El 85% de los productores cree que la política agropecuaria es definida por CFK y el 72% vaticina suba de impuestos
La preocupación del sector aumenta de cara a las próximas elecciones. Mientras que el 85% cree que Cristina tiene la batuta de la política agropecuaria, apenas el 3% considera que a las decisiones las toma Alberto.
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La consultora Amplificagro realizó una encuesta a casi 500 productores y empresarios relacionados con la actividad agropecuaria. El relevamiento, titulado “El Sector Agropecuario y la evaluación del contexto político”, corresponde al pasado mes de octubre, y se realizó entre los días 22 y 30 de ese mes.
Allí, desde el inicio se detalla que “LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DEL AGRO: LA INFLACIÓN, LA ECONOMÍA y EL FACTOR CLIMÁTICO. Consultados sobre cuál consideraban su principal preocupación de acá a un año, la palabra más mencionada fue Inflación con el 25% de las primeras menciones, seguidas por clima (y palabras referidas a problemas climáticos) y Economía. En un contexto donde las restricciones en la importación de ciertos productos repercuten en la disponibilidad de insumos, consultamos también cuánto afecta al agro esta falta en su producción. El 63,7% dice verse algo o muy afectado, mientras que un 34,8% manifiesta bajos niveles de afectación”.
Vale aclarar que dentro de todos los ítems que preocupan a los productores, solo uno no depende del Gobierno: el clima.
Los resultados de ese informe atemorizan al sector: El 84,7% argumentó que es Cristina Fernández quien se encuentra detrás de las medidas político-económicas implementadas al rubro. A su vez, apenas el 3,4% de los encuestados considera que detrás de las medidas se encuentra el presidente, Alberto Fernández.
El diagnóstico del economista Federico Pastrana describe un fenómeno que los datos de CP Consultora confirman. Las plataformas digitales funcionaron como válvula de escape frente al desempleo formal, pero esa red de seguridad informal que históricamente contenía el desempleo (Uber, Rappi, Pedidos Ya, etc) se ha saturado y ya no puede cumplir ese rol.
“La destrucción de puestos formales se está acelerando. Un proceso de reconversión productiva, que no produce empleo formal, es una economía que está estancada o cayendo”, afirmó Pastrana, durante una entrevista en el medio radial Radio 10.
El informe del Centro de Estudios del Trabajo y Desarrollo (CETyD), publicado por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en julio de 2025, advierte explícitamente que este tipo de empleo “no alcanza ni podría alcanzar a contener toda la búsqueda de ocupación” y “amortigua solo transitoriamente el aumento de la desocupación”. La paradoja es que, a medida que más trabajadores expulsados del sector formal se vuelcan a las plataformas, la rentabilidad por viaje o pedido cae para todos.
El caso de Comodoro Rivadavia es ilustrativo, ya que ahí los trabajadores despedidos de la industria petrolera compraron autos para conducir Uber o Didi, pero la saturación de choferes en una ciudad cuya demanda también cae derivó en “menos viajes por menos dinero”, según testimonios de conductores con años de experiencia en el sistema. El mismo fenómeno se replica en todo el país.
La destrucción de empleo formal es sostenida y va más allá de los siete meses mencionados en el artículo. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron cerca de 150.000 empleos privados registrados. Solo en 2025, el empleo asalariado total cayó 1% interanual, lo que equivale a 106.200 puestos menos, con el sector privado concentrando 88.800 de esas bajas.
Los sectores más golpeados fueron la industria, que acumuló casi 40.000 empleos perdidos en 2025 y registró su mayor caída en el segundo semestre, y el comercio, que desde mayo de ese año resignó 22.600 puestos. También la minería, que venía impulsando el PIB, destruyó empleo durante la segunda mitad del año, al igual que la intermediación financiera y el agro.
En paralelo, la tasa de desocupación llegó al 7.9% en el primer trimestre de 2025, el nivel más alto desde 2021, afectando a cerca de 1.8 millones de personas. Para el cuarto trimestre de 2025, el dato subió al 7.5% desde el 6.6% del tercer trimestre.
El dato más revelador es que el empleo registrado total cerró 2025 “sin cambios” en términos netos, pero ese número esconde una transformación profunda. El trabajo independiente creció 3.8%, sumando 104.800 trabajadores, principalmente monotributistas, compensando casi en su totalidad las bajas del sector asalariado. Es decir, los puestos de trabajo de mayor calidad (con aportes jubilatorios completos, aguinaldo y estabilidad) están siendo reemplazados por formas más precarias.
Según el CETyD de la UNSAM, el pluriempleo pasó del 8% en 2013 al 12% en 2024. Una investigación conjunta de ocho universidades nacionales encontró que el 75% de los trabajadores de plataformas los usa como segundo empleo y que la mayoría lo hace “por necesidad”, no por elección. Los ingresos laborales en general se encuentran casi 25% por debajo de los niveles de 2017.
La reforma laboral como respaldo institucional a la precarización
En diciembre de 2025, el gobierno del presidente Javier Milei envió al Congreso el Proyecto de Modernización Laboral, que por primera vez creó la figura del “prestador independiente de plataformas tecnológicas”, excluido expresamente del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto significa que conductores y repartidores no acceden a indemnizaciones, vacaciones, aguinaldo ni licencias médicas. Tal como indica la investigación del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), más de un millón de personas obtienen ingresos de estas plataformas en Argentina, aunque solo una minoría las usa como fuente laboral principal.
Cuando una persona pierde su trabajo formal (con recibo de sueldo, aportes jubilatorios, obra social), normalmente enfrenta dos opciones. Una es registrarse como desocupado o buscar alguna actividad informal que le genere ingresos mientras tanto. La segunda opción se llama “empleo de refugio”, que no se trataría de un trabajo ideal, pero evita caer en el desempleo abierto.
Durante años, las plataformas digitales funcionaron como el refugio moderno y masivo para esos trabajadores. Alguien que perdía su empleo podía registrarse como conductor o repartidor en días, sin requisitos formales, y comenzar a generar ingresos. Esto amortiguaba el impacto social del ajuste económico y mantenía artificialmente baja la tasa de desocupación.
El mecanismo parecía funcionar en 2024, cuando el ajuste macroeconómico de la gestión de Milei comenzó a erosionar el empleo formal, aunque la tasa de desempleo no escaló tanto como se podría haber esperado, precisamente porque muchos trabajadores encontraron refugio en el cuentapropismo y las plataformas.
Pero ese sistema tiene un límite físico. Si hay demasiados conductores para la misma cantidad de pasajeros, o demasiados repartidores para los mismos pedidos, el ingreso de cada uno cae. Y eso es exactamente lo que ocurrió. En base al analista económico Pastrana, la oferta de trabajadores en las plataformas creció tanto que los ingresos reales por viaje o pedido bajaron considerablemente, precarizando el llamado “salario de reserva” —es decir, el mínimo ingreso que un trabajador acepta antes de preferir directamente no trabajar.
Un dato que ilustra la magnitud, es que en diciembre de 2025, un repartidor necesitaba completar 454 pedidos en promedio para alcanzar el costo de la Canasta Básica Total de un hogar de cuatro personas, según el “índice APP” de la Fundación Encuentro. Cuando el esfuerzo requerido es tan descomunal, el trabajo informal deja de ser un refugio atractivo y se convierte en una trampa de precariedad.
Paralelamente, el empleo asalariado privado registrado —la estadística más confiable y rigurosa del mercado laboral— acumularía siete meses consecutivos de caídas entre mayo y noviembre de 2025. En total, durante 2025 se perdieron más de 106.000 puestos asalariados (-1% interanual), con el sector privado explicando la mayor parte: -88.800 empleos. Si se amplía el horizonte, desde septiembre de 2023 hasta diciembre de 2025 se destruyeron muchos más puestos de trabajo.
Los sectores más golpeados son la industria manufacturera (casi 40.000 empleos perdidos en 2025) y comercio (22.600 puestos desde mayo). Inclusive sectores que se consideraban “ganadores” del nuevo modelo económico —agro, minería e intermediación financiera— comenzaron a destruir empleo en el segundo semestre de 2025.
La trampa del monotributo como válvula de escape
Como se mencionó anteriormente, para compensar la caída del empleo asalariado, el trabajo independiente (principalmente monotributo) creció un 3.8%, sumando 104.800 trabajadores. Esto ocultó la gravedad del problema en las estadísticas globales, porque el total de trabajadores registrados se mantuvo casi igual, pero cambió su composición hacia formas más precarias, sin cobertura médica completa, sin indemnización, sin aportes estables a la jubilación.
Este fenómeno explica por qué la tasa de desocupación del INDEC —que cerró 2025 en 7.5%, contra 6.4% en 2024— no refleja completamente la crisis. Una parte de los desempleados “reales” está encubierta en la informalidad. De hecho, la tasa de informalidad laboral alcanzó el 43% en el cuarto trimestre de 2025, con cuatro de cada diez trabajadores fuera del marco legal.
Pastrana establece una comparación con la década de 1990, que también tuvo un proceso fuerte de destrucción de empleo formal. La diferencia clave es el contexto, dado que en los 90´s había crecimiento económico (aunque desigual), lo que generaba capacidad de reabsorción laboral en otros sectores. Hoy, la economía argentina muestra estancamiento. El consumo interno cayó 1.4% interanual en diciembre de 2025, el crédito está paralizado y crece la morosidad. El gasto público cayó a su nivel más bajo en una década (entre 14.4 y 14.5% del PBI), con un recorte de 5.1 puntos porcentuales del PBI respecto a 2023.
Sin motores de demanda —ni consumo, ni gasto público, ni crédito— no hay sectores donde los trabajadores desplazados puedan reinventarse.
El programa económico liberal apostó a que la baja de la inflación —que llegó al 31.5% interanual en diciembre de 2025— recompondría gradualmente el poder adquisitivo y reactivaría el consumo. Pero Pastrana señala una tensión, si el consumo y el gasto público permanecen estancados, “las exportaciones e inversiones deberían crecer a tasas extraordinarias” para mover el PIB.De acuerdo a sus cálculos, una suba del 8% en esos sectores apenas se traduciría en un avance del 1.5% en el PIB total.
Los organismos internacionales son más optimistas. El FMI, el BID y el Banco Mundial proyectan un crecimiento del 3.8% al 4% para Argentina en 2026, atribuido principalmente a la normalización cambiaria, la continuidad del equilibrio fiscal y cierta recuperación de sectores exportadores. Pero más aún en esa estimación, el impacto en el empleo formal llegaría con rezago, y los trabajadores más vulnerables serían los últimos en sentir dicha mejora.
Para que el mercado laboral se estabilice, la baja de inflación debería ser suficientemente rápida y profunda como para recomponer salarios reales, estimular el consumo y generar incentivos genuinos de inversión que creen empleo formal. Sin ese círculo virtuoso, el desempleo seguirá escalando en los próximos trimestres.
No es el resultado de un desarrollo de laboratorio reciente, sino de la ocurrencia de un grupo de productores franceses que hace 20 años mezclaron manzanas de pulpa roja con variedades de alta calidad. Así nació una variedad de manzana bautizada Kissabel, que en la primavera de 2016 tuvo su primera campaña comercial en Europa y aquí recién está dando sus primeros pasos.
La firma a cargo de su desarrollo local es Moño Azul, una empresa frutícola de amplia trayectoria que forma parte del Grupo Prima y que tiene la licencia exclusiva en el país. En 2024 inició con sus primeras pruebas comerciales -con su desembarco en el Mercado Central- y ahora, aseguran, esperan una buena temporada.
Puede ser roja o amarilla por fuera, pero lo importante está dentro. Esta variedad de pulpa roja o rosada se caracteriza por tener un sabor entre dulce y ácido, ser muy jugosa y crujiente y albergar un alto contenido de vitamina A, C, calcio, magnesio, vitamina E, fósforo, cobre, vitamina K y boro.
Pero en Argentina la Kissabel aún no puebla las góndolas a gran escala, sino que aún su producción comercial es limitada porque se trabaja en las pruebas comerciales. Con una producción limitada en chacras propias, la licenciataria local evalúa su adopción local y su potencial exportación.
La situación, de hecho, es muy similar a lo que ocurre en otros países del hemisferio sur, como Chile, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, donde se espera un avance tras los buenos resultados obtenidos en Europa, donde destacan la calidad, el volumen y el “interés creciente” por parte de los consumidores.
En particular, durante la campaña 2025 en el Viejo Continente la producción escaló un 25% con buenos precios, alta calidad y una buena adopción entre los consumidores.
Así como en Argentina la firma a cargo de su promoción es Moño Azul, en cada país productor hay un socio que integra el programa. Según lo expresado por Red Apple Germany, en Alemania hubo una cosecha récord con altos estándares de calidad. En Francia, Mesfruits y Blue Whale también mostraron el pulgar hacia arriba.
Por su parte, en Suiza, la firma Fenaco consolidó la comercialización mediante alianzas en gastronomía e industria, y en Italia aseguran que el 2025 fue un gran año.
“Con esta base, avanzamos hacia la temporada del hemisferio sur, donde continúan las fases comerciales iniciales y los ensayos, junto a socios estratégicos que fortalecen el desarrollo de Kissabel a nivel global”, expresó Emmanuel de Lapparent, responsable del programa Ifored, el consorcio que impulsa esta variedad de manzanas, tras ser consultado por el sitio Portal Frutícola.
Mientras en Argentina se trabaja en la multiplicación en el único vivero autorizado, “Los Álamos de Rosauer”, en tierras chilenas ya hay indicios de producción comercial y desde Unifrutti, la empresa que tiene allí la licencia, aseguran que el objetivo es enviar lo más rápidamente posible su producción a Brasil.
Por su parte, Australia cuenta hoy con uno de los proyectos más avanzados, y la estrategia de posicionamiento comercial incluye degustaciones, activaciones en puntos de venta, alianzas con restaurantes y campañas digitales. “Nuestro objetivo es posicionar a Kissabel como la manzana ‘foodie’ por excelencia”, explicó Michelle Hau, directora de marketing de Montague Farms, en diálogo con el medio especializado.
El rubro turístico argentino enfrenta en marzo de 2026 un momento que, según los propios empresarios, se compara directamente con los peores meses de la pandemia. A días de dos fines de semana extra largos casi consecutivos de Semana Santa —del 21 al 24 de marzo y del 2 al 5 de abril—, las reservas en los principales destinos del país se encuentran en niveles históricamente bajos, generando una alarma inédita en la “industria sin chimenea”.
“Los números que manejamos para el fin de semana largo de marzo deben ser de los más bajos de la historia. Prácticamente no hay reservas y lo preocupante es que para Semana Santa se espera algo parecido”, subrayó un importante empresario marplatense a la Agencia Noticias Argentinas.
El panorama es devastador si se lo lee en perspectiva. La temporada de verano 2025/2026 ya cerró como la peor imagen, siendo que Mar del Plata recibió 3.141.427 turistas entre diciembre y febrero, con una caída interanual del 3.7% equivalente a 122.000 personas menos. La ocupación hotelera promedio de la temporada fue del 50.7%, con enero marcando el peor registro en al menos dos décadas (excluyendo 2021), con una caída del 7.1%.
Esto es muy distinto de lo que se veía en años anteriores, cuando estos fines de semana largos generaban ocupaciones del 80% o más en hoteles, cabañas y apartamentos, y movilizaban grandes flujos de gente y dinero.
“Todos los sectores tienen problemas de presupuesto. Cualquier programa que ayude a estimular políticas de promoción está condicionado por la caída de la recaudación”, afirmó Hernán Szkrohal, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), apuntando a que la salida más probable en lo inmediato pasa por alianzas privadas entre hoteles, bancos y operadores para armar paquetes combinados.
A esto se suma que el área acumula una caída de 50 puntos en dos años. Las reservas en prácticamente todos los grandes centros turísticos del país están en niveles sumamente bajos, 30 puntos en 2024 y 20 puntos en 2025, conforme a las declaraciones de Szkrohal. El propio dirigente advirtió que uno de cada dos establecimientos cierra antes de cumplir cinco años de actividad.
Un relevamiento muestra una marcada sobreoferta de alojamientos, con diferencias leves entre regiones pero un mismo patrón general, donde abundan las plazas vacantes.
En cambio, en Villa Carlos Paz y en las Cataratas del Iguazú la tendencia se invierte. La demanda prevista para Semana Santa es mayor que la de marzo, pero plataformas como Airbnb aún reportan más de mil plazas disponibles en esos destinos.
A nivel nacional, la situación es llamativa. En noviembre de 2025 la ocupación promedio fue apenas del 37,4% de las plazas ofrecidas, según el informe.
Las causas
La crisis que atraviesa el sector turístico no responde a un fenómeno coyuntural ni a factores estacionales como el clima. Distintos indicadores muestran que se trata de una situación estructural en la que confluyen varios elementos económicos y del mercado.
Uno de los principales es la pérdida del poder adquisitivo. Desde 2023, la actividad gastronómica registra una caída cercana al 30%, mientras que los jubilados —un segmento que históricamente contribuía a sostener la temporada baja— prácticamente dejaron de viajar debido a que sus ingresos ya no alcanzan para afrontar esos gastos.
A este escenario se suma una marcada salida de turistas hacia el exterior. Durante 2025, cerca de 12 millones de argentinos viajaron fuera del país, lo que representa un aumento del 43.1% en comparación con el año anterior. En sentido contrario, el ingreso de visitantes extranjeros se redujo un 19.7%, lo que refleja una pérdida de competitividad del turismo local.
El desequilibrio también se evidencia en la balanza turística. En 2025 el déficit superó los 4.054 millones de dólares, casi el doble del registrado en 2024. La brecha cambiaria influye en esta dinámica, ya que encarece los destinos nacionales para los propios argentinos y, al mismo tiempo, vuelve más accesibles las opciones en el exterior.
Por último, el sector formal enfrenta una creciente competencia de la oferta informal. Mientras los establecimientos habilitados cuentan con unas 45.000 camas en temporada alta, la oferta extrahotelera alcanza alrededor de 370.000 plazas que operan con menores regulaciones y cargas impositivas. Esta diferencia profundiza la presión sobre hoteles y alojamientos tradicionales.
El empresariado ya tocó las puertas del poder político. Szkrohal se reunió el pasado 26 de febrero con el gobernador Axel Kicillof en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, donde entregó un informe de crisis y reclamó reducción de Ingresos Brutos, baja del IVA para la actividad, alivio en impuestos inmobiliarios y la creación de una mesa de trabajo para combatir la estacionalidad.
Durante la Semana Santa, el arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), emitió una advertencia pública sobre el agravamiento de una situación “muy complicada” en el país.
“Vivimos un tiempo difícil donde la solidaridad y también la empatía necesaria se imponen”, afirmó el dignatario eclesiástico, en una entrevista radial el pasado Domingo de Pascua.
Colombo subrayó, especialmente, el aumento en la demanda de asistencia alimentaria en Cáritas, la crisis financiera que atraviesan las instituciones para personas con discapacidad por falta de pagos estatales. Además, hizo un reclamo formal al Ministerio de Salud para que el Estado active sus instrumentos de contención social.
Aunque el discurso oficial muestra una reducción de la pobreza estadística, la realidad territorial que registra la red religiosa describe un cuadro de vulnerabilidad persistente y en expansión hacia nuevos sectores sociales.
La estructura de Cáritas Argentina es una de las más extendidas de toda la República. Según datos de 2024, cuenta con 2.254 centros con servicio alimentario (comedores, merenderos y espacios de distribución) que atienden a unas 424.649 personas en todo el territorio nacional.
– Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA)
Colombo señaló que en los últimos meses se registró “un crecimiento sostenido en la cantidad de personas que piden ayuda”, especialmente en los grandes centros urbanos. El fenómeno no es nuevo. En 2024, el director de Cáritas en Quilmes, David Benítez, ya señalaba que había un “aumento significativo de la demanda” en los 89 comedores de esa diócesis del sur del conurbano bonaerense.
Lo notable de las declaraciones de Colombo es que “la crisis ya no afecta solo a los sectores históricamente vulnerables”, sino también a segmentos de la clase media como jubilados, trabajadores informales desplazados y familias que no tenían experiencia de pobreza previa. La Iglesia, explicó, detecta esto a través de su capilaridad territorial, entre parroquias, centros comunitarios y voluntarios que trabajan en distintos barrios.
“Tenemos necesidad de que se pongan en funcionamiento todos los mecanismos del Estado para resolver cuanto antes esta temática”, señaló Colombo.
El contexto presupuestario agrava el cuadro. Para 2026, el Programa Políticas Alimentarias, que financia comedores y merenderos, redujo su presupuesto un 15,8%, pasando de $79.700 millones a $67.104 millones, en un escenario de inflación en alimentos del 32,2% anual. Esto genera la paradoja de una red asistencial que recibe más demanda con menos recursos.
Este es el punto más urgente y concreto del pronunciamiento episcopal. Colombo denunció que “hace meses el Estado dejó de pagar los fondos destinados a instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad”.
La Iglesia llevó el reclamo al despacho de Lugones
Colombo es arzobispo de Mendoza y desde 2023 preside la CEA, el organismo que reúne a todos los obispos del país y representa institucionalmente a la Iglesia Católica ante el Estado y la sociedad.
La CEA no es solo una autoridad religiosa. Históricamente en Argentina ha funcionado como termómetro social y mediador político en momentos de coyuntura. Sus señalamientos tienen peso porque la Iglesia administra directamente cadenas de asistencia —principalmente a través de Cáritas— que llegan a rincones donde el Estado no siempre está presente.
– La comisión ejecutiva del Episcopado, encabezada por su presidente, el arzobispo Marcelo Colombo
El 1 de abril la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina le envió una carta formal al ministro de Salud, Mario Lugones, para advertirle que numerosas instituciones que asisten a personas con discapacidad atraviesan una situación de extrema gravedad por el retraso y la insuficiencia de los aportes estatales. En la nota, el Episcopado sostuvo que la crisis ya compromete la alimentación, los medicamentos y el pago de salarios en hogares y centros de atención.
El documento, publicado en el sitio oficial del Episcopado, es explícito sobre la gravedad del cuadro. Sostiene que muchas instituciones “se encuentran hoy en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales”, lo que compromete “la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad”.
La nota también recuerda que en mayo de 2025 ya se había advertido que “las personas con discapacidad no pueden esperar”, y concluye con una frase categórica: “La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas”.
Colombo además anticipó que en los próximos días habría reuniones entre funcionarios y representantes vinculados a la Iglesia para revisar datos y verificar convenios incumplidos.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, quedó envuelto en una fuerte polémica tras referirse al hundimiento del ARA General Belgrano durante una entrevista brindada el 2 de abril en los estudios de A24. Consultado por Eduardo Feinmann acerca del ataque contra el crucero de la Armada Argentina ocurrido el 2 de mayo de 1982.
“Estaban en combate y fue un acto de guerra”, respondió el funcionario que reemplazó a Luis Petri en esa cartera a mediados de diciembre del año pasado.
La declaración del ministro ocupó poco más de diez segundos de aire televisivo, pero generó una ola de cuestionamientos. En la Argentina persiste una interpretación jurídica y política que considera el ataque un crimen de guerra, dado que el buque navegaba a 231 millas marinas fuera de la Zona de Exclusión Total (ZET) fijada unilateralmente por Londres cuando fue bombardeado por el submarino nuclear británico HMS Conqueror.
La orden de impactar el buque fue impartida por la entonces primera ministra Margaret Thatcher.
El hundimiento constituyó la mayor tragedia naval de la Armada Argentina y la mayor pérdida de vidas para las fuerzas en toda la guerra: 323 muertos, una cifra que representó casi la mitad de las bajas totales que tuvieron las fuerzas de nuestra nación durante el conflicto.
Las declaraciones se produjeron en una fecha especialmente sensible. Sus palabras adquirieron una dimensión política mayor y derivaron en un reclamo opositor para que el Ministerio de Defensa revisara públicamente lo expresado por su titular.
“Una lectura funcional a la versión británica”
Lejos de limitarse a una diferencia de encuadre jurídico, Agenda Malvinas, portal especializado en la cuestión del Atlántico Sur, leyó las palabras de Carlos Presti como un gesto político de fondo.
El lapidario artículo sostuvo que el ministro constituyó “una afrenta directa a los 323 héroes que perdieron la vida” y describió sus dichos como una ruptura con una línea histórica sostenida durante décadas en la Argentina. Así, para el medio, Presti incurrió en una validación de la versión británica sobre el hundimiento del ARA General Belgrano.
También advirtió que la definición de Presti recortó un antecedente central para entender el hundimiento del Belgrano: el Informe Rattenbach, el documento oficial elaborado tras la guerra para examinar las responsabilidades políticas y militares del conflicto. En ese trabajo, el Estado argentino atribuyó a la conducción de la guerra una preparación insuficiente, un planeamiento “apresurado, incompleto y defectuoso” y decisiones de mando que agravaron el escenario en el Atlántico Sur. Entre ellas, cuestionó con dureza el repliegue naval que dejó a Gran Bretaña con el “dominio absoluto del mar”. Desde esa lectura, Agenda Malvinas sostuvo que reducir el ataque a un simple “acto de guerra” dejó afuera el principal antecedente institucional producido por la propia Argentina sobre la conducción de Malvinas.
En esa misma línea, el medio avanzó sobre otro punto sensible de la secuencia militar de 1982: mientras el Belgrano se hundía, el entonces jefe de la Armada, Jorge Isaac Anaya, ordenó el repliegue de la flota de mar hacia “puertos seguros” de la costa patagónica.
Las cinco fuerzas federales de seguridad convocaron una protesta conjunta para el 2 de abril en reclamo por los bajos salarios y el empeoramiento de sus condiciones laborales. La manifestación consistirá en un abrazo solidario al Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional en el barrio porteño de Retiro (Capital Federal), y reunirá, por primera vez en la historia, a integrantes de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
La convocatoria se fijó para las 11 e incluyó también a familiares y allegados de los efectivos. La elección de la fecha incorporó, además, una dimensión simbólica, ya que coincidió con el aniversario número 44 del inicio de la Guerra de Malvinas.
El eje principal del reclamo estuvo vinculado con la cuestión salarial. Los uniformados denunciaron que el último aumento se otorgó a fines de 2025 y advirtieron que, en numerosos casos, los haberes quedaron por debajo de la línea de pobreza. Ese desfasaje los obligó a buscar ingresos complementarios, ya fuera mediante horas adicionales por fuera de la jornada habitual o a través de trabajos extra, como manejar un Uber, para sostener la economía doméstica.
En ese marco, dentro de las propias fuerzas se subrayó una contradicción entre la narrativa oficial y la experiencia concreta de los agentes. Mientras el Gobierno sostuvo que busca “cuidar a quienes nos cuidan”, los efectivos afirmaron que los salarios y las condiciones laborales se deterioraron de manera progresiva.
A la crisis salarial se sumó el conflicto por la cobertura médica. La situación de la obra social Iosfa se convirtió en otro de los principales focos de malestar entre los uniformados. De acuerdo con las informaciones difundidas, la entidad acumuló una deuda millonaria, recortó prestaciones y redujo la entrega de medicamentos, una combinación que dejó a miles de afiliados y a sus familias sin cobertura o con un acceso severamente limitado a la atención de la salud.
La protesta también activó una preocupación política creciente dentro de la Casa Rosada, donde se intensificaron los cuestionamientos contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En el oficialismo la describieron como una funcionaria de perfil académico, pero sin capacidad de conducción operativa sobre las fuerzas.
El antecedente de Córdoba profundizó esas dudas dentro del Gobierno. Algunos funcionarios recordaron que Monteoliva estuvo al frente del Ministerio de Seguridad provincial cuando, el 3 y 4 de diciembre de 2013, la Policía cordobesa se acuarteló y la capital provincial atravesó horas de saqueos y una situación de extrema tensión. Después de ese episodio, la funcionaria dejó el cargo.
A ese cuadro se añadió una interna política con efectos sobre la cadena de mando. Monteoliva decidió alinearse con Karina Milei en la disputa con su ex jefa política, la actual senadora Patricia Bullrich. Durante su paso por el Ministerio de Seguridad, Bullrich benefició a la cúpula de la Gendarmería por su vínculo con el jefe de la fuerza, Claudio Miguel Brilloni, una decisión que generó malestar en los rangos bajos y resentimiento en el resto de las fuerzas, que se consideraron desplazadas.
El conductor arremetió con dureza contra el exintendente de Comodoro Rivadavia y actual diputado nacional, Juan Pablo Luque, a quien responsabilizó por el nombramiento de la profesional que recomendó la revinculación del menor con su familia materna.
La Legislatura provincial aprobó por mayoría el proyecto de ley impulsado por el gobernador Torres. La norma prohíbe el ingreso, tenencia y uso de dispositivos móviles en todos los centros de detención y crea un régimen de comunicaciones institucionales controladas.
La Corte Suprema dejó firme en marzo de 2024 la sentencia favorable a Eduardo Menem, luego de que la ANSES no lograra revertir el fallo. El expediente también habilitó un retroactivo de $1.500 millones por el reajuste previsional del exsenador.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
