El Gobierno gastará cerca de $15 MILLONES en televisores para que los PRESOS VEAN EL MUNDIAL
Se autorizó la compra urgente de 225 televisores LED para las cárceles del Servicio Penitenciario Federal antes del comienzo del Mundial de Fútbol.
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El Gobierno nos demuestra una vez más estar totalmente desconectado de la realidad: autorizó la compra de 225 televisores para equipar las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal para que los presos puedan disfrutar el Mundial de Fútbol que se celebrará a fin de año.
Bajo el expediente EX-2022-45569017- -APN-DC#SPF, el Gobierno Nacional busca adquirir con urgencia 200 televisores LED de 32 pulgadas y otros 25 de 55 pulgadas con tipo de resolución 4K para que los reos no se pierdan ningún detalle de los partidos de la Selección.
En las especificaciones técnicas descriptas se señala que se busca adquirir equipos que cuenten con tipo de pantalla LED, alta resolución y conexión USB, HDMI y wi-fi, es decir, con todos los “chiches”.
Según las tres ofertas presentadas, la compra podría llegar a representar un gasto de $15 millones. Mientras tanto la mitad del país es pobre, 4 millones de argentinos son indigentes y el dólar y la inflación siguen escalando.
Tras una investigación realizada por el periodista Manuel Román, se reveló que distintas dependencias del Estado nacional adjudicaron 23 contrataciones millonarias a OCP Tech, empresa vinculada a Leonardo Scatturice, exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), empresario relacionado con el asesor presidencial Santiago Caputo y propietario de la aerolínea Flybondi.
Según el relevamiento, las adjudicaciones se concretaron durante la gestión del actual presidente Javier Milei e involucraron a distintos organismos públicos, entre ellos la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei. Los contratos, establecidos tanto en dólares como en pesos, alcanzan un valor cercano a los 7 millones de dólares y superan los 1.400 millones de pesos en moneda nacional, con un monto conjunto estimado en alrededor de 10.000 millones de pesos para realizar gestiones en Estados Unidos.
Desde diciembre de 2023 distintos organismos estatales habrían adjudicado contrataciones por un valor estimado de 6.95 millones de dólares. De ese total de operaciones identificadas, 18 fueron pactadas en moneda estadounidense y las cinco restantes en pesos argentinos. La adjudicación de mayor valor alcanzó aproximadamente 1.79 millones de dólares y correspondió al Ministerio Público Fiscal.
Lo trascendido originalmente en junio de 2026 describió solo 16 contrataciones, de aproximadamente 5.8 millones de dólares y 1.510 millones de pesos, con una equivalencia calculada de unos 8.280 millones de pesos. No se sabía, por lo tanto, que el mismo recuento se extendía aún más para Scatturice, quien es un conocido empresario argentino con antecedentes en el ámbito de la inteligencia y actividades en tecnología, aviación y representación de intereses con referentes republicanos estadounidenses.
Del mismo modo, Scatturice mantiene vínculos empresariales con distintas compañías que desarrollan actividades en los sectores tecnológico, financiero y de consultoría internacional. Entre ellas se encuentra la misma OCP Tech, dedicada a la provisión de equipamiento tecnológico, licencias de software y servicios informáticos.
El empresario también está relacionado con Tactic Global y Tactic COC, firmas vinculadas a servicios de consultoría y representación de figuras como Barry Bennett, consultor político estadounidense vinculado al trumpismo, con quien Scatturice participó en actividades empresariales. Una de estas compañías suscribió un acuerdo con la SIDE para realizar tareas de asesoramiento y vinculación institucional en territorio estadounidense, convenio que fue declarado ante las autoridades de ese país. Por otra parte, Scatturice está asociado a COC Global Enterprise, grupo inversor que adquirió una participación mayoritaria en la aerolínea argentina Flybondi durante el año 2025.
Existirían documentos oficiales que permiten comprobar dichas operaciones concretas, como archivos del Ministerio Público Fiscal donde adjudicó a OCP Tech distintas contrataciones destinadas a la adquisición de infraestructura tecnológica, servicios informáticos y equipamiento de conectividad. Entre las operaciones identificadas figura la licitación pública 44/24, correspondiente a la contratación de un sistema de hiperconvergencia para integrar distintas funciones informáticas de un centro de datos, por un monto de 685.732,90 dólares. Conforme al Boletín Oficial, la adjudicación favoreció a OCP Tech, mientras que otra de las ofertas presentadas fue desestimada por incumplimientos técnicos.
Asimismo, mediante la licitación pública 2/25, el organismo adjudicó a la compañía un contrato de 96.800 dólares para la suscripción de servicios de soporte técnico y capacitación vinculados al sistema operativo Red Hat para Linux. La operación quedó formalizada a través de la Resolución ADM 74/25.
Por otra parte, la licitación pública 42/24 contempló la contratación de trabajos de cableado de datos para puntos de acceso a redes wifi. En ese procedimiento se adjudicaron tres renglones por 55.844, 28.166 y 30.292 dólares, respectivamente. Posteriormente, una resolución administrativa dispuso una ampliación contractual por otros 2.986 dólares.
El papel de Karina Milei
OCP Tech obtuvo la mayoría de las adjudicaciones para suministrar insumos informáticos y de red de parte de la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de la hermana del presidente en diciembre de 2024. En ese procedimiento también participaron otras compañías adjudicatarias en una supuesta “cancillería clandestina”.
El 12 de febrero de 2025, la SIDE firmó un acuerdo con Tactic Global para desarrollar actividades de asesoramiento y vinculación institucional en Estados Unidos. El contrato fue presentado ante el Departamento de Justicia estadounidense el 16 de junio de 2025, en cumplimiento de la legislación norteamericana sobre representación de intereses extranjeros (FARA).
El documento establecía una compensación de 10.000 dólares mensuales y contemplaba tareas como coordinar reuniones entre funcionarios argentinos y estadounidenses, facilitar contactos y brindar asesoramiento estratégico a la SIDE, a pesar de ya existir una estructura diplomática para representar los intereses argentinos en otros países, siendo trabajado correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, las embajadas y los consulados.
El dato fundamental sería que el convenio con Tactic Global terminó sin pagos declarados por parte de la SIDE. En otro texto presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, correspondiente al período terminado el 30 de noviembre de 2025, informa expresamente que la Secretaría de Inteligencia argentina no realizó pagos a esa compañía.
A su vez, el periodista Ignacio Grimaldi confirmó el pasado 10 de septiembre de 2026, que el acuerdo había finalizado sin pagos declarados y que fuentes vinculadas al caso sostenían que las tareas contratadas nunca llegaron a ejecutarse, así como se sospechaba de las contrataciones de OCP Tech en relación a un episodio anterior. En julio de 2024, Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 656/2024, que establecía una ampliación presupuestaria de 100.000 millones de pesos para la SIDE, destinados al fortalecimiento del sistema de inteligencia y con carácter reservado.
El Congreso de la Nación rechazó ese decreto y generó cuestionamientos de distintos sectores políticos por la magnitud de los recursos asignados y los mecanismos de control sobre su utilización. El 21 de agosto, la Cámara de Diputados rechazó el decreto con 156 votos en contra, 52 a favor y seis abstenciones, lo que representó un primer revés legislativo para la iniciativa del Poder Ejecutivo.
Posteriormente, el 13 de septiembre de 2024, el Senado también rechazó la disposición, lo que determinó la derogación definitiva del DNU e impidió que el Gobierno mantuviera vigente la ampliación presupuestaria destinada al organismo de inteligencia.
— El empresario argentino Leonardo Scatturice, que incluye vínculos con OCP Tech, el grupo COC Global Enterprise y la aerolínea Flybondi
Tras la decisión del Congreso, el Ejecutivo informó que se había completado, el 7 de octubre de 2024, la devolución al Tesoro Nacional de 80.000 millones de pesos previamente transferidos a la SIDE. Constatando a las declaraciones oficiales, esos recursos fueron restituidos mediante las correspondientes operaciones administrativas y presupuestarias.
Compensación de esos fondos
La hipótesis sería que algunas contrataciones públicas podrían haber servido como mecanismos alternativos para financiar operaciones relacionadas con inteligencia o gestiones políticas después del rechazo legislativo.
El beneficio de la duda estaría algo respaldada por el nombre de Scatturice, que aparece relacionado con un episodio polémico ocurrido el 25 de febrero de 2025, cuando un Bombardier Global 5000 de la empresa OCP Tech aterrizó en la Argentina transportando a Laura Arrieta, una exazafata y empresaria liberal argentina de 32 años, miembro del comité organizador de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), la cumbre internacional de líderes de derecha que se realizó en Buenos Aires, entró y sacó del país 10 valijas que fueron enviadas a las Islas Canarias.
Su rol en el comité organizador de la CPAC en la edición de Buenos Aires (celebrada en el Hotel Hilton de Puerto Madero) sirvió de puente para entablar un asiduo contacto con la Casa Rosada y posar en fotografías junto al mandatario Javer Milei. Previamente trabajó bajo la supervisión directa de Scatturice, desempeñándose como vicepresidenta y gerente de operaciones corporativas en COC Global Enterprise y empleada de la firma OCP Tech.
El viaje fue objeto de críticas por presuntas irregularidades en los controles aduaneros del equipaje, contando con las valijas de ambos individuos que no habrían sido inspeccionadas con intervención de Santiago Caputo.
El celular que quedó cargando anoche en la mesa de luz, las zapatillas que se pagaron en seis cuotas, el café del desayuno, la banana de la vianda del chico, la tele que llegó justo para el Mundial, las lucecitas que en unas semanas van a colgar del arbolito y un largo etcétera. Casi todo lo que un argentino tiene entre manos hizo escala en la Aduana. Cada uno de esos productos aguardó su turno en algún puerto, aeropuerto o paso de frontera hasta que un agente le dio el visto bueno.
Es un trabajo crítico, y durante décadas se pagó como tal. Los aduaneros estuvieron siempre un escalón por encima del resto de los estatales, con sueldos que eran motivo de orgullo y una caja complementaria propia que les permite a sus jubilados acercarse al 82% móvil. Hoy son unos más del montón, y aquella caja, que funcionaba como bandera del sector, tampoco es lo que era.
En términos reales, cobran la mitad que a fines de 2023. Aun así, el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), que conduce Daniel Mallotti, encontró motivos para descorchar, como si la crisis salarial ocurriera en otro país. El 5 de junio reunió a entre 600 y 700 personas en el Salón Fresno de Parque Norte para celebrar el Día del Aduanero, con catering de lujo, champagne francés marca Pommery en las mesas principales y el recital de la banda Volcán como frutilla del postre.
La postal admite una comparación incómoda. A la entrega de los Martín Fierro, la gala más ostentosa de la televisión, suelen asistir entre 600 y 650 invitados. El gremio aduanero, en plena malaria salarial, montó una noche de la misma escala, a la altura de las que suele darse el círculo rojo.
Para el afiliado, la entrada fue casi simbólica: $15.000 por persona, un monto que difícilmente cubra una noche con catering, burbujas importadas y banda en vivo. El resto sale de algún lado, y la caja del sindicato se alimenta de lo que descuenta todos los meses del recibo de cada afiliado: 1,5% de cuota social y otro 1,5% para “fines sociales”. Por la vía del descuento, la fiesta la termina pagando el propio empleado.
Este medio accedió a algunos recibos de sueldo de agentes aduaneros de distintas categorías, con dos liquidaciones de cada uno. Para medir el deterioro alcanza con mirar un solo renglón, el básico de convenio, que es el sueldo base de cada categoría y sobre el que se calculan todos los demás adicionales. En el escalafón aduanero, cuanto más bajo es el número, más alto es el cargo.
— La multitudinaria fiesta en Parque Norte
Contra qué medirlos está claro. Entre diciembre de 2023 y abril de 2026, la inflación acumulada fue del 221,6%, según el INDEC. Dicho en criollo, lo que costaba $100 al principio del período hoy cuesta $322. Cualquier sueldo que no se haya más que triplicado quedó atrás.
El primer recibo es de un jefe de categoría 2, de las más altas del escalafón. En diciembre de 2023 su básico era de $185.000; en abril de 2026, de $310.000. La suba fue del 67%, menos de un tercio de lo que treparon los precios. Para conservar su poder de compra debería cobrar hoy cerca de $600.000. Perdió el 48% de su salario real.
Un escalón más abajo, en la categoría 6, la película se repite al milímetro. El básico pasó de $131.000 a $219.000, otra vez un 67% de aumento, cuando para empatarle a la inflación hacía falta llegar a $422.000. La pérdida vuelve a ser del 48%. Que dos categorías distintas hayan recibido exactamente el mismo porcentaje deja en claro que los aumentos llegaron por planilla, parejos para todos.
— El enigmático spot publicitario de la próxima fiesta de SUPARA
El tercer caso es el más engañoso. Pertenece a un agente que en diciembre de 2023 recién arrancaba, en su primer año y en la categoría de ingreso, con un básico de $53.000. Hoy, ya en la categoría 16, cobra $137.000. A simple vista es un salto del 157% que casi le triplica el sueldo. Sin embargo, ni crecer en la carrera le alcanzó para correr a la par de los precios: necesitaría $171.000 para comprar lo mismo que el día que entró. Quedó un 20% abajo.
Medido en lo que se puede comprar, ninguno de los tres cobra hoy lo que cobraba a fines de 2023.
Ese deterioro avanzó sin que el gremio levantara demasiado la voz. Mallotti heredó la conducción tras la muerte de Carlos Sueiro, que manejó el SUPARA durante cuatro décadas, y la revalidó en las elecciones de agosto de 2025 con el 55% de los votos. En público habla de contrabando, de modernización y de una “Aduana fuerte”. Del sueldo de sus representados, poco y nada. Entre los trabajadores circula una lectura más amarga: el técnico de carrera va camino a cobrar algo parecido a un plan social por ir a trabajar.
La invitación de junio cerraba con el lema “En la unidad está la respuesta”. Para los afiliados que todavía esperan una sobre sus sueldos, el sindicato ya tiene la próxima convocatoria: la fiesta de fin de año, anunciada para el 4 de diciembre.
Los argentinos comieron en el último año 44,5 kilos de carne vacuna por habitante: la cifra más baja desde que comenzaron los registros, en 1914. El dato sale del informe económico de octubre de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), que vinculó el derrumbe con la falta de animales para faena, el avance de las exportaciones y una suba de precios muy superior a la inflación. El piso anterior databa de 1920, con 46,9 kilos por persona.
La medición, que promedió los doce meses cerrados en octubre, arrojó 5,6 kilos menos que un año antes (-11,2%). El golpe más visible apareció en la carnicería. El precio promedio de los cortes vacunos subió 44,5% entre octubre de 2025 y octubre de 2026, mientras que el índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires, que elabora el INDEC, aumentó 33,0% en el mismo lapso. Dentro de los alimentos, que se encarecieron 33,9% en un año, el rubro “carnes y derivados” registró la segunda mayor suba, con 38,9%, detrás de verduras, tubérculos y legumbres (71,9%). Para CICCRA, ese salto fue producto de la menor oferta de hacienda para faena.
— En 2008, cada argentino comía casi 25 kilos más de carne vacuna por año que hoy
Octubre trajo un respiro ‘parcial’. Con una inflación mensual de 2,0% en GBA y de 26,3% acumulada desde diciembre, el rubro de las carnes quedó casi sin cambios (-0,1%) y su variación interanual se redujo 3,6 puntos respecto de septiembre.
El pollo entero también aumentó, aunque menos (28,6%), por lo que la carne vacuna se encareció 12,4% en relación con esa alternativa.
Entre enero y octubre, el envío de carne vacuna al mercado interno cayó 11,5%, lo que, según el informe, “se reflejó en una significativa suba del precio relativo de este producto”. El consumo total sumó 1,698 millones de toneladas en esos diez meses, 221.100 toneladas menos que en el mismo período de 2025. El mercado local absorbió 68,9% de la carne producida, 3,9 puntos porcentuales menos que un año atrás.
Según CICCRA, en 2026 faltaron animales en condiciones de ir a faena, consecuencia directa de la caída del rodeo que provocó la adversidad climática de los últimos años. En octubre se faenaron 1,064 millones de cabezas en 346 plantas habilitadas. La cifra superó en 1,7% a la de septiembre (ajustada por días hábiles), pero quedó 11,6% por debajo de la de octubre de 2025, con 139.190 animales menos. Fue el octubre con menos faena desde 2016.
En los primeros diez meses del año, 375 plantas faenaron 10,24 millones de cabezas, 1,16 millones menos que en igual período de 2025 (-10,2%). La producción cayó 6,5%, hasta 2,47 millones de toneladas (171.390 menos). El mayor peso de los animales, que promedió 241 kilos por res (+4,1%), evitó una caída más profunda.
A la menor oferta se sumó la decisión de los productores de guardar vacas y, sobre todo, vaquillonas para cría: la faena de vaquillonas cayó 26,1% en octubre, un movimiento que la cámara asoció con el inicio de la fase de retención de hembras del ciclo ganadero.
— Las hamburguesas congeladas encabezaron las subas con 52,3%, y hasta la paleta, el corte que menos aumentó, se encareció 42,8%
Mientras el mercado interno se achicó, las ventas al exterior siguieron en alza. Entre enero y octubre, las exportaciones de carne vacuna sumaron 767.000 toneladas, 49.700 más que en el mismo período del año pasado (+6,9%). Según CICCRA, el crecimiento respondió en gran medida a las mayores ventas a Estados Unidos, después de que el gobierno de ese país amplió a fines de 2025 la cuota con acceso preferencial para la carne argentina.
En la otra punta de la cadena, el precio del animal en pie corrió por detrás de las góndolas. En octubre, el kilo vivo de hacienda se pagó en promedio 3.763 pesos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, 1,3% menos que en septiembre. Frente a octubre de 2025, el valor subió 27,3% en pesos, pero bajó 1,9% una vez descontada la inflación. Desde octubre de 2024 acumuló una suba real de 34,4%, aunque quedó 14,5% por debajo del promedio de noviembre de 2025 a marzo de 2026. Medido en dólares, el kilo vivo cerró octubre en 2,47 dólares al tipo de cambio oficial y en 2,42 al libre, con bajas mensuales de 2,0% y 1,7%, pero con subas interanuales de 19,6% y 20,3%, respectivamente.
Con una carta dirigida al Presidente y una tesis incómoda para cualquier gobierno, el legislador Eugenio Casielles volvió a poner en el aire este domingo Proyecto C. El regreso del ciclo giró alrededor de un fenómeno que atraviesa a casi todas las gestiones: la obsecuencia que rodea a los líderes una vez que llegan al poder y la pérdida de criterio que suele venir con ella.
El estreno llevó por título “El rey está desnudo”, una referencia directa al viejo cuento del emperador al que nadie se animaba a decirle la verdad. La elección no fue casual y marcó el tono de una emisión que, con distintos invitados, volvió una y otra vez sobre la misma pregunta: qué le pasa a quien manda cuando a su alrededor solo quedan voces que asienten.
En la sección Carta al presidente, Casielles le habló de frente a Javier Milei y condensó su planteo en una sola frase: “El problema no es equivocarse: es obligar a todos a aplaudir”. La crítica, sin embargo, no se quedó en la Casa Rosada. El legislador repartió responsabilidades y alcanzó también al kirchnerismo, al que le atribuyó su cuota de culpa en el “fanatismo” que domina la escena política.
¿Qué pasa cuando nadie se anima a decirle al poder lo que no quiere escuchar? En el tercer capítulo de PROYECTO C, “El rey está desnudo”, ponemos el foco en la obsecuencia: los que aplauden todo, los que callan para conservar su lugar y los que confunden lealtad con obediencia.
Para darle sustento al debate, el programa sumó la mirada de Daniela Gasparini, licenciada en Psicología, quien analizó cómo el poder transforma a las personas que lo ejercen y de qué manera la adulación termina por erosionar cualquier forma de liderazgo.
Más tarde, la Mesa Picante reunió a Natalia Volosin, doctora en Derecho y periodista, y a Tatiana Scorciapino, periodista de C5N. En ese tramo, la conversación giró hacia la figura de Karina Milei y su influencia en las decisiones del Gobierno. Casielles fue tajante al describir el destino de quienes se animaron a desafiar a la hermana del Presidente, y no se excluyó de la lista: “Los que fueron contra ella perdieron todos, incluyéndome”.
El fin de las retenciones podría abrir casi 860.000 puestos de trabajo en las cadenas agroindustriales en una década. En un país con 1,6 millones de desocupados, esa cifra alcanzaría para emplear a uno de cada dos. La estimación aparece en el informe “Empleo en las cadenas agroindustriales 2025”, que difundió la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Se trata de un centro de estudios del sector agropecuario con sede en Río Cuarto, Córdoba. El trabajo lo firmaron sus economistas Nicolle Pisani Claro, jefa del área, y Fiorella Savarino.
La proyección salió del escenario que FADA había trazado en otro documento propio, “Cuatro claves para crecer y generar medio millón de empleos”. Sin el impuesto, el productor cobraría más por su cosecha. Eso sumaría un 15% de superficie cultivada, porque tierras que hoy no son rentables pasarían a serlo. También elevaría un 37% los rendimientos, gracias a una mayor inversión en tecnología, fertilización, semillas y maquinaria. La producción de granos pasaría de 135 millones de toneladas a 205,4 millones, un salto del 52%. El punto de partida es el promedio de las últimas cinco campañas (sin contar la de la sequía).
Ese volumen extra empujaría el empleo por dos vías. Los cereales y las oleaginosas aportarían 430.262 puestos. Otros 413.541 llegarían por el dinamismo de las carnes y los biocombustibles: parte del maíz se convertiría en alimento para cerdos, aves y vacunos o en bioetanol, y la soja iría al biodiesel. En total, FADA contó 857.881 empleos entre producción primaria, industria, comercialización y transporte, a razón de 85.788 por año.
El propio informe aclaró que el número marca un potencial y no un efecto inmediato. La respuesta productiva sería gradual, en sintonía con la reducción escalonada de alícuotas que lleva adelante el Gobierno, y llegaría a su techo recién en diez años. Como referencia, FADA recordó que entre 2020 y 2025 las cadenas crearon 480.000 empleos, unos 80.000 por año. Ese crecimiento lo empujaron la carne vacuna, la soja, el trigo, el girasol y la lechería.
La eliminación de las retenciones fue una de las banderas de Javier Milei ante el campo. En mayo de 2023, de cara a las PASO, su asesor Guillermo Mac Loughlin planteó: “Las queremos eliminar desde el día 1”.La promesa podía leerse en las propuestas electorales presentadas por La Libertad Avanza ante la Cámara Nacional Electoral. El recorrido resultó más ‘sinuoso‘. En enero de 2025, el Gobierno bajó en forma temporal las alícuotas de los principales cultivos y las eliminó de manera permanente para las economías regionales. La soja pasó entonces del 33% al 26%. Al vencer el plazo, a fines de junio, el poroto volvió al 33% y el maíz al 12%.
El capítulo más llamativo llegó en septiembre. El Decreto 682/2025 fijó retenciones cero hasta el 31 de octubre o hasta que las ventas al exterior registradas sumaran US$ 7.000 millones. El cupo se agotó en tres días y la soja regresó al 26%. En diciembre, la alícuota bajó al 24%. En junio de 2026, el Decreto 423/2026 recortó la de trigo y cebada del 7,5% al 5,5%. Para la soja fijó un descenso desde enero de 2027, hasta el 21% en diciembre de ese año y el 15% en diciembre de 2028. Milei atò la continuidad del cronograma a un segundo mandato: dijo que seguirá hasta 2028 “si nosotros reelegimos”. En julio, en la Exposición Rural de Palermo, calificó al tributo como “una aberración que nunca debió haber existido”. Rechazó, sin embargo, eliminarlo para sacar rédito electoral y sostuvo que el crecimiento de la energía y la minería financiará la quita.
El informe de FADA también repasó ese vaivén. En 2025 se eliminaron las retenciones a los cueros, a las economías regionales y a los productos industrializados. La baja para las carnes se volvió permanente, y la de los granos, que había empezado como temporal, pasó a serlo a fin de año. Aun así, el impuesto siguió pesando en la caja: en el primer semestre de 2026, las cadenas agroindustriales pagaron US$ 2.407 millones en derechos de exportación. El 91% provino de los complejos granarios, el 5% de los cárnicos, el 3% de las economías regionales y el 1% de otros productos.
Hoy el empleo ligado al agro ya tiene un peso enorme. En 2025, las cadenas agroindustriales generaron 4.332.114 puestos de trabajo, un 1,2% más que en 2024. Eso representa el 22,8% del empleo privado y el 19,1% del total si se suma el sector público. Al frente del ranking se ubicó la cadena bovina, con 518.939 puestos. La siguieron frutas, verduras, hortalizas y legumbres (462.482), soja (446.254), trigo (440.604) y maíz (258.307). Entre esas cinco reunieron el 49,1% del total.
“Cuando hacemos las compras, es fácil ver los productos, pero no siempre a las personas que hay detrás”, graficó Savarino. El mapa por etapas lo confirma. La producción primaria concentró el 33,5% de los puestos, la comercialización el 27,3%, la industria el 21,4% y el transporte y la logística el 9,2%. Los proveedores de insumos, bienes de capital y servicios profesionales sumaron el 8,6% restante. “Es decir, hay empleo tanto en la siembra y la cosecha como en la fábrica, el depósito, el camión, el supermercado, el estudio contable o la empresa que fabrica una máquina agrícola”, agregó Pisani Claro.
El contexto laboral le da más relieve a la proyección. El empleo total del país llegó en 2025 a 22.730.304 puestos, un 1% más que el año anterior y un récord desde 2016. Ese avance lo explicaron casi por completo los trabajadores independientes, que sumaron 226.727 puestos. En cambio, el empleo privado formal perdió 32.643. Desde 2016, el 83% de los puestos nuevos fue informal o independiente.
La vicepresidente Victoria Villarruel firmó el pasado viernes el decreto presidencial del Senado 0630/2026, que creó un Programa de Alivio Financiero para los empleados endeudados de la Cámara alta. Podrán pedir un adelanto de haberes a tasa cero, de hasta tres sueldos netos de octubre, para cancelar por completo lo que deben.
En los fundamentos de la norma, Villarruel escribió que la situación económica del país llevó a las familias a usar más el crédito para pagar gastos corrientes y aumentó sus obligaciones mensuales. Para respaldarse citó al Banco Central. A diciembre de 2025, 20,3 millones de personas, el 54,7% de los adultos, tenían algún tipo de financiamiento, y el saldo promedio por deudor llegó a su máximo desde enero de 2020. En junio de 2026, el 12,8% de los créditos a familias tenía pagos atrasados. En las fintechs, las emisoras de tarjetas y otros prestamistas no bancarios, la cifra fue del 26,9% en febrero.
Diputados depende de Menem y lo votan ellos. Los senadores se votan ellos sus aumentos. No soy senadora y no intervengo en sus dietas. En lo que sí intervengo ahorramos 30.000 millones de pesos. Un saludo.
El anuncio cayó mal en X y Villarruel contestó sin anestesia: “Cuesta entender lo que leen”. A quien le pidió frenar los aumentos de los legisladores le recordó que Diputados depende de Martín Menem y que los senadores votan sus propias dietas. “No soy senadora y no intervengo en sus dietas”, aclaró. Según afirmó, en lo que sí controla ahorró 30.000 millones de pesos.
Viven en Narnia. No tienen idea evidentemente de lo difícil que se hace alquilar, trasladarte a tu trabajo y comer o mantener un hijo con un sueldo promedio de 1 millón o 2 en el mejor de los casos. Salgan del tupper.
Un docente de Entre Ríos que dijo cobrar $700.000 reclamó el alivio para sí mismo. “¿Te pensás que el Senado está en otra galaxia?”, le devolvió la vicepresidente, que aseguró que algunos empleados de la Cámara ganan cifras parecidas. “Viven en Narnia”, les disparó a otros usuarios, a quienes acusó de ignorar lo que cuesta alquilar, viajar al trabajo, comer o criar un hijo con uno o dos millones de sueldo. “Salgan del tupper”, remató.
El texto es claro para que interpretes cualquier cosa. Se ahorraron 30.000 millones de pesos y damos un alivio que será devuelto con sus propios haberes. Lo que sea de mi destino no es tu preocupación, pero si es mi preocupación que los trabajadores que del Senado dependen tengan…
“¿El empleado endeudado de mantenimiento qué casta es?”, preguntó ante quienes le reprocharon sumar privilegios. También defendió al personal de limpieza, a los choferes y a los custodios del Congreso frente a los que los llamaron ñoquis. A un usuario que calificó de ilegal la medida le contestó que “ilegal es otra cosa” y que quien trabaja en el Estado también es profesional, padre o madre de familia, inquilino y estudiante. Y redobló: “No todos llegan fifándose a alguien o siendo pariente de”.
Sostuvo además que el programa alcanza a casos puntuales y a salarios medios y bajos. Según afirmó, la reducción de 1.200 empleados también generó ahorro. A un usuario que cuestionó los ataques contra los empleados públicos le dijo que las entidades de bien público siguen siendo necesarias. “El odio que leo en ciertos mensajes habla mal de lo que dicen defender”, escribió.
Podrán acceder los trabajadores de planta permanente y temporaria. El adelanto servirá para saldar deudas con los sindicatos Asociación del Personal Legislativo (APL), Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), y con bancos públicos y privados o entidades habilitadas por el BCRA. También cubre deudas con billeteras virtuales y plataformas de pago que prestan dinero (Proveedores de Servicios de Pago, PSP) y con fintechs y emisoras de tarjetas (Proveedores No Financieros de Crédito, PNFC/OPNFC). Quedan afuera los créditos prendarios, que tienen un vehículo como garantía, y los hipotecarios.
La inscripción cierra el 20 de noviembre. Para anotarse hay que presentar una constancia del acreedor con el capital, los intereses, la tasa, los plazos, el estado de la deuda y el monto necesario para cancelarla. Los beneficiarios devolverán solo lo que recibieron, sin intereses ni costos financieros, en hasta nueve meses. Según Villarruel, el programa se pagará con el ahorro y los recuperos de la administración del Senado.
Un influencer viralizó imágenes de animales en cautiverio a diez años del cierre del zoológico y acusó al Gobierno de usar la reconversión del Ecoparque para hacer negocios. La ministra de Ambiente descalificó sus videos y el creador de contenido denunció que recibió amenazas.
Los cortes vacunos aumentaron 44,5% en un año y le sacaron más de once puntos a la inflación. La escasez de hacienda y el salto de las ventas a Estados Unidos dejaron menos carne en el mostrador
El Sindicato Único del Personal Aduanero, que conduce Daniel Mallotti, ya anunció otra celebración para diciembre y casi no habla de salarios. Desde fines de 2023, los básicos subieron 67% y los precios, 221%.
📖 IL DIARIO PERSONALE DI PAPA FRANCESCO.
Dal 24 novembre le pagine personali di Jorge Mario Bergoglio diventano un libro, presentato e commentato dal card. Víctor Manuel Fernández.
🌍 Un’uscita mondiale in 94 Paesi e 5 lingue: italiano, spagnolo, inglese, portoghese e francese. https://t.co/vptymfgmIc