El 85% de los productores cree que la política agropecuaria es definida por CFK y el 72% vaticina suba de impuestos
La preocupación del sector aumenta de cara a las próximas elecciones. Mientras que el 85% cree que Cristina tiene la batuta de la política agropecuaria, apenas el 3% considera que a las decisiones las toma Alberto.
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La consultora Amplificagro realizó una encuesta a casi 500 productores y empresarios relacionados con la actividad agropecuaria. El relevamiento, titulado “El Sector Agropecuario y la evaluación del contexto político”, corresponde al pasado mes de octubre, y se realizó entre los días 22 y 30 de ese mes.
Allí, desde el inicio se detalla que “LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DEL AGRO: LA INFLACIÓN, LA ECONOMÍA y EL FACTOR CLIMÁTICO. Consultados sobre cuál consideraban su principal preocupación de acá a un año, la palabra más mencionada fue Inflación con el 25% de las primeras menciones, seguidas por clima (y palabras referidas a problemas climáticos) y Economía. En un contexto donde las restricciones en la importación de ciertos productos repercuten en la disponibilidad de insumos, consultamos también cuánto afecta al agro esta falta en su producción. El 63,7% dice verse algo o muy afectado, mientras que un 34,8% manifiesta bajos niveles de afectación”.
Vale aclarar que dentro de todos los ítems que preocupan a los productores, solo uno no depende del Gobierno: el clima.
Los resultados de ese informe atemorizan al sector: El 84,7% argumentó que es Cristina Fernández quien se encuentra detrás de las medidas político-económicas implementadas al rubro. A su vez, apenas el 3,4% de los encuestados considera que detrás de las medidas se encuentra el presidente, Alberto Fernández.
Crece el escándalo por el uso del padrón de la Agencia de Discapacidad (Andis) para hacer “territorio” durante campaña legislativa 2025 por parte de armadores que responden a Sebastián Pareja en el sur de la provincia de Buenos Aires
Ahora, en el municipio de Tres Arroyos presentaron una denuncia penal pidiendo que se investigue el posible delito de acceso ilegítimo y revelación indebida de datos por parte de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) en la Sexta sección.
Es por la filtración de chats del grupo de WhatsApp de LLA en la Sexta donde la responsable seccional, la actual concejal bahiense Franca Grippo Harrington, propuso usar el padrón del programa Incluir Salud para hacer “territorio”. Eso, dos meses antes de que estallara el caso de las coimas en la Andis.
En esos mensajes, Grippo reconoció que el material que tenía en manos era información reservada que le habían dado en papel y que tenía previsto entregar en mano a quienes vayan a la inauguración de un local libertario en Tres Arroyos, días más tarde . “No quieren que ande circulando”, admitió.
Frente a esas filtraciones, en el municipio de Tres Arroyos a cargo del massista Pablo Garate formularon una denuncia penal ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº16 para que se investigue si hubo distribución y uso proselitista de datos de personas con discapacidad en el distrito por parte de dirigentes de LLA.
Una de las denunciantes, la coordinadora del Área de Discapacidad de Tres Arroyos, Andrea Elgart, dijo que, mientras eso sucedía con Grippo y su gente, “más de 1.100 personas en la Sexta sección estaban siendo sometidos a las auditorías de la Nación, que es un proceso cruel por las pensiones”.
Al denunciar una “agenda de la crueldad” por parte del gobierno libertario en materia de discapacidad, Elgart sostuvo: “Mientras había gente en todo el país tratando de no perder 300 mil pesos, había gente distribuyendo esos datos para hacer proselitismo”.
Grippo, que encabezó la lista de concejales de La Libertad Avanza en Bahía Blanca, es una de las personas más cercanas a Sebastián Pareja en el sur de la provincia.
De linaje estanciero por parte de madre, Grippo Harrington es nieta y bisnieta de dos ex intendentes bahienses y es delegada por Tornquist de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Incluso, fue quien armó la visita de Nicolás Pino a Bahía en medio de la campaña.
Ahí, llamó la atención que algunos videos de la recorrida de Pino por la Expo Rural bahiense se hayan difundido con el sello La Libertad Avanza, ligando directamente al titular de la SRA con la campaña del Gobierno.
Como armadora de Pareja en la Sexta, Grippo Harrington mantiene el control de oficinas de Pami y Anses en Bahía y la región, donde, desde 2024, se multiplicaron los reclamos por delegaciones cerradas y problemas en la atención.
En ese marco, además de poner a disposición el padrón de uso confidencial de la Andis, Grippo Harrigton les propuso a los referentes locales bajo su mando colar gente en la Anses por medio de la empresa de limpieza Linser. “Podemos capitalizar esto nosotros”, dijo la coordinadora en las filtraciones.
El reciente paso de Javier Milei por el festival La Derecha Fest dejó una imagen que el oficialismo intenta ocultar: el estruendoso abucheo de la militancia a figuras de la casta infiltrada como el otrora kirchnerista Sebastián Pareja, presentado como un héroe por la también ex-kirchnerista Lilia Lemoine. Este rechazo de las bases es el síntoma de un movimiento que, mientras abraza a la vieja política —como el nuevo referente mileísta, Carlos Ruckauf—, ha montado un comisariato dedicado a purgar cualquier atisbo de pensamiento crítico.
Lejos de la superioridad moral, fuentes internas de La Libertad Avanza, La Derecha Fest y Fundación Faro confirmaron a esta redacción que el festival se ha convertido en la aduana de una doctrina donde la obediencia es el único requisito para no ser arrojado al ostracismo.
Expulsiones y persecuciones
Para justificar estas purgas, la militancia mileísta suele inventar relatos de despecho por falta de cargos para ensuciar a figuras como Eduardo “El Presto” Prestofelippo, Emmanuel Danann, Augusto “De Peroncho” Grinner, Miklos Lukacs o Álvaro Zicarelli, llegando a fundamentar de manera rebuscada las expulsiones de Diana Mondino y Ramiro Marra. Sin embargo, la realidad —corroborada por integrantes del espacio que temen ser los próximos en la lista si hacen públicas sus críticas— desmiente la narrativa oficial: voces hoy proscriptas, como Danann y Grinner, rechazaron constantes candidaturas y cargos entre 2021 y 2024 para preservar su independencia. No se tolera la divergencia ni siquiera en los cuadros técnicos y académicos.
Esta paranoia llega al ámbito privado: Milei llegó a exigir a sus allegados romper vínculos personales, como su enojo con Danann por mantener su amistad con El Presto. En este ecosistema de miedo se inscribe también el caso de Juan José Gómez Centurión, condenado al ostracismo por cuestionar una dolarización que el propio Milei nunca ejecutó. Esta purga por autonomía conecta con el desplazamiento de Ramiro Marra, un caso que ya adelantamos en Data 24. A Marra no lo alejaron por falta de mérito, sino por el recelo que generaba su popularidad entre la juventud libertaria, percibida por el Triángulo de Hierro como una amenaza a la verticalidad absoluta de Karina Milei.
El brazo de la censura oficial no tiene fronteras. Mientras desde la Casa Rosada se operan llamadas directas a periodistas para exigir que se saque del aire a críticos como Zicarelli o Presto —como ocurrió con la presión ejercida para que Emmanuel Danann fuera desplazado de Polémica en el Bar luego de unas críticas hacia el Gobierno Nacional—, el Presidente intervino personalmente ante la CPAC de EE.UU. para exigir que se le quitara la franquicia a Eduardo Verástegui en México por un simple tuit crítico.
Esta pulsión autoritaria atraviesa la interna de La Derecha Fest, donde Nicolás Márquez, actuando como brazo ejecutor del pensamiento único, procedió a cancelar la participación de Danann en un evento por pedido directo de Milei. Fiel a la falta de coraje que impera en el círculo oficialista, Márquez no se atrevió a comunicárselo de frente: Emmanuel se enteró de su desplazamiento por las redes sociales. Así, el festival se ha transformado en una herramienta de disciplinamiento que prohíbe cualquier matiz que no sea la adulación irrestricta al líder.
Mientras el Gobierno intenta marginarlos, el último informe de Oxford y Reuters ubica a los proscritos Danann y El Presto en la cima de la influencia real, muy por encima de los ejecutores que no piensan que hoy parasitan las cajas del Estado.
La estafa al padre de La Derecha Fest
La cara más oscura de esta trama es la estafa contra Cristian Iturralde, creador de la marca del festival, quien fue despojado de su creación por Márquez. Según testigos que participaron de celebraciones privadas del entorno, el propio Nicolás admitió haber intentado bajar los eventos en varias ocasiones, reconociendo que solo pudieron realizarse gracias al trabajo de Iturralde. Sin embargo, tras apropiarse legalmente del nombre haciendo uso de la confianza que Iturralde tenía en él, Márquez selló su degradación moral con una vulgaridad que define su presente: “si hay que chupar pijas, prefiero chupar la pija de Milei y no la de Caponetto… busquemos los proyectos exitosos”. Esta curiosa narrativa de sumisión se complementa con la de Agustín Laje, quien celebró que la derecha por fin pudo “salir del clóset”.
“Prefiero chupar la pija de Milei” la polémica frase del “intelectual” Márquez.
El biógrafo presidencial apela a una lógica de purga que él mismo vincula con el pragmatismo soviético para disciplinar a quienes fueron sus socios y pasaron a la disidencia: “voy a citar a Lenin: Lenin decía que el problema no es cometer un error, el problema es justificarlo, agrandarlo y repetirlo”; el marplatense se refería al “error” de Iturralde es ejercer la crítica pública, algo que Márquez calificó luego como un “criterio insalvable” para mantener un “negocio en común”. Aunque hasta hace pocos años Márquez se refiriera a los liberales como “liber maricas”, ahora se presenta como un referente del liberalismo y resulta una ironía sangrienta que cite a Lenin para castigar a un amigo por decir en voz alta lo que él mismo reconoce en privado—y admite no hacer público para no enemistarse con el oficialismo—, que justifique que se aparte a un intelectual por hacer lo que debe: mantenerse crítico y objetivo. La advertencia es una sentencia de muerte civil: no elogiar al Gobierno es un “error groserísimo” y un “suicidio profesional”, expresiones vertidas por el escritor de Mar del Plata.
Rechazo público al librepensamiento
Esta doctrina de la obediencia ciega ha sido institucionalizada por Karina Milei y Martín Menem, dejando claro mediante algunos tuits que la lealtad no admite matices, que nadie debe cuestionar al Presidente. Es la validación de lo que la senadora mileísta Florencia Arietto anunció con crudeza: “dentro de LLA no hay lugar para el librepensamiento“.
Esta asfixia se traduce en la tropa propia con la confesión de Iñaki Gutiérrez, quien afirmó estar para ejecutar y no para pensar. El resultado es el camaleonismo visto en La Misa a fines de noviembre de 2024, donde el Gordo Dan y sus columnistas pasaron de defenestrar la ley de Ficha Limpiadurante todo el día, a celebrarla en vivo apenas supieron que la orden de Milei era apoyarla.
Manteniendo el relato: caja, fundaciones y castigos
Para sostener este esquema, el oficialismo cuenta con estructuras de contención. Fuentes de la redacción que aún operan dentro de las estructuras oficialistas facilitaron información que confirma cómo se cierran puertas laborales a quienes no son obsecuentes del Gobierno, lo que llaman “ser inteligente”. Sobre una conocida fundación oficialista, de hecho, recaen fuertes sospechas de financiamiento indirecto a través de cajas del Estado como YPF y la SIDE.
De hecho, en privado, al escritor Cristian Iturralde le explicitaron desde el mileísmo que no le podían dar trabajo en esa fundación por haberse mantenido crítico del Gobierno, a pesar de las reiteradas advertencias que le habían realizado.
Otros tiempos: Márquez junto a Iturralde, antes de que el “biógrafo” presidencial le robara “La Derecha Fest”
Frente a este sistema de premios y castigos, la figura de Cristian Iturralde emerge como un recordatorio de integridad. Ante las propuestas de guardarse las críticas a cambio de estabilidad, Iturralde fue tajante ante sus ex-amigos: “prefiero pasar hambre o manejar un Uber antes que tener problemas de conciencia”. Esta redacción se comunicó con Iturralde y posee registros que demuestran absolutamente todo lo aquí expuesto, confirmando que su dignidad es lo que hoy lo mantiene fuera de un oficialismo que no logra doblegar la realidad. La superioridad moral ha caído; solo queda el negocio de la obediencia y una paranoia creciente entre quienes, desde adentro, ya empezaron a filtrar la verdad.
La “batalla cultural” parece ser el refugio predilecto de quienes no tienen mucho que mostrar en los registros oficiales. En las últimas horas, las redes sociales fueron escenario de una patada a la sien que dejó en evidencia la nula gestión de la diputada nacional de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce. El encargado de propinar el golpe fue Emiliano Sordi, el campeón mundial de la PFL de 2019, quien no tuvo piedad al cuestionar la labor de la cordobesa.
Misticismo vs. realidad: El sermón de Ponce
Todo comenzó cuando Ponce publicó un video con una encendida defensa de Israel, mezclando interpretaciones bíblicas y afirmando que“defender a Israel es entender la civilización”. La diputada, en un tono místico, llegó a decir: “Jesús no fue asesinado por los judíos, fue asesinado por el imperio romano… El pueblo elegido sigue siendo Israel porque Dios no rompe sus pactos”.
La respuesta de Sordi fue corta y al hueso: “Hola celeste, cuál es el próximo proyecto que vas a presentar? Supongo lo tenes listo, ya que estás perdiendo tiempo en estas pelotudeces”.
Ponce, lejos de responderle mostrando su agenda legislativa, y por atreverse a cuestionar la labor parlamentaria de la mileísta, ésta redobló la apuesta con un video grabado desde el asiento de atrás de un auto, calificando a Sordi como un mediocre: “sólo el mediocre cree que una cosa anula a la otra. Defender a Israel… no es perder el tiempo. Es hacer política en serio“, disparó. Además, intentó ligar al luchador con el discurso de la “entrega de la cultura”, una chicana para intentar asociar al deportista con el kirchnerismo y la tibieza política.
Ante la insistencia de Ponce por justificar su batalla cultural, Sordi no se quedó callado y la remató con una respuesta directa: “¿Y pero los proyectos? Está ahí hace 2 años señora”.
No conforme con eso, el luchador lanzó un RT lapidario para sentenciar la discusión: “Y sigue pelotudeando… Se cree que es influencer, no sabe el puesto que ocupa”.
La gran hipocresía: del plan social a la banca millonaria
El intento de Ponce por dar lecciones de “batalla cultural” choca de frente con el archivo. La diputada intentó desacreditar a Sordi, cuando la realidad es que He-Man (como se lo apoda) ya se enfrentaba a la intervención estatal cuando Ponce era una beneficiaria de subsidios.
En 2019, Sordi saltó a la fama no sólo por su título mundial, sino por su postura frontal contra el Estado argentino que quería pesificarle sus premios y retenerle una fortuna en impuestos. En contraste, como ya reveló Data 24, en 2018 Ponce cobraba el plan social “Hacemos Futuro”. Es decir: mientras el deportista triunfaba producto de su esfuerzo personal y combatía el saqueo estatal, la hoy Diputada vivía del dinero de los contribuyentes.
7 millones mensuales por defender a Bolsonaro + retornos
Para los trabajadores que pagan su dieta de 7 millones de pesos, el aporte de Ponce es inexistente. Según los registros oficiales, en sus dos años de mandato, la legisladora sólo presentó dos proyectos, y ambos son meras declaraciones de repudio sobre la situación política en Brasil (defendiendo a Bolsonaro y criticando a un juez).
El punto máximo de confusión llegó cuando un usuario le recordó a Ponce un polémico tuit de su colega de bloque, Sabrina Ajmechet, en el que afirmaba ser “primero judía, después argentina”.
Lejos de brindar una respuesta coherente con la identidad nacional, Ponce redobló la apuesta con una declaración que desafía toda lógica religiosa: “Yo soy judía, soy cristiana. Un abrazo”.
Esta afirmación es un oxímoron teológico y una contradicción insalvable: no se puede aceptar y rechazar la divinidad de Jesús al mismo tiempo. Mientras el judaísmo sostiene que el Mesías aún no ha llegado, el cristianismo se funda en que ya vino; por ende, esta “neo-teología” de conveniencia demuestra que Ponce no entiende las raíces de la civilización que dice defender. En su afán por dar cátedra de religión en redes, la Diputada terminó confirmando lo peor: ni siquiera ella sabe definir en qué cree, mientras los argentinos le pagan 7 millones de pesos para que juegue a ser una influencer iluminada que no legisla porque se ocupa de “dar la batalla cultural” con sus videos.
La iniciativa de bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años (Milei pretendía que llegue a los 13) obtuvo media sanción en Diputados. La extensa sesión culminó con 149 votos afirmativos y 100 negativos. Ahora, la reforma del Régimen Penal Juvenil será tratada por el Senado el 26 de febrero buscando convertirse en ley.
Según un relevamiento de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se iniciaron causas penales contra 1.788 menores de entre 6 y 18 años sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayoría (81,4%) correspondió a delitos contra la propiedad, le siguieron delitos contra la integridad sexual (el 32,1%), contra la administración pública (el 27,8%), contra las personas (el 8%) y contra la libertad (el 8%).
Del universo de menores, el análisis por edades muestra que el año pasado el 55,2% de los involucrados tenía entre 16 y 17 años al momento del hecho, mientras que un 40,8% tenía entre 13 y 15 años. Un 4% de las causas involucró a niños de 12 años o menos.
– Informe estadístico del primer semestre de 2025 de Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
En las gradas también hubo presencia de familiares de víctimas, que siguieron la sesión desde el recinto y reclamaron que el Congreso avance con una respuesta penal ante crímenes cometidos por menores de edad.
El debate devino en las más variadas y polarizadas opiniones, tanto en las redes como en el propio recinto. La izquierda y el kirchnerismo fueron los principales detractores de la medida. El apoyo vino del oficialismo, el PRO, la UCR Provincias Unidas y bloques provinciales.
Para Cristian Ritondo el debate fue necesario. La política, dijo, se está “postergando desde hace décadas. La ley que tiene cerca de 50 años, para un país que ya no existe, para un delito que ya no existe, para una violencia desbordada”.
“El falso garantismo le regaló a estos chicos delincuentes un certificado de impunidad”
El presidente del bloque PRO en diputados recordó que, hace dos décadas, Jorge Capitanich ya había impulsado una iniciativa para fijar la imputabilidad en los 14 años y, a modo de ejemplo, señaló que durante su paso por el Ministerio de Seguridad bonaerense la discusión también estuvo presente: tanto su antecesor, Alejandro Granados, como quien lo sucedió, Sergio Berni, ambos de peronistas, se habían pronunciado en similar sentido.
Advirtió que la reforma no se agota en “cambiar el número” (de edad) en el Código Penal. Por sí sola, consideró, la baja de la imputabilidad no alcanza para resolver el problema y planteó que el fenómeno es más amplio, con redes delictivas que reclutan adolescentes porque saben que el Estado les entrega un “certificado de impunidad”. Según describió, esos chicos terminan siendo “carne de cañón”, mientras que el “falso garantismo” bloqueó durante años la posibilidad de discutir y encarar el tema de fondo.
En otro pasaje, recurrió a una ironía para tensar el intercambio. Citó la frase de Juan Domingo Perón “el trabajo dignifica” y dijo que le resultó impensado escuchar en el recinto razonamientos que, a su entender, terminan relativizando la conducta delictiva, de ahí su remate sobre “un legislador” que “dice que la delincuencia dignifica”.
– Familiares que reclamaban por la baja de la edad de imputabilidad estuvieron en la sesión en Diputados
Planteó que el eje de la discusión tiene que escaparle a los simplismos ya que “la responsabilidad penal sin garantías es arbitraria”, sostuvo, aunque remarcó que el reverso también existe, porque “garantía sin responsabilidad es impunidad”. Desde esa premisa, insistió en que el desafío es abordar el problema de manera integral, con un régimen que contemple la infraestructura, la educación y el contexto familiar y barrial, pero sin eludir el momento en que el Estado debe tomar decisiones “sensatas” y dotarse de herramientas.
Al justificar por qué 14 y no una edad menor, dijo que no se trata de una bandera ideológica sino de “prudente” criterio “científico” y de “realismo institucional”. Señaló que no hay consenso sobre una comprensión criminal plena a los 12 o 13 años y agregó que la capacidad real del Estado también impone límites, porque bajar la edad amplía el universo alcanzado por el sistema penal juvenil y exige dispositivos concretos, desde lugares adecuados hasta docentes, psicólogos, jueces y fiscales capacitados. En ese marco, advirtió que hablar de “14, 16, 13 o 12 años no es como subir y bajar la temperatura de un aire acondicionado”, porque supone decidir si el Estado puede intervenir de forma efectiva para recuperar a un chico y reinsertarlo.
Sobre el cierre, sostuvo que la reforma es una herramienta “más que necesaria” tanto para combatir el delito como para “recuperar a los chicos”, y retomó una definición de enfoque al afirmar que “se terminó el tiempo donde el Estado mira con cariño al victimario y le da la espalda” a la víctima. Además, homenajeó a Luis Mora, padre de Martín Mora Negretti, asesinado en junio de 2022 de madrugada tras ser atacado a puñaladas por dos mayores acompañados de dos menores de 13 y 14 años mientras esperaba un transporte con amigos, y le dedicó un mensaje directo al asegurar que “hoy estamos cumpliendo con él”.
Mientras que el empleo formal y las jubilaciones perdieron frente a la inflación, la Asignación Universal por Hijos –AUH– y la Tarjeta Alimentar fueron las únicas transferencias que crecieron en términos reales durante los primeros dos años de gobierno de Milei. En esta descripción está contenido el corazón del modelo libertario y quizá explica la ausencia de conflictos sociales masivos, luego de dos años de ajuste sostenido.
En contra del relato del “fin de los planes”, los números del presupuesto social muestran que la ayuda directa a los sectores más pobres fue la única partida que creció de manera sostenida durante el gobierno de Milei, tanto en cantidad de beneficiarios como en poder de compra real. De hecho, el punto más bajo del poder adquisitivo de la AUH fue en el 2023, en el último año del gobierno de Alberto Fernández. No parece un dato menor para sumar a las razones de la derrota electoral del peronismo.
Según confirmó una fuente del Gobierno al sitio LPO, a diciembre de 2025 la Asignación Universal por Hijo alcanza a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. Más de seis millones de planes. Todo un récord que habla mucho de la latinoamericanización de la Argentina, que está muy lejos de ser el gran país de clase media de América Latina que supo ser hasta los setenta.
Los cuadros de evolución real muestran que AUH y Alimentar fueron los únicos ingresos que corrieron por arriba de la inflación de manera consistente, en contraste con el salario mínimo que perdió poder adquisitivo mes tras mes y hoy cubre apenas una fracción de la Canasta Básica Total, según un informe del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral vinculada a Juan Grabois.
La combinación ayuda a explicar un dato político clave de la primera mitad de gestión libertaria: no hubo estallido social, pese a la magnitud del ajuste. Lejos de eliminar la asistencia, Milei hizo dos movimientos simultáneos: desplazó a las organizaciones piqueteras de la intermediación y reforzó las transferencias directas.
En 2015, Cristina Kirchner dejó el poder con 250 mil planes y el tema fue uno de los caballitos de batalla de Cambiemos que criticaba las políticas sociales del peronismo, bajo el despectivo título de “los planeros”. Sin embargo, el sistema se terminó de desvirtuar durante la presidencia de Mauricio Macri cuando la ayuda social pegó un salto brutal a casi un millón y medio de beneficiarios como señala un informe del Observatorio de Datos de la Fundación del Plata. Luego, con Alberto Fernández y la pandemia la ayuda llegó a 4 millones de beneficiados y eso no se revirtió sino que creció con Milei, pese a que la pandemia ya pasó hace varios años.
En ese sentido, la evolución real de la política de ingresos para la infancia, la Asignación Universal por Hijo, alcanzó durante el gobierno de Milei niveles históricamente altos en términos reales. La actual AUH es 23 por ciento más alta que la que se pagaba durante la presidencia de Alberto Fernández e incluso 10 por ciento superior a la vigente durante el gobierno de Cristina Kirchner, creadora del programa.
La mejora se explica por un aumento extraordinario de la AUH, que en la comparación interanual muestra una suba real del 47 por ciento. Pero la medición que el propio Gobierno utiliza como referencia es aún más impactante: entre noviembre de 2023, último mes de la gestión de Alberto Fernández, y noviembre de 2024, la AUH registró un incremento cercano al 100 por ciento, una variación excepcional que consolidó a la política social como el principal amortiguador del modelo en un escenario de fuerte deterioro de los salarios que sintieron la devaluación del 120% de diciembre de 2023, que nunca se terminó de recuperar.
Esto se vio además acompañado por una pérdida de empleos formales de calidad, que en los dos primeros años de Milei ronda los 180 mil puestos de trabajo, en una tendencia que se viene agravando: sólo en octubre pasado se perdieron 70 mil empleos.
La paradoja libertaria es que, mientras el discurso oficial insiste en el ajuste y el achicamiento del Estado, la red de contención social no solo se mantuvo, sino que se convirtió en el principal amortiguador del modelo, en un contexto de salarios en caída libre y pérdida de empleos formales.
El diagnóstico se refuerza al mirar los cuadros de evolución real de la AUH y la Tarjeta Alimentar elaborados por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI) en su monitor de economía popular. Allí se observa que, a diferencia de los salarios, las transferencias sociales no fueron licuadas por la inflación durante el gobierno de Milei.
Por otro lado, gran parte de la contención social recayó en los gobernadores que fueron los otros afectados del ajuste de Milei. Según fuentes de Desarrollo Social del gobierno de Santa Fe, durante el año 2025, se registró un incremento aproximado del 30% en la demanda alimentaria en la provincia.
En Santa Fe, los programas alimentarios se canalizan a través de la Tarjeta Única de Ciudadanía (TUC), Tarjeta Institucional (TI), ProSoNut que alcanzan a 246.153 personas, confirmaron desde el Ministerio de Desarrollo Social provincial a cargo de Victoria Tejeda.
La ayuda llega a 177 localidades de los 19 departamentos y a 926 instituciones, con una inversión mensual de más de 3.800 millones. Una ayuda que se reforzó en las fiestas con una partida extra de 3.200 millones.
Como sea, según el estudio de la FDHI, medidos en términos reales, los montos combinados de AUH y Tarjeta Alimentar muestran una recuperación sostenida desde el inicio de la gestión libertaria, con aumentos que superaron el ritmo de los precios. En los gráficos, la asistencia social aparece como la única variable de ingresos que logra mantenerse -e incluso mejorar- frente al avance inflacionario.
El contraste con los salarios es contundente. Mientras la AUH y la Alimentar mejoran su desempeño relativo frente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), el salario mínimo cae en picada frente a la Canasta Básica Total (CBT), profundizando la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores formales. En términos simples: la política social amortiguó la indigencia, pero el ajuste recayó sobre el trabajo.
Los cuadros también muestran que, aun con las mejoras, la AUH y la Tarjeta Alimentar siguen cubriendo solo una fracción limitada de la CBT, es decir, no alcanzan para sacar a un hogar de la pobreza. Sin embargo, sí logran contener el umbral alimentario, un dato clave para entender por qué el ajuste no derivó en un conflicto social generalizado.
En ese sentido, el informe de la DHI confirma la paradoja del modelo libertario: Milei ajustó fuerte por el lado del salario y el empleo, pero blindó la asistencia directa, consolidando a los planes sociales como la principal ancla de estabilidad social en un contexto de deterioro acelerado de los ingresos formales y las jubilaciones.
Drones dotados con inteligencia artificial surcaran los cielos de Buenos Aires para cazar a los contribuyentes que tengan construcciones sin declarar en propiedades urbanas y rurales.
El pasado 23 de enero, según consta en el Boletín Oficial (licitación 380-1549-LPR25), la gestión de Axel Kicillof invirtió más de $310 millones en ampliar las capacidades de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) para detectar irregularidades que afecten el cumplimiento fiscal.
El engorde de las arcas estatales del último bastión K se apoya en la más sofisticada tecnología: el sistema se llama “M2” y utiliza algoritmos con inteligencia artificial que detectarán, a lo largo de 55.861 hectáreas de 10 distritos bonaerenses, cualquier ampliación edilicia, cerramientos de balcones, nuevas plantas, piletas, silos, galpones, tanques australianos y movimientos de tierra que indiquen nuevas explotaciones o mejoras.
La técnica, según difundieron las autoridades del Gobierno provincial, se apoya en relevamientos fotogramétricos que generan una reconstrucción 3D del terreno y ortomosaicos con resolución de hasta 5 centímetros por píxel. En términos simples, cada “cuadradito” de la imagen representa 5 cm del suelo, lo que permite distinguir bordes y modificaciones que una satelital estándar suele perder.
– La cobertura anunciada por ARBA incluye zonas rurales y periurbanas de Mercedes, Junín, Chivilcoy, Tandil, Azul, Olavarría, Tres Arroyos, Lobos, Saladillo y Chascomús
La medida orwelliana se enmarca en un contexto delicado para el campo. La política fiscal de los últimos años registró severos aumentos en el impuesto inmobiliario urbano y rural. Para 2024, la ley Impositiva contempló aumentos que alcanzaron hasta el 200% para casi la totalidad de las propiedades bonaerenses, con escalas superiores para patrimonios más elevados. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtieron que, sumando coeficientes adicionales, el incremento efectivo podía rondar el 34,4 por ciento respecto del período anterior.
La Senadora salteña denunció una persecución de Victoria Villarruel para justificar por qué no tiene asesores, pero los datos oficiales la desmienten: todos sus compañeros de bloque ya contrataron a varias decenas de asesores. Todo mientras chicanea a la Vicepresidente por el presupuesto del Senado, el mismo que ella y su bloque necesitan para financiar sus PyMEs políticas.
El financista británico regresó a su estancia en enero de 2026 tras recibir el indulto de Donald Trump y siguió de cerca una obra de tres subsuelos y dos plantas.
Emilia Orozco, senadora de La Libertad Avanza, quiso argumentar en contra de que los trabajadores puedan elegir dónde cobrar, y luego de una fallida excusa territorial, fue humillada por la diputada del Pro, Florencia De Sensi. La Senadora salteña terminó balbuceando ante el panel de TN.
Proyectos en 2 años: 2 que no le sirven en lo más absoluto a nada. Hablar de religión todos los putos días (no sabe un ocote porque dice ser “judeo-cristiana”) es decir un tremendo ñoqui de esos que nosotros odiamos y no es el único ñoqui de lla… https://t.co/DPD3tc0jjApic.twitter.com/FlNaRWBXLF
