*Por: Karin Leiva

Roberto Gallardo, juez en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, debió dejar de tramitar el amparo por los testeos a los docentes porteños hasta que se resuelva la recusación que el gobierno de la Ciudad presentó para que sea apartado del expediente por presunta falta de imparcialidad.

Según informó Infobae, tras ser presentada la recusación, Gallardo envió el expediente a la Secretaría General de la Cámara para “proceder a la asignación del juzgado que continuará con su tramitación, hasta tanto se resuelva la recusación planteada”.

La recusación contra el juez fue presentada esta mañana por la manera en la que tramita el expediente: “Las decisiones implican un claro exceso de las funciones del Dr. Gallardo, quien directamente está seleccionando los sujetos en autos, y ordena prueba no solicitada, tal como si fuera parte actora, con lo cual demuestra la clara intención del magistrado de utilizar un proceso judicial para convertirse en el ejecutor de una política pública”, sostiene la recusación donde el gobierno porteño pide que el juez deje la causa.

Por esto, Gallardo cumplió con el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, que en su artículo 16 establece que “cuando el/la recusado/a sea un juez/a de primera instancia, debe remitir a la Cámara de apelaciones dentro de los cinco días, el escrito de recusación con un informe sobre las causas alegadas”. El magistrado dispuso formar una causa para tratar la recusación y remitirla a la Cámara cuando elabore el informe.

Gallardo también dejó la causa y dispuso que lo tramite un nuevo magistrado hasta que la Cámara resuelva la recusación. En caso de ser avalada, Gallardo no será más el juez del expediente. Si es rechazada va a volver a tomar el caso para su tramitación, según lo establecido en el artículo 20 del Código: “Cuando es recusado un/a juez/a de primera instancia, el expediente pasa al juez/a subrogante legal para que continúe su substanciación”.

Una vez recibida la recusación por la Cámara, las partes tendrán cinco días para presentar las pruebas que consideren necesarias y, luego, el tribunal tendrá otros cinco días para dar su resolución.

Gallardo era juez de la causa que presentó Carlos Luis Elías, dirigente sindical del SUTECBA, para determinar si el Gobierno de la Ciudad realizó o planea realizar testeos a los docentes porteños para el regreso a las clases presenciales previsto para el 17 de febrero.

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