Diputado K presentó un proyecto para nacionalizar los depósitos bancarios
Se trata del burócrata ultra K de Jujuy. Luis Martiarena. "Con este proyecto los ahorros de todos estarán respaldados y protegidos", argumentó.
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JoséLuis Martiarena, diputado nacional por la provincia de Jujuy, anunció presentó hace horas un proyecto de ley que denominó “Reforma del sistema financiero para la reactivación económica y reconstrucción nacional”, el cual tiene el objetivo de nacionalizar los depósitos bancarios “para proteger los ahorros” de los argentinos y así “recuperar el créditos y reactivar la economía”.
“Hay que cambiar la política financiera neoliberal de Martínez de Hoz, nacionalizar los depósitos bancarios para recuperar el crédito para la reactivación económica”, twitteó el diputado, que siguiendo la línea del autoritarismo que representa, especificó que “el Estado debe controlar los resortes de la economía y recuperar el crédito que debe ser regionalizado para impulsar la reactivación económica y la reconstrucción nacional”.
“Los bancos comerciales, de inversión, de desarrollo, hipotecarios, compañías financieras, sociedades de crédito para consumo, cajas de crédito y de ahorro, cualquier otra entidad incluida en la Ley 21.495 y Ley 21.526 procederán a transferir todos los depósitos al Banco Central de la República Argentina y se practicarán a ese fin las pertinentes registraciones contables. La recepción de depósitos, en pesos, sólo podrá ser realizada en todo el territorio del país por el Banco Central de la República Argentina”, sostiene el artículo 1 del proyecto.
Martiarena concretamente propone “nacionalizar los depósitos y cambiar la política financiera neoliberal de especulación y timba financiera. Con este proyecto los ahorros de todos estarán respaldados y protegidos, de esta forma se termina con la usura, abusos y corralitos de los bancos”.
El proyecto ultra intervencionista también comprende “cualquier otra forma de captación de fondos del público, con prescindencia de la denominación que se asigne al instrumento por medio del cual aquélla se exteriorice o la tecnología que utilice de conformidad a la determinación que el Banco Central de la República Argentina deberá realizar al efecto en la reglamentación de la presente Ley”.
Incluso destacó que “los bancos y las demás entidades financieras no podrán girar ni utilizar los depósitos y fondos a que se refiere el artículo anterior, sin autorización del Banco Central de la República Argentina, sin perjuicio de atender los retiros y movimientos que sobre los mismos dispongan los titulares”.
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El gobierno de Javier Milei puso la mira sobre la mayor caja previsional del país. El Ministerio de Economía analiza utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS para financiar al mercado inmobiliario y reactivar el crédito hipotecario. La medida busca generar empleo rápido, pero vuelve a encender las alarmas sobre el uso del dinero previsional.
El FGS es, en palabras simples, un pozo de dinero, bonos y acciones que administra el Estado. Su función original es actuar como un fondo de reserva para asegurar que el pago de las jubilaciones esté garantizado en el futuro.
La jugada se delineó en reuniones del equipo económico con bancos y desarrolladores inmobiliarios. El propio Luis Caputo les propuso juntarse para armar un fondo inmobiliario común. A cambio, prometió que el Estado duplicará o triplicar ese dinero usando préstamos extranjeros y los fondos de la ANSeS.
En la jerga financiera, el Gobierno habla de “apalancar” el crédito con estos recursos. Esto significa, básicamente, usar una cantidad menor de dinero como base o garantía para conseguir un financiamiento mucho más grande. El plan oficial es que la plata de los jubilados funcione como el motor y el respaldo que los bancos privados exigen para volver a prestar.
El mecanismo técnico detrás del plan se conoce como “securitización”. En palabras simples, consiste en que los bancos agrupen los créditos hipotecarios que ya otorgaron y se los vendan en un “paquete” a ANSES. Así, los bancos recuperan su dinero de inmediato para volver a prestar, eliminando el riesgo de esperar décadas para cobrar, mientras que el Estado Nacional asume la carga de largo plazo y el riesgo.
Esta ingeniería financiera responde a la fuerte presión de las cámaras empresariales y grandes desarrolladores del sector. Con un mercado inmobiliario paralizado, altas tasas de interés y la pérdida de más de 81.000 empleos registrados en la construcción, las corporaciones del ladrillo exigieron un salvavidas estatal. La respuesta oficial fue abrir la misma caja previsional que el kirchnerismo utilizó en el pasado.
Casi 7 millones de personas quedaron fuera del circuito bancario por registrar atrasos mayores a 90 días en préstamos y tarjetas. Lo que el Gobierno buscó presentar como un problema acotado mutó en una crisis sistémica: de los 30 principales bancos del país, 26 ya muestran su morosidad en alza.
Los datos de la consultora 1816, basados en la Central de Deudores del Banco Central, confirman que la irregularidad de los hogares escaló al 12,7% en mayo. La velocidad del deterioro expone la gravedad del cuadro: en octubre de 2024 la mora era del 2,5%, lo que significa que se multiplicó por cinco en apenas un año y medio.
Esto encadena 19 meses consecutivos de subas, reflejando un descontrol contable que asfixia los balances del sistema financiero. El tendal de deudores expulsados consolidó un desplome sin antecedentes desde la salida de la convertibilidad.
Santiago Bausili, presidente del Banco Central.
La juventud como principal víctima del ahogo financiero
La segmentación por rango etario expone que el eslabón más joven de la población es el que peor está pagando la crisis. Los datos oficiales revelan que el 40% de los jóvenes de entre 26 y 35 años ya arrastra deudas impagasen bancos o billeteras virtuales, un número que representa de forma consolidada el 31,5% de la masa total de deuda del sistema.
El panorama se vuelve todavía más crítico en la base de la pirámide, correspondiente al segmento de 18 a 25 años. En este sector de menores ingresos y mayor precarización laboral, el índice de morosidad alcanza su pico máximo, registrando un 42,8% de saldo de impago en las cuentas de consumo.
Irregularidad de crédito con bancos y entidades no bancarias, por edad.
El estallido de las finanzas digitales
El colapso es todavía más severo en el ecosistema de las billeteras virtuales y entidades no financieras, donde la morosidad saltó del 10% al 32,2% en un año. Este sector, que representa el 17% del crédito total otorgado a las familias, exhibe carteras de altísimo riesgo por la falta de regulaciones firmes en el otorgamiento.
La crisis en el sector tecnológico no es nueva para Data 24, donde ya informamos el caso extremo de Ualá. En dicha plataforma, el descontrol en la aplicación móvil llevó la mora al 63,67% y provocó un corralito técnico, confirmando la peor ruptura de la cadena de pagos en dos décadas dentro del segmento fintech.
Pierpaolo Barbieri (fundador de Ualá) junto a Javier Milei.
La responsabilidad política
La raíz del endeudamiento responde a una combinación deasfixia y mala praxis política. Con los salarios pulverizados, las familias se vieron obligadas a tomar crédito para financiar gastos corrientes y alimentos. A esto se sumó la estrategia del Gobierno de sostener las tasas de interés del BCRA por las nubes para pisar el dólar, lo que terminó destruyendo la capacidad de pago de los deudores.
Este escenario anula por completo al crédito como motor del consumo para el año electoral entrante, según advierten los analistas. Mientras el Banco Central descarta de forma categórica cualquier tipo de rescate financiero para el sector privado, los funcionarios aseguran que el pico de la mora ya pasó y confían en que el bache se corregirá mediante el impacto del aguinaldo y la licuación de deudas.
En una entrevista emitida en el segmento Perdón por la Vehemencia, por Canal EY! a cargo del periodista Eduardo Prestofelippo (más conocido como El Presto), el cofundador y exintegrante de La Libertad Avanza (LLA) Eugenio Casielles analizó el fracaso de la sesión que buscaba interpelar al exvocero presidencial, Manuel Adorni por las denuncias de corrupción que golpean al oficialismo.
“Acá siempre la culpa es del otro. Sí por lo menos tuvieran los huevos de decir ‘me equivoqué, no lo analicé’ o algo. Dijeron una cosa e hicieron otra, nadie paga el costo, solo los argentinos”, afirmó Casielles, uno de los pocos que quiso hablar del tema públicamente.
La iniciativa no consiguió el quórum necesario y quedó frenada en el recinto legislativo de la Nación, dónde solo participaron 117 diputados, 12 menos de los 129 requeridos para habilitar el debate. El rechazo al avance de la sesión contó con el apoyo del PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y Provincias Unidas, en una jugada articulada por el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Martín Menem que terminó por bloquear la ofensiva opositora.
“Esto no tiene nada que ver con ningún partido estrictamente. Esto tiene que ver con un sistema que se rompió hace años y que está totalmente corroído y con pocos signos de recomponerse”, destacó Casielles, aclarando que en el gobierno “cada uno busca su propio interés”.
Adorni fue el vocero estrella del gobierno del presidente Javier Milei y luego ascendió a Jefe de Gabinete de Ministros. El escándalo se acumuló en capas sucesivas a lo largo de 2026, esperando cuando Adorni llevó a su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial ARG-01 a Nueva York para la “Argentina Week”, sin que la mujer tuviera función pública o estatal alguna. Adorni justificó el episodio con la célebre frase: “Vengo a deslomarme a Nueva York y quería que me acompañe”.
— Adorni junto a su esposa durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York
Sin embargo, previamente en febrero de este año, Adorni viajó junto a su familia a Punta del Este en un avión privado, cuyo costo —estimado en unos 10.000 dólares— fue pagado por un periodista amigo que además era contratista de la TV Pública. Esto abrió una causa por supuesto cobro de dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.
“Al final, el PRO le echó la culpa a (Martín) Insaurralde tanto tiempo y ahora que aparece a Adorni lo perdonan, ¿Cuál es la excusa?”, subrayó Casielles, haciendo referencia al exjefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien renunció en 2023 tras el escándalo mediático del yategate.
— la Justicia allanó las propiedades de Insaurralde para buscar información sobre bienes y el origen del dinero utilizado para ese viaje en yate a las costas de Marbella
La consiguiente investigación judicial detectó una disparidad alarmante entre el patrimonio declarado de Adorni y sus ingresos como funcionario. El fiscal federal Gerardo Pollicita lo imputó formalmente en marzo de 2026 por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectar inconsistencias “incontrastables”, incluyendo un presunto incremento del 500% en su patrimonio en un solo período fiscal.
La interpelación especial al Jefe de Gabinete está contemplada en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Según ese artículo, el Congreso puede citar al funcionario para que brinde explicaciones mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
Lo que hace a este mecanismo potencialmente devastador es su continuación lógica, ya que si en algún futuro la Cámara considera insatisfactorias las explicaciones de Adorni, puede avanzar con una moción de censura donde, si ambas Cámaras votan a favor, pueden remover al Jefe de Gabinete del cargo. La constitucionalista Lorena González Tocci subrayó que “este mecanismo nunca fue utilizado desde la reforma constitucional de 1994”, por lo que su activación sería un hecho inédito en la historia argentina.
“Al final terminan siendo socios. Hoy no veo la diferencia entre el kirchnerismo y LLA, el PRO y todos los demás”, dijo Casielles, añadiendo que “no tienen una mínima cuota de patriotismo, se pasan hablando de republicanismo y defensa de valores, pero cuando llega la hora de responder, no hacen ni lo básico”.
Ese mismo día, el foco de Adorni se trasladó al Senado, donde la oposición peronista había impulsado un proyecto de interpelación con moción de censura firmado por JoséMayans, Juliana Di Tullio, MarianoRecalde y Eduardo “Wado” de Pedro. La jugada del oficialismo en la Cámara alta fue aún más teatral, con el bloque de LLA conducido por Patricia Bullrich, que ingresó al recinto pero solo se quedó parado al costado de las bancas sin sentarse, esperando que vencieran los 30 minutos reglamentarios. El peronismo hizo lo mismo. Así, sin que nadie se sentara, nunca se alcanzaron los 37 senadores necesarios para abrir la sesión y el presidente provisional Bartolomé Abdala la dio por caída.
Ante el fracaso de la sesión del 23 de junio, Cristian Ritondo salió a decir que su partido logró “imponer su posición sin tener que votar con los K” y que la sesión “era un show mediático” porque la comisión ya estaba convocada. En otras palabras, el PRO usó el argumento de que el canal institucional (la comisión) hacía innecesaria la sesión forzada.
La UCR, por su parte, respondió en gran medida a los gobernadores radicales, quienes —incluso algunos enojados con el gobierno por los recortes de subsidios de Zonas Frías, como los de Córdoba y Santa Fe— tienen “un enojo controlado, hay temas y temas” y supuestamente no quieren terminar de pelearse totalmente con la Casa Rosada.
El Gobierno confirmó este jueves la adjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal (más conocida como Hidrovía) al consorcio que integran la empresa belga Jan DeNul y su socia argentina Servimagnus.
Se trata de la privatización más grande de la gestión de Javier Milei: 25 años a cargo del dragado, el mantenimiento y la señalización del río Paraná, la principal salida al Atlántico del comercio exterior argentino.
Para dimensionar lo que estaba en juego, los especialistas en comercio exterior recurren a una comparación: la Hidrovía es, para la Argentina, lo que el Estrecho de Ormuz representa para el petróleo del mundo. Un cuello de botella estratégico cuyo control define quién cobra, quién exporta y, en buena medida, cómo circula la riqueza del país. Por sus aguas sale el 80% de las exportaciones de granos y derivados, el 95% del transporte de contenedores y la totalidad de los embarques de la industria automotriz. En el corazón de ese sistema, sobre el Gran Rosario, entre Villa Constitución y Timbúes, casi 30 terminales portuarias forman el segundo complejo agroexportador más grande del planeta, detrás del de Nueva Orleans. Solo en 2025, los barcos que navegaron por esa traza movieron US$ 52.337 millones en exportaciones agroindustriales, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
La decisión quedó formalizada en la resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada en el Boletín Oficial. Con ella el Ejecutivo cerró un proceso que llevó más de un año y medio y dio por concluida la etapa más importante de su programa de privatizaciones. La Vía Navegable Troncal tiene 1.635 kilómetros y concentra el mayor movimiento portuario y productivo del país, con cerca de 60 terminales a lo largo de su recorrido.
El beneficio que el Gobierno puso por delante es una baja inicial del 13,5% en el peaje: de los 4,30 dólares por tonelada de registro neto vigentes a 3,80 dólares, hasta que se ejecuten las obras de profundización del dragado. Esa rebaja implicaría un ahorro de entre 35 y 40 millones de dólares anuales para el sector productivo en la primera etapa. Luego la tarifa subirá a 4,65 dólares y terminará en 5,78.
CÓMO SE DEFINIÓ LA LICITACIÓN
La compulsa terminó con un empate en la oferta económica. Jan De Nul-Servimagnus y la también belga DEME (siglas en inglés de Dragado, Ingeniería Ambiental y Marina) ofertaron la tarifa mínima fijada en el pliego: 3,80 dólares por tonelada. Al ser idéntico el precio, la definición pasó al terreno técnico, y allí Jan De Nul sacó ventaja por su experiencia previa, ya que había tenido la concesión entre 1996 y 2021 y siguió con contratos provisorios mientras el Estado administró la vía. En esa evaluación obtuvo 66,20 puntos contra los 42,14 de DEME.
El origen de esa experiencia se remonta a tres décadas atrás. En 1995, el gobierno de Carlos Menem adjudicó, mediante el Decreto 253/95, el dragado y balizamiento del Paraná a Hidrovía S.A., un consorcio formado en partes iguales por Jan De Nul y la argentina EMEPA. La concesión se pactó por diez años, pero se prorrogó de manera sucesiva hasta 2021. Durante el gobierno de Mauricio Macri no hubo una nueva licitación, porque ese contrato seguía vigente; la gestión de su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se limitó a preparar pliegos y estudios para una futura concesión. Al vencer el contrato en 2021, el gobierno de Alberto Fernández dispuso, mediante el Decreto 427/2021, una administración transitoria en manos de la Administración General de Puertos (AGP), prorrogable hasta que una nueva licitación definiera al adjudicatario. Esa etapa estatal es la que ahora llega a su fin.
– Pieter Jan De Nul, Country Manager de Jan de Nul Argentina
El camino hasta esta adjudicación no fue lineal. La primera licitación de la gestión Milei, lanzada entre fines de 2024 y febrero de 2025, colapsó: terminó con una sola oferta (la de DEME) en medio de denuncias del PRO y la Coalición Cívica por presunta corrupción y direccionamiento, y con un dictamen negativo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía anticorrupción. El Gobierno declaró nulo aquel proceso y lo reencauzó con un nuevo pliego.
En esta segunda vuelta, en cambio, la adjudicación contó con el visto bueno de casi todos los actores, en especial los usuarios de la Hidrovía (los exportadores) y las provincias. No por eso estuvo exenta de tensiones: hubo cruces mediáticos, lobby, presiones diplomáticas y una denuncia de la brasileña DTA Engenharia por presunto direccionamiento, que no prosperó. El Gobierno remarcó que no hubo impugnaciones formales del competidor que quedaba en pie, DEME, y la Justicia rechazó las denuncias que intentaron frenar la licitación.
LAS CIFRAS DEL NEGOCIO
El dragado, la señalización y el mantenimiento de la Vía Navegable Troncal constituyen un negocio estimado en 15.000 millones de dólares de ingresos para el operador a lo largo de los 25 años, con un plan de inversión de 10.000 millones.Según los cálculos oficiales, Jan De Nul tardará unos 7 años en obtener ganancias y 13 en recuperar sus inversiones, dado que deberá desembolsar entre 100 y 160 millones de dólares anuales durante los primeros seis años de la licencia.
Los peajes que se cobran a los exportadores (y que estos trasladan a los productores como un descuento en el precio de compra de granos y otros productos) generarían ingresos iniciales por unos 289 millones de dólares, que crecerían hasta los 389 millones en el año seis y saltarían luego a 517 millones. El contrato contempla obras de profundización, modernización de la señalización e incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico.
Todo se hará a riesgo empresario y sin aval del Estado, que conserva el rol de autoridad de control sin intervención directa.
DEFINICIONES OFICIALES
En un comunicado, el Ministerio de Economía señaló que la finalización de la licitación “impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica, un hecho histórico para el sector privado del país”. El organismo agregó que la firma del contrato, prevista para un máximo de 30 días, “activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos, y servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Vía Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico”.
La cartera de Caputo detalló, además, que las obras previstas “permitirán que los barcos completen la carga en puertos de origen, generando un mayor ahorro y expandiendo la frontera productiva del país, e impactará de forma directa en la competitividad de los sectores productivos e industriales argentinos, disminuyendo los costos logísticos globales y potenciando la exportación”. Con esta decisión, el Ejecutivo dio por cerrada la etapa pública de gestión.
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires bajo la administración del gobernador Axel Kicillof propone avanzar hacia un esquema de retenciones segmentadas al campo, en sintonía ideológica con la Resolución 125 de 2008. Junto con la ya abrumadora diferencia impositiva que enfrenta respecto de otras jurisdicciones.
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, dio el paso que generó el mayor revuelo político, durante su participación en la asamblea anual de Agricultores Federados Argentinos (AFA) en Rosario, propuso avanzar hacia un esquema de “derechos de exportación segmentados según escala productiva.”
— La 94ª Asamblea Ordinaria de Delegados de Agricultores Federados Argentinos (AFA) realizada en Rosario
“Las retenciones tienen que estar bien diferenciadas, segmentadas. Un productor más chico tiene que terminar pagando proporcionalmente menos que uno grande”, afirmó Rodríguez, delante de 166 delegados representantes de 30.000 productores asociados.
Esto sería exactamente lo que propuso la Resolución 125 de 2008, aunque aplicado a nivel nacional. Ahora, el kicillofismo lo reactualiza con una lógica similar pero desde el plano provincial, en la que el Estado bonaerense crearía un régimen propio de gravamen a las exportaciones según tamaño del productor.
Para entender el peso político de esta referencia, hay que recordar qué fue la Resolución 125. El 11 de marzo de 2008, el entonces ministro de Economía de la expresidenta Cristina Kirchner, Martín Lousteau, anunció un esquema de retenciones móviles, donde cuanto más subía el precio de la soja en Chicago, más alta era la alícuota que retenía el Estado, llegando al 49.33% con precios de 600 dólares por tonelada.
— Javier Rodríguez junto a Axel Kicillof
El sector agropecuario lo consideró confiscatorio porque eliminaba la previsibilidad, ya que si los precios subían en el mercado global, el productor no se beneficiaba porque el Estado capturaba esa ganancia extra. La reacción fue inmediata, con 127 días de protestas, cacerolazos, cortes de ruta y lock-outs que paralizaron al país. El conflicto se resolvió en el Senado, cuando el vicepresidente de aquel momento Julio Cobos, desempató con su histórico “mi voto no es positivo”.
Lo que propone el ministro Rodríguez replica la lógica segmentadora que en 2008 promovía la Federación Agraria Argentina, que sería proteger al pequeño productor y cargar más al grande. La diferencia es que ahora se plantea desde una provincia, lo que abre una pregunta jurídica de fondo.
¿Puede una provincia cobrar retenciones?
Las retenciones (derechos de exportación) son, según la Constitución Nacional Argentina, una potestad exclusiva del gobierno federal. Las provincias delegaron en la Nación la regulación del comercio exterior. Esto significa que, técnicamente, una provincia no puede crear un impuesto a las exportaciones con ese nombre.
“Creo firmemente que tenemos que eliminar las retenciones al campo. Son el peor impuesto: se llevan la plata y no vuelve nada. Tenemos rutas nacionales sin arreglar, no hay infraestructura productiva y no vuelve a las localidades donde están los campos ni a los caminos rurales. Si sacamos las retenciones, nuestros productores van a poder invertir, producir más e innovar. Ahí está el verdadero camino para que la Argentina crezca de verdad desde el interior”, destacó en la misma ponencia de forma disruptiva, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.
Sin embargo, lo que sí puede hacer la provincia es —como ya viene haciendo— incrementar el Inmobiliario Rural, los sellos, los ingresos brutos sobre actividades agropecuarias, o diseñar tributos que en la práctica funcionen como un gravamen sobre la producción exportable. La propuesta de Rodríguez podría materializarse como un tributo provincial “disfrazado” de otra figura legal, lo que abriría un frente judicial de enorme magnitud.
El Impuesto Inmobiliario Rural es el tributo provincial que grava la tenencia de tierra con uso agropecuario. En la Provincia de Buenos Aires (PBA), su base de cálculo se actualiza periódicamente y acumula hoy en día incrementos sucesivos que lo llevaron a niveles extraordinarios.
El Inmobiliario Rural: el gran culpable
En 2025, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) denunció que la gestión de Kicillof aplicó un incremento adicional del 25% en la quinta cuota del Inmobiliario Rural, en pleno contexto de inundaciones que dejaban millones de hectáreas bajo el agua. La ley impositiva 2025 ya había contemplado subas del orden del 28 a 34.4% efectivo. Para 2026, si bien no se aumentaron alícuotas formalmente, se prorrogó el revalúo de la tierra rural hasta fin de año, manteniendo una base imponible elevada
Esto provoca una paradoja política notable. Mientras Kicillof le exige al gobierno del presidente Javier Milei que baje las retenciones nacionales en nombre del campo, su propia administración provincial sostiene uno de los Inmobiliarios Rurales más onerosos de la Argentina.
El dato de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) del fin de 2025 ya alertaba que, aunque la baja de retenciones nacionales era bienvenida, el campo todavía entregaba al Estado el 56.3% de su renta agrícola en total.
De ese porcentaje, el 5.7% corresponde a impuestos provinciales, siendo Buenos Aires la provincia que más pesa en ese componente.
Con la propuesta del ministro Rodríguez de avanzar hacia retenciones segmentadas desde PBA, el escenario que temen las entidades rurales es que Milei baje las retenciones nacionales, pero Kicillof captura esa diferencia con nuevos tributos provinciales, dejando al productor bonaerense en el mismo punto de partida —o peor. CARBAP ya viene señalando que la rebaja nacional se “evapora” por el lado provincial y municipal.
Los números que no mienten
La asociación civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) publicó en junio de 2026 su primer Monitoreo Fiscal Subnacional, comparando la carga tributaria efectiva en lugares como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), PBA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
El hallazgo más impactante es el del productor agropecuario. Para una chacra de 200 hectáreas, la carga impositiva anual muestra fuertes diferencias entre provincias. PBA encabeza el ranking con $17.817.950, una cifra que representa el 13.10% de los ingresos anuales. Muy por debajo se ubican Mendoza, con $4.418.491, equivalente al 3.25%, Córdoba, con $1.383.100 y un 1.02%, y Santa Fe, que registra $1.260.000, es decir, el 0.93% de los ingresos anuales.
Esto significa que el mismo campo, con el mismo tamaño y producción, paga hasta 13 veces más en Buenos Aires que en provincias como Santa Fe o Córdoba. El factor que explica esta diferencia no es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) ni los sellos. Es el propio Impuesto Inmobiliario Rural, que en PBA puede representar el 11.54% de los ingresos anuales del establecimiento, transformándolo en un gravamen casi confiscatorio.
Para poner en contexto el informe, también se relevaron otros perfiles de contribuyentes en Buenos Aires. En el caso de una familia, la carga asciende a $2.840.057 al año, lo que representa el 6.57% de los ingresos. En un supermercado, el monto llega a $10.724.346 anuales, equivalente al 3.78%. Para la industria, el tributo es de $10.602.453 por año, con una incidencia del 3.93%. En tanto, para una chacra agrícola, la carga trepa a $17.817.950 anuales, o sea, el 13.10% de los ingresos.
El campo bonaerense paga proporcionalmente el doble que una industria y el triple que un comercio, siendo el sector más expuesto a la volatilidad climática y de precios internacionales.
No obstante, el gobierno nacional anunció en mayo de 2026 bajar las retenciones al trigo y la cebada de 7.5% a 5.5% a partir de junio, y proyectó una reducción gradual de las retenciones a la soja desde enero de 2027 hasta 2028. El Secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, llegó a decir que “el objetivo final es eliminar todas las retenciones al final del segundo mandato de Milei.”
CARBAP celebró la baja pero la calificó de insuficiente, reclamando la eliminación total. Al mismo tiempo, advirtió que PBA y sus municipios están neutralizando o superando el beneficio nacional con sus propios incrementos impositivos. Esta tensión entre Nación y PBA es el verdadero eje del conflicto, donde el gobierno federal intenta aliviar la carga sobre el campo, el bonaerense la sostiene o incrementa por su propio carril.
El cuestionamiento actual sobre el paper presidencial no es un hecho aislado, sino un eslabón más en una cadena de irregularidades que ponen en duda la originalidad de la obra escrita de Javier Milei. Lejos de ser la primera vez que el mandatario queda bajo la lupa por la apropiación de textos ajenos, su carrera como autor ha estado marcada por denuncias constantes sobre la falta de citación y la reproducción textual de trabajos de terceros sin crédito.
En 2024, su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” fue el centro de un escándalo cuando se reveló que contenía párrafos completos copiados de los economistas chilenos Verónica Mies y Raimundo Soto, escritos originalmente en el año 2000, sin que se les reconociera la autoría original.Ese mismo libro incluyó fragmentos no atribuidos de trabajos de autores del CONICET y de un manual de macroeconomía de Gregory Mankiw, acumulando decenas de páginas bajo sospecha de plagio.
El patrón de conducta se repite en otros títulos, como en su libro “Pandenomics”, de 2020, donde investigadores detectaron cerca de 30 páginas copiadas de al menos seis autores diferentes sin mención alguna; o el caso del prólogo escrito por Milei para la reedición de“4.000 años de controles de precios y salarios”, donde transcribió párrafos completos de la versión original del economista David L. Meiselman.
Cada uno de estos hitos refuerza un método de trabajo que, lejos de ser académico, se asemeja a una acumulación de textos ajenos presentados como propios, consolidando un historial de deshonestidad intelectual que precede a su gestión pública.
El cuestionado libro de Milei publicado en 2024, repleto de plagio.
Inteligencia artificial y autoría ajena
El paper titulado “Minimum viable scale: Extinction and escape under increasing returns” (“Escala mínima viable: extinción y escape bajo rendimientos crecientes”), presentado por Javier Milei y Demian Reidel, desató una crisis académica internacional. Jesús Fernández-Villaverde, profesor de Economía en la Universidad de Pensilvania, oriundo de España, advirtió que el estilo, formato y las derivaciones matemáticas del texto revelaban el uso de un motor de lenguaje de inteligencia artificial.
Para validar su diagnóstico, el académico utilizó un detector llamado Pangram.La herramienta arrojó una probabilidad del 100% de origen artificial en los fragmentos analizados y estimó que el 54% del documento fue generado por una IA. Fernández-Villaverde sentenció que existe una línea ética infranqueable entre usar la IA para asistir la investigación y delegar la redacción completa sin revelar el origen del texto.
Demian Reidel intentó frenar las críticas con una defensa que sólo profundizó el escándalo. Si bien reconoció haber utilizado inteligencia artificialen el paper, alegó que fue únicamente para corregir y pulir el estilo al finalizar el escrito. Reidel desestimó las acusaciones al sostener que Pangram detecta patrones de redacción y no plagio, calificando al texto como un simple “working paper”. No obstante, evitó explicar por qué el trabajo no refleja un pensamiento propio sin la mediación de un algoritmo.
Jesús Fernández-Villaverde, el profesor de economía de la Universidad de Pensilvania que cuestionó a Milei por el uso de IA en su paper.
La validación del “genio”
La obsesión de Javier Milei por la validación intelectual encuentra su ecosistema ideal en X. Según diversos reportes, el Presidente destina un promedio diario de 2 a 4 horas al uso de redes sociales, alcanzando picos de 17 horas en un día en la red social X. Este comportamiento, documentado por registros independientes que contabilizan su interacción ininterrumpida, revela una gestión paralela donde el “retweet” y el “like” ocupan una parte central de su agenda diaria.
Para el mandatario, la producción académica es un insumo de su relato político. Su búsqueda de prestigio, que incluye la aspiración de ser reconocido con un Nobel de Economía, explica por qué este jefe de Estado dedica tiempo a la creación de papers. Estos textos no buscan el rigor de la revisión por pares, sino el respaldo teórico para sostener sus políticas y alimentar la maquinaria de elogios de su entorno.
Ante cada cuestionamiento, el oficialismo activa un protocolo de defensa corporativa. La estrategia es circular: el Presidente difunde un artículo de apoyo, funcionarios como Lilia Lemoine descalifican la crítica con términos como “lógica enfermiza”, y seguidores especializados —abogados, tuiteros, economistas e influencers aliados— introducen tecnicismos para desviar el eje hacia una supuestas “falacias”. Así, la estructura mileísta blinda al Presidente y transforman cualquier cuestionamiento técnico en una “operación política”.
Retuit de Javier Milei a un escritor mileísta y a Lilia Lemoine.
El proyecto reclama que Transporte, la ANAC y Trabajo detallen el estado de la flota, los pedidos de quiebra promovidos por acreedores y las deudas salariales de la low cost.
El Gobierno nacional traspasó cinco corredores viales clave a la firma privada Corresur. El nuevo esquema elimina los subsidios estatales y traslada el riesgo operativo a las empresas controlantes. La medida incluye un plan de obras prioritarias y la digitalización obligatoria en el cobro de peajes.
Les preocupan las “expresiones racistas e islamofóbicas” pero no que un musulmán degenerado pueda casarse con una nena de 13 años o que traten a las mujeres como objetos.
No vamos a permitir que estos enfermos de la cabeza avancen ni un centímetro en nuestro país. https://t.co/DcPPO2ZJM5
