Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Unos días antes del trágico 22 de agosto en el que se repetía, en la localidad bonaerense de Moreno con más de 20 saqueos en comercios para rapiñar lo que encontraran a su paso, el dirigente kirchnerista Ramón “Machi” Cabrera le aseguraba a un periodista que lo entrevistaba sobre la vuelta de los mismos.
Amén de la provocación del entrevistador para arrancarle el título, es imprescindible aclarar que este tipo de personajes se pasean por la ciudad desde hace al menos unos 30 años. Mientras dichos sectores culpan de los saqueos actualmente a Javier Milei, Patricia Bullrich y demás espacios opositores.
El referente de Frente Argentino Revolucionario amenazó contra sus “compañeros peronistas” que están más arriba y “no se acuerdan de los pobres”. Del mismo modo, reclamó que en diciembre del 2022 su organización “puso plata”. ¿De qué recursos hablaba?
Lejos de retroceder en sus declaraciones, afirmó y hasta justificó los saqueos hacia el sector privado. Con la idea de “hacer oír los reclamos” hacia las medidas económicas del Gobierno. ¿”Machi” seguirá alentando al buen estilo de Raúl Castells?
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
Santiago Caputo tuvo una noche de furia en la red social X y le terminaron suspendiendo la cuenta luego de amenazar al ex presidente Mauricio Macri.
“Al señor desesperado por cajas y resortes de poder q habla con todos los popes del periodismo nacional viendo como rayar al gobierno le queremos decir q se adapte o muera”, escribió Caputo desde su cuenta @SnakeDocLives.
“Su tiempo ya pasó. Hoy cosechan 10 años de malas decisiones. Las advertencias fueron debidamente presentadas”, amenazó el asesor estrella de Javier Milei. El tuit ya no se puede ver porque la cuenta fue suspendida un rato después.
El asesor presidencial venía de amenazar con hacer “callar” a un tuitero militante de Victoria Villarruel y de hacer alarde de tener una pistola Glock 45.
El posteo que terminó infringiendo las normas de la red social de Elon Musk fue uno en el que compartió un video en el que mostraba varias armas de guerra y equipamiento militar. El mensaje parecía amenazar a quienes habían cuestionado el tuit de la Glock.
De todos modos, el video no era propio sino de otra cuenta, según descubrió el usuario Dengue Xiaoping. “Dedicado al Topo Rodríguez, Diego Sehinkman, la ANMAC, los que manejan híbrido y al enfermo mental que le puso Bioeconomía a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca”, había escrito el joven Caputo.
El publicista ya había tenido que cerrar una cuenta anterior de X, llamada “Enfant Terrible“. Según supo el sitio político LPO, su grupo más cercano le aconsejó en ese momento que lo haga y le viene pidiendo que también cierre SnakeDocLives.
La interna política del gobierno de Javier Milei tuvo una escalada internacional. Karina Milei, hermana y secretaria general de la Presidencia, protagonizó un encuentro de urgencia con el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, en un intento por “neutralizar” las declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Todo comenzó cuando Villarruel, a través de su cuenta en la red social X, expresó su apoyo al futbolista Enzo Fernández y criticó duramente a Francia. “Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo, yo te banco, Messi, gracias por todo. ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!”, manifestó la vicepresidenta, en referencia a los cánticos de la selección argentina.
Estas declaraciones llegaron a pocos días de que el presidente Javier Milei viaje a París para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos, y provocaron un malestar considerable en la sociedad francesa. Ante la posibilidad de un conflicto diplomático, Karina Milei tomó la iniciativa y se reunió con Nadal para pedir disculpas oficiales.
Según fuentes de la Casa Rosada, el encuentro duró más de media hora, durante el cual Karina Milei se esforzó en dejar claro que las opiniones de Villarruel no representan la postura del gobierno argentino. “Fue una gestión de urgencia y reservada que buscó neutralizar los efectos negativos de una declaración polémica”, comentó un colaborador del presidente.
La reunión no pasó desapercibida en el ámbito político nacional. La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel fue objeto de escrutinio debido a las tensiones y diferencias que han surgido en los últimos meses. Desde la negativa de Villarruel a apoyar ascensos militares impulsados por el Ministerio de Defensa, hasta su ausencia en eventos clave y ahora esta controversia internacional, los roces se han vuelto más evidentes.
“No estuvo bien. Karina se tuvo que juntar de urgencia con el embajador de Francia para desactivar el conflicto que generó Victoria Villarruel. Pudo solucionarlo”, afirmaron fuentes oficiales.
El episodio también puso de relieve la frágil dinámica entre las principales figuras del gobierno: A pesar de que tanto en público como en privado se adoptó la postura de que los comentarios de Villarruel fueron “desafortunados”, las tensiones internas persisten.DianaMondino, la canciller, no participó en la reunión con Nadal —una decisión que algunos interpretan como una muestra de la falta de cohesión dentro del equipo de gobierno—.
La vicepresidenta, quien no tiene despacho en la Casa Rosada y opera desde el Senado, ha mantenido una relación distante con otros miembros clave del gobierno. Su cercanía con el ex presidente Mauricio Macri también generó suspicacias.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este lunes el envío a la legislatura provincial de un proyecto de ley para establecer un nuevo régimen de fomento de inversiones estratégicas. Con esta iniciativa, pretende garantizar que YPF y la petrolera malasia Petronas construyan una planta de tratamiento de Gas Natural Licuado (GNL) en Bahía Blanca.
“Vamos a presentar un proyecto de ley para un régimen provincial de fomento de inversiones estratégicas que promuevan grandes inversiones, producción y empleo en la provincia de Buenos Aires”, afirmó el gobernador durante una conferencia de prensa en La Plata. Según el burócrata, esta ley tiene como objetivo cubrir varios de los requisitos y necesidades planteados por las compañías energéticas para avanzar con el proyecto en Bahía Blanca.
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, junto al presidente de YPF, Horacio Marín
El mandatario explicó que los proyectos que se acojan a este nuevo régimen recibirán tratamiento prioritario en términos de aprobación normativa y añadió que ofrecerán estabilidad tributaria por un periodo similar al del régimen nacional.
Tras el anuncio de Kicillof, el vocero presidencial, ManuelAdorni, comentó desde Casa Rosada que “Kicillof tiene la libertad, dentro del marco legal, de hacer lo que considere necesario”, pero resaltó las deficiencias de la provincia y la importancia de generar confianza en los inversores.
El proyecto de la planta de GNL, planeado desde 2017, representa una inversión de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares en los próximos ocho años. Aunque la provincia de Río Negro ya ha adherido al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Kicillof apuesta por este nuevo régimen provincial para atraer la inversión a Bahía Blanca.
En una sesión polémica y tensa, la Cámara Alta vivió un controversial momento cuando el senador de La Libertad Avanza (LLA), Juan Carlos Pagotto, introdujo modificaciones escandalosas en el proyecto de ley destinado a aumentar las penas por la compra y venta de niños.
Desde su banca, el legislador riojano —miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales— propuso que las familias que vendan a sus hijos por necesidad queden exentas de pena. Pagotto, conocido aliado de Lule Menem, leyó estas modificaciones como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría, generando una inmediata y feroz reacción y confusión de la oposición.
Durante la sesión, Pagotto enunció: “Se impondrá prisión de 4 a 10 años a quien reciba o entregue un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”. Sin embargo, agregó: “Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad”.
La senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, lo interrumpió inmediatamente: “No está leyendo el dictamen, ¿no, senador Pagotto? Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas pero no es el dictamen”. La aclaración de Di Tullio desató una ola de críticas hacia Pagotto, quien intentó excusarse diciendo que el dictamen de comisión era solo una “guía” y que la discusión debía darse en el pleno.
El debate giraba en torno a la modificación del artículo 139 bis del Código Penal, inicialmente impulsada por la senadora radical, Carolina Losada, y el peronista, Antonio Rodas. El proyecto buscaba endurecer las penas por la compra y venta de menores, aumentando las condenas de “4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.
La “trampa” de Pagotto y la inclusión de la excepción para familias en estado de necesidad provocaron un escándalo mayúsculo: “Hay familias enteras que tienen ocho o nueve hijos, que alguna vez han dando, como quien dice, algún chico y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección”, expresó, intentando justificar su polémica modificación.
Pagotto junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem
La organización Militamos la Adopción denunció la maniobra del senador libertario a través de Twitter, señalando que los cambios propuestos hubieran implicado la aprobación de un código penal que legalizaba la venta de menores de edad. La reacción de los senadores y la presión de la sociedad civil lograron evitar la aprobación de esta modificación, devolviendo el proyecto a la comisión para un análisis más exhaustivo. “Los niños no son mercancía, ni puede equipararse la apropiación con adoptar. No existe la adopción ilegal, si no es legal es apropiación”, puede leerse en el texto.
El proyecto original de Losada y Galaretto contemplaba la eximición de la pena a los progenitores en “situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas”, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en el Capítulo. Esta redacción más cuidadosa buscaba evitar la criminalización de las familias más vulnerables sin abrir la puerta a la legalización de la venta de niños.
Finalmente, el Senado aprobó la ley en general por unanimidad, pero la intervención —señalada como “maliciosa”— de Pagotto, y la necesidad de un debate más profundo sobre el articulado, obligaron a los legisladores a regresar el expediente a comisión. La votación final, sin embargo, reafirmó el compromiso del Senado con la protección de los menores y el endurecimiento de las penas por su comercialización.
El ministro de Defensa, Luis Petri, acusó al gobierno anterior de desviar fondos destinados a las Fuerzas Armadas. Durante la entrega de cinco tanques TAM 2C AC modernizados en Magdalena, Buenos Aires, Petri reveló que se usaron 20 millones de dólares del astillero Tandanor para construir pérgolas y refugios de ómnibus, en lugar de reparar buques.
Petri destacó que estas decisiones políticas con sesgo ideológico retrasaron la modernización de los tanques y otros equipos militares. Afirmó que desde que asumieron en diciembre, el gobierno ha destinado recursos para equipar adecuadamente a las Fuerzas Armadas, incluyendo la adquisición de aviones supersónicos F-16.
La modernización de los tanques TAM 2C AC se realizó en colaboración con la empresa israelí Elbit Systems, mejorando significativamente sus capacidades operativas con tecnología de última generación. El ministro de Defensa enfatizó que se han invertido más de 21 millones de dólares en proyectos de drones, sin resultados concretos hasta el momento.
En su discurso, Petri declaró: “Los recursos han estado disponibles, lo que claramente se les ha dado otro destino por decisión política”. Además, subrayó: “Esa Argentina en donde los recursos que se destinaban para la defensa iban a la fabricación de pérgolas no va más, esa Argentina, en donde los recursos de las Fuerzas Armadas terminaban en cajas de la política se terminó, se acabó”.
El ministro criticó la falta de inversión y el desvío de fondos en el pasado, subrayando la necesidad de destinar los recursos a los intereses vitales de la patria y no a otros fines. Además, cuestionó la retención de ascensos militares por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel y la disponibilidad de fondos para la compra de sistemas de armas y la remodelación de bases militares.
La visita incluyó una demostración dinámica de los tanques en la pista de prueba y una exposición de los desarrollos en curso en la planta de producción. Petri concluyó reiterando el compromiso de su gestión con la modernización y el equipamiento de las Fuerzas Armadas para garantizar la paz y la seguridad de Argentina.
Tras las declaraciones del jefe de Gobierno Jorge Macri sobre irregularidades en la gestión anterior relacionadas con los procesos de licitación para el acarreo de autos, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal para investigar posibles delitos de cohecho y defraudación al Estado durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.
La denuncia se formuló después de que Macri anunciara la cancelación de los contratos con las empresas de grúas de acarreo, señalando directamente a la administración de Rodríguez Larreta por irregularidades en los procedimientos de licitación. “Una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre, yo asumí el 7 de diciembre. Con algunas firmas hechas el 11, con funcionarios que ya no eran funcionarios. Es parte de una investigación interna que estamos haciendo”, explicó Macri en una entrevista con LN+.
Y agregó: “No sé si hubo mano negra. Alguien creyó que faltaba firmar algo y lo firmó. Para mí está mal hecho. Lo firmó después de que dejó de ser funcionario. Firmó después de que había dejado el cargo, sin tener la potestad”.
Al ser preguntado sobre si el gobierno anterior había actuado de manera “impropia”, contestó: “Yo creo que sí, pero eso lo definirá una investigación interna. Vamos a ver si termina en la Justicia. Si hay delito es otra cosa. Si está aclarado administrativamente que hubo una firma digital antes y que después solo se perfeccionó en papel, que pudo haber pasado. Igual, si se firmó el 6 o 7 de diciembre cuando se estaban yendo y yo asumo el 7, por lo menos fue descortés para conmigo”.
Monastersky decidió presentar la denuncia tras leer un artículo que reflejaba las declaraciones del jefe de Gobierno. En su escrito, Monastersky indicó: “Que vengo a formular denuncia penal por averiguación de ilícito, al tomar conocimiento en día de hoy sobre la cancelación de contratos preadjudicados a las empresas de acarreo, el jefe de Gobierno apuntó directamente contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por irregularidades en los procesos licitatorios. Todo hace presumir que dicha decisión fue tomada porque se habrían cometido delitos a investigar como el de cohecho activo y pasivo y defraudación al estado”.
En su pedido, el abogado citó fragmentos de una nota de Infobae relacionados a los comentarios de Macri durante la entrevista, donde explicó: “Hoy el acarreo vale 25 mil pesos. Si yo tuviera que cobrar el acarreo al valor que se licitó tengo que cobrar 181.250 pesos. Siete veces más. Pero eso no es todo, es más grave”.
Y añadió: “Es la única licitación, además de la basura, que fue por 10 años. Todas las demás son siempre por cuatro. Le dan 8 millones de dólares de adelanto a las empresas para que se equipen. Les pagamos antes de que arranquen 8 millones de dólares. Les garantizamos acarreos aunque no los hagan: 24 mil por mes. Supongamos que los porteños se educan en el marco de 10 años y baja la cantidad de autos mal estacionados, igual les pago. Es un negocio en el que te doy la plata, te garantizo el mercado y la rentabilidad es más del doble que lo que me cuesta hacerlo a mí hoy”.
En ese contexto, el jefe de Gobierno aclaró: “Yo no me lo quiero quedar siempre estatizado, lo que digo es ‘así no lo voy a adjudicar’. Lo sigo teniendo en la Ciudad, pero no descarto hacer una licitación distinta. En el medio, garantizamos el trabajo a los que están hoy y la seguimos haciendo nosotros. Era tres empresas porque eran tres zonas”.
Entre otras solicitudes, Monastersky pidió que se corra vista al fiscal y que se designe a peritos informáticos e ingenieros de oficio para que “propongan medidas de prueba”. Además, solicitó que se continúe con la tramitación del expediente “con toda prueba que vuestra fiscalía y el Juzgado considere”.
