Diputada presentará un proyecto para eliminar el Registro Automotor: “Basta, no damos más con los curros”
La diputada electa de Juntos por el Cambio, Patricia Vásquez, adelantó que buscará eliminar el Registro Automotor apenas asuma su banca.
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Este miércoles asumirá la diputada electa nacional de Juntos por el Cambio, Patricia Vásquez, y presentará un proyecto para eliminar los 1555 registros automotores existentes en todo el país. El fundamento principal de Vásquez es que éstos son manejados por amigos, “amantes y familiares” de dirigentes políticos que ven al Estado como su billetera personal.
En parte, se ha comprobado por varias denuncias de periodistas y fiscales que hay decenas de registros automotores que están comandados por familiares del expresidente Eduardo Duhalde, Carlos Saúl Menem, del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos Martín Soría e incluyendo a la hermana de la portavoz Presidencial Gabriela Cerruti, entre tantos otros. Sin embargo, legalmente no existe ninguna ley que contemple estas designaciones como ilegales ni irregulares, aunque muchos sí las ven como inmorales.
El curro de los Registros Automotores y la política.Abro hilo:1. la Presidente Previsional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, la de la foto al lado de CFK, tiene un Registro Automotor en Santiago del Estero. pic.twitter.com/YpHOsG1CxS
Por ello, ante los oídos sordos de la Justicia, la legisladora electa adelantó que buscará eliminar tales dependencias: “Quiero eliminar los registros automotores, quiero terminar con esta burocracia y este curro de la política”, dijo en su cuenta de TikTok con un video que se hizo viral.
Bajo ese pie aseguró que en ningún otro país existe la intermediación por la que los registros automotores mueven al año más de 60 mil millones de pesos, “el el 6% del valor de lo que transfieras se los llevan impuestos y formularios. Basta, no damos más con esto”, proponiendo un único impuesto sin importar el valor y gama del vehículo. Así cómo también la facilitación de trámites online y que la patenta “sea de por vida”.
La diputada Patricia Vasquez y su proyecto para eliminar los registros de automotores pic.twitter.com/W2A3giI98D
La propuesta fue bien recibida por parte de los seguidores de Juntos, así como también de los militantes de Javier Milei que pidieron a sus diputados acompañar este proyecto cuando sea presentado.
Tras el apoyo recibido en redes, Vásquez volvió a hablar de su propuesta y apuntó contra los funcionarios que usan a su beneficio dichos registros. Lo que busca es la eliminación de los Registros Automotores “en manos de familiares, amigos y amantes de dirigentes políticos”, terminar con esas cajas negras de la política y, aún más importante, “eliminar la la burocracia, gastos y complicaciones que padecen los ciudadanos cuando inscriben un 0Km o transfieren cualquier tipo de vehículo”.
Patricia Vásquez, diputada electa de Juntos por el Cambio, junto a Diana Mondino canciller de La Libertad Avanza
“Nosotros proponemos un registro único nacional y digital que reúna la base de datos de embargos, denuncias de robos, deudas de patentes y multas de tránsito. Y lo más importante es que desde una plataforma digital se elimina la intervención de un Estado ineficiente y los negocios de los registros automotores, entregados como prenda política desde el año 1958. Por lo que se les acaba el curro a los titulares de los registros automotores que se tendrán que dedicar a otra cosa”, remarcó.
Además, denunció: “Llevan años cobrando una fortuna, el año pasado facturaron más de 60 mil millones de pesos y se quedaron con el 70% de lo recaudado”. Ante lo delicado de la propuesta, admitió que está consciente “que con este proyecto estoy pateando el kiosco de muchos amigos de la política, que con este curro armaron Pymes por las que cobran fortunas por ser intermediarios del Estado en perjuicio de los ciudadanos”, pero que apuesta por una ley como la estadounidense y en otros lugares del mundo.
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El diputado Diego Santilli, fortalecido por su victoria en la provincia de Buenos Aires, planteó su objetivo de mantener la alianza con el Gobierno nacional. En declaraciones a Infobae, aseguró que el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza debe “consolidarse y preservarse”, no solo para acompañar la gestión de Javier Milei, sino también para garantizar estabilidad política en el Congreso.
Pérdida de bancas y movimientos internos
Con el recambio legislativo, el PRO pasará de tener 35 a 25 diputados. Este retroceso no solo implica una pérdida numérica, sino también un cambio en la correlación de fuerzas internas. Uno de los casos más resonantes es el de Damián Arabia, expulsado del partido por su cercanía con los libertarios, quien evalúa sumarse a La Libertad Avanza o formar un interbloque afín al oficialismo.
“Que me hayan echado hace que no haya vuelta atrás”, confió el legislador cercano a Patricia Bullrich. Su salida expone las tensiones que atraviesa la fuerza fundada por Mauricio Macri y acelera los debates sobre el rumbo político del espacio.
Bullrich, entre el respaldo electoral y la interna macrista
La ministra de Seguridad fue una de las figuras más votadas en los comicios del domingo y se posiciona como posible candidata a gobernar la Ciudad de Buenos Aires en 2027. Sin embargo, en su entorno reconocen malestar con Mauricio y Jorge Macri por lo que consideró una falta de apoyo en la campaña porteña.
En privado, Bullrich calificó de “maldad” la decisión del expresidente de respaldar solo a Fernando De Andreis, quien resultó electo diputado y es uno de los dirigentes más cercanos al fundador del PRO. En el macrismo consideran que De Andreis será una pieza central en la etapa de reorganización interna.
Reconfiguración del bloque y alineamientos
La conducción de Ritondo y Santilli buscará mantener la alianza parlamentaria con los libertarios, a la vez que reorganiza el bloque propio. Desde ese sector reconocen que “el frente formalizó un trabajo que ya venía ocurriendo desde diciembre de 2023, con el PRO colaborando con el Gobierno desde el primer día”.
Entre los diputados que mantienen esa línea se encuentran Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba, todos reelegidos. La estrategia es sostener un bloque con identidad propia, pero funcional a los proyectos de Milei en materia económica y de reforma institucional.
El rol de Macri y el diálogo con Milei
El expresidente retomó el contacto con el jefe de Estado tras las elecciones. Según trascendió, conversaron sobre las reformas laboral, tributaria y previsional que el Gobierno planea presentar el 15 de diciembre. Dirigentes del PRO, como Sergio Capozzi, Diana Fernández Molero y Finocchiaro, participan en la redacción técnica de esos proyectos dentro del llamado Consejo de Mayo.
En paralelo, el entorno de Macri busca consolidar un proceso de renovación interna, con De Andreis como figura emergente y un mensaje dirigido al propio Jorge Macri: “Recuperar los valores originales del PRO y adaptarse a los tiempos actuales”.
El reacomodamiento no solo definirá el futuro del bloque, sino también la relación del macrismo con el poder libertario. En un Congreso fragmentado, el PRO podría convertirse en el aliado indispensable para el oficialismo, o en un actor autónomo que busque reposicionarse de cara a 2027.
“En Argentina hay más de 5 millones de personas viviendo en villas. En la 1-11-14, el 85% son inmigrantes, en su mayoría ilegales. Si no queremos terminar como Río de Janeiro, hay que erradicarlas y recuperar a los argentinos laburantes que están ahí. ARGENTINA PARA ARGENTINOS“, escribió Marra el miércoles por la tarde en su perfil de la red social X, en el marco del megaoperativo que se llevó a cabo en la ciudad carioca.
EL 69% DE LOS MIGRANTES VIVEN EN VILLASUn informe del Conicet confirma lo que todos pensamos y muchos no se animan a decir. La mayoría de los que migran a Argentina es para vivir en villas, lugar donde hay narcos y chorros. Hay que limitar esto.
Para respaldar sus dichos, el legislador compartió un informe del Conicet donde se detalla en porcentaje cuántos hogares migrantes hay en cada una de las villas que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires.
“El 69% de los migrantes viven en las villas”, remarcó Marray desarrolló: “Un informe del Conicet confirma lo que todos pensamos y muchos no se animan a decir. La mayoría de los que migran a Argentina es para vivir en villas, lugar donde hay narcos y chorros“.
“Hay que limitar esto. No queremos un Rio de Janeiro”, expresó.
Si no queremos que Argentina se transforme en una gran favela, tenemos que empezar a levantar las villas ahora mismo. No solo para proteger la propiedad privada, sino también para terminar con toda la delincuencia y narcotráfico que se esconde ahí adentro. pic.twitter.com/aR1m0QCDue
“¿Sabes por qué hay que exterminar las villas? Para que no pase lo que estamos viendo en Río de Janeiro, que los narcos tenían tomados a todos los ciudadanos con su delincuencia”, analizó el legislador.
“Te voy a dar un dato de cómo solucionarlo”, siguió en un efusivo video. “La mayoría de los que viven en la villa son inmigrantes ilegales. Hay un informe del Conicet que muestra que hasta el 85% en villas como la 1-11-14 son inmigrantes y en su mayoría ilegales”.
En ese sentido, propuso hacer un abordaje integral de varias problemáticas que incluyen además la inmigración ilegal y el narcotráfico como ejes centrales dentro de las villas.
¿Sabes por qué hay que exterminar las villas? Acá te doy las razones. pic.twitter.com/JAn7tzURxU
“Por eso tenemos que solucionar el tema de las villas junto al tema de la inmigración ilegal y el narcotráfico, porque no queremos ser Río de Janeiro, no queremos sufrir lo que está pasando en Brasil”, insistió.
En mayo de este año, Marra había propuesto que se lleve a cabo un operativo cerrojo en las villas de CABA para combatir narcos y delincuencia.
El legislador planteó la idea de saturar los barrios de policías que realicen controles rigurosos, fijos y móviles, requisas y tengan el respaldo legal a las fuerzas de seguridad para frenar el ingreso y salida de narcotraficantes, delincuentes y drogas. “Si no actuamos fuerte, toda la Ciudad será una gran villa miseria”, sostuvo en ese entonces.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó su “enérgico rechazo” a la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, de modificar la carga del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) mediante la activación de la denominada “quinta cuota”. La entidad que preside Ignacio Kovarsky, integrante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), indicó que el Poder Ejecutivo provincial aplicó, a través del artículo 139 de la Ley Fiscal, un incremento adicional del 25% en el tributo, concretado por la vía de duplicar el valor de la cuarta cuota que los productores rurales ya habían abonado.
CARBAP sostuvo que “esta medida es ilegal e improcedente, al adoptarse sin la aprobación del Presupuesto 2025 ni de una nueva Ley Impositiva”. Para la dirigencia ruralista, el hecho de que el aumento se hubiera instrumentado sobre la base de una Ley Impositiva prorrogada, en paralelo a la discusión del nuevo paquete fiscal bonaerense, evidenció la ausencia de la “legalidad, equidad y racionalidad tributaria” que la entidad demandó explícitamente en su comunicado.
La entidad recordó que la quinta cuota del Inmobiliario Rural bonaerense ya había sido objeto de tensiones a comienzos de año entre la organización y la gestión de Axel Kicillof, dado que la facultad de aplicar o no esa cuota quedaba sujeta a la decisión del Gobierno provincial. La Ley Fiscal sancionada en 2024 habilitó a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) a hacer uso de ese mecanismo, vinculado a la “quinta cuota del Inmobiliario Rural 2025”, y el organismo lo ejecutó. A los ojos de los dirigentes rurales, “se trata de un aumento encubierto del 25% sobre los pagos ya realizados a lo largo de este año” por los propietarios de campos bonaerenses.
Junto con el cuestionamiento jurídico y tributario, el documento de CARBAP enfatizó el contexto productivo en el que se adoptó la medida. El título del comunicado sintetizó esa lectura: “Cuando el agua ahoga, el Estado tira un salvavidas de plomo”, expresó la entidad, al vincular el incremento impositivo con la situación de inundaciones, pérdidas productivas y deterioro de la infraestructura vial rural.
En el comunicado la Confederación describió del siguiente modo el escenario que enfrentaron los productores bonaerenses: “Nunca es buen momento para aumentar los impuestos. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires ya lo hizo en 2024, aun cuando los productores veníamos de tres años de sequía. Y vuelve a hacerlo ahora, sin que el campo haya podido recuperarse, en medio de una de las peores crisis productivas de los últimos años, con millones de hectáreas que permanecen bajo el agua, caminos rurales y rutas intransitables, con miles de familias que luchan día a día contra las pérdidas, el desaliento y la incertidumbre”.
La organización agraria remarcó que la decisión oficial se tomó “en plena emergencia” y añadió que “en lugar de solidarizarse y acompañar a quienes siguen trabajando pese a todo, el Estado decide poner más peso sobre sus espaldas, agravando la asfixia fiscal en plena emergencia”. Para la conducción de CARBAP, el incremento adicional en la quinta cuota se integró a una estructura de tributos crecientes que afectó a un sector que todavía no se había repuesto de la combinación de tres años de sequía y un posterior cuadro de inundaciones extendidas.
De acuerdo con un informe técnico de la Confederación, hasta septiembre se registraban más de 2 millones de hectáreas productivas afectadas por inundaciones entre el centro bonaerense y la totalidad de la Cuenca del Río Salado. Las lluvias de principios de noviembre profundizaron el problema, en especial en municipios de la Cuarta sección electoral como Bragado y Nueve de Julio, donde la presencia de campos anegados, caminos rurales intransitables y dificultades logísticas complejizó aún más la operatoria cotidiana de los establecimientos agropecuarios.
La entidad recordó que el aumento del Inmobiliario Rural en 2024 había superado el 200% establecido en la última Ley Impositiva, debido a la quita de los beneficios de buen contribuyente. Desde la óptica de CARBAP, la combinación de incrementos previos, eliminación de bonificaciones y aplicación de la nueva “quinta cuota” configuró un esquema que reforzó la presión fiscal sobre el campo bonaerense en el mismo momento en que los rindes, las pasturas y las posibilidades de producción se vieron severamente comprometidos por el factor climático.
“Por ello, CARBAP solicita la inmediata marcha atrás de esta medida y convoca a los legisladores bonaerenses a defender la legalidad, la equidad y la racionalidad tributaria”. La entidad reclamó que la discusión del paquete de leyes que el Ejecutivo envió a la Legislatura provincial incorporara la situación de emergencia que afectó a los productores y puso el acento en el rol de diputados y senadores al momento de evaluar el alcance del incremento.
La reacción se produjo luego de que la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, cuyo plazo original se había fijado para el 12 de noviembre. “La decisión, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, garantiza que quienes estén al día con el fisco mantengan el beneficio de hasta un 10% de descuento por adhesión al débito automático”, indicaron desde el gobierno provincial.
El organismo recaudador explicó que el cambio de fecha respondió a “razones operativas” y que buscó asegurar el correcto proceso de liquidación y la disponibilidad de los medios de pago, de modo tal que todas las personas contribuyentes pudieran cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones. ARBA recordó que quienes no registraran deudas, estuvieran adheridos al débito automático y optaran por abonar la última cuota del año conservarían la bonificación de hasta el 10%, un beneficio que el Poder Ejecutivo provincial presentó como incentivo al cumplimiento tributario.
En paralelo a la controversia en torno al Inmobiliario Rural 2025, las autoridades bonaerenses remitieron a la Legislatura el paquete de leyes que incorporó la propuesta de Ley Impositiva 2026. Según el proyecto del Ejecutivo provincial, el Impuesto Inmobiliario, tanto urbano como rural, no tendría aumentos de alícuotas ni de valores fiscales y congelaría los parámetros de cálculo para 2026, con el objetivo de brindar previsibilidad a los propietarios y productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires.
El servicio ferroviario que unía la Ciudad de Buenos Aires con la localidad bonaerense de Bahía Blanca, uno de los trayectos de larga distancia más representativos del país, fue suspendido de manera indefinida, en medio de la emergencia ferroviaria nacional vigente desde junio de 2024.
Si bien el ramal estaba suspendido desde marzo de 2023, luego del descarrilamiento de una formación cerca de Olavarría, en estas horas Trenes Argentinos oficializó su baja definitiva al argumentar que el mal estado de las vías y los altos costos de reparación hacían inviable su continuidad.
Sin embargo, la decisión se enmarca en la “Emergencia Ferroviaria” decretada en 2024, que otorga al Ejecutivo la potestad de clausurar servicios y talleres con el argumento del deterioro de la infraestructura.
El 21 de marzo de 2023 fue la última vez que Trenes Argentinos brindó el servicio que une Bahía Blanca con Buenos Aires. Esa noche, la locomotora, el furgón y dos coches pullman descarrilaron en Olavarría con 247 pasajeros a bordo y 19 tripulantes. No hubo que lamentar heridos.
En julio de ese año, se clausuró la estación Bahía Blanca Sud, declarada monumento histórico nacional, que desde entonces permanece bajo custodia policial. En tanto, el cierre definitivo implica la pérdida de empleo para una veintena de trabajadores que se desempeñaban en el trayecto.
Gustavo Ruiz Díaz, secretario general de la Unión Ferroviaria, sostuvo que este tren de pasajeros “era un servicio muy importante para la ciudad” y lamentó que “el Gobierno nacional decidió darle completamente la baja”.
“Cierre definitivo es una forma de decir, ya que hay trabajadores. El Gobierno nacional te hace creer que reduce el personal, pero gente de mecánica y de infraestructura está dentro de la estación, trabajando, y tienen que ir a marcar como si fueran a trabajar todos los días sin un servicio, porque no lo van a restituir”, amplió.
La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la denominada causa de los seguros, en la que se lo acusó de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública por haber favorecido a su amigo y broker Héctor Horacio Martínez Sosa en la contratación de pólizas de seguros de organismos estatales a través de Nación Seguros S.A.
La resolución lo dejó cerca de ser enviado a juicio oral y ratificó también el embargo sobre sus bienes hasta la suma de $ 14.634.220.283, además de la prohibición de salir del país sin autorización judicial.
El tribunal de apelaciones, integrado por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó los procesamientos dictados anteriormente por el juez federal Sebastián Casanello, en una causa en la que intervino el fiscal Carlos Rívolo, y advirtió que “nada obsta a que del devenir de la investigación, conforme a la evolución de esta causa, surja una participación más grave.”
El procesamiento de Fernández se vinculó con la “intermediación” de Héctor Martínez Sosa, marido de María Marta Cantero, quien fue durante décadas la secretaria privada del expresidente.
Para el tribunal, se dio por probada la existencia de un esquema de “recaudación y distribución de fondos públicos” que operó mediante el “irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en NACIÓN SEGUROS S.A.”, aproximadamente entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.
Sobre el exmandatario, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que “el ejercicio de influencia por parte del por entonces Presidente de la Nación Alberto Fernández, a través de su secretaria María Cantero, (…) tuvo como factor característico y neurálgico el favorecimiento del nombrado”. Para la Cámara hubo en lo ocurrido “una participación directa de Alberto Fernández, haciendo uso del cargo que ostentaba.” El tribunal estimó que estaba corroborada la hipótesis fiscal acerca de que existió un “direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia” por parte de Fernández en favor de Martínez Sosa, casado con la exsecretaria Cantero.
En la resolución se recordó que “existía entre ellos, además de una relación de amistad, actividad comercial, una deuda periódicamente renovada, financiamiento de gastos personales, obsequios, etc.”. Ese nexo, sumado al rol de poder que detentaba el entonces Presidente de la Nación, se consideró clave para explicar el crecimiento de los negocios del broker con el Estado y permitió “deducir razonablemente” la injerencia del ex Presidente “en el favorecimiento de los negocios del empresario con el Estado”.
El fallo detalló que, desde la asunción de Fernández, la firma Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A.percibió el equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros S.A. a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales. Los camaristas señalaron que fue el rol de Fernández como presidente de la Nación lo que favoreció el exponencial aumento de los negocios del broker con organismos públicos y se preguntaron: “Porque si no fueron las acciones de Alberto Fernández las que facilitaron el exponencial aumento de los negocios de Héctor Martínez Sosa con el Estado, ¿quién, entonces, tenía el conflicto de interés?”.
Un indicio considerado clave por el tribunal fueron los mensajes intercambiados en mayo de 2023, cuando María Cantero alertó a su entonces jefe sobre la designación de otro broker en la Cancillería. El 24 de mayo de 2023, la secretaria advirtió esa situación y Fernández respondió: “Ya me ocupo”. Cinco días después, la designación había sido revertida.
Además, el fallo indicó que se encontraron pruebas de la influencia de Martínez Sosa en la conformación del Directorio de Nación Seguros, incluyendo la elección de Alberto Carlos Pagliano y Carlos Gustavo García Argibay. Para los jueces, el entramado descrito se integró por el “ejercicio de influencia” del expresidente en su rol institucional “a través de su secretaria María Cantero”, lo que lo convirtió en un eslabón central de la trama que, según el tribunal, articuló el direccionamiento de negocios hacia el broker.
En el plano jurídico, la Cámara Federal porteña confirmó que Alberto Ángel Fernández fue procesado en calidad de autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Con esto, se corroboró que el delito exigía que el funcionario se interesara en el asunto y el Tribunal entendió que ese interés quedó acreditado a partir de los elementos reunidos, entre ellos el esquema de comisiones, la relación personal y económica con Martínez Sosa y los mensajes en los que intervino para sostener contratos a su favor. Así, el expresidente quedó más cerca del juicio oral y público.
Diego Santilli inauguró este miércoles en Entre Ríos sus visitas a las provincias. Llegó a Paraná, fue recibido por el gobernador Rogelio Frigerio en la Casa de Gobierno y mantuvo con él una reunión privada de alrededor de una hora y media. Luego, ambos brindaron una conferencia de prensa en el Salón de los Escudos, donde detallaron la agenda de trabajo y remarcaron la necesidad de consensos para avanzar con reformas estructurales a nivel nacional y provincial.
Frigerio explicó que en el encuentro repasaron “todos los temas de gestión conjunta”. Señaló que “vimos los problemas que restan solucionar y también las cosas positivas” y que, además, hablaron “de los asuntos nacionales que son prioritarios para el presidente Javier Milei”. El gobernador resumió el tono de la reunión al afirmar: “Estuvimos trabajando en nuestra oficina durante un tiempo largo, viendo los problemas que todavía tenemos que solucionar y también planteando las cosas positivas. Hemos expuesto que, en la medida de lo posible, vamos a ayudar a que finalmente y después de tantos años la Argentina pueda tener las reformas estructurales que viene pateando desde hace tanto tiempo”.
Al describir la agenda entrerriana, el gobernador indicó que “son los mismos que venimos trabajando y sembrando en los primeros 20 meses de gestión y que, en los últimos 30 días, empezamos a cosechar”. En ese marco, le entregó a Santilli una carpeta con el detalle de todos los reclamos que Entre Ríos tiene pendientes con la Nación y repasó junto a él ese listado durante la reunión.
El flamante ministro del Interior, por su parte, enmarcó la visita en el inicio de una ronda de encuentros con mandatarios provinciales. “Tuvimos una reunión larga porque mi tarea es escuchar a todos los gobernadores e intentar lograr una agenda común para Argentina y las provincias. Si les va bien a los entrerrianos, les va bien a los argentinos. Ese es el camino”, sostuvo. En el mismo sentido, definió: “Mi tarea es escuchar a todos los gobernadores, intentar lograr una agenda común para la Argentina y para las provincias. Entre Ríos es un caso ejemplar en la etapa del crecimiento, que se viene”.
El ministro subrayó que el país tiene “una agenda importante de reformas”. Detalló que incluye “sancionar un presupuesto, una modernización laboral, bajar los impuestos, con el Código Penal y otra serie de propuestas que llevarán adelante en sesiones extraordinarias y ordinarias” y remarcó que “también las provincias tienen reformas importantes” y que “el trabajo tiene que ser en equipo”.
Tras repasar logros de los primeros dos años de la gestión del Gobierno nacional, Santilli anticipó que luego de alcanzar la estabilidad económica y social ahora “viene la etapa del crecimiento”. “Esa es la base para construir políticas”, añadió. Sobre el presupuesto nacional, cuya discusión se está dando en el Congreso, lo definió como “una manta corta”. “Hay que tener equilibrio. Y en ese marco ir resolviendo los temas. Necesitamos que la Argentina crezca porque eso llegará a cada una de las provincias”, postuló.
Frigerio, en sintonía, planteó que hay “una nueva etapa en este segundo tramo del Gobierno. El Presidente plantea que hay que tener más diálogo, proximidad y empatía con las provincias. La designación de Diego tiene que ver con ese criterio de mayor amplitud y menos endogamia. Él le dará un salto de calidad importante a la gestión”. Además, vinculó el equilibrio de las cuentas nacionales con la posibilidad de las provincias de acceder al crédito: “Cuando baja el riesgo país, porque el Gobierno nacional tiene equilibrio, aprueba el presupuesto y avanza en las reformas, nos permite a provincias endeudadas ir al mercado de capitales y mejorar su perfil”.
En cuanto a los puntos concretos de la agenda entrerriana, Frigerio detalló que Entre Ríos reclama su participación en las obras de dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay; el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, donde ya hubo un avance; y una mejora en la tarifa de la energía que produce la represa hidroeléctrica de Salto Grande a fin de obtener excedentes que vuelvan a la provincia para obras en la región afectada por la represa, un aspecto en el que también hubo una mejora parcial. Aclaró que, pese a esos avances, Entre Ríos mantendrá los reclamos en la Corte Suprema de Justicia “hasta que se encarrilen definitivamente”.
El gobernador mencionó además la habilitación nacional para que la provincia acceda a financiamiento de organismos multilaterales y pueda realizar obras, y la reanudación de los trabajos en las rutas nacionales que atraviesan el territorio entrerriano como la 12 y la 18. Sumó en ese capítulo las obras sobre la ruta provincial 23, la planta de agua potable de Paraná y la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Villaguay. Destacó, asimismo, que “la primera concesión de rutas nacionales sea en Entre Ríos (la autovía 12, la 14 y la conexión de Victoria y Rosario), que se iniciarán en los próximos días”, y valoró el acuerdo para poner en valor el Palacio San José y la transferencia de los terrenos del puerto de Paraná.
“Estamos seguros de que vamos a tener el acompañamiento del Ministerio del Interior”, se esperanzó Frigerio tras repasar esos temas. Santilli, a su turno, aseguró que se comprometió con el gobernador y con los entrerrianos “a hacer un trabajo en conjunto y llevarla adelante”.
Consultado por Infobae sobre el encuentro que encabezó el expresidente Mauricio Macri con referentes del PRO, Santilli respondió que es “sano que sucedan las reuniones, que se junten los representantes de los partidos. Yo soy fruto de un acuerdo LLA – PRO. Ese es el rol que me toca. La democracia partidaria está bien que suceda y que cada uno pueda relanzar sus posiciones y miradas teniendo en cuenta la Argentina que queremos todos. Nosotros queremos un país que crezca”, redondeó.
Frigerio acompañó esa mirada, pero tomó distancia de la interna partidaria. “Coincido con lo que dijo Diego. No tengo mucho tiempo para meterme en temas partidarios. Ni siquiera tenía demasiada información de esa reunión. Prefiero no opinar sobre lo que no sé. Pero celebro que haya vida en los partidos políticos. Es importante para la democracia”, expresó.
Respecto a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Santilli fue más directo. “Con todo respeto, creo que hay que ser coherente en la vida y no tener doble personalidad. Estoy visitando a los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, donde la provincia de Buenos Aires no participó. Tampoco adhirió al RIGI ni a la ley de reiterancia para terminar con la puerta giratoria. No se sumó a la ley antimafia. Y así, de manera sucesiva, puedo seguir con mil más”, enumeró. Luego recomendó: “No escriban una cosa por redes y hagan otra en lo público ¿O acaso le tienen que ir a pedir permiso a Cristina Kirchner? Seamos coherentes. Nuestra tarea es escuchar, hablar con todos los gobernadores y tener una política en común. Pero no decir una cosa en un lado y hacer otra. Yo digo lo que hago”, remató.
Santilli también se refirió al vínculo personal que lo une con Frigerio y a la decisión de iniciar en Entre Ríos su agenda federal como ministro del Interior. Definió al gobernador como “un gobernador, amigo de muchos años” y explicó: “Elegí Entre Ríos (como primer destino) porque con Rogelio me une una larga amistad y hay que comenzar por los lugares donde uno construyó una relación. Se aprende de personas como él que tienen experiencia en este cargo”.
Un informe del ITBA emitió una grave advertencia y prohibió beber o cocinar con agua de red y de pozo en diez municipios bonaerenses, tras actualizar el Mapa de Arsénico y detectar niveles de arsénico por encima de los límites de la OMS en más de veinte distritos y otras regiones del país.
El periodista trazó un duro diagnóstico de la decadencia cultural y educativa, e instó a construir una derecha arraigada en los barrios y unida frente a la “lacra progresista”.
Brahma Kumaris Argentina invita el lunes 24 de noviembre a una charla abierta y gratuita en Buenos Aires, con diálogo entre Moira Lowe y el maestro internacional de meditación Charlie Hogg, más la participación artística de Patricia Sosa y la música en vivo de Circular.
Un recuerdo a Fabián Gutiérrez, el exsecretario de CFK, arrepentido en la causa Cuadernos, cuyo cuerpo apareció tiempo después semienterrado en Santa Cruz al parecer masacrado por no confesar a un grupo de muchachos donde guardaba la plata de la corrupción que le permitía llevar… pic.twitter.com/UbZKaqCkAB
