Guillermo Castello, diputado provincial por Avanza Libertad (AL), criticó duramente el proyecto de ley que tiene media sanción en el Senado Provincial y propone crear “un registro, único y obligatorio, para trabajadores de plataforma en aplicaciones”, al considerar que atenta contra los prestadores del servicio. Este se estima afectará las condiciones laborales y la competitividad de unos 80 mil bonaerenses, ya que incluye además a mensajeros y repartidores tradicionales.
La ley, según se informó, alcanzará a todas “las personas humanas trabajadoras que ejecutan personalmente estas actividades a tiempo y jornada total o parcial, ya sea por cuenta propia o ajena, o bajo cualquier otra forma que haga presumir la existencia de una relación laboral dependiente”.
En ese sentido, Castello señaló que se trata de un “proyecto absurdo, inconstitucional y contraproducente. Crea un Registro de ‘trabajadores’ de aplicaciones, pero afecta a mucha más gente. En realidad son prestadores de servicios, con lo cual solo se logrará que haya menos contratados por los costos adicionales y por el riesgo de la industria del juicio laboral. Le van a cortar la posibilidad a muchas personas de generarse ingresos, de manera flexible en cuanto a dedicación y franja horaria”.
Y añadió: “Legisla en sentido contrario a la ley de CABA, con lo que los repartidores serán empleados de un lado de la General Paz y autónomos del otro lado. Tiene la misma ‘utilidad’, por falta de una palabra mejor, que un Registro de mozos y camareras o de choferes de taxis y remises. Es un gran ejemplo del odio a la libertad y el amor a la burocracia”.
Por último, Castello resaltó que “el año pasado, en Suiza, se aprobó una ley similar y el 80 por ciento de los repartidores se retiró de la app Uber Eats. Algo parecido ocurrió en España, donde unos 10 mil ‘delivery’ abandonaron sus puestos; y esperan que ocurra lo propio en México, luego de una propuesta del Gobierno que va en esa misma línea. Es decir, son medidas que terminan atentando contra la ciudadanía”.
