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Este miércoles asumirá la diputada electa nacional de Juntos por el Cambio, Patricia Vásquez, y presentará un proyecto para eliminar los 1555 registros automotores existentes en todo el país. El fundamento principal de Vásquez es que éstos son manejados por amigos, “amantes y familiares” de dirigentes políticos que ven al Estado como su billetera personal.
En parte, se ha comprobado por varias denuncias de periodistas y fiscales que hay decenas de registros automotores que están comandados por familiares del expresidente Eduardo Duhalde, Carlos Saúl Menem, del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos Martín Soría e incluyendo a la hermana de la portavoz Presidencial Gabriela Cerruti, entre tantos otros. Sin embargo, legalmente no existe ninguna ley que contemple estas designaciones como ilegales ni irregulares, aunque muchos sí las ven como inmorales.
El curro de los Registros Automotores y la política.Abro hilo:1. la Presidente Previsional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, la de la foto al lado de CFK, tiene un Registro Automotor en Santiago del Estero. pic.twitter.com/YpHOsG1CxS
Por ello, ante los oídos sordos de la Justicia, la legisladora electa adelantó que buscará eliminar tales dependencias: “Quiero eliminar los registros automotores, quiero terminar con esta burocracia y este curro de la política”, dijo en su cuenta de TikTok con un video que se hizo viral.
Bajo ese pie aseguró que en ningún otro país existe la intermediación por la que los registros automotores mueven al año más de 60 mil millones de pesos, “el el 6% del valor de lo que transfieras se los llevan impuestos y formularios. Basta, no damos más con esto”, proponiendo un único impuesto sin importar el valor y gama del vehículo. Así cómo también la facilitación de trámites online y que la patenta “sea de por vida”.
La diputada Patricia Vasquez y su proyecto para eliminar los registros de automotores pic.twitter.com/W2A3giI98D
La propuesta fue bien recibida por parte de los seguidores de Juntos, así como también de los militantes de Javier Milei que pidieron a sus diputados acompañar este proyecto cuando sea presentado.
Tras el apoyo recibido en redes, Vásquez volvió a hablar de su propuesta y apuntó contra los funcionarios que usan a su beneficio dichos registros. Lo que busca es la eliminación de los Registros Automotores “en manos de familiares, amigos y amantes de dirigentes políticos”, terminar con esas cajas negras de la política y, aún más importante, “eliminar la la burocracia, gastos y complicaciones que padecen los ciudadanos cuando inscriben un 0Km o transfieren cualquier tipo de vehículo”.
Patricia Vásquez, diputada electa de Juntos por el Cambio, junto a Diana Mondino canciller de La Libertad Avanza
“Nosotros proponemos un registro único nacional y digital que reúna la base de datos de embargos, denuncias de robos, deudas de patentes y multas de tránsito. Y lo más importante es que desde una plataforma digital se elimina la intervención de un Estado ineficiente y los negocios de los registros automotores, entregados como prenda política desde el año 1958. Por lo que se les acaba el curro a los titulares de los registros automotores que se tendrán que dedicar a otra cosa”, remarcó.
Además, denunció: “Llevan años cobrando una fortuna, el año pasado facturaron más de 60 mil millones de pesos y se quedaron con el 70% de lo recaudado”. Ante lo delicado de la propuesta, admitió que está consciente “que con este proyecto estoy pateando el kiosco de muchos amigos de la política, que con este curro armaron Pymes por las que cobran fortunas por ser intermediarios del Estado en perjuicio de los ciudadanos”, pero que apuesta por una ley como la estadounidense y en otros lugares del mundo.
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En la política porteña hablan de una caída de Patricia Bullrich en medio del escándalo de las coimas en Discapacidad. La ministra de Seguridad mide cerca de 36 puntos, aunque las proyecciones la dejan más cerca del 40% para octubre. En LLA lo niegan y dicen que las mediciones de la funcionaria se mantienen estables.
La debacle de la Provincia puso en alerta a los libertarios. Tras el cierre de la alianza con el PRO en la Ciudad, en La Libertad Avanzaplanteaban que Patricia podía llegar a 50 puntos, lo que la dejaba como una sólida candidata para la jefatura de Gobierno en 2027.
El sitio La Política OnLine tuvo acceso a los números de una importante consultora que trabaja con el gobierno porteño. Las cifras muestran que en las últimas semanas Bullrich comenzó a caer y pasó de 41 puntos a 36. Ese resultado la deja primera cómoda en la carrera al Senado, pero está lejos de las expectativas que había generado.
Otras tres consultoras que prefirieron no entregar sus mediciones tienen un escenario similar: el escándalo de las coimas le pegó a todos los candidatos del gobierno y Bullrich también comenzó a bajar.
En ese sentido, no parece casual que este miércoles la ministra haya salido a pedirle a Mauricio Macri -a quien denostaba hasta hace muy poco- que se sume a la campaña porteña.
“Me parece que sería bueno hablar en este momento con él. Me parece que si se hizo una alianza es bueno que se vea, que se dialogue y que se muestre. Es un buen camino”, dijo la ministra.
Según la encuesta porteña para senadores, el peronista Mariano Recalde está en 26 puntos, Cristian Castillo del FIT obtendría 6,8% y Graciela Ocaña 5%.
En la performance para diputados los libertarios y el PJ tienen una importante caída respecto de los candidatos a senadores: Alejandro Fargosi baja a 29 puntos e Itai Hagman a 21. Myriam Bregman, en cambio, sacaría 9 puntos y Martín Lousteau 6,6%.
La cuestión de la boleta única no es menor: nadie sabe cómo reaccionará el electorado ante los candidatos menos conocidos como Fargosi o Hagman: es una ventaja para Bregman o Lousteau.
En La Libertad Avanza sostienen que la intención de voto de la ministra es un “electrocardiograma perfecto” y que no hubo diferencias en su imagen en los últimos meses. “Todas las encuestas que manejamos tienen una proyección de entre 40 y 45 puntos. Las que nos dan hoy 36 tienen una proyección a 41 o 42. En una elección tan polarizada estaríamos sacando 6 diputados, estaríamos mejor que ahora”, explicaron.
En 2021 la lista de María Eugenia Vidal obtuvo 48 puntos que se tradujeron en 7 bancas, pero tras el apoyo a la Ley Bases hubo un cisma y solo 4 diputados acompañaron al gobierno de manera lineal. A esas cuatro bancas se suman los escaños obtenidos por Javier Milei y Victoria Villarruel.
En LLA explican que seis bancas le permitirían a los libertarios mejorar la cosecha actual porque pasarían de 3 diputados propios (los libertarios Nicolás Emma y María Fernanda Araujo y Sabrina Ajmechet) y uno casi propio como Fernando Iglesias y satélites como María Eugenia Vidal y Martín Tetaz a seis libertarios puros.
La afirmación es cierta, pero solo parcialmente: Mauricio Macri colocó en la boleta violeta a Fernando De Andreis y Antonela Giampieri. La inestabilidad del vínculo entre Macri y Milei hace imposible predecir cómo votarán sus delegados en el Congreso.
En 2021 la suma de los libertarios y Juntos fue de 65%. “Es un número imposible, tampoco podemos sumar los porcentajes de Adorni y Lospennato. En 2017 o 2021 fueron elecciones con el radicalismo, la Coalición, socialismo y GEN adentro. Hoy es imposible pensar en algo así”, dijeron. Sin embargo, creen que el resultado de la Provincia puede terminar beneficiando a los libertarios en la Ciudad: “En Capital se activó el gorilismo. La foto del domingo dejó a varios asustados y en dos días ya recibimos varios ofrecimientos para fiscalizar”, explicaron.
El martes 28 de abril de 2020, a través de la Decisión Administrativa 552/2020, el gobierno de Alberto Fernández designó a Lisandro Catalán como director del Registro Nacional de Reincidencia.
Allí se desempeñó hasta que llegó Javier Milei a la Casa Rosada. Lejos de eyectarlo, fue promovido al frente de la Secretaría de Interior, un despacho clave encargado de aceitar las relaciones con los gobernadores de las provincias.
De hecho, Catalán supo trabajar “codo a codo” con Guillermo Francos, hasta este miércoles, que fue nombrado jefe de Gabinete. Ahora es él quien maneja la cartera de Interior.
No obstante la designación de marras, Catalán ya había sido puesto como director titular del Correo, con un salario cercano a los 9 millones de pesos, a pesar de que él jura que lo hacía ad honorem.
Se trata de un abogado, recibido en la Universidad Nacional de Tucumán y cuenta con una Maestría en Gestión Pública de la Universidad Austral. Y una “extensa” carrera en la administración pública.
Supieron depender de él áreas estratégicas del Estado: la Subsecretaría de Asuntos Políticos, la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera y el Archivo General de la Nación.
A través de algunas de esas dependencias, Catalán ha encontrado la manera de avanzar en puntuales curros. Uno de ellos, el de cobrar “mensualidades” a puntuales comercios para que puedan operar.
Tres de ellos pertenecen a una misma persona, José María Ríos: un minimercado ubicado en el sector del Cotecar de Paso de los Libres, un supermercado y una parrilla buffet. Los tres ponen una millonaria “tarasca” mensualmente para poder trabajar, siempre de manera “precaria”.
No es el único choreo: en Entre Ríos, el dúo mantiene un convenio con Uruguay de 200 mil dólares por refacciones y mantenimiento. Es por ello que en estas horas postulan con énfasis a dos coordinadores que llegan con el impulso del gobierno de esa provincia.
Si la Justicia se decidiera a investigar, debería posar su mirada en el Centro de Fronteras de Horcones y el Centro único de control de cargas de Uspallata.Específicamente debe poner la lupa en los dos buffet y la estación de servicio, la cual modificó la circulación de la terminal de descarga. Allí se habla de una “contraprestación” de 2 millones de pesos al mes.
Algo similar ocurrió en el Centro de Fronteras San Sebastián, Tierra del Fuego, donde se propuso como coordinadora a la dueña de una empresa proveedora del Estado, Hester Gonzales. Pero esa es otra historia…
En menos de dos años, las Fuerzas Armadas perdieron 18.659 militares, que pidieron la baja desmotivados por el retraso salarial y la falta de estímulos profesionales. Así surge del informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó en la Cámara de Diputados y de las interpretaciones que se hacen puertas adentro de los cuarteles.
El informe del jefe de Gabinete, que responde a las preguntas de los legisladores con datos aportados por el Ministerio de Defensa el mes pasado, revela que a partir del 10 de diciembre de 2023, fecha en que asumió el presidente Javier Milei, dejaron las fuerzas 840 oficiales, 2398 suboficiales y 15.421 soldados voluntarios.
La mayor deserción se dio en las filas del Ejército y, especialmente, entre los uniformados que conforman la tropa voluntaria. Las Fuerzas Armadas tienen hoy un plantel de 83.000 militares desplegados en todo el país.
Según el detalle ofrecido por Francos, de los 18.659 efectivos que pidieron la baja, 14.614 pertenecen al Ejército, 2971 a la Fuerza Aérea y 1074 a la Armada. En distintas unidades coinciden en que la cantidad de bajas no es compensada por los egresos de los institutos de formación militar. Ya en julio pasado había salido a la luz que más de 2200 militares y efectivos de seguridad habían pedido la baja en el primer semestre del año, por los bajos salarios.
“No es un problema nuevo, se viene dando hace diez años. Pero no por eso deja de ser alarmante y preocupante”, dijo un general en actividad, que mira los números con preocupación.
En cambio, en sectores cercanos a la conducción de las Fuerzas Armadas relativizaron las cifras. “Es un número excesivo. Además de las bajas debe contabilizar el personal retirado, que no es lo mismo. El retiro comprende a los que cumplen los años de servicio. Desde el punto de vista estadístico no presenta ninguna alarma. El movimiento de soldados es normal. Todos los años hay bajas y altas”, argumentó la fuente castrense, ante una consulta del diario La Nación.
EL RETRASO SALARIAL:
Los militares conservan el reclamo de la equiparación de haberes con las fuerzas de seguridad, una promesa que lleva ya varios años y, por lo menos, dos gobiernos. En muchos casos, los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas pelean por no caer bajo la línea de pobreza, que para una familia tipo, según el Indec, ascendía agosto último a $1.160.780.
Los bajos salarios impactan particularmente en las jerarquías más bajas. Mientras un capitán y un teniente de navío cobran $1.109.913, la remuneración de un teniente primero y de un teniente de fragata llega a $987.202. Un teniente del Ejército y un teniente de corbeta perciben $889.995y un subteniente, un guardiamarina y un alférez –las categorías más bajas entre los oficiales- cobran $806.045.
Entre los suboficiales, un sargento y un cabo principal perciben $853.088, un cabo primero, $765.596 y un cabo segundo, $765.596.
En el interior de las fuerzas entienden que la problemática salarial es decisiva, dado que el estilo de vida de los militares, en general, obliga a tener un solo ingreso familiar, porque con cada cambio de destino su cónyuge suele perder su trabajo. “También existen privaciones relativas a su entorno familiar y de amigos, que muchas veces influye en la decisión de pedir la baja, pese a la vocación”, señaló una fuente castrense.
Incluso, hay voces que sostienen que los suboficiales presentan mejores condiciones relativas que los oficiales que los mandan. “La mayor permanencia en los destinos permite a los suboficiales que su pareja o cónyuge tenga un trabajo más estable y acceso a planes provinciales de vivienda y a emprendimientos. Algunos consideran que tal vez les habría convenido ser suboficial. La diferencia de responsabilidades no está reflejada en las escalas salariales”, señaló una de las fuentes consultadas.
“Hoy la información circula con rapidez y los jóvenes oficiales advierten que en las Fuerzas Armadas de países vecinos, a diferencia de la situación local, proveen el uniforme y las botas. Acá duran seis meses y las fuerzas entrega anualmente un 20% de las necesidades. En las fotos de ejercicios militares se puede ver el nivel de desgaste de los materiales y elementos”, resumen las fuentes consultadas.
Como ejemplo ilustrativo de las restricciones en el equipamiento, muchos militares en el Ejército portan los mismos fusiles FAL que se usaban en Malvinas, un arma con 70 años de vigencia, sin todos los accesorios de tiro y visión de un arma moderna.
“Los morteros pesados, de 120 milímetros, han pasado periodos de cuatro o cinco años sin municiones y unos pocos al año para los morteros de 81 milímetros. La artillería de 105 milímetros recibe unos 40 a 60 proyectiles anuales, lo que alcanza apenas para una sesión de tiro de escuela. Armas antitanque modernas, como el AT4, fueron compradas de a una para cada unidad y hacen solo un disparo al año”, describen en los cuarteles, al señalar que ello impacta en la insatisfacción profesional y la consecuente pérdida de vocación militar.
Un informe del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Allen expuso los números en rojo de la gestión de Marcelo Román, intendente local y vicepresidente de La Libertad Avanza de Río Negro, quien es investigado en la Justicia por malversación de fondos públicos.
El documento de 106 páginas al que tuvo acceso DATA24 detalla ingresos y gastos del municipio entre 2024 y 2025. Fue emitido el 13 de agosto y leído al día siguiente en el Concejo Deliberante local. Durante la sesión quedaron registradas expresiones de sorpresa de los concejales ante las cifras informadas.
El monto que capturó toda la atención es la deuda que el Municipio tiene con proveedores: casi $3000 millones.
– Captura de la última página de las 16 que utilizó el Tribunal de Cuentas para detallar el total de la deuda de Allen con proveedores
Sin embargo, otros gastos realizados por el intendente libertario Marcelo Román chocaron de lleno con el discurso del presidente Javier Milei. Se trata de los más de $576 millones que, según el Tribunal de Cuentas, se gastaron para la Fiesta Nacional de la Pera 2025.
De esa edición se destacan las participaciones de reconocidos artistas. Según consta en el documento, la banda de rock Kapanga cobró poco más de $28 millones; la convocatoria del reconocido músico Miguel Mateos costó $52 millones y la agrupación de cuarteto oriunda de Córdoba, Q’Locura, se llevó unos $123 millones.
La polémica se intensifica si se compara con lo gastado un año antes para el mismo festival: más de $14 millones, por lo que la cifra tuvo un aumento interanual superior al 4000%.
A lo dilapidado en las dos ediciones de la Fiesta de la Pera se le suman los gastos realizados por los festejos del 25 de Mayo, día que la fecha patria comparte con el aniversario de Allen (ciudad fundada en el año 1910).
Los festejos locales del 2024 comprendieron un gasto total de $35 millones. Entre las personalidades artísticas, se destaca un show infantil de Fabián Alberto Gómez, más conocido como Piñón Fijo, quien cobró al Municipio unos $4,6 millones. El monto queda chico al lado de los $90 millones que se necesitaron para contratar a Los Auténticos Decadentes para el aniversario pasado, cuando el total erogado fue de $251 millones: un aumento mayor al 615% de un año a otro.
Este medio intentó, sin éxito, contactar a los concejales Guillermo Pennesi(Juntos Somos Río Negro) y Marta Crespo(Nos Une Río Negro) para acceder al informe completo y ampliar la información. Pennesi nunca respondió; con Crespo hubo un primer intercambio, pero luego interrumpió las comunicaciones. Finalmente, el documento citado, insumo central de esta nota, fue proporcionado por un funcionario provincial ajeno a la localidad de Allen.
MARCELO ROMERO CONTRADIJO EL DISCURSO DE MILEI SOBRE LOS FESTIVALES: “LA CULTURA, LEJOS DE SER UN GASTO, ES UNA INVERSIÓN SOCIAL”
Uno de los ejes discursivos del Presidente y máximo referente de la militancia libertaria fueron las duras críticas que, con lógico fundamento, Javier Milei realizó a los gastos que destina el Estado para financiar las miles de fiestas que se celebran a lo largo y ancho del país.
Según el informe “Fiestas Populares y Festivales Argentinos” realizado por el Sistema de Información Cultural de la Argentina, todavía bajo el yugo estatista de Alberto Fernández, para 2022, el Ministerio de Cultura informó que en nuestro país se desarrollaron cerca de 3.255 festivales de los cuales el 74% son gestionados por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales.
– Dato 2022: en nuestro país se desarrollaron cerca de 3.255 festivales de los cuales el 74% son gestionados por organismos públicos
Con este tipo de datos sobre la mesa, el Presidente y sus militantes señalan y cuestionan, sistemáticamente, a diversas personalidades de la cultura. De hecho, de esta cuestión nace la conocida rivalidad entre Javier Milei y Lali Espósito, la cantante que facturó millones al Estado.
Alejado de este principio libertario, el intendente Romero justificó los montos que realizó su Municipalidad: “Respecto a los cuestionamientos sobre la Fiesta de la Pera, dicha celebración no solo fue histórica en cuanto a convocatoria popular, sino que generó un impacto económico altamente positivo para el comercio local, emprendedores y la economía social, con una inversión pública significativamente menor que la de eventos similares en ciudades vecinas. La cultura, lejos de ser un gasto, es una inversión social que promueve identidad, turismo y movimiento económico”.
– Dos segmentos del extenso comunicado publicado por Romero en su Facebook. Fuente: https://qrcd.org/96uJ
La frase se desprende de una suerte de comunicado que Romero publicó en su muro de Facebook. El texto se titula “Basta de operaciones políticas disfrazadas de control institucional” y, además de contradecir al Presidente justificando “la inversión en cultura”, repudió el informe del Tribunal de Cuentas, aludiendo que tiene una “clara dirección política” para perjudicarlo y que busca “generar confusión y malestar en la ciudadanía a través de datos falsos”.
– Cortesía de AN Allen (FM 99.5)
Finalmente, el intendente Romero no solo cuestionó la falta de “validez técnica” del informe, sino que también puso en duda el trabajo de la presidente del Tribunal de Cuentas, María Belén Villar al sostener que es una mujer “sin formación académica ni experiencia comprobada en la función pública” que “excedió” sus atribuciones y “utilizó un órgano institucional para hacer política de desprestigio”.Además, aseguró que la deuda “real” del municipio es de $830 millones: $2170 millones menos que lo informado por el Tribunal.
La investigación por peculado contra el intendente de Allen sumó otra mancha al oficialismo nacional. Como se dijo, Marcelo Román ocupa el rol de vicepresidente de La Libertad Avanza de Río Negro y es alfil de otra figura libertaria que enfrenta múltiples denuncias: la diputada nacional Lorena Villaverde.
Román está afiliado al partido del Presidente. Llenó la ficha en mayo del año pasado, convirtiéndose en el primer intendente de LLA en Río Negro, luego de abandonar las filas de la UCR tras su triunfo en las elecciones de 2023 en las que se impuso con el 35% de los votos desde la boleta del partido centenario.
Sin embargo, pese a su cargo como vice del partido a nivel provincial, la dirigencia de La Libertad Avanza de Río Negro se apresuró para despegarse de la compleja situación que enfrenta Román.
Julián Goinhex, mano derecha de la diputada Villaverde, definió al asunto como “una cuestión de gestión” (municipal) y dijo que Romero estaba alejado de las cuestiones partidarias desde marzo: “No asiste a las reuniones”.
Las cifras se hicieron públicas a fines de junio, cuando el Tribunal de Cuentas denunció a Sebastián Ocampo, principal asesor del intendente Marcelo Román y empresario local de medios partidarios, por presuntamente ejercer funciones propias del jefe comunal sin designación formal.
El lunes 28 del mes pasado, autoridades judiciales y policiales allanaron la Municipalidad.
Desde entonces, Román enfrentó una cadena de renuncias. A 24 horas del escándalo, el jefe de Gabinete Benjamín Marín fue el primero en dejar el cargo. Luego se alejaron la secretaria de Desarrollo Social Marta Escobar, el director de Gestión Comunitaria Rolando Barrueto y su representante en el Tribunal de Cuentas Matías Piergentili.
En Hacienda hubo dos salidas. Griselda Morell renunció en mayo: “Las decisiones más relevantes no se tomaban en el despacho del intendente, sino que eran impuestas por un asesor sin nombramiento oficial”, declaró entonces, anticipando el escándalo.
– La fiscal María Celeste Benatti durante el procedimiento
El cargo fue ocupado luego por Gloria López, quien también renunció. Actualmente, la cartera está a cargo de la contadora pública Cristina Bravo, exintegrante del Tribunal de Cuentas.
La causa continúa en etapa de investigación bajo la órbita de la Fiscalía N.º 4 de General Roca, a cargo de la fiscal María Celeste Benatti.
Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Wall Street experimentaron fuertes caídas de hasta un 14% en el mercado previo a la apertura de este lunes, como reacción inmediata a la contundente derrota electoral que sufrió el presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.
“Sin ninguna duda en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota”, afirmó públicamente el mandamás.
Esto sucede luego de que el bloque peronista y kirchnerista, agrupado bajo la coalición Fuerza Patria, lograra un amargo triunfo con el 46,93% de los votos en los comicios provinciales, mientras que La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, obtuvo apenas el 33,85%, una diferencia de más de 13 puntos porcentuales, perdiendo en 6 de las 8 secciones bonaerenses. Este resultado representa un revés significativo para el oficialismo en el distrito más poblado del país, que concentra el 38,6% del electorado nacional.
El premarket de New York, que funciona mientras los mercados regulares aún están cerrados, reflejó de manera inmediata el impacto del resultado electoral. Las acciones argentinas que se negocian como Recibos de Depósito Estadounidenses (ADRs) registraron pérdidas generalizadas. En el sector bancario los más golpeados fueron Grupo Financiero Galicia (GGAL), que cayó entre 14% y 15,21%; Banco Supervielle (SUPV), cuyo descenso se ubicó entre 11,36% y 12,11%; Banco Macro (BMA), que retrocedió entre 8,28% y 10,03%; y BBVA Argentina, que bajó 7,54%. En el sector energético, YPF sufrió una caída de entre 9,67% y 11,29%, Vista Energy (VIST) retrocedió entre 5,9% y 8,09%, y Pampa Energía registró descensos de entre 5,25% y 8,43%.
Los bonos argentinos tampoco lograron evitar la presión vendedora. Los títulos Globales emitidos bajo legislación de Nueva York mostraron bajas de entre 5% y 6,7%, con el Global 2030 cayendo 5,26%, el Global 2035 descendiendo 6,77% y el Global 2041 retrocediendo 6,08%.
Los resultados de esta acción fueron interpretadas por analistas y medios internacionales como una prueba de fuego para la gestión de Milei, especialmente considerando que él mismo había calificado estos comicios como “cruciales” para su proyecto político. Previo a las elecciones, el riesgo país ya había mostrado señales de tensión, escalando hasta 898 puntos básicos a principios de septiembre, su mayor nivel en cinco meses. Este incremento del 8,32% reflejaba la incertidumbre política y las dudas de los inversores sobre el devenir económico del país. Durante agosto, las acciones cayeron hasta 25% y los bonos en dólares emitidos bajo ley de Nueva York retrocedieron hasta 4,5%. El S&P Merval acumulaba en 2025 un retroceso superior al 30% medido en dólares.
La consultora 1816 señaló que el resultado electoral ajustará a la baja la probabilidad de que Milei sea reelecto en 2027, generando especulación sobre si surgirá una tercera alternativa política o se abrirán las puertas a un regreso del “peronismo de izquierda”. Esta incertidumbre explica la reacción negativa inmediata de los activos financieros.
Aunque Milei ratificó que “no se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno” y que el rumbo se “va a acelerar y profundizar más”, los mercados interpretaron la derrota como un debilitamiento de su respaldo político, lo que podría complicar la implementación de reformas estructurales en un Congreso fragmentado, especialmente considerando que las elecciones nacionales de octubre definirán la composición del Estado para el final de su mandato en 2027.
A pesar de los esfuerzos por controlar la inflación y mantener el superávit fiscal, la actividad económica mostró signos de estancamiento, con caídas del consumo y la producción, sobre todo durante el trimestre hasta junio. El gobierno implementó intervenciones en el mercado cambiario para contener las presiones sobre el dólar, alejándose de la libre flotación cambiaria que había pregonado inicialmente Milei.
La lista libertaria sufrió un revés contundente en las elecciones del 7 de septiembre y, apenas una semana después, los concejales electos ya rompieron filas antes de asumir el 10 de diciembre. El frente La Libertad Avanza en Pilar se dividió en una guerra abierta por el liderazgo local: hubo reproches sobre la estrategia de campaña, denuncias por el manejo de fondos de fiscalización y un reclamo formal para concentrar el sello partidario en una sola bancada.
La derrota electoral fue categórica: el peronismo local alcanzó el 60,5% de los votos frente al 29,1% de la lista libertaria, escenario que precipitó el quiebre interno. Las críticas se enfocaron en Andrés Genna, cabeza de la lista libertaria, dirigente vinculado a Patricia Bullrich y señalado internamente como cercano a Ramón “Nene” Vera, operador de Sebastián Pareja en la Primera sección.
La concejal electa Solana Marchesán, segunda en la lista, y el concejal reelecto Sebastián Neuspiller (PRO), tercero en la boleta, apuntaron directamente contra Genna por la estrategia y el armado electoral. Marchesán fue tajante en su denuncia pública: “Tiene una Pyme de robo de fondos de la fiscalización, busca voluntarios y se queda con la plata, con eso cambia el auto. Viven de eso, él y su familia, hace años”.
– Concejal electa Solana Marchesán, segunda en la lista
Ese señalamiento llevó a Marchesán a presentar este martes una nota formal en el Concejo Deliberante exigiendo la exclusividad del sello de LLA, que hoy se encuentra repartido en tres bloques. En redes sociales, la concejal dejó un mandato claro dirigido a Genna y a la futura concejal María Ratti: “Quien desee integrar la bancada de LLA a futuro deberá hacerlo bajo mi conducción y liderazgo”.
Marchesán justificó la presentación en el Concejo con un reclamo por la preservación de la identidad del espacio: “Quienes estamos desde los inicios debemos velar porque se mantenga la coherencia en el espacio, con sus debidas y necesarias purgas”, y agregó: “Aquellos que se sumaron después y sobre todo quienes luego eligieron otros espacios políticos deben respetar el rol y la representación original. La Libertad Avanza en Pilar no se vende”.
Neuspiller fue el primero en vocalizar la frustración tras el resultado y responsabilizó al armado que colocó a Genna en la cabeza de la lista. En diálogo con el programa radial Agenda Propia, el concejal comparó los guarismos con comicios previos y señaló: “En el 2023, La Libertad Avanza sacó 62.500 votos y Juntos por el Cambio 42.900. Eso hacía un total de 106.000. Ahora, en 2025, se sacó la mitad”. Para reforzar su crítica recordó la legislativa de 2021: “El PRO sacó 64.000 votos, La Libertad Avanza 18.500, o sea 82.000. De doce concejales, entraron seis. Ahora entraron cuatro”.
Sobre la elección de candidatos y la percepción del electorado, Neuspiller enfatizó que los comicios se definen por referentes más que por sellos: “Cuando la gente va a votar, no elige sellos. Yo creo que acá se subestimó pensando que la gente iba a elegir el color violeta. Pero la gente quiere entrar al cuarto oscuro y encontrar la foto de una persona que le genere confianza”.
– Sebastián Neuspiller
El concejal PRO también cuestionó la línea discursiva de Genna, que incluyó propuestas duras contra el personal municipal, en línea con el discurso de Javier Milei. Neuspiller sostuvo: “Si yo le doy un mensaje a todos los trabajadores municipales de Pilar de que voy a poner la motosierra arriba de ellos, eso se complica. Porque el empleado municipal no es político, es alguien que se mata y se desvive por Pilar”.
Además, Neuspiller criticó el armado exprés de la campaña y contrastó esa debilidad con su propia experiencia territorial: “Pilar es gigante, con 365 kilómetros cuadrados, y si la gente no te conoce, ¿cómo hacés para en un mes llegar a la gente?”. En ese marco, recordó: “Yo, para estar cercano a los vecinos, durante tres años me paré con una mesita chiquitita y un banquito en todas las esquinas de Pilar para hacer test de diabetes, y así todo, no me alcanzó”.
Pese a las críticas, Neuspiller mantuvo la convicción de conservar la alianza entre LLA y el PRO: “Fuimos con Solana Marchesán el primer interbloque de la Libertad Avanza y el PRO en toda la provincia en 2021. Y sigo pensando que tenemos que ir juntos porque compartimos electorado”. No obstante, reclamó cambios: “Tenemos que trabajar entendiendo que no se puede subestimar al votante pensando que solamente van a votar con el sello. Se tendrán que hacer internas, habrá que mejorar”, y adelantó su objetivo personal: “Voy a trabajar estos 2 años duramente para volver a ser candidato a intendente”.
La fractura interna se agravó por decisiones tomadas en el cierre de listas. Fuentes cercanas indicaron que el quiebre entre Marchesán y Genna surgió cuando Marchesán fue notificada, a último momento por Vera, de que no encabezararía la lista y que en su lugar iría Genna, ex vice de la Coalición Cívica con paso previo por el PRO. “Eso es lo que más le dolió a Marchesán y a Martín Maganás”, señaló una fuente con acceso a la concejal y al ex candidato libertario a la intendencia, quien impulsó a la primera candidata al Consejo Escolar en estas elecciones.
Con la nueva composición del Concejo, la división ya no sólo se expresó en declaraciones: Marchesán y Neuspiller comenzaron a articular un interbloque LLA–PRO, mientras que permanecieron otros bloques, como los de Juan Pablo Casañas Onganía (con dos años más de mandato) y Juan Martín Tito (que finalizó este año y quedó relegado en el último armado). La configuración resultante dejó a LLA con dos concejales menos que en 2023, cuando el frente había sumado porcentajes significativos.
La derrota y la sucesión de acusaciones públicas y reclamos formales dejaron al espacio en medio de una pulseada por el sello y el liderazgo que, a pocos días del inicio de funciones el 10 de diciembre, reconfiguró las alianzas y profundizó las divisiones internas.
DATA24 accedió al informe del Tribunal de Cuentas de Allen (Río Negro). Con el municipio en crisis, el intendente Marcelo Román destinó millones a cuatro festivales locales, gastos que luego justificó como inversión cultural.
Dan Parisini, Ramiro Marra, siguen queriendo presentar un mundo que no es. Karina Milei es Milei. Pareja es Milei. El Nene Vera es Milei. Luis Caputo es Milei. Como Kikuchi fue Milei. Javier Milei es el jefe de la banda de los chorros. Javier Milei es quien expulsó a Marra y es… pic.twitter.com/LZ6kWbMWYR
