El Gobierno gastará cerca de $15 MILLONES en televisores para que los PRESOS VEAN EL MUNDIAL
Se autorizó la compra urgente de 225 televisores LED para las cárceles del Servicio Penitenciario Federal antes del comienzo del Mundial de Fútbol.
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El Gobierno nos demuestra una vez más estar totalmente desconectado de la realidad: autorizó la compra de 225 televisores para equipar las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal para que los presos puedan disfrutar el Mundial de Fútbol que se celebrará a fin de año.
Bajo el expediente EX-2022-45569017- -APN-DC#SPF, el Gobierno Nacional busca adquirir con urgencia 200 televisores LED de 32 pulgadas y otros 25 de 55 pulgadas con tipo de resolución 4K para que los reos no se pierdan ningún detalle de los partidos de la Selección.
En las especificaciones técnicas descriptas se señala que se busca adquirir equipos que cuenten con tipo de pantalla LED, alta resolución y conexión USB, HDMI y wi-fi, es decir, con todos los “chiches”.
Según las tres ofertas presentadas, la compra podría llegar a representar un gasto de $15 millones. Mientras tanto la mitad del país es pobre, 4 millones de argentinos son indigentes y el dólar y la inflación siguen escalando.
Empleados estatales revelan una posible desviación de recursos organizada en el interior de la Dirección de Automotores y Embarcaciones Oficiales (DAEO) de la Provincia de Buenos Aires, organismo responsable de administrar, mantener y dar de baja la flota de vehículos del Estado provincial.
De acuerdo a testimonios internos recabados por el medio Realpolitik, el esquema involucraría el saqueo sistemático de repuestos antes de compactar autos oficiales, la manipulación del pesaje de chatarra, y la desaparición de al menos un vehículo histórico restaurado.
El área depende de un extenso abanico de funcionarios de la secretaria General de la Gobernación, bajo conducción de Agustina Vila. Solo cuando determinados vehículos oficiales presentan bajo kilometraje o buenas condiciones mecánicas, existiría un circuito informal para “recuperarlos” antes de enviarlos a compactación. El procedimiento incluiría conversaciones con sectores vinculados a la subsecretaría de Gobierno, administrada por Paula Verónica Ferraris.
— A la izquierda, Verónica Ferraris junto a Agustina Vila
Antes de que los vehículos oficiales sean aplastados por la máquina compactadora, los trabajadores del automóvil deben asegurarse que faros, baterías, ruedas y componentes electrónicos no desaparezcan. Los papeles de los autos dicen que están completos, pero al momento de compactarlos ya fueron vaciados.
“Hay autos que en los papeles están completos y cuando los van a compactar ya fueron vaciados”, afirmó una fuente.
Este tipo de autopartes tiene un valor comercial significativo en el mercado de repuestos usados. Al extraerlas antes de la destrucción, se generaría un mercado paralelo —mercado negro— de componentes que, si bien son piezas del Estado, terminan circulando como si fueran mercancía privada.
Antes de entrar de lleno en el hecho, cabe explicar que la función de la DAEO depende de la Secretaría General de la Gobernación bonaerense del gobernador provincial Axel Kicillof. Su misión es llevar un registro centralizado de todos los vehículos del Estado provincial, programar su distribución, controlar su mantenimiento, y decidir cuándo un vehículo ya no sirve y debe ser dado de baja. Cuando un vehículo oficial llega al fin de su vida útil, la DAEO tiene la potestad de compactarlo (aplastarlo para convertirlo en chatarra metálica) bajo el marco legal del Decreto 928/2007.
La directora actual del organismo es Rosana Mariel Viscardi, quien reemplazó a Ariel Abelando luego de que éste fuera desvinculado a principios de 2026 en medio de otras denuncias internas.
— Rosana Mariel Viscardi
El esquema no operaría a la vista de todos. Según los testimonios, el vaciado ocurriría fuera del horario laboral, cuando casi no queda personal en los galpones. Esto permitiría actuar con discreción, reducir los testigos y dificultar la trazabilidad de los componentes sustraídos.
Un nombre aparece de forma recurrente en las investigaciones y es el de Germán Sigampa, señalado como figura clave del circuito de compactación y de la gestión de rezagos (los restos o sobrantes de vehículos dados de baja). Conforme a la información, Sigampa recorre los depósitos de la provincia, mantiene vínculos con jefes distritales y tiene asignado un chofer por la directora Viscardi, lo que daría cuenta de su peso operativo dentro del organismo.
— Germán Sigampa
El concepto de “rezagos” es importante, debido a que en el sistema de la administración pública, los rezagos son los bienes sobrantes o inutilizables que deben ser dados de baja siguiendo un procedimiento formal. El control de quién gestiona esos rezagos y cómo se registran es clave para detectar sustracciones.
La trampa del pesaje de chatarra
Una de las denuncias más graves apunta al proceso de pesaje de la chatarra resultante de la compactación. Presuntamente existiría un posible conflicto de interés estructural, ya que la misma empresa que compra la chatarra sería la encargada de pesarla. Esto abre la posibilidad de que se declaren menos kilos de los reales, lo que significaría que el Estado recibe menos dinero del que debería por la venta de esos metales. La doble función —comprador y verificador del peso— eliminaría el control independiente que debería existir en cualquier licitación o contrato transparente.
El episodio más concreto y documentado dentro de la investigación involucra a un Peugeot 205 GLD modelo 1998, que había sido restaurado integralmente por personal de la DAEO. Por su antigüedad y excelentes condiciones tras la restauración, los propios empleados lo consideraban un “auto de museo”, no destinado al uso cotidiano.
Sin embargo, el vehículo fue utilizado por un empleado que no estaba habilitado para desempeñarse como chofer y quedó involucrado en dos incidentes graves en un lapso breve. En primer lugar, dio positivo en un control de alcoholemia en la ciudad de Tandil, hecho que derivó en el secuestro del rodado y su traslado en grúa, una situación que habría sido ocultada a las autoridades políticas del área. Poco después, ese mismo empleado protagonizó un choque en la autopista Buenos Aires–La Plata que terminó por destruir por completo el vehículo.
Desde el accidente, el Peugeot 205 no volvió a aparecer ni figura en los listados oficiales de depósitos. No hay registros fotográficos ni rastros en ningún circuito administrativo conocido. Todo lleva a sospechar que el vehículo podría haber sido incluido de manera encubierta en el proceso de compactación, eliminando así la evidencia de los incidentes. Tanto la subsecretaria de Gobierno Paula Ferraris como la secretaria general Agustina Vila no habrían sido informadas de lo ocurrido, y el manejo del caso quedó en niveles operativos intermedios. En ese encubrimiento aparece mencionado el propio director Abelando —el mismo que fue posteriormente desvinculado.
El patrón previo
Desplazar a Ariel Abelando a principios de 2026 no fue un acto deliberado, sino que se produjo en un contexto de reclamos reiteradas por faltantes de autopartes, reparaciones infladas y facturaciones cuestionadas dentro de la DAEO. Las alertas internas sobre los faltantes de autopartes existían incluso antes del proceso de compactación acelerado que el gobierno de Kicillof impulsó en enero de 2026.
La llegada de Viscardi como nueva directora, lejos de calmar las aguas, generó nuevas dudas. Trabajadores bajo su conducción la acusaron de maltrato, persecución laboral y asignación de tareas con vehículos en condiciones irregulares. A su vez, una investigación paralela del mismo medio reveló que existe un Volkswagen Fox oficial con VTV vencida que aparece con más de 32 millones de pesos disponibles para combustible en el sistema YPF Ruta, lo que sugiere un patrón más amplio de irregularidades administrativas.
Este hecho no se limita a la sustracción de unas autopartes. Detrás aparecen, al menos, tres dimensiones de gravedad institucional. Por un lado, una probable corrupción en la gestión de bienes públicos, ya que los vehículos del Estado pertenecen a toda la ciudadanía y su vaciamiento constituye un perjuicio directo al patrimonio público. Por otro, una evidente falla en los controles internos, dado que la misma empresa que adquiere la chatarra sería la encargada de pesarlo y, además, los vaciados habrían ocurrido fuera del horario laboral, lo que pone en duda el funcionamiento de los mecanismos previstos por el Decreto 928/07.
Finalmente, surge la sospecha de un posible encubrimiento institucional, ya que el caso del Peugeot 205, con dos hechos graves que habrían sido ocultados a las máximas autoridades, sugiere que no se trataría únicamente de una responsabilidad individual, sino también de una cadena de omisiones y silencios dentro del organismo.
El Gobierno confirmó este jueves la adjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal (más conocida como Hidrovía) al consorcio que integran la empresa belga Jan DeNul y su socia argentina Servimagnus.
Se trata de la privatización más grande de la gestión de Javier Milei: 25 años a cargo del dragado, el mantenimiento y la señalización del río Paraná, la principal salida al Atlántico del comercio exterior argentino.
Para dimensionar lo que estaba en juego, los especialistas en comercio exterior recurren a una comparación: la Hidrovía es, para la Argentina, lo que el Estrecho de Ormuz representa para el petróleo del mundo. Un cuello de botella estratégico cuyo control define quién cobra, quién exporta y, en buena medida, cómo circula la riqueza del país. Por sus aguas sale el 80% de las exportaciones de granos y derivados, el 95% del transporte de contenedores y la totalidad de los embarques de la industria automotriz. En el corazón de ese sistema, sobre el Gran Rosario, entre Villa Constitución y Timbúes, casi 30 terminales portuarias forman el segundo complejo agroexportador más grande del planeta, detrás del de Nueva Orleans. Solo en 2025, los barcos que navegaron por esa traza movieron US$ 52.337 millones en exportaciones agroindustriales, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
La decisión quedó formalizada en la resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada en el Boletín Oficial. Con ella el Ejecutivo cerró un proceso que llevó más de un año y medio y dio por concluida la etapa más importante de su programa de privatizaciones. La Vía Navegable Troncal tiene 1.635 kilómetros y concentra el mayor movimiento portuario y productivo del país, con cerca de 60 terminales a lo largo de su recorrido.
El beneficio que el Gobierno puso por delante es una baja inicial del 13,5% en el peaje: de los 4,30 dólares por tonelada de registro neto vigentes a 3,80 dólares, hasta que se ejecuten las obras de profundización del dragado. Esa rebaja implicaría un ahorro de entre 35 y 40 millones de dólares anuales para el sector productivo en la primera etapa. Luego la tarifa subirá a 4,65 dólares y terminará en 5,78.
CÓMO SE DEFINIÓ LA LICITACIÓN
La compulsa terminó con un empate en la oferta económica. Jan De Nul-Servimagnus y la también belga DEME (siglas en inglés de Dragado, Ingeniería Ambiental y Marina) ofertaron la tarifa mínima fijada en el pliego: 3,80 dólares por tonelada. Al ser idéntico el precio, la definición pasó al terreno técnico, y allí Jan De Nul sacó ventaja por su experiencia previa, ya que había tenido la concesión entre 1996 y 2021 y siguió con contratos provisorios mientras el Estado administró la vía. En esa evaluación obtuvo 66,20 puntos contra los 42,14 de DEME.
El origen de esa experiencia se remonta a tres décadas atrás. En 1995, el gobierno de Carlos Menem adjudicó, mediante el Decreto 253/95, el dragado y balizamiento del Paraná a Hidrovía S.A., un consorcio formado en partes iguales por Jan De Nul y la argentina EMEPA. La concesión se pactó por diez años, pero se prorrogó de manera sucesiva hasta 2021. Durante el gobierno de Mauricio Macri no hubo una nueva licitación, porque ese contrato seguía vigente; la gestión de su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se limitó a preparar pliegos y estudios para una futura concesión. Al vencer el contrato en 2021, el gobierno de Alberto Fernández dispuso, mediante el Decreto 427/2021, una administración transitoria en manos de la Administración General de Puertos (AGP), prorrogable hasta que una nueva licitación definiera al adjudicatario. Esa etapa estatal es la que ahora llega a su fin.
– Pieter Jan De Nul, Country Manager de Jan de Nul Argentina
El camino hasta esta adjudicación no fue lineal. La primera licitación de la gestión Milei, lanzada entre fines de 2024 y febrero de 2025, colapsó: terminó con una sola oferta (la de DEME) en medio de denuncias del PRO y la Coalición Cívica por presunta corrupción y direccionamiento, y con un dictamen negativo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía anticorrupción. El Gobierno declaró nulo aquel proceso y lo reencauzó con un nuevo pliego.
En esta segunda vuelta, en cambio, la adjudicación contó con el visto bueno de casi todos los actores, en especial los usuarios de la Hidrovía (los exportadores) y las provincias. No por eso estuvo exenta de tensiones: hubo cruces mediáticos, lobby, presiones diplomáticas y una denuncia de la brasileña DTA Engenharia por presunto direccionamiento, que no prosperó. El Gobierno remarcó que no hubo impugnaciones formales del competidor que quedaba en pie, DEME, y la Justicia rechazó las denuncias que intentaron frenar la licitación.
LAS CIFRAS DEL NEGOCIO
El dragado, la señalización y el mantenimiento de la Vía Navegable Troncal constituyen un negocio estimado en 15.000 millones de dólares de ingresos para el operador a lo largo de los 25 años, con un plan de inversión de 10.000 millones.Según los cálculos oficiales, Jan De Nul tardará unos 7 años en obtener ganancias y 13 en recuperar sus inversiones, dado que deberá desembolsar entre 100 y 160 millones de dólares anuales durante los primeros seis años de la licencia.
Los peajes que se cobran a los exportadores (y que estos trasladan a los productores como un descuento en el precio de compra de granos y otros productos) generarían ingresos iniciales por unos 289 millones de dólares, que crecerían hasta los 389 millones en el año seis y saltarían luego a 517 millones. El contrato contempla obras de profundización, modernización de la señalización e incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico.
Todo se hará a riesgo empresario y sin aval del Estado, que conserva el rol de autoridad de control sin intervención directa.
DEFINICIONES OFICIALES
En un comunicado, el Ministerio de Economía señaló que la finalización de la licitación “impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica, un hecho histórico para el sector privado del país”. El organismo agregó que la firma del contrato, prevista para un máximo de 30 días, “activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos, y servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Vía Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico”.
La cartera de Caputo detalló, además, que las obras previstas “permitirán que los barcos completen la carga en puertos de origen, generando un mayor ahorro y expandiendo la frontera productiva del país, e impactará de forma directa en la competitividad de los sectores productivos e industriales argentinos, disminuyendo los costos logísticos globales y potenciando la exportación”. Con esta decisión, el Ejecutivo dio por cerrada la etapa pública de gestión.
La reforma tributaria que el Fondo Monetario Internacional le sugiere a la Argentina incluye la eliminación de lo que el organismo denomina Excepciones Impositivas de las Zonas Económicas Especiales, dentro de un plan más abarcativo que tiene por intención sumar ingresos al fisco por el equivalente al 3,3% del PBI.
El Régimen Especial de Tierra del Fuego tiene por objetivo favorecer la radicación de industria electrónica. Nació en 1972 en el marco del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse y es una de las pocas políticas de Estado que ha venido sobreviviendo desde entonces.
– Kristalina Gueorguieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional desde 2019
No nació con un objetivo económico, sino geopolítico. En la década del 70 la Argentina está en constante tensión con Chile por la delimitación de las fronteras en el sur. De hecho, 7 años después de sancionada la ley, ambos países estuvieron al borde de la guerra por la disputa de las islas Picton, Lennoxn y Nueva, en el canal del Beagle en Tierra del Fuego.
Los militares procuraban asegurar el asentamiento de población argentina en la región para contener un eventual avance de ocupación chileno. El régimen se mantuvo a pesar de que con el paso del tiempo la tensión entre ambos países disminuyó al punto de que en 1998 se terminaron de celebrar los últimos acuerdos fronterizos en Campos de Hielo.
Tierra del Fuego dejó de ser territorio nacional y se convirtió en una provincia más que incluye las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y Antártida. La industria electrónica es una de las principales actividades económicas, junto con el turismo y la pesca de centolla.
De acuerdo con datos del INDEC, cuando nació el régimen la isla tenía una población de 13.527, y en 2022 había crecido a 191.780.
Las empresas industriales radicadas en la zona no pagan IVA, ni Impuesto a las Ganancias, ni pagan derechos de importación para sus insumos, pero ahora compiten con la apertura de la importación de electrónica de extrazona del Mercosur.
Cuál es el gasto fiscal del régimen
De acuerdo con el documento del FMI, que forma parte del Staff Report de la última revisión, el régimen especial por zona geográfica de la Argentina cuesta 0,4 puntos del PBI. A eso hay que agregarle otros componentes: las excepciones del IVA representan 1, 2 puntos del PBI y el monotributo, un punto del PBI.
A ello hay que agregar que se propone ampliar la base de tributación del impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia hasta un umbral del 20% y “alinear” el monotributo con los aportes del Impuesto que hacen los autónomos.
En total, el FMI considera que el gasto tributario de la Argentina “es grande” y los estima en los 3,5% del PBI. Si se toma un PBI nominal de $847 billones al 31 de diciembre de 2025 y se lo actualiza a fin de 2025 por un crecimiento del 3,5% y una inflación del 25%, el costo del régimen de Tierra del Fuego es de unos $4,38 billones al año.
*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas – Carlos Lamiral
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentó este viernes el “Plan Galina”,un programa de infraestructura que demandará una inversión superior a los 640 mil millones de pesos y que prevé la ejecución de más de 200 obras clave en localidades y comunas de toda la provincia. La iniciativa contempla la generación de más de 4.800 empleos directos en los rubros vial, habitacional, de saneamiento y de infraestructura comunitaria, deportiva y sanitaria.
El anuncio se realizó en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno, colmado por funcionarios del gabinete, intendentes, jefes comunales, empresarios y trabajadores de la construcción. Torres explicó que el plan fue posible gracias al convenio de compensación de deuda firmado con el Gobierno Nacional para finalizar obras inconclusas y postergadas. “Estamos ante una reparación histórica para esos pueblos que hace décadas esperan una mejor calidad de vida”, afirmó el mandatario.
El programa se financia íntegramente con recursos provinciales. “Es un programa integral que contempla a toda la provincia y que nos permite recuperar obras que, jurisdiccionalmente, le correspondían al Gobierno Nacional”, apuntó el gobernador, quien resumió el alcance de la iniciativa: “Hoy podemos estar hablando de más de 200 obras, una inversión de más de 640 mil millones de pesos y, lo más importante, la generación de más de 4.800 empleos directos para las familias de la construcción”.
Torres aclaró que la denominación del plan “no es casualidad y tiene una lógica refundacional”. El programa rinde homenaje a Jorge Galina, primer gobernador constitucional de Chubut, quien, según el mandatario, gobernó “en una época en la que necesitó de todos, donde se forjaron cimientos institucionales y leyes muy importantes”. En esa línea, sostuvo que la provincia atraviesa “un momento que también es bisagra”, y reclamó “la madurez suficiente para aprender de los errores del pasado y no volver a cometerlos”.
El gobernador apuntó contra las gestiones de las épocas de bonanza petrolera: “Aquellas épocas de bonanza donde Chubut tenía el barril por encima de los 100 dólares y no se hicieron este tipo de obras que muestran, de manera tangible, que el desarrollo se refleja en una mejor calidad de vida para nuestros pueblos”. Y agregó: “Cuando constatamos los miles de millones de dólares que genera esta provincia y vemos pueblos aislados energéticamente o sin algo tan básico como el gas, es evidente que algo se hizo mal”.
Como ejes del anuncio, Torres recordó la vigencia de la Ley de Transparencia de la Obra Pública, una de las medidas que, según señaló, “presentamos apenas asumimos”. El plan incorpora un mapa interactivo de control ciudadano: “Diseñamos un mapa interactivo para que los chubutenses puedan ingresar cuando quieran y ver cuáles son las obras que se están ejecutando, en qué etapa se encuentran y cuáles son los plazos previstos en cada localidad”.
El gobernador también destacó el ordenamiento de las cuentas provinciales como la herramienta que permitió liberar fondos hacia la infraestructura. Reconoció que la provincia “todavía está pagando los créditos que esta provincia tomó y utilizó para gastos corrientes”, pero remarcó que se logró “algo inédito: recuperar la confianza y pasar de una provincia aislada financieramente a una provincia que mejora día a día su perfil crediticio”. En ese marco, precisó que la deuda vieja se renegoció “en mejores condiciones” y que ese dinero se destinará “pura y exclusivamente para una reparación histórica en esos pueblos”.
En materia habitacional, Torres anunció “una política habitacional agresiva” con un plan específico para docentes, policías, trabajadores de la salud y otros sectores estratégicos, bajo “un modelo de construcción más rápido como el que se utilizó en la Cordillera”. El mecanismo se replicará para todos los chubutenses y sumará, según adelantó, “algo muy importante como son las conexiones intradomiciliarias de gas”.
En el plano vial y tecnológico, el plan garantizará internet de alta velocidad para todos los pueblos, la pavimentación de 40 kilómetros de la Ruta Nacional N° 40 y la finalización de la doble trocha para agosto. “Tomamos la decisión política de integrar con internet de alta velocidad a todos los pueblos de la provincia, de hacernos cargo de las rutas nacionales y de volver a invertir en puertos. Son obras que muchas veces no se ven, pero que nos hacen más competitivos y generan más trabajo”, señaló.
La obra prioritaria del programa será el nuevo acueducto para Comodoro Rivadavia, calificado como el segundo más grande de la Argentina. El gobernador la definió como “el acto de justicia más grande” del plan: “Le vamos a garantizar a Comodoro Rivadavia que el acueducto, el segundo más grande de la Argentina, se va a hacer en tiempo y forma”.
El Fondo Monetario Internacional sostiene que la canasta de bienes y servicios que usa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para calcular el Índice de Precios al Consumidor está “desactualizada” porque aún se basa en patrones de consumo de hace 15–20 años.
Eso implicaría que la importancia que se le da a rubros como alimentos, energía, servicios, alquileres o transporte no coincide con cómo gasta hoy una familia media.
— La Directora Gerente del FMI es la economista búlgara, Kristalina Georgieva
Por ejemplo, hace dos décadas se gastaba más en alimentos y menos en servicios (educación, salud, telefonía, luz, internet, etc.), y si la canasta no se actualiza, el índice puede subestimar o sobrestimar la verdadera presión sobre el bolsillo. Desde 2016 ya se advirtió que usar una encuesta de 2004/05 para 2025 generaba distorsiones, y el FMI insiste ahora en que el atraso metodológico afecta la confiabilidad del dato.
El informe del FMI indica que una nueva metodología para el IPC ya estaba preparada y debería haberse implementado hace más tiempo, pero su aplicación se retrasó en el medio de un proceso de baja de la inflación. Algunos analistas interpretan que el Ejecutivo quiso evitar que el cambio de metodología mostrara una inflación más alta en el corto plazo.
El rediseño ya fue concluido en términos técnicos bajo el titular del INDEC Pedro Lines, aunque su aplicación sigue postergada por una decisión política. En el Estado prefieren evitar cambios en un año electoral, ante el eventual impacto que podría tener sobre la medición de la inflación y la discusión salarial.
— Encuesta de la consultora Zentrix sobre la percepción pública del IPC del INDEC
Desde enero–febrero de este año, el INDEC ya puso en marcha una metodología nueva. Está basada en la Encuesta Nacional de Gastos 2017/18, con más peso en servicios y vivienda y una canasta más cercana a los hábitos actuales. Aunque esto era algo que el FMI reclamaba, el organismo sigue diciendo que el cambio debería haber sido más rápido y que el marco institucional del INDEC sigue siendo débil.
Más allá del IPC, el FMI señala que otros indicadores económicos argentinos (cuentas nacionales, sector externo, etc.) también tienen problemas por usar metodologías anticuadas o pocas fuentes de información. Por eso plantea una reforma institucional: que el INDEC tenga mayor independencia, claridad legal y protección política para que sus datos no parezcan manipulados por el Gobierno de turno.
En la práctica, eso implicaría una nueva ley del INDEC que garantice autonomía técnica, transparencia en la metodología y acceso a datos, además de fortalecer la capacidad estadística del país. El Fondo ofrece asistencia técnica para esta modernización, pero condiciona también la percepción de confiabilidad de las estadísticas argentinas.
El índice de inflación oficial se usa para indexar salarios, jubilaciones, asignaciones familiares, contratos de alquiler, cláusulas de actualización de tarifas y muchas sentencias judiciales.
Si el IPC realmente se encuentra desbalanceado, puede subestimar la verdadera pérdida de poder adquisitivo y dejar cortos los aumentos de haberes o pensiones. Además, rompe con la confianza en las estadísticas oficiales, ya que el mercado y los actores privados suelen empezar a apoyarse en mediciones alternativas para seguir la evolución de los precios.
El FMI proyecta que la inflación en Argentina cerrará 2026 alrededor del 25% anual, mientras el Gobierno habla de un orden de magnitud notablemente más bajo (de 10,1% en el presupuesto 2026). Esa diferencia de expectativas refleja justamente la desconfianza sobre cómo se mide la inflación y refuerza la presión del FMI para que el INDEC se modernice y se vuelva más creíble.
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires bajo la administración del gobernador Axel Kicillof propone avanzar hacia un esquema de retenciones segmentadas al campo, en sintonía ideológica con la Resolución 125 de 2008. Junto con la ya abrumadora diferencia impositiva que enfrenta respecto de otras jurisdicciones.
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, dio el paso que generó el mayor revuelo político, durante su participación en la asamblea anual de Agricultores Federados Argentinos (AFA) en Rosario, propuso avanzar hacia un esquema de “derechos de exportación segmentados según escala productiva.”
— La 94ª Asamblea Ordinaria de Delegados de Agricultores Federados Argentinos (AFA) realizada en Rosario
“Las retenciones tienen que estar bien diferenciadas, segmentadas. Un productor más chico tiene que terminar pagando proporcionalmente menos que uno grande”, afirmó Rodríguez, delante de 166 delegados representantes de 30.000 productores asociados.
Esto sería exactamente lo que propuso la Resolución 125 de 2008, aunque aplicado a nivel nacional. Ahora, el kicillofismo lo reactualiza con una lógica similar pero desde el plano provincial, en la que el Estado bonaerense crearía un régimen propio de gravamen a las exportaciones según tamaño del productor.
Para entender el peso político de esta referencia, hay que recordar qué fue la Resolución 125. El 11 de marzo de 2008, el entonces ministro de Economía de la expresidenta Cristina Kirchner, Martín Lousteau, anunció un esquema de retenciones móviles, donde cuanto más subía el precio de la soja en Chicago, más alta era la alícuota que retenía el Estado, llegando al 49.33% con precios de 600 dólares por tonelada.
— Javier Rodríguez junto a Axel Kicillof
El sector agropecuario lo consideró confiscatorio porque eliminaba la previsibilidad, ya que si los precios subían en el mercado global, el productor no se beneficiaba porque el Estado capturaba esa ganancia extra. La reacción fue inmediata, con 127 días de protestas, cacerolazos, cortes de ruta y lock-outs que paralizaron al país. El conflicto se resolvió en el Senado, cuando el vicepresidente de aquel momento Julio Cobos, desempató con su histórico “mi voto no es positivo”.
Lo que propone el ministro Rodríguez replica la lógica segmentadora que en 2008 promovía la Federación Agraria Argentina, que sería proteger al pequeño productor y cargar más al grande. La diferencia es que ahora se plantea desde una provincia, lo que abre una pregunta jurídica de fondo.
¿Puede una provincia cobrar retenciones?
Las retenciones (derechos de exportación) son, según la Constitución Nacional Argentina, una potestad exclusiva del gobierno federal. Las provincias delegaron en la Nación la regulación del comercio exterior. Esto significa que, técnicamente, una provincia no puede crear un impuesto a las exportaciones con ese nombre.
“Creo firmemente que tenemos que eliminar las retenciones al campo. Son el peor impuesto: se llevan la plata y no vuelve nada. Tenemos rutas nacionales sin arreglar, no hay infraestructura productiva y no vuelve a las localidades donde están los campos ni a los caminos rurales. Si sacamos las retenciones, nuestros productores van a poder invertir, producir más e innovar. Ahí está el verdadero camino para que la Argentina crezca de verdad desde el interior”, destacó en la misma ponencia de forma disruptiva, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.
Sin embargo, lo que sí puede hacer la provincia es —como ya viene haciendo— incrementar el Inmobiliario Rural, los sellos, los ingresos brutos sobre actividades agropecuarias, o diseñar tributos que en la práctica funcionen como un gravamen sobre la producción exportable. La propuesta de Rodríguez podría materializarse como un tributo provincial “disfrazado” de otra figura legal, lo que abriría un frente judicial de enorme magnitud.
El Impuesto Inmobiliario Rural es el tributo provincial que grava la tenencia de tierra con uso agropecuario. En la Provincia de Buenos Aires (PBA), su base de cálculo se actualiza periódicamente y acumula hoy en día incrementos sucesivos que lo llevaron a niveles extraordinarios.
El Inmobiliario Rural: el gran culpable
En 2025, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) denunció que la gestión de Kicillof aplicó un incremento adicional del 25% en la quinta cuota del Inmobiliario Rural, en pleno contexto de inundaciones que dejaban millones de hectáreas bajo el agua. La ley impositiva 2025 ya había contemplado subas del orden del 28 a 34.4% efectivo. Para 2026, si bien no se aumentaron alícuotas formalmente, se prorrogó el revalúo de la tierra rural hasta fin de año, manteniendo una base imponible elevada
Esto provoca una paradoja política notable. Mientras Kicillof le exige al gobierno del presidente Javier Milei que baje las retenciones nacionales en nombre del campo, su propia administración provincial sostiene uno de los Inmobiliarios Rurales más onerosos de la Argentina.
El dato de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) del fin de 2025 ya alertaba que, aunque la baja de retenciones nacionales era bienvenida, el campo todavía entregaba al Estado el 56.3% de su renta agrícola en total.
De ese porcentaje, el 5.7% corresponde a impuestos provinciales, siendo Buenos Aires la provincia que más pesa en ese componente.
Con la propuesta del ministro Rodríguez de avanzar hacia retenciones segmentadas desde PBA, el escenario que temen las entidades rurales es que Milei baje las retenciones nacionales, pero Kicillof captura esa diferencia con nuevos tributos provinciales, dejando al productor bonaerense en el mismo punto de partida —o peor. CARBAP ya viene señalando que la rebaja nacional se “evapora” por el lado provincial y municipal.
Los números que no mienten
La asociación civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) publicó en junio de 2026 su primer Monitoreo Fiscal Subnacional, comparando la carga tributaria efectiva en lugares como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), PBA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
El hallazgo más impactante es el del productor agropecuario. Para una chacra de 200 hectáreas, la carga impositiva anual muestra fuertes diferencias entre provincias. PBA encabeza el ranking con $17.817.950, una cifra que representa el 13.10% de los ingresos anuales. Muy por debajo se ubican Mendoza, con $4.418.491, equivalente al 3.25%, Córdoba, con $1.383.100 y un 1.02%, y Santa Fe, que registra $1.260.000, es decir, el 0.93% de los ingresos anuales.
Esto significa que el mismo campo, con el mismo tamaño y producción, paga hasta 13 veces más en Buenos Aires que en provincias como Santa Fe o Córdoba. El factor que explica esta diferencia no es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) ni los sellos. Es el propio Impuesto Inmobiliario Rural, que en PBA puede representar el 11.54% de los ingresos anuales del establecimiento, transformándolo en un gravamen casi confiscatorio.
Para poner en contexto el informe, también se relevaron otros perfiles de contribuyentes en Buenos Aires. En el caso de una familia, la carga asciende a $2.840.057 al año, lo que representa el 6.57% de los ingresos. En un supermercado, el monto llega a $10.724.346 anuales, equivalente al 3.78%. Para la industria, el tributo es de $10.602.453 por año, con una incidencia del 3.93%. En tanto, para una chacra agrícola, la carga trepa a $17.817.950 anuales, o sea, el 13.10% de los ingresos.
El campo bonaerense paga proporcionalmente el doble que una industria y el triple que un comercio, siendo el sector más expuesto a la volatilidad climática y de precios internacionales.
No obstante, el gobierno nacional anunció en mayo de 2026 bajar las retenciones al trigo y la cebada de 7.5% a 5.5% a partir de junio, y proyectó una reducción gradual de las retenciones a la soja desde enero de 2027 hasta 2028. El Secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, llegó a decir que “el objetivo final es eliminar todas las retenciones al final del segundo mandato de Milei.”
CARBAP celebró la baja pero la calificó de insuficiente, reclamando la eliminación total. Al mismo tiempo, advirtió que PBA y sus municipios están neutralizando o superando el beneficio nacional con sus propios incrementos impositivos. Esta tensión entre Nación y PBA es el verdadero eje del conflicto, donde el gobierno federal intenta aliviar la carga sobre el campo, el bonaerense la sostiene o incrementa por su propio carril.
Reunidos en Paraná, el ministro de Economía y el gobernador entrerriano propusieron un acuerdo federal que fije un horizonte para eliminar Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones. En el mismo encuentro firmaron un convenio que compensa deudas cruzadas entre Nación y la provincia.
La fiscalía analiza si el foco tuvo origen deliberado tras una denuncia municipal y testimonios que apuntan a movimientos extraños en la zona. El Concejo Deliberante declaró la emergencia forestal por 18 meses.
Crecen las críticas por la carga del Inmobiliario Rural y por la posibilidad de nuevos impuestos en una de las regiones de mayor presión sobre una chacra agrícola, pagando hasta 13 veces más que en provincias como Santa Fe o Córdoba.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
