“EL KIRCHNERISMO NO EXISTE” | Polémica frase de un Gobernador K , luego de la derrota de Capitanich
El mandatario provincial que pidió las cabezas de los jueces que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, se apartó de su militancia y dio como muerto a su propio espacio.
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Los resultados de las elecciones de Chaco de este domingo lograron sorprender a los dirigentes de Unión por la Patria que, a pesar de las encuestas desalentadoras, buscaban dar vuelta los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y dar con un cuarto mandato de Jorge “Coqui” Capitanich. Con ese espíritu colisionado contra el triunfo de Leandro Zdero, el gobernador La Rioja, Ricardo Quintela, salió a cuestionar duramente al oficialismo y aseguró que “ya no existe”.
“Se naturalizó el tema del mensaje del odio. El kirchnerismo no existe, la misma Cristina (Kirchner) lo dice. Es un espacio político que hoy conduce al peronismo”, aseveró el mandatario provincial que actualmente conduce una dura campaña de desprestigio contra la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.
Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja por el Partido Justicialista
Bajo esas líneas y en un intento de captar a los votantes del oficialismo decepcionados, agregó: “Es más, ni siquiera diría que es kirchnerismo, simplemente hay un peronismo conducido por Alberto Fernández“.
“Esperemos que la sociedad en la situación difícil que está atravesando, tenga la posibilidad de poder hacer una evaluación correcta. La situación, en concreto, es que nosotros tenemos que hacernos cargo siempre de los desastres que nos dejan otros. Pasó en el 2001, pasó en el 2019, nos hacemos cargo y nadie ni siquiera valora la actitud que tiene el Movimiento Nacional Justicialista o al Frente de todos en su momento”, añadió.
El mandatario provincial también se hizo presente en el último gran acto de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo
Por último, el riojano señaló que la candidatura a presidente del actual ministro de Economía representa lo mejor para Unión por la Patria: “A Sergio Massa lo veo mucho más sólido y con mucho optimismo. Lo veo como un protagonista del balotaje”.
“Es el único candidato que tiene una propuesta y toma decisiones en políticas activas muy fuertes. Eso es muy importante para el alivio de todas las familias argentinas, básicamente en el sector medio y en el más vulnerable”, concluyó.
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Los efectivos del Escuadrón 25 “Jáchal” de la Gendarmería Nacional Argentina detuvieron a cuatro ciudadanos chilenos que extraían oro de manera ilegal en la Mina El Zancarrón, ubicada a 3.550 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera de los Andes, dentro del territorio de la provincia de San Juan, en las inmediaciones del límite internacional con Chile.
Los detenidos habían ingresado al país a través de un paso clandestino, sin ningún tipo de habilitación migratoria ni permiso minero. Al ser descubiertos, intentaron amenazar a los gendarmes con una carabina calibre .22, pero fueron reducidos rápidamente. La causa fue tomada por la Fiscalía Federal de San Juan, que los imputó por tres delitos distintos.
La investigación se inició cuando el personal policial recibió información de inteligencia sobre la presencia de un grupo de mineros extranjeros operando en una zona inhóspita y sin autorización en la Cordillera del Zancarrón. Al verificar el dato sobre el terreno, los gendarmes constataron que los cuatro hombres de nacionalidad extranjera habían cruzado la frontera por fuera de los pasos habilitados.
En el lugar y en la camioneta que utilizaban para transportar el material, se hallaron herramientas de minería como picos, palas y barretas, además de 14 bolsas con roca extraída del interior de la mina, oro en bruto y un arma de fuego.
La Fiscalía Federal de San Juan imputó a los cuatro ciudadanos chilenos por tentativa de contrabando de exportación de oro, delito previsto en la Ley 22.415 del Código Aduanero (arts. 863 y 864), que contempla penas de entre dos y ocho años de prisión en su forma simple y de cuatro a diez años en caso de agravantes.
Además, fueron acusados por ingreso ilegal al país, en el marco de la Ley 25.871 de Migraciones, que prevé sanciones tanto administrativas como penales, y por tenencia ilegal de arma de fuego, tipificada en el artículo 189 bis del Código Penal, con penas de seis meses a dos años de prisión, que pueden incrementarse si se configura la portación.
El contrabando aduanero se configura cuando se exporta o importa mercadería por lugares no habilitados o sin pasar por el control de la Aduana. En este caso, la extracción de oro en territorio argentino para su posterior traslado a Chile sin declaración ni permiso constituye una tentativa de contrabando de exportación. El Código Aduanero Argentino prevé que el contrabando simple se penaliza con prisión de dos a ocho años, mientras que las figuras agravadas —como la participación de tres o más personas— pueden llegar a diez años.
¿Quiénes son los “pirquineros”?
Los cuatro detenidos responden al perfil de los llamados “pirquineros”, término de origen quechua (del verbo pirca, “minar”) que designa a los mineros artesanales informales que trabajan de forma individual o en pequeños grupos, generalmente en zonas andinas. Esta práctica tiene siglos de historia en los Andes y fue clave en la economía colonial de Chile y Argentina.
En el contexto de la frontera entre San Juan y Chile, los pirquineros chilenos se aventuran en territorio argentino buscando aprovechar vetas de oro de alta concentración que se encuentran en la zona del cerro Zancarrón, y que históricamente han sido explotadas. La lógica económica es clara, ya que extraen las rocas mineralizadas en Argentina y las llevan a procesar artesanalmente a Chile, evitando tanto los controles migratorios como los aduaneros de ambos países.
Según fuentes especializadas, un grupo de pirquineros puede llevarse hasta 200 kilos de roca por viaje, de los cuales se pueden extraer alrededor de 500 gramos de oro (unas 17 onzas troy). Con el precio del oro superando los 3.000 dólares la onza en 2026, una sola operación exitosa podría valer más de 50.000 dólares.
La mina El Zancarrón no es un sitio desconocido para las autoridades. Se trata de un yacimiento con historia que ayuda a explicar por qué vuelve a ser escenario de este tipo de hechos. Hasta la década de 1980, una empresa minera operó en el lugar y construyó túneles para la extracción industrial del mineral. Tras el cierre, esas estructuras y los vestigios de la explotación quedaron abandonados, aunque accesibles.
La presencia de una veta de alta concentración de oro convierte al lugar en un punto especialmente atractivo para pirquineros con conocimiento del terreno cordillerano. Además, la zona se encuentra a unos 50 kilómetros de la mina Veladero, uno de los proyectos auríferos más importantes del país, en un área de extrema inaccesibilidad.
La inaccesibilidad del terreno —combinada con los recursos limitados de Gendarmería para patrullar toda la extensión de la Cordillera— hace que este tipo de actividad ilegal se desarrolle de forma relativamente habitual sin ser detectada.
Un problema recurrente en la misma zona
Este no es el primer caso, ni probablemente será el último. La zona del cerro Zancarrón registra antecedentes documentados de intentos de contrabando protagonizados por pirquineros chilenos. Uno de los episodios más relevantes ocurrió en 2021, cuando fuerzas fronterizas detectaron en el lugar a Alfredo Hernán Cáceres Caballero, de 57 años, y a Gustavo Javier Manterola Álvarez, de 44, junto a una tercera persona que logró darse a la fuga. En el sitio habían dejado herramientas de gran porte, entre ellas una pala cargadora, un martillo percutor, una amoladora, un generador eléctrico, barreteras y equipos de oxígeno.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó el procesamiento con prisión preventiva por tentativa de contrabando agravado y, posteriormente, el juez del Tribunal Oral Federal Hugo Echegaray los condenó a tres años de prisión efectiva, además de ordenar su expulsión del país con prohibición de reingreso por 15 años. De acuerdo con expertos consultados por medios locales, la presencia de pirquineros chilenos en territorio sanjuanino “es más frecuente de lo que se cree”, aunque rara vez son sorprendidos en plena actividad extractiva.
La provincia de San Juan no es tampoco cualquier provincia en términos mineros. Es la segunda mayor exportadora de minería de Argentina, con más del 22% de todas las exportaciones mineras nacionales (datos de los primeros 10 meses de 2023). Su producción se concentra en la minería metalífera, y el oro es el principal mineral exportado.
Grandes proyectos como Veladero (oro y plata) y el proyectado Josemaría (cobre, oro y plata, con una inversión estimada de 4.100 millones de dólares) convierten a la Cordillera sanjuanina en una de las zonas de mayor valor minero del continente. Este contexto explica por qué incluso pequeñas vetas como la del Zancarrón son suficientemente rentables para justificar el riesgo que corren los pirquineros.
El gobierno del presidente Javier Milei puso bajo revisión un total de 44 inmuebles distribuidos en todo el país que estaban bajo la órbita del anteriormente conocido como Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), hoy Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
Un documento oficial fechado el 19 de marzo de 2026 —elaborado por la Subgerencia de Servicios Generales del organismo— propone anular transferencias en curso, retirar estas propiedades del balance contable del instituto y redefinir su titularidad. La medida está a cargo del ministro de Defensa, Carlos Presti y genera una fuerte resistencia dentro de las propias Fuerzas Armadas.
El dictamen fechado el 19 de marzo de 2026 responde, en los hechos, a una pregunta que hasta ahora no había sido contestada. En el marco de la aplicación del DNU 88/2026, el texto plantea una serie de medidas técnicas que, en la práctica, abren el camino para una eventual venta de esos 44 inmuebles. Entre ellas figura la anulación de las transferencias en curso que habían dispuesto el traspaso de esas propiedades al IOSFA, la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que retome la jurisdicción sobre los bienes, su exclusión del patrimonio neto del IOSFA/OSFA y el archivo definitivo de los expedientes administrativos vinculados a esos activos.
El memorándum detalla la gestión de inmuebles asignados y en transferencia al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), incluyendo propuestas para la anulación de asignaciones y la solicitud de nuevos trámites. Se menciona la necesidad de cumplir con normativas específicas y se presenta una lista de 44 inmuebles a considerar para reasignación.
En la Ciudad de Buenos Aires, el listado incluye la sede central del IOSFA, el edificio San José, la Policlínica General Omar Actis, la Farmacia Pedro Mallo, el Hotel Ushuaia y el Archivo e imprenta de Trelles. En la provincia de Buenos Aires aparecen los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, en Mar del Plata, junto con el Hotel Cóndor, el Hotel Metropol, las delegaciones de Bahía Blanca, La Plata y Tandil, y los centros recreativos de San Clemente y Zárate.
En Córdoba figuran el Hotel Social de La Falda, el Hotel Villa General Belgrano, la Residencia Cosquín y la Colonia Miraflores. En Santa Fe se incluyen las farmacias de Rosario y Santa Fe, además de las delegaciones de ambas ciudades. La nómina también alcanza a la delegación de Corrientes y a inmuebles ubicados en Salta y Tierra del Fuego.
Muchos de estos bienes —como los hoteles en Mar del Plata o la residencia en Cosquín— pertenecían originalmente a las propias fuerzas y fueron transferidos al IOSFA en décadas pasadas, por lo que su posible venta genera un doble agravio. Primero se pierde la obra social, y luego se pierde el patrimonio construido a lo largo de décadas.
Esta situación no ocurre de la nada. El Gobierno Nacional tiene en marcha un plan integral de venta de activos públicos que incluye tanto inmuebles militares como empresas estatales. El Decreto 950/2024 ya había habilitado a la AABE para vender o transferir un listado de 309 inmuebles nacionales declarados “innecesarios”, y en 2025 ya se concretaron algunas ventas, como el edificio del Comando Conjunto de Ciberdefensa en Puerto Madero por USD$34 millones.
En paralelo, el gobierno evalúa crear un fondo específico con el 10% de lo recaudado por privatizaciones y ventas de bienes públicos para financiar la recompra de armamento y el reequipamiento militar. El Ejecutivo calcula que podría reunir entre USD$1.500 y USD$3.000 millones con ese mecanismo. En teoría, esto permitiría “compensar” la pérdida de patrimonio histórico con nueva capacidad de combate.
“Quieren pagar la deuda rematando el Estado”
La reacción dentro de las Fuerzas Armadas fue de enojo y desconfianza. Un militar en actividad consultado por el medio La Política Online fue contundente: “Toda esa lista de inmuebles van a ser afectados a la venta para poder pagar la deuda o parte de la deuda”.
El mismo informante señaló lo llamativo de la situación: “algunos bienes son de las fuerzas, por ejemplo los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, la residencia Cerrón a la Falda… esos eran hoteles de las fuerzas que después pasaron al IOSFA”.
El malestar se agrava por otros flancos. El ministro Presti, siendo él mismo un militar, tomó la decisión de poner al Ejército a conducir la nueva obra social OSFA, lo que generó enojo en la Fuerza Aérea. Además, cuando el Ministerio de Economía se negó a aportar fondos para cubrir las deudas del IOSFA, el gobierno recurrió a las partidas operativas de las propias Fuerzas Armadas, financiando la crisis de salud a costa del presupuesto de defensa.
El IOSFA fue creado en 2013 mediante el Decreto 637/13 para unificar las coberturas médico-asistenciales del personal de las Fuerzas Armadas y de determinadas fuerzas de seguridad federales (Prefectura Naval y Gendarmería Nacional). Era la tercera obra social más grande del país, con cerca de 600.000 afiliados.
La institución colapsó financieramente a lo largo de 2024 y 2025. Según una auditoría interna, la deuda pasó de aproximadamente $70.000 millones en marzo de 2024 a $173.000 millones al cierre de ese año.
De acuerdo con los expedientes, la obra social recibió un superávit de $25.000 millones cuando el exministro de Defensa de la Nación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, Luis Petri asumió. Sin embargo, ese colchón fue consumido rápidamente. Bajo la conducción de Oscar Sagaz (primer hombre de Petri en el organismo), se tomó un préstamo de $14.000 millones al Instituto de Ayuda Financiera (IAF) que nunca fue devuelto. Luego se pidió un segundo préstamo de $42.000 millones, supuestamente para equipamiento médico, pero utilizado para pagar deudas con proveedores, lo que agravó aún más el déficit. A cargo de su administración la deuda creció hasta superar los $200.000 millones.
La causa principal fue la falta de pago de aportes y contribuciones patronales por parte del Estado Nacional —es decir, el propio gobierno no cumplía con lo que le correspondía pagar como empleador—, lo que generó una brecha crítica entre los ingresos del instituto y el costo real de las prestaciones médicas. El déficit mensual llegó a los $15.000 millones. Para octubre de 2025, por primera vez en su historia, el IOSFA tuvo que pedir un “salvataje” de emergencia al Ministerio de Defensa para pagar deudas con droguerías proveedoras de medicamentos.
Las consecuencias para los afiliados fueron gravísimas, entre ellas el recorte sistemático de prestaciones, falta de medicamentos oncológicos, hospitales sin cobertura en ciudades como Mar del Plata, Trelew, Bahía Blanca, Tucumán y otras provincias del norte.
Previamente, en febrero de 2026, se dictó el DNU 88/2026, mediante el cual dispuso la disolución del IOSFA y la creación de dos nuevas obras sociales, la OSFA, bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional. El decreto también estableció un período de transición de hasta 365 días para ordenar el traspaso de afiliados, bienes, personal y obligaciones, con el objetivo declarado de garantizar la continuidad de las prestaciones de salud.
El decreto argumentó que la separación permitiría una gestión más eficiente y adaptada a las realidades de cada situación. Sin embargo, el decreto no especificó ningún mecanismo concreto para saldar la deuda heredada, ni un cronograma de transición, ni un sistema de control externo independiente.
Las dos contrataciones cuestionadas
El 18 de marzo de 2026, el administrador designado del IOSFA, el coronel mayor (R) Ariel Guzmán, aprobó una contratación directa “por especialidad” por $108 millones para el mantenimiento del “sistema asistencial” durante seis meses, con opción a prórroga.
La empresa adjudicada fue Tekhne SA, presentada como única oferente. La firma es presidida por Rodolfo Héctor Montonati y dirigida por Enrique Alberto Cuello y Valeria Esther Montonati. No se trata de un vínculo nuevo, ya que los registros del propio IOSFA muestran que Tekhne SA ya había sido la única ofertante en una contratación directa por especialidad para el “mantenimiento y actualización del Sistema SIA” en 2023, lo que indica una relación comercial reiterada bajo la misma modalidad.
La modalidad de “contratación directa por especialidad” es un mecanismo excepcional del régimen de compras públicas que permite adjudicar sin competencia abierta cuando se justifica que solo una empresa cuenta con las capacidades técnicas necesarias. Lo que no cierra es que el proceso fue iniciado en diciembre de 2025, mientras el organismo ya estaba en camino a su liquidación.
Apenas días antes, el 2 de marzo de 2026, el gerente general Sergio Maldonado había autorizado, mediante la disposición DI-2026-145-APN-GG#IOSFA, una licitación privada por $86.578.259,04 para contratar una consultora externa que elabore un Programa Integral de Prestaciones (PIP).
El objetivo formal era diseñar el modelo de cobertura médica del IOSFA. Sin embargo, el propio gobierno ya había decidido disolver el organismo semanas antes. En los fundamentos del pliego, el IOSFA admite que no cuenta internamente con el equipo técnico necesario para esa tarea.
Estas decisiones contrastan con la lógica que suele esperarse en un proceso de disolución. En teoría, una institución en liquidación debería concentrarse en reducir compromisos y gastos corrientes, auditar la situación heredada y ordenar el cierre de manera transparente y controlada.
La continuidad de gastos elevados y el uso de mecanismos que eluden la competencia abierta alimentan sospechas de un posible “vaciamiento de último momento” antes del cierre definitivo del organismo.
El hecho de que el llamado para la contratación de Tekhne SA se remonte a diciembre de 2025 —antes del decreto de disolución— no elimina la incógnita sobre si era necesario formalizar este contrato una vez conocida la decisión de liquidar el organismo.
El Gobierno de Río Negro otorgó un nuevo permiso de exploración minera a Claudio Alberto Ciccarelli, de acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial N° 6475 del 19 de marzo de 2026.
El primo de Claudio Ciccarelli, Federico “Fred” Machado, se encuentra detenido en Estados Unidos. Allí enfrenta cargos por presunto narcotráfico, lavado de dinero y fraude.
El trámite se encuadró en el expediente N° 48.022-M-23, denominado “El Gran Don José”, y comprendió un permiso de exploración de minerales de primera categoría en la zona de Los Menucos, dentro del Departamento 25 de Mayo. El edicto fue difundido por la Secretaría de Minería, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, y notificó a los titulares de las tierras alcanzadas por el área de exploración, Domingo Calvo y Gerardo Collinao.
– Fred Machado durante la presentación del libro de José Luis Espert en Viedma. Detrás suyo, a la derecha, asoma Claudio Ciccarelli, su primo, un empresario con negocios mineros
La documentación indicó que el área involucrada se ubicó en la Grilla 4169-II del Catastro Minero, en cercanías de la localidad de Los Menucos, y que la tramitación se realizó conforme a las previsiones del Código de Minería.
El gobierno provincial de Río Negro, encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck por el partido Juntos Somos Río Negro (JSRN), destinó un contrato de $932,4 millones para el dictado de cursos virtuales de inglés en el marco del programa “Río Negro Bilingüe”.
El proceso, identificado como licitación pública 112/2025, generó cuestionamientos por tres razones centrales. El organismo estatal que impulsó la medida fue la Secretaría de Energía y Ambiente, y no el Ministerio de Educación. A ello se sumó el descarte de la oferta más barata y un costo por alumno muy por encima de los valores de mercado.
El programa habría sido lanzado en octubre de 2025 por Weretilneck con el argumento de fortalecer el capital humano provincial en un contexto de desarrollo energético e inversiones productivas. La iniciativa prevé la entrega de 10.000 licencias anuales de formación en inglés con modalidad virtual y asincrónica, complementada con talleres presenciales optativos en distintas localidades.
La propuesta estaría dirigida a un perfil amplio de beneficiarios que incluye a trabajadores vinculados a los sectores de energía, logística y servicios, así como a empleados públicos de áreas como salud, seguridad, policía y bomberos. También alcanza a emprendedores, comerciantes y prestadores turísticos, además de estudiantes de los últimos años del nivel secundario, terciario y universitario. A su vez, contempla a adultos que se encuentran fuera del sistema formal y buscan mejorar sus condiciones de empleabilidad.
La formación está estructurada en 10 niveles alineados al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), con tutorías sincrónicas y uso de inteligencia artificial. Hacia diciembre de 2025 ya había alcanzado 6.667 preinscriptos y la provincia amplió su cobertura territorial hacia la zona andina (Bariloche, Dina Huapi, El Bolsón) y la costa atlántica.
Una de las críticas más llamativas es que la contratación fue impulsada desde la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, a cargo de Andrea Confini, actual esposa del mandatario, y no desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Si bien el programa fue presentado como una articulación entre ambas áreas, la licitación y adjudicación quedaron bajo la órbita energética.
Esto genera interrogantes legítimos sobre el circuito administrativo. Los ministerios de educación provinciales son los organismos naturales para contratar servicios de formación académica, cuentan con equipos técnicos especializados y son los que habitualmente articulan con universidades e institutos terciarios. Que sea el área de energía quien adjudique una plataforma educativa resulta, cuanto menos, atípico desde el punto de vista de la lógica institucional.
¿Por qué energía y no educación?
La justificación oficial es que el bilingüismo se enmarca en la estrategia de desarrollo económico y la transición energética de la provincia, por lo que Energía tiene incumbencia directa. Sin embargo, esto no elimina la pregunta sobre por qué no se canalizó a través de instituciones con capacidad instalada para ofrecer estos servicios, como universidades públicas o institutos provinciales de formación docente.
“En Río Negro hay un triángulo de poder que maneja muy mal la provincia”, afirmó José Luis Berros, presidente de Vamos con Todos y vicepresidente del Partido Justicialista de Río Negro, en una entrevista con LUVER. El dirigente se mostró además crítico con la conducción provincial por su “escaso apego a la rendición de cuentas”. “El triángulo está compuesto por Facundo López (líder del armado legislativo de JSRN), la señora del Gobernador y el propio gobernador”, agregó, y cuestionó su desempeño al señalar que “están manejando muy mal la cuestión pública”.
La apertura de sobres se realizó el 16 de enero en Viedma, con la participación de tres empresas. EL LAB Taller de Idiomas SRL presentó la oferta más elevada, por $1.100.000.000, mientras que SDC SRL realizó la propuesta más baja, por $893.000.000. Por su parte, EDIR Emprendimientos SRL ofertó $932.4 millones y resultó finalmente adjudicada.
El 3 de febrero, la Comisión de Preadjudicación descartó a SDC SRL —la empresa más barata— argumentando que su plataforma “no era específica para la adquisición de lenguas”, sino que tenía un enfoque más cercano a una implementación tecnológica general.
Esta decisión dejó el camino libre para EDIR Emprendimientos SRL, cuya oferta era $39 millones más cara que la descartada. La justificación técnica del descarte no se hizo pública en detalle, lo que alimenta las dudas sobre si los criterios aplicados fueron objetivos o respondieron a intereses particulares.
A su vez, el punto que concentra mayor controversia es el costo unitario del servicio. Con 10.000 licencias anuales y un contrato total de $932.4 millones, el cálculo arroja un costo de aproximadamente $93.240 por alumno al año, equivalente a unos $7.770 mensuales por usuario.
En comparación, el mercado ofrece alternativas de menor costo o con mayores prestaciones. La suscripción individual a Duolingo Plus ronda los $56.454 anuales con impuestos incluidos, mientras que un curso online del Instituto Cambridge en Buenos Aires tiene una matrícula que va de $63.500 a $90.500, a lo que se suman cuotas mensuales de entre $83.000 y $97.000 por clases en vivo de dos horas semanales. Por su parte, ABA Lenguas ofrece cursos online cuatrimestrales con clases en vivo desde $256.000, lo que equivale a unos $512.000 al año.
En el ámbito público, la Ciudad de Buenos Aires implementó un programa casi idéntico denominado “Ciudad Bilingüe”, a través del cual contrató a la empresa Edusoft para brindar una modalidad similar —virtual, asincrónica, con 10 niveles y certificación— de manera gratuita para los porteños.
EDIR Emprendimientos SRL es una empresa familiar radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en la avenida Lope de Vega 1620. Fue constituida el 10 de diciembre de 2016 por Miguel Eduardo Schriftman y Yaniv Schriftman, padre e hijo que desde entonces han diversificado sus actividades en distintos rubros.
Según sus registros, la firma opera en servicios de consultoría en tecnología de la información y en el área de enseñanza desde 2017. Posteriormente, en 2018, incorporó actividades vinculadas al sector inmobiliario. A partir de 2020, amplió su alcance hacia la venta mayorista de instrumental médico y artículos ortopédicos, así como de libros y publicaciones.
La empresa no figura como empleadora ni surge, al menos de forma visible, que tenga personal declarado, lo que resulta llamativo para una firma que pretende gestionar un programa de formación para 10.000 usuarios. Se trata, en apariencia, de una firma de estructura reducida y sin personal declarado. No obstante, tiene antecedentes concretos en el sector educativo. En octubre de 2025 el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires registró la prórroga de un contrato adjudicado a EDIR Emprendimientos SRL (en unión transitoria con Ediciones Logos SA) para la “actualización de la plataforma de aprendizaje para la enseñanza de idioma inglés por medios electrónicos” en CABA. Esto indica que EDIR tiene al menos un antecedente relevante con el gobierno porteño en el mismo rubro.
Un patrón de contrataciones cuestionadas
La licitación 112/2025 no constituye un hecho aislado. La administración de Weretilneck acumula una serie de contrataciones directas y procesos licitatorios que han sido cuestionados de manera sistemática por la oposición legislativa.
Entre los casos señalados se encuentran la contratación directa de Epoge SRL por parte de la Subsecretaría de Medios, con un costo cercano a los $750.000 diarios por servicios de seguimiento de medios y redes sociales, en medio de versiones sobre presuntos vínculos políticos. También se objeta la contratación de una consultoría jurídica externa para la Fiscalía de Estado por $96 millones, así como una consultoría en comunicación interpersonal para el Tribunal de Cuentas por $10.350.000.
A estos antecedentes se suma la contratación directa de publicidad institucional en enero de 2026 por más de $128 millones, una cifra que, según los cuestionamientos, supera ampliamente el tope legal vigente.
El legislador provincial Luciano Delgado Sempé, del bloque Vamos con Todos, es uno de los opositores más activos en la denuncia de estas presuntas irregularidades y llegó a presentar una nota formal ante el Procurador General solicitando investigación por posibles delitos contra la administración pública.
El Senado de Santa Fe aprobó la media sanción de un proyecto de ley que buscó prohibir la actividad de los cuidacoches en todo el territorio provincial. La iniciativa, presentada por el senador por Rosario Ciro Seisas, incorporó esta práctica al Código de Convivencia y habilitó, por primera vez, la intervención directa de la policía y de los municipios ante casos de cuidado, guarda o lavado de vehículos sin autorización.
La propuesta modificó la Ley 10.703 mediante la incorporación de los artículos 66 bis, ter y quater, para que la actividad pasara a ser considerada una contravención a nivel provincial. El proyecto había sido presentado en mayo de 2025. Tras la aprobación en la Cámara alta, la iniciativa debió pasar a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.
Durante el debate, que se extendió por una semana, el Senado introdujo cambios al texto original y participaron al menos tres ministros del gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro. El proyecto contó con el aval del gobierno provincial y sumó aportes del Ejecutivo y de la Cámara de Diputados, con participación de la diputada Ximena García y del legislador Walter Ghione.
Uno de los principales cambios dispuso que la aplicación concreta de la futura norma quedara delegada en cada municipio, que deberá definir su implementación a través de una ordenanza propia. La futura ley le otorgó a la policía atribuciones para actuar, pero estableció que serán los gobiernos locales quienes tendrán a su cargo la acción y la denuncia ante la Justicia contravencional. Según el texto aprobado, los municipios podrán solicitar la intervención policial, por la vía ministerial correspondiente, para hacer cesar la actividad mediante el desplazamiento de los presuntos infractores del espacio público donde se desarrollara.
En el caso de Rosario, será el Concejo Municipal el encargado de dictar una reglamentación local donde se establezcan específicamente atribuciones y alcances en el territorio. Ese esquema surgió tras los planteos de senadores de departamentos con menor densidad poblacional, que sostuvieron que la problemática era propia de los grandes aglomerados urbanos y que, por eso, su resolución debía definirse en cada territorio. Ese criterio descomprimió las críticas que llegaron desde comunas más pequeñas de la provincia.
La iniciativa estableció la prohibición de cualquier actividad de reserva, administración o cuidado de espacios de estacionamiento en la vía pública, así como también del lavado, guarda, cuidado o limpieza de vehículos sin autorización de la autoridad competente. El texto señaló que incurrirá en contravención quien, sin autorización oficial y cuando exista prohibición local vigente, “ofreciera a cambio de percibir algún beneficio o retribución económica ya sea voluntaria o no, espacios físicos destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, como así también su guarda, cuidado, lavado o limpieza, se encuentren éstos estacionados o no”.
Entre las sanciones previstas figuraron el trabajo comunitario de 2 a 10 días, la prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la contravención y el arresto de 10 a 20 días en caso de reincidencia. También se mencionaron multas de 10 a 50 unidades fijas y arrestos de 5 a 15 días en casos de organizaciones coordinadas o reincidencia. Además, el proyecto contempló restricciones de concurrencia a determinados lugares y endureció las penas cuando existiera organización previa.
La sanción se elevará al doble en sus mínimos y máximos cuando la conducta se ejerza con violencia o amenazas hacia personas o bienes; se concrete en zonas de estacionamiento tarifado o gestionadas por entidades o personas autorizadas; o en las inmediaciones de hasta 20 cuadras de eventos públicos masivos, durante las dos horas previas y una hora posterior. También se endurecerán las penas cuando se constate aprovechamiento de una situación de desigualdad de género, edad, discapacidad u otras circunstancias que coloquen a la víctima en una situación de vulnerabilidad y sean aprovechadas en su perjuicio.
El texto también agravó las sanciones si la actividad prohibida se desarrolla entre las 18 y las 6, en zonas escolares, bancarias, comerciales o de edificios públicos. A su vez, incorporó un capítulo específico para quienes sean organizadores, coordinadores o responsables de la actividad: en esos casos, la escala de arresto podrá elevarse hasta el cuádruple de su mínimo y máximo, sin perjuicio de la responsabilidad individual de los autores materiales.
“No es una solución mágica, ni lo vamos a resolver de la noche a la mañana, pero era una deuda histórica de la política con la sociedad. Esta ley permite iniciar el debate y empezar a buscar una solución a un tema que hace décadas se viene escondiendo bajo la alfombra”, aseguró Seisas.
El senador por Rosario también destacó el alcance institucional de la norma: “Con esta ley estamos creando una herramienta en la que la actividad pasa a ser una contravención provincial y donde cada municipio tendrá la potestad de frenar la actividad en su localidad; esto es clave para enfrentar el problema de otra manera. Se plantea un trabajo conjunto entre organismos de control municipal y fuerzas de seguridad, donde los gobiernos locales tendrán a su cargo la acción y la denuncia ante un eventual proceso contravencional en la justicia, siempre acompañados por las fuerzas policiales. Solo en Rosario, en 2025, hubo 1245 reclamos y 16 llamadas diarias al 911 denunciando situaciones de extorsión. En el caso de nuestra ciudad, la idea es inicialmente actuar en las zonas donde se concentran la mayoría de estas denuncias”.
Sobre el tratamiento legislativo, agregó: “Espero que los diputados actúen y sea ley. Esto no es un proyecto personal ni de nombres: es un proyecto de la gente que se cansó de ser rehén de la extorsión. Lo venimos discutiendo desde el año pasado y lo trabajamos de forma conjunta con la Cámara baja, donde sumamos herramientas como la incorporación al Código de convivencia provincial a través de la diputada Ximena García y el abordaje de consumos problemáticos impulsado por Walter Ghione. Es una ley que sirve para que las ciudades tengan una herramienta más”.
Seisas también cuestionó la falta de respuestas políticas de años anteriores. “Durante demasiado tiempo, parte de la política eligió mirar para otro lado. Toleró la violencia. Naturalizó el desorden. Permitió que el miedo quedara del lado de las víctimas y no del lado de quienes cometen los abusos. Hoy esa misma política está asumiendo una discusión incómoda, pero necesaria”, sostuvo.
En Rosario, la discusión sobre los trapitos se apoyó además en cifras oficiales relevadas por la Secretaría de Control y Convivencia. De acuerdo con esos datos, durante 2025 se registraron 1.245 reclamos en los seis distritos a través de la línea 147, Munibot o la página del Ejecutivo; fueron identificados 754 cuidacoches, se labraron 9.090 actas y hubo 202 cuidacoches demorados, de los cuales 156 correspondieron a eventos masivos. El informe también indicó que los llamados al 911 por cuidacoches crecieron 15 por ciento entre el año pasado y lo que iba de 2026.
El afamado economista Juan Carlos de Pablo advirtió, delante del mandatario nacional, que una eventual derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos podría afectar severamente a la Argentina. Lo hizo durante un homenaje a Adam Smith realizado el último miércoles donde ambos compartieron una disertación sobre La riqueza de las naciones.
De Pablo hizo una pausa en su exposición para referirse a las elecciones de medio término que se realizarán el 3 de noviembre en Norteamérica: “¿Qué pasa si el presidente Trump pierde la elección de medio término y se convierte en un pato rengo? Nos jodemos”. La sala atravesó un incómodo silencio.
En esos comicios, los votantes renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes y también una parte del Senado, en una elección que pondrá a prueba el respaldo al oficialismo republicano frente a la oposición demócrata.
¿Qué pasa si pierda y se convierte en un pato rengo?
Antes de esa frase, había planteado el vínculo entre la Casa Rosada y Washington. “Ustedes saben que el presidente de la nación anda en muy buena relación con su par de Estados Unidos”. Milei interrumpió esa afirmación entre risas con un irónico “ponele”. La intervención generó risas simpáticas y efusivos aplausos en el auditorio del Palacio Libertad.
De Pablo completó luego su planteo con una referencia al costo político de esa estrategia internacional. “Pero qué le vas a decir, ¿por qué te jugaste con él? La decisión siempre es única. Siempre tenés este dilema entre los beneficios y los riesgos, eso es inevitable”.
En la segunda audiencia del juicio oral que se sigue en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Ramón “Tito” López vinculó al exgobernador K a la causa que lo tiene como principal imputado junto a su familia.
El organismo antilavado retiró del buscador principal las resoluciones de multas firmes con más de cinco años de antigüedad. La decisión fue justificada como una forma de evitar futuros reclamos por “derecho al olvido”.
Las contrataciones incluyeron panificados para la Casa Rosada y Olivos, cortes premium para la residencia presidencial y servicios de catering y cafetería para la Cámara de Diputados, pese al discurso oficial de austeridad.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
