El Gobierno gastará cerca de $15 MILLONES en televisores para que los PRESOS VEAN EL MUNDIAL
Se autorizó la compra urgente de 225 televisores LED para las cárceles del Servicio Penitenciario Federal antes del comienzo del Mundial de Fútbol.
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El Gobierno nos demuestra una vez más estar totalmente desconectado de la realidad: autorizó la compra de 225 televisores para equipar las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal para que los presos puedan disfrutar el Mundial de Fútbol que se celebrará a fin de año.
Bajo el expediente EX-2022-45569017- -APN-DC#SPF, el Gobierno Nacional busca adquirir con urgencia 200 televisores LED de 32 pulgadas y otros 25 de 55 pulgadas con tipo de resolución 4K para que los reos no se pierdan ningún detalle de los partidos de la Selección.
En las especificaciones técnicas descriptas se señala que se busca adquirir equipos que cuenten con tipo de pantalla LED, alta resolución y conexión USB, HDMI y wi-fi, es decir, con todos los “chiches”.
Según las tres ofertas presentadas, la compra podría llegar a representar un gasto de $15 millones. Mientras tanto la mitad del país es pobre, 4 millones de argentinos son indigentes y el dólar y la inflación siguen escalando.
A un mes de la salida de Roberto Baradel de la conducción del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), los gremios docentes decretaron el primer paro directo contra la gestión del gobernador Axel Kicillof. Se trata de la segunda medida de fuerza del año, siendo que la primera en marzo, había sido enmarcada en una protesta de carácter nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
“Rechazamos el desfinanciamiento de la educación técnica pública, inclusiva y de calidad”, se informó en un comunicado del SUTEBA.
Cuatro de los cinco gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocaron al paro de 24 horas. Entre los sindicatos se encuentran la SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). Solo el sindicato de docentes privados (SADOP) no adhirió.
Lo verdaderamente histórico es que es la primera huelga exclusivamente dirigida contra la gestión de Kicillof desde que asumió en diciembre de 2019. El primer paro del año había sido enmarcado en una protesta contra las políticas educativas del gobierno del presidente Javier Milei. Este, en cambio, apunta de lleno a La Plata.
Para entender la novedad de este paro, hay que entender quién fue Baradel durante dos décadas. Secretario general de SUTEBA desde 2004, Baradel fue uno de los sindicalistas más cercanos políticamente a Kicillof y al kirchnerismo en general. Su liderazgo significaba que el principal gremio docente actuaba como un amortiguador de conflictos con el gobierno provincial, siendo que las bases podían estar descontentas, pero la conducción frenaba las medidas de fuerza directas contra el gobernador.
En marzo de 2026, Baradel anunció que no se presentaría a las elecciones internas de SUTEBA, poniendo fin a casi 20 años al frente del gremio. La lista oficialista que él impulsó llevó como candidata a la secretaria adjunta María Laura Torre, quien ganó las elecciones realizadas el 13 de mayo. Baradel continuará en el sindicalismo nacional como adjunto de CTERA, pero dejó de ser el interlocutor privilegiado del gobierno bonaerense en materia educativa.
— Baradel junto María Laura Torre, en la jornada de protesta de la CTERA
Su salida no fue casual ni cómoda, ya que llegó con los salarios docentes corriendo por detrás de la inflación y con un malestar creciente en las bases que se convirtió en una “encrucijada de compleja resolución” para su liderazgo.
La crisis salarial acumulada
El deterioro del poder adquisitivo docente tiene varias capas. Uno de los principales factores fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), dispuesta por el gobierno de Milei a través del DNU 280/2024, que dejó de abonarse desde diciembre de 2023. La medida implicó una reducción de entre $20.000 y $28.000 mensuales por cargo, equivalente a alrededor del 10% del salario docente. De acuerdo con SUTEBA, un trabajador con dos cargos acumuló una pérdida cercana a los $4 millones en el plazo de un año y medio.
“Necesitamos sentarnos de manera urgente con la Provincia para recomponer los salarios docentes que quedaron muy rezagados”, afirmó Liliana Olivera, titular de la FEB.
En la provincia de Buenos Aires, la administración de Kicillof buscó compensar parcialmente esa quita mediante la creación de una “Compensación FONID/Conectividad” de $28.700, acordada en la paritaria de marzo de 2026. Sin embargo, el adicional tiene carácter no remunerativo y no bonificable, por lo que no se incorpora al cálculo del aguinaldo, la antigüedad ni la jubilación, además de carecer de un mecanismo de actualización automática.
A esa situación se sumó la falta de avances en la negociación salarial. La última reunión paritaria se realizó el 12 de junio y, desde entonces, el Ejecutivo bonaerense no presentó una nueva propuesta con porcentajes de aumento. En consecuencia, los salarios de junio fueron liquidados sin incrementos, una situación que también impacta de manera directa en el cálculo del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre.
El conflicto salarial ya había comenzado a comienzos de año, cuando la oferta inicial del Gobierno provincial consistió en un aumento del 1.5% para enero, rechazado por los sindicatos por considerarlo insuficiente. Posteriormente, en marzo, las partes acordaron un incremento del 7.5% en dos tramos, aunque los gremios sostienen que esa actualización resulta insuficiente para revertir la pérdida acumulada del poder adquisitivo.
La violencia en las escuelas
El segundo eje del paro es el aumento sostenido de episodios de violencia en los establecimientos educativos bonaerenses. En la semana previa al paro, se registraron casos en Moreno (una madre golpeó a una docente y a la directora), y en el primer trimestre del año hubo incidentes graves en Bahía Blanca, Mar del Plata y Zárate, que incluyeron peleas con fracturas, ataques con gas pimienta y amenazas con armas blancas.
Los gremios exigen la implementación plena del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación —ya acordado pero no ejecutado—, y un protocolo complementario, además de la aplicación efectiva de legislación vigente para sancionar agresiones en el ámbito escolar.
Este paro representa un quiebre en la alianza estratégica entre el kirchnerismo bonaerense y el sindicalismo docente, que duró más de siete años. Con una nueva conducción en SUTEBA que ya no tiene la misma obligación política de proteger al gobernador, y con las bases presionando por recuperación salarial real, la nueva secretaria general Laura Torre enfrenta su primer gran desafío, que es negociar en junio con una deuda salarial acumulada y la presión de la izquierda sindical, que disputó seccionales en las últimas elecciones internas y buscará capitalizar el descontento.
Los gremios ya advirtieron que de no haber una convocatoria a paritarias con una propuesta concreta en el corto plazo, no se descartan nuevas medidas de fuerza indefinidas. El gobierno bonaerense, a su vez, usa como escudo el argumento del “ahogo financiero” que le impone el gobierno nacional, intentando redirigir parte del conflicto hacia Milei.
La Canasta de Servicios Públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró un incremento del 4,6% durante julio y requiere del 15% de los salarios promedio en la región.
Este avance en el indicador se fundamenta en un mayor nivel de consumo de energía eléctrica y gas natural por estacionalidad, junto con ajustes en los cuadros tarifarios de la mayoría de los rubros, con la única excepción del servicio de provisión de agua.
Dentro de los componentes de la canasta, el gasto en transporte posee un peso del 40% sobre el total y mostró un aumento del 3,7% en comparación con junio.
Los datos corresponden al el Reporte de tarifas y Subsidios del Observatorio de Tarifas y Subsidios de UBA-Conicet, que procesó Agencia Noticias Argentinas.
Según este informe, a la cobertura tarifaria actual de subsidios alcanza el 54%. Esto significa que los hogares pagan, en promedio, ese porcentaje de los costos de producción de los servicios, mientras que el Estado se hace cargo del 46% restante” para completar el financiamiento del sistema en la zona metropolitana.
En cuanto a las transferencias estatales, los subsidios reales acumulados hasta el 17 de julio mostraron una suba del 10%.
El desglose por servicios es:
Gas: en julio el cargo fijo sube 2,8% y el variable 3%. A esto se suma el efecto de la estacionalidad en el consumo que se encuentra en el pico del invierno en julio. La combinación de ambos factores arroja un aumento de la factura del 5,2%.
Energía eléctrica: al igual que en el gas, se incrementan las cantidades consumidas por el pico de consumo invernal. Esto se combina con aumentos tarifarios del 3% en el cargo fijo y 5,7% en el variable para usuarios sin subsidio. El resultado es un incremento del gasto del 12,5% respecto de junio.
Colectivos: las líneas de la Ciudad aumentan 4,1% (IPC de mayo 2,1% más 2% por regla indexatoria). Las líneas interjurisdiccionales, que habían subido 7,7% en abril y 7,1% en junio tuvieron un aumento del 3,2% en julio. El gasto total de las familias en transporte sube 3,7% respecto del mes anterior.
Agua: confluyen dos factores. Por un lado, un día más de consumo (julio tiene 31 días) y por otro una baja en el componente variable del 7,7%. Con esto, el gasto en este servicio se redujo 4,6% respecto de junio. La reducción en el coeficiente variable responde a un descuento del 10,47% aplicado por el ERAS sobre el coeficiente variable derivado de la fórmula de actualización con el objetivo de no aumentar más del 3% mensual como indica la normativa vigente.
“El aumento del 4,6% mensual en la canasta de servicios responde a la combinación de incrementos tarifarios en los servicios y la mayor demanda energética estacional de cara al invierno. El componente más relevante en julio es la energía eléctrica”, sintetiza el trabajo.
Mientras el fervor popular se concentraba en la semifinal del Mundial contra Inglaterra, ese foco mediático fue aprovechado por el Gobierno nacional para concretar una medida estratégica de alto impacto. En la antesala del encuentro, Javier Milei oficializó la entrega de áreas clave del Mar Argentino para la explotación de hidrocarburos.
El instrumento elegido fue el Decreto 590/26, publicado en el Boletín Oficial del miércoles 15 de julio. La norma instruye a la Secretaría de Energía a convocar a un concurso público internacional para otorgar un permiso de exploración y explotación sobre el área CAN 200, una zona estratégica de costa afuera de aproximadamente 5.000 km2.
La decisión desnuda una paradoja política: mientras el oficialismo mantiene un discurso de supuesta confrontación con el Reino Unido en el marco de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, por vía administrativa la letra de este decreto habilita a una empresa británica a instalarse en aguas nacionales.
El movimiento no parece casual. La publicación del decreto en un momento de distracción social masiva evita el escrutinio público sobre una medida que, de otra forma, habría despertado una reacción inmediata por su carga simbólica y geopolítica.
Parte del decreto firmado por Javier Milei, Luis “Toto” Caputo y Diego Santilli.
El beneficiario y la jurisdicción
La empresa protagonista de esta maniobra es Challenger Energy Group PLC. Se trata de una firma de origen británico, con sede operativa y legal en la Isla de Man, un territorio reconocido mundialmente como una plaza financiera de baja o nula tributación, lo que en la jerga se conoce como un “paraíso fiscal”.
La compañía presentó su manifestación de interés el 14 de febrero de 2025. Su objetivo es claro: el área CAN 200, situada a 350 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Challenger Energy busca posicionarse en el margen atlántico mediante la adquisición de licencias de exploración de bajo costo y alto impacto.
Ubicación del área a explotar por los ingleses, diagrama elaborado por el Ejecutivo Nacional.
En su estrategia global, la firma se encuentra en una fase de reestructuración profunda. Desprendiéndose de sus activos terrestres, la petrolera británica ha concentrado su apuesta en la explotación offshore en el Cono Sur, con intereses operativos en Uruguay, Bahamas, Surinam y Trinidad y Tobago. Hoy, gracias a la rúbrica de Milei y sus ministros, Argentina se suma a esa lista de activos bajo la lupa de una corporación que cotiza en la Bolsa de Londres.
Ubicación geográfica de Isla de Man, de tan sólo 50 km de largo por 18 km de ancho.
El conflicto de intereses
La coincidencia geográfica entre los intereses de Challenger Energy Group PLC y la arquitectura financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, no pasa desapercibida. La Isla de Man es, precisamente, la plaza elegida por Caputo para gestionar parte de su patrimonio declarado.
Esta superposición entre el beneficiario del decreto y el destino de los fondos del ministro responsable de la firma pone sobre la mesa un interrogante ineludible sobre posibles conflictos de interés. Mientras el Estado convoca a un concurso para una petrolera británica, los ojos del mundo financiero observan la trazabilidad de los activos que gestiona quien impulsa la medida.
El Gobierno, en su afán por atraer inversiones, parece ignorar la opacidad que rodea a estas plazas financieras. La pregunta que surge es si la licitación responde a una política de desarrollo nacional o a una conveniencia funcional entre quienes gestionan los hilos del Estado y la jurisdicción donde se resguarda su capital personal.
Javier Milei junto a Luis “Toto” Caputo, su Ministro de Economía.
La letra chica y la soberanía
El Decreto 590/26 no sólo abre la puerta a la exploración británica, sino que garantiza condiciones blindadas para el inversor. El texto oficial autoriza expresamente la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales, asegurando que cualquier conflicto futuro se dirima fuera de los juzgados argentinos.
Esta cláusula, que coloca a la justicia nacional en un segundo plano, se complementa con un listado detallado de bienes estatales que mantienen su inmunidad de ejecución. Sin embargo, este resguardo de activos parece ser una medida preventiva técnica, mientras que el control del recurso hidrocarburífero queda sujeto a marcos legales internacionales y arbitrajes extranjeros. En la práctica, esto implica que, ante cualquier desavenencia, la empresa británica tendrá la cancha inclinada a su favor en tribunales foráneos.
Esta entrega de soberanía jurídica se contrapone con el potencial que el país tiene para fortalecer su reclamo territorial. Al ceder la jurisdicción a entes externos, el Gobierno renuncia a una de las herramientas soberanas más valiosas para el desarrollo de su plataforma continental.
Contexto de tensiones
La licitación coincide con una fuerte tensión diplomática: mientras la Cancillería protestaba formalmente por la incursión ilegal del buque británico HMS Medway en nuestro mar, el Ejecutivo firmaba el decreto que abre la puerta a otra firma británica.
Mientras el oficialismo relativiza el valor simbólico de la disputa, la realidad administrativa del Boletín Oficial es contundente: el Ejecutivo prioriza la cesión de recursos y soberanía jurídica a actores británicos en pleno conflicto por la integridad territorial.
Según un informe oficial dado a conocer recientemente, la administración de Axel Kicillof destinó más de 1.265 millones de pesos al pago de intereses moratorios, generados por la cancelación fuera de término de facturas de proveedores y certificados de obra. La cifra surge del fallo con el que el Tribunal de Cuentas aprobó la rendición de la Tesorería General bonaerense, conducida desde entonces por David René Jacoby, tristemente célebre por su procesamiento en la causa del dólar futuro.
No se trata de una inversión, una obra pública ni una mejora en los servicios provinciales. Son recursos que el Estado bonaerense debió desembolsar exclusivamente porque pagó tarde. En otras palabras, más de 1.265 millones salieron de las arcas públicas para cubrir el costo financiero de la propia ineficiencia administrativa.
El informe señala que los intereses fueron generados por facturas de proveedores y certificados de obra abonados después de sus vencimientos. El organismo de control revisó una muestra equivalente al 78,15 por ciento del total y no detectó errores materiales en las liquidaciones. Sin embargo, que los intereses hayan sido correctamente calculados no responde la pregunta central: por qué la gestión de Kicillof dejó vencer esas obligaciones y quién permitió que la mora alcanzara semejante dimensión.
La responsabilidad política recae sobre el gobierno de Kicillof, mientras que la administración financiera estuvo a cargo del tesorero general David Jacoby. Pese al volumen del gasto improductivo, el fallo no identifica el detalle de los organismos que demoraron los pagos, a los proveedores beneficiados por los intereses ni a los funcionarios responsables de la cadena administrativa.
El silencio resulta especialmente grave porque el dinero pagado en concepto de mora podría haberse destinado a hospitales, escuelas, seguridad o infraestructura. Mientras, el gobierno provincial denuncia restricciones presupuestarias y reclama mayores recursos, su propia Tesorería reconoce que más de mil millones terminaron absorbidos por atrasos administrativos.
— David René Jacoby
La situación coincide, además, con una fuerte ampliación del presupuesto de la Tesorería. Los créditos para gastar pasaron de 1.522 millones a 6.695 millones de pesos, luego de una incorporación superior a los 5.173 millones. El presupuesto definitivo terminó siendo más de cuatro veces superior al originalmente previsto.
Una auditoría incompleta
El fallo también admite que los auditores no pudieron acceder a las bases de datos de los contratos de servicios celebrados por la provincia bajo la ley 14.815. Esa limitación impidió completar el análisis destinado a detectar incompatibilidades entre la planta de personal de la Tesorería y los contratos de servicios provinciales. Pese a ello, el Tribunal resolvió aprobar la rendición.
El resultado expone una combinación tan inquietante como insólita: una Tesorería que pagó una fortuna por intereses, una auditoría que no pudo acceder a toda la información y una resolución aprobatoria que no individualizó responsabilidades.
La gestión Kicillof deberá explicar ahora qué dependencias originaron las demoras, cuánto recibió cada proveedor, qué obras acumularon intereses y qué medidas adoptó David Jacoby para evitar que la mora siguiera drenando recursos públicos. Hasta entonces, el dato permanece: la provincia pagó más de 1.265 millones por llegar tarde.
Las ventas minoristas en Córdoba cayeron un 18% interanual durante junio, con fuertes retrocesos en los comercios del centro y los principales shoppings de la ciudad. En los barrios, el consumo de alimentos continúa sin mostrar signos de recuperación y las familias restringen cada vez más sus compras. Ante la pérdida del poder adquisitivo, crece el recurso del fiado como alternativa para acceder a productos de primera necesidad.
La Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) mide mensualmente lo que ocurre en los grandes corredores comerciales, galerías y shoppings de la capital. Los datos de junio son duros, en comparación con junio de 2025, y junto con la rentabilidad de los comercios que se contrajo 20% en el mismo período. Frente al mes anterior, mayo, tampoco hubo alivio. Las unidades vendidas bajaron otro 5% y las ganancias se redujeron 9%.
El único indicador que “subió” fue el ticket promedio, que pasó de $124.000 a $150.895 entre mayo y junio. Pero esa suba no es una buena noticia, ya que solo refleja que los pocos productos que se compran son más caros (efecto inflación y financiamiento), no que la gente compre más.
La tendencia viene profundizándose desde marzo. En ese mes las ventas cayeron 10%; en abril el desplome llegó al 23%; en mayo fue del 21% y en junio se ubicó en 18%. La rentabilidad sigue un recorrido similar, pasando de -15% interanual en marzo a -24% en abril, -22% en mayo y -20% en junio. Solo el 11% de los comerciantes dijo haber cumplido sus expectativas de ventas en junio —una cifra que apenas mejora respecto al crítico 5% de abril.
Para dimensionar la gravedad, el índice de ventas minoristas pyme de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) registró a nivel nacional una caída de apenas 0.5% interanual en junio. El -18% de Córdoba Capital es, en ese contexto, un dato alarmante que supera ampliamente la tendencia nacional.
Si el panorama en el centro comercial es malo, en los almacenes de barrio es todavía más preocupante porque ahí se mide lo más básico: la compra de comida.
Según el Centro de Almaceneros de Córdoba (CAC), las ventas en comercios barriales de alimentos retrocedieron 8.6% interanual durante junio. Esto ocurre incluso en un contexto de inflación de alimentos que cayó al 1.7% mensual, el menor incremento desde julio de 2025. Es decir que, aunque los alimentos aumentan menos, la gente compra menos alimentos. La razón es simple, puesto que no tiene el dinero para comprarlos.
“Las familias ya no pueden hacer compras grandes en supermercados. Vienen al almacén todos los días, pero compran lo justo para pasar la jornada”, afirmó Germán Romero, director general del CAC.
El sistema del fiado —esa práctica de anotar la deuda en el cuadernito del almacén para pagar después— volvió a ganar terreno con una fuerza que no se veía desde hace años. Según datos del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), durante junio el 89% de los hogares debió financiar la compra de alimentos, en un escenario en el que el 39.3% recurrió al fiado en almacenes de barrio, el 38.4% utilizó tarjetas de crédito, el 11.2% pidió dinero prestado a terceros y apenas el 10.1% pudo abastecerse sin acudir a algún tipo de financiamiento.
Esto significa que prácticamente 9 de cada 10 familias no tiene dinero disponible para comprar comida al momento de comprarla. La alimentación se convirtió en un bien financiado, igual que un electrodoméstico o un auto.
— La evolución de la inflación en el año 2026 según el IETSE
La encuesta de hogares del IETSE de junio revela, a su vez, una situación de vulnerabilidad extrema. El 56.6% de los hogares no logró cubrir adecuadamente la Canasta Básica Alimentaria, mientras que el 53.2% debió reducir la cantidad de comidas diarias. Asimismo, el 32.4% atravesó situaciones de hambre sin poder resolverlas, el 21.8% se quedó sin alimentos en algún momento del mes y el 21.6% tuvo que pedir alimentos o dinero a familiares para poder alimentarse. A esto se suma que un 11.4% de los hogares afirmó haberse alimentado una sola vez al día durante algún período, reflejando el fuerte deterioro de las condiciones de vida.
Estas proporciones son coincidentes con los que la misma entidad venía registrando desde principios de año. En febrero, el Centro de Almaceneros ya señalaba que el 57% de las familias no lograba cubrir la Canasta Básica Alimentaria y describía el escenario como de “inseguridad alimentaria poblacional”.
El fiado no es solo un problema de las familias, sino que también destruye financieramente a los pequeños comerciantes. Los almaceneros venden sin recibir dinero con la expectativa de que el cliente eventualmente pague. Pero cuando los ingresos de las familias no se recuperan, ese pago nunca llega.
De acuerdo con el relevamiento, la morosidad en las ventas fiadas ya alcanza el 28%, mientras que la incobrabilidad (deudas que directamente no se cobrarán nunca) llega al 17.7%. Esto significa que casi 1 de cada 5 pesos de deuda fiada es irrecuperable. Para un almacén de barrio, que opera con márgenes muy bajos y capital de trabajo escaso, absorber esa pérdida puede significar el cierre del negocio.
El sector ya venía golpeado, cuando a fines de 2025, el Centro de Almaceneros registraba una caída interanual del 21.2% en el volumen de ventas de los comercios de proximidad, con un desplome de 34.3% solo en diciembre.
Una recuperación fragmentada y desigual
Los datos de Córdoba no son un fenómeno aislado. A nivel nacional, el consumo privado registró una recuperación muy desigual. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reportó que el PIB creció 2.3% interanual en el primer trimestre de 2026 y que el consumo privado alcanzó niveles récord en las estadísticas oficiales. Pero estos promedios esconden disparidades brutales. Las ventas en supermercados cayeron 3.7% interanual y en mayoristas 5%, mientras que los shoppings crecieron 12.6%. Es la economía de dos velocidades, donde quien tiene crédito e ingresos formales altos consume y el resto se retrae.
El gobierno del presidente Javier Milei presenta la desinflación como su principal logro. Y los números lo confirman, con su medida económica logró que en junio de 2026 el IETSE del Centro de Almaceneros de Córdoba registrara una inflación mensual de apenas 1.87%, la más baja en once meses. Esto ocurrió principalmente porque la carne vacuna —uno de los productos de mayor peso en la canasta familiar— prácticamente no tuvo aumentos durante el mes.
Sin embargo, que los precios suban menos no significa que las familias tengan más dinero. La paradoja es exactamente esa. Los precios se desaceleran, pero el poder adquisitivo de los salarios viene cayendo sistemáticamente desde hace meses. En los primeros dos meses de 2026, los salarios registrados perdieron 2% de poder adquisitivo y encadenaron seis meses consecutivos de caídas reales. Desde que asumió Milei, el salario mínimo real acumuló una pérdida de casi 38%, situándose en niveles inferiores a los de la crisis del 2001.
La lógica económica del gobierno Milei apuesta a un mecanismo de transmisión que funciona para bajar la inflación, recuperar el salario real y así reactivar el consumo. Pero ese proceso enfrenta dos problemas estructurales en la Argentina de 2026. Por un lado, la recomposición salarial avanza con lentitud. Aunque en abril de 2026 el salario medio real del empleo privado registrado creció 1.3% mensual, los trabajadores todavía arrastran varios meses de pérdida de poder adquisitivo. La situación es todavía más delicada en el sector informal y entre los empleados públicos, en especial los nacionales, que desde noviembre de 2023 acumulan una caída real del 18.35% en su capacidad de compra.
Por otro lado, los gastos fijos absorben cada vez una porción mayor del ingreso. Las tarifas de servicios públicos, como la luz, el gas y el transporte, aumentaron muy por encima de los salarios durante el plan de ajuste. Una medición de la consultora Focus Market indicó que la proporción del ingreso destinada a servicios pasó del 56.4% al 87.3% entre 2025 y 2026, lo que deja mucho menos margen para el consumo de alimentos y otros bienes básicos.
La desinflación en Córdoba es real, pero llega primero a las góndolas que al bolsillo. Los precios suben menos, pero los ingresos de millones de familias todavía no se recuperaron lo suficiente como para aprovechar esa mejora.
El gobierno de Javier Milei puso la mira sobre la mayor caja previsional del país. El Ministerio de Economía analiza utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS para financiar al mercado inmobiliario y reactivar el crédito hipotecario. La medida busca generar empleo rápido, pero vuelve a encender las alarmas sobre el uso del dinero previsional.
El FGS es, en palabras simples, un pozo de dinero, bonos y acciones que administra el Estado. Su función original es actuar como un fondo de reserva para asegurar que el pago de las jubilaciones esté garantizado en el futuro.
La jugada se delineó en reuniones del equipo económico con bancos y desarrolladores inmobiliarios. El propio Luis Caputo les propuso juntarse para armar un fondo inmobiliario común. A cambio, prometió que el Estado duplicará o triplicar ese dinero usando préstamos extranjeros y los fondos de la ANSeS.
En la jerga financiera, el Gobierno habla de “apalancar” el crédito con estos recursos. Esto significa, básicamente, usar una cantidad menor de dinero como base o garantía para conseguir un financiamiento mucho más grande. El plan oficial es que la plata de los jubilados funcione como el motor y el respaldo que los bancos privados exigen para volver a prestar.
El mecanismo técnico detrás del plan se conoce como “securitización”. En palabras simples, consiste en que los bancos agrupen los créditos hipotecarios que ya otorgaron y se los vendan en un “paquete” a ANSES. Así, los bancos recuperan su dinero de inmediato para volver a prestar, eliminando el riesgo de esperar décadas para cobrar, mientras que el Estado Nacional asume la carga de largo plazo y el riesgo.
Esta ingeniería financiera responde a la fuerte presión de las cámaras empresariales y grandes desarrolladores del sector. Con un mercado inmobiliario paralizado, altas tasas de interés y la pérdida de más de 81.000 empleos registrados en la construcción, las corporaciones del ladrillo exigieron un salvavidas estatal. La respuesta oficial fue abrir la misma caja previsional que el kirchnerismo utilizó en el pasado.
El HTC aplicó un llamado de atención a exautoridades de la compañía tras detectar irregularidades. Los trabajadores apuntaron contra funcionarios de la actual conducción por “repartirse el dinero” de manera discrecional.
El tirón vino por la luz, que aumentó 12,5% en el mes, seguida por el gas y el transporte, en una canasta donde los subsidios estatales cubren casi la mitad de la factura.
El derrumbe del poder de compra de los hogares, el fuerte encarecimiento del corte vacuno frente al resto de los alimentos y una porción cada vez mayor de la producción volcada al exterior dejaron menos carne en la mesa argentina.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
