El martes pasado, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y los ministros de Salud y Desarrollo Productivo, Carla Vizzotti y Matías Kulfas respectivamente, anunciaron la llamada “mesa del oxígeno” con los representantes de las tres principales empresas proveedoras del insumo medicinal en el país (empresas Air Liquide, Indura y Linde), empresas denunciadas e investigadas por la Justicia desde 2011 a raíz de la denuncia del entonces fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Szelagowki. Las acusó ante la CNDC de “connivencia empresarial” en perjuicio de los hospitales públicos bonaerenses “simulando competencia”.
La ex-Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) mantiene abierta una investigación sobre presuntas irregularidades graves, paralelamente debe definir si autoriza la fusión de una de esas empresas, Linde, con una de sus mayores competidoras en el mercado local, Praxair. Esta operación se comunicó en 2019 y podría fortificar aún más el oligopolio.
El sumario que se inició a partir de esa denuncia resultó un déjà vu para la CNDC, que las había sancionado en 2005 multándolas con penas millonarias a Praxair, Air Liquide e Indura, en tanto que la cuarta firma multada en aquel entonces, Aga, terminó siendo comprada por Linde, otra de las firmas bajo la mira en 2011.
Tras una serie de allanamientos de la Justicia Federal en 2005 se recuperaron mensajes cruzados entre las empresas que manifestaban cómo coordinaban el reparto de contratos, cómo abatían a cualquier rival que intentará competir y sus acuerdos para fijar cotizaciones.
“Las empresas Air Liquide, Praxair, Aga e Indura acordaron repartirse los distintos hospitales y sanatorios”, ultimó la CNDC. “De la misma documentación surge que dichas empresas se ‘ceden’ mutuamente ciertos clientes, a modo de compensación, a lo que denominan ‘intercambio’. Dichas empresas complementan los repartos de clientes con acuerdos de fijación de precios”. Dos de las firmas debatidas, también arrastraban problemas. Air Liquide y AGA (prontamente Linde) ya habían sido sancionadas en Holanda por participar en un cartel en los 90, y posteriormente fueron multadas por la Comisión Europea de la Competencia en 2002. Tres años más tarde y basados en su propias investigaciones la CNDC destinó multas por más de $70 millones: a Praxair por $26,1 millones; a Air Liquide por $24,9 millones; a AGA (luego comprada por Linde) por $14,2 millones, y a Indura por $5,1 millones.
Reiteradamente, las empresas negaron ante la CNDC que se hubieran cartelizado. Justificaron los mensajes hallados que ellos seleccionaban muy bien en qué licitaciones competían y cuáles dejaban pasar, le criticaron al Estado que no sólo pagaban tarde y mal sino que también no cuidaban los insumos que le proveían, por lo que solo intentaban mantenerse a flote en un mercado acotado y rígido.
“Un problema es la desaparición de cilindros en los hospitales”, indicaron al defenderse ante la CNDC. “Nosotros hacemos una verificación de la cantidad de cilindros y estos no están en el hospital (que los recibió), y este normalmente no se hace cargo”. Comentario respaldado por el director de Compras, Contrataciones y Servicios Auxiliares del Ministerio de Salud bonaerense, argumento que CNDC también tomó por válido. Y eso llevaría, abundó la Comisión, a “la falta de incentivos de las empresas bajo análisis para participar de procesos licitatorios distintos a aquellos en los que vienen participando”.
Para los investigadores de la ex-CNDC, en tanto, la situación es incómoda. En estos días deben fijar una posición respecto a esta situación mientras el Estado nacional pide ayuda.
