El Gobierno gastará cerca de $15 MILLONES en televisores para que los PRESOS VEAN EL MUNDIAL
Se autorizó la compra urgente de 225 televisores LED para las cárceles del Servicio Penitenciario Federal antes del comienzo del Mundial de Fútbol.
10 Years Experiences
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
El Gobierno nos demuestra una vez más estar totalmente desconectado de la realidad: autorizó la compra de 225 televisores para equipar las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal para que los presos puedan disfrutar el Mundial de Fútbol que se celebrará a fin de año.
Bajo el expediente EX-2022-45569017- -APN-DC#SPF, el Gobierno Nacional busca adquirir con urgencia 200 televisores LED de 32 pulgadas y otros 25 de 55 pulgadas con tipo de resolución 4K para que los reos no se pierdan ningún detalle de los partidos de la Selección.
En las especificaciones técnicas descriptas se señala que se busca adquirir equipos que cuenten con tipo de pantalla LED, alta resolución y conexión USB, HDMI y wi-fi, es decir, con todos los “chiches”.
Según las tres ofertas presentadas, la compra podría llegar a representar un gasto de $15 millones. Mientras tanto la mitad del país es pobre, 4 millones de argentinos son indigentes y el dólar y la inflación siguen escalando.
En las últimas horas, la diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo información detallada sobre la situación de FB Líneas Aéreas S.A. (Flybondi), en medio de las dificultades operativas que atraviesa la empresa y los reclamos de usuarios afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos.
La iniciativa pide que la Secretaría de Transporte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Trabajo informen sobre una serie de aspectos vinculados al funcionamiento de la compañía durante los últimos doce meses. Entre ellos, requiere datos sobre cancelaciones, demoras y reprogramaciones de vuelos, discriminados por mes, ruta y causa invocada por la empresa, además del nivel de cumplimiento efectivo de los servicios programados.
Uno de los puntos centrales del pedido está relacionado con la comercialización de pasajes durante períodos de interrupción de operaciones. La legisladora solicita información sobre la cantidad de boletos vendidos mientras la empresa tenía suspendidos total o parcialmente sus servicios, particularmente desde el 2 de julio de 2026, y pregunta si las autoridades evaluaron limitar o suspender esas ventas para evitar perjuicios a los pasajeros.
El proyecto también busca conocer el estado de la flota de la empresa, la cantidad de aeronaves habilitadas para operar, los aviones fuera de servicio y las medidas previstas para reemplazarlos frente a contingencias. Asimismo, reclama detalles sobre las inspecciones realizadas por la ANAC, los resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de las observaciones efectuadas por el organismo de control.
Monzón además solicita información sobre sumarios administrativos, investigaciones o procedimientos abiertos contra la compañía, así como los planes de regularización operativa que Flybondi hubiera presentado ante las autoridades y su nivel de cumplimiento.
En materia de defensa del consumidor, el pedido de informes requiere conocer la cantidad de reclamos recibidos por cancelaciones, demoras y falta de reembolsos, las compensaciones efectivamente pagadas y las acciones coordinadas entre los organismos de control y las áreas de protección al consumidor.
La iniciativa también pone el foco en la situación económico-financiera de la empresa. En ese sentido, solicita precisiones sobre eventuales procesos concursales o pedidos de quiebra, deudas con proveedores esenciales para la operación y evaluaciones oficiales sobre el impacto que esos problemas podrían tener en la continuidad del servicio y en la seguridad operacional.
— Leonardo Scatturice. Exmiembro de la SIDE. Dueño y líder de Flybondi, OCA y el Grupo Flecha Log
Otro capítulo está dedicado a la situación laboral. La diputada pide información sobre trabajadores suspendidos, deudas salariales o indemnizatorias, actuaciones de la Secretaría de Trabajo, conciliaciones obligatorias e inspecciones realizadas durante el último año. También reclama una evaluación sobre cómo esos conflictos podrían afectar la prestación del servicio aéreo.
En los fundamentos del proyecto, Monzón sostiene que Flybondi acumuló una interrupción total de sus operaciones con pasajeros desde el 2 de julio de 2026 y afirma que, durante ese período, la empresa continuó comercializando pasajes sin advertir a los usuarios acerca del riesgo de cancelación. Además, menciona un escenario marcado por conflictos laborales, denuncias de extrabajadores, pedidos de quiebra promovidos por acreedores y acciones judiciales impulsadas por pasajeros que reclaman reintegros de vuelos cancelados.
La legisladora argumenta que el transporte aerocomercial constituye un servicio de interés público y sostiene que el Congreso debe contar con información completa para determinar si los organismos estatales ejercieron adecuadamente sus facultades de control y protección de los derechos de los consumidores frente a la situación que atraviesa la compañía.
*Fuente: Tribuna de Periodistas (Alexis Montefiore)
Flybondi atraviesa su peor crisis. La compañía cesó sus operaciones comerciales el 2 de julio y acumula diez días sin despegar un solo avión. Mientras el servicio permanece paralizado, la empresa mantiene activa la venta de pasajes en su web, captando clientes para vuelos que no está en condiciones de cumplir.
El desplome operativo pulveriza las promesas del accionista Leonardo Scatturice, quien tras anunciar una inversión de 1.700 millones de dólares y la incorporación de 35 aviones, sólo logró mantener una aeronave en servicio. De las 20 unidades activas a principios de año, la flota se redujo al mínimo, dejando en evidencia el colapso total de su estructura.
Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, actuó de puente entre Donald Trump y Javier Milei.
La estafa al pasajero
Los usuarios denuncian recibir avisos de cancelación el mismo día del viaje, lo que los deja a la deriva y atrapados en un proceso burocrático para recuperar su dinero.
Ante la falta de soluciones, los pasajeros damnificados comenzaron a agruparse. A través de la iniciativa impulsada por el estudio Montoya & Asociados y la organización Vuelo Tarde, se lanzó un amparo colectivo para reclamar los reintegros adeudados.La medida busca representar a quienes fueron víctimas de un servicio cobrado y nunca prestado.
Aeronave de Flybondi durante la cuarentena.
Inacción gubernamental y causas de la crisis
El colapso de Flybondi ocurre bajo la mirada pasiva de las autoridades nacionales. Ni la Secretaría de Transporte ni la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) han intervenido para frenar la comercialización engañosa de pasajes, permitiendo que la aerolínea siga recaudando fondos por servicios inexistentes mientras los pasajeros quedan sin respuestas.
El Estado no es un mero espectador; es el responsable de auditar la capacidad técnica y financiera de las empresasque operan en el país. Al omitir su rol de control y permitir la venta de tickets sin sustento operativo, el Gobierno habilita, por acción u omisión, un esquema que perjudica directamente a los usuarios.
La crisis tiene raíces profundas. La empresa acumula deudas millonarias, incluyendo servicios impagos de alojamiento y reclamos judiciales de firmas como Tienda León. Además, enfrenta dos pedidos de quiebra y una creciente tensión laboral por sueldos adeudados, factores que, sumados a las dificultades para abastecerse de combustible, explican la parálisis total de sus rutas.
El consumo interno de carne vacuna cerró la primera mitad de 2026 con su registro más flojo en tres décadas. El dato se desprende del informe económico mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), la entidad que agrupa a los frigoríficos y comercializadores del sector. El abastecimiento del mercado doméstico cayó 11,5% interanual entre enero y junio. En números concretos, el consumo aparente se ubicó en 1.019.430 toneladas res con hueso: casi 132 mil toneladas menos que en el mismo período de 2025.
El promedio de los últimos doce meses del consumo por habitante quedó en 47 kilos al año, 8,2% por debajo del nivel de un año atrás. En la práctica, cada argentino comió 4,2 kilos menos de carne vacuna que en junio de 2025.
Para la cámara la explicación central estuvo en el bolsillo. La caída del 11,5% es “producto del menor poder de compra de los hogares, explicado por el aumento que registró el precio relativo de la carne vacuna en el último año”, señaló Ciccra.
Los datos que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que Ciccra recopila mostraron por qué. En doce meses, el rubro carnes y derivados aumentó 45%,muy por encima del 33,4% que acumuló el índice general de precios al consumidor en el mismo lapso. Dentro de ese rubro, los cortes vacunos treparon 53,6% anual, mientras que el pollo entero —su principal competidor en la góndola— subió apenas 29,9%. Esa brecha empujó a muchas familias a comprar menos kilos o a inclinarse por el pollo.
El golpe se sintió con fuerza en los cortes más populares. En la comparación interanual a junio, la carne picada común encabezó las subas con 56,2%, seguida por el asado, con 54,3%. Detrás quedaron la paleta (53,6%), el cuadril (53,2%) y la nalga (50,9%). La caja de hamburguesas congeladas aumentó 58,7%.
A la presión de los precios se sumó la dinámica de la oferta. En el primer semestre se faenaron 6,02 millones de cabezas de ganado vacuno, casi 9% menos que un año atrás, en un contexto de menor disponibilidad de hacienda que la industria arrastra desde hace tiempo. Esa menor faena derivó en una producción de 1,428 millones de toneladas res con hueso, con una baja de 6,2% interanual.
Ese cuello de botella tuvo un origen preciso. El informe de mayo de la propia cámara lo atribuyó a una fase de tres años de intensa liquidación de existencias, en la que los productores enviaron a faena más hembras de lo habitual, como respuesta a una sucesión de eventos climáticos adversos que golpearon al campo desde 2022 y se extendieron hasta mediados del año pasado.
La producción, sin embargo, no cayó al ritmo del consumo, porque las exportaciones tomaron el camino inverso. En los primeros seis meses del año, los envíos al exterior sumaron 408,6 mil toneladas res con hueso, 10,2% más que en 2025. Así, una porción mayor de la carne producida en el país viajó a los mercados externos y quedó menos disponible para las carnicerías locales: la proporción destinada a exportación pasó de 24,4% a 28,6% entre un semestre y otro, mientras que la volcada al mercado interno bajó de 75,6% a 71,4%.
EL PISO DE TRES DÉCADAS
Al mirar la serie histórica, que arranca a mediados de los años noventa, el primer semestre de 2026 apareció como el más bajo en materia de consumo interno. Ni los años más duros de las últimas tres décadas, marcados por crisis económicas o por procesos de liquidación de hacienda, habían mostrado un abastecimiento doméstico tan magro. La cámara aclaró que, como actualiza y corrige la serie con el tiempo, los valores más antiguos pueden sufrir ajustes menores en informes futuros.
El deterioro se profundizó mes a mes. En el acumulado de enero a mayo, el consumo aparente ya mostraba una caída de 11,1% interanual, con un per cápita de 47,5 kilos; al sumar junio, el retroceso se estiró hasta 11,5% y el promedio por habitante bajó a 47 kilos.
El resultado llegó, además, en un momento bisagra para el sector. Ciccra viene marcando que la ganadería argentina podría estar cerrando esa fase de liquidación de tres años y entrando en una etapa de recomposición del rodeo. En los últimos meses, la participación de las hembras en la faena total se ubicó en 45,3% en junio, apenas por encima del rango que la industria considera necesario para sostener el stock, y un nivel que no se veía desde junio de 2021. Por ahora, esa transición todavía no se reflejó en el consumo, que siguió en baja.
Según un informe oficial dado a conocer recientemente, la administración de Axel Kicillof destinó más de 1.265 millones de pesos al pago de intereses moratorios, generados por la cancelación fuera de término de facturas de proveedores y certificados de obra. La cifra surge del fallo con el que el Tribunal de Cuentas aprobó la rendición de la Tesorería General bonaerense, conducida desde entonces por David René Jacoby, tristemente célebre por su procesamiento en la causa del dólar futuro.
No se trata de una inversión, una obra pública ni una mejora en los servicios provinciales. Son recursos que el Estado bonaerense debió desembolsar exclusivamente porque pagó tarde. En otras palabras, más de 1.265 millones salieron de las arcas públicas para cubrir el costo financiero de la propia ineficiencia administrativa.
El informe señala que los intereses fueron generados por facturas de proveedores y certificados de obra abonados después de sus vencimientos. El organismo de control revisó una muestra equivalente al 78,15 por ciento del total y no detectó errores materiales en las liquidaciones. Sin embargo, que los intereses hayan sido correctamente calculados no responde la pregunta central: por qué la gestión de Kicillof dejó vencer esas obligaciones y quién permitió que la mora alcanzara semejante dimensión.
La responsabilidad política recae sobre el gobierno de Kicillof, mientras que la administración financiera estuvo a cargo del tesorero general David Jacoby. Pese al volumen del gasto improductivo, el fallo no identifica el detalle de los organismos que demoraron los pagos, a los proveedores beneficiados por los intereses ni a los funcionarios responsables de la cadena administrativa.
El silencio resulta especialmente grave porque el dinero pagado en concepto de mora podría haberse destinado a hospitales, escuelas, seguridad o infraestructura. Mientras, el gobierno provincial denuncia restricciones presupuestarias y reclama mayores recursos, su propia Tesorería reconoce que más de mil millones terminaron absorbidos por atrasos administrativos.
— David René Jacoby
La situación coincide, además, con una fuerte ampliación del presupuesto de la Tesorería. Los créditos para gastar pasaron de 1.522 millones a 6.695 millones de pesos, luego de una incorporación superior a los 5.173 millones. El presupuesto definitivo terminó siendo más de cuatro veces superior al originalmente previsto.
Una auditoría incompleta
El fallo también admite que los auditores no pudieron acceder a las bases de datos de los contratos de servicios celebrados por la provincia bajo la ley 14.815. Esa limitación impidió completar el análisis destinado a detectar incompatibilidades entre la planta de personal de la Tesorería y los contratos de servicios provinciales. Pese a ello, el Tribunal resolvió aprobar la rendición.
El resultado expone una combinación tan inquietante como insólita: una Tesorería que pagó una fortuna por intereses, una auditoría que no pudo acceder a toda la información y una resolución aprobatoria que no individualizó responsabilidades.
La gestión Kicillof deberá explicar ahora qué dependencias originaron las demoras, cuánto recibió cada proveedor, qué obras acumularon intereses y qué medidas adoptó David Jacoby para evitar que la mora siguiera drenando recursos públicos. Hasta entonces, el dato permanece: la provincia pagó más de 1.265 millones por llegar tarde.
A un mes de la salida de Roberto Baradel de la conducción del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), los gremios docentes decretaron el primer paro directo contra la gestión del gobernador Axel Kicillof. Se trata de la segunda medida de fuerza del año, siendo que la primera en marzo, había sido enmarcada en una protesta de carácter nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
“Rechazamos el desfinanciamiento de la educación técnica pública, inclusiva y de calidad”, se informó en un comunicado del SUTEBA.
Cuatro de los cinco gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocaron al paro de 24 horas. Entre los sindicatos se encuentran la SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). Solo el sindicato de docentes privados (SADOP) no adhirió.
Lo verdaderamente histórico es que es la primera huelga exclusivamente dirigida contra la gestión de Kicillof desde que asumió en diciembre de 2019. El primer paro del año había sido enmarcado en una protesta contra las políticas educativas del gobierno del presidente Javier Milei. Este, en cambio, apunta de lleno a La Plata.
Para entender la novedad de este paro, hay que entender quién fue Baradel durante dos décadas. Secretario general de SUTEBA desde 2004, Baradel fue uno de los sindicalistas más cercanos políticamente a Kicillof y al kirchnerismo en general. Su liderazgo significaba que el principal gremio docente actuaba como un amortiguador de conflictos con el gobierno provincial, siendo que las bases podían estar descontentas, pero la conducción frenaba las medidas de fuerza directas contra el gobernador.
En marzo de 2026, Baradel anunció que no se presentaría a las elecciones internas de SUTEBA, poniendo fin a casi 20 años al frente del gremio. La lista oficialista que él impulsó llevó como candidata a la secretaria adjunta María Laura Torre, quien ganó las elecciones realizadas el 13 de mayo. Baradel continuará en el sindicalismo nacional como adjunto de CTERA, pero dejó de ser el interlocutor privilegiado del gobierno bonaerense en materia educativa.
— Baradel junto María Laura Torre, en la jornada de protesta de la CTERA
Su salida no fue casual ni cómoda, ya que llegó con los salarios docentes corriendo por detrás de la inflación y con un malestar creciente en las bases que se convirtió en una “encrucijada de compleja resolución” para su liderazgo.
La crisis salarial acumulada
El deterioro del poder adquisitivo docente tiene varias capas. Uno de los principales factores fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), dispuesta por el gobierno de Milei a través del DNU 280/2024, que dejó de abonarse desde diciembre de 2023. La medida implicó una reducción de entre $20.000 y $28.000 mensuales por cargo, equivalente a alrededor del 10% del salario docente. De acuerdo con SUTEBA, un trabajador con dos cargos acumuló una pérdida cercana a los $4 millones en el plazo de un año y medio.
“Necesitamos sentarnos de manera urgente con la Provincia para recomponer los salarios docentes que quedaron muy rezagados”, afirmó Liliana Olivera, titular de la FEB.
En la provincia de Buenos Aires, la administración de Kicillof buscó compensar parcialmente esa quita mediante la creación de una “Compensación FONID/Conectividad” de $28.700, acordada en la paritaria de marzo de 2026. Sin embargo, el adicional tiene carácter no remunerativo y no bonificable, por lo que no se incorpora al cálculo del aguinaldo, la antigüedad ni la jubilación, además de carecer de un mecanismo de actualización automática.
A esa situación se sumó la falta de avances en la negociación salarial. La última reunión paritaria se realizó el 12 de junio y, desde entonces, el Ejecutivo bonaerense no presentó una nueva propuesta con porcentajes de aumento. En consecuencia, los salarios de junio fueron liquidados sin incrementos, una situación que también impacta de manera directa en el cálculo del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre.
El conflicto salarial ya había comenzado a comienzos de año, cuando la oferta inicial del Gobierno provincial consistió en un aumento del 1.5% para enero, rechazado por los sindicatos por considerarlo insuficiente. Posteriormente, en marzo, las partes acordaron un incremento del 7.5% en dos tramos, aunque los gremios sostienen que esa actualización resulta insuficiente para revertir la pérdida acumulada del poder adquisitivo.
La violencia en las escuelas
El segundo eje del paro es el aumento sostenido de episodios de violencia en los establecimientos educativos bonaerenses. En la semana previa al paro, se registraron casos en Moreno (una madre golpeó a una docente y a la directora), y en el primer trimestre del año hubo incidentes graves en Bahía Blanca, Mar del Plata y Zárate, que incluyeron peleas con fracturas, ataques con gas pimienta y amenazas con armas blancas.
Los gremios exigen la implementación plena del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación —ya acordado pero no ejecutado—, y un protocolo complementario, además de la aplicación efectiva de legislación vigente para sancionar agresiones en el ámbito escolar.
Este paro representa un quiebre en la alianza estratégica entre el kirchnerismo bonaerense y el sindicalismo docente, que duró más de siete años. Con una nueva conducción en SUTEBA que ya no tiene la misma obligación política de proteger al gobernador, y con las bases presionando por recuperación salarial real, la nueva secretaria general Laura Torre enfrenta su primer gran desafío, que es negociar en junio con una deuda salarial acumulada y la presión de la izquierda sindical, que disputó seccionales en las últimas elecciones internas y buscará capitalizar el descontento.
Los gremios ya advirtieron que de no haber una convocatoria a paritarias con una propuesta concreta en el corto plazo, no se descartan nuevas medidas de fuerza indefinidas. El gobierno bonaerense, a su vez, usa como escudo el argumento del “ahogo financiero” que le impone el gobierno nacional, intentando redirigir parte del conflicto hacia Milei.
Casi 7 millones de personas quedaron fuera del circuito bancario por registrar atrasos mayores a 90 días en préstamos y tarjetas. Lo que el Gobierno buscó presentar como un problema acotado mutó en una crisis sistémica: de los 30 principales bancos del país, 26 ya muestran su morosidad en alza.
Los datos de la consultora 1816, basados en la Central de Deudores del Banco Central, confirman que la irregularidad de los hogares escaló al 12,7% en mayo. La velocidad del deterioro expone la gravedad del cuadro: en octubre de 2024 la mora era del 2,5%, lo que significa que se multiplicó por cinco en apenas un año y medio.
Esto encadena 19 meses consecutivos de subas, reflejando un descontrol contable que asfixia los balances del sistema financiero. El tendal de deudores expulsados consolidó un desplome sin antecedentes desde la salida de la convertibilidad.
Santiago Bausili, presidente del Banco Central.
La juventud como principal víctima del ahogo financiero
La segmentación por rango etario expone que el eslabón más joven de la población es el que peor está pagando la crisis. Los datos oficiales revelan que el 40% de los jóvenes de entre 26 y 35 años ya arrastra deudas impagasen bancos o billeteras virtuales, un número que representa de forma consolidada el 31,5% de la masa total de deuda del sistema.
El panorama se vuelve todavía más crítico en la base de la pirámide, correspondiente al segmento de 18 a 25 años. En este sector de menores ingresos y mayor precarización laboral, el índice de morosidad alcanza su pico máximo, registrando un 42,8% de saldo de impago en las cuentas de consumo.
Irregularidad de crédito con bancos y entidades no bancarias, por edad.
El estallido de las finanzas digitales
El colapso es todavía más severo en el ecosistema de las billeteras virtuales y entidades no financieras, donde la morosidad saltó del 10% al 32,2% en un año. Este sector, que representa el 17% del crédito total otorgado a las familias, exhibe carteras de altísimo riesgo por la falta de regulaciones firmes en el otorgamiento.
La crisis en el sector tecnológico no es nueva para Data 24, donde ya informamos el caso extremo de Ualá. En dicha plataforma, el descontrol en la aplicación móvil llevó la mora al 63,67% y provocó un corralito técnico, confirmando la peor ruptura de la cadena de pagos en dos décadas dentro del segmento fintech.
Pierpaolo Barbieri (fundador de Ualá) junto a Javier Milei.
La responsabilidad política
La raíz del endeudamiento responde a una combinación deasfixia y mala praxis política. Con los salarios pulverizados, las familias se vieron obligadas a tomar crédito para financiar gastos corrientes y alimentos. A esto se sumó la estrategia del Gobierno de sostener las tasas de interés del BCRA por las nubes para pisar el dólar, lo que terminó destruyendo la capacidad de pago de los deudores.
Este escenario anula por completo al crédito como motor del consumo para el año electoral entrante, según advierten los analistas. Mientras el Banco Central descarta de forma categórica cualquier tipo de rescate financiero para el sector privado, los funcionarios aseguran que el pico de la mora ya pasó y confían en que el bache se corregirá mediante el impacto del aguinaldo y la licuación de deudas.
El HTC aplicó un llamado de atención a exautoridades de la compañía tras detectar irregularidades. Los trabajadores apuntaron contra funcionarios de la actual conducción por “repartirse el dinero” de manera discrecional.
El tirón vino por la luz, que aumentó 12,5% en el mes, seguida por el gas y el transporte, en una canasta donde los subsidios estatales cubren casi la mitad de la factura.
El derrumbe del poder de compra de los hogares, el fuerte encarecimiento del corte vacuno frente al resto de los alimentos y una porción cada vez mayor de la producción volcada al exterior dejaron menos carne en la mesa argentina.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
