25 octubre, 2024

El Gobierno prohibió las armas de fuego en los liceos militares

Cuestionan una serie de artículos de una reciente disposición ministerial. Desde los órganos oficiales respondieron que “los Liceos no se van a cerrar”.
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*Por: Milton Del Moral

La Resolución 255/2020 del Ministerio de Defensa, dictada el miércoles 5 de agosto de 2020, despertó la inquietud de algunos actores de la comunidad educativa de los liceos militares. Autoridades, presidentes de asociaciones de ex cadetes y egresados con predominancia en la sociedad advierten que el plan de reforma impulsado por el gobierno nacional intenta socavar la esencia militar, desalentar la formación de nuevos oficiales y desarticular la presencia de los graduados en el ámbito público.

Por la naturaleza de las medidas adoptadas, lo comprenden como una maniobra de desmilitarización de la población, una norma con sesgo ideológico. Y de ahí, sus reparos y objeciones. Los puntos de la reforma más criticados son la renovación de los planes de estudio en medio del curso lectivo, la incorporación de los nueve liceos militares a la órbita de la Universidad de la Defensa Nacional, un organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la desafectación del concepto de reservistas y la suspensión de las prácticas de tiro tradicionales.

Para Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán y egresado del Liceo Aráoz de Lamadrid, la iniciativa es improcedente. “Sería desnaturalizar la esencia misma de los liceos militares. Si bien todos los que van terminan siendo militares efectivamente, se trata de una formación de hombres de bien, de conducta y disciplina militar que se traduce en los hábitos y costumbres”. En su análisis, sugiere que la resolución apunta a desanimar a las camadas futuras: “El no uso de armas y que no puedan ser oficiales de reserva es la motivación misma que lleva al adolescente a ingresar a estas instituciones”.

El artículo 6 de la medida exclama: “Los egresados de los Liceos Militares pasarán a integrar la reserva como establecen las Leyes Nº 24.429, 24.948 y 19.101 y sus modificatorias, permaneciendo fuera del servicio activo, en el grado que ya otorga la Fuerza, cuando su aptitud e instrucción militar satisfagan las competencias exigidas para cada caso, sin responsabilidad operacional alguna hasta tanto se aprueba la Ley de Reserva”.

Los egresados de los distintos liceos se convierten, automáticamente, en oficiales de reserva. Se gradúan con el rango de alférez en la Fuerza Aérea, guardiamarina en la Marina y subteniente en el Ejército, y pasan a formar parte de las reservas de las Fuerzas Armadas del país, en disponibilidad de ser llamados para cumplir tareas y desempeñarse en diversas áreas ante eventuales procesos. En esta nueva disposición, el carácter de los reservistas queda suspendido y condicionado hasta la promulgación de la Ley de Reserva, aún en formulación sin un horizonte claro sobre su regulación.

El artículo 7 también sustituye su fundamentación: “Los cadetes de los Liceos pertenecientes a 1º y 2º año de los Liceos Militares solamente podrán recibir conocimientos teóricos sobre el uso de armas, mientras que los de 3º año y superiores de los Liceos Militares realizarán práctica de tiro en simuladores”. De modo que la práctica de tiro con arma de fuego quedará restringida. Según voceros de los institutos, el ejercicio integra la formación básica. Lo asumieron como una medida prohibitiva del punto de vista presupuestario porque el costo de los simuladores afectaría ampliamente la partida.

Alejandro Barbosa, presidente de la Comisión de Padres de alumnos del Liceo General Belgrano de Santa Fe, reparó en el contexto histórico. “Este es el cuarto intento, desde 2006, en el que se proponen reformar los liceos militares. En ese año ya querían cerrar estas instituciones educativas. En este momento, hay una resolución del Ministerio de Defensa en la cual se establecen cambios inmediatos y otros quedan sujetos a discusión para el 2021”, dijo en diálogo con el portal LT10 de Santa Fe.

Es parte de una instrucción vieja que quedó de la época de Nilda Garré. Hoy está el mismo personal que estaba trabajando con ella en aquel momento”, acreditó el doctor Luis Juez, diputado nacional por la provincia de Córdoba y graduado del Liceo Militar General Paz. En aquellos años hubo intentos similares de supresión de los liceos militares que a través de amparos judiciales terminaron diluyéndose y modificando únicamente cambios parciales. Esta nueva resolución aspira a completar las reformas impulsadas durante la presidencia de Néstor Kirchner.

“Es de una ignorancia supina creer que si vas a un Liceo Militar salís con formación militar, es como pensar que si estudiás en la UBA te recibís de enólogo –comparó Juez, con sorna–. Te lo dice un tipo que cursó el Liceo Militar en la peor época de la dictadura militar porque entré en el 76 y salí en el 81. Te diría que el 95% de mi promoción no fue a ninguna de las tres fuerzas. El actual jefe del ejército, el general Agustín Cejas, es un compañero mío desde los 11 años y tiene conceptos más arraigados de la democracia que cualquier dirigente político de cualquier partido”.

Para el abogado, diplomático y político cordobés, sería torpe seguir insistiendo en una “línea argumental que no tiene asidero ni explicación racional”. “Solo una cabeza llena de prejuicios setentistas puede entender que ir a un Liceo militar instruye valores en contra de la democracia”, calificó, y anunció que intentará hablar con el ministro Agustín Rossi para convencerlo de que desista de la imposición de la norma. También el prestigioso nutricionista Alberto Cormillot, médico graduado del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown, se refirió a su formación educativa: “El Liceo fue uno de los hitos más importantes de mi vida y donde me enseñaron la responsabilidad, la lealtad, la puntualidad, la disciplina. Les estoy muy agradecido y ojalá puedan mantener el nivel de excelencia que supieron tener”.

“Como egresado y padre, espero que las modificaciones no desnaturalicen ni hagan perder la esencia de la institución. El liceo militar no forma ‘soldados para la guerra’, lejos está y estuvo de ello. De mi promoción, por ejemplo, ninguno siguió la carrera militar. Es un aprendizaje integral que te forma para la vida, donde además de una reconocida educación de excelencia, se inculcan valores, respeto y apego a las normas de convivencia, el premio al esfuerzo, la disciplina, el amor a la patria, la solidaridad”, expresó Marcelo Pérez, egresado del Liceo Naval Militar Almirante Storni y ministro de Gobierno de Misiones desde diciembre de 2015.

Barbosa también habló de la pérdida de esencia y del concepto de desmilitarización como intención de fondo: el temor y la inquietud compartida casi en unanimidad por distintos actores de la formación educativa militar. El director nacional de Formación del Ministerio de Defensa, Sergio Eissa, respondió a las críticas y fue contundente: “Los liceos no se van a cerrar y no hay ningún plan oculto que se desprenda de esta resolución. Tampoco se va a desnaturalizar su rol como instituciones que forman las reservas porque eso está en la Ley 19.101, que no se va a modificar. La resolución convoca a una jornada pedagógica como se hace en todas las instituciones educativas que se va a realizar en cada Liceo con la participación de los padres, los docentes, los graduados, donde se va a evaluar la calidad de la enseñanza y de los planes de estudios. Ellos propondrán cambios o no. Luego nos juntaremos con la Dirección General de Educación de las Fuerzas Armadas para ver cuáles son las propuestas que hizo cada comunidad educativa, pero en ningún caso se va a modificar la esencia”.

En rigor, la resolución establece la coordinación de un plan académico y pedagógico con perspectiva hacia 2030: “Los directores generales de Educación de las Fuerzas Armadas, junto al director nacional de Formación, elaborarán, antes del 31 de julio de 2021, un nuevo plan pedagógico 2030 para los Liceos Militares y Colegios Secundarios de la jurisdicción”. Asimismo, ordena que el programa deberá ser aprobado por Resolución Ministerial. “Los Liceos van a seguir formando ciudadanos. El Ministerio de Defensa no va a imponer nada”, apuntó Eissa, en plan de paz.

*Fuente: Infobae


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El Gobierno no financiará las elecciones internas del PJ y solo ofrecerá 3.200 urnas

Desde la administración de Javier Milei se informó que el Estado no destinará fondos para cubrir el costo del proceso, calculado en al menos 500 millones de pesos. Como único aporte, el Ejecutivo se comprometió a proveer 3.200 urnas, cifra que el PJ considera insuficiente para un padrón que supera los 3 millones de afiliados.

Fuentes de la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de la Secretaría de Interior dirigida por Lisandro Catalán, confirmaron que no habrá financiamiento estatal para esta contienda interna. “Estamos dispuestos a poner unas 3.200 urnas, pero no dinero de todos los argentinos”, señalaron.

– Lisandro Catalán junto al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos

El Partido Justicialista, dividido entre dos listas principales —una encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la otra por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela—, deberá ahora buscar alternativas para cubrir los gastos del evento, que incluirán la logística, el pago de autoridades de mesa y la impresión de boletas.

La cifra ofrecida por el Gobierno resulta especialmente problemática si se compara con las 108.000 urnas utilizadas en el balotaje de las elecciones presidenciales de 2023, lo que generó dudas sobre la viabilidad de los comicios internos.

Según estimaciones, el despliegue necesario para llevar adelante esta elección interna requerirá un mínimo de 30.000 urnas. “Con esa cantidad de urnas será imposible. Como mínimo deberían ser más de 30 mil”, advirtieron desde uno de los sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner.

– Cristina Kirchner y Ricardo Quintela

La interna justicialista, que se celebrará en coincidencia con el Día de la Militancia, plantea un desafío financiero considerable. A pesar de que todos los partidos reciben financiamiento público para su desenvolvimiento institucional, el dinero destinado al PJ a nivel nacional, que para 2024 es de 34 millones de pesos, no es suficiente para cubrir los altos costos de la elección.

El Fondo Partidario Permanente, distribuido en julio de 2024, otorgó a las provincias montos que van desde los 63 millones de pesos para Buenos Aires hasta menos de un millón para las provincias más pequeñas, como Tierra del Fuego y Santa Cruz. Sin embargo, estas asignaciones son para todo el año y “no alcanzan” para solventar la organización de una elección de esta magnitud. Una de las opciones que baraja el PJ es solicitar un adelanto de fondos partidarios, aunque aún no está claro si esto será factible antes de la fecha prevista para los comicios.

LAS TENSIONES INTERNAS PODRÍAN DERIVAR EN UNA POSTERGACIÓN DE LOS COMICIOS

La negativa del Gobierno causó un profundo malestar dentro del PJ. Sectores cercanos Cristina expresaron que “Milei quiere recortar también la democracia”. Además, el panorama logístico es incierto. Todavía no se determinó en qué lugares se realizarán las votaciones, lo que complica la organización, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, donde el PJ cuenta con numerosos afiliados.

En este contexto, los apoderados de ambas listas no descartan una postergación de la elección hasta marzo de 2025, aunque prefieren mantener la fecha actual para evitar que los comicios coincidan con el año electoral de medio término.

El caso del radicalismo, que recientemente llevó a cabo elecciones internas en la provincia de Buenos Aires con una participación de 80.000 afiliados y un costo cercano a los 300 millones de pesos, sirve como punto de referencia para el PJ. Sin embargo, las diferencias en la escala de votantes y la falta de recursos en el justicialismo sugieren que la interna será considerablemente más costosa y compleja.

– El costo estimado de la elección del PJ se sitúa alrededor de 500 millones de pesos, y el Gobierno no está dispuesto a colaborar con el financiamiento

Gerardo Scherlis, especialista en procesos electorales y profesor de la Universidad de Buenos Aires, advirtió sobre la magnitud de la logística que se necesitará para movilizar a los votantes peronistas: “Va a ser una interna muy costosa y no se habla mucho de dónde va a salir la plata para cubrir todos los gastos”. Aunque todos los partidos cuentan con financiamiento público para procesos de selección interna, la cantidad disponible no es suficiente para garantizar una elección sin contratiempos.

Mientras tanto, los equipos de campaña de ambas listas ultiman detalles contrarreloj. Por el lado de Fernández de Kirchner, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el ex titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y la dirigente Teresa García lideran la organización. En tanto, los representantes de Quintela, Daniel Llermanos y Jorge Yoma, convocaron a la Junta Electoral para exigir transparencia y participación garantizada en el proceso.

Redacción

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Polémica alianza entre libertarios y kirchneristas para frenar el proyecto que termina con la reelección en los sindicatos

La UCR, Pro y la Coalición Cívica impulsan iniciativas para restringir la “cuota solidaria” y limitar las reelecciones sindicales pero en el oficialismo dicen que “no es el momento” y en línea con el kirchnerismo, anunció que no acompañaría por el momento el dictamen para reformar la ley de Asociaciones Sindicales que buscaba limitar el poder de los gremios.

La firma del dictamen en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se esperaba avanzar con un proyecto común entre la UCR, Pro y la Coalición Cívica (CC) que buscaba modificar el modelo sindical, sobre todo en lo relativo a la recaudación y a la democracia interna de las organizaciones, se postergó a raíz de ese acuerdo.

Lamentablemente, el Gobierno cachetea a [Pablo] Biró -secretario general del gremio de pilotos de Aerolíneas Argentinas (APLA)- para la foto, pero después se da vuelta y se abraza a los Gordos de la Confederación General del Trabajo (CGT)”, consideró Martín Tetaz, diputado de la UCR y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo.

“Es lamentable porque este es el cambio que necesita la Argentina: frenar la reelección de los sindicalistas, más libertad en las obras sociales, transparencia en los fondos de los sindicatos. No sé cuál es el cambio que venían a hacer”.

Las iniciativas apuntan a determinar las condiciones para integrar los órganos directivos de los sindicatos, limitar los mandatos de los delegados, definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, incorporar el criterio de paridad de género y eliminar las “contribuciones solidarias” para los no afiliados, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad que es pactada en los convenios colectivos y que es hoy uno de los principales sostenes económicos de los gremios.

Estas reformas son fuertemente resistidas por la CGT y las dos vertientes de la CTA, que ven amenazado como nunca antes su poder de caja y representación.

Sin el acompañamiento de los cinco libertarios que conforman la Comisión de Legislación del TrabajoPablo Ansaloni, Manuel Quintar, Marcela Pagano, Alida Ferreyra y Lorena Villavede-, se obstruyó la firma de un dictamen. Con 12 representantes, la CC, el Pro y la UCR necesitaban del aval del oficialismo para obtener la mayoría de los 31 miembros.

Los diputados del bloque de Unión por la Patria (UxP), que también ofician como dirigentes sindicales, ya habían anticipado su rechazo a los proyectos que apuestan a limitar y transparentar el poder de los gremios. En tándem con los referentes de la CGT, aceleraron las conversaciones con todos los miembros de la comisión para frenar la avanzada.

“[Héctor] Daer también jugó fuerte hablando con los diputados que él conocía y supongo que con [Guillermo] Francos en el gobierno”, confirmó uno de los legisladores kirchneristas. En el oficialismo niegan rotundamente cualquier acuerdo con la bancada liderada por el santafecino Germán Martínez.

Miguel Ángel Pichetto ofició a favor de los gremios y evitó que avance la reforma sindical. El líder de Encuentro Federal fue el principal detractor de los cambios laborales que había impulsado el bloque radical durante la discusión de la Ley Bases. El experimentado legislador hace un delicado equilibrio y prioriza la institucionalidad. Antes que cualquier reforma de peso, pretende sancionar el Presupuesto 2025.

El oficialismo justificó su decisión con el argumento de estar disconformes con la conducción de Tetaz, quien hace más de dos meses está al frente de la puesta en común de un texto que aglutine a los 26 proyectos en discusión. “Nunca nos llamó”, brama un referente del bloque libertario sobre el legislador radical, quien subrayó el vaivén de vínculo de la UCR con el Gobierno.

“Es un proyecto nuestro, nosotros impulsamos esta reforma”, señalan en el oficialismo. No descartan impulsar su propios cambios en el corto plazo. El primer intento del Gobierno fue en el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei, que está suspendido a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.

“Esta claro que este Gobierno está asociado, como el anterior, a las mafias sindicales”, bramó Mónica Frade, de la Coalición Cívica, al enterarse de la postergación de la reunión.


Redacción

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El Gobierno canceló un contrato millonario a la ONG de Madres de Plaza de Mayo

El Gobierno de Javier Milei, continuando con su plan motosierra de cortar gastos innecesarios en el Estado, decidió cancelar un contrato que tenía vigente con Abuelas de Plaza de Mayo. El ministro de Justicia comunicó esta medida a través de redes sociales, con el fin de “evitar malgastar la plata de los argentinos” y “terminar con ese curro”.

“El gobierno anterior le regaló a las Abuelas de Plaza de Mayo el equivalente a hoy de $2.300 millones. Esta administración no va a permitir que se malgaste la plata de los argentinos. Por ese motivo, decidimos rescindir el contrato y terminar con ese curro.” twitteó el ministro.

El jurista publicó información que justifica la decisión del gobierno: “El Ministerio de Justicia tenía a su cargo la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Solo un 0,62% de los alumnos se recibieron entre 2020 y 2023. Cada uno nos salió $100.000.000. La Universidad de Plaza de Mayo gastó $1500 millones y tuvo 16 egresados”.

La ONG Abuelas de Plaza de Mayo no emitió comunicado oficial al respecto, sin embargo, la presidente Estela de Carlotto realizó declaraciones en una entrevista. Allí expresó que esta decisión tendrá “consecuencias judiciales” y que denunciará penalmente al ministro. Además, sostuvo que “ha dejado su vida” en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. “Si vieran la casita en la que vivo ni un centavo. Poníamos la plata de la jubilación cada una para poder viajar al exterior, hemos puesto no solo el dinero, la vida en encontrar los nietos robados y hemos trabajado con un respeto y una historia pura” se defendió.

“Yo tengo ahora esta casita que vivo lugares donde ya no puedo entrar de tantos premios, tantas placas, tantos honores fuera y antes dentro del país y ahora estamos siendo humillados por este personaje” manifestó Estela de Carlotto en referencia al ministro Cúneo Libarona.

Redacción

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El legislador Santoro apuntó contra Villarruel: “Es inconstitucional ese busto de Isabelita”

El legislador Yamil Santoro y la Fundación Apolo presentaron un reclamo administrativo ante la presidencia del Senado de la Nación solicitando la remoción inmediata del busto de la ex presidente, María Estela Martínez de Perón.

Según el argumento de Santoro, el homenaje viola el artículo 3 de la Ley 5.158, que prohíbe rendir homenaje a personas vivientes mediante estatuas o monumentos. La escultura fue inaugurada el 17 de octubre de 2024 por la vicepresidente Victoria Villarruel en el Salón de las Provincias de la Cámara Alta, en el mismo lugar donde anteriormente se encontraba el busto del ex presidente Néstor Kirchner.

El legislador también hizo énfasis en que su objeción no se centra únicamente en la figura de Isabel Perón, sino en el hecho de que su homenaje va en contra de una normativa clara y precisa.

La Fundación Apolo, que acompañó el reclamo de Santoro, advirtió que, de no proceder a la remoción del busto, avanzarán por la vía judicial para asegurar el cumplimiento de la ley.

La instalación del busto generó una fuerte polémica desde su inauguración. Durante la ceremonia, Villarruel defendió el acto como una “reparación histórica” hacia Isabel Perón, afirmando que la ex mandataria fue víctima de “más de 40 años de persecución y ostracismo”.

Villarruel argumentó que su intención no era ensalzar la gestión o el gobierno de Isabel Perón, sino rendirle un homenaje personal a una mujer que, según ella, enfrentó la ingratitud de la política argentina con coraje y patriotismo: “Hoy termina la proscripción de Isabel Perón, impuesta por los mismos que ahora dirigen el partido político que lleva su apellido”, afirmó la vicepresidenta en su discurso, agregando que esta “reparación simbólica” contribuiría a la “pacificación nacional”.

El rechazo de Milei: “Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A”

El presidente de la Nación, Javier Milei, expresó públicamente su desacuerdo con la decisión de Villarruel. En una entrevista cedida a Todo Noticias, Milei afirmó que no hubiera realizado el homenaje y calificó como un “error” reivindicar a alguien que creó la organización paramilitar Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), involucrada en crímenes durante la presidencia de Isabel Perón. “No creo que sea un modelo a seguir, ni que haya llegado a su lugar por méritos intelectuales o profesionales”, señaló.

Además, el mandatario criticó duramente el gobierno de Martínez de Perón, destacando el caos económico que caracterizó su gestión, incluyendo el Rodrigazo, una crisis económica que sextuplicó la inflación. A pesar de su rechazo, el presidente reconoció el derecho de Villarruel a tomar decisiones en el Senado, subrayando que en su propio gobierno no habría un homenaje de este tipo: “Ella tiene una visión de las cosas. Y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado. Bueno, es la casa de ella. En la mía no la va a encontrar seguro”.

Redacción

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ENTRE RÍOS | Diputados publicó datos sobre empleados, contratos y subsidios, con una fuerte reducción en 2024

La Cámara de Diputados de la provincia brindó información sobre empleados de planta permanente, contratos de obra, de servicios y subsidios otorgados entre los años 2022 y 2024. Esta medida, liderada por el presidente de la Cámara, Gustavo Hein, representa una importante medida en el proceso de transparencia y reordenamiento institucional que la gestión del gobernador Rogelio Frigerio impulsó desde su inicio.

Hein destacó el compromiso de su administración con la transparencia y el acceso a la información pública, afirmando que “los entrerrianos nos eligieron para que realicemos una transformación real; no se hace en un día, pero estamos dando pasos firmes en ese sentido”.

– El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio

Uno de los aspectos más destacados de la información publicada es la notable reducción en la cantidad de contratos y subsidios otorgados por la Cámara de Diputados. En comparación con los años anteriores, los números revelan una disminución significativa en diversas áreas.

Por ejemplo, en el caso de los contratos de obra, la cifra se redujo de 909 agentes en 2023 a solo 325 en 2024. Esta drástica disminución, recordaron las fuentes oficiales, es parte del proceso de reordenamiento interno que busca optimizar el uso de los recursos disponibles y evitar contrataciones innecesarias. En una conferencia de prensa, el presidente de la Cámara enfatizó la necesidad de “transitar liviano” y aclarar que las decisiones de contratación y asignación de recursos deben ser justificadas y transparentes.

Los contratos de servicios, por su parte, se han mantenido relativamente estables, con 15 contratos en 2024, la misma cantidad que en 2022, pero con un ligero aumento en 2023 cuando se registraron 18 contratos.

En cuanto a los subsidios otorgados, la reducción fue aún más drástica. Mientras que en 2023 se otorgaron 823 subsidios, en lo que va de 2024 apenas se registraron 9.

LOS DATOS DIFUNDIDOS POR EL GOBIERNO ENTRERRIANO

TransparenciaCDER-1

Agentes de Planta Permanente:
– 2022: 119 Agentes (al 31/10/2022)
– 2023: 165 Agentes (al 31/10/2023)
– 2024: 157 agentes (al 31/03/2024)

Contratos de Servicios realizados:
– 2022: 15 (al 31/10/2022)
– 2023: 18 (al 31/10/2023)
– 2024: 15 (al 31/03/2024)

Contratos de Obra:
– 2022: 744 agentes (al 31/10/2022)
– 2023: 909 agentes (al 31/10/2023)
– 2024: 325 agentes (al 31/03/2024)

Subsidios otorgados:
– 2022: 177 (al 31/10/2022)
– 2023: 823 (al 31/10/2023)
– 2024: 9 (al 31/03/2024)

Redacción

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El Gobierno se arrodilla ante la CGT y el sindicalismo le copa la reforma laboral

El último lunes de septiembre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero; y el asesor presidencial, Santiago Caputo, mantuvieron una reunión con una comitiva de la Confederación General del Trabajo, integrada por los más influyentes secretarios generales.

El resultado del encuentro fue un acuerdo que coloca a los gordos de la CGT en una posición de poder dentro de la reglamentación de la reforma laboral, debilitando la implementación del crucial artículo que prohíbe los bloqueos sindicales.

– Héctor Daer

De esta manera, la cúpula cegetista hizo retroceder al Gobierno, logrando frenar la correcta implementación del artículo anti-bloqueos de la reforma laboral. A pesar de que el artículo que permite el despido justificado por bloqueos sigue en la reforma laboral aprobada en la Ley Bases, su aplicación será notablemente limitada.

Ahora, la implementación del mismo estará sujeta a la evaluación de una mesa tripartita conformada por el gobierno, líderes sindicales y empresarios. Esta mesa será la encargada de revisar cada denuncia por bloqueo, en lo que parece ser una clara concesión a las presiones de los sindicatos.

Del encuentro, celebrado en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, participaron Héctor Daer (Sanidad y secretario general de la CGT), Carlos Acuña (Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), Jorge Sola (Sindicato del Seguro); Andrés Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (UOCRA); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Cristian Gerónimo (Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, Seivara); Robustiano Geneiro (UTHGRA); Maia Volcovinsky (UEJN); Luz Marina Jaureguiberry (SADOP); Sergio Romero (UDA); Roberto Fernández (UTA); y Daniel Ricci (FEDUN).

“Libertarios”, kirchneristas y los gordos de la CGT, unidos

Entrevistado por periodistas acreditados en Casa Rosada, el secretario general de la CGT y del gremio de trabajadores de sanidad, Héctor Daer, no pudo disimular su alegría tras el cónclave: “Para nosotros fue fundamental venir, ser convocados. Tenemos una preocupación muy grande que es producto de la Ley Bases, un artículo que modifica el artículo 242, que es despido con causa de la Ley de Contrato de Trabajo”.

Fuentes que participaron del encuentro de ayer comentaron acerca de la influencia de Santiago Caputo en el acuerdo. El asesor presidencial logró establecer un vínculo cercano con líderes sindicales, quienes se sorprendieron ante su “habilidad” para comunicarse a la hora de poner sobre la mesa los negociados políticos: “El pibe habla el mismo idioma”, dijeron fuentes de la CGT al diario Clarín.

Además, un sector del Gobierno dijo que no apoyará el proyecto de Democracia Sindical, redactado por el PRO y la UCR, que busca limitar los mandatos de los delegados y definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, entre otros puntos. La semana pasada, La Libertad Avanza pidió demorar su tratamiento para priorizar el Presupuesto 2025 y la privatización de Aerolíneas Argentinas.

La estrategia de Caputo para lidiar con los sindicatos chocó con la postura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien busca limitar la influencia de los sindicatos y reducir lo que considera privilegios excesivos.

El artículo 242, modificado por la Ley Bases, permite el despido con causa por bloqueos al considerarlos como una injuria laboral grave. Los sindicalistas consideran que la redacción del artículo es “ambigua”, especialmente en lo que respecta a la diferenciación entre bloqueos "totales" o "parciales". Argumentan que esto podría perjudicar el derecho a huelga, ya que acciones como una asamblea en el comedor de una empresa podrían interpretarse como un bloqueo parcial y, por lo tanto, justificar un despido.

Rápidamente, Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) cuestionó el acuerdo con la CGT, pidió tener un lugar en la mesa de diálogo y repudió la decisión del Gobierno de atenuar la legitimidad del artículo que combate a la medida extorsiva de los sindicatos.

A través de un comunicado, el presidente de la entidad que reúne a empresas afectadas por bloqueos, Juan Méndez, definió a la demanda de la CGT como un "dislate" que "transformará en letra muerta lo que el Congreso de la Nación ha sancionado y está vigente" ya que "integra al sindicalismo para reglamentar una práctica ilegal que ellos mismos llevan adelante".

Existe una fuerte desconfianza hacia las intenciones de la CGT. Importantes empresarios consideran que los sindicatos buscarán utilizar la reglamentación para diluir el impacto del artículo anti bloqueos y dificultar el despido de trabajadores que participen de la medida extorsiva.

Consultada por DATA24.COM.AR, la diputada nacional del PRO y fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, Verónica Razzini, dijo que ley ya es clara en ese punto y que la CGT busca confundir el derecho a huelga con el delito de bloqueo: “La estrategia (de los síndicos) es confundirnos. Disfrazan la medida extorsiva, y la disfrazan de asamblea o huelga, pero detrás hay un bloqueo”.

Razzini enfatizó que, tanto la huelga como la asamblea, están protegidas por la Constitución, pero “el bloqueo es un delito que debe ser sancionado”. Actualmente, el bloque PRO trabaja en un proyecto para que el Congreso integre a los bloqueos dentro del Código Penal. “El día que tengamos la tipificación penal del delito de bloqueo, entonces vamos a poder poner blanco sobre negro y ya no va a existir confusión alguna: La huelga es hasta este punto, de este punto en adelante estás perpetrando un bloqueo y eso es delito. Esta es una manera de proteger a los trabajadores también”.

"Celebro que el tema de los bloqueos forme parte de la agenda del Gobierno. Entiendo que tal vez hoy son momentos políticos álgidos y que el Ejecutivo prefiera bajar el perfil. Javier Milei fue categórico en su discurso en la apertura de sesiones. Habló de la democratización sindical, habló de los bloqueos. Me parece que sí corresponde sentarse a charlar con la CGT, pero no podemos dar ni un paso atrás en lo que hemos logrado hasta aquí", sentenció la diputada y empresaria santafesina.

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Redacción

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