“EL KIRCHNERISMO NO EXISTE” | Polémica frase de un Gobernador K , luego de la derrota de Capitanich
El mandatario provincial que pidió las cabezas de los jueces que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, se apartó de su militancia y dio como muerto a su propio espacio.
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Los resultados de las elecciones de Chaco de este domingo lograron sorprender a los dirigentes de Unión por la Patria que, a pesar de las encuestas desalentadoras, buscaban dar vuelta los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y dar con un cuarto mandato de Jorge “Coqui” Capitanich. Con ese espíritu colisionado contra el triunfo de Leandro Zdero, el gobernador La Rioja, Ricardo Quintela, salió a cuestionar duramente al oficialismo y aseguró que “ya no existe”.
“Se naturalizó el tema del mensaje del odio. El kirchnerismo no existe, la misma Cristina (Kirchner) lo dice. Es un espacio político que hoy conduce al peronismo”, aseveró el mandatario provincial que actualmente conduce una dura campaña de desprestigio contra la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.
Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja por el Partido Justicialista
Bajo esas líneas y en un intento de captar a los votantes del oficialismo decepcionados, agregó: “Es más, ni siquiera diría que es kirchnerismo, simplemente hay un peronismo conducido por Alberto Fernández“.
“Esperemos que la sociedad en la situación difícil que está atravesando, tenga la posibilidad de poder hacer una evaluación correcta. La situación, en concreto, es que nosotros tenemos que hacernos cargo siempre de los desastres que nos dejan otros. Pasó en el 2001, pasó en el 2019, nos hacemos cargo y nadie ni siquiera valora la actitud que tiene el Movimiento Nacional Justicialista o al Frente de todos en su momento”, añadió.
El mandatario provincial también se hizo presente en el último gran acto de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo
Por último, el riojano señaló que la candidatura a presidente del actual ministro de Economía representa lo mejor para Unión por la Patria: “A Sergio Massa lo veo mucho más sólido y con mucho optimismo. Lo veo como un protagonista del balotaje”.
“Es el único candidato que tiene una propuesta y toma decisiones en políticas activas muy fuertes. Eso es muy importante para el alivio de todas las familias argentinas, básicamente en el sector medio y en el más vulnerable”, concluyó.
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El cuerpo no miente: la desnutrición en las provincias
El relato de la macroeconomía ordenada y el superávit fiscal se estrella contra una realidad física que ninguna planilla de Excel puede maquillar: el estancamiento de la desnutrición crónica en la Argentina. Mientras el discurso oficial se pierde en tecnicismos sobre la base monetaria, la baja talla infantil, indicador irrefutable de la pobreza estructural, se mantiene estancada en un 8% a nivel nacional. No se trata de un número más, sino de una sentencia biológica; la desnutrición en los primeros mil días de vida genera un daño irreversible en el desarrollo cognitivo y físico que no se soluciona con una mejora estacional de los ingresos o un bono de emergencia.
La profundidad de este daño adquiere dimensiones de tragedia en el interior profundo. En las provincias del Noroeste Argentino (NOA), la prevalencia de baja talla alcanza el 15,4%, duplicando la media nacionaly exponiendo una brecha geográfica que parece insalvable. Un escenario similar se replica en la Patagonia, donde el indicador llega al 15,1%. Aunque son regiones con matrices productivas y climas opuestos, ambas comparten el mismo síntoma de un abandono sistémico que el centralismo porteño ignora: una infancia que crece con el futuro recortado por la falta de nutrientes esenciales.
Este mapa del hambre se extiende de forma alarmante hacia la población adulta, un sector que el relato oficial ignora sistemáticamente al no existir un indicador de “talla” para ellos. Sin embargo, los datos de Inseguridad Alimentaria Severa (IAS) son inapelables: en las provincias del NEA y los cordones del Conurbano, el 12,4% de los adultos padece hambre real, lo que significa que pasan días enteros sin ingerir alimentos.
Este déficit nutricional se traduce en una prevalencia de enfermedades crónicas vinculadas a la mala alimentación que ya afecta al 35% de la población mayor de 18 años en las zonas más postergadas, donde la dieta se basa casi exclusivamente en harinas y ultra-procesados ante la imposibilidad de costear proteínas.
Asimismo, la situación en los adultos mayores de las provincias es crítica. Mientras el Gobierno celebra superávits, el 22,1% de los jubilados en el interior profundo presenta cuadros de anemia o deficiencias vitamínicas graves, producto de una Canasta Básica que se volvió inalcanzable. No es sólo un problema de niñez; es un deterioro físico generalizado que reduce la esperanza de vida saludable yaumenta la presión sobre hospitales públicos que, paradójicamente, sufren el desfinanciamiento estatal.
Este fenómeno no es producto del azar, sino de condiciones de vida que vulneran derechos básicos de forma constante. La desnutrición está alimentada por un entorno ambiental hostil donde el 16% de la población carece de agua de red y un alarmante 43% no tiene acceso a cloacas.
Mientras en los despachos oficiales se discuten porcentajes del PBI y el éxito de la gestión, en las provincias miles de niños crecen en el barro, expuestos a enfermedades parasitarias e infecciosas que anulan cualquier intento de nutrición adecuada. Es la infraestructura básica, y no sólo el dinero en el bolsillo, lo que define la supervivencia en el territorio.
La comparativa histórica revela que, a pesar de los cambios de signo político desde 1924, la estructura del hambre en las provincias es una deuda que no para de crecer. El mileísmo, lejos de revertir esta tendencia, ha profundizado la vulnerabilidad con un ajuste que parece ensañarse con los más desprotegidos: el recorte del 50% en el Plan Primera Infancia y la caída real en el poder de compra de la Tarjeta Alimentar dejan a las provincias sin las herramientas mínimas para frenar el deterioro. En Argentina, el capital humano se hipoteca en silencio mientras los indicadores financieros celebran una solvencia que no llega al plato de comida de los niños.
El manual del maquillaje: de la macroeconomía a la pobreza
Para comprender el éxito que pregona el oficialismo, es necesario desarmar la confusión estadística entre la pobreza multidimensional y la monetaria. El eslogan de “7 de cada 10 niños pobres” con el que se describe la herencia recibida refiere a un indicador de UNICEF que mide privaciones de derechos básicos (educación, vivienda, agua), una cifra estructural que no se mueve con la misma velocidad que el dinero.
Sin embargo, para celebrar su gestión, el gobierno recurre alindicador de ingresos: allí la serie muestra un descenso del 58,5% al cierre de 2023 al 41,3% en 2025. El truco del relato consiste en usar una cifra de impacto estructural para hablar del pasado y una cifra monetaria volátil para hablar del presente, ocultando que una mejora en el bolsillo no resuelve las carencias profundas que sufren los chicos en el territorio.
De hecho, la supuesta reducción de la pobrezano es el resultado de un milagro económico o producto de “el mejor ministro de economía de la historia”, sino de un respirador artificial financiado por el Estado. Según los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (Universidad Católica Argentina), sin los 2,8 millones de nuevos beneficiarios de planes sociales incorporados durante el mileísmo, volviendo al nivel de asistencia de diciembre de 2023, la pobreza daría el mismo 42% inicial. El indicador del INDEC bajó del 42% al 28% sólo porque se inyectaron recursos récord para anestesiar el impacto del ajuste, construyendo una “gestión exitosa” sobre la base de una dependencia estatal que el propio discurso oficial dice combatir. Y cuestión aparte: claro que la cifra del 53% de pobreza citada frecuentemente por el oficialismo es tramposa, ya que se trata del nivel alcanzado por el mileísmo en 2024 mediante las medidas de ajuste y shock.
La realidad laboral también contradice la épica gubernamental. Mientras el Presidente define el aumento del desempleo como un logro de “más gente buscando trabajo”, los números sugieren una necesidad de supervivencia: con el 70% de los asalariados percibiendo ingresos inferiores a los $850.000 —por debajo de la Canasta Básica Total—, el ingreso al mercado laboral no es una opción de progreso, sino una urgencia ante la caída del poder adquisitivo. El empleo ha dejado de ser una garantía para salir de la pobreza, alimentando un ciclo donde el trabajador formal sigue siendo pobre y necesita de la asistencia pública para cubrir sus necesidades nutricionales básicas.
Contrario a lo que prometía, Milei sí terminó yendo al FMI.
En el plano financiero, las ficciones no son menores. El relato del desendeudamiento choca con la realidad del stock de deuda bruta, que ha seguido aumentando —como puede observarse en la documentación del Ministerio de Economía— incluso bajo la medición consolidada. Lo que el oficialismo celebra es la mejora del ratio deuda / PBI, que mide capacidad de pago pero no la cantidad neta de dinero que se debe.
Del mismo modo, se promociona un aumento en las reservas del BCRA que es puramente contable: en términos de libre disponibilidad, las reservas netas permanecen en terreno negativo, ya que el balance está sostenido por encajes bancarios, préstamos y swaps que el Estado no puede utilizar para intervenir en la economía real.
El cierre de esta ingeniería contable aparece en la página 40 del mensaje del Presupuesto 2026. Allí se admite que la presión tributaria crecerá un 0,47% del PBI, lo que implica que los contribuyentes pagarán casi 30.000 millones de dólares extra respecto al año anterior. Y ante los argumentos del propio texto del mensaje que hablan de un aumento “porque aumenta la actividad económica”: eso es falso, porque el aumento de la actividad económica se mide precisamente en el PBI en términos netos —es la base del ratio—, no en un porcentaje relacionado a ese indicador.
A pesar de las promesas de bajar impuestos, el Estado ha decidido quitarle una porción mayor de la torta al sector privado. Este aumento de la presión impositiva convive con los recortes en los programas de asistencia directa para la niñez, demostrando que el ajuste fiscal no sólo se paga con la billetera de los trabajadores, sino con el futuro biológico de quienes no llegan a cubrir la canasta básica.
Los hermanos Milei junto a Luis “Toto” Caputo, Ministro de Economía.
Los condicionantes invisibles: agua, cloacas y presupuesto
La desnutrición argentina no se explica sólo por la falta de comida, sino por un entorno que anula la nutrición. Mientras el debate se agota en los planes sociales, los datos de infraestructura revelan el motor de la baja talla: el 16% de la población carece de agua de red y el 43% no tiene cloacas.Sin saneamiento, el niño convive con infecciones y diarreas que impiden absorber nutrientes. Cualquier transferencia monetaria es un paliativo que choca contra un muro de insalubridad estructural que el Estado ha dejado de financiar.
Este deterioro ambiental coincide con un ajuste sobre la protección de la infancia. El mencionado recorte del 50% en el Plan Primera Infancia evidencia las prioridades oficiales: se desmantelan controles nutricionales en territorios vulnerables mientras la presión económica aumenta. Aunque se anuncien subas nominales en la Tarjeta Alimentar, estas corren detrás de la inflación de la canasta básica, erosionando la compra de proteínas y condenando a las familias a una dieta de carbohidratos que sacia pero no nutre.
La estrategia oficial delega la responsabilidad del hambre enconvenios con ONGs como CONIN, mientras desfinancia los centros de salud locales. Este corrimiento del Estado fragmenta el seguimiento de la talla y el peso, dejando la detección de la desnutrición al arbitrio de la capacidad de llegada de un privado. Al desmantelar las redes sanitarias territoriales, el gobierno apuesta por un modelo focalizado que no cubre la magnitud de la emergencia socio-sanitaria en las provincias.
La paradoja es absoluta: el presupuesto garantiza el pago de deuda y balances para el exterior, pero es ciego ante la deuda humana. Cada punto del PBI ahorrado en saneamiento o salud infantil se suma a la hipoteca biológica de las próximas generaciones. En la Argentina del superávit, el equilibrio de las cuentas se paga con el desarrollo físico de miles de niños que nacen en un país que, en los papeles, dice estar salvado.
La ceguera ideológica ante el daño irreversible
Este diagnóstico no es nuevo, aunque la dirigencia política haya decidido ignorarlo durante décadas. Ya en septiembre de 2021, durante un multitudinario acto en Parque Lezama (cierre de campaña de las PASO de Javier Milei), Eduardo “El Presto” Prestofelippo puso el foco en la urgencia de defender el “potencial genético” de los argentinos más vulnerables. Lo que en cualquier país desarrollado se entiende como una defensa técnica del derecho al desarrollo biológico y cognitivo, en la Argentina del relato fue blanco de ataques por parte de sectores de izquierda y el kirchnerismo.
En un despliegue de ignorancia supina, la militancia kirchnerista prefirió tildar el término de “nazi” antes que comprender que la falta de nutrientes en los primeros años de vida anula las facultades intelectuales que todo ser humano trae al nacer. Fue una defensa directa de los niños pobres, atacada precisamente por quienes dicen representarlos.
Esta incapacidad para procesar conceptos técnicosbásicos tiene un correlato estadístico alarmante: según informes educativos recientes, el 50% de los argentinos que logran terminar la secundaria no pueden interpretar un texto de complejidad media. Esa brecha de comprensión, que nace precisamente de la desnutrición que Presto denunciaba, parece haber encontrado refugio en las redacciones de medios oficialistas y de izquierda, donde la interpretación libre de la realidad reemplaza al análisis de los datos. Mientras el periodismo militante se pierde en gimnasias semánticas para cancelar discursos, la realidad física de un cerebro que no recibió proteínas sigue siendo el techo invisible que condena el futuro del país.
El Presto durante el discurso en Parque Lezama ante 15.000 personas, septiembre de 2021
El capital humano hipotecado
El contraste entre el marketing del Nobel de Economía y la realidad del interior profundo revela una desconexión total con la Argentina real. Mientras en los atriles oficiales se festeja el ordenamiento macroeconómico y una baja de la pobreza construida sobre cimientos de barro, el 15% de desnutrición crónica en las provincias del norte y la Patagonia dictamina una sentencia que no admite apelación. El éxito que celebra el Gobierno es puramente financiero; el fracaso que omite es biológico y estructural.
La ingeniería del maquillaje —reservas netas en rojo, aumento de planes sociales, stock de deuda al alza y una presión tributaria récord para el 2026— tiene como único fin sostener un relato de solvencia para los mercados externos. Sin embargo, esta asfixia de los recursos destinados al saneamiento y la salud infantil está quemando las naves del futuro.
En la Argentina del superávit, lo que sobran son indicadores de papel y lo que falta es talla en los niños. Cuando los balances del Banco Central finalmente den positivo, si es que lo logran, el daño en el desarrollo cognitivo de una generación ya será irreversible. La verdadera herencia de esta gestión no se medirá en puntos de PBI, ni en la inflación del mes, sino en la estatura y las capacidades de los argentinos que hoy, mientras el oficialismo aplaude sus propias ficciones, siguen naciendo bajo la línea de la dignidad humana.
Luego de recibir el “Premio Nobel Judío”, Milei desea recibir un verdadero Nobel de Economía
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) evaluó el desempeño del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) durante 2024 y detectó una serie de debilidades en la designación de capacitadores, la infraestructura tecnológica y la gestión administrativa del organismo encargado de formar a los aspirantes y al personal de la Policía de la Ciudad, el Cuerpo de Bomberos y los funcionarios responsables de diseñar e implementar políticas de seguridad ciudadana.
El informe, aprobado por unanimidad el 10 de septiembre de 2025 y dirigido a la presidenta de la Legislatura porteña, Clara Muzzio, tuvo como supervisor al Dr. Guillermo A. García y como director de proyecto al Lic. Favio Pirone.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 16 de marzo y el 25 de mayo de 2025.
El Instituto, situado en un predio de 10 hectáreas en el barrio de Bajo Flores,invirtió más de $1.587 millones en la contratación de capacitadores durante el período auditado. De ese total, el 79,8% se destinó a la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública para aspirantes a Oficial de Policía; el 15,6%, a los Cursos de Ascenso; y el 4,5% restante, a otras instancias formativas. A partir de esa distribución, la AGCBA concluyó que el organismo reflejó una “clara priorización institucional de la formación inicial de los aspirantes a la Policía de la Ciudad”.
En 2024, el Instituto recibió 23.176 solicitudes para cursar la Tecnicatura, pero solo 955 personas firmaron vacante para ingresar al Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad bajo la modalidad de internado con beca. De ese total, 919 aprobaron el primer cuatrimestre y 899, el segundo.
A lo largo del período se graduaron 1.515 Técnicos Superiores en Seguridad Pública – Oficial de Policía.
Respecto de las bajas, el Instituto informó 110 en total: 98 voluntarias y 12 obligatorias. Sin embargo, el relevamiento de las resoluciones institucionales identificó 104 bajas voluntarias y 15 reincorporaciones; descontadas estas últimas, la auditoría constató una diferencia de 9 bajas voluntarias respecto de lo informado por el organismo.
Pese a la inversión y a la magnitud de la actividad, la auditoría detectó irregularidades sistemáticas en la designación de los formadores.
La planta de la Tecnicatura contaba con 800 capacitadores y la de los Cursos de Ascenso, con 161. Del análisis de una muestra de 86 expedientes de los primeros, surgió que en 84 casos “la fecha de requerimiento del capacitador para cubrir una materia o curso es posterior a la fecha de inicio de estos” y que en 85 expedientes no constaban las actas de la Comisión Evaluadora de Antecedentes Académicos y Profesionales.
En los Cursos de Ascenso, de 60 expedientes examinados, 54 presentaron la misma anomalía en la fecha de requerimiento y ninguno contó con las actas de esa comisión.
La AGCBA identificó, además, documentación personal faltante en los legajos de recursos humanos, constancias vencidas de Deudores Alimentarios y Ciudadanía Porteña, y ausencia de publicación oficial y comunicación interna de las resoluciones de designación.
En el plano académico la medición oficial señaló que algunas materias “tienen alta carga horaria con pocos docentes, lo que podría afectar la calidad educativa” y que existían “desfasajes” en la distribución de la carga horaria semanal. En cuanto a los cursos de ascenso, la auditoría detectó falta de planificación y comunicación entre las autoridades y el Instituto, sobrecarga operativa por alta demanda y escasos recursos humanos, y la necesidad de establecer criterios objetivos para regular la participación.
Las deficiencias más agudas se registraron en las denominadas “áreas estratégicas”.
De las 2.400 notebooks adquiridas en 2018, durante 2024 solo 600 permanecían operativas, y se estimó que para finales de 2025 el 80% del “parque tecnológico” quedaría obsoleto.
La escasez de netbooks afectó también el acceso de los cadetes al campus virtual Moodle (plataforma que en 2024 dio soporte a más de 113.000 alumnos y 396 docentes), lo que generó costos adicionales por la impresión masiva de materiales y exámenes. El kit de elementos entregado a cada cadete al inicio del cursado no incluyó netbooks, lo que limitó el acceso a contenidos y evaluaciones interactivas.
Los simuladores de realidad virtual de conducción vehicular y de polígonos 2D, utilizados para la instrucción en “diversos escenarios, situaciones de emergencia y la programación de fallas mecánicas” con el objeto de evitar riesgos en la etapa de aprendizaje, resultaron insuficientes ante la demanda y sobrecargaron a los instructores.
En 2024, alrededor de 2.558 cursantes y visitantes usufructuaron los simuladores vehiculares. Los polígonos virtuales registraron 1.102 usuarios distribuidos entre 650 cadetes, 180 policías, 25 representantes de embajadas, 25 integrantes de fuerzas nacionales y federales, 20 de fuerzas extranjeras, 57 visitas judiciales, 85 pertenecientes a organismos y organizaciones no gubernamentales y 60 visitas institucionales. El área de e-learning del Instituto, encargada de sostener la educación virtual, el campus digital y el soporte pedagógico, también mostró signos de saturación, con equipos existentes y soporte técnico desbordados, lo que derivó en un “mayor gasto en soluciones alternativas” con riesgos operativos que comprometieron el cumplimiento de los objetivos institucionales y presupuestarios.
La flota vehicular del Instituto (dos ómnibus, tres minibuses y cuatro vehículos utilitarios tipo camioneta) tampoco resultó suficiente para cubrir la demanda. Esos medios trasladaron a 18.912 agentes durante 2024 en el marco de actividades académicas, servicios de seguridad y visitas culturales, entre ellas al Teatro Colón, al Congreso de la Nación y a la Morgue Judicial.
El informe concluyó que la flota disponible no resultaría suficiente para cubrir adecuadamente la demanda anual de traslados requerida por las distintas actividades académicas y operativas.
La AGCBA también advirtió que no se pudo verificar una formación académica continuada sobre Derechos Humanos en la formación inicial de los policías, aunque sí constató la existencia de contenido curricular en la temática. De manera análoga, el informe señaló que no se contó con información que acreditara actividades académicas de capacitación continua en la atención al público.
Como contrapunto, el examen sobre una muestra de 90 expedientes de cadetes egresados determinó que todos contaban con la totalidad de la documentación exigida, sin incumplimientos a la normativa vigente.
La Legislatura de Chubut sancionó la semana pasada la ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares y dispositivos con acceso a internet por parte de personas presas en cárceles, alcaidías y comisarías de la provincia. El Proyecto de Ley General N° 017/2026, que recibió dictamen previo de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, y de Legislación General, Cultura y Educación, obtuvo un respaldo amplio y sin diferencias partidarias.
SE TERMINARON LOS “CALL CENTERS” DEL DELITOAprobamos la ley que prohíbe el uso de celulares en cárceles, comisarías y alcaidías de toda la provincia.Se terminó la época de las estafas, las extorsiones y las “oficinas remotas” del delito manejadas desde una cárcel.Hoy Chubut… https://t.co/ugWokRHCEo
El gobernador Ignacio Torres celebró la sanción con una publicación en su cuenta oficial de X: “Se terminaron los call centers del delito. Aprobamos la ley que prohíbe el uso de celulares en cárceles, comisarías y alcaidías de toda la provincia. Se terminó la época de las estafas, las extorsiones y las ‘oficinas remotas’ del delito manejadas desde una cárcel”. Torres también destacó que “este es un proyecto que se trató sin banderas partidarias, con una premisa común: garantizar la seguridad de los chubutenses”.
Extorsiones por más de $80 millones y víctimas que se suicidaron
La diputada Andrea Aguilera, una de las principales defensoras de la norma, explicó que la ley alcanza a celulares, tablets, laptops, notebooks, consolas de juego y a cualquier equipo que permita acceder a redes sociales, mensajería o internet. La legisladora fundamentó el amplio respaldo con datos concretos: en Chubut se registraron extorsiones que superaron los 80 millones de pesos y hubo casos de personas hostigadas que terminaron suicidándose por la presión sufrida.
La nueva directiva no implica una interrupción absoluta del contacto de los detenidos con el exterior. Aguilera fue enfática al respecto: “No es una ley de prohibición. Es una ley que ordena y es una ley que establece cómo y de qué manera debe regularse la comunicación”. El texto garantiza el derecho a comunicarse con familiares, defensores, y para tratamientos de salud o trayectorias educativas, pero bajo un esquema controlado y sin acceso a dispositivos que permitan navegar por internet.
Las terminales institucionales habilitadas deberán configurarse exclusivamente para llamadas de voz. Quedaron expresamente prohibidos el acceso a internet, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, el correo electrónico, las videollamadas y el intercambio de archivos. Además, las comunicaciones se realizarán únicamente hacia números previamente autorizados e incorporados a un registro de destinatarios habilitados, y se llevará un registro de cada comunicación con datos de fecha, hora, duración, interno solicitante, terminal utilizada y número de destino.
Qué establece la ley
El texto prohíbe el “ingreso, tenencia, facilitación y uso de equipos o terminales móviles por parte de personas privadas de libertad en los lugares de detención de jurisdicción provincial”. La norma tendrá vigencia en establecimientos penitenciarios, unidades, institutos, alcaidías, comisarías, centros de detención transitoria y cualquier lugar de alojamiento de personas privadas de libertad dentro de la provincia. También alcanzará a quienes estén alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal cuando su detención haya sido dispuesta por sentencia o resolución judicial de jueces o tribunales provinciales.
La ley también faculta a la autoridad de aplicación a instalar sistemas de inhibición o gestión controlada de señal para impedir el cursado clandestino de comunicaciones móviles dentro de los establecimientos, y establece como obligación permanente de las autoridades el control para evitar el ingreso de dispositivos.
UN PASO FIRME CONTRA EL DELITO ORGANIZADOEn Chubut dejamos atrás una práctica que durante años permitió que el delito se siga gestionando desde adentro de los lugares de detención.Con la aprobación de la ley que prohíbe el uso de celulares en cárceles, comisarías y alcaidías,… pic.twitter.com/KgJOEQbY6v
El Ministerio de Seguridad de la provincia contará con 180 días para reglamentar la ley y adaptar cada unidad de detención, tarea que incluye la definición de protocolos, el equipamiento permitido y las modalidades de comunicación legal.
Aguilera reconoció, sin embargo, que la norma tiene un límite: alcanza a cárceles y lugares de detención bajo órbita provincial, pero no modifica la situación en unidades federales, donde también operan casos resonantes de criminalidad organizada. Por eso, el oficialismo apuesta a que la sanción provincial funcione como antecedente político y normativo para otras jurisdicciones. Torres, en ese sentido, instó a extender la iniciativa al resto del país.
La diputada nacional salteña de La Libertad Avanza, María Gabriela Flores, admitió que su hijo viajó en algunas oportunidades con pasajes del Congreso de la Nación, un beneficio que reciben los legisladores para el desarrollo de su actividad parlamentaria. La revelación surgió durante una entrevista en FM Noticias de Salta, luego de que se difundiera una imagen en la que se la vio junto a su hijo en el aeropuerto de Salta.
“En alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso, esto no es un delito”, afirmó la legisladora, quien este miércoles dejó la presidencia de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes.
Flores explicó que su hijo estudió Abogacía en la Ciudad de Buenos Aires y por eso realizaba viajes frecuentes entre la Capital y Salta: “va y viene. También le he dado pasajes para otras cosas”.
La consulta se originó a partir de una fotografía en la que se observó a la diputada abordar un vuelo junto a su hijo. “Al que me sacó la foto, le mando saludos”, ironizó.
Flores defendió el uso de esos pasajes y aseguró que cada diputado nacional cuenta con un sistema de viáticos que contempla asignaciones para traslados aéreos y terrestres. Según planteó, esos recursos “pueden ser utilizados de manera flexible”, por lo que negó que hubiera existido una conducta irregular.
El general de brigada retirado Sergio Maldonado renunció a la presidencia del directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), la nueva entidad creada apenas en febrero de 2026. Lo llamativo es que su renuncia se produce con apenas un mes de gestión desde que la nueva estructura entró en funcionamiento el 1 de abril de 2026. Maldonado adelantó su decisión al ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, quien ahora buscaría designar a un oficial superior en actividad para reemplazarlo.
Desde la Fuerza Aérea habrían denunciado que la estructura militar se había “teñido de verde”, en referencia a la fuerte presencia de oficiales del Ejército en los puestos clave del Ministerio de Defensa y en la nueva OSFA. Esta tensión entre las distintas fuerzas complica aún más la gestión de una entidad que ya enfrenta problemas estructurales gravísimos.
El Ministerio de Defensa proyecta designar a un oficial superior en actividad en lugar de un retirado, lo que podría marcar un cambio en el perfil de la conducción. La deuda que acarrea con los prestadores privados sigue sin resolver, las fuerzas de seguridad aún no habrían pagado su parte correspondiente, y miles de afiliados siguen esperando una cobertura que legalmente están obligados a recibir.
En este contexto, el punto de inflexión se dio el 1 de mayo de 2026, luego del fallecimiento en San Juan del suboficial retirado Carlos Héctor Vázquez, de 77 años, tras ingerir un frasco entero de pastillas. Ya había protagonizado un primer intento, cuando se disparó en el abdomen frente al monumento al general San Martín. En una carta encontrada en su mochila, Vázquez explicaba que llevaba más de seis décadas pagando la obra social desde que ingresó al Ejército a los 16 años, y que estaba atravesando un cáncer y otras enfermedades graves sin recibir atención.
“Nunca vi que un presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y su ministro abandonaran a sus soldados”, subrayó en la nota.
El caso generó impacto dentro de la estructura castrense y, según versiones internas, habría influido en la salida de Maldonado. Desde OSFA rechazan esa interpretación. Sostienen que el general retirado había sido convocado para encabezar la primera etapa de creación del nuevo organismo y que esa instancia ya estaba cumplida. También remarcan que Maldonado continuaba la línea de gestión iniciada por Betina Surballe, designada durante la administración de Luis Petri como gerente general.
La cobertura médica de los militares, retirados y sus familias estaba a cargo del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), considerada la tercera obra social más grande del país con más de 550.000 beneficiarios. Esta entidad venía acumulando una deuda millonaria que, según estimaciones, creció de $44.000 millones al inicio de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) hasta superar los $300.000 millones durante la gestión de Petri.
Las consecuencias concretas de esa deuda fueron devastadoras para los afiliados, con suspensión de prestaciones médicas en múltiples provincias, falta de medicamentos para tratamientos de alta complejidad como cáncer, VIH y diabetes, y cancelación de internaciones y cirugías programadas. En Mar del Plata, el único hospital de referencia llegó a suspender la atención de cerca de 20.000 afiliados por deudas impagas que superaban los $800 millones solo con ese centro.
— Militares llevando urnas por montañas a pueblos alejados en las lecciones presidenciales 2023
En febrero de 2026, el presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, mediante el cual disolvió el IOSFA y lo reemplazó por dos organismos separados. Por un lado quedó la OSFA, dependiente del Ministerio de Defensa y destinada a militares en actividad, civiles y retirados. Por el otro, estaría la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, para Gendarmería y Prefectura Naval.
El gobierno argumentó que las fuerzas armadas y las de seguridad tienen “características funcionales, operativas, demográficas y laborales sustancialmente distintas” que justificaban la separación. También estableció que el 80% de los ingresos debía destinarse a prestaciones médicas, con solo un 8% para gastos administrativos.
El problema central es que disolver el IOSFA no hizo desaparecer su deuda. Al 31 de marzo de 2026, el Ministerio de Defensa informó ante el Congreso que la deuda del IOSFA ascendía a $248.600.811.333. El Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, habría rechazado hacerse cargo de esa deuda acumulada, dejando al Ministerio de Defensa en la difícil situación de tener que usar recursos de su propio presupuesto operativo para sostener el sistema.
Mientras tanto, los afiliados quedaron en un “limbo sanitario”, donde continúan pagando sus aportes mensuales pero sin recibir cobertura real. La situación fue particularmente grave en el interior del país —Formosa, Trelew, Tucumán, Bahía Blanca— donde la cobertura era, de acuerdo con los propios afectados, prácticamente inexistente.
El fallecimiento de LuisBrandoni dejó en Mendoza, y especialmente en San Rafael, un dolor con matiz de gratitud. Más allá de su extensa trayectoria en el cine y el teatro, el queridísimo actor dejó una huella concreta en el distrito de Las Paredes: donó parte de un predio familiar para que allí se construyera una escuela secundaria y, en octubre de 2023, viajó hasta el lugar para presidir el acto de imposición del nombre de la institución, a la que eligió llamar “José Domingo Brandoni”, en honor a su padre.
José Domingo Brandoni fue un empleado bancario que adquirió tierras en San Rafael por iniciativa del dueño de la entidad donde trabajaba. A su muerte, en 1985, Luis y su hermano Gerardo heredaron esos terrenos, donde ya vivían decenas de familias en condiciones precarias. Fue entonces cuando los hermanos tomaron la decisión de donar parte del predio con una única condición: que allí se construyeran una escuela, una comisaría y un centro de salud.
El 24 de octubre de 2023, Brandoni llegó al establecimiento 4-245. La comunidad educativa esperaba ese momento desde 2017, cuando inició la búsqueda de una identidad propia. Originalmente, la elección parecía definida: “Luis Brandoni” había sido el nombre más votado entre opciones como “Los Carolinos” o “El Chañaral”. Sin embargo, fue el propio actor quien cambió el rumbo con un gesto que marcó el espíritu de la jornada.
“Cuando me plantearon poner mi nombre, razoné que no había hecho méritos suficientes para semejante honor. Por eso propuse el de mi papá”, confesó, visiblemente conmovido, durante el acto. Y agregó: “Mi padre se merece este reconocimiento porque fue un hombre de bien, un hombre decente, que quiso mucho a San Rafael”.
Viviana Pizarro, directora de la institución en aquel entonces, describió el largo camino que llevó al bautismo del colegio y el impacto que tuvo la conversación con el actor. “Nos contó la historia de su familia y manifestó que lo más justo sería que el nombre fuera el de su papá. La comunidad aceptó de inmediato”, recordó la docente.
Hoy, la Escuela José Domingo Brandoni funciona como el testimonio vivo de una decisión familiar que cambió el futuro de una comunidad.
Gremios, usuarios y familiares de víctimas pidieron declarar la emergencia vial y apuntaron contra el recorte presupuestario, la pérdida de personal técnico, la paralización de obras y el avance de concesiones por peaje como salida oficial frente a la crisis.
La renuncia de Sergio Maldonado dejó al descubierto la interna con Carlos Presti y golpeó a una obra social militar ya desbordada por las deudas, la falta de prestaciones y el suicidio de un suboficial retirado que había denunciado abandono médico.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
