“EL KIRCHNERISMO NO EXISTE” | Polémica frase de un Gobernador K , luego de la derrota de Capitanich
El mandatario provincial que pidió las cabezas de los jueces que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, se apartó de su militancia y dio como muerto a su propio espacio.
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Los resultados de las elecciones de Chaco de este domingo lograron sorprender a los dirigentes de Unión por la Patria que, a pesar de las encuestas desalentadoras, buscaban dar vuelta los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y dar con un cuarto mandato de Jorge “Coqui” Capitanich. Con ese espíritu colisionado contra el triunfo de Leandro Zdero, el gobernador La Rioja, Ricardo Quintela, salió a cuestionar duramente al oficialismo y aseguró que “ya no existe”.
“Se naturalizó el tema del mensaje del odio. El kirchnerismo no existe, la misma Cristina (Kirchner) lo dice. Es un espacio político que hoy conduce al peronismo”, aseveró el mandatario provincial que actualmente conduce una dura campaña de desprestigio contra la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.
Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja por el Partido Justicialista
Bajo esas líneas y en un intento de captar a los votantes del oficialismo decepcionados, agregó: “Es más, ni siquiera diría que es kirchnerismo, simplemente hay un peronismo conducido por Alberto Fernández“.
“Esperemos que la sociedad en la situación difícil que está atravesando, tenga la posibilidad de poder hacer una evaluación correcta. La situación, en concreto, es que nosotros tenemos que hacernos cargo siempre de los desastres que nos dejan otros. Pasó en el 2001, pasó en el 2019, nos hacemos cargo y nadie ni siquiera valora la actitud que tiene el Movimiento Nacional Justicialista o al Frente de todos en su momento”, añadió.
El mandatario provincial también se hizo presente en el último gran acto de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo
Por último, el riojano señaló que la candidatura a presidente del actual ministro de Economía representa lo mejor para Unión por la Patria: “A Sergio Massa lo veo mucho más sólido y con mucho optimismo. Lo veo como un protagonista del balotaje”.
“Es el único candidato que tiene una propuesta y toma decisiones en políticas activas muy fuertes. Eso es muy importante para el alivio de todas las familias argentinas, básicamente en el sector medio y en el más vulnerable”, concluyó.
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El canal de streamingCarajo nació a mediados de 2024, tras la llegada de Javier Milei al Poder Ejecutivo. Hasta ese momento, Daniel Parisini (“Gordo Dan”) conducía un espacio poco visto y de presupuesto ínfimo en Radio Madero —propiedad de Fernando Cerimedo, más tarde desplazado del espacio oficialista—. Sin embargo, con el desembarco del nuevo gobierno, el medio experimentó un salto desmedido en infraestructura, montando un megaestudio en Palermo Soho equipado con tecnología de punta y una amplia nómina de producción.
Este despliegue millonario generó inmediatas denuncias por el uso de recursos públicos para sostener la señal. Distintas investigaciones y declaraciones públicas —entre ellas las del periodista Tomás Díaz Cueto— expusieron que diversos empleados del canal perciben salarios abonados directamente por la administración nacional en áreas de Comunicación y Prensa, sumado a recurrentes seccionamientos que señalan el desvío de fondos reservados de la SIDE para financiar la estructura propagandística.
“La misa del Gordo Dan” justo antes de que Milei llegara al gobierno. En la foto Mariano Pérez (“Break Point”) y Daniel Parisini (“Gordo Dan”) junto a Juan Pablo Carreira (“Juan Doe”), actual Director Nacional de Comunicación Digital.
Es precisamente en este dispositivo financiado por las arcas públicas donde se desencadenó un grave escándalo por proclamas eugenésicas y racistas emitidas en vivo, protagonizado por figuras que responden directamente a la estructura orgánica y legal del oficialismo.
Entre los voceros estables de la señal destaca Alejandro Sarubbi Benítez, representante legal de Parisini y habitual panelista. Este sujeto —una de las voces principales de las recientes agresiones al conurbano— cuenta con antecedentes de sanción disciplinaria por parte del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), organismo que le aplicó una advertencia tras constatar que insultó a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, difundió datos personales privados (doxxeo) e incurrió en reiterados agravios discriminatorios desde sus redes sociales.
Alejandro Sarubbi Benítez junto a Karina Milei.
A su lado se ubica Isabella Mariana Compiano Machado, conocida en el entorno digital como “Kalina”, coautora del cuestionado episodio. La joven panelista milita activamente en La Libertad Avanza y responde de forma directa a Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes, dirigente que hasta 2023 era concejal y militaba en las filas del kirchnerismo y saltó al oficialismo para acceder a su banca nacional.
La inserción de Kalina en el armado de Almirón no es aislada. Su pareja, Ángel Manuel Niveyro Lozano —identificado en redes como “Azaelthus”—, también forma parte del esquema de militancia y prensa que orbita alrededor del legislador correntino, exponiendo el entramado político tradicional que nutre de contenidos al canal de streaming y da sustento a las polémicas que hoy acorralan al medio.
“Kalina” junto a Lisandro Almirón; y Almirón junto a Malena Galmarini (esposa de Sergio Massa), en su “época kirchnerista”.
Apología al exterminio y al racismo
Durante una emisión del programa La Trinchera, las agresiones alcanzaron un límite inédito cuando Alejandro Sarubbi Benítez afirmó en vivo que “la provincia de Buenos Aires, sobre todo con lo que tiene que ver con el Conurbano Bonaerense, la inmensa porción de gente, desde mi punto de vista ya no tiene salvación”. Tras sentenciar que “para mí no tiene vuelta la provincia de Buenos Aires”, el abogado detalló sus propuestas: esterilización masiva, expulsión del mapa nacional, levantar un muro perimetral con francotiradores y “todas las mañanas tirar napalm desde los aviones”. Para definir a quiénes perdonar, anticipó un criterio de “total arbitrariedad” guiado por la “portación de cara”, planteando dar aviso previo únicamente “a las personas que uno considera que hay que salvar”.
Lejos de moderar o repudiar el discurso de odio, la panelista “Kalina” intervino activamente en la escena exhibiendo ante las cámaras una cartulina que contenía una paleta de tonalidades de piel (una referencia a la serie “Family Guy“). Utilizando este muestrario cromático, la militante oficialista simuló establecer un criterio de selección eugenésica para determinar, según el grado de pigmentación del rostro, qué personas poseían derechos ciudadanos o podían “salvarse” de la ejecución arbitraria, señalando el cuadro de color más claro.
El discurso exhibido en el programa contrasta de forma severa con la propia realidad de sus protagonistas. Un relevamiento en las redes sociales personales de Alejandro Sarubbi Benítez (como su perfil de Facebook) deja al descubierto que la mitad de sus familiares y contactos directos de apellido compuesto “Sarubbi Benítez” provienen de Paraguay, país con una marcada impronta e identidad mestiza e indígena.
Visitando el Facebook de Alejandro, varios de los “Sarubbi” y los “Sarubbi Benítez” de sus contactos efectivamente son paraguayos.
La incongruencia resulta absoluta: un vocero de tez morena y raíces latinoamericanas promueve abiertamente postulados racistas, xenófobos y eugenésicos que, bajo los propios parámetros de la paleta de colores exhibida en su programa, lo ubicarían a él mismo y a su propio entorno familiar del lado de los discriminados y segregados.
Alejado de su actualidad: Sarubbi Benítez con su familia, cenando en la vereda.
Boicot, retiro de pauta y antecedentes
La paradoja del discurso alcanzó su punto máximo con la presencia publicitaria en el estudio de Sao Medialunas, una tradicional marca nacida en Mar del Plata. Mientras Sarubbi Benítez y “Kalina” proponían bombardeos y segregación para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, los productos de la firma bonaerense lucían exhibidos en la mesa como auspiciantes del espacio, financiando de forma directa la emisión.
La reacción del público no tardó en llegar: las plataformas digitales de la empresa se inundaron con cientos de mensajes de repudio que denunciaban el patrocinio a proclamas de exterminio, cuestionaban a la firma por financiar el odio hacia sus propios clientes y convocaban a un boicot masivo bajo el lema de no consumir productos que sostengan la violencia verbal del canal.
Ante la ola de indignación, la empresa emitió un comunicado oficial anunciando el cese del auspicio: “En relación con los comentarios realizados durante una transmisión en la que nuestra marca tuvo presencia publicitaria, queremos expresar que SAO Medialunas no comparte ni avala ningún mensaje discriminatorio, violento o que promueva el odio hacia cualquier persona o comunidad […] Lamentamos profundamente que esta situación haya generado malestar y por eso hemos decidido retirar nuestra publicidad”.
A pesar del retiro de la pauta, persistieron las críticas hacia la dirección de la marca por su tardía reacción. Sectores de la audiencia remarcaron que el canal Carajo estructuró su línea editorial sobre la agresión sistemática desde sus inicios, por lo que el auspicio comercial no podía considerarse un hecho ingenuo o ajeno al perfil del medio.
Las proclamas eugenésicas emitidas en La Trinchera no constituyen un hecho aislado, sino que forman parte del estilo editorial y la metodología habitual que despliega el canal. Entre sus antecedentes más graves figura el ataque homofóbico dirigido contra el diputado nacional Esteban Paulón en el programa La Misa, donde los conductores de la señal lo agredieron verbalmente y llegaron a imputarle al aire acusaciones de pedofilia y le atribuyeron “tener SIDA”.
A esta dinámica de descalificación personal se suma el uso sistemático de la exposición de datos privados (doxxeo) en transmisiones en vivo. A través de este recurso, los integrantes de la señal difunden números telefónicos, direcciones e información personal de usuarios opositores y periodistas críticos, incentivando el acoso masivo y coordinado por parte de sus seguidores en redes sociales.
Alejandro Sarubbi Benítez junto a Santiago Caputo.
El negacionismo frente al archivo
Tras la masiva repercusión mediática y el cimbronazo comercial, la respuesta de Sarubbi Benítez expuso la fragilidad de su propia narrativa. En lugar de argumentar que se trataba de una provocación humorística o de un recurso satírico, el abogado hizo un descargo en el que negó categóricamente haber hablado de la provincia de Buenos Aires o de sus habitantes.
Sin embargo, la estrategia de intentar desmentirse a sí mismo chocó de frente con el archivo audiovisual del programa, donde había explicitado de forma literal que la provincia de Buenos Aires “ya no tiene salvación”, antes de proponer los bombardeos, la segregación y la selección por pigmentación de piel.
Este episodio expone los límites y los riesgos de un modelo mediático montado sobre la provocación sistemática y el financiamiento estatal. Cuando el discurso traspasa la barrera del espectáculo digital para incitar al exterminio y a la eugenesia, la reacción de la audiencia y la fuga de marcas evidencian que ni la caja pública ni la protección política alcanzan para blindar un espacio frente al repudio social.
Capitanich Agropecuaria SAS, la firma fundada en 1983 por Héctor Wilmar Capitanich —hermano mayor del exgobernador chaqueño y actual senador nacional Jorge Capitanich— atraviesa una crisis financiera severa.
La empresa familiar acumula 188 cheques rechazados por más de $3.697 millones, sostiene una deuda bancaria superior a $7.292 millones y enfrenta demandas judiciales, embargos y un conflicto por una cosecha de algodón en Santiago del Estero.
— A la izquierda, Héctor Capitanich junto a sus dos hijos, Leonardo Capitanich e Iván Alejandro Capitanich
La información trascendida une dos planos. Por un lado, el escrutinio sobre negocios familiares vinculados a dirigentes políticos con poder político territorial. Por otro, el deterioro estructural del sector agropecuario chaqueño-santiagueño, donde varias empresas del rubro (como Italar SRL, con $16.200 millones de deuda) muestran el mismo patrón de insolvencia.
Aunque se constituyó formalmente como sociedad por acciones simplificada (SAS) en noviembre de 2019, la actividad agropecuaria de la familia Capitanich se remonta a 1983, cuando arrancó cultivando algodón y girasol sobre apenas 100 hectáreas en Chaco. Con los años, la firma escaló hasta explotar alrededor de 6.000 hectáreas entre Chaco y Santiago del Estero, diversificando en soja, maíz, trigo, sorgo, girasol y ganadería bovina, combinando campos propios con tierras arrendadas.
En 2021 llegó a tener notoriedad nacional al quedarse con el primer lote de trigo de la campaña, mostrando un perfil de crecimiento con incorporación de tecnología. Hoy la administran Leonardo, Iván y Gisella Capitanich, hijos de Héctor, mientras el propio Héctor —hermano mayor de Jorge— sigue identificado como cabeza visible de la firma.
Para dimensionar la gravedad del problema, conviene distinguir dos indicadores que utiliza el Banco Central para evaluar la salud crediticia. Los cheques rechazados, documentos de pago que la entidad girada devuelve, por lo general por falta de fondos, y que quedan asentados en la Central de Cheques Rechazados del BCRA. En el caso de Capitanich Agropecuaria, ya suman 188 por más de $3.697 millones, y lo más preocupante es que los últimos rechazos corresponden a la misma semana del informe, una señal de que la tensión de liquidez sigue agravándose en tiempo real y no responde a un episodio aislado del pasado.
A su vez, la deuda bancaria clasificada en la Central de Deudores del BCRA ordena a cada deudor en una escala que va de la situación 1, considerada normal, a la 5, catalogada como irrecuperable, según su capacidad de pago. En ese registro, buena parte de las obligaciones de la empresa ya figura en situación 3 y 4, categorías que reflejan un deterioro crediticio importante y la proximidad del incumplimiento total antes de una declaración de pérdida irrecuperable.
Los principales acreedores bancarios son Banco Galicia ($1.828,9 millones) y John Deere Credit ($1.749,8 millones, la financiera vinculada a la venta de maquinaria agrícola), seguidos por Santander, Banco del Sol, Nuevo Banco del Chaco, Banco Nación, BBVA, Banco Ciudad y varias sociedades de garantía recíproca (SGR). Este último dato es relevante porque las SGR son entidades que avalan créditos a pymes agropecuarias con garantía estatal indirecta, así que su exposición añade un componente de riesgo sistémico regional, no solo privado.
De las demandas a los embargos
La crisis financiera ya se trasladó a los tribunales comerciales, donde se acumulan juicios ejecutivos de Banco Ciudad, Syngenta Agro, Depsa Valores, Polo Valores, Innova SGR y Crecer SGR. El hecho más ilustrativo es el de Syngenta Agro, la multinacional agroquímica que reclama U$S466.606,20 después de que Capitanich Agropecuaria incumpliera un convenio de refinanciación firmado en 2025, en el que había reconocido una deuda original de U$S582.447 y solo pagó la primera cuota completa y parte de la segunda, lo que aceleró el vencimiento de todo el pasivo.
Como consecuencia, la Justicia ordenó embargar cuentas bancarias de la empresa en Galicia, Santander, Nuevo Banco del Chaco y otras entidades por ese monto más U$S100.000 de intereses y costas. En otra causa, Depsa Valores obtuvo el embargo de créditos y derechos de cobro por U$S111.979, que incluso alcanza pagos pendientes que le debe Aceitera General Deheza a la firma por operaciones comerciales. Esto significa que la empresa ya no solo debe dinero, sino que sus propios ingresos futuros están comprometidos legalmente antes de llegar a su caja.
“Estamos buscando que cesen estos actos de atropello e impunidad con lo que se maneja Capitanich”, afirmó uno de los representantes legales de la corporación santiagueña Halgon S.A.S., Lucas Cabañas.
Paralelamente, Capitanich Agropecuaria disputa con la firma Halgon S.A.S. el derecho a explotar un establecimiento rural llamado “La Montenegrina”, en Vilelas, departamento Juan Felipe Ibarra (Santiago del Estero). El litigio no es sobre la propiedad del campo sino sobre quién tenía derecho contractual a levantar una cosecha de unas 520 hectáreas de algodón en tierras arrendadas. Halgon denuncia que Capitanich ingresó al predio y cosechó la producción pese a contratos vigentes a su favor, e inició acciones penales por presunto hurto de cosecha y daños.
“Nos apuntaron con armas, impidiendo cualquier tipo de diálogo”, relató Cabañas al medio Info del Estero.
El conflicto escaló en julio, cuando la defensa de Halgon recusó a los fiscales que investigan la causa, denunciando un supuesto favorecimiento hacia Capitanich, y alertó que los rollos de algodón podrían venderse antes de que la Justicia resolviera el fondo del asunto. Efectivamente, de acuerdo a reportes posteriores, hombres vinculados a Capitanich habrían violado una medida cautelar que prohibía la circulación y comercialización del algodón, sacando los rollos hacia una planta desmontadora en Quimilí, sin que la Fiscalía de Tierras del Ministerio Público Fiscal santiagueño haya respondido a los pedidos de intervención de los abogados de Halgon. Esto agrega una dimensión de posible incumplimiento de resoluciones judiciales, no solo de deudas comerciales.
Distintas fuentes del sector agropecuario mencionan con fuerza la posibilidad de que la empresa solicite un concurso preventivo de acreedores, aunque hasta el momento no hay ninguna presentación judicial formal en ese sentido. Un concurso preventivo es el mecanismo legal argentino (Ley 24.522) que permite a una empresa insolvente pero no liquidada renegociar sus deudas bajo supervisión judicial para evitar la quiebra directa, que sería el mismo camino que ya tomó otra empresa agropecuaria chaqueña, Italar SRL, con sede en Charata, que también acumula más de 40 cheques rechazados y una deuda bancaria aún mayor, de $16.200 millones.
Julián Pajarola es guía de trekking y ski. Nació y se crió en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, y se gana la vida llevando gente a la montaña.
El 29 de junio, según denunció, no pudo llegar al cerro Ezpeleta. Un guardia de acento austríaco le cerró el paso a él y a su grupo con una explicación que condensa todo el conflicto en una sola frase: “la dueña del campo no quiere gente adentro”. El cerro es uno de los mejores lugares de la zona para el esquí de travesía, la caminata con raquetas y los cursos de avalanchas donde se forma a la próxima generación de montañistas.
Pajarola fue al Catastro a ponerle nombre a esa “dueña”. La parcela donde lo frenaron (1.672 hectáreas, matrícula 322040) figura a nombre de Gernot Langes-Swarovski, bisnieto del fundador de la marca de cristales austríaca y parte del listado de multimillonarios de la revista Forbes. La familia acumula más de 3.800 hectáreas en el departamento Lácar, repartidas en tres compras grandes y decenas de adquisiciones menores. La presencia de la firma Gernot Langes-Swarovski & Co en la zona ya había sido documentada por La Mañana de Neuquén hace casi diez años, y desde entonces el proceso se profundizó.
El caso retrata al departamento entero. Lácar, donde se asienta San Martín de los Andes, tiene 475.095 hectáreas rurales, y 257.346 (el 54,17%) están en manos extranjeras, según el Registro Nacional de Tierras Rurales. Es más de la mitad de una jurisdicción de lagos, bosques nativos y algunas de las postales más codiciadas del país, y triplica largamente el tope del 15% que fija la Ley de Tierras desde 2011. El fenómeno atraviesa toda la Patagonia: del otro lado de la cordillera, en Río Negro, el caso más resonante es el de Lago Escondido, la estancia del británico Joe Lewis que mantiene en disputa judicial el acceso público a un lago de montaña. En muchos de esos campos, caminos y senderos que fueron de uso común durante generaciones hoy terminan en una tranquera.
A la cuestión de fondo se le suma una más terrena que golpea directamente a quienes viven de la montaña. En 2021 el Congreso sancionó la Ley 27.665, que declaró al montañismo actividad de interés deportivo, cultural y sociorrecreativo, e incluyó al trekking y al ascensionismo entre esas prácticas. Su artículo 4° dice que las autoridades de cada espacio “arbitrarán los medios necesarios” para garantizar el acceso a la montaña. La garantía quedó a mitad de camino: la ley depende de que las autoridades locales designen los senderos de uso histórico, algo que queda librado a cada jurisdicción, y nunca se dictó una reglamentación que obligue a los propietarios privados a respetar ese paso. Sobre el papel el derecho existe pero en el terreno se choca con un alambrado.
Para los guías, la cuenta es directa. “A los que vivimos de enseñar a subir un cerro con seguridad, esto nos toca directo”, planteó Pajarola: cada campo que se cierra es un acceso menos, una ruta menos, un lugar menos donde formar a los que empiezan. “Nos estamos quedando afuera de nuestro propio territorio”, resumió, “y encima nos lo explican en otro idioma”. Su reclamo lo cerró con una frase que ya circula por las redes: “La montaña no se vende. Se cuida, se comparte, se transmite”.
Clínicas y sanatorios privados de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa cortaron por completo la atención a los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) el 24 de agosto, algo que —según los propios prestadores— nunca había ocurrido, “ni en 2001”.
“Al gobierno no le importa. Quieren que las prestaciones las pague la gente, pero por ley no pueden hacerlo, entonces no hace nada. Nunca viví un mecanismo tan ridículo y tan dogmático de funcionamiento”, afirmó el dueño de un sanatorio. “Algunos profesionales dejaron de atender, entonces los afiliados de PAMI solo pueden ir a las urgencias. Es una situación muy perversa”, añadió.
Estas instituciones atienden a casi 300.000 jubilados de la región patagónica, donde PAMI representa entre el 25% y el 55% de sus prestaciones totales. La medida es la escalada final de un conflicto que se viene arrastrando desde febrero de 2026, con recortes progresivos que fueron endureciéndose mes a mes.
El corazón del conflicto sería puramente económico. Desde diciembre de 2023 los aranceles que PAMI paga a los prestadores subieron 130%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período superó el 300%, lo que implica una brecha del 75% entre lo que cobran y lo que necesitarían cobrar para empatar los costos.
Solo en lo que va de 2026, con una inflación acumulada de 19.3%, el Gobierno ofreció un aumento de apenas 6% a los prestadores, recién efectivo en octubre. Distintas cámaras del sector —como la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS)— hablan de un atraso arancelario superior al 100% respecto de diciembre de 2023, con incrementos recientes de únicamente 1.9% mensual, muy por debajo del índice de inflación del INDEC.
Andrés Sabalette, administrador del Sanatorio Juan XXIII de Río Negro, resumió el diagnóstico del sector: “No cubrimos costos y las brechas son insalvables”. Los prestadores explican que el sistema de “módulos” con el que PAMI paga —que incluye honorarios médicos, insumos, medicamentos y uso de quirófano— quedó completamente desactualizado frente al costo real de los materiales, hasta el punto de que algunos módulos “no alcanzan ni para cubrir el material descartable” que se usa en una práctica.
Desde febrero de 2026, la crisis comenzó a traducirse en una interrupción progresiva de las prestaciones. En ese mes se registraron las primeras suspensiones de prácticas programadas y ambulatorias debido a deudas impagas y a la falta de respuesta a los reclamos de los prestadores.
En abril, la situación se profundizó aún más con la suspensión de cirugías programadas en las cuatro provincias patagónicas, en reclamo de una recomposición del 70% que abarcó a 30 instituciones. Para junio, las restricciones alcanzaron las guardias, la recepción de derivaciones y la asignación de nuevos turnos en consultorios externos a nivel nacional.
— Andrés Sabalette, quien se desempeña como Gerente en el Sanatorio Juan XXIII, en General Roca, provincia de Río Negro
El proceso desembocó en un escenario inédito para los afiliados, con el corte total de las prestaciones por primera vez en la historia argentina. Esta evolución escalonada muestra que no se trata de una decisión repentina sino del punto final de casi siete meses de advertencias, negociaciones fallidas y medidas parciales que no alcanzaron para destrabar el conflicto.
Los intentos de solución
El PAMI, a través de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, ofreció incrementos de 1.9% para mayo y otro 1.9% para junio, cifras que el sector calificó de “inaceptables” frente a una inflación proyectada del 19% para el primer semestre. Más adelante, el ministro de Salud Mario Lugones habría “destrabado” un 1.9% adicional, pero según denuncian los prestadores esa promesa no se tradujo en pagos concretos.
— Esteban Leguízamo
En paralelo, existió un boletín oficial de PAMI que aprobó un aumento del 8% para ciertas prestaciones específicas (Centros de Día y Residencias de Larga Estadía) a partir de junio 2026, tomando como base los aranceles de diciembre de 2025, una cifra que —de todos modos— sigue muy por debajo de la inflación acumulada en ese lapso.
Esta crisis arancelaria coincidió, además, con la salida del exviceministro de Salud Mario Lugones, cuya renuncia estuvo directamente vinculada al manejo de este conflicto, en un contexto que —según trascendió— casi terminó también con la salida del propio Lugones.
Un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA de los Trabajadores (IEF-CTAA) aporta el marco estructural detrás de estos cortes regionales. En el primer trimestre de 2026 las prestaciones de PAMI cayeron 41.3% en términos reales respecto al mismo período de 2025, mientras la deuda acumulada con médicos, clínicas y farmacias llegó a 500.000 millones de pesos (unos 370 millones de dólares).
— Guido Giana
El mismo relevamiento señala que el Tesoro nacional redujo drásticamente las transferencias a la obra social, de 0.5 billones de pesos en el primer trimestre de 2025 a 0.2 billones en el mismo período de 2026, con marzo de 2026 en cero transferencias. Esto ocurrió en simultáneo con un superávit fiscal primario de 6.8 billones de pesos en ese mismo trimestre, lo que alimenta la lectura de que el ajuste sobre PAMI forma parte de la estrategia de consolidación fiscal del gobierno del presidente Javier Milei.
El detonante estructural fue la eliminación del Impuesto PAIS en diciembre de 2024, un tributo que aportaba el 28% de la recaudación del PAMI. El Gobierno prometió cancelarla en varias etapas, pero terminó recurriendo a un mecanismo cuestionado, pagándole a las farmacias no con dinero en efectivo sino con Letras Capitalizables del Tesoro (LECAP), o sea, bonos con vencimiento a fin de julio. Esta modalidad generó fuertes críticas porque, sostuvieron, permitía “maquillar” el superávit fiscal trasladando el costo financiero a los propios prestadores, que además reclamaban un atraso arancelario superior al 100% respecto de diciembre de 2023.
El 9 de abril de 2026 el PAMI publicó la resolución 1107/2026, que modificó el esquema de pago a los médicos de cabecera, elevando el pago fijo mensual por paciente de 946 a 2.100 pesos, pero eliminó los adicionales por consulta presencial, visitas domiciliarias e incentivo al posgrado. El sindicato de la Asociación de profesionales de la salud (APPAMIA) reportó que esto implicaba, en la práctica, un recorte salarial del 50% para los profesionales, lo que desató una huelga de médicos y odontólogos de 72 horas ese mes que agravó aún más la falta de atención.
La protesta del jubilado
Este trasfondo numérico se traduce en historias concretas como la de un jubilado de 66 años que, en medio de un reclamo público, relató que pese a haber aportado 30 años y contar con cobertura de PAMI, enfrenta trabas para acceder a los controles anuales que necesita tras haber sido operado de próstata. Su frase de “me están dando vueltas para darme la atención” resume la experiencia de miles de afiliados que hoy se enfrentan a tres únicas alternativas cuando su clínica cierra la atención: pagar la consulta de forma particular, recurrir al sistema hospitalario público, o postergar el tratamiento.
Los afiliados denunciaron una cadena de recortes muy tangibles a lo largo del año. Demoras y suspensiones de tratamientos de alta complejidad, cobro de “plus” médicos no contemplados en la cobertura, dificultad para acceder a medicamentos gratuitos, y hasta la eliminación de actividades recreativas como clases de natación y gimnasia para adultos mayores. Una vecina de Mar del Plata, integrante de la Multisectorial de Jubilados, subrayó que “para operarnos cobran la anestesia y en varios lugares nos han cerrado la atención en cardiología, traumatología, dermatología y nutrición”. En paralelo, los haberes jubilatorios mínimos rondaban apenas los 400.000 y 450.000 pesos mensuales, una cifra que los propios beneficiarios calificaban de insuficiente para cubrir remedios y alquiler.
Cada vez habría menos trabajadores formales aportando al sistema mientras crece la población de jubilados, que además vive más años. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 411.613 puestos de trabajo registrados (una caída del 4,2%), lo que reduce los aportes que sostienen al organismo justo cuando más se necesitan. Sobre esto pesa además la Ley de Emergencia Sanitaria —vigente desde 2001 y prorrogada hasta diciembre de 2026— que protege a unos 5.000 prestadores privados de ejecuciones fiscales por sus propias deudas con el Estado, y cuya eventual no renovación podría agravar aún más el escenario.
A diferencia de las restricciones previas —que preservaron guardias y urgencias mientras recortaban turnos programados y cirugías electivas—, el corte anunciado para el 24 de agosto sería la primera suspensión total de cualquier tipo de prestación en la historia del sistema, incluyendo probablemente las urgencias en los establecimientos adheridos. Es un salto cualitativo respecto de las medidas de fuerza anteriores, y explica por qué los propios prestadores insisten en que “esto no pasó nunca, ni en 2001”, una referencia directa a la crisis económica y social más severa que atravesó la Argentina en las últimas décadas. El desenlace dependerá de si el aumento del 6% previsto para octubre —o el 1.9% adicional que Lugones habría comprometido— se concreta antes de esa fecha, o si la falta de respuesta empuja efectivamente a que las clínicas patagónicas ejecuten el corte total anunciado.
El informe pertenece al Índice de Resultados Escolares (IRE), elaborado por la ONG Argentinos por la Educación de los especialistas Irene Kit, María Sol Alzú y Martín Nistal, en busca de responder no solo cuántos chicos terminan la primaria “a tiempo”, sino cuántos la terminan habiendo aprendido lo esperado.
“Nos encontramos como país muy lejos del techo de lo que nuestros estudiantes deben alcanzar al terminar su educación primaria. No es para conformarnos, sino para no desalentarnos”, afirmó Irene Kit, coautora del relevamiento.
Para eso combina dos fuentes de datos oficiales. El Relevamiento Anual (que mide trayectoria escolar: repitencia, abandono, sobreedad) y las pruebas Aprender (que miden desempeño en Lengua y Matemática). La edición 2025 sigue a la cohorte que ingresó a primer grado en 2020 —en plena pandemia— y llegó a sexto grado en 2025.
Durante años, el indicador que más se usaba para medir la calidad del sistema educativo era la tasa de promoción, siendo cuántos chicos pasan de grado sin repetir ni abandonar. Ese número, en Argentina, es alto y viene mejorando, pasando del 88% en la cohorte 2011-2016 al 94% en la cohorte 2020-2025.
El problema es que ese dato, por sí solo, puede ser engañoso, ya que un chico puede pasar de grado todos los años sin haber adquirido las competencias mínimas de lectura o cálculo. El IRE corrige esta distorsión exigiendo ambas condiciones simultáneamente, como una trayectoria sin retraso y desempeño satisfactorio o avanzado en las dos materias evaluadas.
Al aplicar ese doble filtro, el resultado nacional cae a la mitad. Solo 50 de cada 100 alumnos que empezaron primer grado en 2020 llegaron a sexto grado en 2025 en tiempo y forma, es decir, sin repetir, sin abandonar y con aprendizajes satisfactorios en Lengua y Matemática. Dicho de otro modo, aunque el 94% completa la trayectoria escolar sin atrasos, entre ese grupo solo el 54% alcanza el nivel de aprendizaje esperado en ambas materias a la vez.
Al desagregar por materia, la deuda es más marcada en Matemática que en Lengua. Mientras el 79% de los que llegaron a sexto sin sobreedad alcanzó un nivel satisfactorio en Lengua, en Matemática esa proporción cae al 58%. Esto confirma un patrón que se repite en casi todas las provincias, en donde el sistema educativo argentino tiene la brecha de aprendizaje más profunda es con las matemáticas.
La serie histórica muestra que el IRE nacional atraviesa una mejora reciente, aunque el indicador registra antecedentes de retroceso y fluctuaciones a lo largo del período analizado. Los valores permiten observar una evolución que pasó del 46% en la cohorte 2011-2016 al 49% en 2013-2018 y alcanzó el 50% en 2016-2021. Luego, descendió al 45% en 2018-2023, antes de volver a ubicarse en el 50% en 2020-2025. En este contexto, el resultado más reciente recupera el nivel máximo registrado en la serie y evidencia una mejora respecto de la caída observada en la cohorte anterior.
“Estos datos respaldan mi trabajo sobre el colapso educativo argentino. No hay tendencia a la mejora sino estancamiento en niveles muy bajos: desde 2011 la mitad de los chicos quedan afuera de los aprendizajes básicos”, sostuvo al respecto el director del Área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, Mariano Narodowski.
— Cohorte 2020-2025 ordenado por nivel socioeconómico (NSE) promedio de los alumnos de las provincias
La caída a 45% en la cohorte 2018-2023 se explicó por un retroceso en el componente de aprendizajes (posiblemente afectado por la pandemia), y la recuperación a 50% en la medición más reciente indica una mejora de 5 puntos respecto a esa medición previa, aunque todavía sin superar el techo histórico.
Una Argentina desigual
El dato nacional esconde una brecha territorial muy amplia. Considerando solo el componente de aprendizajes (entre quienes llegan a sexto sin sobreedad), CABA lidera con 73% de desempeño satisfactorio simultáneo en Lengua y Matemática, seguida por Córdoba (61%) y Buenos Aires (52%); en el otro extremo aparecen Chaco (33%), Tucumán (42%) y Santiago del Estero (38%).
En cuanto a la trayectoria escolar (llegar a sexto sin repetir ni abandonar), también hay disparidades, aunque menores. En Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Jujuy prácticamente todos los alumnos llegan a tiempo, mientras que en Corrientes, Misiones y Entre Ríos la proporción no alcanza el 90%.
“Consolidar y profundizar la mejora que muestra este informe requiere un esfuerzo sostenido de toda la sociedad. Que la enorme mayoría de los niños ingrese y complete la escuela primaria en el tiempo esperado demuestra el enorme valor que las familias argentinas le asignan a la educación”, destacó Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseñá por Argentina.
Por un lado, Corrientes está entre las jurisdicciones con mayor rezago escolar, con la proporción de chicos que llega a sexto grado a tiempo, sin repetir ni abandonar, quedando por debajo del 90% nacional. Por otro lado, en el componente de aprendizajes hay una mejora reciente. De acuerdo las Pruebas Aprender 2025 difundidas por la ministra de Educación provincial, Ana Miño, en Lengua el porcentaje de alumnos en los niveles más altos de desempeño pasó del 61.2% al 74.2% (un salto de 23 puntos), mientras que los que quedaron por debajo del nivel básico bajaron del 13.4% al 5.6%.
En Matemática la mejora fue más moderada. Los niveles satisfactorios subieron del 47.2% al 51.4%, y los estudiantes por debajo del nivel básico bajaron del 26.2% al 22.4%. Es decir, Corrientes mejora en aprendizajes pero sigue arrastrando un problema de trayectoria escolar (retraso, repitencia o abandono) que la aleja del promedio nacional.
El propio informe de Argentinos por la Educación advierte que Argentina es uno de los pocos países de la región que no cuenta con un sistema de información educativa nominalizado a nivel nacional, lo que dificulta el seguimiento longitudinal de cohortes reales de estudiantes y obliga a construir estos índices con datos agregados de distintas fuentes.
Desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023, la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur quedó bajo la órbita de Paola Iris Di Chiaro, militante mileísta.
Mediante el decreto 43/2024, Javier Milei oficializó el cargo de Paola Di Chiaro.
Sin embargo, en paralelo a su responsabilidad central en la defensa de los intereses nacionales sobre las islas australes, la funcionaria sostiene una participación activa en el sector privado a través de la Fundación Argentina Global, una entidad dedicada a la articulación de agendas internacionales, principalmente con Reino Unido.
Sitio web oficial de Cancillería Argentina: Di Chiaro continúa en su cargo.
La coexistencia de estos dos roles abre un debate ineludible sobre la ética pública y la coherencia en la conducción de la política exterior argentina.
Cuenta de LinkedIn de Di Chiaro, admitiendo abiertamente ser fundadora de Fundación Argentina Global y mantener un cargo dentro de la organización.
La red de vínculos con el Foreign Office
La Fundación Argentina Global, entidad cofundada por Di Chiaro, concentra gran parte de su actividad pública en la promoción de agendas internacionales y el establecimiento de vínculos con potencias extranjeras. Entre sus iniciativas más destacadas figura la organización y difusión conjunta de programas de liderazgo y becas de especialización junto a la Embajada del Reino Unido y el programa Chevening, orientado a la formación de personas en territorio británico.
Sitio web oficial de Fundación Argentina Global donde, junto a otros dos hombres, exponen a Di Chiaro como fundadora.
A pesar de la sensibilidad de la cartera que encabeza Di Chiaro —vinculada de forma directa con la defensa de los derechos soberanos en el Atlántico Sur—, los registros institucionales, perfiles profesionales vigentes y memorias de fin de año de la propia organización confirman que la secretaria mantiene un rol directivo ininterrumpido en la estructura de esta ONG, entrelazando la gestión de intereses diplomáticos extranjeros con el ejercicio de la función pública en el Estado argentino.
Página principal de la web de Fundación Argentina Global exponiendo visiblemente la conexión con la embajada británica y el sistema de becas.
Repercusión política
En el ámbito legislativo, esta superposición de roles motivó la presentación de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación impulsado por la diputada Agustina Propato (Unión por la Patria) —esposa de Sergio Berni— para exigir explicaciones formales sobre el alcance de estas actividades en paralelo a la función pública.
Tuit reciente de Fundación Argentina Global publicitando las becas y el acuerdo con la embajada de Reino Unido.
El texto solicita un detallado pedido de informes al Poder Ejecutivo —a través de la Cancillería— para que precise la vinculación actual de Paola Di Chiaro con la Fundación Argentina Global y el programa Chevening, evalúe posibles conflictos de intereses bajo la Ley de Ética Pública, informe si existe intervención o influencia del Foreign Office en su secretaría, detalle si hay personal formado por dicho organismo prestando servicios, y precise si la fundación o la funcionaria han recibido financiamiento o vínculos laborales con la diplomacia británica.
No se trata de webs “desactualizadas”, aquí publicaciones de Fundación Argentina Global en diciembre de 2025 en Instagram: Di Chiaro de negro, en el centro en ambas fotos.
Los aranceles que paga el PAMI subieron 130% desde diciembre de 2023, contra una inflación de más del 300%. El atraso derivó en siete meses de recortes escalonados que afectaron a casi 300.000 jubilados de la región patagónica.
Acorralados tras la detención de Fernando Cerimedo en Bolivia por tentativa de homicidio, La Derecha Diario y Javier Negre montaron una operación a contrarreloj. Borraron rastros, cambiaron titularidades y emitieron un comunicado que choca de frente con los archivos que lo proclamaban como dueño, socio y fundador.
Presentada como una exposición sobre ética e IA, la irrupción de Javier Milei en la escuela ORT derivó en ataques a la prensa y alusiones al misticismo. La bajada de línea encendió el repudio de exalumnos y agrupaciones comunitarias que cruzaron a la dirigencia de la DAIA por avalar el acto.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
