*Por: Juan Manuel Barca

El Gobierno envió nuevas señales en los últimos días sobre su política fiscal y salarial en la previa a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. La orden tajante que baja del ministro de Economía, Martín Guzmán, es la de cuidar los recursos, poniendo la lupa sobre un rubro en especial: los salarios del sector público.

La meta delineada por estas horas es controlar el déficit fiscal, para lo cual según las autoridades sería necesario extender el congelamiento de las paritarias de dos millones de empleados públicos en todo el país, incluidos los de las provincias y municipios.

El argumento oficial es que los fondos ya están comprometidos para el pago del paquete de emergencia a 11 millones de personas y más de 320.000 empresas, junto con los haberes de seis millones de jubilados. Ese fue el mensaje que transmitió el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, hace dos semanas, al titular de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro, y su secretario adjunto y titular de ATE Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy.

“Vamos a llegar este año a un déficit del 7% del PBI, la economía no aguanta más”, confesó el funcionario. “Si abrimos la paritaria estatal, no podemos pagar el IFE, ATP ni a jubilados”, advirtió.

De esa manera, Moroni sepultó las expectativas de reabrir la discusión salarial en el sector público, pese a la súplica de los sindicalistas: “el congelamiento nos está matando”.

Los estatales siguen en lo más bajo del ránking de las paritarias. La administración nacional recibió un 28% de aumento en 2019, sin la revisión prevista de noviembre y febrero. Luego, un adelanto no remunerativo de $3.320 netos a principios de este año en sueldos de bolsillo de hasta $50.000. Y en junio pasado, el Gobierno volvió a aplazar sin fecha la paritaria y decretó el pago en cuotas del aguinaldo en ingresos de más de $60.000.

La batería de malas noticias fue rechazada por todos los gremios estatales, incluido por el titular de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez. “El Gobierno pidió un cuarto intermedio que no tiene fecha precisa, pero mientras tanto estamos presionando para que haya una salida salarial”, dijo en los últimos días el secretario adjunto de la CGT a Radio El Destape. Sin contar la suma fija del 2020, el convenio de la administración nacional (SINEP) en julio estaba un 19% por debajo del año pasado y un 42,3% respecto del 2015, según el cálculo del director del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos.

Después de anunciar en campaña una mejora de los salarios, los funcionarios afirman ahora que el objetivo es “aliviar el esfuerzo fiscal”. El diferimiento del sueldo anual complementario, por caso, permitió reasignar cerca de $8.000 millones en subsidios a las empresas, entre otros rubros.

El Gobierno está preocupado por el desplome de la recaudación debido a la caída de ingresos, que en junio retrocedió un 13% real y acumuló siete meses seguidos en baja. Pero también mira la expansión del gasto por la pandemia. En el primer semestre superó más de la mitad del deficit primario de $900.000 millones, equivalente al 3,2% del PBI.

DILEMA FISCAL

La idea de Guzmán es ir hacia un “ordenamiento fiscal” ante lo que seguramente será un déficit récord en 2020. En su plan figura una reducción de los subsidios económicos el año próximo que incluiría una readeación de las tarifas y políticas de “consistencia monetaria”.

Los economistas ya observan otras señales. “Cuando uno mira la dinámica de junio y julio, el gasto no vinculado a la pandemia tuvo una caída real y, por otra parte,las partidas de IFE y ATP se ejecutan más lento de lo que los anuncios parecían sugerir”, señaló a iProfesional Martín Vauthier, director de EcoGo.

Tras el acuerdo con los acreedores privados, la sombra del ministro de Economía volvió a proyectarse sobre los presupuestos de todas las áreas. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y su vicejefa Cecilia Todesca también tallan a la hora de autorizar cualquier erogación. El equipo del ministro de Salud, Ginés González García, se comprometó la semana pasada a elevar al trinomio la solicitud de los gremios de aumentar a $10.000 el bono al personal sanitario y extenderlo hasta fin de año.

“Es razonable el pedido, pero el problema fiscal es muy serio”, fue la respuesta de los funcionarios.

El Gobierno definió en marzo el pago de un bono de $5.000 en abril, mayo, junio y julio para el personal sanitario. Pero con más de 17.000 infectados, los sindicatos se quejan de que la suma es baja y tardía. La tercera cuota, por caso, se acreditará este martes en las cuentas de 350.000 trabajadores del sector público y 200.000 del privado.

“Los trabajadores están agotados y necesitan un gesto”, les dijo en la reunión el secretario general de la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa), Jorge Yabkowbski, cuya entidad convocó a una protesta nacional prevista para el próximo jueves.

Una de las incógnitas es cómo se financiará el déficit en 2020 que el Gobierno proyecta en $3 billones, un 10,5% del PBI. Algunos economistas creen que el FMI podría exigir una reducción gradual del rojo para llevarlo a 7% el año próximo, un esquema que ya fracasó durante la gestión de Mauricio Macri. Por lo pronto, el editor del blog del organismo, Glenn Gottselig, destacó que los gobiernos necesitarán “un plan fiscal creíble en el mediano plazo apoyado en la mejora de ingresos, incluyendo la reducción de beneficios fiscales, impuestos más progresivos y mayor eficiencia en el gasto”.

Todo un dilema para el Gobierno. ¿Hasta dónde le será posible reducir el gasto indexado a la inflación y aumentar las fuentes de recaudación? La ANSES despejó otro interrogante el viernes último al anunciar que el aumento a los jubilados de septiembre será del 7,5%, por debajo del 9,88% devengado por la fórmula suspendida de movilidad.

Pero el blog del FMI también advierte: “Los decisores de políticas deben enfrentar el aumento de la pobreza y la desigualdad, así como la estructural debilidad expuesta por la crisis, para estar mejor preparados para shocks futuros”.

*Fuente: iProfesional