El 85% de los productores cree que la política agropecuaria es definida por CFK y el 72% vaticina suba de impuestos
La preocupación del sector aumenta de cara a las próximas elecciones. Mientras que el 85% cree que Cristina tiene la batuta de la política agropecuaria, apenas el 3% considera que a las decisiones las toma Alberto.
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La consultora Amplificagro realizó una encuesta a casi 500 productores y empresarios relacionados con la actividad agropecuaria. El relevamiento, titulado “El Sector Agropecuario y la evaluación del contexto político”, corresponde al pasado mes de octubre, y se realizó entre los días 22 y 30 de ese mes.
Allí, desde el inicio se detalla que “LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DEL AGRO: LA INFLACIÓN, LA ECONOMÍA y EL FACTOR CLIMÁTICO. Consultados sobre cuál consideraban su principal preocupación de acá a un año, la palabra más mencionada fue Inflación con el 25% de las primeras menciones, seguidas por clima (y palabras referidas a problemas climáticos) y Economía. En un contexto donde las restricciones en la importación de ciertos productos repercuten en la disponibilidad de insumos, consultamos también cuánto afecta al agro esta falta en su producción. El 63,7% dice verse algo o muy afectado, mientras que un 34,8% manifiesta bajos niveles de afectación”.
Vale aclarar que dentro de todos los ítems que preocupan a los productores, solo uno no depende del Gobierno: el clima.
Los resultados de ese informe atemorizan al sector: El 84,7% argumentó que es Cristina Fernández quien se encuentra detrás de las medidas político-económicas implementadas al rubro. A su vez, apenas el 3,4% de los encuestados considera que detrás de las medidas se encuentra el presidente, Alberto Fernández.
Durante la inauguración de la 74.ª Exposición Rural de Chivilcoy, Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con el programa económico del presidente Javier Milei, definió como “impostergable” una reforma tributaria que favorezca a quienes producen, invierten y generan trabajo, y pidió que el Poder Ejecutivo remita los proyectos correspondientes al Congreso.
También reclamó caminos rurales, puentes, desagües, rutas, energía y conectividad, y afirmó que el Estado no debe reemplazar al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir.
La referente planteó la necesidad de una articulación más concreta entre los sectores público y privado y precisó que, aunque se trata de “dos responsabilidades diferentes”, ambos “tienen que trabajar detrás de un mismo objetivo”, que consiste en desarrollar el territorio para promover la inversión, la innovación, la generación de empleo y la innovación de nuevas tecnologías.
La actual vicepresidenta pidió sustituir un esquema que grava fuertemente las transacciones, la contratación y la producción por otro que incentive la inversión, valor agregado y empleo. En el plano social, sostiene queel crecimiento no alcanza si no termina convirtiéndose en “salarios dignos”. En el plano político, el discurso funciona como una nueva diferenciación pública respecto al Gobierno Nacional.
Villarruel habló ante productores en Chivilcoy y pidió medidas para fortalecer la actividad económica fuera de las grandes ciudades. A su vez, insistió en la necesidad de mejorar la infraestructura y generar condiciones para que los jóvenes permanezcan en el interior.
“Tenemos un desafío impostergable: la reforma impositiva. Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Esperamos que el Poder Ejecutivo tome nota de esta necesidad y envíe los proyectos de ley necesarios para avanzar en este sentido”, subrayó Villarruel, en su discurso para avanzar con proyectos de ley en esa dirección.
La funcionaría cuestionó la falta de infraestructura en distintas zonas productivas. Señaló como prioridades la mejora de rutas y caminos rurales, el acceso a la energía y la conectividad. Asimismo, vinculó el crecimiento del sector productivo con la creación de empleo y la generación de divisas, pero destacó que esos resultados deben traducirse en una mejora concreta para los trabajadores de todo el país.
“La verdadera transformación ocurre cuando el trabajo se convierte en un salario digno que permite sostener una familia y ahorrar”, expresó la titular del Senado durante una actividad en Chivilcoy, acompañada por el intendente Guillermo Britos y representantes de entidades agropecuarias.
Durante su visita, Villarruel destacó el perfil productivo de Chivilcoy y lo ubicó entre los partidos más importantes de la provincia de Buenos Aires por su actividad vinculada al agro. En ese marco, señaló como dato central que el distrito produce unas 800 mil toneladas anuales de cereales y oleaginosas.
La actividad volvió a reunir a Villarruel con Britos, quien fue elegido tres veces para conducir el municipio. Ambos ya habían compartido en abril los actos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Más infraestructura y empleo
Del encuentro participaron conjuntamente la presidenta de Rural Chivilcoy, Yamila Farrell, el vicepresidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Fernando Ferrari, y el referente local de la Sociedad Rural Argentina, Martín Jáuregui, entre otras autoridades y representantes del sector agropecuario.
Otro de los puntos de su discurso estuvo relacionado con el arraigo. Villarruel pidió generar oportunidades laborales y económicas para que los jóvenes puedan permanecer en las localidades del interior en lugar de migrar hacia los grandes centros urbanos.
“Cuando hablamos de producción de campo no hablamos solamente de lo que sucede detrás de una tranquera. Hablamos de un sector productivo, de una serie de cadenas que atraviesan todo Chivilcoy mostrándonos algo fundamental: que el desarrollo comienza en el territorio”, consideró Villarruel.
En otro mensaje formuló como pedido “una política productiva que mire mucho más al territorio”. “Aquí se habló de los caminos rurales, los puentes, los desagües, la conectividad, la energía y las rutas. Y toda infraestructura productiva y para producir más necesita mayor y mejor infraestructura. El Estado no reemplaza al productor ni al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir”, remarcó.
En ese marco, insistió en que hay que “construir un sistema donde el que produce más, el que agrega valor y el que toma un trabajador tenga incentivos para seguir creciendo”. “Tenemos que producir más para ser competitivos, para exportar, para generar divisas y para incorporar tecnología. Pero fundamentalmente producir más para generar trabajo, porque la verdadera transformación de una comunidad ocurre cuando la producción se convierte en empleo y el trabajo se convierte en salario, y el salario permite sostener una familia y ahorrar”, finalizó.
Durante su exposición se hicieron escuchar distintos reclamos sectoriales. Entre ellas, la exigencia de progresar hacia un esquema de “retenciones cero” para los productos agropecuarios, una promesa de campaña del propio Milei. A su turno, Britos cuestionó al Estado por la concesión de la Ruta Nacional 5 por un plazo de 20 años, al advertir que el contrato no contempla la obligación de construir la autovía ni una tercera mano.
Sobre el cierre de su disertación, Villarruel concluyó que “producción, salario, trabajo y familia. Estos son los pilares sobre los cuales podemos construir una Argentina que vuelva a crecer desde el interior hacia el mundo”.
Por su parte, Ferrari apuntó contra la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que habilita la libre elección de veterinarios privados acreditados. El directivo advirtió que el nuevo esquema de vacunación podría reducir la cobertura sanitaria entre los productores con rodeos pequeños y reclamó el fortalecimiento de un organismo “fuerte” que garantice el control y la prevención sanitaria.
Para Florencia De Sensi no hay margen para las medias tintas: Axel Kicillof dejó de gobernar. La diputada nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires sostiene que, desde que arrancó su segundo mandato, el gobernador se dedicó casi con exclusividad a construir su candidatura presidencial dentro del justicialismo y “se olvidó de gestionar”. El diagnóstico lo dejó en una recorrida por La Plata, donde acompañó a dirigentes jóvenes del partido amarillo.
El eje de sus reproches es la seguridad. De Sensi considera un fracaso político que, a esta altura de 2026, el delito siga encabezando las inquietudes de los bonaerenses en lugar de que la agenda discuta avance tecnológico o inversión. Remarca que la conclusión la sacan tanto de las encuestas que recorren semana a semana. Los números la acompañan. Un relevamiento de la consultora Afiches, de julio de este año, detectó que más de un tercio de los hogares provinciales sufrió algún hecho de inseguridad en los últimos doce meses y que más de la mitad de la población se siente poco o nada segura en su propio barrio. Estudios previos, como los de Giacobbe, ya ubicaban a la inseguridad como la palabra que mejor define la preocupación del distrito.
Para la diputada, el gobernador tiene los recursos y “elige no usarlos”. En la entrevista que dio a El Día, enumeró herramientas que, asegura, Kicillof tiene a mano y deja guardadas. La más repetida es la ley de reincidencia y reiterancia, pensada para terminar con “la puerta giratoria de los delincuentes”. El mandatario kirchnerista, asegura, ni siquiera envió el proyecto a la Legislatura bonaerense. Algo parecido plantea con el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones que se aprobó en el Congreso y al que la provincia sigue sin adherir, pese a que podría darle oxígeno a la economía local.
De Sensi lleva ese análisis al plano ideológico. Está convencida de que el gobernador no combate el delito porque, sencillamente, no quiere: lo ve atrapado en una matriz de pensamiento que invierte los roles y termina colocando a la víctima en el lugar del culpable y al delincuente en el de víctima. Kicillof tiene “el cerebro envenenado de zaffaronismo”, disparó.
La legisladora también cuestionó la presión impositiva que crece sin que el vecino la vea reflejada en obra pública ni en servicios.En este marco, desempolvó dos capítulos que el peronismo bonaerense prefiere no recordar: las escuelas que permanecieron cerradas durante los dos años de pandemia y la devolución de celulares a los presos, una medida que les permitió seguir manejando sus negocios delictivos desde adentro de la cárcel.
El trasfondo político de la embestida judicial contra Marcela Pagano desnuda las contradicciones internas y los curiosos movimientos dentro del espacio oficialista. La causa que terminó archivada en Comodoro Py no surgió de la nada, sino de una presentación formal firmada por quince diputados nacionales de La Libertad Avanza, entre quienes se destacaron nombres alineados con la interna oficialista como María Celeste Ponce y Lilia Lemoine.
La principal denunciante, la diputada nacional Lilia Bolukalo Lemoine, junto al abogado patrocinante, Hernán Seivane.
Detrás del armado legal estuvo el abogado patrocinante Hernán Seivane, un letrado con un llamativo historial político que incluye registros fotográficos junto a figuras como Manuela Castañeira y Juan Grabois, un posterior paso por el bando mileísta y un reciente salto: anunció que ahora trabajará para Ramón “El Nene” Vera, histórico dirigente kirchnerista reconvertido en “liberal” por milagro, como sucedió con tantos otros dirigentes de la talla de Leila Gianni o Daniel Scioli.
El abogado patrocinante, Hernán Seivane, junto a Ramón “Nene” Vera (su nuevo jefe) y Sebastián Pareja
El archivo judicial
La denuncia impulsada por los quince legisladores oficialistas apuntaba contra Marcela Pagano por supuesta omisión maliciosa de datos en sus declaraciones juradas, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito. El escrito sostenía que la diputada se valía de su cargo y de su pareja para supuestamente ocultar bienes, además de deslizar graves acusaciones sobre supuestosretornos de dinero de personal parlamentario, presuntos vínculos con diplomáticos extranjeros y viajes al exterior. Un combo de imputaciones que carecía de respaldo probatorio pero que servía como ariete político dentro de la interna, motivo por el que la Justicia archivó la causa.
La diputada nacional Marcela Pagano, la denunciada por el oficialismo.
La juez María Romilda Servini respaldó el dictamen fiscal que desestimó la denuncia punto por punto al comprobar que no existía ninguna hipótesis delictiva. La resolución detalló los nueve motivos centrales por los cuales el expediente quedó descartado:
1. Las operaciones inmobiliarias cuestionadas ocurrieron meses antes de que Pagano asumiera como diputada nacional, durante 2023.
2. La adquisición del departamento en la calle Migueletes se realizó con fondos debidamente acreditados por la venta previa de otra propiedad que la periodista tenía desde 2011.
3. El monto en efectivo declarado respondía a ahorros previos y la fecha errónea en el sistema oficial se debió a un error administrativo y no a una omisión maliciosa.
4. Respecto a la situación de Franco Bindi, la Justicia determinó que no existía unión convivencial formal ni obligación de informar bienes ajenos, ya que la convivencia comenzó formalmente años después.
5. La mención a un supuesto inmueble en Nordelta carecía por completo de ubicación, valor o elementos que lo vincularan con la legisladora.
6. Los viajes al exterior mencionados por una exempleada no demostraron ningún incremento patrimonial injustificado.
7. Las acusaciones sobre supuestos retornos de sueldos del personal parlamentario se basaban en recortes mediáticos y carecían de pruebas concretas.
8. La supuesta asociación ilícita con vínculos internacionales mencionada en el escrito no describía ninguna organización criminal, roles ni un plan delictivo real.
9. La presentación incumplía los requisitos legales básicos al omitir circunstancias de tiempo, modo y lugar, convirtiéndose en un escrito vacío de contenido probatorio.
De este modo, la maniobra judicial impulsada por el sector oficialista quedó totalmente desinflada en los tribunales, dejando en evidencia una presentación carente de rigor jurídico que terminó colapsando bajo su propio peso probatorio.
El abogado patrocinante, Hernán Seivane, junto a Juan Grabois y junto a Manuela Castañeira.
La doble vara oficialista
El contraste entre la embestida judicial archivada contra Pagano y la realidad interna de La Libertad Avanza desnuda una evidente doble vara. Mientras un sector del oficialismo impulsó una causa vacía de contenido para castigar a una disidencia, las irregularidades y los escándalos con pruebas concretas dentro de la propia oficialista se acumulan sin la misma vara de exigencia.
El ejemplo más claro ocurrió con Manuel Adorni, quien quedó cercado por inconsistencias patrimoniales tras acumular prórrogas y demoras para presentar su declaración jurada, a pesar de que el propio Javier Milei había afirmado meses antes que el funcionario ya la tenía preparada.
Manuel Adorni y su esposa subiendo al avión privado cuya compra de pasajes aún no puede justificar.
Otro caso elocuente involucra a la diputada nacional María Celeste Ponce, precisamente, una de quienes firmaron la denuncia contra Pagano. Esta diputada fue gravemente cuestionada y denunciada mediáticamente en 2024 por su exasesora Guillermina Ruiz, quien la acusó de exigirle retornos mensuales de hasta $500 mil de su sueldo y aportó pruebas documentadas de varias transferencias bancarias, incluso permitiéndole acceder a los movimientos de su cuenta bancaria al periodista Tomás Díaz Cueto, hoy más alineado con el propio espacio de Ponce.
Lejos de recibir el castigo interno o la presión judicial que el espacio impulsó contra otros, Ponce fue públicamente blindada por su compañera de bloque Lilia Lemoine, a pesar de que los registros difundidos por la exasistente salpicaban directamente al entorno y exponían una red de complicidades dentro de la misma tropa libertaria. Ponce fue denunciada por Eduardo “El Presto” Prestofelippo a raíz de esta causa. A pesar de la facilidad con la que la Justicia Federal podría haber accedido a esos registros del Banco Nación, la causa fue archivada raudamente sin realizar ningún tipo de investigación, sin llamar a testigos a declarar, ni corroborar absolutamente nada.
La diputada nacional María Celeste Ponce junto al presidente, Javier Milei.
La persecución interna impulsada por este sector no se limita a figuras institucionales, sino que también apunta contra la propia militancia y disidencia tuitera del espacio.El mismo abogado y los mismos actores involucrados en la embestida contra Pagano han quedado señalados por armar listas negras y promover causas judiciales contra militantes libertarios críticos, demostrando que el aparato judicial y mediático del oficialismo opera de manera sistemática parasilenciar cualquier voz interna que cuestione los privilegios y las contradicciones de la cúpula dirigente.
Mientras la justicia sepultó la opereta contra Pagano por falta absoluta de elementos, el oficialismo opta por mirar hacia otro lado cuando las pruebas de corrupción y desmanejos florecen en su propio búnker.
La economía atraviesa una contradicción que desconcierta a los analistas. Mientras las exportaciones baten récords históricos mes tras mes y el superávit comercial se acumula por más de 30 meses consecutivos, la actividad interna se estanca y el crecimiento del PBI se proyecta muy por debajo de lo que estimaban tanto el Gobierno como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
A esto se suma un riesgo país que, pese a bajar —volvió a rozar los 500 puntos— encareció el financiamiento del programa del ministro de Economía Luis Caputo, y un shock petrolero internacional que empuja las tasas globales a máximos de casi dos décadas.
“El riesgo país es lo más nocivo que puede haber para la inversión”, dijo Fabián Kon, CEO del Banco Galicia, advirtiendo que un riesgo país en estos niveles “está condicionando totalmente” el proceso de crecimiento.
El dato central es un recorte generalizado de las proyecciones de crecimiento. A comienzos de 2026, el FMI proyectaba una expansión del PBI del 4% y el Gobierno la estimaba en 5% en la Ley de Presupuesto. Hoy, el consenso de los especialistas privados ubica ese indicador en apenas el 2%, con los más optimistas apostando a un 2.5%.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que compila las estimaciones de consultoras, centros de investigación y bancos, ilustra el deterioro con nitidez, reportándose a medida que avanzó el año. En diciembre de 2025, las estimaciones ubicaban la expansión del PBI en torno al 3.5%, mientras que a comienzos de enero de 2026 la previsión descendió al 3.2%.
La corrección continuó durante los meses siguientes. Hacia mediados de 2026, el Relevamiento de Expectativas de Mercado proyectaba un crecimiento del 2.7%, pero en la medición de agosto la estimación volvió a reducirse hasta el 2.1%.
Las cifras quedaron así considerablemente por debajo de las previsiones iniciales. El Fondo Monetario Internacional había proyectado originalmente una expansión del 4% para 2026, mientras que el Gobierno nacional había contemplado en el Presupuesto un crecimiento del 5%.
De esta manera, la expectativa de crecimiento pasó de un escenario inicial de entre 4% y 5% a una previsión cercana al 2% hacia agosto, lo que refleja una revisión significativa de las perspectivas económicas para 2026.
— Ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo
Consultoras específicas confirman la tendencia. Latin Securities Argentina bajó su rango de 3%–3.5% (en enero) a 2%–2.5%. Eco Go recortó de 2.7% a 2.0%, una caída de 0.7 puntos porcentuales. Analytica ubica su escenario base “levemente por debajo del 2%”.
“La debilidad de la actividad vista como un todo está ganando peso en la preocupación del mercado, más que nada por una razón electoral”, afirmó Elisabet Bacigalupo, responsable de Análisis Macroeconómico de la consultora Abeceb, que prevé un crecimiento del PBI de 2.6% para este año. “La gente tiene que gastar más en servicios, prepaga, salud, luz, gas, eso es consumo que sube, pero la gente siente que cada vez la plata le alcanza menos, no es consumo que le cause placer”, añadió.
El detonante inmediato de las revisiones fue el dato del INDEC de julio de 2026, que mostró caídas abruptas y simultáneas en dos sectores clave para el empleo y el PBI. Estos dos rubros concentran alrededor de una cuarta parte del empleo asalariado privado registrado, lo que amplifica el impacto social de su retroceso.
La actividad industrial y la construcción registraron caídas durante julio, aunque mostraron diferencias en el desempeño acumulado de los primeros siete meses de 2026.
La industria manufacturera retrocedió un 5% respecto de junio y cayó un 4.9% en comparación con julio de 2025. Entre enero y julio, la producción industrial acumuló una contracción del 2.6%.
“La clave de 2027 es que puede ganar cualquiera y puede pasar de todo en un escenario de tres tercios. Esto tiene correlación con el riesgo país y con el mercado cambiario”, sostuvo Carlos Pérez, director de la Fundación Capital y exgerente general del Banco Central, quien destaca que “si sigue el escenario base tendrías una evolución de la inflación y el tipo de cambio por debajo del 20% en 2027 y crecimiento del 2%”.
La construcción también mostró un resultado negativo en julio, con una baja mensual del 4.6% y una caída interanual del 4.5%. Sin embargo, a diferencia de la industria, el sector mantuvo un crecimiento acumulado del 1.7% durante los primeros siete meses del año.
La magnitud es significativa por varias razones. La caída mensual del 5% en la industria fue su mayor retroceso intermensual desde el derrumbe de la pandemia de COVID-19. Doce de las dieciséis divisiones industriales terminaron en baja interanual, con los golpes más duros en “Otros equipos e instrumentos” (-31.4%), “Maquinaria y equipo” (-26.7%) y “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-15.9%). En la construcción, el consumo de insumos se desplomó, particularmente en asfalto (-23.1%), yeso (-21.2%), ladrillos huecos (-12.9%) y cemento portland (-8.1%).
Lo que más preocupó no fue solo el retroceso, sino la aceleración de la caída, siendo que la construcción venía de bajar 4.3% en junio y profundizó a 4.6% en julio, mientras la industria revirtió una suba interanual del 2.1% en junio para desplomarse. Este relevamiento “más profundo de lo anticipado” es lo que obligó a las consultoras a recortar sus números.
La economía a dos velocidades
La aparente paradoja —récord exportador con recesión interna— se explica por lo que los economistas llaman una economía a dos velocidades, con sectores que avanzan en sentidos opuesto, unos con fuerza mientras otros continúan atravesando dificultades.
Por un lado, las actividades vinculadas a los recursos naturales se consolidan como los principales motores del crecimiento. La energía, impulsada especialmente por la producción de petróleo y gas de Vaca Muerta, junto con la minería y la agroindustria, sostiene buena parte del dinamismo exportador. En junio, incluso, el petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación del país, por encima de dos componentes históricamente relevantes del complejo sojero como la harina y el aceite.
En contraste, la industria manufacturera, la construcción y el comercio mantienen un desempeño débil. Estos continúan afectados por la retracción del consumo interno, el elevado costo del financiamiento y una mayor competencia de productos importados, configurando un escenario económico marcado por una creciente disparidad entre las actividades orientadas a la exportación y aquellas que dependen principalmente del mercado interno.
El problema estructural es que los sectores que crecen (energía y minería) son intensivos en capital pero generan relativamente poco empleo, mientras que los que caen (industria y construcción) son los grandes empleadores. Por eso, aunque las exportaciones vuelan, el crecimiento agregado del PBI se estanca. El sector externo es hoy el principal ancla del desempeño económico, pero no logra arrastrar al resto de la economía.
Los números de comercio exterior son genuinamente históricos y no forman parte de la “paradoja” como error, sino como realidad concreta. La balanza comercial encadenó 32 meses consecutivos de superávit hasta julio de 2026, con las exportaciones argentinas manteniendo un desempeño elevado durante buena parte de 2026, con registros mensuales que alcanzaron máximos históricos. En marzo, las ventas al exterior totalizaron USD$8.645 millones, mientras que en abril ascendieron a USD$8.914 millones. La tendencia se profundizó en mayo, cuando las exportaciones llegaron a USD$9.537 millones, el mayor nivel de la serie consignada.
Por otro lado, la morosidad empresarial se encuentra a la alza y ya golpea a las empresas. De acuerdo el Centro de Estudios de la UIA (CEU-UIA), la morosidad del crédito bancario en la industria se quintuplicó en 18 meses, pasando del 0.7% en diciembre de 2024 al 3.8% en junio de 2026.
El deterioro financiero afectaría a unas 4.300 empresas industriales, equivalentes a cerca del 12% de las firmas que mantienen deuda con el sistema bancario. El saldo irregular acumulado asciende a unos $968.000 millones, sobre un volumen total de crédito cercano a los $25 billones.
La situación se agravó en paralelo con el freno del financiamiento productivo. Después de registrar un crecimiento real del 106% entre fines de 2023 y julio de 2025, el crédito destinado a la producción prácticamente se paralizó y apenas avanzó un 0.2% en términos reales entre julio de 2025 y mayo de 2026.
A ese escenario se sumó el fuerte encarecimiento del costo financiero. Las tasas aplicadas a los adelantos en cuenta corriente llegaron a alcanzar picos de hasta el 190% nominal anual en octubre de 2025, elevando considerablemente la presión sobre las empresas que dependen del crédito bancario para sostener su capital de trabajo.
— La consultora EcoGo, identifica a los altos niveles de morosidad como uno de los factores del freno y recorte en las proyecciones de crecimiento
En junio, los envíos al exterior se ubicaron en USD$9.055 millones y, aunque retrocedieron respecto del mes anterior, permanecieron en niveles elevados. En julio, las exportaciones alcanzaron USD$8.854 millones, un récord para ese mes.
“El Gobierno, en un baño de realidad, dejó de hablar de esa meta y finalmente entendió que la desinflación es un proceso lento”, señaló el economista, fundador y presidente de la asesora Analytica, Ricardo Delgado, sobre la meta de que el índice mensual empiece con cero y subrayando que “para bajar la inflación hace falta paciencia estratégica” y que “este año no es de un gran logro anti inflacionario”.
El crecimiento también se reflejó en la comparación interanual. Las exportaciones aumentaron 30.1% en marzo, 33.6% en abril y 34.4% en mayo. Posteriormente, el ritmo de expansión se moderó, con una suba del 24.5% en junio y del 14.1% en julio.
El avance de las ventas externas permitió sostener un amplio superávit comercial durante todo el período. El saldo positivo fue de USD$2.523 millones en marzo y de USD$2.711 millones en abril, antes de alcanzar un máximo de USD$3.504 millones en mayo. En junio, el superávit se redujo a solo USD$2.194 millones y en julio volvió a disminuir hasta USD$2.115 millones.
Los 500 puntos que complican a Caputo
El riesgo país es el sobreprecio (o spread) que un país emergente debe pagar sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. para financiarse en dólares, donde este mide diariamente el índice EMBI+ de JP Morgan. Cuanto más alto, más caro y difícil es para el Gobierno y las empresas conseguir crédito internacional.
Este martes, el indicador volvió a superar los 500 puntos durante la rueda para estacionarse en 496 puntos básicos. Aunque en lo que va de 2026 acumula una baja de 73 puntos —reflejo del equilibrio fiscal, la recuperación de reservas y mejoras en las calificaciones de deuda—, sigue lejos del umbral necesario para volver a los mercados. Un experto del BBVA fue explícito, explicando que “deberíamos verlo por debajo de los 300 puntos como para pensar en un retorno del Tesoro a los mercados internacionales de deuda”.
El nivel del riesgo país desbarata uno de los supuestos centrales del programa de Luis Caputo. El mercado calcula que al Gobierno le faltan unos USD$10.000 millones para cubrir los vencimientos de deuda hasta el final del mandato del presidente Javier Milei, y un riesgo país alto encarece esa refinanciación. Pero el problema no termina en el Tesoro, siendo que también encarece el financiamiento de las empresas que acumularon deuda durante el “festival de emisiones” y de las inversiones que el propio Gobierno presenta como el motor de la próxima etapa.
Lo que conecta el riesgo país es un factor completamente externo. Una crisis energética global derivada de la guerra en Medio Oriente, ya que con la presión internacional se habría ayudado a subir el riesgo país argentino de manera indirecta.
Arabia Saudita ocupa un papel central en el mercado energético internacional por su capacidad para aumentar o reducir rápidamente su producción y compensar eventuales faltantes de crudo, una función que le ha valido la comparación con un “banco central del petróleo global”.
Tras el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán en medio de la guerra, Riad pasó a depender de manera decisiva del oleoducto Este-Oeste para redirigir cerca de 4 millones de barriles diarios, equivalentes a aproximadamente el 4% del suministro mundial, hacia el puerto de Yanbu, sobre el mar Rojo.
Sin embargo, el viernes, una serie de ataques con drones atribuidos a los hutíes de Yemen obligó a interrumpir el funcionamiento de esa vía, considerada la principal alternativa saudí para eludir Ormuz. La situación aumentó la presión sobre las reservas almacenadas en Yanbu, que alcanzarían para sostener apenas entre cinco y siete días de exportaciones.
El impacto se refleja también en los niveles de extracción. La producción saudí cayó hasta los 6.2 millones de barriles diarios en agosto, muy por debajo de los 10.9 millones registrados en febrero, antes del inicio del conflicto. La combinación entre la reducción de la producción, el bloqueo de Ormuz y la interrupción del oleoducto hacia el mar Rojo amenaza así con limitar considerablemente la capacidad de Riad para actuar como proveedor de última instancia del mercado petrolero mundial.
Con la promesa de “señales de mejora en el clima social” estampada en la tapa, Zentrix difundió su Monitor de Opinión Pública de agosto. La consultora sostiene que se mantiene firme la base que respalda el modelo económico de cara a 2027, aunque los datos que eligió hacer públicos dibujan un país que llega a fin de mes a fuerza de préstamos. El 60,2% de los encuestados tomó alguna deuda o crédito en los últimos seis meses.
Lo que se compra con esa plata dice más que el porcentaje. El 55,6% de quienes se endeudaron lo hizo para cubrir alimentos y salud, otro 20,4% para pagar tarifas y servicios, y apenas el 10,7% para adquirir bienes durables, la clase de deuda que suele leerse como apuesta al futuro y que acá empata con las situaciones imprevistas (10,3%). Entre los menores de 40 la proporción de endeudados trepa al 67,1%, baja al 63,5% en la franja de 40 a 59 y se ubica en el 54% entre los mayores de 60.
Al día 5 ya se quedó sin ingresos el 12,2%. Al 10, uno de cada cuatro. Al 20, el 65%. Solo el 22,9% llega a fin de mes con lo justo y un 10,7% logra además guardar algo.
Si en la clase alta el 39,4% termina el mes ahorrando y otro 53,3% llega sin sobresaltos, en la clase baja nadie ahorra y el 87,6% agota su dinero antes del día 20, con más de un tercio (35,5%) en rojo antes del 10. En la clase media, el 51,4% se queda sin plata antes del 20 y solo un 16,3% consigue reservar algo.
Mientras la desaceleración de los precios se presenta como el gran activo del Gobierno, el 81,2% de los consultados siente que su salario pierde contra la inflación y apenas el 14,3% cree que le gana. Tampoco el termómetro oficial convence: para el 65,8%, el índice del INDEC no refleja lo que paga en el supermercado, contra un 31,6% que le da crédito.
Tal vez por eso la inflación, que durante años encabezó cualquier sondeo, cayó al último lugar del ranking de preocupaciones con el 12,7%. El miedo se mudó al recibo de sueldo. Ingresos y salario lideran con el 50,1%, pegados a la incertidumbre económica (49,8%), y detrás se ordenan el desempleo (40,9%), la corrupción (39,6%) y las tarifas de servicios públicos (35,2%).
Puertas adentro, el 29,8% califica su situación económica como buena o muy buena, un 32,4% la considera regular y el 37,6% la ve mala o muy mala. Cuando la pregunta se corre al país, el juicio se endurece y el 59,4% responde mal o muy mal, con un 43,3% que elige directamente la peor opción.
Incertidumbre, angustia, miedo, tristeza. Esas fueron las palabras que más se repitieron cuando la encuesta pidió resumir en una sola lo que despiertan los próximos doce meses. “Esperanza” aparece como el término positivo con más peso, aunque rodeada de “bronca”, “preocupación” y “desesperanza”.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó definitivamente el pasado miércoles, con 30 votos afirmativos y ninguno negativo, la derogación de la Ley 4.506, la norma que desde 1965 garantizaba una pensión vitalicia a quienes ocuparon la gobernación y la vicegobernación de la provincia. La votación puso fin a un régimen que llevaba 61 años de vigencia y que figuraba entre los más antiguos vinculados a la dirigencia política entrerriana.
La ley derogada establecía una prestación equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo. Por ello, quien había ejercido los cargos conservaba, hasta el final de su vida, tres cuartas partes del sueldo que percibía en funciones, sin que mediara ninguna otra condición que el haber ocupado ese lugar.
La iniciativa que terminó con ese esquema fue enviada por el Ejecutivo provincial en enero de 2024, apenas iniciada la gestión del gobernador Frigerio. El proyecto atravesó el tratamiento de ambas cámaras de la Legislatura, recibió modificaciones en el Senado y volvió a la Cámara baja.
— Gabriela Lena, diputada provincial
Frigerio y Aluani serán el primer gobernador y la primera vicegobernadora de Entre Ríos que completarán su mandato sin adquirir el derecho a cobrar el beneficio previsto por la legislación, que ahora quedó sin efecto.
En una publicación en redes, el mandatario ubicó la medida dentro de la política general de la administración: “Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos. Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”.
— Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos durante la sesión
La eliminación de las pensiones vitalicias se inscribe en una agenda que el Gobierno provincial puso en marcha desde diciembre de 2023.
En ese período, la gestión redujo prácticamente a la mitad los cargos políticos y eliminó un nivel completo de la estructura jerárquica del Estado. También terminó con los gastos reservados, avanzó sobre los sobresueldos y la acumulación de remuneraciones, redujo las adscripciones de personal y puso en marcha herramientas para transparentar la nómina estatal, los salarios y las declaraciones juradas de los funcionarios.
El consorcio de Walter Román y Mauricio Filiberti compite solo contra Roggio por el 90% de la empresa. Otra rama de la familia ya integra la concesión de la Hidrovía, y firmas del grupo aportaron fondos a La Libertad Avanza en 2025.
Más del 80% siente que el sueldo pierde contra la inflación y el 65,8% desconfía del índice del INDEC. Con apenas el 22,9% llegando con lo justo a fin de mes, el salario ya encabeza las preocupaciones
En el primer capítulo, Casielles radiografió a una clase política incapaz de hacer autocrítica, encerrada en su propio narcisismo y alimentada por la aprobación inmediata de las redes.
Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires.
La magistrada reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones: “El Poder Judicial no…
