El Gobierno prepara una nueva suba de retenciones al campo
Informes privados realizados por técnicos y especialistas para empresas y clientes del sector agropecuario ya recomiendan medidas de "coberturas flexibles" ante esta posibilidad.
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La pandemia y la extensión de la cuarentena social y obligatoria provocó una fuerte caída en la recaudación estatal durante el mes de mayo, que representó un derrumbe del 22% en términos reales, en comparación al mismo período del año anterior.
Las cuentas estatales quedaron en rojo, tal como se preveía, y en el campo dan por descontado que el Gobierno anunciará próximamente una nueva suba en las retenciones al trigo, el maíz y la soja, con el objetivo de incrementar los ingresos.
Según informes privados revelados este miércoles por La Política Online, la suba de las retenciones se daría luego de una devaluación del tipo de cambio oficial para que los sectores exportadores tengan mayor competitividad.
Las especulaciones de los analistas surgen a raíz de que la Ley Nº 27.541, sancionada a fines del año pasado, le otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de fijar derechos de exportación en hasta un 33% al poroto de soja y de hasta un 15% a los cereales.
Los productores de trigo y maíz actualmente pagan un 12% de retenciones, al tiempo que la soja tiene un esquema de segmentación (que aún no se ejecutó) en el que la mayor parte de los ruralistas tributan, según el volumen de cosecha, entre un 20 y 30%.
Es decir, el Gobierno nacional tiene margen para subir unos 3 puntos las retenciones a la soja, al trigo y al maíz si así lo considerase sin necesidad de pasar por el Congreso donde se encontrarían con el rechazo de los legisladores de Juntos por el Cambio.
Si bien desde el Gobierno Nacional rechazaron hasta el momento estar evaluando una suba en las retenciones, en el sector privado ya lo dan por descontado. Así se desprende de informes privados que elaboran técnicos y especialistas para empresas y clientes del sector agropecuario, y que reveló este miércoles el periodista Javier Lanari en La Política Online. En dichos documentos se recomienda a los productores que adopten medidas de “coberturas flexibles” ante esta posibilidad.
“El riesgo de suba de retenciones existe. Por más que venga acompañada de un proceso devaluatorio, provocará una baja del mercado de dólares. Las coberturas flexibles son las más recomendadas”, advirtió esta semana un informe privado de una consultora.
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*Columna de opinión por: Walter Klix. Director nacional del @Minseg – Presidente de Fundación @proyectar_arg – Consultor y militante PRO
La política, en Argentina más que en otros países, suele correr al ritmo de la adrenalina que le inyecta la ansiedad de quienes la practican a diario. Pero también de quienes esperan muy pacientemente los resultados de las promesas de campaña.
Probablemente en las últimas 15 o 20 elecciones hayamos escuchado a los candidatos de distintos partidos políticos prometer que van a bajar la inflación, que van a bajar los índices de inseguridad y que van a terminar con la corrupción.
¿Por qué el relato es tan repetitivo? Básicamente por algo que suele decir el actual Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. La administración argentina fue tan mala, que ni siquiera fuimos capaces de generarnos problemas o desafíos nuevos. Y es así, hace al menos 30 o 40 años que Argentina tiene inflación, inseguridad y corrupción.
Con estos precedentes, Javier Milei, quien preside actualmente el país atacando de lleno estas tres arterias y con algunos indicios de mejora en todas ellas, tiene en jaque electoral a toda la oposición, la cual indudablemente transita una crisis general luego de 20 años de un modelo y grieta política qué dominaron la atención del sector.
Por eso pareciera normal que se empiece a hablar de las elecciones del año 2025, para las cuales faltan exactamente un año, tiempo suficiente para que en un país como Argentina cambie absolutamente todo.Aun así, me animo a afirmar que el oficialismo va a triunfar en las elecciones del año que viene, principalmente por la debacle de la oposición y muy al margen del rumbo del gobierno.
El Peronismo con una interna qué no se veía desde antes de la llegada del kirchnerismo. El Radicalismo sin entender los mensajes de la sociedad jugando nuevamente a las internas para que emerja un vencedor qué jamás validará el pueblo. El PRO, partido al cual pertenezco desde sus inicios, proponiendo una renovación qué no se da ni en la práctica, ni en sus nombres ni en sus formas.
Dicho esto, y afirmando que el partido o frente electoral que apoye el Presidente Milei va a ganar las legislativas del 2025, es importantísimo darle la entidad necesaria a ese acontecimiento, principalmente en la madre de todas las batallas, la provincia de Buenos Aires. Muchos dirán que puede ser el final del Peronismo/Kirchnerismo y fácilmente podríamos demostrar que no es así.
Soy del PRO (de sus ideas), y por ende me abrazo a los números. El Peronismo ha perdido las últimas cuatro elecciones legislativas y erróneamente en todas se los dio por muerto para las presidenciales siguientes. Repaso En 2009 un, para ese entonces, desconocido Francisco De Narváez encabezaba una lista de un frente electoral llamado “Unión Pro” con el acompañamiento de Macri y Felipe Solá, entre otros, y le ganaría ajustadamente a la lista testimonial de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa, que para ese entonces era un Kirchnerista en crecimiento.
El frente electoral triunfante se desintegró, y dos años después Cristina Kirchner fue reelecta con el 54% de los votos. En 2013, un Sergio Massa qué venía a prometer celdas para los ñoquis de La Cámpora, sus ex aliados, enfrentaba al candidato del oficialismo, Martin Insaurralde. La cómoda victoria del tigrense daba por sentado un futuro auspicioso en las elecciones de 2015. Nuevamente, quienes fueron juntos en las elecciones legislativas fueron separados en las ejecutivas y dividieron votos, en este caso Macri y Massa. Reñida victoria de Scioli en las generales, y ajustadísima derrota luego vs Macri 51-49 en el balotaje.
Aquí si se instaló la idea de que el kirchnerismo sin “fierros” pasaría a la inevitable desaparición. Más aún, cuando en 2017 la propia Cristina Fernández caería derrotada frente a Esteban Bullrich. Sin embargo, dos años después lo que parecía inimaginable sucedió. Massa se olvidó de sus rencores con los ñoquis de La Cámpora, Cristina escondió su orgullo a cambio de no ir presa y Alberto Fernández vio la oportunidad de su vida. Resultado aplastante en las PASO qué definió anticipadamente la elección y eyectó por las nubes el dólar y el riesgo país durante 4 meses.
Por último, victoria ajustada pero victoria al fin de Santilli sobre Tolosa Paz. Dos años después, ambos frentes cayeron derrotados ante la figura renovadora de Javier Milei. En resumen, el Kirchnerismo perdió el 100% de las elecciones legislativas de los últimos 15 años. Sin embargo, lejos de desaparecer como frente político fueron capaces de volver al poder más de una vez.
Quienes participamos activamente de todo este proceso que acabo de detallar, y más aún quienes vivimos en carne propia el regreso del Kirchnerismo al poder en el 2019, tenemos la posibilidad de afirmar que el pragmatismo Peronista le ha ganado por goleada a la arrogancia y soberbia de los sectores que lo enfrentaron. Principalmente en el partido al cual aún pertenezco.
Aquellos que deseamos que el rumbo político y económico actual se sostenga en el tiempo, debemos ayudar a nuestros líderes a que entiendan tres cosas: 1. Ganarle al Kirchnerismo el año que viene es prácticamente una misión obligada. 2. Esa eventual victoria no implica absolutamente nada más que un número x (equis) de diputados y senadores. 3. Si no dejamos de lado el ego, ellos van a volver.
La política argentina necesita imperiosamente qué La Libertad Avanza y el PRO entiendan que no hay margen para ir separados el año que viene, incluso cuando en términos electorales tal vez convenga quedarse con las 3 bancas del senado en algún distrito. LLA y el presidente Milei deben asumir con altura y humildad el liderazgo de un nuevo frente electoral. Macri, Bullrich y el PRO deben asumir que quien gana conduce, y que en este momento toca acompañar. Con seguridad el Peronismo hará su parte, y dejaran sus diferencias de lado al menos por unos meses. Es ahora el momento en el que hay que ser más Peronistas que nunca a la hora de los acuerdos a mediano y largo plazo.
El desenlace de un 2025 no implica un correlato a futuro, pero sin dudas marcará un rumbo hacia un nuevo horizonte en la política argentina qué puede tomar envergadura de manera definitiva o en este caso sí, desvanecerse rápidamente ante el aparato político más ambicioso de poder que se haya conocido en América latina, solo comparable con el PRI del siglo XX.
El último lunes de septiembre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero; y el asesor presidencial, SantiagoCaputo, mantuvieron una reunión con una comitiva de la Confederación General del Trabajo, integrada por los más influyentes secretarios generales.
El resultado del encuentro fue un acuerdo que coloca a los gordos de la CGT en una posición de poder dentro de la reglamentación de la reforma laboral, debilitando la implementación del crucial artículo que prohíbe los bloqueos sindicales.
– Héctor Daer
De esta manera, la cúpula cegetista hizo retroceder al Gobierno, logrando frenar la correcta implementación del artículo anti-bloqueos de la reforma laboral. A pesar de que el artículo que permite el despido justificado por bloqueos sigue en la reforma laboral aprobada en la Ley Bases, su aplicación será notablemente limitada.
Ahora, la implementación del mismo estará sujeta a la evaluación de una mesa tripartita conformada por el gobierno, líderes sindicales y empresarios. Esta mesa será la encargada de revisar cada denuncia por bloqueo, en lo que parece ser una clara concesión a las presiones de los sindicatos.
Del encuentro, celebrado en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, participaron Héctor Daer (Sanidad y secretario general de la CGT), Carlos Acuña (Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), Jorge Sola (Sindicato del Seguro); Andrés Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (UOCRA); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Cristian Gerónimo (Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, Seivara); RobustianoGeneiro (UTHGRA); Maia Volcovinsky (UEJN); LuzMarinaJaureguiberry (SADOP); Sergio Romero (UDA); Roberto Fernández (UTA); y Daniel Ricci (FEDUN).
“Libertarios”, kirchneristas y los gordos de la CGT, unidos
Entrevistado por periodistas acreditados en Casa Rosada, el secretario general de la CGT y del gremio de trabajadores de sanidad, Héctor Daer, no pudo disimular su alegría tras el cónclave: “Para nosotros fue fundamental venir, ser convocados. Tenemos una preocupación muy grande que es producto de la Ley Bases, un artículo que modifica el artículo 242, que es despido con causa de la Ley de Contrato de Trabajo”.
Fuentes que participaron del encuentro de ayer comentaron acerca de la influencia de Santiago Caputo en el acuerdo. El asesor presidencial logró establecer un vínculo cercano con líderes sindicales, quienes se sorprendieron ante su “habilidad” para comunicarse a la hora de poner sobre la mesa los negociados políticos: “El pibe habla el mismo idioma”, dijeron fuentes de la CGT al diario Clarín.
Además, un sector del Gobierno dijo que no apoyará el proyecto de Democracia Sindical, redactado por el PRO y la UCR, que busca limitar los mandatos de los delegados y definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, entre otros puntos. La semana pasada, La Libertad Avanza pidió demorar su tratamiento para priorizar el Presupuesto 2025 y la privatización de Aerolíneas Argentinas.
La estrategia de Caputo para lidiar con los sindicatos chocó con la postura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien busca limitar la influencia de los sindicatos y reducir lo que considera privilegios excesivos.
El artículo 242, modificado por la Ley Bases, permite el despido con causa por bloqueos al considerarlos como una injuria laboral grave. Los sindicalistas consideran que la redacción del artículo es “ambigua”, especialmente en lo que respecta a la diferenciación entre bloqueos "totales" o "parciales". Argumentan que esto podría perjudicar el derecho a huelga, ya que acciones como una asamblea en el comedor de una empresa podrían interpretarse como un bloqueo parcial y, por lo tanto, justificar un despido.
Rápidamente, Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) cuestionó el acuerdo con la CGT, pidió tener un lugar en la mesa de diálogo y repudió la decisión del Gobierno de atenuar la legitimidad del artículo que combate a la medida extorsiva de los sindicatos.
A través de un comunicado, el presidente de la entidad que reúne a empresas afectadas por bloqueos, Juan Méndez, definió a la demanda de la CGT como un "dislate" que "transformará en letra muerta lo que el Congreso de la Nación ha sancionado y está vigente" ya que "integra al sindicalismo para reglamentar una práctica ilegal que ellos mismos llevan adelante".
Existe una fuerte desconfianza hacia las intenciones de la CGT. Importantes empresarios consideran que los sindicatos buscarán utilizar la reglamentación para diluir el impacto del artículo anti bloqueos y dificultar el despido de trabajadores que participen de la medida extorsiva.
Consultada por DATA24.COM.AR, la diputada nacional del PRO y fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, Verónica Razzini, dijo que ley ya es clara en ese punto y que la CGT busca confundir el derecho a huelga con el delito de bloqueo: “La estrategia (de los síndicos) es confundirnos. Disfrazan la medida extorsiva, y la disfrazan de asamblea o huelga, pero detrás hay un bloqueo”.
Razzini enfatizó que, tanto la huelga como la asamblea, están protegidas por la Constitución, pero “el bloqueo es un delito que debe ser sancionado”. Actualmente, el bloque PRO trabaja en un proyecto para que el Congreso integre a los bloqueos dentro del Código Penal. “El día que tengamos la tipificación penal del delito de bloqueo, entonces vamos a poder poner blanco sobre negro y ya no va a existir confusión alguna: La huelga es hasta este punto, de este punto en adelante estás perpetrando un bloqueo y eso es delito. Esta es una manera de proteger a los trabajadores también”.
"Celebro que el tema de los bloqueos forme parte de la agenda del Gobierno. Entiendo que tal vez hoy son momentos políticos álgidos y que el Ejecutivo prefiera bajar el perfil. Javier Milei fue categórico en su discurso en la apertura de sesiones. Habló de la democratización sindical, habló de los bloqueos. Me parece que sí corresponde sentarse a charlar con la CGT, pero no podemos dar ni un paso atrás en lo que hemos logrado hasta aquí", sentenció la diputada y empresaria santafesina.
El ConcejoDeliberante de Gualeguaychú aprobó este jueves la derogación de la Ordenanza N° 11.724/2012, que imponía el tributo por “Retribución por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios”. Este impuesto afectaba a comercios locales que instalaban cartelería en la ciudad, trasladando los costos a los comerciantes y dificultando la llegada de nuevas inversiones.
En los considerandos de la norma se remarca que “resulta necesario acompañar a distintos sectores de nuestra comunidad, promoviendo medidas que tiendan a generar empleo y promover el desarrollo”, a la vez que se asegura que “con el convencimiento de incentivar el comercio y fomentar la llegada de nuevos emprendimientos, es imprescindible que el Municipio promueva acciones tendientes a facilitar la radicación de los mismos”. En ese sentido, refleja que “el cobro por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios se ha tornado una dificultad para el comercio local, dado que las marcas trasladan el pago del mismo a los comerciantes de la ciudad, desalentando la actividad y atentando contra el arribo de nuevas inversiones en el comercio local” y que “es prioridad de esta gestión municipal aliviar la carga tributaria de los contribuyentes, avanzar con la desburocratización del Estado y alentar las inversiones en el comercio local”.
La eliminación del derecho de publicidad es solo una de las 31 cargas municipales suprimidas en los primeros diez meses de gestión del intendente Mauricio Davico, que representan el 60% de los tributos existentes. Entre estas, se incluyen tasas por trámites administrativos, derechos de edificación y sellados municipales, entre otros. Esta política tiene como objetivo aliviar la presión fiscal sobre los contribuyentes y simplificar la burocracia local.
“La eliminación tributaria llevada a cabo en estos diez meses no podría practicarse en una administración desordenada e imprevisora”, afirmó el intendente Davico. Según explicó, la municipalidad dejará de percibir aproximadamente dos mil millones de pesos en 2025, pero el equilibrio fiscal se mantiene gracias a una estricta gestión de los recursos. “Cada peso que entra, se cuida”, enfatizó.
Davico también resaltó que el cobro del derecho por publicidad había sido un obstáculo para que franquicias y marcas de renombre nacional se instalaran en Gualeguaychú. “Tenían que pagar este derecho de publicidad, más la tasa de comercio”, explicó. El problema se agravaba porque el impuesto no se basaba en las ventas, sino en el tamaño de la cartelería, independientemente de la actividad comercial.
El intendente subrayó que la eliminación de este tributo aliviará a los comerciantes locales e incentivará la inversión, permitiendo que ese dinero “se invierta en los propios comercios”. Además, destacó que su gestión acompaña al sector privado en todas las áreas, buscando fomentar una Gualeguaychú productiva y atractiva para nuevas inversiones, tal como sucede en otras localidades turísticas.
LAS TASAS ELIMINADAS POR LA GESTIÓN DE DAVICO
Todo escrito que no esté gravado con sellados especiales.
Inscripción de boletos de compra – venta de inmuebles.
Solicitud de deuda líquida y exigible.
Aprobación para instalación medidor de luz.
Venta de planos del municipio.
Por cada copia heliográfica de planos que integran el legajo de construcciones.
Verificación expedida por organismos o funcionarios de la justicia de Faltas.
Por cada duplicado de análisis expedido por la Dirección de Servicios Sanitarios Municipal.
Por pedido de copia de actuaciones labradas por accidentes de tránsito.
Inscripción de comercio, industria, etc.
Los recursos contra resoluciones administrativas.
Los permisos precarios para 30 días para la circulación de automóviles en el Ejido Municipal.
Por solicitud para exponer animales, plantas, etc.
Por presentación de denuncias contra vecinos.
Por solicitud de inscripción de empresas constructoras viales y/o civiles.
Por solicitud de subdivisión de propiedades, aprobación de loteos hasta un máximo de diez lotes y mensuras.
Por inscripción de títulos técnicos o profesionales.
Inscripción de Propiedades en el Registro Municipal, se cobrará un derecho por la inscripción de propiedades en el Registro Municipal.
Sellados municipales de planos.
Derechos del Cementerio: por las actuaciones por escrito que se presenten ante el Cementerio.
Contrato de suministro de obras y servicios públicos, contratos de suministros, obras y servicios públicos previstos en la Ordenanza de Contrataciones, sobre el importe del contrato.
Por cada solicitud de franquicias especiales de tránsito.
Por cada solicitud de compra de talonario de estacionamiento medido.
Carnet sanitario.
Desinfección y desratización.
Derechos de edificación.
Actuaciones administrativas.
Tasa por servicios especiales.
Tasa por servicios eventuales.
Sobretasa General Inmobiliaria.
Retribución por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios.
En el afán de regular la mayor cantidad de cosas posibles, esta vez el kirchnerismo de la mano de la diputada de Unión por la Patria, Gisela Marziotta, presentó un proyecto de ley para regular las redes sociales. Con el argumento de “mejorar el debate público, combatir la desinformación y las cuentas falsas”, esta ley establece sanciones económicas y suspensiones de cuentas para todos aquellos que no verifiquen su identidad, etiquetando las cuentas en “humanos”, “bots”, “multicuentas”.
Esta iniciativa ha recibido críticas por querer establecer formas de control y de censura digital como los hay en países autoritarios como China y Rusia. En esos lugares, las redes sociales están fuertemente reguladas para que el gobierno tenga un control total de la información que por allí circula. De esta manera, aquellos que piensan distinto no pueden manifestarse en un ecosistema hasta ahora “democrático” como son las redes.
En un claro ataque a la libertad de expresión, esta ley podría generar una censura masiva en redes sociales, restringiendo la participación ciudadana, donde las voces disidentes podrían ser calladas automáticamente. Otro caso cercano es el de X en Brasil, donde debido a una orden judicial, esta red social directamente no puede operar en el país, callando las voces de miles de ciudadanos brasileros. En Argentina, bajo esta ley, cualquier usuario que gestione varias cuentas o sea identificado como “bot” podría ser penalizado, sin importar con qué fines lo haga.
Tras criticar el pacto que la canciller Diana Mondino firmó con su par británico David Lammy y luego de su faltazo al acto oficial en Parque Lezama el pasado sábado, la vicepresidenta Victoria Villarruel defendió su postura frente a las Islas Malvinas.
En esta ocasión respondió a usuarios de Instagram que la criticaron por cruzar al Gobierno de manera pública y respondió a algunos ataques donde por ejemplo le decían: “Sin Milei estarías dando notas en Canal Magazine”.
“Pero siempre con la dignidad intacta, sea donde sea que esté. Siempre coherente con lo que pienso, digo y cómo vivo”, respondió Villarruel, y agregó: “Agradezco y soy leal al Presidente, pero Malvinas requiere otra estrategia y es de lo que opiné. El resto de tu comentario habla de tu bajeza, saludos”.
En referencia a los habitantes de las Islas, señaló: “Los kelpers no son parte de la discusión. Son población implantada. Entiendo que no comprendiste lo que expresé pero es bastante más complejo que como lo estás viendo“.
Otro usuario aprovechó para criticar el aumento de sueldos en el Senado, frente a lo que la vicepresidenta indicó: “Yo no aumenté el salario, eso se lo votan por reglamento los senadores si así lo desean. Yo no soy senadora”.
“Lo mismo hicieron los diputados, que tuvieron su aumento y hoy ganan más que el Presidente y que yo“, agregó.
El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de “Ley Hojarasca”, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, FedericoSturzenegger, con el objetivo de derogar 70 leyes que el Ejecutivo considera obsoletas o contraproducentes para las libertades individuales y los derechos de propiedad.
El proyecto se enmarca en el plan del gobierno para “desregular y simplificar el marco normativo vigente”. Según el comunicado oficial, estas leyes, muchas sancionadas durante los gobiernos militares, “imponen trámites inútiles, limitan la libertad individual, restringen el derecho a la propiedad o crean organismos que dependen de financiamiento público cuando deberían autosolventarse”.
Entre las normativas que el Ejecutivo busca eliminar, destacan leyes tan antiguas como la que regula el uso de palomas mensajeras, sancionada durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y la “Ley del Mochilero” de 1974, que obligaba a quienes realizaban turismo independiente a portar un carnet especial. Estas normativas, según el ministro, perdieron relevancia en el contexto actual y constituyen ejemplos de regulaciones que “ya no tienen sentido”.
En julio de este año, Sturzenegger había adelantado que se buscaría eliminar una serie de leyes que consideraba “obstáculos burocráticos” y que habían sido impuestas por distintos gobiernos a lo largo de la historia argentina, tanto democráticos como de facto.
El análisis que llevó a la selección de las 70 leyes que se proponen derogar fue exhaustivo. Sturzenegger explicó que estas normativas fueron identificadas por seis razones principales: limitación de libertades individuales, imposición de trámites innecesarios, obsolescencia por avances tecnológicos, superposición con leyes más recientes, falta de sentido actual debido a la desaparición de instituciones y la creación de organismos que dependen del financiamiento estatal.
La gestión libertaria fue enfática en su visión de que un “cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y justo” es esencial para el desarrollo económico y social del país. “Cuantas más leyes, peor será una sociedad”, citó Sturzenegger, recordando una frase del jurista norteamericano Grant Gilmore: “En el infierno no hay otra cosa que la ley”.
En principio, la oposición no emitió críticas contundentes al proyecto. La bancada radical en el Congreso ya tiene el documento en su poder, mientras que otros sectores esperan analizarlo antes de adoptar una posición definitiva.
– “El presidente @JMilei ha enviado al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca q busca eliminar unas 70 leyes inútiles, obsoletas, o q restringen nuestras libertades. Como anticipo este gráfico indica de q presidencias son las normas a derogar. Más detalles pronto. VLLC!”, tuiteó Sturzenegger
Sin embargo, algunos sectores temen que la eliminación masiva de normativas sin un análisis más profundo pueda generar vacíos legales en áreas sensibles. Especialistas señalaron que, si bien algunas leyes pueden estar obsoletas, su derogación podría requerir la creación de nuevos marcos regulatorios.
El proyecto también despertó inquietud en ciertos sectores productivos. La reciente desregulación del transporte automotor de media y larga distancia —que permitió a las empresas del sector operar con mayor libertad en términos de recorridos, precios y frecuencias— generó preocupación entre las cámaras empresariales, que temen una saturación del mercado. A pesar de esto, el gobierno asegura que la medida busca estimular la competencia y mejorar la oferta de servicios para los usuarios.
Sturzenegger informó que se darán a conocer más detalles sobre el proyecto en las próximas semanas a medida que avance su tratamiento legislativo. “Este es solo el comienzo”, adelantó, insinuando que el gobierno tiene en sus planes una serie de iniciativas adicionales para continuar desmantelando lo que consideran un exceso de normativas y regulaciones heredadas de administraciones pasadas.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, respondió las acusaciones del presidente sobre mal uso de fondos. A las críticas por el millonario contrato de un chofer institucional, se suma la controversia por la construcción de un “baño inclusivo” en la Facultad de Psicología.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.
