El día que el vice de Massa aseguró le daría un indulto a CFK: “Es una mujer honesta”
Agustín Rossi, actual jefe de Gabinete de Ministros y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, admitió que le daría un indulto a Cristina Kirchner para evitar si quiera que la Justicia tenga la posibilidad de investigarla.
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En julio de este año, el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria y jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Agustín Rossi, dio una entrevista a María O’Donnell y Ernesto Tenembaum y afirmó que le daría un indulto a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en caso de llegar al poder.
“Si yo fuera presidente sin dudas indultaría a Cristina”, sostuvo. En aquel entonces se estaba debatiendo la reapertura de la causa Hotesur-Los Sauces que investiga a la exmandataria por asociación ilícita y lavado de activos. Finalmente, se reabrió dos meses después.
En ese sentido, tanto Rossi como el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, coincidieron en que la mejor forma de conservar a “La Jefa” lejos de las manos de la justicia era indultarla, algo que incluso el propio presidente Alberto Fernández se negó a hacer.
“Te escuché decir que el próximo gobierno va por Cristina Fernández de Kirchner. ¿Lo ratificas?”, le preguntaron a Grabois en una entrevista al medio Infobae.
A lo que el dirigente social respondió: “Sí. Yo creo que más allá del gobierno hay una decisión del sistema de que ella vaya presa. Y que no es una decisión que tenga que ver con lo que haya hecho bien, mal o más o menos, que tiene que ver con que ella sigue siendo un estorbo para la omnipotencia de los famosos tres o cuatro vivos que cuando la Argentina crece se la llevan en pala y cuando no crece descargan su crisis sobre los laburantes, sobre la gente común”.
“Vos sos Presidente, ¿la indultas si es condenada?“, repreguntó el interlocutor cuando Grabois aún era precandidato a presidente. A lo que aseveró: “Dudo que ella acepte un indulto. Pero… sí”.
“Es más, yo creo que hay que hacer, cómo decirlo, acá los problemas que hubo de la famosa grieta fueron problemas políticos. Nadie mató. Nadie torturó. No es como en la dictadura que fueron crímenes de lesa humanidad. Y los procesos judiciales que hubo en general están teñidos por eso. Entonces de un lado y del otro creo que hay que decir basta con esto. No tiene que haber persecución judicial para nadie. Para ninguno. Ni para los macristas, ni para los kirchneristas. No tiene que haber persecución judicial”, agregó.
Por último, pidió discutir sobre las soluciones a los problemas de la gente y no nimiedades, como él considera que es la corrupción: “Entonces terminemos con la persecución judicial que va a ser algo que descomprima la crispación por tonteras. Porque vale la pena pelearse por si hay que renacionalizar el litio o no, si hay que renacionalizar las empresas hidroeléctricas o no, si hay que hacer los lotes con servicios o no, si hay que darles un aumento a los trabajadores que es algo que yo haría ni bien asumiría, un aumento de suma fija que a plata de hoy sería 45.000 pesos además del salario social complementario para los trabajadores de la economía popular. Esas peleas valen la pena. Después la pelea de quién es más corrupto, de quién es más malo, de quién es más lindo, de quién es más borracho, son peleas que hay que terminar”.
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La polémica diputada nacional de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce, es parte de una nueva controversia: Un decreto emitido el 16 de marzo de 2018 por la Municipalidad de Huinca Renancó, localidad cordobesa donde es oriunda, constata que la legisladora fue beneficiaria de un subsidio.
El documento especifica que Ponce recibió una “ayuda socioeconómica reintegrable con trabajo social comunitario”, a realizar “en cualquiera de las Áreas bajo responsabilidad del Municipio, sin generar precedentes de relación laboral” con la Municipalidad. En el Decreto Nº 125/2018, figura su nombre entre el de varios beneficiarios, junto a su respectiva información personal, domicilio y número de DNI.
El documento público lleva la firma del abogado Oscar Elías Mario Saliba, entonces intendente por parte de la Unión Cívica Radical. Ocupó ese puesto de manera ininterrumpida desde 2001 hasta 2023, cuando pasó a integrar la Legislatura de Córdoba.
Fuentes de Huinca Renancó expresaron que “el plan social era para ayudar a los vecinos de Huinca, sin embargo, en esa época, ella (por Ponce) estaba en Córdoba Capital. Hasta ahora nunca se demostró la contraprestación” que detalla el documento.
Además, la misma fuente agrega: “Lo polémico es que el padre de Celeste era funcionario de esa gestión (la de Oscar Saliba) que le otorgó el plan social. Y su situación económica no es vulnerable, para empezar, ellos tiene, aquí en el pueblo, tres lujosas propiedades. Una de las viviendas cuenta hasta con una piscina”.
Según expresa en su biografía oficial, volcada en la página de la Unicameral, Saliba (el ex intendente radical) ocupa cargos en en el Estado cordobés desde 1985, año en el que se desempeñó como secretario privado del Presidente Provisorio de la Legislatura provincial.
UN PUESTO EN EL ESTADO PARA EL PAPÁ DE LA DIPUTADA “LIBERTARIA”
La familia Ponce también aparece vinculada a la actual gestión de gobierno. Ana Lucía Bolaño, la actual intendente de Huinca Renancó, contrató a Ricardo Ismael Ponce, padre de María Celeste, como Encargado del Área de Tránsito.
Cabe destacar que las direcciones de domicilio registradas en los decretos de María Celeste y Ricardo Ponce coinciden, es decir, se trata de la misma casa.
La contratación de Ricardo Ponce fue oficializada a través del Decreto N° 090/2024, con las firmas de la intendente y la secretaria de Gobierno, el 26 de enero del corriente año. Según consta en el documento, Ponce padre recibió un salario mensual superior a los $400 mil entre enero y julio de 2024, alcanzando en abril casi los $520 mil.
Según fuentes periodísticas locales, el ingreso del padre de la diputada nacional al Estado municipal de Huinca Renancó se dio luego de una visita que Celeste Ponce realizó exclusivamente (principios de enero de este año) a su pueblo para reunirse con la intendente Bolaño, para conseguirle el puesto estatal a su padre y a otro familiar.
La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) exige mayores contribuciones bajo el argumento de mejorar áreas clave como la seguridad, la educación y la salud, aunque los resultados hasta el momento muestran un deterioro evidente en estos sectores.
En el marco de una nueva licitación pública, identificada como LPU-0003-2024, el gobierno de Axel Kicillof adquirió un puñado de camiones con cabina dormitorio y caja volcadora trasera, versión diésel. La justificación oficial es la necesidad de atender ciertas problemáticas operativas.
La apertura de ofertas se llevó a cabo en la dirección de Gestión de Proyectos Sectoriales y Especiales, en la sede de la capital provincial. Sin embargo, lo que promete generar indignación entre los bonaerenses, quienes luchan por llegar a fin de mes, es el exorbitante costo de la licitación, que asciende a 1.489.681.440 de pesos, financiados con los impuestos de los bonarenses.
La inversión irá a parar a tres distritos ultrakirchneristas: Pilar, donde gobierna Federico Achával(hijo del empresario K, Federico De Achával, accionista mayoritario de Hipódromo Argentino de Palermo SA); Mercedes, cuyo intendente es Juan Ustarroz(hermano de crianza de Wado de Pedro); y Luján, distrito conducido por Leonardo Boto(quien viene de instaurar una tasa municipal al combustible del 1,55 por ciento).
De acuerdo con consultoras privadas, la imagen positiva del gobernador Kicillof ha disminuido considerablemente. En un contexto económico crítico, los elevados gastos y la falta de resultados tangibles incrementan el descontento de la población, que cuestiona seriamente la gestión de los recursos públicos mientras el mandatario bonaerense utiliza a la provincia como trampolín para sus aspiraciones personales.
Luego del escándalo de los funcionarios radicales que dieron vuelta su parecer y apoyaron al veto de Javier Milei, el diputado nacional Rodrigo de Loredo apuntó hacia la conducción de Martín Lousteau al frente de la Unión Cívica Radical.
“Es un clima de época. El partido siempre tuvo pluralidad y diferentes corrientes, pero hoy hay dos cosmovisiones en tensión: una ultra opositora con morfología porteña que rivaliza con el PRO y gobierna poco y nada y un radicalismo ampliamente mayoritario desde lo electoral, con aceptación total y absoluta del horizonte de equilibrio porque tiene cinco gobernadores” dijo De Loredo en una entrevista con Radio Rivadavia.
Luego de una larga jornada en el Congreso, Martín Lousteau dijo que descarto la posibilidad de hacer un acuerdo con el bloque de Unión por la Patria o con cualquiera de las vertientes del Kirchnerismo. “Sería gravísimo, es algo que no pude pasa en ningún distrito. La identidad del radicalismo puede tener idiosincrasias, pero hay vectores comunes que no van volver al año pasado a una dinámica populista, extractivista, corrupta”.
Y agregó: “Ellos son el problema (Union por la Patria) que vinimos a cambiar y nosotros tenemos que ser oficialistas del cambio”.
Con respecto a los diputados radicales que apoyaron al presidente Javier Milei a vetar la ley de movilidad jubilatoria aseguró que “no se lo tomó nada bien” y que trabajó “para que no sucediera”. “Caen en contradicciones, porque los mismos que la impulsaron anteriormente tuvieron comportamientos indisciplinados de bloque”, cuestionó y sentenció: ” Yo no estuve de acuerdo con la ley bases ni antes ni ahora”.
“Somos un partido con identidad de razonabilidad, no estamos ni en un extremo ni en otro y depende el tema podemos tener una opinión distinta a la del resto”. Y finalizo: “Todos estos quilombos inclinan la balanza y adquieren una vidriera que es superior” manifestó el presidente de la Unión Cívica Radical Martín Lousteau.
El último lunes de septiembre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero; y el asesor presidencial, SantiagoCaputo, mantuvieron una reunión con una comitiva de la Confederación General del Trabajo, integrada por los más influyentes secretarios generales.
El resultado del encuentro fue un acuerdo que coloca a los gordos de la CGT en una posición de poder dentro de la reglamentación de la reforma laboral, debilitando la implementación del crucial artículo que prohíbe los bloqueos sindicales.
De esta manera, la cúpula cegetista hizo retroceder al Gobierno, logrando frenar la correcta implementación del artículo anti-bloqueos de la reforma laboral. A pesar de que el artículo que permite el despido justificado por bloqueos sigue en la reforma laboral aprobada en la Ley Bases, su aplicación será notablemente limitada.
Ahora, la implementación del mismo estará sujeta a la evaluación de una mesa tripartita conformada por el gobierno, líderes sindicales y empresarios. Esta mesa será la encargada de revisar cada denuncia por bloqueo, en lo que parece ser una clara concesión a las presiones de los sindicatos.
Del encuentro, celebrado en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, participaron Héctor Daer (Sanidad y secretario general de la CGT), Carlos Acuña (Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), Jorge Sola (Sindicato del Seguro); Andrés Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (UOCRA); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Cristian Gerónimo (Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, Seivara); RobustianoGeneiro (UTHGRA); Maia Volcovinsky (UEJN); LuzMarinaJaureguiberry (SADOP); Sergio Romero (UDA); Roberto Fernández (UTA); y Daniel Ricci (FEDUN).
“Libertarios”, kirchneristas y los gordos de la CGT, unidos
Entrevistado por periodistas acreditados en Casa Rosada, el secretario general de la CGT y del gremio de trabajadores de sanidad, Héctor Daer, no pudo disimular su alegría tras el cónclave: “Para nosotros fue fundamental venir, ser convocados. Tenemos una preocupación muy grande que es producto de la Ley Bases, un artículo que modifica el artículo 242, que es despido con causa de la Ley de Contrato de Trabajo”.
Fuentes que participaron del encuentro de ayer comentaron acerca de la influencia de Santiago Caputo en el acuerdo. El asesor presidencial logró establecer un vínculo cercano con líderes sindicales, quienes se sorprendieron ante su “habilidad” para comunicarse a la hora de poner sobre la mesa los negociados políticos: “El pibe habla el mismo idioma”, dijeron fuentes de la CGT al diario Clarín.
Además, un sector del Gobierno dijo que no apoyará el proyecto de Democracia Sindical, redactado por el PRO y la UCR, que busca limitar los mandatos de los delegados y definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, entre otros puntos. La semana pasada, La Libertad Avanza pidió demorar su tratamiento para priorizar el Presupuesto 2025 y la privatización de Aerolíneas Argentinas.
La estrategia de Caputo para lidiar con los sindicatos chocó con la postura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien busca limitar la influencia de los sindicatos y reducir lo que considera privilegios excesivos.
El artículo 242, modificado por la Ley Bases, permite el despido con causa por bloqueos al considerarlos como una injuria laboral grave. Los sindicalistas consideran que la redacción del artículo es “ambigua”, especialmente en lo que respecta a la diferenciación entre bloqueos "totales" o "parciales". Argumentan que esto podría perjudicar el derecho a huelga, ya que acciones como una asamblea en el comedor de una empresa podrían interpretarse como un bloqueo parcial y, por lo tanto, justificar un despido.
Rápidamente, Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) cuestionó el acuerdo con la CGT, pidió tener un lugar en la mesa de diálogo y repudió la decisión del Gobierno de atenuar la legitimidad del artículo que combate a la medida extorsiva de los sindicatos.
A través de un comunicado, el presidente de la entidad que reúne a empresas afectadas por bloqueos, Juan Méndez, definió a la demanda de la CGT como un "dislate" que "transformará en letra muerta lo que el Congreso de la Nación ha sancionado y está vigente" ya que "integra al sindicalismo para reglamentar una práctica ilegal que ellos mismos llevan adelante".
Existe una fuerte desconfianza hacia las intenciones de la CGT. Importantes empresarios consideran que los sindicatos buscarán utilizar la reglamentación para diluir el impacto del artículo anti bloqueos y dificultar el despido de trabajadores que participen de la medida extorsiva.
Consultada por DATA24.COM.AR, la diputada nacional del PRO y fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, Verónica Razzini, dijo que ley ya es clara en ese punto y que la CGT busca confundir el derecho a huelga con el delito de bloqueo: “La estrategia (de los síndicos) es confundirnos. Disfrazan la medida extorsiva, y la disfrazan de asamblea o huelga, pero detrás hay un bloqueo”.
Razzini enfatizó que, tanto la huelga como la asamblea, están protegidas por la Constitución, pero “el bloqueo es un delito que debe ser sancionado”. Actualmente, el bloque PRO trabaja en un proyecto para que el Congreso integre a los bloqueos dentro del Código Penal. “El día que tengamos la tipificación penal del delito de bloqueo, entonces vamos a poder poner blanco sobre negro y ya no va a existir confusión alguna: La huelga es hasta este punto, de este punto en adelante estás perpetrando un bloqueo y eso es delito. Esta es una manera de proteger a los trabajadores también”.
"Celebro que el tema de los bloqueos forme parte de la agenda del Gobierno. Entiendo que tal vez hoy son momentos políticos álgidos y que el Ejecutivo prefiera bajar el perfil. Javier Milei fue categórico en su discurso en la apertura de sesiones. Habló de la democratización sindical, habló de los bloqueos. Me parece que sí corresponde sentarse a charlar con la CGT, pero no podemos dar ni un paso atrás en lo que hemos logrado hasta aquí", sentenció la diputada y empresaria santafesina.
Tras criticar el pacto que la canciller Diana Mondino firmó con su par británico David Lammy y luego de su faltazo al acto oficial en Parque Lezama el pasado sábado, la vicepresidenta Victoria Villarruel defendió su postura frente a las Islas Malvinas.
En esta ocasión respondió a usuarios de Instagram que la criticaron por cruzar al Gobierno de manera pública y respondió a algunos ataques donde por ejemplo le decían: “Sin Milei estarías dando notas en Canal Magazine”.
“Pero siempre con la dignidad intacta, sea donde sea que esté. Siempre coherente con lo que pienso, digo y cómo vivo”, respondió Villarruel, y agregó: “Agradezco y soy leal al Presidente, pero Malvinas requiere otra estrategia y es de lo que opiné. El resto de tu comentario habla de tu bajeza, saludos”.
En referencia a los habitantes de las Islas, señaló: “Los kelpers no son parte de la discusión. Son población implantada. Entiendo que no comprendiste lo que expresé pero es bastante más complejo que como lo estás viendo“.
Otro usuario aprovechó para criticar el aumento de sueldos en el Senado, frente a lo que la vicepresidenta indicó: “Yo no aumenté el salario, eso se lo votan por reglamento los senadores si así lo desean. Yo no soy senadora”.
“Lo mismo hicieron los diputados, que tuvieron su aumento y hoy ganan más que el Presidente y que yo“, agregó.
El Gobierno de Javier Milei, continuando con su plan motosierra de cortar gastos innecesarios en el Estado, decidió cancelar un contrato que tenía vigente con Abuelas de Plaza de Mayo. El ministro de Justicia comunicó esta medida a través de redes sociales, con el fin de “evitar malgastar la plata de los argentinos” y “terminar con ese curro”.
“El gobierno anterior le regaló a las Abuelas de Plaza de Mayo el equivalente a hoy de $2.300 millones. Esta administración no va a permitir que se malgaste la plata de los argentinos. Por ese motivo, decidimos rescindir el contrato y terminar con ese curro.” twitteó el ministro.
El jurista publicó información que justifica la decisión del gobierno: “El Ministerio de Justicia tenía a su cargo la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Solo un 0,62% de los alumnos se recibieron entre 2020 y 2023. Cada uno nos salió $100.000.000. La Universidad de Plaza de Mayo gastó $1500 millones y tuvo 16 egresados”.
La ONG Abuelas de Plaza de Mayo no emitió comunicado oficial al respecto, sin embargo, la presidente Estela de Carlotto realizó declaraciones en una entrevista. Allí expresó que esta decisión tendrá “consecuencias judiciales” y que denunciará penalmente al ministro. Además, sostuvo que “ha dejado su vida” en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. “Si vieran la casita en la que vivo ni un centavo. Poníamos la plata de la jubilación cada una para poder viajar al exterior, hemos puesto no solo el dinero, la vida en encontrar los nietos robados y hemos trabajado con un respeto y una historia pura” se defendió.
“Yo tengo ahora esta casita que vivo lugares donde ya no puedo entrar de tantos premios, tantas placas, tantos honores fuera y antes dentro del país y ahora estamos siendo humillados por este personaje” manifestó Estela de Carlotto en referencia al ministro Cúneo Libarona.
El Ejecutivo cedió ante las demandas de la CGT y permitió que los sindicatos formen parte de la reglamentación del artículo que sanciona los bloqueos sindicales, una medida clave para combatir prácticas extorsivas.
La inflación más baja de los últimos 3 años no es casual. Es consecuencia de un Gobierno que no emite más; que todos los días achica el gasto público de un Estado que era elefantistico; que sostiene el superávit fiscal a pesar de los embates populistas que buscan romper la caja;…