían ubicados en las villas 15, Zavaleta y Fraga.
Desde el Gobierno porteño señalaron que estos procedimientos especiales orientados a la prevención del delito se incorporan a los operativos de control que ya se desarrollan en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. En ese marco, precisaron que durante los últimos ocho meses fueron inspeccionados 110.000 vehículos y 123.000 personas en los puntos de ingreso y egreso del territorio porteño, tanto en la avenida General Paz como en los puentes que atraviesan el Riachuelo.
En esos controles aleatorios de identidad fueron detenidas 98 personas con pedidos de captura vigentes por delitos como robo, hurto, lesiones, encubrimiento, desobediencia y resistencia a la autoridad. Además, las autoridades informaron que se labraron 15.000 infracciones a conductores de vehículos.
Más tarde, durante una entrevista con el medio de LN+, Jorge Macri aseguró que se trata del primer operativo de control realizado en las villas porteñas y se remarcó que “en la Ciudad tiene que haber orden y no se puede construir en cualquier lado”.
A la medianoche, felicitó al ministro de Seguridad porteño, al secretario de Seguridad Maximiliano Piñeiro, al jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló y a los efectivos que participaron del operativo. A través de un mensaje, agradeció “el compromiso, el esfuerzo y el trabajo que hacen todos los días para que la ley se cumpla y el orden se respete”.
El jueves de la semana pasada, la Policía del Chubut secuestró ochoteléfonos celulares y envoltorios con sustancias ilícitas durante una requisa en la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia. El procedimiento se concentró en el pabellón N°9 del establecimiento, donde los efectivos hallaron los elementos ocultos en distintas celdas.
El operativo se inscribió en el plan de controles permanentes impulsado por el Gobierno del Chubut para combatir el delito dentro de las unidades de detención. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, la requisa apuntó a desarticular maniobras delictivas que se organizan desde el interior de los penales, en particular estafas, amenazas y extorsiones cometidas a través del uso ilegal de dispositivos móviles.
El procedimiento se concretó días después de que la Legislatura del Chubut aprobara por amplia mayoría la ley impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, que prohíbe el uso de celulares y dispositivos móviles por parte de los presos en los establecimientos penitenciarios provinciales.
La normativa quedó alineada con la legislación nacional vigente. Las autoridades de la provincia explicaron que el objetivo central de la ley pasa por proteger la seguridad pública, fortalecer los mecanismos de control en las cárceles y garantizar un régimen de comunicaciones supervisadas que respete los derechos humanos de los internos.
SE TERMINÓ LA JODA EN LAS CÁRCELESMientras algunos defendían privilegios para los presos, nosotros avanzamos con una ley para sacarles los celulares y cortar de raíz las estafas, amenazas y extorsiones que se coordinaban desde adentro de las cárceles.Ayer, en una requisa en… pic.twitter.com/2Hw67TZXQT
Desde el Ministerio de Seguridad y la Policía del Chubut precisaron que los procedimientos de requisa continuarán de manera constante en todas las unidades de detención de la provincia.
Darián Maximiliano G., el adolescente de 17 años que en marzo de 2024 asesinó al playero Bruno Bussanich cuando tenía apenas 15, volvió a quedar tras las rejas. La Policía de Santa Fe lo detuvo durante la madrugada del domingo en Rosario, junto a otros dos jóvenes, acusado de portación de arma de fuego de guerra.
Hoy, la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena le dictó prisión preventiva por 60 días.
El operativo se desarrolló alrededor de las 5.30 AM. Agentes del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar tras una denuncia por detonaciones de arma de fuego e interceptaron a tres sospechosos. Junto a Darián G. quedaron demorados Sergio Leonel F., también de 17 años, y Laureano Ángel R., de 20.
Durante la requisa los efectivos secuestraron una pistola Bersa calibre .380 con un cargador colocado y municiones adicionales. El mayor del grupo llevaba el arma cargada con nueve cartuchos y en uno de sus bolsillos otros doce.
Aguirre Guarrochena imputó a Darián G. como coautor del delito de portación de arma de fuego de guerra y dispuso su prisión preventiva hasta el 17 de julio próximo. Mientras tanto, el delincuente permanecerá alojado en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, con participación de la Dirección de Intervención Interdisciplinaria.
El nombre de Darián G. quedó marcado a fuego en la historia reciente de Rosario por el crimen de Bussanich. El 9 de marzo de 2024, el joven playero de 25 años murió de tres disparos mientras trabajaba. El homicidio quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y se inscribió en la ola de narcoterrorismo que sacudió a Rosario en esos meses.
Tras varios días de búsqueda intensa los investigadores identificaron al autor material: un menor de 15 años. La pesquisa, a cargo de los fiscales Adrián Spelta y Patricio Saldutti, determinó que el homicidio fue ordenado desde la cárcel de Coronda por un preso que se comunicaba mediante videollamadas con personas fuera del penal y con el propio adolescente que ejecutó el ataque.
El propio acusado confesó que cometió el asesinato por encargo del narco apodado “Chuky Monedita” y que recibió un pago de 400.000 pesos. También aseguró que tenía la orden de dispararle “a cualquiera” y que mató a Bussanich porque fue la primera persona con la que se topó. Los investigadores, además, lo sindicaron como autor material del asesinato de dos taxistas ocurrido antes del crimen del playero.
Como al momento del homicidio tenía 15 años, Darián G. era inimputable. Quedó a disposición de un juzgado de menores e ingresó a un programa de protección de testigos. La Justicia dispuso entonces su traslado fuera de la provincia, medida que el joven nunca cumplió.
Su nombre ya había reaparecido en otra causa penal antes del operativo del fin de semana. En noviembre de 2025, la Policía de Santa Fe volvió a detenerlo en Rosario con droga empaquetada para la venta entre sus pertenencias y la Justicia lo puso nuevamente a disposición.
El caso Bussanich tuvo también su lamentable capítulo político. Pocos días después del asesinato del playero, el senador peronista Marcelo Lewandowski cosechó repudio al referirse al autor del crimen en plena sesión donde se debatía el mega DNU del presidente Javier Milei. “No hay una cultura de estos chiquitos, de estos jóvenes, que la piensan a 20, a 25 años, y saben que su vida está en plazo fijo. No les interesa”, afirmó el legislador de Unión por la Patria en la Cámara Alta. Y agregó: “¿Sabe cómo iba vestido el chiquito que mató al playero? Iba en pantuflas y medias, y salió corriendo y se subió a un auto. No estamos hablando de grupos comando que atacaron. Estamos hablando de jóvenes que están jugados en la vida y que no les importa, ni vale la vida de ellos, ni mucho menos la que tienen en frente”.
Las declaraciones del legislador kirchnerista, que en su momento romantizaron el delito, volvieron a circular tras esta nueva captura.
Un grupo de agentes del Complejo Penitenciario Federal VI (CPF VI) de Luján de Cuyo, Mendoza, denuncian que trabajan en condiciones que violan derechos laborales básicos. Cuentan con equipos de seguridad vencidos, instalaciones insalubres, jornadas extendidas sin pago y sin comunicación con el exterior durante sus guardias.
“Nuestras familias no saben si estamos vivos o muertos durante la guardia”, destacaron los propios agentes al medio Realpolitik.
Uno de los puntos más graves esla afirmación del uso de chalecos antibalas con más de diez años de vencimiento. Esto no es un detalle menor, según la normativa de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), la vida útil de un chaleco antibalas es de exactamente cinco años desde su fabricación. Pasado ese plazo, el chaleco no solo pierde su garantía de protección balística, sino que la propia normativa establece que debe ser destruido de forma definitiva.
Usar un chaleco vencido implica que, ante un disparo o ataque con arma blanca, el agente podría no estar protegido en absoluto, aunque crea que sí lo está. Esta misma problemática ya fue documentada en Ecuador en 2024, donde agentes mostraron públicamente chalecos con placas vencidas desde 2014, y una agente resultó herida de bala porque la protección falló.
En Argentina, el Decreto 455/2025 reconoció explícitamente la necesidad de “mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios penitenciarios”, lo que sugiere que el gobierno nacional sabe que el problema existe.
Las “garitas” o puestos de guardia donde los agentes pasan hasta 12 horas seguidas son descritas como “madriguera de roedores”, junto a olores cloacales y condiciones sanitarias extremas. Esto no es únicamente del CPF VI. La Procuración Penitenciaria ya emitió recomendaciones sobre “malas condiciones de mantenimiento, limpieza y riesgo eléctrico” en distintos penales federales. Al cierre de 2025, el Servicio Penitenciaria Federal (SPF) alojaba 12.137 personas para una capacidad de 11.536 plazas, lo que representa un 5% de sobrepoblación a nivel nacional que presiona toda la infraestructura.
El personal señala que cumple recargos de 12 horas sin cobrarlos. Un “recargo” en el lenguaje penitenciario es una extensión de la jornada normal de guardia, que debe abonarse como horas extra. La acusación de impago de recargos ya se habría dado en enero de 2026, donde trabajadores de la Unidad 1 de Coronda (Santa Fe) también expusieron “recargos permanentes sin que se efectivicen los pagos correspondientes”. Se trata de un patrón sistémico en el SPF, conducido actualmente por el inspector general Fernando Martínez, director nacional del organismo allanado en el marco de una investigación por presuntos vínculos con una empresa acusada de suministrar comida en mal estado a los internos.
“El olor a cloaca es tan insoportable que no se puede respirar, pero nos obligan a quedarnos ahí 12 horas. Tememos morir de hantavirus o cualquier infección antes que por un disparo”, subrayaron.
Las radios están en mal estado y los celulares personales están prohibidos durante el servicio. En un entorno de alta peligrosidad —el CPF VI aloja, entre otros, a internos provinciales considerados de alto riesgo— la falta de comunicación confiable es un riesgo de vida directo, lo que derivó en una presentación judicial ante el ministerio de Seguridad, que conduce la funcionaria Alejandra Monteoliva.
El CPF VI fue inaugurado el 31 de octubre de 2018 por el entonces ministro de Justicia Germán Garavano y el gobernador Alfredo Cornejo, bajo el slogan de que era “la primera cárcel federal construida en siete años.” Fue presentada como una unidad modelo, con 34.000 m² de superficie, capacidad para 1.072 plazas, sectores educativos, laborales y de visita, y los “más altos estándares en condiciones de habitabilidad”. Su apertura respondía a una crisis de superpoblación histórica en el sistema carcelario.
No obstante, ya en 2022 la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) detectó que el complejo alojaba 683 personas, casi el doble del cupo oficial de 357. Para meter a más presos sin infraestructura adecuada aún cuando parte de las instalaciones no estarían finalizadas, se instalaron camas cucheta sin ampliar servicios ni actividades. En 2025, el CPF VI de Mendoza fue uno de los complejos donde más creció la población carcelaria a nivel federal, según la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).
Por su parte, el SPF atraviesa una reestructuración bajo el gobierno del presidente Javier Milei. El Decreto 455/2025 reformó su estatuto para “modernizar la fuerza” y “mejorar las condiciones de trabajo”. Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad entonces bajo administración de Patricia Bullrich tomó medidas que priorizaron el régimen disciplinario hacia los presos (como la Resolución 429/2025 sobre trabajo carcelario), pero las denuncias de los propios oficiales muestran que las condiciones del personal no mejoraron en paralelo.
La ministra de Capital Humano se reunió con el Sumo Pontífice tras una semana de encuentros sobre educación, empleo e inteligencia artificial. La eventual visita papal a la Argentina quedó afuera de las conversaciones oficiales.
El proyecto ingresó al Senado entrerriano y ya fue girado a comisión. La iniciativa propone un sistema de recepción, análisis y resguardo de información sobre objetos o fenómenos no identificados.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
